Oct 20, 2022 | Destacado 4, Vidas políticas
Distintos economistas analizan las disposiciones administrativas que tomó Sergio Massa desde que asumió y el proyecto de presupuesto para 2023. Educación, Salud y Obras Públicas recortadas.
Después de la conflictiva salida de Martín Guzmán como ministro de Economía de la Nación, seguida por la fugaz gestión de Silvina Batakis, el pasado agosto Sergio Massa quedó al frente del Ministerio en medio de un momento de alta inestabilidad. De cara a la creciente crisis económica que amenaza a la Argentina, el economista estableció como objetivo primario la disminución del déficit fiscal a un 2.5% para fin de año. Alcanzar estos porcentajes significaría una repentina reducción del gasto público, con la intención de cumplir las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se lleva adelante? ¿Y de qué forma se refleja en el proyecto de Presupuesto 2023 que trata el Congreso?
Durante los primeros días de agosto, la nueva gestión ministerial puso en acción la prevista quita de subsidios energéticos, y por medio de la Decisión Administrativa 826 se realizó un ajuste presupuestario sobre seis ministerios nacionales. Respecto del proyecto de Presupuesto 2023, el economista Horacio Rovelli asegura: “No solamente no aparece una sola línea en el presupuesto 2023 de que se recupere la fuga de capitales del gobierno anterior, es como si no existiera semejante fraude. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al exterior le interesan nuestros recursos naturales. No quieren que podamos pagar la deuda para que los malvendamos.”
En cuanto al ajuste de los gastos previstos ya para este año, Desarrollo Productivo sufrió una disminución de 70.000 millones de pesos, seguido por las carteras de Hábitat y Educación, con una quita de 50.000 millones de pesos cada una.
La baja en el área educativa impacta principalmente en el Programa Conectar Igualdad y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Hábitat, por su parte, se enfrentó al recorte en un contexto de déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas. Por su parte, la quita para Obras Públicas fue de 20.000 millones de pesos y la de Transporte y Salud de 10.000 millones por cada ministerio.
“Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta Pertierra.
Nicolás Pertierra, economista del CESO, reflexiona sobre las posibilidades que disponía el gobierno para cuidar el presupuesto de sectores clave como Salud, Educación y Obra Pública: “Está claro que la sábana es corta. Si no se recorta ahí, bueno, ¿en qué otras áreas?”, se pregunta. Aunque el déficit cumple un rol fundamental en las negociaciones con el FMI, Pertierra cree que “el principal problema no es tanto fiscal sino de disponibilidad de dólares”, y que “tiene que haber alguna medida que administre mejor las pocas reservas que dispone el Banco Central”.
A pesar de que las opciones son pocas, Rovelli asegura que algunas de estas reducciones desatan consecuencias irreversibles: “El gasto en obra pública es irrecuperable, porque el tiempo de no trabajo es tiempo perdido. Lo que no gastaste en educación y salud tampoco lo vas a recuperar. La minoría que se beneficia es el 1% o 2% de la población, y nos perjudicamos el resto del pueblo argentino”. Rovelli, que también es profesor en la carrera de Ciencia Política de la UBA, considera que Massa tomó una decisión administrativa muy fuerte, como la Resolución 827, que plantea un congelamiento de vacantes en el sector público centralizado y en empresas del Estado.
En cuanto a la Resolucióm 826, hace énfasis en el rol de la salud, donde resalta que el recorte afecta áreas muy sensibles como la de enfermedades transmisibles, que son mayores en los sectores vulnerables. A su vez, hace mención a la demora en el pago de trabajadores, destacando como ejemplo más notorio al de la discapacidad, que recién a fines de agosto terminó de abonar deudas de junio.
Zahira Holguin, profesional de apoyo en el Centro de Día Cumelén, explica que la situación que sufre este último rubro no representa un ajuste sino una vulneración de los derechos de los ciudadanos con discapacidad. “Se les quita el privilegio de la salud pública gratuita, que en nuestro país se supone que es un derecho para todos los argentinos”, comenta. Respecto a los fundamentos de ciertas decisiones administrativas, concluye que “las personas con discapacidad generalmente no son personas productivas, y entonces es fácil verlo como una inversión no retributiva”.
A su vez, Rovelli recuerda que en agosto el oficialismo hizo un canje de gran parte de los vencimientos de los bonos del Tesoro de la Nación por 2 billones de pesos que debían pagarse entre agosto y noviembre de este año. “Fueron postergados a 2023 a cambio de un bono dual, que se va a pagar sí o sí y que está ajustado al índice IPC o al dólar oficial. Eso le asegura ganancia a los rentistas”, enfatiza.
Respecto al panorama para 2023, Rovelli aclara que estamos en un margen muy grande, donde no está fijado el valor del dólar, y que “mientras no tengas esto definido, es muy difícil ponderar cuál va a ser el futuro del país”. Más allá de todo, argumenta que detrás de los ajustes se esconde la postergación de una decisión que Argentina vuelve a traer a la mesauna y otra vez. “Estas medidas son meros parches para una gran medida final, que va a ser la devaluación de nuestra moneda”, asegura el economista.
Oct 25, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
El domingo 13 de octubre sentó el antecedente de una lucha popular ecuatoriana que puso en jaque el avance neoliberal en América latina. Para Nayra Chalán, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) quedó demostrado que “es posible contrarrestar el poder que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este suceso demostró que es posible decirle al FMI: de aquí no pasas, este territorio es soberano y este territorio decide qué política económica tener.”
Luego de 10 días de manifestaciones en las que el pueblo y las nacionalidades indígenas en articulación con estudiantes y trabajadores colmaron las calles, principalmente de Quito, en contra de las últimas medidas económicas dictadas por el presidente Lenín Moreno ese día se llegó a un acuerdo entre las partes que se realizó de manera televisiva y online. En esta noche ocurrió un hecho histórico: el repudiado decreto 883 fue derogado y se dio vuelta atrás al paquetazo neoliberal indicado por el Fondo Monetario Internacional.
El 1º de octubre, el Ejecutivo le habló al pueblo ecuatoriano a través de una cadena nacional en la que esgrimió las medidas antipopulares que se iban a llevar a cabo. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio del combustible, la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que vayan a ser renovados, la reducción del periodo de vacaciones de los empleados estatales de 30 a 15 días y la obligación de que los trabajadores de las empresas públicas aporten un día de salario a las arcas del Estado. “A su vez -comenta Décio Machado, consultor político especializado en Comunicación y Análisis Estratégico- había una serie de medidas laborales que significaban nuevas modalidades de contratación que en el fondo implicaban una flexibilización del mercado de trabajo privado. Todo esto justificado bajo el argumento de la necesidad de implementar un modelo acorde a los nuevos tiempos.” A su vez, explicó por qué todo detonó con la eliminación de los subsidios al combustible; “Se tenga o no vehículo, involucra a todas las familias: afecta el precio de los alimentos, los productos de primera necesidad, la inflación.”
Foto: David Diaz/ FLUXUS FOTO
Ante estas nuevas políticas económicas, el 3 de octubre el sector de transportistas inició una serie de cortes de vías en todas las provincias a modo de protesta. Sin embargo, Chalán cuenta que “posteriormente llegaron a acuerdos con el gobierno nacional que indudablemente nos afectaban a las grandes mayorías: ellos aceptaron la subida del combustible a cambio de bonos para poder hacer cambios de llantas y del aumento de las tarifas del transporte público.” Por esta razón, el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya se había sumado a los reclamos de los transportistas, incrementó su descontento y la fuerza de los reclamos.
Las acciones fueron creciendo en intensidad con el transcurso de los días. Al bloqueo de rutas -llegando a contabilizarse alrededor de 300 cortes simultáneos- se agregaron las tomas de gobernaciones a lo largo del país, la paralización de la actividad petrolera en las estaciones de bombeo y en más de 60 pozos petroleros en la Amazonía del norte. Luego, el 7 de octubre hubo un llamamiento a las bases del movimiento indígena para trasladarse a la ciudad de Quito, epicentro de la represión. “Se trasladó gente de norte y el del sur, pertenecientes a los pueblos Panzaleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela y Caranqui. El martes 8 de octubre llegaron a la capital ecuatoriana más de 12 mil personas de la estructura del movimiento indígena”, dijo a ANCCOM el activista Apawki Castro, vocero de la CONAIE.
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La respuesta del gobierno fue represiva y brutal. En este punto, Chalán dijo: “Nos dimos cuenta de que no estábamos actuando en contra del mismo Estado de hace 20 o 10 años. Este Estado es mucho más dotado, con más agresividad y más ejercicio de la fuerza sobre grupos de manifestantes, pueblos y nacionalidades, estudiantes y trabajadores. Entonces vemos que hay un incremento del aparato represivo bastante fuerte.”
Por otra parte, la Asamblea Nacional no sesionó durante los 13 días del paro nacional “manteniendo una actitud totalmente desalineada de los intereses populares”, según Andrés Tapia, el comunicador de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La población, entonces, decidió hacer una toma de estas instalaciones: lo realizó sin éxito el primero de los días y en el segundo, con una manifestación masiva con más 10 mil personas, rodeó a la Asamblea Nacional. Sobre el suceso, Chalán narró: “Un día fuimos a la Asamblea Nacional esperando poder hacer una toma simbólica y sin embargo sólo se dejó pasar a un número contado de compañeras. Posterior a eso, sin previo aviso, cuando había alrededor de 15 mil manifestantes en las cercanías de la Asamblea Nacional, la policía conjuntamente con las fuerzas armadas deciden disparar gas lacrimógeno de manera indiscriminada y exagerada a toda la población que se encontraba en ese momento comiendo.”
El saldo de la represión fue de diez muertos, según información de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana. Todos manifestantes, entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente indígena de la CONAIE en Cotopaxi. Además, hubo 1.340 personas atendidas en hospitales por actos violentos -8 personas perdieron un ojo- y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, registró la detención de 1.330 personas.
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Ante las manifestaciones y el arribo del contingente de personas a Quito, el presidente Moreno decidió trasladar la sede gobierno de Quito a Guayaquil. Sin embargo, la represión continuó. “Hubo una afectación bastante fuerte del sector de la agroindustria -comenta Chalán- Las rocoleras y las florícolas ya se habían declarado en estado de emergencia. A su vez, al cortar las vías se impidió que la cadena productiva funcione y eso provoca desabastecimiento y encarecimiento. El fisco no percibía la renta petrolera ni ingresos provenientes del turismo y el riesgo país aumentaba. Entonces ya eran razones suficientes para que el gobierno nacional reflexione sobre lo que estaba haciendo y esto hizo que llamen a un acuerdo entre las partes.”
El movimiento indígena aceptó reunirse a debatir el decreto 883 con el gobierno poniendo como exigencia que este sea televisado para que pueda ser visto por todos los ecuatorianos. El gobierno dio conformidad: el debate se realizó el domingo 13 de octubre a la noche y la resolución fue retrotraer las medidas sobre el combustible.
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Para Décio Machado, “esta mesa de negociación ha marcado un hito histórico: es una victoria de los movimientos populares, encabezados por el movimiento indígena en articulación con el feminismo y los estudiantes, contra medidas de carácter económico de perfil neoliberal impuestas por el FMI. Además, se visualiza una nueva etapa de dirigentes jóvenes que apuntan a un nuevo horizonte de lucha por la emancipación de los pueblos en el Ecuador.”
Chalán espera que este hecho anclado en Ecuador “sea una luz para toda latinoamérica y el mundo.” Además, que siente las bases para seguir reivindicando lo que desde hace años vienen haciendo desde el movimiento indígena: “La soberanía sobre nuestros territorios, la despenalización del aborto, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, el transporte comunitario, precios justos en la producción de leche y otras demandas que son bastante puntuales que tenemos dentro de nuestros territorios y que mejorarán la calidad de vida de nuestros compañeros.”
Por lo pronto, la siguiente acción del movimiento indígena fue enviar una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo empatía por los hechos ocurridos en el Ecuador y la culminación del hostigamiento económico que sufre el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que creará un nuevo decreto. Para Andrés Tapia, es urgente que en él se contemplen las demandas y necesidades populares. “Caso contrario, el pueblo continuará movilizado”, sentenció.
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