«La pobreza seguirá aumentando»

«La pobreza seguirá aumentando»

Según el INDEC, creció el índice de pobreza. Para los analistas, los próximos números serán peores. ¿Por qué hay más trabajo pero no disminuye la cantidad de personas con necesidades básicas instatisfechas?

En el segundo semestre del 2022, el 39,2% de la población argentina vivía en situación de pobreza y los niveles de indigencia se ubicaron en el 8,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto alcanza a 11 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 2 millones de personas indigentes. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cómo encarar ya esta problemática?

“Los datos muestran un aumento de la pobreza en la Argentina ya en la etapa poscovid con una dinámica creciente en un contexto altamente inflacionario, pero también de lento pero sistemático estancamiento de la economía y de la demanda de empleo. Si la pobreza no creció más durante el 2022, fue en buena parte porque hubo más demanda de trabajo, o autogeneración de trabajo, en el sector informal y crecimiento del empleo en el sector industrial. Esto hizo que, efectivamente, los hogares pobres o clases medias compensaran el aumento de precios, es decir la caída real de las remuneraciones, con más trabajo, más changa, más actividades informales”, indicó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

En ese mismo sentido, Julio César Neffa, investigador del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Universidad Nacional de Moreno, comentó: “Este aumento de la pobreza no tiene la misma variación que con respecto al empleo. Si la tasa de empleo aumentó de 43.2% en el segundo semestre de 2021 a 44,4 %, en el mismo periodo del año 2022, no quiere decir que hubo una mejora general, sino que ante la caída del salario y el aumento del precio de los alimentos, hay más gente que sale al mercado de trabajo y que antes no salía porque es la forma que podría de alguna manera compensar un poco la situación”.

La incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total mediante sus ingresos monetarios. En esta línea, el informe reflejó respecto al semestre anterior que, en promedio, el ingreso total familiar aumentó 37,3%. “En Argentina lo que determina el índice de pobreza es el precio de los alimentos. Entonces lo que tenemos es que además de que el precio de los alimentos crece, el salario real de los trabajadores, con el incremento de la inflación, ha ido disminuyendo. También hay disminución en el monto real de los bonos, los planes sociales y las jubilaciones. Esto implica que no solo los salarios no compensan la inflación, sino que tampoco lo logran los beneficios sociales. Hay movimientos sociales que piden que haya más planes sociales y que den más alimentos porque empleo entienden que hay, pero aun así no alcanza”, aseguró Neffa.

“Los que están cayendo en este contexto son fundamentalmente clases medias de obreros o empleados, pequeños comerciantes e incluso jubilados, ya que van teniendo un retroceso en cuanto a sus ingresos reales con respecto a la evolución de los precios de canastas básicas alimentarias y complementarias. Mientras que la pobreza extrema creemos que se va a mantener contenida”, comentó Salvia y agregó: “Todas las actualizaciones están por detrás del crecimiento de los precios de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Eventualmente la compensación será con más trabajo y con más ayudas, actualizaciones en las asistencias sociales, bonos a los jubilados o ajustes en las remuneraciones de los sectores formales, pero quienes irán quedando afuera de esto son los trabajadores informales que pelearán en un mercado cada vez más competitivo y sus salarios irán a la baja, por lo cual la pobreza seguirá aumentando”.

 

«La realidad es que no solo hay más pobreza, sino también más gente en los comedores comunitarios, pobres con trabajo, sin trabajo, haciendo changas, sin hacer changas, con planes, sin planes, porque hay un problema serio para llegar a fin de mes”, describe Daniel Arroyo.

La compleja situación actual con respecto al primer semestre de 2022, donde la pobreza registró un aumento de 2,7 puntos porcentuales y una reducción de 0,7 de la indigencia en las personas, implica pensar posibles soluciones. Al respecto, el actual diputado nacional por el Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, comentó: “La mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. La realidad es que no solo hay más pobreza, sino también más gente en los comedores comunitarios, gente que es pobre con trabajo, sin trabajo, haciendo changas, sin hacer changas, con planes, sin planes, porque hay un problema serio para llegar a fin de mes”.

“Tenemos que hacer un plan antiinflacionario integral que tome el tema fiscal, el tema monetario y crear 400 pequeños mercados centrales. Hay que debatir un plan integral que tome todos los aspectos, macros, micros, el precio de los alimentos, la intermediación y el crédito. Tenemos tres grandes desafíos: garantizar que un conjunto de alimentos de la canasta básica sean accesibles, mejorar los ingresos de la población y atender al endeudamiento de las familias, hay muchas que arrancan el mes debiendo plata porque no les alcanzó, y se le hace muy largo el resto del mes”, concluyó Arroyo.

 

 

¿Qué hacer con los planes sociales?

¿Qué hacer con los planes sociales?

El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.

Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?

La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?

.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.

Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.

Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.

El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.

Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.

Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte,  define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.

Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.

. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.

Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.

Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.

Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.

.

Del productor al consumidor

Del productor al consumidor

Un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo impulsa la creación de 400 mercados de cercanía donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas.

Con gran entusiasmo, ayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer los mercados alimentarios de cercanía (MAC), encabezado por el diputado oficialista Daniel Arroyo. 

El proyecto participativo se fundamenta en el gran incremento del costo alimenticio producto de la inflación, en la concentración oligopólica del sector; y en la mala nutrición que afecta sobre todo a los niños y sectores vulnerables de la población. Tiene como fin crear 400 mercados de cercanía a lo largo y ancho del territorio donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas. A la vez, contempla la creación de un fondo fiduciario que preste créditos a 3% anual para financiar equipos, herramientas, máquinas, cadenas de frío y toda la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de comercio.

El problema es la inflación y el tema es el precio de los alimentos”, aseguró Daniel Arroyo, y agregó: “Tenemos que fomentar la capacidad nutricional y evitar una generación de chicos petisos y obesos”. Germán Pedro Martínez, presidente del bloque del frente de todos, agregó que “la inflación es multicausal” y que el proyecto es parte de una batería de medidas que permite discutir otros problemas (créditos no bancarios, acceso a la tierra, entre otros) y tratar de resolverlos.

Mercedes D’ Alessandro, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, señaló que hay que contemplar el contexto internacional y no titubear en la aplicación de estas políticas para no ser parte del huracán de hambre que amenaza con colapsar el sistema alimentario global producto de la guerra ruso-ucraniana. Ya que, si bien “en Argentina estamos en una situación privilegiada por ser productores de alimentos y ciertas políticas públicas contemplan la situación, esto no implica que no haya un aumento considerable de precios” y, haciendo hincapié en la atención que las economías centrales prestan a América Latina como productor de alimentos, agregó: “El país debe trazar vínculos solidarios y una producción responsable, que es lo que nos enseñó la pandemia. A pesar de las ventajas, no debemos permitir que se explote el territorio de manera extractiva. Por eso son importantes este tipo de iniciativas pensadas desde la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

Ante un sostenido aumento de la inflación que supera paulatinamente el incremento salarial, la gran cantidad de población con trabajo no registrado, la retracción económica y la pérdida de empleos que causó la pandemia, esta política se postula como una gran alternativa. “Las principales amenazas a este tipo de producción y comercialización destinadas al abastecimiento de mercado interno, es cuando se ve a nuestro sector como la ambulancia del capitalismo en los momentos de crisis. Creemos que somos un sector con mucho potencial, con mucha realidad, que podemos crear una economía más humanitaria que la que las grandes multinacionales llevan adelante”, asegura Ignacio Vila, integrante de la Red de Alimentos Cooperativos. La otra batalla es cultural: “Habitualmente nos han acostumbrado a los argentinos a consumir un grupo de marcas que se encuentran en todos lados. Eso hace pensar que la marca que uno encuentra es de peor calidad, y por eso su bajo costo. En general, se da lo contrario: los productos de las organizaciones son de mejor calidad y en realidad son cuestiones de logística las que aumentan los costos. Contra eso también hay que luchar y comunicarlo, eso es un gran desafío para nosotros”, concluye.

Ell diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

Entre los distintos referentes de las cooperativas que asistieron a la presentación, Gladys, perteneciente al Me.Co.Po, una organización integrada por treinta trabajadores de la economía popular, planteó: “Durante la pandemia se tuvo un crecimiento muy grande, sobre todo mediante redes sociales y WhatsApp. En los barrios populares hubo un incremento de las compras. Se recomienda siempre comer bien y alimentarse sano, y eso también se logra mediante el consumo de nuestros productos”. Esta tendencia también se vio replicada en supermercados, donde las ventas online representan el 2,5% del total según datos del INDEC.

En los últimos años, se llevaron adelante otras propuestas orientadas a controlar precios de los alimentos y cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerables como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Ley de Góndolas. Sin embargo, la originalidad del proyecto radica en la posibilidad de asegurar el derecho a una alimentación sana y saludable, que en los barrios populares está en manos de referentes barriales y cooperativas que apelan a las ollas populares. 

No solo del FMI vive el Congreso

No solo del FMI vive el Congreso

A una semana del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se apresta a tratar el acuerdo del FMI. Pero, a lo largo del año, vendrán otros temas esenciales para la vida de los argentinos.

 

Después de un 2020 con el mayor nivel de actividad legislativa en la última década, marcado por la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, el 2021, como todo año electoral, bajó en intensidad. Sin embargo, el 2022 comenzó con el pie izquierdo entre fallidas sesiones extraordinarias, desacuerdos de comisiones y los temas que se asoman para ser tratados, encabezados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras los comicios de noviembre pasado, el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara de Senadores. En Diputados, si bien consiguió retener la primera minoría, el panorama también lo obliga a negociar con otros bloques, sobre todo provinciales, para viabilizar las iniciativas que busque debatir y aprobar. En ese marco, ANCCOM dialogó con referentes de distintos espacios políticos de la Cámara Baja sobre el año que se viene: Martín Tetaz, por Evolución Radical, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, Daniel Arroyo, por el Frente de Todos (FDT), y Romina Del Plá, integrante del Del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. El día anterior el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, por lo que demoró la agenda parlamentaria prevista. Su reemplazante, el santafesino Germán Martínez, debió ponerse al día y ordenar el frente interno. Cecilia Moreau y Paula Pennaca fueron ratificadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, pero todavía no se han conformado las comisiones que deberían tratar las 18 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, destacando la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

Las indefiniciones, a pesar de algunos avances al respecto, se dan entre reclamos por acuerdos parlamentarios previos no cumplidos y la voluntad de Juntos por el Cambio de obtener un número mayor de comisiones, dado el resultado de las elecciones legislativas. En la Cámara Alta, las comisiones permanentes son 27 y en la Cámara Baja son 46. La discusión apenas comienza a destrabarse en el Senado y el 24 de febrero es la fecha prevista para la sesión preparatoria. En Diputados todavía se aguarda por el recambio de autoridades. 

El desacuerdo

El anuncio de un entendimiento inicial con el FMI dio paso, tal vez demasiado rápido, a las especulaciones sobre su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ya se sabe que ingresará por la Cámara de Diputados. Las conjeturas sobre posibles abstenciones o votos en contra de legisladores oficialistas también se trasladan a la expectativa de los bloques opositores ante la presentación formal en tablas, a excepción del FIT-U y los representantes libertarios que ya aseguraron su rechazo.  

Una de las figuras del FDT que adelantó su postura fue Daniel Arroyo. Para el ex ministro nacional de Desarrollo Social “en un contexto como el nuestro, con los pagos y la debilidad de reservas y cambiaria, en un acuerdo sin reforma previsional ni laboral, sí metas de reducción de déficit fiscal” el entendimiento es “razonable y mejor que un eventual default”. Además, en línea con lo que parece ser una actitud de bloque, señala que en términos generales tiene “la peor de las opiniones” sobre el organismo multilateral de crédito. 

Por el lado de los espacios opositores, la mayoría decide esperar. En Juntos por el Cambio “no hay postura definida porque todavía no apareció el acuerdo” sobre el que se va a tener que opinar, aclara el radical Martín Tetaz. En la misma línea, Diego Sartori desliza que el interbloque Provincias Unidas aún no tiene una posición tomada, sino que van a “esperar a la letra chica y evaluar si es viable” para acompañar. A su vez, el armado federal que reúne a representantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tampoco definió su postura.

Desde el FIT-U, en cambio, sí salieron a expresar su rechazo. “Ha sido parte de nuestro posicionamiento en campaña”, remarca Romina Del Plá. Para la diputada del Partido Obrero significa un “ajuste muy fuerte de las finanzas públicas” que va a repercutir en la población y que, incluso, “ya ha comenzado”. Aunque con otros argumentos, y con perspectivas diametralmente opuestas, José Luis Espert y Javier Milei también se mostraron en contra. 

Agenda legislativa inicial

De cara al nuevo inicio de sesiones ordinarias, oficialismo y oposición barajan variados proyectos para tratar en el Congreso. “Aspiro a que el 2022 sea un año de mucha tarea legislativa, saliendo de los títulos fáciles y del modo electoral”, afirma Arroyo. Más allá del acuerdo con el FMI, que para Del Plá “va a dominar la escena durante la primera mitad del año”, hay otros dos temas centrales: segmentación de tarifas y Ley de Alquileres o, dicho de otro modo, política energética y de vivienda.

Para el diputado Sartori, la cuestión en materia de energía es clara, dado que Misiones es la única provincia a la que no llegan los gasoductos. Considera importante que “se revalúen las tarifas en relación a los que son más perjudicados” y “la inversión en infraestructura”. Destaca los avances en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, al punto que “pueden ser una solución”. También sostiene que al Congreso no se va “a especular” y espera que “funcione como debe”. Por su parte, Del Plá plantea necesaria la “nacionalización bajo control de trabajadores de todas las empresas privatizadas desde el menemismo en adelante” para poder “determinar el verdadero costo de la energía”. 

Arroyo considera que la segmentación de tarifas es “lógica” y que el “esquema es progresista”. A su vez, desliza que hay que ir “al siglo XXI de la cuestión energética”, por lo que desde el Ejecutivo se envió la Ley de Electromovilidad, aunque quizás no llegue a debatirse en sesiones extraordinarias. El diputado resalta que fue un acuerdo entre el sindicato y las automotrices. “Hay acuerdo entre capital y trabajo”, subraya. Hasta el momento, según Tetaz, en su espacio “no hay propuestas legislativas en el tema”. 

Los distintos bloques coinciden que la Ley de Alquileres no cumplió su objetivo. Se han planteado diversas alternativas para modificarla, entre ellas la presentada por Tetaz para cambiar los artículos que establecen el plazo y el ajuste de los contratos de locación. Arroyo apunta que también está pendiente “la resolución del problema de los créditos UVA” y que la urbanización de los barrios populares ya cuenta con “una buena Ley con Financiamiento”, por lo que se comenzó por “los primeros 400 de un total de 4.400”. Para la izquierda el tema de la vivienda “sólo es resoluble con una política de vivienda popular”, que habían propuesto financiar con su propio proyecto de impuesto a las grandes fortunas. 

Iniciativas a título personal

El diputado Arroyo buscará viabilizar los tres proyectos que mencionó durante la campaña el año pasado. Primero, apuesta a “capitalizar a quienes trabajan y desendeudar a las familias” con un sistema de crédito no bancario y un fideicomiso con fondos públicos, y privados que quieran participar, para “máquinas, herramientas e insumos”. Luego generar “400 mercados de cercanía” públicos, privados y mixtos, lo que apunta a “bajar el precio de los alimentos, a la producción agroecológica y a la generación de trabajo”. Por último, si bien admite que falta debate, piensa en una reforma de la escuela secundaria para que sea “más moderna y flexible”, con un sistema dual que “en los últimos dos años permita vincularse con actividades laborales..

 

Martín Tetaz ya presentó distintas iniciativas con un fuerte perfil tributario, entre las que destaca la modificación del sistema del monotributo, el cual propone que no se pague durante un año en la categoría inicial ni que lo hagan quienes facturen menos que el valor de la canasta básica. Sus prioridades se completan con un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca que el directorio de la entidad sea elegido por el Congreso para que sea “verdaderamente autónomo.”

 

Por otro lado, para Del Plá la urgencia es tratar “un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios”, junto a las cuestiones ambientales. En ese sentido, remarca que insistirán con la Ley de Humedales, de Emergencia Forestal y contra la exploración y explotación para la instalación de plataformas petroleras. También volverán a la carga por la “nacionalización del sistema educativo, la regularización de todos los trabajadores, el desmonte de los mecanismo de fraude laboral y los ligados a problemáticas de mujeres y diversidades”. Sin embargo, aclara: “Esa es nuestra agenda, no la del gobierno que irá tras la deuda”.

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

 

Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”. 

¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?

Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.

¿Y sobre su salida del mismo?

Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.

En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?

Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.

¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?

Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.

¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?

Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.

¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?

Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.

En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?

Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.

¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?

Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.

¿Qué expectativa tiene ante la elección? 

La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y  tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.

¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?

Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.

¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?

Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.

¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?

En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y  escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.

¿Y la de Florencio Randazzo?

El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.

¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?

La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.