La versión argentina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La versión argentina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Mientras que el gobierno de Javier Milei goza todavía un gran apoyo popular, una encuesta realizada por el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina, que aglutina a 15 universidades, muestra que la abrumadora mayoría del país se opone al retiro del Estado de la salud, la educación y de las regulaciones económicas.

Los resultados de una reciente investigación del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) ponen en cuestión la importancia que le otorga la ciudadanía a la presencia estatal. ¿Es posible que los argentinos reconozcan el valor del Estado a pesar de votar un gobierno como el de Milei, que lo considera una “organización criminal”?

Concretamente, el estudio muestra que una mayoría de las personas que está a favor de la presencia estatal en ámbitos como la salud y la educación. El PIRC-ESA es un programa federal en el que participan 15 universidades nacionales, entre ellas la UBA, y la investigación aludida consistió en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos (personas de distintos grupos de edad y géneros) de todo el país, relevada entre abril y mayo de este año.

El 81 por ciento de la población encuestada se pronunció a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76 por ciento cree que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario para ponerle tope a los alquileres, y el 72 por ciento que debe garantizar el derecho a la vivienda única familiar a través de distintos financiamientos.

En diálogo con ANCCOM, el sociólogo Julián Rebón, doctor en Ciencias Sociales e integrante del PIRC-ESA, afirma: “Estos datos muestran que es discutible el consenso en cuanto al repliegue de todas las áreas del Estado y que todo puede ser comprado y vendido sin ningún tipo de regulación. Según los resultados, lo público y la intervención estatal están muy bien vistos”.

Para entender la contradicción entre los resultados del estudio y lo que la ciudadanía eligió en noviembre pasado, Rebón sostiene: “Hay dos elementos. Por un lado, la gente vota por diversas razones, y algunas pesan más que otras, seguramente el tema inflacionario pesó más que otras aristas. Por otro lado, en este estudio no indagamos sobre qué tan importantes son los temas sobre los cuales preguntamos, o sea, cuál es el tono valorativo que les dan. Esto no quiere decir que la población va a apoyar todas las medidas del Gobierno, pero tampoco quiere decir que van a dar la vida por ello. El común de los ciudadanos no funciona como una orquesta sincronizada”.

Lejos del apoyo a la desregulación del mercado de trabajo y a la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 83 por ciento de los encuestados está a favor de aumentar las multas a las empresas que tienen empleados en negro y el 72 por ciento considera que el Estado debe garantizarle una jubilación a quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.

Además, según el estudio, la ciudadanía también se opone a la mercantilización de servicios sociales básicos como la salud y la educación: el 86 por ciento cree que el Estado debe garantizar la educación primaria y secundaria, el 83,5 por ciento está a favor de que las universidades sigan siendo gratuitas y el 78 por ciento está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos.

Al respecto, Rebón afirma que, si bien falta presupuesto en la mayoría de las universidades, el Gobierno tuvo que parar un poco y cambiar el rumbo de su política tras la masiva marcha del 23 de abril. “Hay una sociedad polarizada que, a pesar de haberlo votado, no necesariamente ‘compra’ toda la agenda del Gobierno. El sentido común es fluido y heterogéneo”, precisa.

En cuanto a las políticas referidas a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de calle, la encuesta arrojó que el 75,3 por ciento está a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93 por ciento sostiene que hay que subsidiar los medicamentos para los jubilados. Asimismo, el 82 por ciento considera que el Estado debe proveer alimentos a los comedores populares.

El apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas, debido a que son de las más afectadas por estas políticas y están muy implicadas en las tareas de cuidado.

Además, los segmentos de la población de bajos y medios niveles educativos tienen “una percepción más estatal”, ya que para ellos el Estado es un elemento de protección, y exhiben un acuerdo aún más intenso respecto a las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral. Y el grueso de los encuestados con altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública.

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

«Se busca comida, ¡nos hace falta!»

Cerraron trece comedores comunitarios de la RAE por falta de fondos para comprar alimentos. Ya lo habían hecho al menos otros seis. Para muchos niños era la única posibilidad de una comida caliente diaria. Desde la red anunciaron ollas populares para el 5 de junio y una marcha al Ministerio.

 

La Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria (RAE), una asociación civil que nuclea el trabajo de dieciséis organizaciones situadas en barrios del conurbano bonaerense y CABA, anunció que desde el 30 de mayo, trece comedores comunitarios cerraron sus puertas por falta de pago del programa Abordaje Comunitario (ex PNUD), dependiente del Ministerio de Capital Humano. Como resultado, quedaron sin comida a 3000 pibes y pibas, jóvenes y adultos que se encuentran bajo la línea de pobreza, muchos de ellos en situación de indigencia. Se pone en riesgo su salud, ya que la mayoría no cuenta con alternativas para acceder a un plato de comida. Luego de una asamblea anunciaron ollas populares y una marcha al a la Cartera de Sandra Pettovello para el 5 de junio.

“Nos va a tocar estar a la altura de las circunstancias, estar al lado de los pibes que se empiezan a desmayar en las escuelas por hambre. Tendremos que estar al lado de ellos”, afirmó a AM 530 Somos Radio, Margarita Zubizarreta, referente de RAE.

RAE forma parte, a su vez, de InterRedes que nuclea a seis agrupaciones similares que llevan 30 años en articulación y representan 200 organizaciones sociales comunitarias. Trabajan en apoyo educativo, espacios socioculturales y de participación comunitaria. Lo que ahora denuncia RAE ya le sucedió a la Red El Encuentro, también perteneciente a InterRedes: seis centros comunitarios dejaron de cocinar por falta de alimentos desde el 27 de mayo, cuando 1.300 niños, jóvenes y familias, quedaron sin comida.

“Nos desfinancian la RAE y El Encuentro, pero la semana que viene puede pasar lo mismo con las otras redes. Está siendo progresivo y no tenemos noción de que va a pasar”, cuenta Zubizarreta con preocupación. La RAE convocó a una asamblea en Nuestro Lugar, uno de sus centros en San Fernando. Desde allí, en diálogo con ANCCOM, Margarita Zubizarreta contó: “Acabamos de resolver hacer ollas populares en los 17 centros de la RAE el miércoles que viene a la misma hora, hacer una asamblea el jueves a la mañana en este mismo lugar, hacer un amparo judicial y seguir trabajando con las organizaciones de cada barrio y fortaleciendo la articulación con los municipios, para trabajar y hacer una movilización la semana que viene con las seis redes, que son 200 centros y 22.000 niñas, niños, jóvenes y adolescentes destinatarios de esas redes. Hacer una movilización a capital humano”.

Decir No

La referente del espacio cuenta que los chicos les piden comida y tienen que decirles que no hay: “Es imposible decirles que no. Es un desastre. Los mismos chicos nos lo dicen, están haciendo carteles. Hacemos asambleas con los educadores comunitarios, para que sepan lo que está pasando y ver qué podemos hacer. Saben que hay un depósito de mercadería que está ahí acumulada. Las familias de los chicos ya saben todo. Nos dicen que en las escuelas, en muchos casos, no estaban comiendo y que esperaban llegar al centro para tener la única comida del día: una comida de calidad con los recursos que nos daban del programa. Ahora decirles que no, nos está costando un montón. Estamos intentando estirar con lo poco que queda de fideos, arroz, pero realmente no lo podemos sostener. No tenemos de donde sacar recursos.

«Se busca “comida”: ¡nos hace falta!», menciona el cartel hecho por un niño que asiste a comera a RAE.

La RAE, contaba con tres maneras de administrar los Fondos de Abordaje Comunitario: la presencialidad, la vianda o el bolsón, todas ellas, auditadas permanentemente. Tras anunciar el cierre, desde RAE señalaron que cumplían con todos los requerimientos legales y administrativos así como con las auditorías implementadas por el Ministerio de Capital Humano. Aun así, el Estado nacional no transfiere los fondos para alimentos, alegando “demoras administrativas” en el traspaso de los recursos del Ministerio de Economía al programa.

Sin las organizaciones sociales la situación es realmente muy grave, explica Zubizarreta: “Si no recuperamos el aporte en alimentación y no logramos sostener el aporte que ademas realize la Provincia para lo socioeducativo, se van a tener que cerrar los centros. El impacto que uno ve y que nos refieren las familias después de tantos años es que se perdería reconocimiento, valoración, confianza; si se pierde eso, es un golpe mortal para los barrios. Entendemos que el Gobierno de la Provincia va a hacer lo imposible porque estamos en diálogo con funcionarios y nos dicen que lo último que van a hacer es eso. El tema es que no sé cómo van a ir acompañando semejante inflación y bajos salarios. No sé si lo vamos a poder sostener”. Y agrega: “Desde enero, con la incertidumbre de no saber si seguimos o no, estamos sin dormir. No damos más. Estamos al lado del padecimiento, y es muy difícil de comunicar, hay que estar”.

Se puede aportar económicamente a RAE, con donaciones por única vez o todo el año. También se puede contactar con esa finalidad al mail: Colaboraconrae@gmail.com.

 

Quinientas vueltas para conseguir comida

Quinientas vueltas para conseguir comida

Representantes de los comedores populares nucleados en la Fundación Papa Francisco se manifestaron en el Obelisco para reclamar al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos confiscados. La Fundación asiste a 30 mil familias todos los días.

La fundación Papa Francisco realizó una marcha de silencio este miércoles al mediodía en el Obelisco para repudiar la negación del gobierno a entregar las cinco mil toneladas de alimentos que se encuentran almacenadas en depósitos desde hace seis meses.

La consigna de la actividad era realizar 500 vueltas al Obelisco para solicitar el reparto de comida. Liliana Sanuchi, presidenta de la fundación, detalló: “Hacemos este reclamo porque la situación de los comedores es muy grave, cada vez recibimos más gente que no llega a fin de mes”, luego enfatizó: “No puede ser que haya comida guardada mientras estamos en emergencia alimentaria”. 

El reclamo comenzó minutos después de las 12 y contó con la presencia de los directores de las 18 delegaciones del conurbano bonaerense que acudieron en representación de los comedores y las familias. Las 500 vueltas se fueron realizando por tandas con carteles que expresaban la leyenda de “A no aflojar” y “Fundación Papa Francisco presente”.

En diálogo con ANCCOM, Sanuchi detalló la presencia que tiene la organización: “Solo en el conurbano asistimos a más de 400 comedores lo que se traduce en 30.000 familias por mes, en las provincias por su parte es imposible contabilizar porque la cantidad de gente que pide ayuda crece día a día”, remarcó la dirigente. Por su parte, Liliana Leiva, directora de la delegación de Florencio Varela, detalló: “Desde octubre no recibimos mercadería, estamos haciendo lo que podemos, a pulmón y con donaciones privadas, pero no alcanza, en Argentina hay hambre”, cerró. 

El gobierno reconoció el martes, a través de su vocero Manuel Adorni, la existencia de los alimentos almacenados, pero argumenta que no se han entregado porque encontraron irregularidades en las auditorías que realizaron desde el Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Petovello. “No distribuyen los alimentos porque dicen que hay comedores que no existen, pero yo fui auditado y hasta me felicitaron por como llevaba un registro de todo”, explica Eduardo Arellano, director de la delegación de Morón. Siguiendo esta línea el dirigente explicó: “Esto se trata de un relato que quieren imponer, primero reducen personal del Ministerio que se encarga de las auditorías y después denuncian”. 

En este contexto, el juez Sebastián Casanello ordenó que se entreguen los alimentos de inmediato pero el Gobierno ya anunció que apelará la medida, lo que generó indignación en los sectores populares. “Los tiempos de la justicia pueden ser un poco lentos”, subrayó Sanuchi.

La actividad finalizó a las 13 cuando las 500 vueltas al obelisco fueron completadas. “Elegimos esta vía de reclamo –cerró Sanuchi- para pedir y rogar que se entreguen los alimentos lo antes posible y así evitar que se pudran en un galpón mientras la gente no tiene para comer”.

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

Los docentes continúan con el acampe en reclamo de un salario que los lleve por encima de la línea de indigencia. Los trabajadores de la salud y los judiciales tampoco aflojan.

Desde el 21 de mayo, docentes de diferentes lugares de la provincia de Misiones realizan un acampe en Avenida Uruguay y Trincheras, en la ciudad de Posadas, esperando respuestas a sus pedidos por una mejora salarial. El conflicto con el gobierno de Hugo Passalacqua se sigue profundizando y no aparecen las respuestas a los reclamos de los maestros que cobran un salario que no les alcanza para subsistir. También los trabajadores judiciales reclaman por sus salarios. Durante la madrugada de este miércoles, el gobierno logró desactivar el conflicto que más lo preocupaba, el acuartelamiento policial, llegando a un acuerdo por un incremento apenas superior a los 15 mil pesos. 

A pesar de las bajas temperaturas a las que están expuestos, los pedidos de los trabajadores del área de la Educación de Misiones no han sido apagados sino que cada vez hay más personas que se suman al reclamo. Lejos de que el clima se calme, la tensión y el conflicto va aumentando ya que, ante los reclamos por una mejora salarial, se están efectuando descuentos en los sueldos de aquellos que están participando en los paros.

‘’Estamos acá con la intención de que el gobierno escuche nuestro pedido, que es una real recomposición salarial, nosotros pedimos el 100% de aumento del básico, porque realmente los más perjudicados en lo que es la cuestión docente son las maestras de grado con un solo cargo que cobran 250.000 pesos. La vida, como es de público conocimiento, se ha encarecido’’ dijo a ANCCOM Gabriela Escobar, docente del nivel secundario que se encuentra en los acampes de Posadas desde hace una semana. Cabe recordar que un sueldo de 250.000 pesos coloca a una persona por debajo de la línea de la indigencia. ‘’Nosotros siempre decimos que Passalacqua, el gobierno actual, el gobernador actual de la coalición política de la renovación es el brazo ejecutor de las políticas de ajuste a nivel nacional y él las lleva a cabo acá en la provincia’’ continuó la docente.

 En el transcurso de la tarde del lunes, algunas autoridades de la provincia se acercaron a la ciudad de El Dorado, que se encuentra a unos 200 km de la ciudad de Posadas, para hablar con otros sectores docentes que allí se encuentran intentando buscar un camino de diálogo. ‘’Se está pendiente de eso pero no hay ninguna certeza. Eso podría llegar a salir el sábado pero nosotros estamos intentando que esa mesa esté más cerca, no tan alejada, porque la verdad es que las temperaturas son muy bajas, los docentes seguimos resistiendo, pero que nos tengan una semana más sobre las rutas y acampando en la ciudad de Posadas nos parece sumamente violento y deshumano por parte de este gobierno que tiene las herramientas para llamar pero no lo está haciendo’’, sostuvo Escobar.

 

De esta manera, durante el día martes se tomaron medidas a lo largo de toda la provincia. Se cortaron las rutas nacionales principales, la ruta 12, a la altura de las localidades de General Urquiza, El Dorado y Puerto Libertad, y la ruta 14 en determinados lugares, interrumpiendo el tránsito por varias horas como una manera de seguir manifestando y obtener una respuesta por parte del gobierno que sea de acuerdo con los pedidos y con las necesidades de los trabajadores. 

 A la vez, en Posadas también accionaba. ‘’Nosotros acá lo que hicimos fue un recorrido interno en la capital interpelando a los políticos de turno para que llamen a una mesa salarial paritaria, para que podamos sentarnos a dialogar porque la verdad es que no nos están dando respuesta, ni siquiera en acordar, en coordinar, una mesa de diálogo’’, prosiguió la docente desde el lugar de los reclamos. 

Pero no son solo los trabajadores de la educación los que están parando y reclamando al gobierno por mejoras salariales. Para sorpresa de muchos sectores, el área judicial también se encuentra en los reclamos por la obtención de un mejor salario. También cercano a este escenario, se encuentran los trabajadores del área de salud, quienes tomaron el Ministerio del sector desde el miércoles pasado y que, al igual que sus compañeros de reclamo, exigen un 100% de recomposición salarial. 

“La lucha tiene que ver con los bajos salarios que tenemos en particular los trabajadores de salud y en general los trabajadores estatales de esta provincia. Además de esto, que lo venimos padeciendo y que muchos compañeros manifestaron que la situación estaba tan crítica que iban a trabajar angustiados, y cuando digo compañeras y compañeros me refiero a todos los que componemos el equipo de salud, desde los médicos a aquellos que realizan la tarea de limpieza”, cuenta Helena Rodriguez, enfermera del Hospital de Oberá, de la provincia de Misiones, quien se encuentra en la toma del Ministerio reclamando por un salario digno y mejores condiciones de trabajo. 

El martes, después de una semana, los trabajadores fueron recibidos en el Ministerio. ‘’Nos tomaron nota e intercambiamos algunos estudios y cuadros que tenemos nosotros que respaldan el por qué del pedido del 100%. Hubo un compromiso de estudiar, de hablar con aquellos que tienen el máximo poder de decisión que, en el caso de esta provincia, no es solo el gobernador sino el Ministro de Hacienda, que es el que últimamente decide los aumentos de todos los estatales’’. De esta manera, los trabajadores pasaron a cuarto intermedio y esperan durante el día de hoy ser recibidos por las autoridades. 

‘’El trabajador necesita vivir dignamente, asegurarse de que cuando vuelva a su casa su heladera esté llena, que sus hijos también estén protegidos, que puedan ir al colegio porque sino pareciera ser que se va estrechando esto y nuestros hijos ni siquiera tienen derecho a tener una carrera universitaria’’ mencionó, recordando la falta de presupuesto para las universidades nacionales, cuya marcha nacional tuvo lugar hace poco más de un mes. 

‘’Estamos todos esperando, expectantes, tratando de unificar nuestra demanda que es el aumento salarial para el trabajador de salud pero entendemos que en general la situación del trabajador estatal en esta provincia está siendo muy ajustada. Los compañeros manifiestan a cada momento el hecho de no poder afrontar con los gastos de alimentos, de servicios, de transportes’’ manifestó Rodríguez a ANCCOM

Mientras tanto, durante la madrugada se llegó a un acuerdo entre los policías y el gobierno provincial. Pudieron negociar un incremento salarial de 15.521 pesos que se le aplicará al básico a partir del mes de junio y se extenderá proporcionalmente a las demás jerarquías. 

El resto de los trabajadores que se encuentran reclamando, del área de salud y de la educación, siguen a la espera de algún tipo de solución y de respuesta por parte del gobierno durante el día de hoy sin dejar de  recalcar como un logro que, por primera vez, la problemática del trabajador cruzó la provincia de Misiones, pasando a que los reclamos sean escuchados en todo el país.

Los días que viajamos en peligro

Los días que viajamos en peligro

Los trabajadores ferroviarios denuncian que el choque de trenes de hace un par de semanas en Palermo no fue un accidente sino las consecuencias de las políticas de ajuste. Señalan que el desfinanciamiento tiene como objetivo generar deterioro para facilitar la privatización. El jueves, habrá medidas de fuerza para advertir la situación y reclamar aumentos salariales.

La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes de todos el país, anunció mediante un comunicado una medida de fuerza para este próximo jueves 30 de mayo. Los trenes de pasajeros y de carga circularán durante todo el día a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La medida es en reclamo por la recomposición salarial y para manifestar la seria preocupación por la falta de inversión sostenida en infraestructura en el sistema en general, causal de los accidentes que han ocurrido en estas últimas semanas. De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, advierten un paro total para el martes 4 de junio.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), delegada del Tren Sarmiento e integrante de la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la situación del sistema ferroviario. Traza un paralelismo entre el anterior modelo menemista y la situación de desguace actual en los que observa el “destruir para luego privatizar”: “Hay una relación directa: los tipos quieren que el Estado ya no haga nada más que negocios para el bien del empresariado, que les voten leyes que les sirvan. Después no hay educación, no hay salud, no hay nada”, expresó. La diputada también trae a colación el entramado que cimenta la apuesta por la privatización como parte de un todo, de una destrucción total: “Es parte de un caos general al que van a llevar al país con todo este ajuste. Así no tenés luz para la universidad, no tenés seguridad en los trenes, no tenés medicación para el cáncer. Es parte de eso. Ellos, por supuesto, quieren también privatizar. Lo que tenemos que tener claro es que la privatización no es para evitar los gastos de los subsidios, porque acá ningún empresario va a querer tener trenes de pasajeros, que todos saben que son deficitarios. Solo van a venir a robar de los subsidios”, amplió la delegada.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado  (ADIFSE) sufrió un recorte del 92 por ciento en términos reales en relación al primer trimestre del año pasado, consecuencia lineal de funcionar con el mismo presupuesto que en 2023. Este desfinanciamiento implica una destrucción absoluta en materia de mantenimiento y control sobre la estructura de los ferrocarriles: maquinaria, vías, puentes y sistemas de señales, que no resguardan siquiera los estándares mínimos de seguridad operacional en algunas áreas, por lo que diferentes ramales funcionan constantemente con riesgo operativo o autorización del día.

Cristian Duarte, maquinista delegado del Ferrocarril Sarmiento, señala la importancia de que el sistema de señalización funcione adecuadamente: “Hay ciertas cuestiones que están naturalizadas dentro de la circulación de trenes que constituyen un riesgo total y son terribles: el sistema paliativo es una autorización para transitar de un punto hacia otro que se utiliza cuando el sistema de señalización no funciona”. Duarte explica que este sistema paliativo suele utilizarse en ramales poco transitados como es el caso del que va hacia Lobos o Mercedes. Pero explica que la peligrosidad es otra cuando se utiliza en ramales con frecuencia alta como es el caso del Sarmiento, en su recorrido desde Moreno hacia Once (aunque funciona con treinta formaciones menos) o el San Martín, que funcionaba sin señalización cuando ocurrió el choque de formaciones a la altura de Palermo el pasado 10 de mayo. Esta situación había sido advertida de forma anticipada por el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, quien alertó sobre la situación crítica de presupuesto que no alcanzaba a garantizar siquiera, el mínimo funcionamiento. El diagnóstico de Duarte coincide sobre las consecuencias de la desinversión estructural: “Cualquier desfinanciamiento, cualquier falta de políticas para resolver los problemas de fondo, el deterioro del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, nos llevan a una situación como la del San Martín del otro día. El resumen más triste son los 52 muertos de Once que fueron resultado de una desidia total donde abandonaron por completo cualquier tipo de mantenimiento como consecuencia de la desinversión.”

Por otro lado, el maquinista se refirió al peligro que conlleva la profundización de este modelo de ajuste: “Las políticas de este gobierno apuntan no solamente en contra del conjunto de los trabajadores sino que también respalda los negociados con respecto al patrimonio nacional. Es una destrucción y un sometimiento total”.

Schlotthauer también se refirió a los ramales que son menos frecuentados donde el ajuste se vio agudizado y la frecuencia de los trenes escasea cada vez más. Este es el caso de ramales que se adentran hasta el cuarto cordón del conurbano bonaerense y llegan hasta localidades como Las Heras o Marcos Paz, que redujeron su servicio en un 60 por ciento, es decir que funcionan a un 40 por ciento de sus capacidades. El desfinanciamiento produce que múltiples máquinas estén paradas por la necesidad de recambio de repuestos que no se produce hace meses: “Lo que genera esta desinversión esencialmente es aislar, quitar oportunidades, dejar a la gente sin acceso a sus derechos”. La integrante de la Unión Ferroviaria amplía: “De Mercedes a Buenos Aires tenes que gastar 6.000 pesos si venís en colectivo. Olvídate de venir. ¡No podes gastar eso por día! Entonces la gente se queda sin nada, sin poder trasladarse a la capital, sin ferrocarril”.

“La privatización de los ferrocarriles argentinos enajena el patrimonio nacional”, declaró Ricardo Banegas, director de la escuela técnica de La Fraternidad, quien agrega otro elemento al análisis de la causas: “Entendemos que el trasfondo es el negocio inmobiliario- señaló en diálogo con ANCCOM-. Es monumental el valor que tienen los terrenos ferroviarios, por eso la idea es venderlos y hacer un negocio con esas tierras”. Además resaltó el marco reglamentario, legislativo y necesario que significa la Ley Bases para desarrollar materialmente la estructura en torno a un modelo privatista: “Tal cual como está presentado el proyecto de la Ley Bases, hay un solo renglón que define el destino de toda la industria, que es el de privatización y concesión, que no está justificado de ninguna manera”. Sobre las consecuencias de la privatización de empresas públicas de interés general, Banegas coincide con Schlotthauer: “Dan lo mínimo e indispensable para funcionar, no desarrollando obras de envergadura que hagan que el ferrocarril sea eficiente. Evidentemente están copiando un viejo modelo que se vivió en los años noventa, en donde no solamente se desfinancia sino que se genera en la opinión pública un desgaste y una idea errada que tiene como resultado final la premisa de que si funciona así mejor que lo hagan los privados”. Haciendo una historización, Banegas se retrotrae a cómo funcionaban los trenes cuando eran privados, en oposición a cualquier idealización: “Cuando se le entregaron las vías a los privados estaban a 120 km por hora y había trenes a todo el interior del país. Treinta  años después, los trenes funcionan con mucha más demora para llegar de un punto al otro, las velocidades son muy inferiores. Todo tiene que ver con que no se han hecho las inversiones necesarias comprometidas en el momento de la privatización”, explicó.

Sergio Galeano, también integrante del Sindicato La Fraternidad, comparte el diagnóstico y expresa que “apuntan a la destrucción del ferrocarril. Te lo digo así nomás: ya no hay inversión. Es muy preocupante porque esto ya lo vivimos con Menem: familias en la calle, sin trabajo. Esto es la vuelta a todo eso- sostuvo -. Y no pasa solamente acá. Esta destrucción no es solo al sistema ferroviario, sino de todo lo estatal. ¡Mirá el caso de Aerolíneas, también! Están destruyendo al país. No hay una sola para los trabajadores. La quieren toda para ellos”.

 

Amenaza de más despidos

Los trabajadores ferroviarios temen por la seguridad de sus puestos de trabajo ante el avance de estas políticas de desguace contra los trenes argentinos. En este sentido Ricardo Banegas explica: “La planificación está en reducir más de un 15 por ciento del plantel actual. Esa es una intención clara. Hay acciones: ya han presentado de alguna manera un plan de retiros voluntarios, que no se ven reflejados porque no tienen la plata para llevarlos adelante”.

“Acá el problema es que hay mucha gente” escucha de forma constante Schlotthauer de parte de la dirigencia del gobierno actual en el intento de respaldar el achique dentro del sistema ferroviario. A su vez, advierte sobre el peligro que significa el constante bombardeo acerca de que “sobra gente” en el Estado. “¡Pará!, ¿por qué no hacemos las cuentas de cuánto gastan en la gente y cuánto gastan en negociados? Porque el otro problema además de la desfinanciación y el vaciamiento es la plata que se llevan para negocios de ellos. Entonces acá no nos digan que lo privado anda mejor, como dice el presidente, porque acá el privado mató gente”.