«Fue un paro contundente»

«Fue un paro contundente»

May 9, 2024 | Destacado 1, Trabajo

La CGT realizó su segundo paro nacional en rechazo a las medidas del Gobierno de Milei contra los trabajadores. Se registró una alta adhesión en las grandes ciudades, principalmente en los sectores del transporte, la educación, la salud y la industria.

El paro nacional de 24 horas convocado por las centrales obreras fue contundente, con una masiva adhesión del sector del transporte. En conferencia de prensa, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que encabeza la CGT, subrayó que “el ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables y se cortaron los planes asistenciales de todos los comedores”, incluyendo la suspensión de planes de ayuda alimentaria y la cancelación de numerosas obras de infraestructura urbana que afectaron a trabajadores y cooperativas.

“Y con este proyecto de ley (en referencia a la Ley Bases), si se llegara a aprobar, una cantidad de trabajadores pasarían de la formalidad a un esquema legal de informalidad”, agregó. También enfatizó la necesidad de que Diputados derogue el decreto 70/23: «El DNU es el instrumento que le da legalidad a lo que pretenden hacer con la empresa Télam o lo que están llevando adelante con un montón de instituciones del Estado”, manifestó.

El dato más significativo de la jornada fue la interrupción casi total del transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad y Metrodelegados demostraron su compromiso con la medida y colectivos, trenes y subtes no estuvieron prácticamente en funcionamiento.

Por su parte, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y otro de los integrantes del triunvirato, elogió a las delegaciones regionales de la CGT del interior del país por el alto acatamiento al paro en muchas provincias. «Fue un paro contundente», afirmó. “Han abierto algunos negocios, pero estuvieron vacíos, los colectivos también iban vacíos”, añadió, en alusión a las empresas que desafiaron la medida de fuerza, y sugirió que, pese a la presión gubernamental sobre ellas, la gente en general mostró su respaldo.

Moyano también le apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Le dolió el paro –dijo–, si hubiera sido tan fracaso o débil, como dijo la ministra, no tendría necesidad de responderlo». Según Moyano, hay un creciente rechazo social y un descontento generalizado en la población. «Todas las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad son cada vez más masivas», señaló.

 

El 80 por ciento de las estaciones de servicio adhirieron al paro, tal cual indicó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, el tercer triunviro de la CGT, en diálogo con ANCCOM. Acuña alertó sobre la discrepancia entre los aumentos generalizados y la falta de homologación salarial: «Hoy nos están negando un 9 por ciento de aumento, cuando ellos aumentaron el combustible el 400 por ciento en el año». Anticipó además que su gremio se encuentra negociando con la patronal y tienen una cita el 20 de mayo en el Ministerio de Trabajo para fijar la paritaria. “Estamos facultados para convocar un paro en la venta de combustible a nivel nacional si no se alcanza un acuerdo”, aseveró.

Los trabajadores de la salud, la educación y la industria se plegaron masivamente al paro. Tanto los hospitales públicos como los privados operaron con personal mínimo y atendiendo sólo emergencias. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que la suspensión de clases en todas las escuelas públicas del país fue total. Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), expresó su preocupación por la reducción sin precedentes en el presupuesto educativo y los salarios que apenas cubren las necesidades básicas. “Hay provincias que están con un salario mínimo de 200 mil pesos», contó. La ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, a cargo del área educativa, les prometió «recomponer el ámbito paritario”. “Espero que se cumpla, porque necesitamos esa negociación”, puntualizó Romero. El 90 por ciento de los docentes del país adhirieron a la medida de fuerza.

El paro nacional fue parte de un plan de lucha que continuará. Pablo Moyano dejó abierta la posibilidad de una nueva movilización cuando se trate el proyecto de Ley Bases en el Senado. “Todos los sectores lo están pidiendo”, concluyó.

Con un centenar de despidos en ACUMAR, retroceden las políticas de saneamiento del Riachuelo

Con un centenar de despidos en ACUMAR, retroceden las políticas de saneamiento del Riachuelo

May 9, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Para hacerle frente al ajuste, sus trabajadores se organizan entre jornadas de visibilización y asambleas. La calidad de vida que pierden los vecinos de la cuenca del río Matanza.

“Están destruyendo las capacidades del Estado, están destruyendo el saber hacer”, declaró el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis, que se acercó a apoyar la protesta contra el desguace de Acumar, el organismo que se ocupa del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y de asistir a los pobladores asentados a su vera. “Acá hay ingenieros, arquitectos, compañeros y compañeras que saben lo que significa desarrollar política pública, sanear en este caso el Riachuelo, construir obras de mucha envergadura –señaló a ANCCOM–. Y a ese saber hacer la actual gestión nacional lo está destruyendo. Eso es lo que tenemos que poder evitar, porque cuando despiden a cientos de trabajadores están destruyendo capacidades del Estado. Me parece que hay que estar en la calle, que hay que hacerse presente, que la política tiene que estar acompañando para que realmente los trabajadores no estén solos”.

En los últimos días, más de un centenar de trabajadores de ACUMAR fueron echados de sus puestos de trabajo, muchos otros desde el 22 de marzo que están siendo intimados y los telegramas de despido siguen llegando. Sin embargo, las justificaciones de las autoridades rayan en lo insólito. Ante esta situación, los trabajadores se han organizado para realizar una serie de medidas a lo largo de toda la semana, que ayuden a visibilizar y dar batalla ante la situación acuciante que están atravesando. También adhirieron al paro de este jueves, y tienen pautada una asamblea para el viernes 10.

Ante la sede del organismo, en el centro porteño, ayer se manifestaron para visibilizar la gravedad de la situación. Débora Fretes, delegada de ATE, por la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo expuso que “la argumentación para los despidos no tiene lógica, porque le piden que justifiquen a trabajadores de territorio, cargas horarias que ellos mismos no han registrado, si bien hay planillas para quienes trabajamos en el campo, no han sido cargadas por Recursos Humanos o por quien correspondía en ese momento”. A su vez, hizo hincapié en la tarea social que llevan a cabo los trabajadores, que se encargan de visitar barrios carenciados y profundamente vulnerados: “Por cada trabajador que es desvinculado de su puesto de trabajo, es un vecino y una vecina menos que tiene nuestra asistencia respecto a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la cuenca, que quedan despojados de todos los derechos que se vinieron ganando hasta ahora; porque sin Estado no hay nada que el pueblo pueda tener”. Además, agregó que “esta lógica que hay detrás de la pugna por el achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de todos los organismos, tiene que ver con las políticas de esta nueva derecha que es colonial, para ellos lo único que importa es venir y llevarse toda la que puedan, y después irse como si no hubiese pasado nada, que también nos trae recuerdos con respecto a la época del menemismo”.

 

Acumar, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un organismo público interjurisdiccional creado en 2006 que se encarga del saneamiento, regulación y recomposición ambiental de la zona que engloba 14 municipios de AMBA y CABA. Esta cuenca es una unidad territorial delimitada donde existe una gran contaminación, provocada principalmente por industrias y cloacas residuales, que afecta considerablemente la calidad de vida de millones de personas que viven al noreste de la provincia. Con la reconstrucción de la zona, llevada a cabo por el organismo, se han mejorado áreas de la zona y parte del ecosistema de los márgenes del Riachuelo, con su fauna y su flora.

Los trabajadores

En la jornada de visibilización hablaron con ANCCOM dirigentes gremiales y trabajadores atravesados por el vaciamiento del Estado. “ACUMAR te enseña otras realidades que detrás de un escritorio no las tenés –se posiciona Mónica, sensibilizada con la situación tras diez años de trabajo abocada al saneamiento de la cuenca y sus implicancias–. Se entienden en la acción. Es uno de los pocos organismos que llega a las comunidades más olvidadas, a las familias en situación de indigencia, empobrecidas. Esto se consigue en la calle, caminando en el barrio, pateando el barro, es lo que hacemos. La ACUMAR, más allá de la limpieza de los márgenes del Riachuelo, tiene una acción muy importante en la salud, que no es tenida en cuenta por este nuevo gobierno, que cree que todo se soluciona a través del mercado. El mercado no se ocupa del indigente, no se ocupa de la olla vacía, no le interesa y está de más”.

En esta misma línea, comentando otras tareas que también desempeña el organismo, se pronuncia Mónica Miranda, una de las trabajadoras intimadas: “Hacemos talleres en escuelas, concientización ambiental, prevención contra el dengue, articulamos con actores sociales, para formar mesas de trabajo en los barrios. En el trabajo de promotora de salud me tocó ser trabajadora social también. En Acumar estás dedicado exclusivamente a los barrios más vulnerables: este desguace va a dejar a esa gente fuera del sistema de salud o va a producir un sistema más exclusivo, sin poder brindarle una asistencia adecuada a muchas familias y chicos que no están siquiera escolarizados”. Por su parte, Laura, también trabajadora intimada, comentó que “ver que no podés llegar a ayudar en la contaminación y el ordenamiento habitacional que implica la salud de los habitantes de la cuenca es muy preocupante”.

Este proceso de desfinanciamiento ya tiene su correlato en el proceso de saneamiento a la Cuenca-Riachuelo-Matanza y peligra la transformación que vienen encauzando desde la conformación del organismo hace 17 años. Ante estas medidas de recorte de fondos y personal de distintas áreas, sumado a la finalización del contrato de cooperativas que se encargan de la limpieza del Riachuelo, Natalia, trabajadora territorial del área de intervención social, atravesada por la situación, expuso que “las consecuencias del desfinanciamiento ya se vieron este año, porque muchos de los barrios donde intervenimos se inundaron mucho más que años anteriores: es que justamente los cooperativistas son quienes garantizan la limpieza. Al mismo tiempo va a decaer todo lo que tiene que ver con urbanización, soluciones habitacionales, relocalización a la población que está cercana al río. El organismo existe hace años porque el nivel de contaminación que tiene el Riachuelo amerita una intervención sostenida en el tiempo: retirar toda esa intervención, esa plata, esos recursos humanos y materiales, va a generar un desmejoramiento cuando sabemos que la miseria hace que cada vez más gente, termine siendo empujada a vivir en esa zona”. 

La crisis pegó de lleno en la Feria del Libro

La crisis pegó de lleno en la Feria del Libro

May 9, 2024 | Culturas, Destacado 5

Ante la falta de políticas públicas, y con una disminución de las ventas de entre un 20 y un 50 por ciento, el encuentro cultural anual más esperado resultó víctima del ajuste.

La Cámara de la Industria Ferial Argentina (CAIFE), en su informe de este año titulado “Menos stands, menos inversión”, manifestó la preocupación respecto a la caída de las ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una baja que ya el año anterior había sido del 24 por ciento en relación a 2022: “Esta tradicional y masiva Feria, fundamental para la cultura de nuestro país, cuenta con un espacio expositivo de más de 45 mil metros cuadrados, es una de las más grandes de América Latina y es un importante motor para el fomento del turismo por ser la más concurrida en el mundo de habla hispana. Sin embargo, este año tiene menos metros cuadrados construidos que los habituales y una inversión mucho más baja en los stands que fueron contratados”.

En diálogo con ANCCOM, el secretario general de CAIFE, Jaime Usach, sostiene: “La coyuntura económica que vive el país, donde hay inestabilidad y recesión, genera efectos sobre el poder adquisitivo de la población y modifica sus hábitos de consumo, incluyendo la compra de libros. Esto va acompañado de la competencia de los medios digitales, que aparecieron hace bastante tiempo, y la piratería”.

“Por otro lado, es destacable la ausencia del Gobierno nacional –prosigue–. La no participación con un stand en la Feria se puede interpretar como una acción política, acompañada de la falta de apoyo o de interés en la cultura y en la industria, no sólo del libro. Ahí hay una señal que va en concordancia con lo que está demostrando el Gobierno, que la cultura no tiene lugar en su lista de prioridades. También es notoria la reducción de stands de las provincias y, en general, de editoriales y librerías. Este recorte afecta directamente a nuestra industria, a todos los que somos proveedores, a muchísimas PyMEs, ya que nuestra cadena de valor está conformada por muchos rubros, como arquitectura y diseño, herrería, carpintería, pintura, gráfica audiovisuales, mobiliario, electricidad”.

Algunos, de hecho, fueron afectados por la decisión del Gobierno, que a través de su vocero afirmó que la participación en la Feria significaría un “gasto” de 400 millones de pesos. Según Usach, no logran entender que esto no es un gasto sino una inversión, porque estarían apoyando a la cultura, a la industria y a los negocios. “Desde CAIFE, además, podemos dar la certeza de que los valores dados no son correctos, ya que se hacen por mucho menos”, asegura Usach.

Las interrogantes se acumulan: ¿la crisis económica sólo daña las ventas durante la Feria o es un fenómeno a nivel nacional? ¿Por qué la gente ya no compra tantos libros? ¿Por qué un pueblo deja de invertir en la cultura literaria? ¿Qué rol cumplen los libros en la vida diaria de las sociedades y, particularmente, de la argentina?

Pablo Canalicchio, editor y director de la Carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), afirma que la industria del libro atraviesa diversas problemáticas: “Es un escenario de alta complejidad, donde infieren factores como el precio del papel, el empobrecimiento de la gente, el recorte a la cultura y la crisis económica que azota al país. El ecosistema del libro está frágil y lastimado por la falta de políticas públicas, y así las librerías se achican y, en el peor de los casos, cierran. Por otro lado, está la cuestión de la competencia por el tiempo libre de la gente. Hay muchas empresas que compiten por ese tiempo libre, muchas son editoriales que compiten entre sí, pero también hay otras empresas con otros bienes culturales, donde entra en juego lo digital”.

“Se registra una crisis en las ventas desde el anteúltimo gobierno (el de Macri), que fue relativamente malo para la industria editorial. Hubo una falta de apoyo y, otra vez, de políticas públicas. Argentina es un país que, si lo comparamos con otros de la región, sale muy bien parado en casi todos los índices culturales, tenemos enormes cantidades de editoriales, bibliotecas, librerías y escritores. Muchos de nuestros autores nacionales consiguen premios y reconocimientos académicos internacionales. Es necesario proteger esta industria”, agrega.

“El libro es el centro de la cultura, es el objeto físico más importante que existe. Lo que pasa en un aula alrededor del libro, en una biblioteca, en una casa, no se puede reemplazar por ninguna otra cosa. Sí hay otros lugares que generan encuentros y desarrollo cultural, como el cine o el teatro, pero la capacidad que tiene el libro de estar ahí, en la biblioteca de una casa esperando que venga un chico y lo agarre en algún momento, no se compara con nada. La posibilidad de que haya bibliotecas en lugares de bajos recursos, donde puedan acceder niños, jóvenes y adultos, potencia la posibilidad de emparejar e igualar oportunidades. Los libros son de los principales y más cómodos, más efectivos y más económicos vehículos de aprendizaje, y por consiguiente de ascenso social. La potencia de los libros, cualquier tipo de libro, es inmensa. Una sociedad sin la literatura en el centro, como eje, es un pueblo más plano, sin herramientas para pensar, dialogar, cuestionar, proyectar, soñar y crecer”, concluye.

 

Un paseo por la Feria

Paola, personal del stand de la provincia de la Pampa, cuenta que “se ha vendido muy poco en relación a otros años. Hay público durante toda la Feria, pero las ventas han disminuido en relación al año pasado en un 50 por ciento”. En su puesto, lo que más busca la gente son poetas e investigadores pampeanos, muchos de la Universidad Nacional de la Pampa, que tiene su propia editorial. “Es notable en la provincia que, debido a la situación económica, hay otras prioridades, como comer. La literatura, como todas las artes, es una de las formas de expresión fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, tan necesaria como todas las otras disciplinas para educarnos, desarrollarnos y expresarnos”, remarca Paola.

Tal como señaló Usach, en esta edición de la Feria fue llamativa la ausencia de varias provincias. Ramón Blanco, coordinador del stand de Corrientes, comenta: “Si bien tuvimos mucho interés durante las jornadas profesionales, que fueron el martes y el miércoles previos a la inauguración oficial, es cierto que, comparado con otros años, estamos vendiendo menos. Quizás llegamos a 400 ejemplares vendidos en total hasta ahora. Nuestro público en general son adultos de entre 35 y 60 años, más librerías que buscan autores autóctonos, el género que más buscan es historia”. Blanco dice que él es quien es “gracias a los libros”. “Celebrar el libro –añade– es una forma de celebrar la vida, no concibo mi vida sin los libros. Hay que seguir protegiendo e incentivando la lectura, sobre todo para la juventud”.

En la Feria también participan países de la región como Perú, Paraguay, Chile y Brasil, así como de otras latitudes, como Portugal e Italia. “La literatura ayuda a los pueblos a tener conciencia crítica y, sobre todo, a conocer sus raíces”, afirma Derlis Sosa, del stand de Paraguay, donde casi no se encuentra stock de libros sobre la Guerra de la Triple Alianza gracias al masivo interés que despierta en lectores, escritores, docentes y bibliotecarios argentinos. El segundo lugar en ventas lo ocupan los libros de gramática, antropología e historia de la cultura guaraní, junto con mitos y leyendas locales. “Tenemos un público consumidor autóctono con raíces paraguayas que quiere aprender el idioma o conocer la historia de nuestros pueblos hermanos”, puntualiza Sosa.

La caída de las ventas está en boca de todos, ¿pero cómo se sienten los lectores que visitan la Feria año a año frente a los precios en alza? Uriel Bitar (22) cree que, en comparación con años anteriores, son exponencialmente más caros: “Suelo comprar libros usados, por lo que a veces encuentro buenos ejemplares que se quedan ‘atrás en el tiempo’ con sus precios y cuestan lo que deberían haber salido meses atrás. Este año, en la Feria, compré un solo libro, porque encontré un descuento con mi tarjeta de crédito, pero años anteriores podía llevarme varios más. Es triste, ya que los libros cumplen un rol fundamental en la memoria histórica de los pueblos y en el registro cultural que cada momento y cada sujeto imaginario llega a la posteridad. Nos permite retrotraernos a distintos pasados, comprender diversas miradas, y analizar la realidad desde nuevos lentes. Una población sin inversión en la literatura sería un pueblo abandonado totalmente a la desmemoria y a la completa ignorancia de lo que lo hace pueblo, y en tanto pueblo, indefectiblemente libre”.

Trabajadores despedidos, víctimas sin derechos

Trabajadores despedidos, víctimas sin derechos

May 7, 2024 | Destacado 3, Géneros, Trabajo

El gobierno de Milei echó al 26 por ciento del personal de la línea 137, que atiende casos de violencia sexual y familiar, incluidas la explotación de niñas, niños y adolescentes y el grooming.

Desde que asumió la gestión libertaria, la línea 137 del Ministerio de Justicia de la Nación, que brinda asistencia los 365 días del año a las víctimas de violencia sexual y familiar, está siendo vaciada de personal y, por tanto, dejando de garantizar derechos a quienes requieren de asesoramiento legal, psicológico y administrativo.

De diciembre a hoy son 19 los profesionales despedidos sin justificación del Programa las Víctimas contra las Violencias de la línea 137, lo que representa “el 26 por ciento del total, mientras que el resto enfrenta una incierta situación laboral con vínculos contractuales hasta junio de 2024”, señala el petitorio de los trabajadores a las autoridades de la cartera de Justicia en reclamo por su reincorporación inmediata.

El programa existe hace 18 años, tiene alcance nacional y es gratuito. Está conformado por un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que, en articulación con redes de acompañamiento y contención territorial, es el que actúa ante situaciones de violencia y urgencias.

El vaciamiento comenzó el 29 de diciembre. Ese día, dos trabajadoras de la línea 137, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, (GDE), recibieron un mensaje de un renglón en el que las informaban que su contrato no sería renovado. En ese momento, una de ellas estaba acompañando a una mujer embarazada y la otra asistiendo a una adolescente que había sido abusada sexualmente.

 

Mariana Vázquez es trabajadora social y estaba con licencia por ART cuando la despidieron después de 12 años. Se enteró en Semana Santa a través de la lista que circuló por el GDE. “Hasta el momento no tengo telegrama de despido ni notificación”, afirma.

Ella fue una de las profesionales que brindó capacitación a la Policía Federal en materia de género. “Desde el programa pudimos armar una cátedra en la que capacitamos tanto en la Universidad de Rosario como en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, en Villa Lugano, y en la comisaría de Chacarita”, cuenta. Con la línea 137, además, se encargaba de las formaciones del Ministerio Público Fiscal y de instituciones de salud como el Garrahan y el Hospital Elizalde, donde se atienden en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

En el petitorio que presentaron los trabajadores de la línea 137, también exigen la garantía de estabilidad laboral y derechos para todos sus pares del Programa las Víctimas contra las Violencias, y el compromiso de las autoridades del Ministerio de Justicia de “velar por la integridad y continuidad de los programas estatales destinados a combatir la violencia familiar y sexual, reconociendo su importancia en la protección y asistencia de las víctimas”.

Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar.

Laura Boggon es psicóloga, trabaja en el programa desde 2010 y es delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Explica que la iniciativa de este acompañamiento surgió como respuesta a la necesidad de asistir a las mujeres victimizadas sexualmente en la vía pública. “Cuando las víctimas acudían a hospitales o comisarías, las revictimizaban. En ese contexto, la psicóloga Eva Giberti, actual coordinadora del programa, creó lo que devino en las Víctimas contra las Violencias, que trabaja tanto en situaciones de violencia familiar como sexual”, detalla Boggon.

Según el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina, en el último año se recibieron más de 6.100 llamados a la línea 137 por violencia familiar. En estos casos “se necesita el acompañamiento de un equipo para hacer una denuncia en la oficina correspondiente, o trasladar a la mujer que salió de su casa, o cuando los chicos y chicas quedan con el agresor. Entonces, denuncia mediante, asistimos para que autoricen a retirar a los niños. Solemos acompañar todo ese proceso –comenta Boggon–. Cuando son situaciones de violencia sexual, ya sea que actúen fiscalías o juzgados, también piden nuestra intervención, que vayamos al lugar donde está siendo asistida la persona, y hacemos un informe que pasa a formar parte del expediente judicial. En una segunda instancia nos citan para dar testimonio en los juicios. Hay un despliegue para brindar la mayor protección que puede lograrse y que no estemos marca la diferencia”.

La línea 137 es federal y brinda asistencia en todo el país. Los equipos profesionales tienen dos sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la metodología ha sido replicada en Chaco y Misiones. “Los llamados que llegan de otras provincias se intentan articular con el 911 de ese lugar donde está ocurriendo el hecho, para dar protección a esa persona. A veces nos encontramos con la traba de que quien llama no se anima a dar sus datos o tiene miedo, muchas veces son vecinos y no quieren quedar expuestos. Entonces, desde el programa, relatamos lo que se nos informa, los aspectos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, y elevamos un acta que es enviada a los organismos locales de protección. No es una denuncia, pero es informar para que se comience a intervenir”, puntualiza Boggon.

El Ministerio de Justicia de la Nación todavía no responde al reclamo de reincorporación de los despedidos de la línea. Sus trabajadores, mientras tanto, sostienen reuniones gremiales y actividades para visibilizar el conflicto, como una radio abierta y la proyección del documental de la línea Cada 30 horas de la directora Alejadra Perdomo. “Desde la gestión manifiestan interés en el programa, pero lo están vaciando de personal –refiere Boggon–. No sé cómo pretenden que se mantenga cuando es un trabajo de 24 horas, todos los días, en torno a una temática tan compleja”.

El INCAA da batalla

El INCAA da batalla

May 4, 2024 | Culturas, Destacado 5

Los trabajadores de la industria cinematográfica se reunieron en las puertas del INCAA en rechazo de las políticas del gobierno y de la designación de Carlos Pirovano al frente de la institución. Para los trabajadores la cultura es un blanco elegido porque genera pensamiento crítico y resistencia.

Los trabajadores del INCAA se movilizaron el 3 de mayo para visibilizar su situación a través de diferentes acciones. Desde las puertas de la institución reclamaron contra de la decisión del gobierno de cerrar el Instituto temporalmente después de achicar fuertemente su estructura y lenciar a más de doscientos trabajadores. Los principales apuntados por parte de los manifestantes fueron el presidente Javier Milei y el actual titular del organismo Carlos Pirovano, un especialista en finanzas sin experiencia en el mundo del cine.

En línea con el ambiguo régimen de austeridad que el gobierno profesa bajo la consigna “No hay plata”, Pirovano justifica el ajuste en “el contexto de la crisis económica general y el importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas”.

Desde la difusión de la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Milei, las funciones del instituto se vieron afectadas, se decretó la suspensión de presentación de proyectos por 90 días hábiles. La Gerencia de Fomento, un emblema del instituto, sería eliminada para reemplazarla por un sistema bancario menos accesible.

Sin embargo, lo trascendido el lunes 22 de abril fue la gota que rebalsó el vaso y obtuvo como respuesta la manifestación en las puertas del INCAA en donde trabajadores del cine se expresaron sobre la situación.

“El único lineamiento claro es que quieren reducir al instituto a la mínima expresión, atacar al sector de la cultura porque muestra una lucha, una resistencia”, expresó en diálogo con ANCCOM Ingrid Urrutia, trabajadora del instituto y delegada general de ATE. “Lo que estamos defendiendo tiene apoyo social y se enmarca en la pelea general que estamos llevando contra el gobierno y la Ley de Bases que podría llevarse puesto al instituto”, agregó.

Una sentencia de muerte

Desmantelar una entidad como el INCAA significa una sentencia de muerte para gran parte del cine argentino. Pocos proyectos podrán realizarse sin el apoyo del instituto cuya función es apoyar y fomentar tanto pequeñas, medianas y también grandes producciones. El INCAA democratiza y permite financiar proyectos que de otra forma no podrían realizarse a través de subsidios y concursos. 

Según Urrutia, “sin el apoyo del Estado sabemos que muchos proyectos no podrán ver luz”. En consonancia, Nicolás Vetromile, montajista y delegado de ATE, afirmó: “Con este nuevo sistema el INCAA va a pasar de producir doscientas películas por año a apenas 20. Hoy solo se van a poder producir los que se puedan autofinanciar”. El único subsidio que se mantendrá en la nueva gestión es el subsidio a la exhibición que reintegra el dinero de poner un filme en las salas: pocos gozarán de esa retribución, ya que llegar a un estreno se volverá una misión casi imposible.

La postura del gobierno no solo golpea a la producción cinematográfica si no a todo lo que hay detrás: miles de trabajadores en todo el país, desde actores y directores hasta servicios de catering, limpieza, editores, vestuaristas, etc. El cine como toda industria da trabajo a muchas familias; si la producción baja, las fuentes de ingreso serán mucho más escasas. 

Como si fuera poco el cierre del INCAA trae consigo el cierre de todas las salas dependientes de la entidad a la vez que deja inoperantes a importantes y consolidados portales de difusion como Cine.Ar TV, Cine.Ar Play, el Cine Gaumont, el Festival de MDQ, etc. Las obras que logren realizarse bajo este nuevo régimen tendrán aún menores oportunidades de difusión.

¿Con la nuestra?

Uno podría entender el cierre del INCAA bajo las lógicas de ajuste del gobierno de Milei en donde el “No hay plata” se lleva todo por delante. Sin embargo, lo cierto es que el instituto del cine no depende de aportes directos del Estado argentino para subsistir. Esa idea tan repetida es una falsa creencia. 

El INCAA es un ente público, pero no estatal. Es autárquico por lo cual no está sujeto a la intervención gubernamental en sus acciones. La principal fuente de ingreso de la institución es el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) que se compone de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados”, como DVDs, y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV, radios y servicios de cable. Los aportes del tesoro nacional son esporádicos, circunstanciales y no representan un porcentaje significativo de la recaudación del INCAA. 

“Esto no tiene nada que ver con quitarle la comida a nadie o tomar la renta nacional”, afirma Nicolás Vetromile. Que una obra sea rentable no es un requisito del INCAA a la hora de financiar. Sin embargo, se repite constantemente que “el cine argentino es deficitario” y en muchos casos lo es. Si bien hay numerosas películas exitosas financieramente, un gran porcentaje de las películas argentinas que salen a la luz no recupera sus presupuestos.

Los datos indican que hay una caída en cuanto al caudal de público en las salas, especialmente después de la pandemia del covid 19, que trajo consigo otras formas de consumo cinematográfico. En 2023 se estrenaron más de 250 películas argentinas, pero apenas 10 superaron los 50 mil espectadores y el único filme que superó el millón fue el documental sobre la selección Argentina Muchachos, la película de la gente. Este 2024 es más flojo, la película argentina más vista fue el reestreno de 9 reinas con 75 mil espectadores. Los números son menores a los de los años anteriores: por ejemplo en 2015 fueron 13 las películas que superaron el piso más alto de 100 mil espectadores. 

El discurso reduccionista que avalan los defensores del gobierno considera al cine argentino inútil y fracasado fundamentando esta teoría en la idea de que la gente “le da la espalda” y rechaza ver cintas argentinas por su supuesta baja calidad, como si el hecho de ser nacional ya dotará al filme de una serie de problemas que lo ponen por debajo de otro extranjero.

La realidad es que de ese buen número de películas “deficitarias” hay un abrumador porcentaje que no tienen prácticamente ninguna difusión. Muchísimos filmes solo están una semana en cartel, no se promocionan en ningún medio y deben conformarse con aparecer en algunas salas dependientes del INCAA, las mismas que acaban de cerrar. Las que sí logran aparecer en las salas comerciales lo hacen en días y horarios más bien marginales que complican la afluencia de público. Con estas condiciones las posibilidades de éxito económico son prácticamente milagrosas.

¿Esto se debe a que son simplemente peores? No: es porque los cines comerciales se manejan con una lógica de mercado, las grandes salas evitan estrenar filmes argentinos ya que no son garantía de ganancia en comparación a los tanques de la industria norteamericana que llegan al país con plataformas de promoción mastodónticas y que aseguran una venta de tickets de mínima. Esto no quiere decir que los filmes nacionales no puedan atraer público: hay infinidad de ejemplos que demuestran que cuando las producciones nacionales tienen amplia difusión, son éxitos casi asegurados. 

Pero estos casos son apenas dos o tres películas por año. Luego vienen algunas producciones intermedias que dependen de su suerte y el boca en boca, como el caso de Puán que ya congregó a más de 120 mil espectadores y sigue sumando. Las más pequeñas directamente están destinadas a una difusión marginal o quedan disponibles en los repositorios que, ahora, también cierran.

 

No los ven

“No la ven” dicen muchos funcionarios del gobierno. En consonancia con esa retórica podría decirse que ellos al cine argentino tampoco lo ven. Las autoridades y los militantes de ese discurso consideran a la industria de cine local como una cloaca irrecuperable de la que nada bueno puede salir. Nunca desde el Estado nacional se había hecho un boicot tan importante contra el cine argentino. No solo desde las decisiones políticas sino desde lo discursivo. Un discurso que cala profundo en un sector de la sociedad que considera a los trabajadores del INCAA como ñoquis y al cine un curro improductivo. 

La obsesión por denostar el cine local parece estar íntimamente ligada al rechazo por todo aquello que sea nacional, soberano y representativo. La embestida al cine y la cultura no es una casualidad, es parte de una estrategia de desintegración del sentido de comunidad nacional. 

Mientras tanto, y como respuesta a esto, los trabajadores del cine seguirán  luchando en la calle, haciéndose ver, alzando la voz, como ocurrió en la sede del INCAA, en donde se congregaron junto a centros de estudiantes de FADU y UNA, diputados nacionales como Romina del Pla, Myriam Bregman y Esteban Paulon, además de representantes del colectivo de actrices argentinas. Todos unidos en lucha para defender a una insignia de la cultura nacional y  demostrar que este no es el final de la película.