La Biblioteca Nacional se defiende

La Biblioteca Nacional se defiende

Escritores, intelectuales, gremialistas y trabajadores se reunieron en la explanada de la Biblioteca Nacional para reclamar por la reincorporación de los 120 despedidos y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

“¿En serio esto se soluciona despidiendo a 15 mil o 70 mil trabajadores?”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, el martes 16 de abril en la explanada de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuando trabajadores y personalidades de la cultura se reunieron para exigir la reinciorporación de los 120 trabajadores despedidos de esa institución y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

La existencia de una biblioteca de libre acceso es de carácter imprescindible para el desarrollo social. Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos que se hizo presente en la Biblioteca, contó su propia experiencia: habiéndose criado en una familia de bajos recursos, siempre recurrió a la Biblioteca Nacional para poder acceder a libros escolares. Y sostuvo que si no fuese por la existencia de esta institución, su formación educativa no hubiese podido concretarse.

Señaló que la Biblioteca debe defenderse por la amplia cantidad de archivos que custodia, mediante los cuales permite conocer y conservar la historia nacional, así como también por la diversidad de libros escritos por intelectuales y científicos de todas las corrientes del pensamiento argentino e internacional.

También se hizo presente en este acto la escritora Claudia Piñeiro, quien expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos. “La biblioteca -subrayó- cuida, preserva y difunde el patrimonio bibliográfico y cultural de la argentina”. La autora de La viuda de los jueves agregó que esa tarea no se hace sola, se necesitan trabajadores que lo hagan con seriedad y profesionalismo, y señaló también que este pedido no es únicamente por los trabajadores sino también por el derecho de acceder a nuestra historia porque nos corresponde como ciudadanos. Piñeiro, además,  insistió que todo el material disponible en la biblioteca, siendo de gran valor, cree paradójico que a nuestro gobierno, caracterizado por los cálculos en sí, no pueda medir el valor de los archivos bibliotecarios.

A continuación, tomó la palabra la docente, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. Habló en nombre de todas las Madres y de todos los organismos que defienden los derechos humanos. Expresó un gran lamento ante la situación del país, señalando que casi todos los días se están llevando a cabo distintos actos en repudio de las medidas del presidente. De todas formas, pronunció palabras de aliento, pidiéndole a la gente que nunca abandone las luchas que nos competen como pueblo, porque “la única lucha que se pierde, es la que se abandona”

Para finalizar el acto, Aguiar exclamó que más de la mitad de esta crisis profunda que está atravesando el país “tiene que ver meramente con las medidas económicas que está impulsando este gobierno, no los anteriores, independientemente de la mirada que cada uno pueda tener”. Y agregó: “Pero yo nunca he visto otro camino a recorrer que no sea

la lucha en la calle y ahí nos tenemos que seguir juntando y uniendo. Todos unidos. Tenemos que ser capaces de preguntar ¿Qué hay detrás de los despidos? Con Milei nos damos cuenta que el Estado se fortalece o debilita depende de quién lo mire. Si lo miramos nosotros, están destruyendo el Estado de la gente, están debilitando el Estado de servicio del pueblo.”

Ya una semana antes de los despidos, efectivizados durante el feriado de Semana Santa, circuló una carta firmada por 21.000 intelectuales y personalidades de la cultura advirtiendo del riesgo que significaba el desmantelamiento de la institución cultural más antigua del país, que precede incluso a la conformación del Estado argentino.

Denuncia penal por intimidación policial a trabajadores estatales

Denuncia penal por intimidación policial a trabajadores estatales

ATE Capital realizó la presentación judicial por la presencia policial en asambleas y acciones dentro de dependencias oficiales durante los días de los despidos masivos.

La Asociación de Trabajadores del Estado Capital (ATE Capital) realizó esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer la presentación de una denuncia penal por la presencia de personal policial armado en las asambleas de trabajadores durante las jornadas de despidos de la semana pasada. “Es muy difícil llevar adelante la tarea de la organización sindical si los trabajadores y trabajadoras además de perder su puesto de trabajo tienen temor a poder manifestarse porque lo que hay por delante es un aparato represivo brutal que utiliza el gobierno para tratar de apaciguar el reclamo”, comentó durante la conferencia Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

Desde el equipo jurídico de la organización gremial comentaron que el objeto de la denuncia es “ir contra las autoridades por incursionar en el delito del Artículo 248 del Código Penal que es el de abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, destacaron que “la policía entró a los organismos, realizó tareas de inteligencia, sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando” y que eso está “absolutamente vedado por ley”.

La jornada contó con la presencia de representantes de distintos organismos sindicales y organismos de derechos humanos. Entre otros, estuvo Carmen Arias -en representación de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo-, quien fue recibida con los aplausos luego de sus palabras: “Quieren sembrar el miedo para que no nos podamos defender, lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, salir a la calle las veces que haga falta y demostrar que el pueblo es el que tiene el poder. Siempre hay que recordar la frase de Hebe de Bonafini: ‘La única lucha que se pierde es la que se abandona’”. Al finaliza,r sus palabras recibió un cálido abrazo de Catalano quien se encontraba sentado junto ella en el escenario.

“La policía entró a los organismos, realizó tareas de inteligencia, sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando”, denunció Catalano.

En representación de la agrupación H.I.J.O. S Capital estuvo Charly Pisoni, quien comparó los hechos denunciados por ATE Capital con los mismos que ocurrieron durante la última dictadura cívico militar: “Nosotros creemos que este gobierno y este plan económico es el mismo por el cual desaparecieron a nuestros viejos”. Pisoni también recordó el desfinanciamiento del Centro Universitario Regional – Ex Esma: “Este desfinanciamiento lo decidieron por un motivo, dijo el secretario de Políticas Universitarias: se realizó porque somos un centro de adoctrinamiento ideológico”. Pisoni concluyó con un mensaje final que emocionó a todos los presentes: “Nosotros queremos decirle al Gobierno nacional que si somos un lugar que lucha para que no haya más dictadura en Argentina y Latinoamérica, entonces, sí somos un centro de adoctrinamiento ideológico”.

Uno de los temas que se mencionaron durante la conferencia fue la realización de un paro general por parte de la Central General de Trabajo (CGT), respecto a esto Catalano mencionó en dialogo con ANCCOM que “la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma ya mandaron a sus secretarios generales para que articulen el paro con la CGT, lo que está faltando ahora es que la CGT pueda convocar al paro”. Además, destacó la presencia de Paco Manrique, Diputado Nacional y titular de SMATA, y de Sergio Palazzo Diputado Nacional y líder de la Bancaria, porque “es parte de esa articulación que tenemos que profundizar”.

Además de la presentación de la denuncia penal, Catalano mencionó las otras acciones que realizan por parte del sindicando: “Mañana miércoles va a haber asambleas con cortes intermitentes de las calles donde están los organismos del Estado, el jueves se va a hacer una actividad en Plaza de Mayo interviniendo con los nombres de los despedidos sobre las rejas de la Casa de Gobierno. Día a día vamos generando distintos hechos sindicales que posibilitan que se abra la mesa de negociación”.

 La secretaria general de UTE, Monona Gutiérrez, también estuvo presente en apoyo a ATE Capital y opinó, en dialogo con ANCCOM, respecto a la convocatoria de un paro general por parte de la CGT: “Seguimos trabajando de manera orgánica, junto a las organizaciones sociales, junto al movimiento obrero para volver a confluir en un gran paro general donde estaremos marchando, poniéndole voz, poniéndole alegría, y poniéndole fuerza para que esto, entre todos y todas, pueda ser mejor”.

Entre los presentes, también estuvieron la legisladora Victoria Montenegro; Claudio Marín secretario general de Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA); Eduardo López secretario General Adjunto de CTA-CABA por UTE-CTERA; Mariano Denegris de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); María Elena Naddeo vicepresidenta de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Diego Morales director litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni dio a conocer que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto con reformas para dos artículos de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de “penar el adoctrinamiento en las escuelas”. Con relación a este tema, Gutierrez recordó que “obviamente fue en el marco del 24 de marzo”. Gutiérrez recalcó que este “es el modus operandi que tiene este Gobierno nacional, de todo el tiempo provocar y adoctrinar” y finalizó comentando que “si uno habla de adoctrinamiento que miren el video de Milei cuando le habla a esos pibes y a esas pibas, pienso que más adoctrinamiento que ese no puede haber”.

La conferencia finalizó con el agradecimiento de Catalano por acompañar las medidas del sindicato, mientras que los espectadores compañeros aplaudían al coro de “unidad de los trabajadores”.

Despedidos y organizados

Despedidos y organizados

En casi todos los organismos públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un ingreso masivo de los 11.000 empleados cesanteados durante el fin de semana largo. Patricia Bullrich montó desproporcionados operativos con policías federales, gendarmes y prefectos para tratar de impedirlo. El viernes habrá paro de la administración pública.

Desde la 9, en Alem 650, la sede central de la secretaría de Trabajo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se preparaba para una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a ministerios y dependencias oficiales donde el gobierno de Javier Milei despidió, hasta el momento, a 11.000 trabajadores.

Bajo la lluvia y entre decenas de trabajadores que se enteraron que fueron despedidos durante el fin de semana largo o cuando intentaron ingresar a su lugar de trabajo, el gobierno nacional montó un operativo con policías y gendarmes para impedir el ingreso de los empleados cesanteados a los distintos organismos públicos. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: “No hay plata para comprar comida o para comprar remedios en la Argentina, para lo que hay plata es para reprimir. Es absolutamente desproporcionado el operativo policial que se ha montado”, expresó en diálogo con ANCCOM.

Dada la cantidad de trabajadores que exigían entrar a sus puestos de trabajo, en algunos lugares, como la secretaría de Trabajo, se permitió su ingreso escalonado de a 15 personas y presentando su DNI para ser anotados. “Logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, pero hoy no termina nada para nosotros, acá empieza todo. A la tarde tendremos un plenario con más de mil delegados y delegadas de todo el país para resolver qué medidas tomar, incluído un paro general. Yo estimo, para antes de que termine esta semana”, remarcó por la mañana Aguiar frente a la sede de Alem 650. Por la tarde, ATE confirmaba un paro general de trabajadores del Estado para el próximo viernes.

El lado B de los despidos

Desde ATE denuncian que el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien reemplazó a Omar Yasín, es trabajador del Grupo Techint y que hay intereses económicos y políticos que intervienen en su nombramiento. “El gobierno ha decidido tercerizar el ajuste, que la motosierra ahora la maneje Techint. Vamos a dar pelea hasta que le saquemos la motosierra de la mano”, afirmó el titular de ATE Nacional.

En diálogo con este medio, Sebastián Scarano, delegado general adjunto de ATE Trabajo, denunció: “Desguazar el exMinisterio de Trabajo es el primer paso para terminar con los derechos de los trabajadores. Le entregaron el ministerio a Techint y están despidiendo trabajadores. ¿Qué va a pasar cuando vengan al ministerio a discutir esos despidos? Los va a estar esperando el mismo Techint. Eso es lo que quieren hacer no solo para los estatales, sino para todos los trabajadores”. Y agregó: “Quieren instalar un régimen de terror renovando los contratos cada tres meses, para que renunciemos a reclamar por nuestros derechos, por miedo a perder el trabajo. La respuesta es esto, más organización y más protesta”.

“Es el grupo empresario Techint que viene justamente a hacerse cargo de esta cartera porque quiere colaborar a pinchar las paritarias y quiere hacer mierda los derechos que los laburantes supimos conseguir con décadas de lucha. Quieren borrarlo de un plumazo en dos meses”, afirmó Daniela Frencia, delegada general de la Junta Interna de ATE Trabajo.

En cuanto a los criterios para los despidos, denuncian que hay tres líneas principales. “La primera, es político-ideológica: barrer con todo el cupo laboral travesti trans. Entendemos que hay un ataque del gobierno nacional a este sector en particular. La segunda, es una cantidad enorme de despidos a trabajadores próximos a jubilarse, que les quedaban unos meses de aportes o estaban cerca de la edad jubilatoria, comprometiendo seriamente sus últimos años de aportes. Y por último, la mayor cantidad de despidos se dio en áreas que a este gobierno no le interesa seguir sosteniendo, como áreas de protección e igualdad laboral, áreas de negociación colectiva, entre muchas otras”, comentó Frencia. “No hubo un criterio técnico de revisar la eficiencia o si los compañeros cumplían o no sus tareas”, concluyó la delegada.

Continúa el plan de lucha

En el cierre de la asamblea en la sede de Alem 650, se acordó declarar a los empleados en estado de “asamblea permanente”, realizar un relevamiento de los datos de los despedidos y establecer una comisión especial con ellos.

“Llamamos a la más amplia solidaridad de laburantes, de organizaciones gremiales, centrales sindicales, para que abracen este conflicto y nos acompañen a dar esta pelea. Sabemos que lo que tenemos enfrente es un monstruo enorme”, pidió Daniela Frencia.

Además de ajustarlo, al INCAA lo reprimen

Además de ajustarlo, al INCAA lo reprimen

Mientras un grupo de actores, directores, gremialistas y otros integrantes de la industria cinematográfica realizaba una conferencia de prensa frente al amenazado Cine Gaumont, la Policía de la Ciudad comenzó una inexplicable represión e impidió que el acto llegara a su fin. Hubo cuatro detenidos.

El jueves 14 de marzo, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el INCAA y el colectivo Unidxs por la Cultura convocaron una conferencia de prensa y una movilización frente al Cine Gaumont, en defensa del cine nacional contra el desguace del INCAA por parte del gobierno y sus planes de vender la sala cinematográfica. Sin embargo, lo que se trataba de una manifestación totalmente pacífica se convirtió en otro ejemplo de la  represión de la policía de la ciudad cuando sus miembros comenzaron a tirar gas pimienta y atacar a los manifestantes. Estuvieron presentes trabajadores de los diferentes rubros de la industria cinematográfica, actores reconocidos, diputados de distintos bloques, estudiantes de cine y representantes de sindicatos y organizaciones sociales. Cuatro manifestantes resultaron detenidos.

Las nubes tapaban el cielo cerca de las cinco de la tarde mientras sonaban bombos en las cercanías del histórico Cine Gaumont. Frente a sus puertas, lista para la conferencia de prensa, había una mesa con micrófonos flanqueada por parlantes donde delegados del ATE terminaban de confeccionar la nómina de oradores. Unos minutos más tarde, los delegados Nicolás Leonardo Vetromile e Ingrid Urrutia dieron comienzo a la conferencia de prensa a través de la lectura de un documento redactado por el gremio estatal, en el cual se expresa que el cine argentino “presenta una vasta riqueza que abarca películas de género, industriales, experimentales, documentales y de ficción. Todo esto es lo que se quiere destruir para reducir a la Argentina a una locación barata para Hollywood” y que “no tienen justificación para entregar nuestra industria audiovisual a productores de plataformas internacionales que solo realizan películas consumibles que terminan vulnerando nuestra identidad y soberanía imponiendo lógicas ajenas a la producción nacional”.

Horas más tarde, en diálogo con ANCCOM, Urrutia habló sobre la conferencia: “Tuvo el objetivo, creo que exitosamente cumplido, de poner de relieve que el Gobierno está queriendo arrebatar lo que es un orgullo nacional: el cine en nuestro país. Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo, la continuidad de todos nuestros compañeros y también repudiando el recorte que está llevando adelante Milei sobre la cultura”. Y agregó que el Gobierno “tiene el objetivo político y un objetivo económico de atacar a la cultura, porque es un lugar de resistencia, y atacarla en términos económicos para entregársela en bandeja a las corporaciones y le vamos a decir que no. Vamos a resistir y vamos a enfrentarlo”.

El primer orador fue el actor Victor Laplace, quien dijo que cree “que nosotros no vamos a sobrevivir por románticos, ni por estadistas, sino por la capacidad que tengamos de resistir”. Lo siguió el director de fotografía Felix “Chango” Monti, quien expresó que “no pueden sacarnos, no pueden ahogarnos, no pueden sustituirnos, porque siempre volvemos a crecer”. Después, el actor Norberto Gonzalo dijo que la Ley de Cine es “producto del trabajo de sus propios trabajadores, de modo que esas mismas herramientas que los propios laburantes de la cultura hemos creado, no vamos a permitir que sean derogadas”. El Secretario General del ATE Capital, Daniel Catalano, expresó que desde el sindicalismo tratan “de construir un gran paro general y un plan de lucha” pero que esta situación no la resolverán solamente con un paro. El cineasta Nemesio Juárez habló sobre su participación en la Ley de Cine y expresó que esta “significó la supervivencia del cine argentino” y que “ninguna expresión es como el cine para para trasladar a las pantallas nuestra fisionomía de argentinos, nuestra cultura, nuestra historia, quiénes somos, cómo vivimos, qué paisajes tenemos, por eso el cine hoy es uno de los principales objetivos a destruir”.

 También tomaron la palabra algunos de los legisladores presentes. Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y Trabajadores, expresó que “el pueblo argentino está acostumbrado a batallas culturales” y que “esta batalla la vamos a ganar porque nosotros creemos en el colectivo.”. Por su parte, el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano se refirió al asesinato de Mariano Ferreyra: “En este cine mis compañeros del Ojo Obrero hicieron una película, que era Quien Mató a Mariano. Fue financiada con fondos del INCAA y acá se pasó por primera vez”.

La actriz Mirta Israel, quien representaba a Unidxs por la Cultura, expresó que el colectivo se siente parte de la lucha de los trabajadores del INCAA. Luego, Samanta Bianucci, representante de Cine Argentino Unido, expresó que los despidos en el INCAA no resuelven la pobreza, sino que “generan más hambre, más bronca,, más angustia, y así no se sale adelante”. La siguió Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina (DOCA): “Las películas documentales no pueden medirse en términos de capitalismo. Porque las películas documentales se ven, muchas veces, en espacios que no cobran entrada. Muchas veces se ven en escuelas, se ven en centros de jubilados y pensionados, se ven en unidades básicas. Y cuando viene esta gente y quiere atacar a la cultura, lo que quieren atacar es nuestra soberanía, es nuestro relato”.

Entre los últimos oradores estuvieron la militante y abogada Nina Brugo, quien expresó “un pueblo, sin cultura, no es un pueblo”, y la periodista Gabriela Radice, quién dijo que “el cine argentino es un tesoro apreciado, aplaudido en el mundo a lo largo de los años”, destacó a directores de viejas y nuevas generaciones y dijo que “a todo el mundo le está dando vergüenza estemos viviendo esto en la cultura argentina”. La última en hablar fue Catalina Yani, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), quien comenzó a leer una carta al titular del INCAA Carlos Pirovano de parte de su centro. Sin embargo, el discurso de Yani fue interrumpido por el comienzo de la represión.

Aunque la conferencia estaba a punto de finalizar, la Policía de la Ciudad comenzó a agredir a los manifestantes y, poco después, rociaron a la pacífica movilización con gas pimienta. Algunas personas se protegieron ingresando al Gaumont, mientras que otras debieron cubrirse la boca y nariz con pañuelos o ropa y huir hacia las calles Rodríguez Peña o Montevideo. Lejos de retirarse una vez que los manifestantes se dispersaron o permanecieron en las veredas y la Plaza del Congreso, la policía repitió el uso de gas pimienta e hirió físicamente a manifestantes y periodistas. De esta forma, se impidió que una tarde de pacífica defensa a la cultura tenga un final calmo en el que nadie hubiese resultado herido.

Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Autoconvocados de San Martin de los Andes, Junin de los Andes, Zapala y Piedra del Aguila.

Tras dos meses de protestas, los trabajadores de salud de Neuquén consiguieron esta semana un aumento escalonado hasta fin de año que llegará al 53%. El nuevo acuerdo reemplaza al anterior, pactado en las paritarias de febrero, cuando la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmó por un 15% de incremento hasta julio. Esa cifra había sido rechazada por el conjunto de los estatales y los trabajadores de la primera línea contra la pandemia alzaron la voz con distintas medidas de fuerza que incluyeron numerosos cortes de ruta en la denominada Ruta del Petróleo.

ATE Neuquén informó que el martes 27 de abril aceptó la oferta salarial enviada por el gobierno provincial el día anterior en el marco del conflicto con el sector de salud que trascendió las fronteras mediáticas de la provincia. El Secretario General de la seccional neuquina de ese sindicato, Carlos Quintriqueo, aseguró a este medio que “en cada seccional se hicieron las asambleas generales y en la Confluencia, donde está el Consejo Directivo (provincial), se hizo la asamblea general de más de 1.600 compañeros de todos los sectores”. Sin embargo, desde el sector de Autoconvocados rechazaron la propuesta y denunciaron maniobras fraudulentas en la asamblea en cuestión.

Desde la zona norte de la provincia enviaron un comunicado de prensa en el que expusieron la situación: “Denunciamos públicamente maniobras fraudulentas y para nada transparentes en la metodología de la conducción gremial de aceptar una recomposición salarial para los trabajadores estatales ya que según se ha podido comprobar en videos que circulan públicamente no se ve reflejada la opinión de seccional ATE Chos Malal con su voto negativo (personal de Salud, EPAS, EPEN, Manejo del Fuego, Delegación de Trabajo, Auxiliares de Servicio, Vivero provincial, Acción Social).”

Quienes también se sumaron a las denuncias contra la conducción provincial de ATE fueron los y las trabajadoras de salud. Según consta en un acta: “La conducción de la asamblea, en las personas de la Sra. María Martínez y Soraya Abraham, no realizó el recuento de los votos por el rechazo de la propuesta salarial y tampoco por la aprobación”.

En igual sentido se expresó en un extenso comunicado Alfredo Marcote, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) – Autónoma, seccional Neuquén: “ATE rechazó el acuerdo, porque las verdaderas asambleas de trabajadores, han rechazado por unanimidad la oferta salarial que el gobierno pre acordara con Quintriqueo”.

Tal como informó este medio, fueron 60 los días en que los reclamos tomaron la forma de notas, cartas documentos, marchas y cortes. En las últimas tres semanas las medidas de acción directa se intensificaron y en asamblea interhospitalaria, ese sector díscolo de la dirección provincial del sindicato de trabajadores estatales resolvió permanecer en la ruta hasta que el gobernador Omar Gutiérrez atendiera sus reclamos.

Tales pretensiones se vieron postergadas por el silencio que mantuvo Gutiérrez durante el conflicto, período en el cual muchos se preguntaban por su paradero. Ante este panorama y con la segunda ola de Covid-19 al acecho, los huelguistas intensificaron las protestas. Con bloqueos en la Ruta del Petróleo, como se denomina a la zona que une los yacimientos productivos. Dichos cortes afectaron los intereses de las operadoras en yacimientos de Vaca Muerta, especialmente las dos principales productoras de gas YPF y Tecpetrol, esta última del Grupo Techint. Según estimaron desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las pérdidas para las empresas se estiman en más de 27 millones de dólares desde que comenzó el conflicto pero, además, la menor producción de gas obligará al Estado a importar con urgencia más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) o GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos regasificadores. Esto implica un costo aproximado adicional para la balanza comercial argentina de 190 millones de la misma moneda.

El lobby del sector no se hizo esperar y comenzó a presionar para que se levantaran las medidas de fuerza. La adhesión social al sector de Autoconvocados, que se hizo muy fuerte dentro de la provincia, actuó como respaldo ante posibles represiones y desalojos. Con las fuerzas de seguridad imposibilitadas de entrar en acción por presión de la opinión pública, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) se vio obligado a hacer entrar en escena a otro actor: el Fiscal General de la Provincia, José Ignacio Gerez.

Este funcionario, que según cuentan las fuentes del riñón político de Gutiérrez, convocó a una mesa de mediación entre las autoridades provinciales y el sector de Autoconvocados para resolver el conflicto de salud. Tras varias idas y vueltas el gobierno de Gutiérrez, que pertenece al Movimiento Popular Neuquino (MPN,) ofertó un bono de $30.000 -que luego fue elevado a $40.000-  a pagar en cuotas mensuales de $10.000. La oferta fue rechazada de plano por el conjunto de los Autoconvocados, por considerar que “los bonos, como no lo cobran los jubilados, no son remunerativos y tampoco aportan a la caja previsional”, explica Mariana Sarin, trabajadora de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.

Tras un cuarto intermedio dictado por el mediador, las partes no volvieron a reunirse. Ahí entró en escena nuevamente Quintriqueo que presionado por las bases, se vio en la obligación de llamar a un paro provincial por tiempo indeterminado para re negociar el acuerdo que había firmado dos meses atrás. De esta manera se llegó entonces a la oferta refrendada por el gremio el pasado martes.

Gabriela Suppicich, referente de Autoconvocados Plottier, se mostró indignada en su cuenta personal y exigió al gobierno que el aumento sea en dos cuotas hasta julio para recomponer el salario que les adeudan del 2020. A pesar de su desacuerdo, la referente se expresó expectante por todo lo conseguido, que “va más allá de lo salarial. No lo pienso como un proceso terminado porque fue un proceso de lucha y hasta acá arrancamos esto, el 53% para todos los estatales. Y que va al básico, pero este proceso tiene que resultar en una organización más estructurada”.

En cuanto al Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), decidió tras el paro de 48 horas (miércoles 28 y jueves 29de abril) una reunión en la Legislatura con un plenario de dos comisiones: participaron las de Desarrollo Humano y Social y de Asuntos Laborales junto con referentes del SiProSaPuNe y el Sindicato de Enfermería (SEN). Estos últimos buscan impulsar y establecer la carrera profesional para el Sistema Público de Salud. Este encuentro se llevó a cabo en presencia de César Dell’Ali, Noemí Alemany y Roberto D’angelo de SiProSaPuNe y Darío Mas del SEN, quienes insistieron en la necesidad de contar con la ley en tanto herramienta para revertir el déficit del recurso humano profesional en el Sistema Público de Salud.

Por su parte, los trabajadores Autoconvocados de la salud de Neuquén a pesar de haber rechazado el arreglo entre ATE y el PEP decidieron cambiar el rumbo de la lucha. Marco Campos, referente del sector y del hospital Castro Rendón en diálogo con ANCCOM detalló las resoluciones asamblearias: “Analizamos lo acordado entre el gobierno y ATE, y realizamos una contrapropuesta que consta del 53% en dos cuotas que se volvería a revisar en el 2021. Además exigimos una reunión con los trabajadores Autoconvocados para solucionar los descuentos de los días del sumario y los pases a planta permanente“.

Tras levantar los cortes de la zona de Vaca Muerta, los Autoconvocados volvieron a Neuquén Capital en una caravana que recorrió los hospitales de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y el hospital Castro Rendón, en la capital provincial. En todo su recorrido fueron acompañados por distintas agrupaciones sociales y políticas, así como también vecinos y vecinas que en todo momento se mostraron a favor de sus reclamos.

 

Al final del recorrido, Campos agradeció a la comunidad por el apoyo y afirmó: “El corte en Villa La Angostura sigue activo, vamos a sostener ese corte hasta que el gobierno nos reciba y podamos charlar sobre estos puntos pendientes. Por lo tanto, vamos a seguir esta lucha con movilización y reclamos por todas las vías y en distintas zonas“.

Por último, el 30 de abril se realizó una protesta en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde tiene su oficina la ministra de Salud Andrea Peve, reclamando la devolución de los descuentos por adherir a las medidas de fuerza y la baja de sumarios en Villa La Angostura. En conferencia de prensa los autoconvocados afirmaron: “Los descuentos realizados tienen el único objetivo de acallar nuestro reclamo, vulnerando gravemente los derechos constitucionales de peticionar así como sus derechos laborales». Además, manifestaron: «Las autoridades de salud deben garantizar condiciones salariales y laborales para que volvamos a la primera línea a dar respuesta a la segunda ola de contagios que ya comenzó». Al parecer, el acuerdo salarial no resolvió el problema de fondo. La manija de la sartén está en manos de Gutiérrez, habrá que ver si el gobernador se encuentra a la altura de la circunstancia y se sienta a escuchar un reclamo con licencia social.