May 11, 2022 | Comunidad, Destacado 5
El Centro Cultural Paco Urondo reunió tres experiencias de emisiones radiales desde presidios. Se viene el encuentro internacional de la Prison Radio Conference.
¿Qué vemos, escuchamos y sabemos sobre las vidas de quienes pasan sus días privados de la libertad? ¿Quiénes y desde dónde las y los hablan? ¿Qué conocemos más allá de los estereotipos estigmatizantes fabricados en noticieros y ficciones?
Estas preguntas reúnen algunas de las cuestiones principales de las que se hablaron, el viernes pasado, en el Centro Cultural Paco Urondo, en el panel ¿Qué onda? Radios y Cárceles en Latinoamérica y el mundo, que reunió diferentes experiencias de radios en cárceles, principalmente, de Reino Unido y Argentina.
En un tiempo histórico en el que reina el mandato de mostrarlo todo, la Defensora del Público, periodista y exdetenida desaparecida Miriam Lewin, se preguntó: “¿Por qué todo es transparente pero la cárcel no?” Y afirmó que «cuanto más transparentes y más porosas son las paredes de las cárceles en cuanto a derecho a la comunicación, menos posibilidades hay de que se violen otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, al trabajo y a la salud».
Ya sea como crítica a la concepción empresarial, mercantil e ideologizada de los mensajes que circulan en los medios de comunicación masivos y audiovisuales, ya sea a partir de los interrogantes a cómo estos mensajes imponen ciertas interpelaciones, ya desde los cuestionamientos a la falta de políticas públicas, el derecho humano a comunicarse anudó las diversas exposiciones del panel.
Lewin y Dany Fernandez, integrante del programa La comunicación desde adentro de la Defensoría del Público, comentaron que el organismo trabaja promoviendo en las cárceles el derecho a la comunicación y la formación de audiencias críticas, y analizaron cómo las representaciones y discursos estigmatizantes de los medios funcionan como condena, aunque muchas veces la justicia aún no se haya expedido o lo haga tarde y mal.
“Los medios invisibilizan las problemáticas que se viven en los contextos de encierro así como las acciones inclusivas realizadas en las unidades penales como talleres, cooperativas y la educación a la que acceden internos e internas», seña el informe compartido por la Defensoría del Público que, además, expresa: “El ejercicio de derechos se asocia con la idea de privilegios inmerecidos, fomentando la negación de todo derecho”. Asimismo, denuncia la ausencia de fuentes y estadísticas confiables o el uso sesgado de las mismas en los informes periodísticos.
Traspasar los muros, confrontar estereotipos, romper la incomunicación y el aislamiento, desarmar las frases hechas y contar en primera persona el funcionamiento del dispositivo judicial y la experiencia del encierro es una necesidad y un derecho.
Radio Mosquito, proyecto coordinado por Diego Skliar y Diego Tejerina y realizado por estudiantes del Centro Universitario San Miguel (CUSAM) en la Unidad Penal N° 48 de José León Suárez, cuenta en su episodio 62 la absolución de Martín Muñoz, quien pasó 13 años y 6 meses preso por una “causa armada”.
Para Skliar «no es un tema de visibilidad, nadie puede decir que no sabe cómo se vive en las cárceles argentinas”. Sostuvo que estamos en un momento “triste y problemático” porque se trata de un grado superior de represión legitimada. Y disparó la pregunta: “¿Por qué las voces de las personas privadas de la libertad sólo aparecen en medios comunitarios y no tienen representación en los grandes medios públicos y privados?” Señaló el necesario compromiso de estos actores fundamentales y afirmó que “la política pública no puede ser una carambola” que deje la resocialización en el plano del poder de resiliencia de cada persona.
Fernández, fundador e integrante del proyecto Radio Belgra, y Daniel Tejerina, sociólogo y creador de Radio Mosquito, conocen en carne propia y desde su cuerpo silenciado -y hablado por otro- qué significa el encierro. Coinciden en que recuperar y construir la propia voz es lo que les permitió pensar y construir nuevas narrativas y proyectos de vida. «Fue la literatura y el acceso al espacio radial lo que me llevó a preguntarme quién era, si era en verdad eso que decían de mí, si eran verdad esas representaciones en la radio o la tele de los pibes con visera, si era verdad que quería morirme en cana», contó Dany.
RadiOculta, una experiencia radial puesta en marcha en la cárcel de Devoto en 2017, emite semanalmente los jueves a la medianoche por FM La Tribu y está coordinada por la radio en conjunto con el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Alejandro Demasi, de FM La Tribu, insistió en que es preciso que en las cárceles se apropien de la radio como instrumento, “más allá de las organizaciones sociales u organismos públicos vinculados al proyecto” y que una meta colectiva deseable tiene que ser la construcción de una red nacional de este tipo de proyectos.
Phil Maguire, docente, periodista y activista, compartió en el panel la experiencia de National Prison Radio (NPR) en Reino Unido, “una radio hecha por y para personas privadas de la libertad, escuchada aproximadamente por el 75 por ciento de la población que vive en cárceles, en un promedio de 13 horas por semana”. Maguire destacó que NPR tuvo muy buenos resultados y logró cambiar la representación que algunos noticieros tenían sobre lo que pasa dentro de las cárceles, hecho que les sirvió para evidenciar el impacto del proyecto y obtener el apoyo “estratégico y financiero” del Ministerio de Justicia que es hoy “su principal socio”.
Maguiere llegó a Argentina buscando tender redes para un ambicioso proyecto: poner en sintonía las radios en cárceles a escala internacional. El próximo 15 de junio, en Oslo, Noruega, tendrá lugar la primera edición de la International Prison Radio Conference. Se espera que el encuentro sea replicado en 2023 en Londres y en 2024 en algún país de Latinoamérica.¿Queremos involucrarnos y escuchar?
Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades
En la provincia de Buenos Aires, casi 45 mil personas no fueron vacunadas por encontrarse alojadas en cárceles e institutos de detención. Ahora, la justicia ordenó al gobierno bonaerense que brinde las medidas necesarias para vacunar a la totalidad de esas personas.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dio un plazo de cinco días para que se inicie la gestión.
En el año 2020 en las cárceles bonaerenses murieron 29 personas por covid-19. Y esto ocurrió en un sistema de encierro colapsado, donde 65 establecimientos penitenciarios que tiene la provincia alojan a más de 45 mil personas, en lugares donde el cupo máximo es de 20 mil. La sobrepoblación excede el ciento por ciento lo que hace que el acceso a la vacuna sea de carácter urgente.
La CPM solicitó la medida cautelar porque se reclamó que aquellas personas detenidas en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) o en dependencias del Ministerio de Seguridad están siendo discriminadas por el simple hecho de que tienen restringida su libertad. Están apartados del resto de los ciudadanos y se los priva de un derecho esencial como es el acceso a la salud. También se reconoce que hay impedimentos para las personas detenidas a la hora de inscribirse al plan de vacunación, no están las condiciones dadas. Hubo casos en los que se logró gestionar la preinscripción y la asignación del turno, pero la autorización y el traslado hacia la posta de vacunación no fueron aceptados. En ese punto, hubo coincidencia entre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y la CPM en que los obstáculos para poder inscribirse que tienen que sortear las personas en instalaciones de encierro son mayores a los que tienen los demás que habitan en la provincia.
El Estado provincial tiene un plazo de cinco días -contados a partir del 12 de julio- para que arbitre medidas que garanticen el acceso a la vacuna contra el covid-19 a las personas detenidas y bajo los grupos de riesgos, “el gobierno tiene hasta el lunes para apelar o presentar el plan de vacunación” aseguró a ANCCOM, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Con los votos del juez Gustavo Scaparotel y el voto de la jueza Claudia Milanta, la Cámara hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CPM. El juez Gustavo De Santis basándose en argumentos estrictamente procesales y sin llegar al asunto en sí, rechazó hacer lugar a la medida. En primera instancia y desatendiendo los derechos que se ven comprometidos, el reclamo también había sido rechazado por el juez de Garantía de La Plata, Nicolás Raele.
A fines de abril la CPM había hecho el reclamo denunciando la falta de medidas sanitarias en el SPB y exigiendo que se lleve a cabo la vacunación en los centros de encierro. Las instalaciones precarias y poco preparadas para los tiempos que corren y el hacinamiento que ha llevado a un colapso del sistema penitenciario, hacen que el riesgo de contagio sea mayor, la vulnerabilidad de las personas detenidas también aumenta en lugares donde ya había que cuidarse de otras enfermedades.
Si se compara el alcance del plan de vacunación provincial con el alcance que tuvo en las instalaciones de encierro, existe una distancia relevante, que también fue advertida por la Cámara de La Plata. El programa de inoculación en la provincia de Buenos Aires está en un punto en el cual las personas que forman parte de los grupos de riesgo tienen la posibilidad de acceder a la vacuna contra el covid-19 sin problemas, entonces que se replique esto en el SPB, es decir, la vacunación a personas bajo la disposición “grupo de riesgo”, no genera modificación, ni altera el plan provincial. “Si no hay respuesta la justicia puede intimar y si el gobierno apela tiene que resolver la Corte, pero esperemos que se cumpla pronto, no sabemos cuánto puede estirarse” explicó Cipriano.
Jun 2, 2021 | DDHH, Novedades
En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.
Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.
En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos.
La pandemia expuso una realidad que viene de larga data: la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.
La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.
Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.
¿Distanciamiento social?
La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.
Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2 conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma.
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.
Desatención médica
La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga.
Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.
En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.
En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Oct 16, 2019 | DDHH, Géneros, Novedades
Yrene Chicoma, integrante de la Coope Esquina Libertad.
“No estamos todas, faltan las presas”, declara firmemente Sofía Campos, “liberada”, que estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria N°8 en Los Hornos, La Plata. Es la primera vez que participa de un Encuentro Nacional de Mujeres. “Yo quería venir al taller que habla de cárcel, porque la viví desde adentro”, comenta refiriéndose al taller “Mujeres, disidencias, cárcel y sistema penitenciario”, uno de los más de 80 espacios que formaron parte de la agenda del evento. Sofía comenta que en un principio se dedicó a escuchar los testimonios, hasta que alguien hizo foco en la falta de historias en primera persona: “Una mujer preguntó: ¿dónde están las liberadas, dónde están sus voces?”. Recién en ese momento se animó a contar su historia. “Hoy sentí que soy una representante de esas voces del encierro”, afirma.
Sofía viene acompañada por su hija menor, aún adolescente, de quien estuvo separada los tres años y seis meses que estuvo presa. “Sentí que la abandoné. Ese sufrimiento está presente en cada momento. Es una tristeza que una tiene como madre porque dejás a tus hijas y sentís que les estas haciendo un daño”. Contó que en la cárcel las condiciones de vida son pésimas, y que eso incluye a todo el sistema: desde la falta de políticas de higiene y salud, hasta el recorte de los momentos y espacios de recreación, el hacinamiento en las habitaciones, las requisas sorpresivas y la violencia policial. Al respecto, denunció: “Ellos quieren sembrar la discordia entre nosotras y hacernos pelear para que nos desunamos”. En contraste, describió varias situaciones en las que se manifestaron los lazos de solidaridad entre las presas, lo que destaca como un valor de gran importancia. “Cuando llegué a la cárcel una compañera me contuvo, me ofreció un té: yo tenía un ataque de pánico, ella me dio una mano. Una vez que me calmé, me dijo: ‘A la próxima que entre, la recibís vos’”, narra entre mate y mate. Si bien no extraña la cárcel, admite que se sigue refiriendo a las que quedaron dentro como sus compañeras: “No me lo puedo sacar”.
Campos relata que lo más duro fue la reinserción en la sociedad. “Es contradictorio, lo que más deseas cuando estás encerrada es estar libre, y cuando llegó ese momento no podía salir de mi casa porque me agarraba taquicardia, mareos, ansiedad”. Pudo reponerse con la ayuda del Patronato de Liberadas, una institución que le brinda una ayuda económica a aquellas mujeres que acaban de salir de la cárcel. Luego de algunas idas y vueltas, pudo recuperar su trabajo como enfermera. Confesó que tuvo miedo de que no la aceptaran tras su experiencia: “Hoy está dura la mano para conseguir trabajo, pero más para los que somos liberados, que tenemos el estigma de haber estado presos”.
En la misma línea, Yrene Chicoma también contó su historia en uno de los talleres. Es peruana, tiene 58 años y estuvo presa cuatro años en el penal de Ezeiza. “Estuve muy deprimida porque perdí dos trabajos por tener antecedentes”, explica al referirse a la doble pena que sufren las personas que habitaron las cárceles: la judicial por el delito por el que se las juzga, y la moral, una vez afuera, por la sociedad. Al respecto, sostuvo: “El Estado dice que está en contra del aborto, pero nos aborta a nosotras cuando salimos de esa suciedad carcelaria, de ese punitivismo, cuando estamos afuera. Yo me sentí así, tirada”.
En la cárcel comenzó las carreras de Sociología y Letras gracias a la extensión universitaria de la UBA, formación que aún hoy continúa. Igualmente, la falta de trabajo le dificulta seguir con la cursada y al respecto comenta: “Yo quiero ganarme la vida, y poder sentarme a leer y estudiar para los parciales”. Confiesa que muchas veces debe conformarse con condiciones de precariedad laboral porque su situación es delicada. No denuncia la discriminación que ha sufrido porque le llevaría mucho tiempo y siente que “no puede darse ese lujo”. También juega un papel importante el temor: “La verdad se tapa porque tenemos miedo de que nos sigan castigando”. Del mismo modo, comenta: “Voy aceptando un montón de latigazos sociales que en mi cuerpo se articulan como cordones, pero eso no me deja caer porque tengo mucha esperanza y mucha fe que al hacer conocida mi situación me ayude para seguir estudiando”.
Yrene forma parte de la Coope Esquina Libertad, un espacio dedicado a facilitar la reinserción en sociedad mediante diferentes capacitaciones, en donde aprendió a encuadernar y adquirió herramientas que le permiten ganarse la vida. Estando presa, comenta, participó de talleres de escritura: “Empecé a escribir cuando estaba adentro, en el papel del paquete de harina”. Este mes se lanzó “Expresa mostra”, un fanzine que recopila diferentes escritos de mujeres que se nuclean en la cooperativa, donde pudo publicar una de sus poesías. En cuanto al Encuentro, comenta que el taller le dio fe y que espera que a partir de él se dé a conocer la problemática. “Necesitamos que se sepa todo lo que pasa adentro (de las cárceles) y también lo que pasa afuera cuando salimos”, agregó.
En el aula 7 de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP resonó el testimonio de Viviana Aguirre, mujer de 44 años que estuvo cinco meses detenida en una cárcel de Rosario. Relató un episodio de abuso y violencia policial que vivió estando dentro del penal. “Pero lo más duro lo estoy viviendo ahora, por la discriminación. Estoy luchando para que me den un trabajo para poder alimentarme. Salí sin trabajo, y sin la lucha que tenía la gente ahí adentro”. Además, denunció la desigualdad de condiciones entre varones y mujeres dentro de la institución carcelaria: “El Estado solo le da trabajo a los hombres. A nosotras nos discriminan, para ellos van los oficios y los salarios” y reclamó que “las mujeres necesitan más ayuda ahí adentro, que se les de un laburo y un sueldo digno”. También estaba Gloria, la hermana de Viviana, que fue quien la convenció de que asistiera al Encuentro. “Yo quise que viniera para que dé a conocer su historia”, admitió, “se debe remarcar también el maltrato que recibe la familia. Es horrible, como si nosotros también tuviéramos la culpa de que ella estuviera ahí”. La mujer denuncia que nunca recibió ayuda estatal. “Tenía que mandarle plata a mi sobrina y que ella viajara a Rosario para que Viviana pudiera comprar comida ahí adentro. Yo sabía que la estaban alimentando muy mal y sufrí mucho. Fueron cinco meses así”, explicó entre lágrimas.
Rocio «Roli» Lisa detalló el derrotero que significa ir a visitar a un ser querido a la prisión.
También estuvo presente Roli, una estudiante de Trabajo Social cuyo novio está detenido en Varela. Ella vive en carne propia estas negligencias: “Son un montón las violencias que nosotras sufrimos por parte del sistema penitenciario y también por parte de la justicia. Nos maltratan cuando vamos a preguntar en qué estado está la causa, cuando vamos a pedir que se respete algún derecho. Somos muy maltratadas por ser familiares de presos”. Rocío detalló el derrotero que significa ir al penal a visitar a un ser querido que está en prisión: las requisas, los viajes, las horas de espera, la plata que se gasta. “Son al menos 3.000 pesos por fin de semana”. Sus palabras resonaron con las de las otras compañeras detenidas : “Lo que espero de este Encuentro es que podamos visibilizar esta problemática porque somos muchas. Hay un montón de mujeres que hoy acá no están porque es muy probable que estén viajando a ver a sus familiares presos” y agregó: “Necesitamos que pidan justicia por nosotras”. La joven no olvidó a las mujeres que están privadas de su libertad: “El feminismo tiene que escucharlas, llevar su voz”.
Roli no era la única mujer allí con un familiar detenido. Ailén, otra integrante de Esquina Libertad, afirmó: “Somos las organizaciones las que proponemos lugares de trabajo. Ni el Estado sabe que hacer. Muchas veces nos preguntan a nosotros porque no tienen la menor idea”. Según ella, es necesario pensar estrategias desde la horizontalidad para combatir “la avanzada del punitivismo”, remarcando que “la cárcel no sirve para nada”. En esa misma línea, enunció: “Un paso más que le avancemos al punitivismo, es un paso más para crear una situación un poco más amena para las personas en situación de encierro”. Respecto al Encuentro, destacó que espera que pueda ponerse la problemática en la agenda y manifestó: “El feminismo está lejos de las cárceles y las cárceles lejos del feminismo”.
En las cuatro aulas en las que se realizó el taller de “Mujeres, disidencias, cárcel y sistema penitenciario” se debatieron distintos ejes, que incluyeron la situación habitacional de las mujeres y disidencias presas, la violencias que sufren allí dentro, las condiciones desiguales que hay para mujeres y varones privados de su libertad. También manifestó la situación de las personas trans en la cárcel: muchas veces deben elegir el pabellón de un género que no es el autopercibido porque corre peligro su integridad física.
La gran mayoría de las participantes eran mujeres profesionales de distintos ámbitos: abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que aportaron desde sus disciplinas su perspectiva sobre la temática. Muchas aprovecharon el espacio para denunciar las condiciones “paupérrimas” en las que viven las personas privadas de su libertad. Se comentó que la principal causa por la que están allí dentro las mujeres pobres es por narcomenudeo, delito que refiere a la venta de drogas. También, se hizo presente otra realidad: muchas están ahí por defenderse de un posible femicidio en manos de sus maridos violentos.
Otra de las problemáticas que más surgió fue la discriminatoria división de los talleres y espacios educativos dentro de las cárceles: los hombres suelen tener la posibilidad de aprender oficios con mayor salida laboral (como carpintería, electricidad o mecánica), mientras en el pabellón de mujeres solo se ofrecen manualidades, como hacer bijouterie.
Además de Cooperativa Esquina Libertad, también participaron otras organizaciones, como Atrapamuros, que milita hace diez años en distintas cárceles de la región de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires y que busca tener una intervención educativa desde la perspectiva política de la educación popular. Ellas estaban de acuerdo con que la condena no siempre termina cuando salen en libertad: destacan que afuera también hay muchas dificultades. Además, estuvo presente Yo No Fui una asociación civil sin fines de lucro que busca dar contención y herramientas tanto a las mujeres que están en situación penitenciaria como a las que recuperan su libertad.
Ago 29, 2018 | Comunidad, Novedades
Encuentro de la agrupación Yo No Fui.
Ya es miércoles y aunque todavía es temprano, el solcito que llega desde afuera calienta al frío comedor en esta casa de habitaciones gigantes del barrio porteño de Flores.
Hoy hay taller de periodismo y todas las mujeres, sentadas alrededor de la mesa, escriben acerca de su identidad, de la libertad, de como todas comparten la experiencia de haber estado privadas de su independencia, en un penal o bajo arresto domiciliario.
Pasan juntas los lunes, los martes y los días que como hoy se sientan a redactar, esos días en los que la organización social Yo No Fui brinda talleres de serigrafía, poesía, escritura, talleres de producción en oficios que buscan según María Medrano, la que dio el puntapié inicial, «sortear esa dificultad que surge en las pibas una vez que están afuera: la de no tener un mango para parar la olla».
Para María, que ahora va y viene, llevando mate y bizcochitos, todo surgió cuando, trabajando en Tribunales, allá por el 2002, conoció a una bielorrusa que cayó detenida. Durante el tiempo que ella pasó en el penal, siguieron viéndose y estando en contacto.
Yo No Fui brinda talleres de serigrafía, poesía, escritura y de producción.
Fue a partir de todo esto que María empezó a preguntarse cosas que no entendía y en ese tiempo escribió un libro de poesía que retrataba los saltos que daba su vida entre los Tribunales y la cárcel.
Y con esto, quizás para unir un poco esas dos partes, arrancó a dar un taller dentro del penal de Ezeiza, donde hasta hacía unos meses solo iba de visita.
Con el tiempo se extendieron a más unidades y a más chicas, a hacer festivales de poesía, a buscar abrir la cárcel… y también a mezclarla con ese ‘afuera’, ese lugar que desde adentro ve tan distante, en esa institución que carga con tantos prejuicios.
“Buscábamos eso, queríamos apertura -retrata María-, que las pibas salgan, que entre gente y que lea, que se junten”. Piensa, toma un mate y pone el énfasis en entender que la necesidad de Yo No Fui es también creer “que las personas que están en la cárcel están adentro de la sociedad, en el lugar que la sociedad eligió para ellas. No es que se fueron, la sociedad es también esto y la cárcel es parte de la sociedad”.
María Medrano, fundadora de la organización.
María mira alrededor, mira a las chicas que todavía escriben: “Por eso no hablamos de reinserción, no nos gusta esa palabra, porque significa que en algún momento estuviste afuera”.
Desde lejos, sentada en la otra punta de la mesa, Marlee mueve la cabeza. Hace tres meses que llegó a la Argentina para estudiar sobre nuestro sistema penitenciario y cómo el género y el racismo encastran ahí adentro, después de haber analizado lo mismo en Australia durante casi un año.
Esta socióloga que vino desde muy lejos, ya bien podría pasar desapercibida entre las calles de Buenos Aires con su pañuelo verde colgado en la mochila y su pelo rapado de costado.
“Hay cosas que voy entendiendo, de a poco”, afirma, con su acento estadounidense, que parecería no poder abandonarla nunca. “No tenía prejuicios, no formé opiniones previas. Pero me intrigaba saber por qué en la Argentina la última dictadura seguía siendo todavía un tema tan recurrente… eso y qué pasaba con los derechos humanos en la cárcel”, dice, la mira a María, y agrega: “Creo lo estoy descubriendo”.
Retomando ese primer impulso, el del inicio del taller de poesía en el penal de Ezeiza, surgió Yo No Fui. Así se llamó, también, el primer libro que editaron. Lo titularon de esta manera porque “es lo primero que se dice, ¿no? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé…”, revela María, hablándole a las chicas, que asienten y se ríen. “Pero después empezamos a hacer una lectura más crítica de eso, aparece todo lo que no había dejado de ser por haber estado presa. Y ahí salieron el «yo no fui silenciada», «yo no fui desmemoriada», «yo no deje de ser persona por haber estado en la cárcel”.
Y para cuando publicaron la revista en el 2014 tuvieron que dar vuelta todo, dejar de hablar por la negativa. Entonces, la nombraron Yo Soy. Y con este proyecto a cuestas, trabajando también desde el taller de periodismo que hoy las une, comenzó el colectivo editorial que ahora lleva todo esto adelante: Tinta Revuelta.
Como parte de un proceso que se expande a medida que pasan los años, la organización ahora funciona de lunes a viernes entre Flores y Palermo, donde está la cooperativa, y en los penales de Ezeiza, en José C. Paz, en La Pampa y en el de José León Suárez también. Se financian con los planes de diferentes ministerios que fueron cambiando con los años y con algún que otro donante individual.
Liliana Cabrera, miembro de la organización que coordina talleres de poesía y de herramientas digitales en distintos penales.
Y María agrega, ahora quieren llegar a las unidades de La Plata. Pero entienden la necesidad de “hacerlo armando una red sólida… porque si empezamos, lo hacemos sabiendo que podemos sostenerlo, si no ni lo intentamos…”.
María hace una pausa y la mira buscando complicidad con Liliana Cabrera. Para ella haber llegado a Yo No Fui fue como “haber encontrado una ventana a mi misma, me dio la posibilidad de poder conocerme más y de poder hablar de temas de los que muchas veces hablar no es fácil”, admite.
Después de pasar ocho años presa en Ezeiza, ahora coordina talleres de poesía y de herramientas digitales en los penales en donde estuvo y en los de José C. Paz.
«Queríamos apertura, que las pibas salgan, que entre gente y que lea, que se junten», dice María Medrano, fundadora del proyecto.
Y agrega que estos años compartidos también le dieron “la posibilidad de ir creando pensamiento crítico a partir de profundizar esos temas y no solo por la situación de detención, sino también el afuera, el discutir cada tópico que nos atraviesa como sociedad”.
Y ya terminando con las escrituras, reflexionando sobre eso que las une y sobre lo que vivieron, sobre lo que son y lo que entienden, empiezan a percibir en voz alta, que la libertad es un cúmulo de cosas que va más allá de estar encerrada detrás de una reja. Para ellas es tener un proyecto y poder realizarlo, tener las herramientas y el acompañamiento, porque “muchas veces la libertad es mucho más que salir en libertad, vos podes salir y sentirte presa en muchas otras cosas y estar afuera, con toda una vida sin haber pasado por la cárcel y estar condenada en un montón de situaciones”, dice Lili tomando un mate. Y sigue: “La libertad, para mí, es tener la posibilidad de enfrentar todo lo que te atraviesa con cierta autonomía de cualquier dependencia y a su vez teniendo el acompañamiento de lo colectivo. Porque la salida es colectiva y la libertad también, una no puede ser feliz o estar contenta en medio de un montón de personas que no lo están”.
