Pocos minutos después de las 21.00 de este jueves, una persona -luego identificada como Fernando Andrés Sabag Montiel- gatilló una pistola Bersa con cinco balas a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por fortuna, los proyectiles no salieron. Conmoción social y una marcha convocada para el mediodía del viernes.
Una multitud se manifestó en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en su apoyo y en repudió al vallado que rodeaba su domicilio. Hubo represión de la Policía de la Ciudad y, al final, habló la Vicepresidenta entre los manifestantes.
Los planes cambiaron. Las organizaciones políticas ligadas al peronismo habían organizado movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad y el país para el sábado 27 de agosto en solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para quien el fiscal Diego Luciani pidió inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y doce años de prisión por la denominada causa Vialidad. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió colocar vallados en la puerta de su casa para interrumpir la vigilia de militantes que allí se daba desde el lunes y los manifestantes decidieron cambiar el escenario de sus actos políticos. Todos fueron a Juncal y Uruguay.
Los vallados fueron colocados en las esquinas en Juncal y Paraná, y Juncal y Uruguay. Ambos impedían el acercamiento del pueblo, y también, la salida de quienes viven en la intersección que se ha convertido el punto de encuentro para miles que han sentido la necesidad de salir a calle a proteger a la máxima líder del peronismo.
Un primer acercamiento hostil. La Policía de la Ciudad parecía no querer ceder. Mientras tanto en Parque Lezama, como en Parque Chacabuco, por asamblea y voto popular, se decidió llevar la manifestación hacia donde se encuentra el departamento de la Vicepresidenta de la Nación. El motivo es simple, las fuerzas policiales, con constantes provocaciones, querían impedir el acercamiento de miles por miedo a que se produzca un plan organizado “de ocupación del espacio público”.
Esto llevó a un debate interno dentro la oposición: mantener a la policía allí y que cada momento se viva con máxima tensión, o retirar la presencia policial. Hacía las 18:00, aproximadamente, las columnas de militantes y personas autoconvocadas decidieron avanzar por Juncal, post represión con gases, la utilización de camión hidrante y balas de goma. Mientras se acercaban hacia la policía, la militancia cantaba “el pueblo unido jamás será vencido”. Tras unos minutos de tensión, los uniformados debieron retroceder y ceder el espacio al pueblo.
A pesar de que la presencia policial no disminuyó, las columnas de miles y miles de personas, entre jóvenes, adultos y adultos mayores, se reunieron en la esquina de Juncal y Uruguay y la imagen se transformó. De ser una esquina sitiada, pasó a ser un lugar de reencuentro entre personas que no se veían hace mucho tiempo, de abrazos, mates, y canciones a favor de Cristina Ferández de Kirchner que, mientras tanto, se encontraba en el interior de su departamento.
Entre las personas que allí se reunían, en esa mezcla entre juventud y adultez, quienes eran autoconvocados confirmaban que su acercamiento hacia la movilización era por lealtad y porque la figura de Cristina Fernández de Kirchner significaba mucho para el pueblo. Todos enumeraban logros de sus gobiernos.
Nadie se movía de su lugar. El atardecer trajo expresiones artísticas como cuadros, fotografías de la Vicepresidenta, fuegos artificiales y bombos, acompañados -en más de una vez-, por la Marcha Peronista, mientras aguardaban que simplemente se asomara por el balcón Cristina Ferández de Kirchner. Sorpresa para todos y todas, luego de la conferencia de prensa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidió hablar frente al público que allí la esperaba.
En un discurso con fuerte crítica hacia la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales, que inclusive se llevaron detenidos a representantes políticos y dejaron un periodista herido, la Vicepresidenta afirmó que “la violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y la alegría de los peronistas”.
Y recordó que, la esquina donde se encuentra su departamento, es un lugar constante de ataques por parte de seguidores de la oposición: “Desde el último día que me fui de la Presidencia, ese 9 de diciembre que terminaba ese acto maravilloso en Plaza de Mayo, no pude llegar acá porque este lugar estaba rodeado de simpatizantes del nuevo gobierno, del macrismo, que insultaban y agredían”.
“Desde ese día y hasta el martes he sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a amenazarme de muerte. Nunca vi a la Ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento. Pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Tengo el mismo derecho, ninguno más, pero sí el mismo. Y después dicen que los peronistas somos violentos”, desarrolló.
Y agregó que “Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiros, balas, gas lacrimógeno, gas pimienta, a los que piensan diferente”. Y destacó que lo que sucedió durante cinco días en las calles de Recoleta “No vi insultar a nadie, no a desearle la muerte a nadie. Simplemente se vino a apoyar, humildemente, a un espacio político que tanto ha logrado para la Argentina. Por más que quieran ocultarlo o disimularlo desde sus construcciones mediáticas”.
Por último, les habló a quienes se encontraban allí y remarcó que “aunque viviera mil años nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes”.
Estas últimas palabras llevaron al fin de la manifestación. Por lo menos por esta noche. En un momento histórico donde el peronismo parecía dividido, encontró en este ataque a Cristina Fernández de Kirchner, un motivo sólido que ha llevado a la unión del movimiento nacional y popular, como el acercamiento de muchos y muchas a la política.
Tras un intento de repudio a la Vicepresidenta de un grupo de manifestantes que llegó a su domicilio, luego del pedido de condena por parte del fiscal Luciani, una multitud se congregó en la esquina de Juncal y Uruguay para defenderla y manifestarle su apoyo.
Tras el pedido de los fiscal Diego Luciani y Sergio Mola de condena efectiva a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta en la función pública para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, vecinos del barrio de Recoleta se autoconvocaron ayer en la esquina de Juncal y Uruguay en el domicilio de la Vicepresidenta, para protestar contra su figura en el marco de la causa que la acusa de asociación ilícita y corrupción en la obra pública. De inmediato comenzaron a llegar otros y otras del mismo barrio y de otros barrios a apoyarla.
Alrededor de las siete de la tarde, efectivos de la policía debieron cortar la circulación en la esquina y alrededores. Las tareas a cumplir parecían ser: evitar posibles accidentes y destrozos, y, por otro lado, un posible enfrentamiento entre ciudadanos con ideologías políticas opuestas. Sin embargo, la presencia policial, más que calmar los ánimos, terminó por caldearlos y la Policía de la Ciudad repitió su patrón: represión a escudazos y golpes de cachiporra, gases lacrimógeno, insultos y hasta detenidos sucumbieron la paz cotidiana que se vive en una de las zonas más acomodadas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que motivó a que los grupos de ciudadanos opositores se replegaran, dando paso a la toma de la calle por parte de la militancia kirchnerista y peronista que llagaba a apoyar a la Vicepresidenta.
En dirección a la plaza Vicente López, desde Juncal, todavía se veía a la Policía que repeler conductores enfurecidos, advirtiendo que “ya hubo destrozos y detenidos”, para disuadir el paso. Ya en la plaza, se escuchaba el eco de bombos y redoblantes, y un auto rojo desde el que resonaba la marcha peronista a todo volumen. La copiloto del vehículo, Graciela, acudió junto a su marido y sus dos hijos. Ella era comerciante y fue “a acompañar a Cristina por agradecimiento”. Y agregó: “Fueron mis mejores 12 años, donde volví a creer en la política. Tengo 50 años, las pasé todas: Menem, De La Rúa y el empresario Macri con quien tuve que cerrar mi negocio”.
El coro poco a poco se aclara a medida que se llega la esquina de Juncal y Paraguay: “¡Ya van a ver! / ¡Ya van a ver! / ¡De la mano de la jefa vamos a volver!”; ¡Yo soy así! / ¡Peroncho de la cabeza a los pies!”; “¡Che gorila, che gorila! / ¡Si la tocan a cristina, que quilombo se va a armar!”; “¡En mi casa hay una foto de Perón y de Cristina!” y “¡Abran paso, llega la JP! / ¡De Cristina, de Chávez y de Fidel! / ¡Este canto te va del corazón! / ¡Acá estamos los soldados de Perón!”. Las consignas son claras: quien transite por esa esquina del domicilio de la Vicepresidenta, hasta altas horas de la noche, encontrará un sinfín de seguidores, leales a la figura de la Cristina Fernández de Kirchner.
Entre la multitud hay un gran componente juvenil, que improvisa banderas con liquid paper en tablas de skate donde se lee “Cristina se defiende” y forman grandes pogos al ritmo de tambores. En cada rincón se puede ver la espontaneidad de la convocatoria, banderas improvisadas con los colores argentinos y las iniciales “CFK” conformado por trozos de papel crepé. “Patria sí, colonia no” y “Vecinos contra el neoliberalismo” son otros lemas que flamean entre la multitud que sigue llegando e invita a tomar la calle, o colgarse de semáforos y contenedores de basura, algunos incluso pueden verse trepados a rejas de los portones y ventanales residenciales.
Mónica Macha es diputada nacional por Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, ella dice que es una movilización ante un “Intento de proscripción por parte del poder judicial, actuando más que como poder judicial, como un partido judicial, tomando partido y siendo absolutamente parcial. “Estamos acá acompañando a Cristina”, sentencia. Y asegura que con la movilización se busca “expresar que frente a tanto atropello estamos acá por un país con inclusión, con dignidad y que en eso no vamos a dejar de pelear y militar, ya que nos corresponde”.
“Nosotros no venimos acá a manifestarnos. Simplemente, venimos a cuestionar a la justicia, que no aplica el derecho según las normas, según las leyes. En la facultad me enseñaron otra cosa, lo que está haciendo este fiscal es impresentable”, comentó Carlos, vecino del barrio, quien acudió acompañado de su esposa e hijo. Aunque aclara que enseguida aclara: “En realidad no es un fiscal, es un jugador de fútbol, ¿sabías? Y juega en el equipo de Macri y es obvio que iba a hacer esto”. La lealtad es evidente, y así lo deja en claro Mora, estudiante y ferviente militante de La Cámpora de San Isidro. Ella augura que los opositores: “Ya se va a dar cuenta en algún momento cuál es el camino correcto” y lamenta que esa misma oposición “odia su país, odia su pueblo, odia los pibes, no quiere progresar, no quiere Conectar Igualdad. Nosotros estamos acá para hacer justicia social y para redistribuir”.
Profesionales, comerciantes, estudiantes, desocupados y trabajadores de todos los rubros y oficios borran cualquier matiz en un canto conjunto. Entre quienes prefieren no saltar se encuentra Víctor Alegre, artesano de 62 años de edad. Muleta en mano y un gran cansancio al viajar dos horas desde Tres de Febrero -zona oeste- propone que “lo de los fiscales es una ridiculez. Los cuestionamientos que hacen no tienen asidero alguno. Cristina sabe que maneja la temperatura del pueblo, entonces va a ser muy fina en lo que declare”. Entre lamentos de que haya un “Un policía para cada militante” y luego de rememorar que los mejores años fueron peronistas, aunque recuerda: “Menem viniendo del peronismo me traicionó, y fue otra cosa, pero eso es ya de otro momento”, advierte y espera que los fiscales “Por la salud de la patria no sean estúpidos y provoquen algo de lo que después se van a lamentar mucho”.
Rubén Ciuró es docente, tiene 60 años y opina que esto no es más que “Un golpe jurídico de esta suerte de armado de poder judicial que se expresa en muchísimos lugares del país, como los sucesivos juicios a Milagro Sala, la reciente condena a Santiago Goodman (en castellano: buen hombre), a ATE, en Mendoza, por uso de la vía pública para manifestarse. Esta es una muy alta expresión de esa persecución judicial, que es desproporcionada, pero que sabemos que no tiene límites”, describe y advierte: “Lo hemos visto con Lula (Luiz Inácio Lula Da Silva), donde se fueron desmontando todas las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Lo vemos en Correa, que sigue proscripto. Luciani y Mola merecen en realidad ser pasibles de juicio político por su actuación”. Muy elocuentemente, antes de dejar expreso su apoyo a una reforma judicial integral, él resume los objetivos de la congregación: “Se busca dejar en claro para el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo que el pueblo argentino está dispuesto a defender las libertades democráticas más allá de debilidades dirigenciales”.
Son alrededor de las 23 y los rugidos estomacales de algunos militantes se disipan ante el arribo de puestos de choripán y hamburguesas que generan pequeñas cortinas de humo a lo largo y ancho de Juncal y Paraguay. Uno de los vendedores de gaseosas se alegra enormemente de recaudar 18.000 pesos, ante un séquito de militantes exhaustos y, al parecer, con mucha sed, luego de saltar y saltar, cantar y cantar. Paradójicamente, en las vidrieras lindantes se venden sweaters de “oferta” a 19.600 pesos. Algunas esquinas siguen cortadas entrada la medianoche. Acaba de llegar la JP desde La Matanza. Un policía dice no tiene “ni idea hasta qué hora van a estar” pero los bostezos y el tiempo entre canción y canción dan cuenta de que quizá el objetivo del día, quizá, ya se logró. Ya es martes.
El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.
Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?
La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?
.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.
Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.
Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.
El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.
Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.
Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte, define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.
Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.
. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.
Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.
Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.
Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.
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La demanda de la vicepresidenta Cristina Fernández contra Google por el agravio publicado en el buscador el último 17 de mayo, abrió un amplio debate que incluye aspectos como los límites de libertad de expresión, la vulneración del honor, la responsabilidad de los intermediarios en Internet, el rol de los Estados en materia regulatoria, el poder de las grandes corporaciones digitales y el lugar cada vez más determinante que ocupan los algoritmos en la vida de los usuarios.
Un panel de expertos reflexionó sobre estas cuestiones en el marco de un conversatorio organizado recientemente por Acces Now y Observacom, dos organizaciones interesadas en la protección de los derechos de los usuarios digitales. En diálogo con ANCCOM, Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, sintetiza la idea principal que sobrevoló en el encuentro: “Sería interesante que haya más transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos”, afirma.
La pericia informática pedida por los letrados de la vicepresidenta exige a Google revelar cómo su algoritmo selecciona y exhibe la información destacada en el panel de conocimiento. Según Busaniche, esta solicitud conduce a dos problemas: “El primero es que probablemente Google se localice jurídicamente en los Estados Unidos y diga que allá es donde funciona su algoritmo y entonces trate de correr la jurisdicción. La iniciativa de los abogados de Cristina de ponerlo bajo la Ley de Defensa del Consumidor es para tratar de que el conflicto legal quede radicado en la Argentina. La otra cuestión es que, si esto prospera, puede haber algún pleito vinculado con la propiedad intelectual. Porque las empresas, en general, guardan sus secretos industriales bajo siete llaves”.
La directora de Vía Libre señala que, aun “imaginando el mejor escenario” en el que Google muestre su algoritmo, no se tendría total claridad sobre cómo opera: “No es solo su funcionamiento lo que determina el resultado de las búsquedas o de las recomendaciones, sino lo que hace con el volumen de datos que manejan: qué sabe ese algoritmo de cada uno de nosotros cuando hacemos una búsqueda, qué le sirve para ajustar los resultados a muchas de las cuestiones que conoce de la persona que busca y que condicionan también esos resultados”, explica.
Por otra parte, el «recuadro de conocimiento» constituye un caso particular para la especialista: “No es el resultado de una búsqueda lo que está en cuestión, sino ese box donde Google hace una edición diferente. Hay una información destacada, una selección, una referencia a un tercero, Wikipedia en este caso, o como cuando ante una búsqueda de información médica se destacan fuentes médicas confiables. Hay una curaduría diferente de los resultados del buscador. Y por eso es que los abogados de Cristina están tratando de hacer cargo a Google como autor de la calumnia y de la injuria”.
Beatriz Busaniche. Archivo ANCCOM.
Para Busaniche, esto complejiza y simplifica el caso: “Lo complejiza porque hay que dirimir si Google es un simple expositor, curador, seleccionador, ordenador de información producida por terceros, con lo cual debería primar el régimen de responsabilidad de intermediarios, o si es autor de la calumnia y de la injuria. Si finalmente la Justicia resuelve que Google es responsable en tanto autor o editor de ese contenido, le caben las generalidades de la ley. Es decir, las mismas que podrían caberle a cualquier otro medio de comunicación que tenga una línea editorial y publique una calumnia o una injuria contra una funcionaria pública”.
Sin embargo, Busaniche se muestra escéptica respecto del éxito de la demanda. “Si la Justicia resuelve que hay una cuestión de autoría de Google, dudo que el caso prospere, porque sería un pleito por calumnias e injurias clásico, en el cual deberían probar real malicia. Y si prospera, sería una cuestión seria en términos de libertad de expresión atribuir una responsabilidad editorial a un medio de comunicación por tratar de ladrona a una funcionaria de alto nivel”, algo que también señaló Diego de Charras, actual presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo durante el conversatorio.
Además, Busaniche asegura que los distintos tipos de responsabilidad atribuible serían de difícil implementación. “El régimen de responsabilidad de intermediarios, según se dictaminó en el caso Belén Rodríguez contra Google en 2014, establece responsabilidad subjetiva, y aquí Google actuó con celeridad, dando de baja el contenido injuriante, aun sin que la damnificada hubiera tenido que tomar cartas en el asunto. Atribuirle responsabilidad objetiva, por otro lado, marcaría un antecedente preocupante. Todas las relatorías de libertad de expresión, de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y demás, han planteado que no se les debe atribuir porque eso sería un incentivo muy fuerte para las empresas de ejercer un tipo de censura privada justamente para cuidar sus espaldas. Porque si ellos van a ser responsables de cada cosa que diga cualquier usuario de Internet, lo que vamos a tener son grandes máquinas de censura y de reducción drástica del espacio y de la esfera pública del debate”.
La disputa mediática fue uno de los elementos destacados durante la presidencia de Cristina Fernández. Las tapas agraviantes y las expresiones injuriosas se sucedieron a lo largo de toda su gestión. Basta con buscar, por ejemplo, algunas portadas de la revista Noticias. “Se trataba de acciones que podrían haberse catalogado como violencia simbólica contra una mujer –opina Busaniche–. Y ningún medio salió a pedir disculpas, ni a retirar algo que pudiera ser calumnioso. Al contrario, siempre ha escalado el nivel de agresión. Si uno analiza comparativamente la acción de Google, lo que se ve es que reaccionó rápido respecto a algo que se les escapó, la manipulación de los datos en Wikidata, y la información fue retirada de inmediato”. En otras palabras, para la especialista, “no podría demostrarse que la opinión de Google es que Cristina Fernández es una ladrona”. Pero el contenido fue difundido y amplificado por los medios de comunicación posteriormente.
Entonces, ¿por qué Cristina decidió ir contra Google? Busaniche arriesga una hipótesis: “Intuyo que quiere meter algún tipo de discusión pública sobre el rol de las grandes empresas de Internet, en línea con muchos grandes líderes políticos a nivel global que lo están haciendo. Es un tema que se está discutiendo en el mundo. Hay que mirar también lo que está pasando con Donald Trump en su pleito con Twitter, algunos proyectos de ley sobre fake news en Brasil, algunas cosas que han estado pasando en Francia con los discursos de odio, las regulaciones sobre discurso racista en Alemania. Hay una corriente de muchos líderes políticos que están tratando de subirse a esta discusión. Probablemente, Cristina haya tomado esta decisión de entrar en la disputa y tratar de dirimir cuál es la responsabilidad de las plataformas”.
El camino de la regulación
Hasta el momento, en nuestro país no existe una ley que indique qué responsabilidad poseen las plataformas virtuales a la hora de indexar contenidos, ni tampoco una que imponga penas a acciones editoriales como las que se les atribuye a Google en la construcción del espacio destacado. Los pasos a seguir, en materia judicial, están orientados de forma jurisprudencial, es decir, en base a fallos previos. Las demandas iniciadas por Belén Rodríguez y Natalia Denegri (a favor del derecho al olvido) fueron dirimidas mediante fallos de la Corte Suprema, y sentaron precedentes de utilidad para litigios subsiguientes.
“Una buena regulación protectora de la libertad de expresión, ante todo en materia de responsabilidad de intermediarios, debería ser una de las políticas a acompañar”, afirma Busaniche, quien también subraya la necesidad de proteger el discurso público de la fuerte incidencia que tienen estas plataformas debido a los niveles extremos de concentración: “Como señaló Martin Becerra durante el conversatorio, si algo no puede circular por Facebook, por las distintas áreas de negocio de Google o por Twitter, probablemente no logre permear el discurso público, entonces la baja de contenidos y la protección del discurso de las figuras más débiles en esta ecuación, como somos los usuarios de las redes, también podría ser parte de una regulación interesante en estos entornos de grandes empresas de tecnología de Internet”.
El avance de los procesos de automatización mediante inteligencia artificial y la injerencia creciente de los algoritmos en sistemas que seleccionan, categorizan y deciden en los más diversos ámbitos de nuestra vida, ha traído el debate sobre la necesidad de regularlos. En Nueva Zelanda, el Ministerio de Estadística ha impulsado, desde el mes pasado, un acta que dispone revisar los procesos estatales basados en algoritmos y transparentar estos mecanismos a la población, explicándolos en un lenguaje sencillo y comprensible.
Martín Becerra. Archivo ANCCOM.
¿Se puede tomar algo de esta regulación? La directora de Vía Libre opina que sí: “El de Nueva Zelanda es un modelo pensado más que nada para el sector público, pero me parece que va en el sentido apropiado: mecanismos que permitan dotar de transparencia a los distintos sistemas de regulaciones mediadas por sistemas automatizados”. Existen iniciativas similares, incluso privadas. Tal es el caso de TikTok, que en su batalla con la administración Trump hizo públicos algunos lineamientos de su algoritmo y empezó a trabajar en una política interna a partir de la cual el usuario puede disponer de qué tipo de selección y decisiones se toman de sus contenidos y del acceso a ellos. “En Estados Unidos, por ejemplo, muchas decisiones se toman de esta forma: hay mecanismos algorítmicos para evaluar la posibilidad de que una persona recupere la libertad bajo palabra en el sistema carcelario, hay otros que definen si aceptar o no a una persona como cliente en un seguro médico, hay sistemas que evalúan la perfomance de docentes en escuelas públicas, hay otros que evalúan el otorgamiento o no de ayuda social. Está lleno de mecanismos algorítmicos, tanto del sector público como del privado, que están tomando decisiones que impactan sobre la vida de las personas. Y en el caso de las redes sociales, estos algoritmos, a su vez, impactan sobre lo que se ha empezado a llamar nuestra ‘dieta informativa’, qué cosas nos llegan en este mar inmenso de información que circula por Internet minuto a minuto”.
Estos procesos automatizados nos han ayudado a encontrar consumos de nuestro interés, a que Netflix nos sugiera la próxima película que nos puede llegar a gustar, o que Spotify o YouTube nos recomienden una banda que nunca escuchamos pero que tiene similitudes con otras que sí. Pero cuando se los plantea desde el punto de vista del acceso a la información, dice Busaniche, se ven tendencias como la exposición permanente a contenido extremista, como el discurso del alt right (derecha alternativa estadounidense), que han fortalecido mucho su posición en la vida pública, “no solo a partir de la exposición en la calle, sino que todo eso tiene una expresión en las redes y se le ha dado una visibilidad allí, ese tipo de contenido cada vez más extremo se visibiliza a partir de estos algoritmos. Por eso sería interesante saber cómo funcionan, qué variables toman en cuenta, en función de qué datos se exhiben o no ese tipo de contenidos”. La respuesta está en tener mayor y mejor acceso y transparencia los algoritmos y saber cómo construyen los resultados a partir del volumen de datos. Una discusión que recién comienza.