El ajuste de (casi) todos

El ajuste de (casi) todos

Distintos economistas analizan las disposiciones administrativas que tomó Sergio Massa desde que asumió y el proyecto de presupuesto para 2023. Educación, Salud y Obras Públicas recortadas.

Después de la conflictiva salida de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación, seguida por la fugaz gestión de Silvina Batakis, el pasado agosto Sergio Massa quedó al frente del Ministerio en medio de un momento de alta inestabilidad. De cara a la creciente crisis económica que amenaza a la Argentina, el economista estableció como objetivo primario la disminución del déficit fiscal a un 2.5% para fin de año. Alcanzar estos porcentajes significaría una repentina reducción del gasto público, con la intención de cumplir las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Y de qué forma se refleja en el proyecto de Presupuesto 2023 que trata el Congreso?

Durante los primeros días de agosto, la nueva gestión ministerial puso en acción la prevista quita de subsidios energéticos, y por medio de la Decisión Administrativa 826 se realizó un ajuste presupuestario sobre seis ministerios nacionales. Respecto del proyecto de Presupuesto 2023, el economista Horacio Rovelli asegura: “No solamente no aparece una sola línea en el presupuesto 2023 de que se recupere la fuga de capitales del gobierno anterior, es como si no existiera semejante fraude. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al exterior le interesan nuestros recursos naturales. No quieren que podamos pagar la deuda para que los malvendamos.”

En cuanto al ajuste de los gastos previstos ya para este año,  Desarrollo Productivo sufrió una disminución de 70.000 millones de pesos, seguido por las carteras de Hábitat y Educación, con una quita de 50.000 millones de pesos cada una. 

La baja en el área educativa impacta principalmente en el Programa Conectar Igualdad y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Hábitat, por su parte, se enfrentó al recorte en un contexto de déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas. Por su parte, la quita para Obras Públicas fue de 20.000 millones de pesos y la de Transporte y Salud de 10.000 millones por cada  ministerio.

“Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta Pertierra.

Nicolás Pertierra, economista del CESO, reflexiona sobre las posibilidades que disponía el gobierno para cuidar el presupuesto de sectores clave como Salud, Educación y Obra Pública: “Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta. Aunque el déficit cumple un rol fundamental en las negociaciones con el FMI, Pertierra cree que “el principal problema no es tanto fiscal sino de disponibilidad de dólares”, y que “tiene que haber alguna medida que administre mejor las pocas reservas que dispone el Banco Central”.

A pesar de que las opciones son pocas, Rovelli asegura que algunas de estas reducciones desatan consecuencias irreversibles: “El gasto en obra pública es irrecuperable, porque el tiempo de no trabajo es tiempo perdido. Lo que no gastaste en educación y salud tampoco lo vas a recuperar. La minoría que se beneficia es el 1% o 2% de la población, y nos perjudicamos el resto del pueblo argentino”. Rovelli, que también es profesor en la carrera de Ciencia Política de la UBA, considera que Massa tomó una decisión administrativa muy fuerte, como la Resolución  827, que plantea un congelamiento de vacantes en el sector público centralizado y en empresas del Estado.

En cuanto a la Resolucióm 826, hace énfasis en el rol de la salud, donde resalta que el recorte afecta áreas muy sensibles como la de enfermedades transmisibles, que son mayores en los sectores vulnerables. A su vez, hace mención a la demora en el pago de trabajadores, destacando como ejemplo más notorio al de la discapacidad, que recién a fines de agosto terminó de abonar deudas de junio.

Zahira Holguin, profesional de apoyo en el Centro de Día Cumelén, explica que la situación que sufre este último rubro no representa un ajuste sino una vulneración de los derechos de los ciudadanos con discapacidad. “Se les quita el privilegio de la salud pública gratuita, que en nuestro país se supone que es un derecho para todos los argentinos”, comenta. Respecto a los fundamentos de ciertas decisiones administrativas, concluye que “las personas con discapacidad generalmente no son personas productivas, y entonces es fácil verlo como una inversión no retributiva”.

A su vez, Rovelli recuerda que en agosto el oficialismo hizo un canje de gran parte de los vencimientos de los bonos del Tesoro de la Nación por 2 billones de pesos que debían pagarse entre agosto y noviembre de este año. “Fueron postergados a 2023 a cambio de un bono dual, que se va a pagar sí o sí y que está ajustado al índice IPC o al dólar oficial. Eso le asegura ganancia a los rentistas”, enfatiza.

Respecto al panorama para 2023, Rovelli aclara que estamos en un margen muy grande, donde no está fijado el valor del dólar, y que “mientras no tengas esto definido, es muy difícil ponderar cuál va a ser el futuro del país”. Más allá de todo, argumenta que detrás de los ajustes se esconde la postergación de una decisión que Argentina vuelve a traer a la mesauna y otra vez. “Estas medidas son meros parches para una gran medida final, que va a ser la devaluación de nuestra moneda”, asegura el economista.

Ajustes económicos y desajustes en salud

Ajustes económicos y desajustes en salud

En un país de 46 millones de habitantes sólo 20 millones cuentan con obra social, mientras tanto la medicina prepaga comienza a transformarse en una prestación de lujo. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, cuenta cómo se gestiona la salud y qué prestaciones no se verán modificadas tras el recorte de 10 millones por el mega ajuste implementado por Sergio Massa para cumplir las metas del FMI.

El 22 de agosto se anunció mediante el Boletín Oficial una modificación al Presupuesto General, lo que implicó una reducción de fondos disponibles destinados a educación, salud y para el programa Procrear. Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud y licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), asegura que se trata de una reasignación de recursos y que es una acción necesaria frente a la falta de aprobación del presupuesto 2022. En un contexto de reestructuración presupuestaria, asegura que crece la necesidad de garantizar una cobertura integral de la salud de la población.

Cada año, el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el presupuesto del periodo siguiente, el cual es discutido en las Cámaras de Diputados y de Senadores. El 17 de diciembre de 2021, el presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el periodo actual no fue aprobado en diputados, por una cantidad de 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención. En junio, el Poder Ejecutivo prorrogó por decreto el presupuesto del año 2021 y lo actualizó con una pauta que prevé el 62% de inflación anual, que es casi el mismo porcentaje de actualización que corre para el aumento de los alquileres por un mismo periodo. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, indica que hasta agosto de este mismo año se tenía acumulado un 56,4% de inflación.

Mediante la Decisión Administrativa (D.A) 826/2022 se dispone una compensación de créditos presupuestarios y se modifica la partida de gastos en seis ministerios por un total de $210.000 millones, los cuales serán incrementados en el Tesoro para la asistencia en Servicios Económicos. En este contexto, el Ministerio de Salud se verá privado de $10.000 millones de pesos, de su presupuesto de $338 mil millones, los cuales serán retirados del programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Sin embargo, Tarragona aseguró que no se afectará directamente el programa, ya que la inversión en el mismo se realizó en 2021 y cubrió el período 2022.

A su vez, el Ministerio de Salud se encarga de los programas protegidos, los cuales cubren las necesidades de la población que accede a los servicios de salud públicos. Estos programas pueden ser utilizados tanto por personas que no cuentan con una obra social como por quienes sí. La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que en 2022 hay un total de 20.391.394 personas que son cubiertas por una obra social, en una población de 46.234.830 en el país, según estimaciones del INDEC. Un 66,22% de ellas accede a este servicio a través de un trabajo en relación de dependencia. Según la Ley 23.660, estas obras sociales deben cubrir todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y los medicamentos que esas prestaciones requieran. Por su parte, la Ley 26.682 establece que las entidades de medicina prepaga deben ser controladas por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y deben cubrir el PMO y la Ley de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad.

La preocupación en torno a la ausencia  de recursos o la falta de acceso a la salud fomentaron críticas al gobierno nacional. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM Sonia Tarragona afirmó que esta reasignación no afectará a los Programas Protegidos y amplió sobre cómo se gestiona la salud en este contexto nacional.

¿Por qué se dieron recortes por parte del Ministerio de Economía?

Nosotros no tenemos presupuesto para 2022 debido a que la oposición no lo aprobó. Esto significa que el plan de gobierno, que es aquello que lo representa, no estuvo aprobado y se prorrogó el presupuesto 2021, incluyendo las líneas presupuestarias y los fondos que se corresponden con ese año. Sin embargo, en 2022 no se prevé llevar a cabo las mismas actividades que el año pasado.

¿Cómo podría ejemplificar esta situación?

El año pasado compramos aproximadamente mil respiradores y en 2022 no necesitamos comprarlos. Sin embargo, en el presupuesto prorrogado figura un monto para la compra de respiradores. A diferencia del 2021, este año compramos medicamentos oncológicos y para el Programa REMEDIAR. El año pasado no se realizó esa adquisición y el año que viene, 2023, tampoco se realizará, porque el Ministerio no necesita comprar todos los años las mismas cosas. De esta forma, no podemos decir que se trata de un recorte sino de modificaciones.

Entonces, ¿cuál sería el término correcto para hablar del recorte?

En 2021 se realizaron una gran cantidad de actividades o compras programadas y que en este año ya no son necesarias; esto pasó en el Ministerio de Salud y también en otros ministerios. Entonces, lo que se hizo fue reasignar esas partidas de compras ya ejecutadas a las necesidades del 2022.

¿Cómo altera la reasignación el plan de acción del Ministerio?

Son 10 mil millones de pesos en un presupuesto de casi 350 mil millones de pesos. Es bajo el porcentaje de reasignación y, de esta forma, no compromete ninguna de las metas que el Ministerio se propuso.

¿Qué programas no se verán afectados por la reasignación de recursos?

En el Ministerio de Salud están los Programas Protegidos desde el año 2002. Estos incluyen la vacunación, el SIDA,  las enfermedades de transmisión sexual y hepatitis C, la maternidad e infancia y el Programa REMEDIAR. Que estén protegidos quiere decir que ante reducciones en el presupuesto o cambios que sean necesarios, esos programas no se pueden ver afectados.

¿Qué es el plan REMEDIAR? 

Es un programa de distribución gratuita de medicamentos para el primer nivel de atención. Esto incluye todas las patologías que se atienden en las salas de primeros auxilios y los hospitales de primer nivel. Este programa está cumpliendo 20 años y actualmente atiende a 19 millones de personas, las cuales retiran medicamentos de los centros de atención primaria. Esto cubre entre el 85% y 90% de las causas de consulta en el primer nivel y está destinado principalmente a la población que no tiene cobertura, pero no es excluyente.

De cara a la población, ¿cómo se puede garantizar en este contexto económico el acceso a los medicamentos que la población necesita?

Si bien la responsabilidad de procurar el acceso a los medicamentos no es de la Nación, sino de las provincias, en los casos que estas no logran atender los problemas de salud de su población, el Ministerio de Salud complementa las acciones. Con respecto a los precios, lo que hicimos es acordar con la industria que no se sobrepasen con los aumentos, sino que estén alineados con la inflación y no por encima.

Tres días de acampe y ninguna respuesta

Tres días de acampe y ninguna respuesta

La Unidad Piquetera desplegó cuatro cuadras de carpas y columnas a lo largo de la 9 de Julio. Reclamó planes sociales y entrega de alimentos para enfrentar la crisis. Sin respuestas, levantaron la protesta pero prometen cortar las rutas de todo el país la semana próxima.

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Después de tres días, la Unidad Piquetera levantó este jueves el acampe en la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, por decisión de una asamblea. Las organizaciones que integran la UP trasladaron el reclamo para la semana que viene, después de no haber recibido respuestas a sus demandas de apertura de planes sociales y entrega de alimentos en comedores y merenderos. “La semana que viene es una jornada nacional con corte en todas las rutas del país” dijo Nahuel Orellana, referente del MST Teresa vive, y agregó:  “Vamos a profundizar el plan de lucha que lleva la Unidad Piquetera porque estas condiciones no se aguantan más”. 

El pasado martes 27 a las 10 horas, la UP convocó al acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar más planes Potenciar Trabajo, la apertura de planes sociales, y la entrega de alimentos para los comedores y merenderos. “Estamos desde el martes y no recibimos ningún llamado del Gobierno ni nada para sentarnos a dialogar, para buscar llegar a un acuerdo o mínimo tener una respuesta”, sostuvo María, integrante del MST Teresa vive. 

En el acampe participaron Libres del Sur, el MST, Polo Obrero, FOL. “Somos más de 30 organizaciones y tratamos de resolverlo entre todas, por consenso llegamos a hacer esto”, aclaró Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur.

Durante los  tres días los dos sentidos de la Avenida 9 de Julio permanecieron cortados, cuatro cuadras, desde Hipolito Yrigoyen hasta Venezuela, mientras que mantuvieron liberados los carriles del Metrobús. Nutridas columnas de las agrupaciones se mantuvieron en formación, los organizadores estimaron más de seis mil personas. Las carpas ubicadas sobre los canteros; la Plazoleta Paquita Bernardo, Plaza Provincial de La Pampa y en los costados de la avenida. “Hubo recambios de los compañeros que estuvieron de la mañana hasta la noche y al otro día también venían, todos los días había recambio de compañeros”, dijo Marta Elías, de Libres del Sur, referente del distrito de Morón.  

 “Hace un año le presentamos una propuesta al ministro de Desarrollo Social para la creación de un millón de puestos de trabajo. Y no nos contestó nada, nosotros creemos que esta situación la resolvemos con trabajo genuino. Los planes y los comedores son parches”, dijo Saravia, Uno de los principales reclamos que hacen es por la mercadería que  llega a los merenderos y comedores, que no cuenta con lo necesario para dar una alimentación de calidad. “Cuando te mandan leche no te mandan azúcar, supuestamente tienen que venir veintiún productos, pero vienen ocho; te viene avena, polenta, fideos, y ahora este mes vino maíz para hacer pochoclo, o sea nada de nutrientes. Verdura y carne jamás nos trajeron. Somos una organización a nivel nacional y ahora hay distritos que hace cuatro o cinco meses no les bajan mercadería”, aclaró Marta Elías. Orellana agregó, “Venimos sin que entreguen comida para los comedores y cuando entregan, nos entregan porquería. Estamos miles de compañeros sin trabajo, un salario que no alcanza y el gobierno mira para otro lado mientras entrega millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, a costa del hambre de miles y miles de trabajadores”. 

Son varios reclamos que hacen en conjunto; “En ese marco que no crean trabajo genuino el problema es que  no mandan las herramientas para los centros comunitarios”, completó Saravia. 

Al cierre, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni anunció que la semana que viene en todo el país habrá “cortes permanentes”, en el acceso a CABA y en diferentes rutas nacionales, incluyendo el corte al acceso a Ushuaia.

 

¿Se viene otro 2001?

¿Se viene otro 2001?

El fantasma de aquella crisis se cuela en conversaciones de café y también mediáticas. ¿Qué tan cerca estamos de repetir la historia? Opinan economistas y polítólogos.

En medio de una fuerte inflación, de cambios acelerados de ministros de Economía, de versiones acelerada devaluación y de tensiones y movilizaciones en la calle, comienza a circular un murmullo que se pregunta qué rumbo tomará la Argentina. Entre otras hipótesis que reaparecen, se encuentra aquella que se pregunta si el país se dirige o no hacia un “nuevo 2001”. Hasta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que la represión en la puerta de su casa le hizo recordar aquellos tiempos.

Aunque el factor económico protagoniza la crisis, los expertos sugieren que es allí donde menos similitudes pueden encontrarse con el estallido de principios del siglo. Damián Pierri es profesor asistente en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), dependiente de la UBA y el CONICET. Al analizar los indicadores de ambos momentos explica: “En 2001 había un problema bancario y con la balanza de pagos, sin inflación. Hoy no tenés problemas en los bancos ni en los servicios de deuda, pero tenés alta inflación. En ese sentido, la génesis no tiene nada que ver”.

Pierri asegura que factores determinantes como el PBI, la deuda externa y la situación de las cuentas públicas no muestran ningún paralelismo con los del gobierno de Fernando De la Rúa. En cambio, explica que, si de parecidos se trata, la naturaleza de la crisis se asemeja más a aquella de 1975, que terminó con el “Rodrigazo”, la megadevaluación de Celestino Rodrigo.

“Quienes tienen este tipo de opiniones son quienes presenciaron el 2001 pero difícilmente vivenciaron el ‘89 y el ‘75. Por una cuestión de edad, estas personas tienen mayor acceso a redes sociales, entonces es un sector más ruidoso”, dice el economista. Frente al debate sobre un posible shock devaluatorio como el de 1975, responde que en realidad lo que representa esa inquietud es el temor a una eclosión social. “La gente no mira objetivamente la anatomía de la economía, sino que es una forma de hablar de algo que pasó que básicamente era gente corriendo y rompiendo cosas”, comenta.

Por su parte, el posdoctor en Ciencias Económicas Alejandro Estévez afirma que, a pesar de que factores como el índice de pobreza y la inflación eran exponencialmente más bajos,  “en 2001 la gente tenía memoria fresca de la tragedia inflacionaria de Alfonsín, entonces había una sensación de que los cambios económicos iban a ser grandes y peligrosos”. En cuanto a presiones externas, destaca en esa época a un FMI sumamente duro, que buscaba quebrar a algún país latinoamericano altamente endeudado de forma ejemplificadora, situación muy diferente al que encara actualmente la Argentina.

Estévez, que también es doctor en Administración Pública y director del Centro de Estudios del Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP), menciona que hoy los gremios son más débiles por su competencia con los movimientos piquetero, y, por lo tanto, salen menos a la calle. Además, resalta que “cuando está el peronismo en el poder, anestesia los paros sociales. Con De La Rúa todo era imperdonable. Hoy, incluso con un Alberto disminuido, la percepción no es tan grave. En los paros se piensa en los especuladores, y no en un Estado que parece haber emitido más de la cuenta”. Por eso, a diferencia del gobierno de la Alianza, considera que este gobierno tiene más posibilidades de terminar su mandato.

En cuanto a movilizaciones colectivas, el sociólogo Pablo Semán comenta que en 2001 hubo una reacción unificada contra el gobierno por un tema vinculado a la moneda, que no hubiese sucedido si el problema se hubiese limitado al desempleo. Señala que, actualmente, la inflación recién está empezando a unificar la sensación de crisis. Al mismo tiempo, insiste en que las comparaciones 2001-2022 suponen condensar el problema en un momento del tiempo. “Esta crisis es una serie de 2001 anunciados y aplazados, que podría haber tenido Macri, y a su vez a la que podría haber afectado al final del último gobierno de Cristina”, dice.

Además de ser investigador en el CONICET, Semán es doctor en Antropología Social. Desde su punto de vista, considera que los paralelismos son limitados porque la cultura hoy es diferente. “El kirchnerismo cree que aún puede denunciar el mismo consenso de compasión por la pobreza que había en 2003, pero la atribución de valores a los sujetos sociales cambió muchísimo. Hoy hay un gran sentimiento anti-estatal y anti-pobres», afirma. En ese sentido, evalúa a la pandemia como un factor fundamental del cambio: “Obligó al Estado a intervenir y al mismo tiempo a erosionarse porque intervenía pero sus intervenciones sólo podían ocasionar pérdidas”.

El politólogo Santiago Leiras, en tanto, coincide en que hay factores que limitan una repetición de aquella crisis, y habla de una estructura de contención social que no existía en ese momento, que tiene base en una serie de organizaciones y movimientos sociales. A su vez, sostiene que la discusión que convoca hoy a la Argentina es respecto a la sustentabilidad de esa estructura. “Lo que fue una medida de emergencia, en el tiempo se volvió crónico. Hoy no tenés un problema de paz social, sino de su sustentabilidad fiscal. El Estado representaba cerca del 25% del PBI, hoy representa alrededor del 45%. Es un esquema socialmente viable pero económicamente inviable, al contrario de lo que sucedió en ese momento”, analiza.

Leiras, doctor en América Latina Contemporánea y profesor de la carrera de Ciencia Política en la UBA, enumera tres factores que espejan a la actualidad con el 2001. Por un lado, coaliciones electorales que se forman para ganar elecciones, y que no logran conformarse como coaliciones de gobierno. Al mismo tiempo, una brecha entre el liderazgo formal y real: De la Rúa por un lado, y Alfonsín y “Chacho” Álvarez por el otro. Hoy en día, la brecha que señala es entre Alberto y Cristina. Por último, un estilo de decisión formal en el que se tiende a procrastinar.

Aunque la política es cíclica, el politólogo desestima las chances de un regreso a los ‘90 porque aquel “era un mundo que tenía cierta configuración, empezando por un esquema del desarrollo de la economía internacional que hoy está en crisis”. Respecto al accionar político, enfatiza que la dirigencia sabe que es necesario reformular el modelo de organización social y productiva para salir de lo que considera “una suerte de crisis permanente, que el país atraviesa desde hace más de medio siglo”. Expresa que eso no significa volver a un modelo pasado, pero “sí implica notar que a todas luces este modelo es inviable”. Resalta que una reformulación de ese tipo es de largo plazo, y que probablemente los sectores que comiencen esa reforma no vean sus frutos. “A pesar de que hay cierto diagnóstico compartido, lo que conspira en contra son los cálculos de corto plazo y el conflicto que supone sobre quién recaen los costos de esa reforma”, concluye.

¿Quién ha visto un dólar?

¿Quién ha visto un dólar?

«El problema es la escasez de dólares. Hay que acumular reservas», es el discurso instalado desde el gobierno y los medios de comunicación. ¿Pero qué es la divisa extranjera para los ciudadanos de a pie?

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba definida, los 44 países aliados se reunieron en la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire) y establecieron la convertibilidad del dólar con el oro y así el billete verde adquirió el estatus de referencia internacional. A la par de esta medida, se crearon los dos organismos insignia del nuevo orden económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

“Fue así como la moneda estadounidense y el mercado cambiario fueron los jefes de campaña de casi todas las gestiones presidenciales desde 1955 hasta nuestros días en la Argentina”, afirman Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, ambos doctores en Sociología, investigadores del Conicet y coautores del libro El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019).

Hoy, en la Argentina, si alguien quiere comprar más de 200 dólares -el límite mensual dispuesto por el Gobierno-, debe ir por fuera del circuito legal. En distintas galerías de la calle Florida, microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan las “cuevas” donde se comercializa el dólar ilegal, conocido bajo el eufemismo blue, así como en toda la zona es frecuente encontrar a los tradicionales “arbolitos” que también los venden. La cotización que ofrecen siempre es superior a la del dólar oficial y la brecha suele aumentar a medida que se intensifica el control de cambios o se incrementan las restricciones para la compra al precio oficial.

“¿Han visto alguna vez un dólar?”, preguntaba el presidente Juan Domingo Perón en las postrimerías de su primer mandato, hace más de 70 años, frente a la problemática de la inflación que ya arreciaba los bolsillos de la clase trabajadora. Desde entonces, y mucho más a partir de la última dictadura y el menemismo, que prácticamente dolarizaron toda la economía, el dólar se ha convertido en refugio de valor ante las permanentes devaluaciones de la moneda nacional.

“El dólar tiene una carga emocional muy fuerte”, sostiene Guillermo, 58 años, profesor de música y yoga. “Si tengo dólares, me pueden quitar o agregar valor, me terminan condicionando, no soy yo el que le puedo dar valor como se lo puedo dar a cualquier otra cosa. La moneda que yo uso es valorada por agentes externos a mi voluntad”, agrega.

El problema es que hay poca gente con educación financiera”, asegura, muy convencido, Matías, de profesión contador. El dólar, explica, es “un respaldo frente a la inflación y a la inestabilidad, el que tiene dólares invierte, tiene contactos, y el que no, pierde”.

“Ellos se cubren sus espaldas y sus ganancias, se preocupan sólo por ellos”, dice con bronca, desde su modesta moto, Carlos, un repartidor de Pedidos Ya. Según él, “el que más tiene, siempre más gana, sube el dólar, suben los precios, baja el dólar, los precios no bajan, se abusan”, se queja.

“El peso no te garantiza nada, no te preserva frente a la inflación como sí lo hace el dólar, por más que Estados Unidos esté en crisis”, manifiesta Silvina, abogada y docente, después de salir de Tribunales.

Allí cerca, Marcela, 62 años, acompañante terapéutica, entiende que la divisa estadounidense es una moneda fuerte “porque cuando sube, sube todo”, y se pregunta: “Si nosotros tenemos el peso, ¿por qué no nos manejamos con nuestra moneda nacional?”.

Daniel es cartonero y se ríe porque, en efecto, nunca ha visto un dólar, pero tiene claro que “si sube, suben todas las mercaderías” y, con la educación financiera que la calle le dio, concluye: “Estamos para atrás”.

A Paula, profesora en Administración de Empresas, el incremento del dólar la afecta de una manera bien concreta: “Al valor actual no entran ni se pueden comprar ni hardware ni software para formar aulas inteligentes”, señala y menciona dispositivos que considera indispensables para los estudiantes, pizarrones interactivos y controles y centros de monitoreo para los docentes.

Los dueños de casas de electrodomésticos, farmacias y pañaleras levantan argumentos similares, no pueden adquirir toda la mercadería que necesitan, en particular en el rubro de los medicamentos. “Las droguerías querían vendernos sin entregarnos factura, pues los precios varían en cuestión de días. Entonces no les compramos, aguantamos con lo que tenemos”, cuenta resignado Ángel, un farmacéutico de barrio.

Gabriel, un vendedor ambulante, ofrece a 100 pesos el paquete de cinco barbijos. “Es una moneda que está elevada, no sé qué más decir”, contesta frente a la consulta sobre qué es el dólar para él. El que sí sabe es Lucas, que vende repasadores en la calle: “Reniego del dólar, la gente no me compra porque sube la mercadería”, opina. Destinos, intereses diferentes, pero un mismo enemigo: la escalada del dólar, suba de precios, menos poder adquisitivo.

Entre la incertidumbre y la especulación, las corridas del dólar, y un bolsillo cada vez más flaco, Facundo, estudiante de 5º. año en un Comercial, se anima a reflexionar: “Es difícil pensar a futuro una diversidad monetaria porque el dólar es muy fuerte y genera mucha dependencia económica. Hay que pensar de qué forma esta dominación basada en el dólar beneficia a América Latina, porque las monedas nacionales se van perdiendo en el camino, y con ellas la historia política y económica de cada país. Hay que rescatar esa idea, repensar la dependencia económica y sus consecuencias”, afirma.

Para qué sirve la utopía, se preguntaba Eduardo Galeano. Siempre está en el horizonte, decía, “camino dos pasos, se aleja dos pasos, para eso nos sirve, para caminar”. Y quizás se trate de eso, quizás nos sirve para pensar, como piensa y sueña Facundo.