En casi todos los organismos públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un ingreso masivo de los 11.000 empleados cesanteados durante el fin de semana largo. Patricia Bullrich montó desproporcionados operativos con policías federales, gendarmes y prefectos para tratar de impedirlo. El viernes habrá paro de la administración pública.
Desde la 9, en Alem 650, la sede central de la secretaría de Trabajo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se preparaba para una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a ministerios y dependencias oficiales donde el gobierno de Javier Milei despidió, hasta el momento, a 11.000 trabajadores.
Bajo la lluvia y entre decenas de trabajadores que se enteraron que fueron despedidos durante el fin de semana largo o cuando intentaron ingresar a su lugar de trabajo, el gobierno nacional montó un operativo con policías y gendarmes para impedir el ingreso de los empleados cesanteados a los distintos organismos públicos. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: “No hay plata para comprar comida o para comprar remedios en la Argentina, para lo que hay plata es para reprimir. Es absolutamente desproporcionado el operativo policial que se ha montado”, expresó en diálogo con ANCCOM.
Dada la cantidad de trabajadores que exigían entrar a sus puestos de trabajo, en algunos lugares, como la secretaría de Trabajo, se permitió su ingreso escalonado de a 15 personas y presentando su DNI para ser anotados. “Logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, pero hoy no termina nada para nosotros, acá empieza todo. A la tarde tendremos un plenario con más de mil delegados y delegadas de todo el país para resolver qué medidas tomar, incluído un paro general. Yo estimo, para antes de que termine esta semana”, remarcó por la mañana Aguiar frente a la sede de Alem 650. Por la tarde, ATE confirmaba un paro general de trabajadores del Estado para el próximo viernes.
El lado B de los despidos
Desde ATE denuncian que el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien reemplazó a Omar Yasín, es trabajador del Grupo Techint y que hay intereses económicos y políticos que intervienen en su nombramiento. “El gobierno ha decidido tercerizar el ajuste, que la motosierra ahora la maneje Techint. Vamos a dar pelea hasta que le saquemos la motosierra de la mano”, afirmó el titular de ATE Nacional.
En diálogo con este medio, Sebastián Scarano, delegado general adjunto de ATE Trabajo, denunció: “Desguazar el exMinisterio de Trabajo es el primer paso para terminar con los derechos de los trabajadores. Le entregaron el ministerio a Techint y están despidiendo trabajadores. ¿Qué va a pasar cuando vengan al ministerio a discutir esos despidos? Los va a estar esperando el mismo Techint. Eso es lo que quieren hacer no solo para los estatales, sino para todos los trabajadores”. Y agregó: “Quieren instalar un régimen de terror renovando los contratos cada tres meses, para que renunciemos a reclamar por nuestros derechos, por miedo a perder el trabajo. La respuesta es esto, más organización y más protesta”.
“Es el grupo empresario Techint que viene justamente a hacerse cargo de esta cartera porque quiere colaborar a pinchar las paritarias y quiere hacer mierda los derechos que los laburantes supimos conseguir con décadas de lucha. Quieren borrarlo de un plumazo en dos meses”, afirmó Daniela Frencia, delegada general de la Junta Interna de ATE Trabajo.
En cuanto a los criterios para los despidos, denuncian que hay tres líneas principales. “La primera, es político-ideológica: barrer con todo el cupo laboral travesti trans. Entendemos que hay un ataque del gobierno nacional a este sector en particular. La segunda, es una cantidad enorme de despidos a trabajadores próximos a jubilarse, que les quedaban unos meses de aportes o estaban cerca de la edad jubilatoria, comprometiendo seriamente sus últimos años de aportes. Y por último, la mayor cantidad de despidos se dio en áreas que a este gobierno no le interesa seguir sosteniendo, como áreas de protección e igualdad laboral, áreas de negociación colectiva, entre muchas otras”, comentó Frencia. “No hubo un criterio técnico de revisar la eficiencia o si los compañeros cumplían o no sus tareas”, concluyó la delegada.
Continúa el plan de lucha
En el cierre de la asamblea en la sede de Alem 650, se acordó declarar a los empleados en estado de “asamblea permanente”, realizar un relevamiento de los datos de los despedidos y establecer una comisión especial con ellos.
“Llamamos a la más amplia solidaridad de laburantes, de organizaciones gremiales, centrales sindicales, para que abracen este conflicto y nos acompañen a dar esta pelea. Sabemos que lo que tenemos enfrente es un monstruo enorme”, pidió Daniela Frencia.
