“Somos personas, no somos un gasto”

“Somos personas, no somos un gasto”

Jun 26, 2024 | Destacado 2, Trabajo

El reclamo universitario contra el ajuste continúa después de la gran marcha. Esta vez, una concentración frente al exministerio de Educación rebajado a Secretaría exteriorizó el reclamo por la actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90 por ciento del presupuesto universitario.

La marcha federal universitaria del 23 de abril expresó de forma masiva el apoyo a la universidad pública. 

El edificio del exministerio de Educación, ahora rebajado a Secretaría, está en reforma. En la plaza de enfrente, este martes al mediodía, docentes y no docentes universitarios repiqueteaban los bombos. Algunos comenzaban a cantar “Pettovello, Pettovello/ no te lo decimos más/ queremos salario digno/ ¡Paritaria libre ya!”.

A dos meses de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, las casas de estudios superiores siguen en alerta. “Estamos pidiendo un aumento de un 40 por ciento: no se abre la mesa de diálogo, nos convocan y no se presentan, y nos imponen una paritaria que no es libre. Este último mes nos impusieron un 4 por ciento. Entonces no nos dejan otra que empezar a tomar medidas. Parece que somos un número: ‘lo importante es reducir el gasto’. Somos personas, no somos un gasto”, afirmó Cinthia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Girando para mirar a sus compañeros, denunciaba el miedo de muchos de no llegar a sostener el alquiler. “Nos sobra mes al final del sueldo”, satirizaba un cartel.

El ajuste llega al hospital: endeudado por los tarifazos, sin insumos para tratamientos y diagnóstico. En las universidades, el presupuesto para gastos de funcionamiento, que representa menos del 10% de la universidad, “ lo prometieron pero no está llegando. Se corre riesgo presupuestario todavía. Tenés el otro 90 por ciento del problema universitario que son los sueldos de trabajadores no docentes y docentes de todo el país. Si vos precarizás eso, no dignificás el trabajo en las universidades nacionales que es tan central”, explicó José Gabriel de la Asociación gremial de Docentes de la Universidad Técnica Nacional (FAGDUT).

“Ellos tienen que pagar el costo. No nosotros, ¿entendés?”, apuraba un señor canoso señalándole la Secretaría de Educación a otro. Ambos llevaban una pechera de los docentes tecnológicos. Al lado de ellos, los referentes de los diferentes gremios formaban una fila. Uno de ellos agarró un micrófono. Antes de empezar la lectura de la carta que iban a presentar desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales al secretario de Educación Carlos Torrendell, rugió: “No hay universidad de calidad si no hay salarios dignos para los trabajadores. Por eso, aunque no le guste, se van a joder”.

La nota llamaba a la convocatoria de paritarias, pero antes detallaba la situación actual: “Los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes se ven gravemente vulnerados. Además, se obstruye toda posibilidad de diálogo respecto de la crisis salarial. Esta situación lleva a que un porcentaje importantísimo de docentes y no docentes no alcancen la canasta de la pobreza -a su alrededor, la plazoleta se alzó en silbidos-, hecho que nos preocupa y que debe resolverse a la brevedad”.

Cuando terminó la lectura, desde el escenario improvisado, los dirigentes levantaron una copia al aire y cruzaron la calle, dirigiéndose decididos a la puerta. En las ventanas de la Secretaría se reflejaban las banderas blancas y celestes. Dos agentes protocolares les cortaron el paso y les indicaron con una timidez acartonada que fueran a otra puerta. Con las espaldas erguidas, los delegados gremiales cruzaron en comitiva la Plazoleta Jardín de los Maestros.

Uno de ellos le pasaba el brazo por el hombro a un compañero mientras decía “la semana pasada estaba hablando con los gremios de ese sector y se sorprendían porque nosotros estamos unidos… Y sí, imaginate. No somos ingratos”. La universidad de los trabajadores es, por definición, solidaria. Los representantes de los siete gremios del Frente Sindical entraron a firmar, sosteniéndose la puerta.

En otro sentido van las políticas del gobierno nacional. Leandro Espósito, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad de Lomas de Zamora (APULZ) advertía: “Se han cerrado cátedras porque a los alumnos les cuesta llegar a la universidad por el aumento del boleto, cuesta llegar y no se llega al mínimo de alumnos en las aulas. Se prevé que el próximo cuatrimestre se va a agudizar la crisis en las universidades”. Su cara se arrugaba con preocupación: a menos oferta, menos acceso y más exclusión. “Se está hipotecando el futuro de la Argentina, eso es lo que no se ve en la sociedad pero se está hipotecando el futuro de nuestros jóvenes”, sintetizó.

Los referentes volvían a la plazoleta hablando entre ellos. Un cálido aplauso un día de frío invernal los recibió. En las rejas del monumento, estaba colgada la bandera de los trabajadores de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Fabián Marcaida, no docente de esta universidad, apuntó la particularidad de su lucha: “Aparte del ajuste salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la Universidad de las Madres tiene un problema adicional: hace seis meses no se cobran los sueldos”.

La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias no autorizaron la transferencia de los fondos asignados por el presupuesto nacional para esta universidad recientemente creada. “Tenemos toda la planta docente y toda la planta no docente de la universidad sin cobrar sus sueldos desde diciembre del año pasado”, añadió Fabián.

A su lado, Ricardo Aguirre, un docente de la UNMa asiente. “Eso hace peligrar obviamente a las trayectorias educativas de más de dos mil estudiantes que están cursando y son regulares de esta casa de estudios. La falta de presupuesto hacia nuestra universidad que es una persecución ideológica profunda y es odio hacia la historia de las Madres y hacia la universidad”, recalcó.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) encendieron un pote de humo celeste. Todas las banderas se hilaron en un clamor: “Universidad/ de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode”.

Todo disca es político

Todo disca es político

Jun 17, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados convocaron a la Asamblea Discas en Lucha en la Plaza Congreso para denunciar el abandono y estigmatización del Gobierno y la necesidad de que la militancia los incluya en sus organizaciones.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados participaron de la asamblea convocada por la Red en Discapacidad, Orgullo Disca, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el INADI,el sábado 15 de junio. También se acercaron personas autoconvocadas y una representante jubilada de Insurgentes.

Durante la tarde, entre rondas de mates, fueron pasándose uno a uno el megáfono para hacer sus intervenciones. Entre las temáticas más mencionadas se conversó sobre la necesidad de reforzar la seguridad ante la represión desplegada por el gobierno de Javier Milei. Se debatió sobre la decisión de la CGT de no convocar al paro nacional y de las columnas que se retiraron una vez conseguido el quórum para el tratamiento de la Ley Bases, el pasado miércoles, lo que dejó expuestas a las personas que se encontraban manifestando. Los debates giraron en torno a los interrogantes: “¿Qué sindicatos nos protegen?”, “¿Qué sindicatos nos apoyan?” y “¿Quién nos garantiza ese apoyo en las movilizaciones?”.

Uno de los manifestantes sostenía un cartel que decía “Libertad a lxs presxs por luchar”. Se mencionó en varias ocasiones a las personas detenidas por ir a marchar o encontrarse en las inmediaciones del congreso, 16 de ellas aún esperando la excarcelación. Natalia Rodríguez, militante de la Red en Discapacidad, señaló que el gobierno busca el disciplinamiento, por eso ella cree imprescindible fortalecer la presencia en las calles y la seguridad de las personas que se manifiestan: “Nos están matando en nuestras casas. Nos dejan sin trabajo, nos dejan sin comida”, aseguró.

Otro elemento presente en las exposiciones fue la intersección con otros sectores especialmente afectados por las medidas del gobierno libertario como la población travesti trans, la comunidad LGBTQIA+, los jubilados agrupados en la organización de Insurgentes, los trabajadores de organismos estatales y las organizaciones sociales. Señalaron la necesidad de realizar acciones conjuntas con esos espacios y con sectores estratégicos. La militante de la Red denunció que durante una de las asambleas realizadas en Congreso tres autos de la policía llegaron para amedrentarlos y correrlos. “Como si no nos pudiéramos juntar más de tres personas como durante la dictadura”, manifestó.

Las principales medidas del gobierno que preocupan al colectivo son los faltantes de alimentos, los recortes en prestaciones por discapacidad, la eliminación del monotributo social, las 50 personas que han fallecido por recortes de medicación, el acceso al cupo laboral en discapacidad del 4% que hasta hoy no se cumplió, la desregulación de las pensiones, la falta de acceso a una vivienda digna que se adapte a las necesidades de cada uno, la estigmatización y la criminalización de la protesta.

 

Retroceder a un modelo medicalista y eugenésico

“Vemos ese modus operandi que primero empieza con un desprestigio, como lo hicieron con la comida en donde criminalizan a los comedores. Empiezan denunciando corrupción, lo hicieron con las pensiones también. Entonces empiezan a atacar con una línea discursiva pero después rápidamente llega a un plano concreto en el recorte de prestaciones, de alimentos, y después la represión directa.”, explicó Rodríguez en referencia a la estigmatización que cada vez pesa más sobre los sectores vulnerables para avanzar sobre los derechos adquiridos. Un ejemplo concreto de esta reestigmatización es “El ataque discursivo a los sectores con discapacidad, usando como insulto los diagnósticos”. Al mismo tiempo, se relaciona con el cierre del INADI. Desde el organismo se denuncia que la mayoría de los despidos por discriminación durante el periodo 2008-2019 fue por motivo de discapacidad. En este sentido, la Ley Bases elimina la obligación de reincorporar a personas despedidas por motivo de discriminación y lo reemplaza por una multa al empleador.

Las facultades extraordinarias en materia de administración que le otorga la Ley Bases al Poder Ejecutivo de Javier Milei, amenaza la continuidad del organismo así como la permanencia de los trabajadores en planta permanente. En referencia a esto, Rodríguez expresó: “En nuestro Código Penal no existe un lugar donde puedas denunciar por discriminación, por eso existe el INADI. Ahora nos quedamos sin posibilidad siquiera de denunciar”. En sintonía con lo expresado, Laura Alcaide integrante de Orgullo Disca contó: “Hoy lo que vemos es que hay un nivel de persecución para con nuestro colectivo, una intención de aniquilación de nuestros cuerpos y de nuestros derechos”.

Desde Discapacidad en Red y Orgullo Disca denunciaron que empezó a circular un Decreto que busca desregular el nomenclador de prestaciones. Esto implica que las obbras sociales o prepagas que no puedan pagar las tarifas a los trabajadores que se desempeñan en el área de discapacidad y los tratamientos, no podrán garantizarles la salud y calidad de vida a aquellas personas que acceden a sus prestaciones. Esto deja a los usuarios en la obligación de pagarlas de manera privada o quedarse sin el servicio. Alcaide manifiesta que es “la muerte rotunda o la disautonomía” y agrega “atenta contra los derechos adquiridos de más de 20 años”.

Rodríguez concluyó: “Quedarían los trabajadores negociando solos con las obras sociales, las persona con discapacidad exigiendo solas, tratamiento y accesibilidad. A los electrodependientes les están queriendo cortar la luz. No vemos posibilidad de que podamos negociar solos mejores condiciones”.

En consonancia con Alcaide y Rodríguez, Maive Carone Fernández integrante de las asambleas Discas en Lucha, Unidxs por la Cultura y Unidxs por los despidos, Ex-trabajadora de la Agencia Nacional por Discapacidad, denunció que se está llevando a cabo un modelo eugenésico en donde “Todas las poblaciones vulnerabilizadas van a encontrar mayor dificultad de acceso a todos sus derechos básicos fundamentales, la salud entre ellos. Esto va a terminar necesariamente en la muerte de esas personas. Si uno no accede a la salud, no accede al trabajo, no accede a sus derechos básicos fundamentales, a una vivienda, a la alimentación, termina muriendo. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando en discapacidad y en otros sectores también vulnerados”.

Además, agregó que el Gobierno está volviendo a un modelo médico-rehabilitador, que entiende a las personas con discapacidad como “menos productoras de valor”, lo que las fuerza a alcanzar estándares capacitistas y a sufrir el estigma social. “Es un modelo paternalista y asistencialista”, explicó Carone Fernández.

Según el INDEC, el 87,4% de las personas con discapacidad es desempleada.

Desempleados

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el porcentaje de personas con discapacidad y desempleadas es del 87,4%. La falta de acceso a los trabajos, fomenta la precarización del empleo y una reducción sustancial de la autonomía del 10,2% de la población argentina que cuenta con alguna discapacidad.

Maive Carone Fernández era parte de la Dirección de Accesibilidad con nueve años de antigüedad. Fue desvinculada durante los despidos masivos en los meses de febrero y marzo, junto con 340 trabajadores. Debido a la precariedad de las contrataciones fueron desvinculados sin seguro de desempleo ni indemnización. Contó que entre los trabajadores despedidos hay personas con 28 años de antigüedad, embarazadas, con discapacidad, con licencias médicas y psiquiátricas, con hijos, personas con discapacidad o personas mayores a cargo, dirigentes gremiales y personas travestis y trans. Esto deja al organismo inmovilizado y funcionando con tareas mínimas. En diálogo con ANCCOM, Carone explicó: “Se rompe la cadena de trabajo. El hecho de que haya un cuarto de las personas hace que un organismo no pueda funcionar, y no es que estaban sobrando personas. En muchos aspectos faltaban manos. La mayoría de nosotros no nos tomábamos vacaciones hace un montón porque trabajábamos incansablemente”. Se le suma el alcance nacional de los despidos que deja a algunas provincias sin representantes del organismo trabajando en el territorio, dejándolos sin acceso a sus servicios. Se ha dificultado la accesibilidad a las pensiones por discapacidad a través de una mayor burocratización y algunas se han empezado a dar de baja. En este momento, el valor de una pensión es el 70% de una jubilación mínima.

Otra medida de la Ley Bases que afecta directamente al sector con discapacidad es la quita del monotributo social: “Al no tener el monotributo social nos desguaza nuestra independencia como personas, nuestra independencia económica”.

 

El potencial

Laura Alcaide denunció que “no es accesible la participación política para nosotres. La participación política es completamente capacitista y necesitamos romper con eso para poder participar en igualdad de condiciones”. Expresó que la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad es una deuda de la política y agregó: “La idea sería poder masificar estas luchas y poder invitar a gente de otros sectores. Nosotres mismes estuvimos recorriendo muchas otras asambleas, llevando a otros espacios nuestras luchas para lograr articular distintos espacios con otras personas. Para que comprendan qué es la accesibilidad en la participación política y también lograr la adhesión, para seguir participando de distintas luchas como los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y, por otro lado, la participación política en las calles que nos va a necesitar unidos y en pie de lucha”.

En sintonía con su mirada, Guadalupe Bargiela de Orgullo Disca, expresó que de la misma manera que participan de asambleas de otros espacios es importante que esos sectores participen de sus asambleas. Por esta razón, destaca la participación de Nancy Yulan jubilada e integrante de Insurgentes quien ante el interrogante por los puntos en que ambas luchas convergen dijo: “Se ve en la parte de salud, como se cortaron todos los planes terapéuticos, los medicamentos, la asistencia a la salud tanto del adulto mayor como la persona con algún tipo de discapacidad. Lo estamos padeciendo, en casos concretos de familiares, conocidos. Esto nos unifica y nos hermana para una lucha común”.

Para el pobre, ni justicia

Para el pobre, ni justicia

Jun 14, 2024 | Comunidad, Destacado 3

El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Atención a la Justicia, herramienta central para que la población más vulnerable acceda a sus derechos y resuelva sus conflictos.

“Se cierra otra caja de la política: el Ministerio de Justicia pone fin al CAJ”. Así anunció este lunes el Gobierno nacional, por medio de un comunicado, el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), pasando de tener 109 a tan solo 28. Estos se suman a otros cierres que ya se dieron durante el mes de abril. De los 120 despidos que se registraron hasta abril, se sumarían 400 más con el cierre de estas oficinas. “Asistimos estos días al desmantelamiento de áreas fundamentales para la atención de los derechos de los más vulnerables en los territorios. Esto tiene correlato con el desfinanciamiento de comedores y desarticulación de todo tipo de redes de contención en lugares más desfavorecidos”, señala en diálogo con ANCCOM Julián Axat, abogado y escritor y quien supo estar a cargo de la Dirección General de Acceso a la Justicia.

Silvina Silva, trabajadora de CAJ y delegada de ATE Acceso, señala que empezaron a enterarse de los despidos la semana pasada, cuando circuló un expediente que tenía como título el cierre definitivo de los CAJ. Así, varios trabajadores se dirigieron al Ministerio de Justicia, pero, desde allí, manifestaron que no era el cierre de los centros, sino un proceso de reordenamiento, mejoramiento de la función y tarea y geolocalización. Sin embargo, el lunes se enteraron por medio de las redes sociales que, en verdad, se trataba del cierre de oficinas de los CAJ.

“El acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico –el derecho humano más fundamental– en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”, destaca Axat. Esta es la tarea principal del CAJ: “Acercar la justicia y acercar los derechos a las poblaciones marginalizadas por el devenir económico y social del sistema, rompiendo esas barreras de acceso a la justicia”, dice Ariel Korzin, antropólogo y coordinador del Área de Capacitaciones de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Los CAJ son dispositivos territoriales con un amplio despliegue federal, que brindan atención legal primaria integral, mediante el asesoramiento, la asistencia y el acompañamiento. Y está dirigido especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para el ejercicio de sus derechos, o conflictos interpersonales y/o legales. En el 2023 se atendieron a un total de 101.621 personas. “A estos lugares -señala Korzin- llegan todo tipo de problemáticas que tienen que ver con el acceso a la justicia, es decir con la violación de algún tipo de derecho, por ejemplo, una mujer a la que su marido le adeuda cuota alimentaria. También puede concurrir una persona por acceso a documentación, por acceso algún tipo de prestación sociolaboral, por algún conflicto laboral con su patrón y demás”.

En el 2023, los CAJ atendieron a un total de 101.621 personas.

Uno de los tantos casos que circulan por los pasillos de las oficinas de los distintos CAJ que se encuentran en el país, es el de una señora mayor cuyo nieto sufría todo tipo de maltrato por parte de sus progenitores. La mujer relata cómo el CAJ fue fundamental para salvar a su nieto: “Cuando planteé la situación fui golpeada, me rompieron las cámaras, puerta, vidrios de la ventana y recibí amenazas de muerte de parte de él (el papá) y de tirarme ácido en la cara de parte de ella, mi hija”. A partir de esto, y sin recibir ayuda de nadie, llegó a las oficinas del CAJ. Allí recibió contención por parte de distintos profesionales, como psicólogos, para hacer frente a lo que estaba viviendo. “Mi nieto le sigue apostando a la vida, con miras a un futuro, las crisis donde se escondía bajo la mesa al escuchar las amenazas del agresor cesaron, sé que el camino es largo. Sin embargo, con la ayuda del CAJ lo vamos logrando y digo CAJ porque es un equipo donde trabajan por el bien de los que menos pueden o los que menos tienen, donde nos sentimos tratados con respeto, guiados legalmente y cuidados psicológicamente”, señala la mujer que prefirió mantenerse en el anonimato.

Sobre catalogar a los CAJ como “cajas de la política”, la trabajadora Silvina Silva destaca que “No pueden gestionar sobre algo que desconocen. Estamos convencidos que si los funcionarios comprendieran y entendieran de qué se trata la política pública de los CAJ no estarían de manera cínica refiriéndose a la labor más preciada y más humana que tiene el Ministerio de Justicia. Los CAJ tienen un anclaje territorial y un poder de avanzada sobre los territorios que requiere no solamente de una labor profesional interdisciplinaria muy compleja de llevar adelante, sino que necesita un expertise que no se encuentra en cualquier trabajador y esto lo hace un organismo diferenciado a cualquier otro”. Y añade: “No solamente acercamos y efectivizamos la política pública del Estado nacional, sino que reducimos muchas veces los gastos que ese mismo Estado tiene”.

“No solamente es desolador, sino que es criminal tratar todo el tiempo de criminalizar el trabajo de los CAJ, sancionarlos, injuriarlos y calumniarlos”, dice Silva. “Ojalá toquemos el corazón (si lo tienen) para que no quiten el CAJ. Mucha gente lo necesita, personas maltratadas y violentadas que, como en mi caso, fue y es nuestro refugio. Un lugar donde se une el respeto, la solidaridad, la empatía y el amor hacia quienes llegamos desbastados”, concluye la mujer asistida por CAJ.

Contra el avance de un Estado machista, organización feminista

Contra el avance de un Estado machista, organización feminista

Jun 12, 2024 | Destacado 5

Una asamblea abierta y feminista se realizó en la Plaza del Congreso frente al cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad para visibilizar el ajuste, los despidos y el vaciamiento de políticas públicas que promuevan la igualdad y la protección de derechos. Trazaron un plan de lucha.

La Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio de Géneros y Diversidades realizó ayer una movilización en la que participaron sindicatos, movimientos sociales, políticos, feministas, transfeministas, organismos institucionales frente al cierre del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad para visibilizar el ajuste, vaciamiento y los despidos en el sector.

Una de las presentes fue Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especializada en derechos humanos, docente de la UBA, militante feminista y primera ministra de Mujeres durante el gobierno de Alberto Fernández. “La particularidad que tenemos –expresó- es que se trata de un Ministerio que nace de la calle y de las entrañas del feminismo popular. Por eso lo defendemos con uñas y dientes. Por eso sabemos que no nos regalaron la conquista del derecho al aborto, el cupo laboral travesti-trans, por eso sabemos que acompañar ya es un derecho de todas las mujeres que sufran violenciade genero. Por eso no vamos a renunciar a la línea 144”.

Entre las cientos de personas reunidas, ondeaban banderas de la comunidad LGBTQI+ y whipalas. Se recordó a las referentas Lohana Berkins y Diana Sacayán por sus activismos que culminaron en la sanción de la Ley de identidad de Género y se las conmemoró con los cantos: “Lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más”.

Durante las distintas exposiciones, las reflexiones fueron sobre el neofascismo patriarcal que puso como principales enemigas y enemigues a las mujeres y diversidades. Se reafirmó la necesidad de que las políticas de igualdad de género tengan continuidad más allá del gobierno de turno. Otra temática que estuvo muy presente fue la necesidad de combatir la idea de que las personas que trabajan en el sector público son “ñoquis”. En consonancia con esto, otra de las expositoras expresó: “Soy estatal y mi trabajo son tus derechos”. Cada intervención fue acompañada con aplausos, bombos y tambores.

Sobresalieron la diversidad de colores en las pecheras, signos políticos, banderas y consignas, así como la participación de organismos de orígenes y tradiciones distintas como el INTI, INTA, Télam, la CONADU histórica, la Secretaría de Género de ATE y PAMI, AGDUBA, la CGT, el movimiento No Matarás, entre otros. La transversalidad da cuenta de una unidad que desborda al sector estatal. Otra de las temáticas que surgió fue la necesidad de volcar esa unidad en las calles para frenar la Ley Bases, cuyo tratamiento se realizaría en ese mismo espacio, comenzará hoy.

 

Un retroceso de tres décadas

Marina Bruceras es delegada general adjunta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Trabaja en el programa Producir, que dependía de la Secretaría de Violencias. En diálogo con ANCCOM, explica cuáles son las consecuencias del vaciamiento del Ministerio: “Si quedan cien trabajadoras, es lo que están diciendo que va a quedar en el Ministerio de Justicia, implicaría que la línea 144 no pueda atender los 7 días de la semana las 24 horas los 365 días del año, porque solo quedaría reducido a un turno. La línea 144 hace acompañamientos, que son las que aprietan el botón cuando hay una emergencia y se comunican con la policía. Después no existiría más el programa Acompañar, que tampoco se está ejecutando presupuestariamente. Este implica también el acompañamiento financiero de un salario mínimo vital y móvil para que las compañeras que están en situación de violencia puedan tener esa independencia económica para irse de la casa de sus agresores. No habría capacitación de la Ley Micaela. No habría programas de prevención contra las violencias. Esto indefectiblemente lleva a un crecimiento de los crímenes de odio”, y agrega: “Estamos hablando de que por primera vez en 30 años no vamos a tener un organismo que se ocupe de la violencia de género”.

En sintonía con Bruceras, Esther Lombardi trabajadora, chofera y delegada de ATE del exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, manifiesta: “La violencia en la sociedad se va incrementando porque hay un aval de esta gestión, que termina en lo peor como fue la masacre de Barracas, los tres lesbicidios que tuvimos y la compañera sobreviviente”. Suma que la desidia y el abandono estatal también repercute en la vida de una persona vulnerable por la pobreza que, a la vez, fue víctima del crimen de odio: “¿Qué política pública tiene el Estado para acompañarla?”, pregunta.

Las trabajadoras que buscan acompañar, prevenir y disminuir la violencia machista que afecta a decenas de miles de personas que asisten son, asimismo, blanco de la violencia que enfrentan diariamente: “Sufrí hostigamientos, gritos, me golpearon el vidrio, me gritaban desde afuera porque iba con la camioneta ploteada del Ministerio. Recibimos amenazas de bomba en la línea 144. Hubo que evacuar, casualmente el día que presentaban trabajos sobre los femicidios y transfemicidios”, ejemplifica Lombardi.

Las dos amenazas de bomba sucedieron en el edificio del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el viernes 24 de noviembre de 2023, después del ballotage que llevó a Javier Milei a la presidencia. “Hay un recrudecimiento de la violencia que empieza por las trabajadoras”, expresa Bruceras.

A la deriva

Una trabajadora del Área de Igualdad, especialista en políticas sociales de género, expresa que el cierre del ministerio implica “Menos recursos. Cuando reducen la cantidad de trabajadoras, rerecortan los agentes que estamos a cargo de poder llevar adelante esas políticas públicas. Reducción de los lugares de atención, de las personas que pueden acercarse a los territorios. Que no se pueden generar capacitaciones, políticas de prevención, de sensibilización, de visibilización”. Frente a la pregunta de qué pasará con aquellas personas que necesiten asistencia responde que, al igual que ellas, “quedarán a la deriva”.

Mientras que el programa Registradas fue cerrado, la línea 144 sigue reduciendo trabajadores. Algunos convenios internacionales que no implican un gasto presupuestario por parte del gobierno nacional fueron suspendidos. Tal es el caso de la prestación para la paridad de los municipios. Frente a la suspensión de convenios y acuerdos internacionales a los que adhiere la Argentina en carácter constitucional y en materia de derechos humanos, Lombardi da cuenta de que “incumpliendo las normas internacionales, la multa que paga el Estado es mucho más cara que mantener todos nuestros ministerios”.

A la violencia machista sistemática se le suma el contexto de crisis y recesión. Según el Informe sobre la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (EPH-INDEC) las mujeres ganan, en promedio, 28,1% menos que sus pares varones, los sectores de menores ingresos están compuestos en un 64% por mujeres y están más expuestas a trabajos informales que vulneran sus derechos laborales. La otra cara de la moneda muestra que el decil más rico de la población está integrado en un 66% por varones. Estos datos muestran la feminización de la pobreza. Por esta razón, la crisis económica social recrudecida impacta en mayor medida sobre el sector social de las mujeres y diversidades. “Sabemos que la mayoría de las mujeres y diversidades somos las que pagamos los costos de la crisis”, cuenta Bruceras. Gómez Alcorta, agrega: “La Ley de Bases viene por los derechos de todos y de todas. Sabemos que viene con un paquete fiscal que va a asegurar más ricos a los ricos, que no casualmente son varones, y nos van a dejar más pobres a los pobres, que no casualmente somos mujeres. Ya lo dijeron: 9 de cada 10 mujeres nos podemos jubilar por la moratoria previsional. Eso es lo que nos quieren arrebatar mañana. Nuestro futuro, nuestro proyecto de vida, nuestras vejeces y a eso también le decimos que no”.

El abrazo

El plan de lucha votado por unanimidad en la asamblea constituye: el 12 de junio encontrarse frente al Congreso para manifestarse en contra de la Ley Bases, el martes 18 de junio realizarán una campaña por redes sociales para darle visibilidad al cierre del organismo, y el miércoles 19 de junio harán una movilización desde la sede del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del Paseo Colón al Ministerio de Justicia con trabajadoras del organismo, organizaciones sociales, movimientos feministas y personas autoconvocadas. 

Ante el interrogante por los objetivos y los frutos de la asamblea, Bruceras responde: “Fuerza. Me llevo mucha fuerza. Estamos muy cansadas. Venimos siendo violentadas laboralmente desde hace muchos meses. Sin autoridades, sin que se puedan llevar adelante los programas en los que estamos trabajando” y finaliza: “Como laburantes lo que intentamos todo el tiempo es buscar estrategias, armar planes de lucha y lo que faltaba y creo que necesitábamos mucho es más allá de las laburantes de los ministerios, el abrazo de los feminismos”.

 

 

 

Tan ajustados como esperanzados

Tan ajustados como esperanzados

Jun 10, 2024 | Destacado 2, Vidas políticas

Los votantes de Javier Milei evalúan los primeros seis meses de su gobierno.A pesar de admitir que padecen el impactante ajuste, siguen primando en ellos la paciencia y la apuesta por «lo nuevo». Asumen la necesidad de un sacrificio para llegar a la Tierra Prometida, aunque ya se escucha algún reclamo para que los recortes se den en los sectores de mayores ingresos. 

Según distintas encuestas la imagen del presidente Javier Milei cayó levemente durante los primeros seis meses de gestión, aunque mucho más que la de presidentes anteriores en un período similar. El mandatario logró sostener el núcleo duro y gran parte de los votantes blandos lo siguen apoyando a pesar del impactante ajuste económico. Su principal bálsamo hasta ahora es la paciencia de sus electores que, aún disconformes, no le han retirado el apoyo. Esa lealtad está en muchos casos condicionada al devenir de los bolsillos de acá a los próximos meses según pudo hablar ANCCOM con algunos de ellos.

Juan Alejandro, jubilado de Vicente López y votante de Milei que prefiere no decir su apellido, hizo un balance de los primeros meses de gobierno: “Yo a Milei lo veía bien, era el cambio, no queríamos saber más nada con el peronismo. El gobierno está haciendo cosas bien y está haciendo cosas mal. Lo bueno es que está sacando a relucir cosas tapadas del gobierno anterior, pero por otro lado castiga a todo el mundo”.

Alejandro, dedicó gran parte de su vida a trabajar como técnico de audio y TV realizando services. Su actividad, asegura, le permitió una buena vida y hasta comprar una vivienda. Sin embargo, hoy no se reconoce como parte de esa clase media a la que en algún momento perteneció:  “Yo antes arreglaba un control remoto cualquiera y con esa plata me iba a la casa de miel que está acá en la esquina y me compraba cuatro kilos. Ahora no podría hacer eso ni por casualidad”.

Consultado acerca de cuáles son sus principales preocupaciones, Juan sentenció: “Lo más preocupante son los aumentos desmedidos para la gente de abajo: los servicios, la luz, el gas, el agua… Tendrían que hacer un cuadro de consumo en cada servicio y cobrarle más al que se excede, no a todos; deberían castigar al que gasta de más para que no derroche y mantener el subsidio para el que está economizando”.

Su molestia no se agota en el aumento de los servicios: “El alimento primordial es el pan. Lo come desde el más pobre hasta el más rico. No puede salir lo que sale. En todo lo básico, que es lo que más se consume es donde más te castigan; no hay un tiro que haya salido para la gente laburadora, la gente de abajo. No puede ser que el pan aumente un 300% y a un jubilado le aumenten el 18%”.

Juan, al igual que otros votantes de Milei, se siente decepcionado con los primeros meses de gestión. “Esperaba de este gobierno cumpliera con lo que prometió con respecto a lo de la casta, dijo que iba a meter presos a todos y no está preso nadie. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la limpieza? Sigue todo igual, entre bomberos no se pisan la manguera.” Y afirma: “Yo no veo la luz, me están diciendo cosas que no veo, lo que dicen no se cumple”.

Ellos, los que la ven

“La expectativa es que cambie, que mejore. Esto no se arregla en seis meses, porque está todo hecho mierda, es muy difícil cambiar de un día para el otro”, afirma Daniel, trabajador de Pedidos Ya. Enfundado en su traje rojo y con el casco de moto en la mano se toma un minuto en la vorágine de la avenida 9 de Julio para hablar con ANCCOM y respaldar la gestión del presidente. “Si tuvimos paciencia en otros años cómo no vamos a tenerla ahora”.

Daniel asegura no tener interés en la política y no prestar atención a lo que diga el presidente, pero tiene sus argumentos para apoyarlo: “Yo quería un cambio, estaba cansado de los anteriores gobiernos”. Para él, la situación no ha empeorado desde la asunción de Milei: “Desde el bolsillo estoy bien, no noto demasiadas diferencias en relación a los precios con respecto al gobierno anterior”.

Así como Daniel reconoce no estar interesado en la política, otros votantes de Milei sí se interesan y se informan. Brian, que trabaja en un puesto de Flores en la calle Lima, en pleno centro de la ciudad, cree que el presidente está bien encaminado: “Los objetivos del gobierno se tienen que cumplir, el equilibrio fiscal va a llegar en algún momento. No creo que vaya a subir la inflación, porque no va a haber tanta emisión monetaria”. Además, señala la importancia de eliminar impuestos para favorecer la situación económica de los habitantes: “Hay que sacar impuestos, así la gente deja de pagar de más. Eso va a hacer que mejore el bolsillo”

Consultado acerca de la Ley de Bases, Brian respondió: “Es fundamental para que se efectúen los cambios y se estabilice la economía. Se están cambiando las reglas del juego. Sería un cambio a favor si se logra aprobar en el Congreso.”

Sobre la posibilidad de una reforma laboral Daniel asegura: “El trabajador a veces tiene mucho poder, con un juicio laboral se puede fundir una pyme. Aunque creo que el periodo de prueba tiene que seguir siendo de tres meses, porque si no se especula con el trabajo de la gente. Hay que conseguir un equilibrio que favorezca al empleador y al trabajador”.

A pesar de estar conforme con la gestión del presidente, Brian reconoce algunos errores que podrían complicar al Gobierno: “Milei se postuló a las elecciones con gente supuestamente nueva, pero cuando se alió con Macri le pusieron dirigentes que estuvieron antes, en otros gobiernos, eso es algo que hay que cambiar. Por ejemplo, Pablo De la Torre (ex secretario de Niñez y Familia), era un funcionario macrista y tenía ñoquis trabajando para él, eso se comprobó”. En este sentido, Brian intuye la posibilidad de fuego amigo relacionado a la problemática de los alimentos acopiados en depósitos: “Con respecto al problema de la comida vencida alguien del gobierno informó por afuera, ¿si no cómo se enteró Grabois? Igualmente creo que los alimentos tendrían que haberse repartido, eso no le hace daño al Estado”.

Otra crítica que le hace al Gobierno se vincula al ajuste que se está efectuando: “Fue muy apresurado, debió ser mucho más gradual, pero hasta este punto creo que lo hemos soportado por la esperanza que de aquí a un año podamos estar mejor y haciendo las cosas bien, es el sacrificio que se está bancando todo el mundo, aunque muchos están disconformes la gente está aguantando. Muchos dijeron que Milei se iba al tercer mes, pero sigue ahí”.

Las palabras de Brian describen muy bien el sentimiento de gran parte de la población, que a pesar de la desmejora económica, sigue sosteniéndose en la esperanza de un futuro mejor. Algo de lo que se ha jactado el Gobierno, enorgulleciéndose de cómo el ajuste se ha piloteado con éxito en términos sociales.

Otras personas no enfocan su discurso en la posibilidad de un futuro mejor, si no en la molestia sobre un pasado con el que están disconformes. Uno de ellos es Fernando Enrique, quien tiene un local de indumentaria deportiva en Vicente López. Apoyado sobre su mostrador, con el mate a un costado de la mesa y la televisión siempre encendida en algún canal de noticias. Aprovecha el escaso flujo de clientes, para dialogar con ANCCOM sobre los primeros meses de gestión del presidente Milei. “No vivíamos en una realidad, estaban subvencionadas las cosas” dice, haciendo referencia a la situación en la que se vivía durante el gobierno anterior, con el cual se muestra muy disconforme. Si bien reconoce la dificultad de la situación y el bajo nivel de consumo, responsabiliza de la situación a los anteriores gobiernos “Veníamos de una irrealidad”, afirma molesto. Además de dejar entrever que Milei no le parece un presidente ideal, aunque de todas formas lo prefiere por sobre lo que está del otro lado: “Ves tipos que toda su vida hicieron negocio con los pobres y ya no hace falta decir ni explicar nada, son tipos que nunca trabajaron”.

Los números

Todo indica que la imagen del presidente está atada en gran medida a los logros económicos. Con el inicio del 2024 y la disparada de precios, la imagen de Milei –según algunas encuestas- cayó aproximadamente 10 puntos en relación a su pico de popularidad poselectoral, aunque en este último mes logró recuperarse a caballo de la baja del porcentaje de inflación, esa sensación de haber domado al monstruo pudo haber ayudado a recuperar un poco del terreno perdido.

El Gobierno, mientras tanto, intentará extender lo máximo posible la luna de miel presidencial haciendo intervenciones desmesuradas aquí y en el mundo. Por ahora esta táctica da frutos, entre tarifazos, aumentos e inflación, Milei ha logrado salir relativamente indemne –por lo menos hasta el escándalo de los alimentos-, además de crear la sensación, al menos en un sector de la sociedad, de que la inflación está bajando y que su gestión trajo un saneamiento.

Desde el gobierno se golpean el pecho con los índices de popularidad del presidente, aunque estos, puestos bajo la lupa, pueden tener lecturas variables. De cualquier manera esto es Argentina y todos los supuestos pueden volar en el aire tras el soplido de cualquier acontecimiento.