Mar 8, 2016 | inicio
“Autogestionada”, “Independiente”, “Del productor al consumidor”. Estos carteles pueden leerse como una invitación para que los transeúntes se animen a entrar en la tienda Prisma, el comercio de ropa manejado por la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, ubicado en Federico Lacroze 4181, un espacio cedido por la Asociación Mutual Sentimiento que se halla pegado a la entrada de la estación del ferrocarril Urquiza, en el barrio porteño de Chacarita.
Allí, en el primer piso de la mutual, funciona el taller. Es un espacio amplio de unos cuarenta metros cuadrados, con luminosos ventanales –importantes para la meticulosa tarea del bordado y el estampado-, máquinas de coser distribuidas a los costados de las blancas paredes, tintas de muchos colores y telas de variados tipos que en poco tiempo se convertirán en blusas, pantalones, vestidos, bolsos y tantas otras prendas más. Un gato blanco remolonea entre unas bolsas, y, esparcidos en el piso, como si fuera una alfombra rala, están los juguetes de los hijos de los trabajadores y trabajadoras que integran la asociación. Una estampa de informalidad familiera y compromiso laboral.
Hombres y Mujeres Libres es un emprendimiento cooperativo dedicado al rubro textil y está conformado por trabajadores que han vivido en contexto de encierro y por familiares de personas que se encuentran detenidas. Esta empresa cooperativa inició sus actividades en junio de 2013, luego de años de haber sido soñada por sus protagonistas, cuando todavía se encontraban privados de su libertad.
Marta Álvarez, una de las artífices del proyecto cooperativo.
Lo que había comenzado como una charla informal entre Claudio Castaño y Marcelo García, amigos en distintas penitenciarías, germinó en un proyecto de vida para no volver a perder nunca más la libertad. En ese sentido, resultó fundamental el acompañamiento de Verónica Peloso, quien visitaba periódicamente a su actual esposo, Claudio. Más tarde se sumarían Marta Álvarez -mamá de una persona detenida y quien transmitió su conocimiento en la confección de prendas-, Diego Areco, y los hermanos Lorenzo y Lucas Monasterio.
Claudio, hoy de 44 años, rememora ese momento: “La idea nació en Marcos Paz (n. del r.: Complejo Penitenciario Federal II de Buenos Aires). Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo. Partimos de la idea de buscar un trabajo con identidad y de encontrar un espacio que sea nuestro”.
Actual secretario de la cooperativa, Claudio conoce en carne propia las dificultades que tienen los liberados para revincularse en la comunidad: “Quienes pasamos por contexto de encierro somos súper estigmatizados y estamos en estado de vulnerabilidad emocional. La sociedad nos pega un cachetazo. Tenemos muchos compañeros que hoy están adentro de las cárceles y que querrían cambiar su modo de vida, pero salen y vuelven a entrar enseguida”, asegura. Claudio está convencido además de que si hubiese un mejor acceso a la educación y mayores posibilidades de trabajo, las penitenciarías no tendrían una sobrepoblación compuesta por individuos de las clases más castigadas.
“Fue todo un aprendizaje, porque veníamos de otra realidad, otra cotidianidad y otra naturalidad”, dice Claudio. Por eso considera de suma importancia la ejecución de políticas de Estado que, “sin clientelismos de ningún tipo”, apuesten por la inclusión del preso a la comunidad. “El Estado debe visibilizar, transmitir y fomentar este tipo de prácticas, que son una buena alternativa para que entre todos incorporemos a las personas que hemos estado en contexto de encierro por diversos motivos”, explica Claudio.
“La idea nació en Marcos Paz . Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo”, explicó Claudio Castaño.
Verónica (44) no ha estado detenida, pero conoce con dolor propio las dificultades que padecen en particular los familiares de aquellos que se encuentran privados de su libertad. “Yo sabía que no quería volver a pasar por una situación parecida a la de la visita. Es muy feo la requisa, el maltrato, la prepotencia de las guardias”. Por esta razón, se propuso ir contra viento y marea con tal de que el proyecto de una cooperativa textil se haga realidad una vez que Claudio recobrara su libertad, “para nunca más volver”. Relata que los comienzos se hicieron cuesta arriba, sobre todo porque tenían pocos elementos para iniciar la actividad, apenas una sublimadora pequeña para realizar los estampados y una vieja máquina de coser que pertenecía a una tía de Claudio. Más tarde tuvieron acceso al Programa Empleo Independiente, otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual les permitió capacitarse y comprar equipamiento e insumos. A ese período ella lo define como “todo un proceso de transición”.
Los miembros de la cooperativa no dejan de agradecer el impulso -y el espacio- que les dio la Mutual Sentimiento, la cual está conformada por ex presos políticos y exiliados de la última dictadura cívico-militar argentina.
Marcelo tiene 49 años y pasó casi la mitad de su vida encerrado. Lo que él define como “el compromiso de militar por el beneficio de los demás y de uno mismo” empezó ni bien tuvo la posibilidad de acceder, junto a su amigo Claudio, al programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires.
“Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, detalla Marcelo García.
Marcelo, asegura, siempre tuvo predisposición para el trabajo: “Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, aclara el participante de No nacimos delincuentes, el ciclo radial de temática asociada a la revinculación social de ex detenidos que se emite por Radio Libre FM 99.3 y que también pertenece a Hombres y Mujeres Libres. “El ciudadano común -sostiene- vive de un trabajo para vivir y mantener a su familia. Nosotros, los presos, no estamos exentos de esa realidad”. Y agrega: “Es fundamental que en los contextos de encierro existan capacitaciones laborales reales, no ficticias como pegar manijas de bolsitas, sino un trabajo genuino en función de las capacidades y potencialidades que tenemos todos”. Y también advierte del compromiso que le debe tocar al resto de la sociedad: “Cuando el preso sale está emocionalmente sensible y rechaza todo aquello que pueda serle útil, y ahí es cuando se hace necesario la existencia de más cooperativas, más apoyo del Estado y de la sociedad en general, que suele estigmatizarnos. Entonces no hay que dejar de trabajar tanto puertas afuera como adentro”.
Los miembros de Hombres y Mujeres Libres realizan periódicamente ferias en las que toman contacto con otras cooperativas y con el público que conoce poco estas asociaciones alternativas. Ellos piensan que la reinserción se hace colectivamente, por eso buscan transmitir la experiencia a todos. Así quienes se encuentran detenidos puedan tener la opción del trabajo asociado y sin patrones. Para, como ellos mismos dicen, dejar atrás lo que fue el encierro, en beneficio del conjunto social.
Ene 22, 2016 | inicio
“¿Qué persona te pide un mazo de cartas para poder jugar al truco en la celda y minutos después se suicida?”, pregunta Graciela Cardozo, madre de Ezequiel Palacios, un joven de 21 años que apareció en 2009 colgado de una sábana atada a un tirante del baño de la única celda que tiene la comisaría segunda de San Martín. El caso de Palacios no es el único. Desde el año 2009, en las cárceles federales hubo 164 muertes violentas, entre las que se cuentan suicidios, asesinatos y accidentes. En las prisiones bonaerenses, entre 2008 y 2014, hubo 897 decesos, de ellos 437 fueron, según la jerga policial, “muertes traumáticas”.
“En su mayoría, las familias de las víctimas no tienen acceso a un abogado. Los propios carcelarios, que por acción o por omisión son responsables de las muertes, entregan el informe oficial de los fallecimientos en las cárceles”, explica Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien además sostiene que los familiares, agotados por el dolor de la muerte, optan en un primer momento por no investigar las causas.
En los informes entregados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal a la Comisión por la Memoria figuran causas de muerte como las riñas. Sin embargo, no hay condenados por cometer esos asesinatos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria reúnen cientos de denuncias que piden que la justicia investigue causas cerradas como suicidios, debido a que sospechan que esa carátula encubre un crimen.
“Mi hijo murió el 12 de febrero de 2009. Cinco días después me entregaron el cuerpo, que enterramos ese mismo día. Veinte días después del crimen, nos entregaron la resolución de la autopsia que decía que fue un suicidio y el dictamen del fiscal que no explicaba por qué mi hijo tenía golpes en los brazos en señal de defensa. Si hubiéramos apelado, para investigar las causas de la muerte tendríamos que haber desenterrado el cuerpo, pero el dolor nos impidió hacer eso”, explicó Cardozo, quien además contó que la causa de Ezequiel Palacios quedó cerrada y que los doce detenidos que estaban junto a su hijo, hacinados en una comisaría no habilitada para alojar presos, no aceptaron a declarar por temor a una represalia.
Los organismos de derechos humanos creen que los decesos en las cárceles son más de los que publica el Servicio Penitenciario Bonaerense. No hay ninguna posibilidad de que la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo no gubernamental con más presencia en los penales, tenga acceso a todos los casos. El gobierno provincial debe informar y, sin embargo, desde la Comisión denuncian que hay cifras negras: muertes que nunca son denunciadas y presos que desparecen de los registros penitenciarios sin ser reclamados.
“En las cárceles federales no pasa lo mismo, porque en el año 2013 se comprometieron a darnos las cifras correctas y, hasta ahora, nunca encontramos muertes que no hayan sido informadas. Lo que si vemos es que muchos casos declarados como suicidios en verdad son homicidios. A veces, además, el aviso de una muerte nos llega cuando ya no hay posibilidad de investigarla”, explica Ramiro Dual, coordinador del equipo de registro de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria.
Entre 2008 y 2014 murieron aproximadamente 768 personas a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países.
129 muertes
En 2014, en las cárceles bonaerenses se registraron 129 muertes, las víctimas fueron 124 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los fallecimientos fue de 36 años y la cantidad de decesos violentos fue de 40: 28 homicidios, 10 suicidios y 2 accidentes.
Entre 2008 y 2014, cada año murieron, en promedio, 128 personas que estaban a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir que durante ese período, por año, fallecieron cuatro presos por cada 1.000 personas detenidas. Si se toman datos oficiales de los servicios penitenciarios de Europa, se observa que esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países. Mientras que en Inglaterra, España y Estados Unidos el índice de mortalidad carcelaria es de dos presos cada mil personas detenidas, en México desciende a uno.
Las cifras alarman aún más si se tiene en cuenta que, como sostuvo Dual, muchas organizaciones denuncian que algunos casos cerrados como suicidios en verdad ocultan un asesinato. Es el caso de Florencia Cuellar, una mujer de 21 años que -según el Servicio Penitenciario Bonaerense- se suicidó en el baño del Complejo Federal 4 de Ezeiza en diciembre del 2012. “Dicen que mi hija se suicidó con el cordón de la zapatilla. Eso es imposible, porque pesaba más de 80 kilos. La autopsia nunca me la dieron, porque me querían hacer firmar el suicidio. Cuando la velamos vimos que ella no tenía marcas en el cuello, pero tenía golpes en todo el cuerpo”, explica el padre de Florencia, Alfredo Cuellar, quien además sostuvo que la causa, a la que pudieron cambiarle la carátula de suicidio a muerte dudosa, está paralizada. “Otras presas vieron como la torturaron y la exhibieron por todas las celdas, pero la Justicia no hace nada”, sostiene Cuellar, que aprieta un papel con bronca.
“De Florencia dijeron que se había ahorcado, porque era depresiva. Nosotros la veíamos venir al taller con entusiasmo, soñar con qué haría cuando saliera de la cárcel, donde no le quedaba mucho tiempo. Luchaba por lo suyo, es imposible que le haya pasado por la cabeza quitarse la vida”, sostiene María Medrano, miembro de Yo No Fui, una ONG que se dedica a llevar talleres de poesía, dibujo y fotografía a la cárcel de mujeres como una forma de resocializar a través del arte.
Agonizar a la sombra
“Mi hijo estuvo preso un mes en el infierno de Olmos. Desde esa vez, tiene problemas en los bronquios. Le caminaron ratas por el cuerpo, había cucarachas en la celda y la comida era poca y algunas veces estaba vencida”, describe Marta Aizcorbe, madre de Matías que estuvo detenido en 2012.
Olmos es la cárcel que más muertes registró en los últimos tres años y casi todas fueron el desenlace de una enfermedad. Los presos consultados describen que hay pocos médicos para la población carcelaria, las personas que necesitan un tratamiento especial, debido a que pueden resultar contagiosas no son aisladas. En 2013 y 2014, las personas que fallecieron en todas las cárceles bonaerenses por problemas de salud fueron 155, de las cuales treinta perdieron la vida en este penal.
José Fleita fue detenido a los 19 años en agosto de 2010 y murió por tuberculosis en septiembre de 2014, en la cárcel 41 de Campana. La enfermedad la contrajo privado de su libertad por el contacto con otros presos, los traslados forzosos y después de recibir varias palizas que le dejaron secuelas mal sanadas. Fleita tenía un teléfono en su celda y le avisó a su madre de la enfermedad por un mensaje de texto que todavía conserva.
El joven agonizó en su celda, junto a sus dos compañeros que lo atendieron y que quedaron expuestos al contagio. Sólo cuando estuvo inconsciente, con su ropa orinada y defecada, fue sacado de la cárcel para ser trasladado a un hospital donde murió. “Este tipo de muertes es definida como no traumática, algo que supone que no se investigue y que no se responsabilice al sistema penal. La cárcel produjo su enfermedad y el abandono de personas hasta su muerte”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe del caso.
El HIV y la tuberculosis, enfermedades que se propagan por contagio, son las principales causas de los decesos en las cárceles bonaerenses. En el penal de mujeres Los Hornos, las presas, como forma de depilarse, utilizaban en 2014 máquinas de afeitar que eran provistas por familiares que les ponían nombre. Los guardias se las entregaban para el uso y luego las retiraban y las guardaban todas juntas en una bolsa de plástico hasta la semana siguiente, cuando se las volvían a dar, siempre y cuando alguna no se hubiera lastimado o cortado porque en ese caso se suspendía la entrega para todo el pabellón. Una de las mujeres muy preocupada refirió: “Acá hay chicas que tienen VIH, ¿qué pasa si a una maquinita se le borra el nombre o si se confunden ellos?”
Las malas condiciones de higiene y la mala comida profundizan los problemas de salud. En las prisiones federales, entre 2009 y 2015, las personas que perdieron la vida por enfermedades fueron 218, la mayoría por HIV y la cárcel con más decesos fue el Complejo Federal de Ezeiza.
“Nosotros –explica Dual- nos damos cuenta que los responsables de las prisiones federales demoran lo más posible en sacar a los presos a un hospital. Casi siempre lo hacen cuando los obliga el sistema judicial, porque la enfermedad es irreversible. En el primer trimestre del año, cuando hay feria judicial, se da la mayor cantidad de muertes en cárceles, debido a que no hay jueces que presionen para que los atiendan”.
El suicidio, una forma de acabar con la tortura
“¿Si una persona sometida a la tortura, mal alimentada, excluida de su familia, se ahorca porque sabe que le quedan muchos años más de sometimiento en la cárcel, eso debe tomarse como un simple suicidio o es una inducción a quitarse la vida?”, pregunta Casamento para abrir el debate. Los registros de las cárceles bonaerenses muestran que en 2014 hubo ocho suicidios, mientras que en las prisiones federales hubo diez en 2015 y fue la principal causa de muerte.
En muchos casos los presos mueren en un accidental método de protesta. “El tema del suicidio es tan complejo que nosotros tuvimos que cambiar el término para contabilizarlo”, sostiene Dual, quien después explica: “Muchas personas privadas de la libertad son excluidas y no atendidas, entonces como forma de protesta dañan su propio cuerpo, incendiando su celda o haciendo un simulacro de ahorcamiento, para intentar que los guardias los atiendan. El problema es que los guardias, en muchos casos, los dejan morir”.
El 13 de noviembre de 2014, Walter Cayumán pidió que lo saquen del pabellón de castigo de la Unidad 15 de Batán. El preso dijo que el trato era injusto y prendió fuego el colchón de su celda. Las llamas lo quemaron y, pese a sus gritos, según consta en la declaración judicial de los testigos, no fue auxiliado hasta que pasó media hora. Cuyumán murió dos días después en un hospital. Por esta causa no hay penitenciarios presos. “Otro intentó prender fuego un colchón ese mismo mes y un joven se colgó, aunque logró sobrevivir”, detalla una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en esa misma unidad de Batán.
Un caso resonante fue la muerte de Mauro Pérez Ugarte, quien tenía 30 años cuando se suicidó en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Había recibido a su madre y estaba de buen humor, hasta que el guardia penitenciario Cristian Gauto le dijo que su hijo había muerto. Pérez Ugarte empezó a gritar y a pedir que lo saquen. Se cortó los brazos y advirtió que iba a quitarse la vida. El penitenciario Leonardo Villafañe -que estaba de guardia en el lugar- se le rió, según los testigos. Gauto se ahorcó en la celda individual, frente a los demás presos que no podían hacer más que gritar y prender fuego para que lo rescaten. Los guardias llegaron una hora más tarde.
El de Pérez Ugarte es el único caso de suicidio de los últimos tres años que tiene penitenciarios detenidos. A Gauto y a Villafañe se los acusa de abandono de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No son investigados por inducir al suicidio.
También niños
En 2014 se registraron dos muertes de niños en cárceles bonaerenses. En ambos casos se denunció la negligencia de las autoridades penitenciarias y la falta de intervención de los médicos. Santino Villalba tenía 21 días de vida cuando murió extrañamente ahogado en la Unidad 33, la cárcel de mujeres de Hornos, el 13 de febrero de 2014. Las pericias indicaron que su madre no tuvo la culpa. Ella también fue sobreseía en la causa judicial por la que estaba encerrada. Tras la pérdida de su hijo, la mujer presenta un cuadro psiquiátrico grave.
En mayo de 2014 murió una niña recién nacida en la Unidad N° 54. Su madre presentaba un embarazo de riesgo y por ello era tratada en la Unidad Nº 33 que, a veces, tenía médicos que realizaban visitas. El problema es que la mujer fue agredida por otras presas y debió ser trasladada a la unidad 54. Tras parir, la beba presentó problemas respiratorios y fue atendida por un médico que le hizo respiración boca a boca. Recién cuatro horas después, la niña fue trasladada a un hospital, donde murió.
“En la cárcel de Los Hornos, que se supone debe estar equipada para alojar madres, no hay guardias pediátricas, ni ginecológicas. Algunas presas son obligadas a parir esposadas y se les niega la prisión domiciliaria, pese a su condición de madres. ¿Por qué los niños deben estar presos si no cometieron ningún delito?”, reflexiona Larisa Zerbino, quien recorre las cárceles de mujeres para relevar denuncias en la Asociación Pensamiento Penal.
¿Pena de muerte?
En la provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos y, al año, en promedio mueren asesinadas 28 de ellos. Si se cruzan los datos, entonces puede decirse que la tasa de homicidios en prisiones bonaerenses es casi de un crimen cada 1000 habitantes.
En las calles de la provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios cada 1.000 habitantes es de 0,0837. Esto quiere decir que una persona encerrada en una cárcel bonaerense, estando las 24 horas bajo estricto control del Estado, en un ambiente donde están prohibidas las armas de todo tipo, donde las personas son requisadas diariamente, tiene quince veces más posibilidades de ser asesinada que una persona en la calle.
Ni las autoridades federales, ni las provinciales atienden consultas sobre fallecimientos. Se escudan en que no tienen permisos para hablar sobre causas de muerte. Los únicos testimonios de los responsables penitenciarios figuran en los expedientes judiciales, en los que –obligados por un juez- sostienen que las muertes por enfermedades se deben a falta de presupuesto y dicen desconocer los casos de torturas denunciados todos los años.
Las organizaciones de derechos humanos alertan que la violencia en la cárcel es un impedimento para la resocialización, además de una flagrante violación de los derechos humanos. Al respecto, Casamento sostiene: “Los discursos de mano dura destruyen la idea de la reinserción y la realidad de las cárceles pone de manifiesto que la prisión existe para castigar, no para impedir que un delito vuelva a pasar. ¿Cómo puede una persona privada de la libertad volver a la sociedad y respetar las leyes, si en la cárcel vio cómo el Estado asesinó presos, dejó morir a los enfermos y torturó a otros?”.
Oct 20, 2015 | inicio
Tres hombres toman mate y ordenan las fotocopias de un texto de Foucault. Diez de la mañana, hora en la que comienzan las clases. El espacio, la biblioteca de la Centro Universitario San Martín (CUSAM). La escena, la Unidad 48 del Penal de José León Suárez.
Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto “Mauro” Aguilera tienen algo en común: están privados de su libertad hace más de diez años. Ellos mismos se autodefinen como una consecuencia de la década de 1990: “Somos los marginados y fuimos etiquetados. Uno siempre fue el negro villero, el delincuente. Nos sentimos excluidos porque eso que te dicen se naturaliza en tu interior. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza”, destaca Diego Tejerina a quien le falta un final y la presentación de su tesis de recibirse de sociólogo en el CUSAM.
En el Penal de José León Suárez, están las unidades 46 y 47 –mixtas- y la 48. Las tres encuentran en el CUSAM un espacio educativo con autonomía universitaria en la que no solo sesenta hombres privados de su libertad estudian Sociología; sino también, otros cien practican y aprenden diferentes talleres y oficios: encuadernación, panadería, edición y radio. Incluso, tienen un programa radial, La Palabra es libertad, en FM Reconquista Radio Mosquito. 89.5, todos los jueves de 14 a 15.
«Somos los marginados y fuimos etiquetados. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza», sostiene Tejerina, estudiante de Sociología del Centro Universitario San Martín.
Separado de los pabellones por una puerta –y de la calle por otras trece–, el CUSAM es un espacio que refleja una de las frases que se encuentran en su fachada: “El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas”.
Uno de los temas centrales a la hora de pensar la educación en el contexto de encierro consiste en observar cuáles son sus consecuencias: genera transformaciones múltiples en la persona. “La educación en el contexto de encierro recupera la dignidad, modifica tu autopercepción. Lo importante es hacer hincapié en autopercibirse diferente, pero no en ser diferente”, afirma Francisco Scarfó, vicepresidente del Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC) y Coordinador de Comisión Universitaria Sobre Educación Pública en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata. Luego agrega: “La educación funciona, por lo tanto, no en una instancia de salvación, sino en el desarrollo de la persona. La fortalece y le brinda una oportunidad social de pensarse diferente”.
«Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”, explica Tejerina.
En este punto, Antonio Sánchez sostiene: “La educación para nosotros es emancipación, nos convierte en actores de nuestra propia realidad, nos permite elegir. Nos permite tener las herramientas para poder influir en nuestras elecciones”. Del mismo modo, y junto a su compañero, Tejerina dice: “Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”.
“Cuando uno escucha la palabra cárcel o preso, lo primero que ve es legajos, causas, números. Sin embargo, lo primero que hay que ver son personas”, sostiene Tejerina.
(Re)Construcción del sujeto
“Negro villero, delincuente, chorro”, así suelen construir a los presos los medios de comunicación y el decir social. “Legajos, causas, números, problemas”, así se ven ellos, los que están privados de su libertad. La educación, dicen, les permitió desnaturalizar y poder comprender su rol dentro de la sociedad. En ningún momento justifican su pasado, se reconocen como “hombres malos” y “resentidos”. Sin embargo, sostienen que nunca les permitieron ser.
“En mi tesis estoy tratando el paralelismo que existe entre la lógica del sistema educativo y la lógica del sistema carcelario”, comienza Tejerina. “No sé a lo que voy a llegar, pero el capital violento está presente en ambos contextos. En el barrio, para existir teníamos armas o drogas. Nosotros existíamos porque violábamos las normas, si no somos invisibles para la sociedad. Existimos como problema, no como ciudadanos. No tenemos los derechos de cualquier ciudadano”, agrega. En este punto, tanto Tejerina como Sánchez afirman que este capital violento es la existencia de ambos espacios. “Cuando uno entra a la cárcel, lo primero que hacen es sacarte la identidad. Con las leyes imperativas de la cárcel, se construye un sujeto que genera mortificación: dolor y más dolor. Uno recibe y responde con la violencia, tanto dentro como fuera de la cárcel. Este capital se mercantilizó en el barrio y terminó siendo útil para reproducir el sistema”, sostiene Sánchez.
Como mencionó Scarfó, lo más importante de la educación dentro del contexto de encierro es su consecuencia. El resultado no está necesariamente vinculado de manera directa con su accionar al salir de la cárcel, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la persona. “Tanto la cárcel como el contexto de donde vienen son entornos de violencia -señala-, de segregación, de olvido, de crueldad. Son sujetos que antes de privarlos de la libertad, los privaron de todos sus otros derechos. En ese entorno se da este espacio de estudio, de empoderamiento”.
La educación les da las herramientas para pensarse diferentes, no ser diferentes. Abrir la diversidad de significaciones que se tienen sobre ellos y no quedarse con aquello que circula en la sociedad y en los medios de comunicación. Esas herramientas les permiten ser aquello que siempre fueron pero que nunca les dejaron ser. “En este momento, todo lo que nosotros pensamos es una idea. Para que se materialice tiene que salir detrás de estos muros. Mientras estemos acá, de este lado, únicamente van a ser una idea”, afirma Tejerina.
El taller de encuadernación del CUSAM.
Desarmar prejuicios
Las palabras de Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto ayudan a desarmar prejuicios. No son causas ni problemas, son sujetos, personas. Antes de estar privados de la libertad, fueron carentes de varios derechos. Como sostiene Tejerina: “¿No es paradójico que yo haya tenido el derecho a la educación dentro de la cárcel?”.
En el mismo sentido, Scarfó reflexiona: “Estos hombres privados de la libertades también son sujetos. Yo me desprejuicié al estar con ellos. Vas viendo que viven ahí la vida que tuvieron. Por eso, necesitan atención y que no se olviden de ellos”.
Lo más valioso es ver cómo ellos mismos a partir de la educación pudieron reconstruirse como sujetos, no porque sean personas diferentes sino porque se ven y se analizan desde otro lugar. Eso les dio la educación y así lo muestra la abundancia de autores desde los cuales se analizaron a lo largo de la charla: Foucault, Goffman, Bourdieu. “A partir de la educación, podemos romper con el prejuicio social. La educación permite la posibilidad de autoconstruirse. Nosotros ahora podemos comprender y caminar el mundo”, concluye Tejerina.
Uno de los murales en el penal de José León Suárez.
Actualización 20/10/2015
Jul 21, 2015 | inicio
Una virgencita de porcelana. Un teléfono de línea. Una ventana. Bebés. El jardín y los juguetes de sus hijos e hijas, que convivían con ellas en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Esas son algunas de las imágenes que eligieron mostrar. Los fotógrafos con cámaras marca Nikon, Canon y Sony, se acercan para retratar las fotografías hechas con cajitas de fósforos. «Cámara fragata» se lee en los epígrafes de las fotos en exposición, haciendo referencia a la tradicional marca de fósforos. «Cámara de madera», dice otro epígrafe.
El sábado 18 de julio se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, la muestra «Iluminaciones», con fotografías con cámaras estenopeicas hechas en la cárcel por mujeres privadas de la libertad. La exposición, que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, fue realizada por la asociación civil y cultural YoNoFui en el marco del taller de fotografía «Luz en la piel», uno de los tantos proyectos que lleva adelante la organización, con apoyo del Haroldo Conti.
La organización YoNoFui surgió en el 2007 durante un taller de poesía en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Desde ese año, realizan una importante cantidad de actividades artísticas y culturales en las cárceles de mujeres. El taller de fotografía comenzó en 2008, mientras que el de fotografía estenopeica empezó en 2009. Allí, las participantes aprendieron a construir sus propias cámaras fotográficas con cámaras hechas de madera o de cajas de fósforos.
Cuando presentaron el libro «Luz en la piel», un compilado de las fotografías tomadas en la cárcel, se acercó Cristina Fraire, coordinadora del área de fotografía del Centro Cultural Haroldo Conti, para proponerles un proyecto en conjunto. Entre 2013 y comienzos del 2014, el equipo de fotografía del Conti estuvo acompañando y apoyando a las mujeres de YoNoFui. «Colaboramos teniendo la idea de siempre apoyar aquellos emprendimientos que tienden a mostrar lo que trata de ser invisibilizado», explica Fraire.
En ese sentido, una de las ideas principales era hacer fotografías que retraten el día a día de la cárcel. Pero eso era imposible por las restricciones de las propias normas de estos complejos. Según relata Fraire, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, tuvo que presentar notas en el servicio penitenciario para que se habilitaran las entradas a otros ámbitos del penal para hacer las fotos que hoy pueden apreciarse en la muestra.
«Gracias a que el Conti se sumó al proyecto, pudimos entrar en otras partes del penal donde no teníamos acceso», explicó Alejandra Marín, la coordinadora del taller de fotos de YoNoFui, durante la presentación de la muestra. «Trabajábamos siempre en un patio muy reducido del área de educación y lo que empezamos a retratar fue la vida cotidiana de las chicas en distintos espacios. Pudimos ingresar a los pabellones, al área de trabajo, al jardín de infantes», añade Marín.
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui, participó del taller de fotografía desde el año 2008. «Fue impresionante para nosotras ver que se podían hacer fotos desde una caja de fósforos, nos parecía lo más elemental para poder hacer arte».
Una cámara estenopeica exhibida en la Muestra «Iluminaciones»
En la presentación, Cabrera se emocionó al expresar que «lo que yo soy hoy, ahora, se lo debo al taller de poesía y de fotografía. Es muy importante en los contextos de encierro poder contar con estos espacios de libertad que si no estuvieran, quién sabe dónde hubiéramos terminado muchas de nosotras».
Ana Fernández, quien estuvo detenida 7 meses en la unidad 31 junto con su bebé, que en ese momento tenía 6 meses, agregó que «el trabajo de YoNoFui abre espacios liberadores para toda la gente detenida. El arte es motivador y ayuda a aquellos que están en situación carcelaria a tener una esperanza».
Marco Bufano, del equipo de fotografía del Centro Cultural, filmó y registró en un corto la experiencia, en diálogo con ANCCOM cuenta que «pudimos entrar a los pabellones, la cocina, algunos patios. Supuestamente no podés filmar cerraduras o rejas. Teníamos una mujer del servicio penitenciario controlando todo el tiempo».
«¿Por qué los reglamentos no permiten generalmente que quienes se alojan en los institutos carcelarios puedan tomar fotografías?», se pregunta Jozami en el texto que abre la muestra. «La fotografía es un modo de apropiación: documenta un momento, una situación, el mismo lugar de encierro. El detenido, de alguna forma, se adueña de lo que registra con su cámara y -bien saben quienes sufren las requisas- a las presas y presos el estatuto del penal no les reconoce, en definitiva, ninguna propiedad».
Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui
Durante la presentación, el director del Centro Cultural manifestó que «la posibilidad de desarrollar actividades sin limitaciones y que ingrese el arte a la cárcel es un elemento fundamental para ayudar a transformar una situación y un régimen carcelario que todavía deja mucho que desear».
«Las políticas de memoria, verdad y justicia, el respeto por los derechos humanos no se refieren solamente a los años ’70. Una de las asignaturas pendientes dentro de este presente argentino que tantas cosas ha cambiado, es precisamente la situación de las cárceles. El arte y la cultura en general tienen un rol fundamental en el proceso de memoria».
Asimismo, María Medrano, fundadora de YoNoFui, señala que «si bien son épocas distintas, hay mucho de la realidad que se vive adentro de una cárcel que permanentemente se actualiza con situaciones como el traslado de los genocidas a la cárcel de mujeres». En entrevista con ANCCOM, Medrano reflexiona que la muestra «Iluminaciones» podría servir para «iluminar» las paredes del espacio «que formó parte de la historia más negra de nuestro país».
Durante el transcurso del taller, hubo un hecho que entrecruzó ambas historias. A principios de 2014, las autoridades tomaron la decisión de trasladar a las mujeres que estaban en la unidad 31 a otro complejo para que en Ezeiza se pudieran alojar hombres detenidos por delitos de lesa humanidad, que se quejaban de las condiciones de salud del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Alejandra Marín, coordinadora del taller de fotos de YoNoFui.
Ese movimiento puso en riesgo la continuidad del taller, Medrano explica que «tuvimos que mudar el taller a la otra unidad, porque la mayoría de las participantes se fueron del taller». Finalmente y a través de la intervención del Centro Cultural, se logró reubicarlo. Actualmente, el taller de fotografía estenopeica funciona en la Unidad IV de Ezeiza.
«Adentro de la cárcel, en este momento tenemos talleres de carpintería, tejido y telar, poesía, fotografía estenopeica, fotografía digital. Afuera tenemos talleres de textil, serigrafía, encuadernación artesanal, diseño de calzado, dibujo y de periodismo, con el que hacemos una revista», enumera Medrano. Los proyectos de YoNoFui son muchos. El nombre de la revista, que ya tiene una segunda edición, es elocuente: «Yo soy».
May 5, 2015 | inicio
“Generalmente toda organización de presos tenía que ver con un motín, con la sangre y el quilombo. Nosotros llegamos a una forma nueva de organizarnos, un día nos dimos cuenta de que estábamos en mesas de diálogo con jefes de la unidad y del Servicio Penitenciario negociando nuestras condiciones de trabajo. Actualmente, llegamos a una situación de casi pleno empleo en el penal de Devoto y todavía queremos que más personas trabajen”, explica Fabián Manrique, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), el “sindicato de los presos”, una verdadera novedad para universo carcelario argentino. El trabajo en la cárcel implica “que, pese a todo, todavía sos sujeto de derechos. Que estas privado de la libertad, porque hiciste algo, pero que todavía sos un ciudadano y que podes por ejemplo ayudar a tu familia y sentir que estás haciendo algo en este tiempo que estas encerrado”, explica Manrique.
SUTPLA está integrado por 12 comisiones y su sede central se ubica en el espacio físico del Centro Universitario de Devoto (CUD) aunque también tiene delegaciones en Ezeiza, Santa Fe y Tierra del Fuego. La sede está en el CUD porque “ahí nació, en el marco de un proceso colectivo de reflexión y proyección de lo que sería un gremio que proteja a los trabajadores en contexto de encierro”, cuenta Jaime Eduardo García Rivera, Secretario de Extranjería del sindicato.Esta secretaría es una novedad de SUTPLA que contempla las condiciones de aquellos “muchos” extranjeros que están en contexto de encierro alejados de sus hogares y sus familias. “Entre otras cosas, conseguimos que se incluya en el menú un plato típico del lugar de donde proviene el extranjero y el acceso a los canales de televisión de su país”, explica Jaime.
Vista de la cárcel de Devoto.
Manrique cuenta que desde la sanción de la nueva ley de trabajo “empezó a venir un abogado al CUD que con 63 estudiantes logró firmar el acta constitutiva del Sindicato en julio de 2012, apoyado por la CTA que conduce Hugo Yasky. Cuando se creó el Sindicato sólo había 630 trabajadores de una población de 1600, actualmente nos acercamos a los 1400: casi pleno empleo”, dice.
En las últimas elecciones la comisión directiva del SUTPLA fue electa para el período 2014/2018 con Roberto Fabián Manrique como Secretario general y Cristian Reyes como secretario adjunto.
Todos los días hábiles, un equipo del sindicato, en el que casi siempre está Fabián, recorre un módulo por día para escuchar a los entre 70 y 80 ocupantes de los cinco pabellones de Devoto y enterarse “si los laburantes tienen trabajo, ante todo, algún reclamo laboral, si están cobrando y si van a poder trabajar”. “La primer defensa que hace el sindicato es el derecho al trabajo, la idea es sacar al laburante el tiempo de tránsito interino para llegar al taller: se ponen muchas trabas para llegar a los talleres. También peleamos para que haya pleno empleo porque eso es lo que más ayuda a la reinserción social. El trabajo dignifica y eso en la cárcel se nota”, subraya.
Un derecho
SUTPLA trabaja como cualquier sindicato ligado a la ley de Asociaciones Sindicales y hace todo con ese basamento legal pero, a diferencia de otros, abarca en sí mismo a todos los rubros de trabajo y es una de las únicas experiencias de asociación sindical en la cárcel.
“Desde el año 2006 y con la ley de trabajo 20.744, el peculio se volvió sueldo. Se implantó que todo trabajador debe tener el Salario Mínimo Vital y Móvil y eso incluye a aquellos en la cárcel”, explica Marique. El trabajo en contexto de encierro se rige por la ley de Ejecución Penal 24.660 que no diferencia las condiciones laborales en la cárcel de las del medio libre. Según aclara García Rivera, trabajar en prisión “es un derecho para el detenido procesado y un derecho/obligación para el detenido condenado. Si el detenido no trabaja, es considerarlo como un muerto civil”.
Según García Rivera, “el trabajo suele ser en talleres internos y externos al cordón de seguridad. Los internos son los talleres de mantenimiento, armado de bolsas, capacitación en mecánica de motos y panadería (la mayoría busca sumarse a este último para poder comer mejor).
Generalmente aquellos con buena conducta y más cercanía a cumplir la condena, suelen estar en los talleres externos al cordón, que incluyen sastrería, carpintería, carpintería metálica, talleres mecánicos, chapa y pintura, detergente y lavandina (que se hace en conjunto con el INTI) y electrotécnica.
Un ejemplo
La Cooperativa Kabrones es un ejemplo de organización laboral que comenzó en contexto de encierro en La Plata, con la ayuda de algunos profesionales de la salud. El emprendimiento trabaja en el rubro textil y da capacitaciones al interior de las cárceles además de realizar sus tareas con gente que ya salió en libertad y busca reinsertarse socialmente. Según Julio César Fuque, presidente de la cooperativa, “nosotros buscamos construir donde antes destruíamos. Dotarnos de herramientas para encarar el afuera porque cuando uno sale lo primero que necesita y le falta es dinero para no volver a caer en la misma.” El emprendimiento se proyectó en un contexto de encierro. Desde 2010 y ya en libertad, Julio y sus compañeros empezaron a buscar insumos para poner en práctica la cooperativa de trabajo. “El laburante que sale del encierro, tiene un sentido del trabajo muy apasionado. Esto se debe a que entiende la importancia de ser trabajador y poder valerte por tus propios medios. Actualmente, vamos a las cárceles para ayudar a más gente a formar cooperativas, ya tenemos más de 400 compañeros recuperados que pudieron reinsertarse socialmente a través del trabajo y 9 cooperativas conformadas en distintos puntos del país”. “El trabajo es la mejor manera de recuperarse y volver a pensar en el futuro”, concluye Julio.
Un taller
Todos los miércoles de 9 a 13, Ana Camarda entra al CUD para dar el “Taller de formación sindical y derechos laborales. Hay decenas de inscriptos pero en total logran asistir unos 15 porque existen muchas trabas burocráticas para el estudio. El taller, que ya transita su tercer año, se armó con la Universidad de Filosofía y letras y “busca apuntalar la formación del sindicato. Poder acompañar el fortalecimiento de los trabajadores para conocer sus obligaciones y defender sus derechos” relata Ana.
Cada semana, los talleristas encuentran un espacio donde discuten su condición de trabajadores porque, más allá del lugar en que se encuentran, “tienen los mismos derechos que cualquier persona al trabajo y a todo derecho humano” reflexiona.
