Bosques y glaciares, ¡afuera!

Bosques y glaciares, ¡afuera!

Ene 2, 2024 | Comunidad, Destacado 3

El proyecto de Ley Ómnibus que presentó Javier Milei al Congreso deja a los ambientes naturales en total disponibilidad de los intereses de las grandes corporaciones económicas y de los negocios inmobiliarios.

La Libertad Avanza sobre los bosques nativos y glaciares de la Patagonia a través de la Ley Ómnibus, presentada como proyecto en el Congreso de la Nación por el presidente Javier Milei. Desregulaciones y ajustes en el financiamiento del ambiente para la llegada de negocios en manos privadas. 

Una de las primeras modificaciones recae sobre la Ley de Bosques Nativos que actualmente establece los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques. El cambio traería el desfinanciamiento total con la quita del Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos. 

Bajo su manga, la autorización a desmontes en áreas protegidas, catalogadas por colores: “La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibida la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”, relata Nicole Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina. 

Como consecuencia, todos los bosques argentinos serían desmontados para la llegada de cultivos transgénicos como la soja, ganadería o monocultivos forestales. 

A la par, cambios en la Ley de Control de Actividades de Quema -que establece presupuestos para controlar las actividades de quema y busca prevenir incendios o daños ambientales- ya que se permitirá la quema de tierras “para facilitar” el terreno y dar avance a las actividades productivas; aun así, si el Estado no da la autorización dentro de un plazo de 30 días, se sobreentiende que el permiso está dado.  

La quema arrasa sobre toda la biodiversidad, convierte a los suelos en infértiles, contribuye a la contaminación del agua, al aumento del dióxido de carbono, al efecto invernadero y al cambio climático que se expresa en inundaciones y corrimientos de la tierra. 

“Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la ‘gran piñata’, de la gran repartija de los ‘dulces’ que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados”, enfatiza Enrique Viale, abogado ambientalista. 

Agrega que el gobierno de Milei es “un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”, debido al debilitamiento y desprotección total dentro del marco legal  de la Ley de Ómnibus, que deja al sector ambiental fuertemente desamparado en términos naturales. 

La Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la  liberación de sustancias contaminantes, obras de arquitectura e instalación de industrias por ser considerado un bien de carácter público debido a recursos hídricos, también entra entre las desregulaciones de la nueva normativa. 

Este cambio permite el avance de actividades económicas sobre los periglaciares -procesos geomórficos formados por el congelamiento del agua en hielo- que se encuentran cercanos a los glaciares: “Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años”, comenta Becker. 

Según National Geographic, la pérdida de masa de hielo glaciar actual representa una contribución de entre el 25 al 30% del aumento del nivel del mar y su desaparición implicaría menos agua para millones de personas, menos energía hidroeléctrica y menos disponibilidad para regar los cultivos. Sumado a ello, hace crecer de forma crítica el riesgo de otras catástrofes naturales, como los desbordamientos repentinos de lagos glaciares. 

“Al parecer, la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques”, concluye Viale, ante la intención de La Libertad Avanza de arrasar junto a las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de la Argentina. 

Un cambio que nadie reclama

Un cambio que nadie reclama

Dic 29, 2023 | Culturas, Destacado 4

La Ley Ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei derogaría, entre otras, la Ley del Libro. Un día después de enviada al Congreso, las diversas Cámaras libreras comenzaron a organizarse para explicar los efectos negativos de la medida y resistir su aplicación. Las pequeñas librerías y la bibliodiversidad, en peligro.

La Ley 25.542 del Libro corre riesgo de ser derogada si se aprueba la Ley Ómnibus en las sesiones extraordinarias que la tratarán hasta el 31 de enero. Esta norma, con 22 años de vigencia, dicta que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. Es decir que establece un precio único tanto para la pequeña librería como la gran cadena editorial, e incluyendo los canales de venta online.

La Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), fundada el 19 de diciembre de este año, se pronunció al respecto y su vocero, Juan Pablo Armenio, de Tiempo Libro, confiesa: “No sabemos el por qué de este proyecto: es insólito, nos agarra de sorpresa. El sector está de acuerdo con que la Ley del Libro sirve” y señala: “En sí ha mejorado la competencia y permitido que otros actores ingresen al mercado, como pequeñas editoriales y librerías que puedan poner acento en diferentes lugares del mundo del libro”. Actualmente, las diversas instituciones como CAL, CALEDIN, Fundación El Libro y la propia CALI, entre otras, se encuentran organizadas para unificar criterios y “tener un plan de acción común” según Armenio.

Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara, al ser consultada sobre el impacto de esta medida, explica que la derogación “atenta contra la competencia porque las grandes empresas pueden rebajar el precio”. Esto es: actores económicos -no necesariamente del mundo editorial- compran gran cantidad de ejemplares para comenzar vendiéndolos hasta un 30% menos, corriendo a las pequeñas y medianas librerías de la escena, para luego terminar aumentando el producto sin preocupación ya que no tendrán contra quién competir.

“Mucha gente cree que va a poder comprar más libros. Hay un grave error en esto: el precio no va a bajar. A lo sumo bajará en algunos lados, pero lo más grave es que se va a perder la bibliodiversidad”, advierte Dinerstein y en este punto complementa: “Hay libros de los que se venden pocos ejemplares al año. De eso nos nutrimos las librerías independientes. Logramos tener clientela que busca eso y nos diferenciamos. La idea es tener una gama de títulos que probablemente las grandes cadenas no tengan”.

Según Cecilia Fanti, de Céspedes Libros y vicepresidenta de la CALI, los casos de países con una ley de precios en el mundo literario, como Italia, Argentina o España, son “los que tienen el entramado más fuerte de librerías y editoriales independientes” y, sobre la importancia de la diversidad editorial, recalca: “No solamente han surgido infinidad de editoriales y librerías, sino que han sido declaradas Patrimonio Cultural. Hemos visto el crecimiento exponencial de las ferias de editores como la FED. No es una ley que va en detrimento del mercado, sino que como el precio es uniforme, la competencia no se traslada al descuento. El libro es un bien cultural, no solamente regulado por la economía”.

En paralelo, Fanti afirma: “Los editores pueden volcarse a pensar catálogos distintos, las librerías competimos desde la calidad de nuestro servicio. Hay un consenso absoluto dentro del sector de que la ley en argentina se cumple. Editores, libreros y distribuidores estamos de acuerdo en que hay que defenderla y que la derogación puede ser una tragedia para la industria y para los lectores”.

Antes de la implementación del “precio único”, existía el “precio sugerido” por las editoriales y en ese sentido Armenio recuerda: “En el 2001, se sanciona esta ley justamente porque estaban desapareciendo librerías independientes a manos de las grandes superficies. El que quiera vender cualquier libro en la Argentina lo tiene que tener al mismo precio entonces las oportunidades en ese caso son iguales absolutamente para todos: para mí, para Jenny, para un supermercado y para la editorial que lo quiera vender en la página. Por eso la competencia es beneficiada por una ley de precio único”.

Por esta derogación, las Bibliotecas Populares también puede verse en su sistema de compras centralizado dependiente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Braian Urban, presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, Tandil, señala el apoyo del sector a la industria editorial “sobre todo con el tema de la diversidad” ya que las editoriales independientes “pueden acercar producciones que las grandes editoriales no realizan o están condicionadas”. Urban sintetiza: “Nos afecta como compradores de libros. De parte nuestra está la necesidad de tener diversidad de miradas y autores”.

La Ley Ómnibus también atenta contra las Bibliotecas con su propuesta de derogar dos puntos de su Ley N° 23.351 de 1986. Se tratan de sus títulos IV de la Junta Representativa y el V del Fondo Especial para las bibliotecas populares. Sobre el punto de la Junta Representativa, Urban señala que se eliminaría “un espacio de participación colectiva federal” con diálogo entre representantes de los gobiernos provinciales y de las federaciones de bibliotecas: “Un espacio central de intercambio, pensando cómo se discuten las políticas públicas de la CONABIP”, concluye.

Sobre la quita del Fondo, Urban advierte: “Nos afecta en términos materiales de financiamiento. Es un componente muy importante para las bibliotecas populares y la implementación de políticas públicas en torno a la promoción del libro, lectura, de acceso a la información, la conectividad”. Este Fondo está desde el año 86 y, al verse reformado, impactaría en gastos corrientes de las bibliotecas, como el internet con el Programa de Inclusión Digital, además de la promoción de lectura, servicios de información ciudadana y el Programa Libro%. Este último punto asegura la “posibilidad de que las bibliotecas viajemos a conocer a la Feria del Libro y compremos libros al 50% de su valor con recursos que transfiere la CONABIP, por lo tanto sería un desfinanciamiento que calaría muy hondo”.
La Ley Ómnibus atenta contra la diversidad de oferta y de miradas del mundo de los libros, limitando la posibilidad de elección de los lectores y, sobre todo, del acceso a consumos por fuera de las leyes de grandes mercados. De prosperar la derogación los libros se quemarán en el altar del libre mercado.

“Anunciar medidas contra el pueblo en esta fecha es una cínica provocación”

“Anunciar medidas contra el pueblo en esta fecha es una cínica provocación”

Dic 21, 2023 | Destacado 2, Vidas políticas

María Arena, viuda de Gastón Riva, una de las víctimas de diciembre de 2001, y Martín Galli, sobreviviente de la Masacre en Plaza de Mayo, contaron cómo viven este aniversario en un contexto político particular y con medidas que buscan restringir toda protesta y manifestación de descontento en medio de un brutal ajuste.

Diciembre es un mes marcado por los festejos, los reencuentros con amistades y la familia para despedir el año y desearse lo mejor mutuamente. En nuestro país, diciembre siempre estará teñido de tristeza por la sangre que dejaron hace 22 años las balas policiales en todo el país, para ahogar aquellas movilizaciones signadas por la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”

Los ánimos ya estaban caldeados, la recesión económica estaba presente desde hacía décadas, la Convertibilidad llegaba a su fin y el “corralito” que limitaba la extracción a 250 pesos/dólares en los bancos, ambas medidas implementadas por Domingo Cavallo, hicieron estallar al pueblo. Con el ruido de los cacerolazos en los balcones cada noche y con saqueos a supermercados y a todo tipo de comercios, comenzó a gestarse el famoso: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. 

Las protestas no se hicieron esperar, el 19 y 20 de diciembre una multitud se concentró en la Plaza de Mayo. Se convocaron todos, sin importar las diferencias, porque diciembre del 2001 lo sufrió todo el pueblo argentino. 

Gastón Riva fue una de las víctimas fatales. Falleció de un tiro en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí, luego de haber hecho un reparto de mensajería con su moto y haber decidido manifestarse. Su mujer no estaba segura de si se encontraba allí o no, pero lo suponía ya que el día anterior le había hablado de su intención de salir a la calle. Cuando vio una persona muerta con ropa parecida a la Gastón, se desesperó. Horas más tarde confirmó que era su marido. “Hoy en día decido no ir a las marchas, pero sí a los homenajes que hacemos cada año. No abandonamos nunca el recuerdo, la memoria”, dice María y cuenta que el cambio de vida fue rotundo desde lo sucedido: “Principalmente en lo personal, en lo que implica mis ideas, siempre tuve una mentalidad anti policía y antirrepresiva. Simplemente lo que hizo fue recrudecer ese pensamiento”. Al pensar en su marido, María recalca: “Si Gastón estuviera acá pensaría lo que pensó en ese momento y saldría a reclamar por una Argentina mejor. Estaría peleando por los derechos de los argentinos y argentinas”. 

Párrafo aparte merecen los motoqueros que aquel 20 de diciembre se convirtieron en la “caballería” de los manifestantes, en la batalla que se daba con piedras contra balas en el centro porteño. Años más tarde, la creación del primer sindicato (Simeca) tendría mucho que ver con aquel legado de Riva y sus compañeros.

Vivir para contarlo

Martín Galli es uno de los sobrevivientes de la crisis del 2001. Ese día estaba descansando y recuperando el aliento junto con unos compañeros luego de haber escapado de la Policía Montada que los corrió hasta el Obelisco, cuando dos autos y una camioneta que venían del lado de Constitución frenaron y bajaron policías con armas largas. Con poco tiempo para reaccionar, recibió una bala en la nuca, su amigo Alberto Máquez cayó muerto, mientras que otro, el Toba, lo salvó al contener su herida y hacerle RCP. 

En aquel entonces realizaba un terciario en el Joaquín V. González y trabajaba con una moto. “El corralito a mí no me afectó, no tenía plata. Vi el día anterior que la policía estaba reprimiendo a las Madres de Plaza de Mayo en la plaza y dije ‘yo tengo que estar ahí’. No era tanto conciencia política, sino social”, recuerda. 

Martín necesitó tiempo para recuperarse tanto física como anímicamente por lo vivido, hoy es bibliotecario en La Boca y padre de familia. Decidió asistir como todos los años al recorrido de los heridos y familiares de asesinados, “pero lo hicimos con temor, con precaución por el contexto de este año que no lo vivimos ni cuando estaba Macri”, señala Galli. 

20 de diciembre de 2001. 

Respecto al contexto actual, María opina que “se está perdiendo el foco, no se está haciendo lo suficiente para difundir, para que sepamos la historia. En general en los colegios no se habla, hay excepciones, pero los más jóvenes no saben la historia. Se pasa por arriba y esas son cosas que luego habilitan a que suceda lo que está sucediendo: que haya nuevamente un gobierno, en este caso, de ultraderecha que piensa anunciar una catarata de medidas que afectan al pueblo. Y me parece una provocación muy grande que lo haga hoy, en esta fecha”. 

Así también lo piensa Martín, quien opina que no le parece ninguna casualidad elegir este día para anunciar las medidas, “hay un poco de cinismo”. Hace unos años pensaba que “la rabia social sigue estando, pero se canaliza en la ultraderecha”. Casi como que la vió venir. A raíz de esto, comenta: “Veo un futuro complicado. Me cuesta creer que la gente haya elegido a los mismos que nos metieron en esto hace veinte años y un poco también en el 2015. Hay una falta de conciencia social, de clase, de entendimiento de cómo es realmente la historia política, de que somos un país periférico y estamos muy condicionados”.

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

Dic 19, 2023 | Comunidad, Destacado 4

Scrolleo Infinito, adicción a la dopamina y extracción ilegal de datos son algunas acusaciones de fiscales de Estados Unidos contra la corporación de Mark Zuckerberg. El juicio puede generar un nuevo paradigma en materia de tecnología y derechos humanos.

El pasado mes de octubre, más de 40 Estados de los EE.UU demandaron a la corporación Meta alegando que sus redes sociales Facebook a Instagram «han alterado profundamente las realidades psicológicas y sociales de toda una generación de jóvenes», provocando una «crisis de salud mental juvenil». Hoy, la empresa dueña de Instagram y Facebook atraviesa un juicio que puede alterar el paradigma de los medios digitales, su modelo extractivista y los derechos del usuario.

“Meta se ha beneficiado del dolor de los niños al diseñar intencionalmente sus plataformas con características manipuladoras, que los vuelven adictos a sus plataformas mientras que reducen su autoestima”, declaró públicamente la fiscal general de Nueva York Letitia James. “Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”.

La fiscal es parte de una demanda iniciada por Estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas en el país norteamericano. En el texto de la demanda se denuncia que, para sostener su modelo de negocios, Meta desarrolla un refinado conjunto de estrategias que maximizan el tiempo que los jóvenes ocupan en pantalla: recomendación algorítmica manipulatoria, estímulos audiovisuales que afectan horarios de clase y sueño, incitación al “scrolleo infinito”, entre otras. A sabiendas de su nocivo impacto físico y psicológico, la corporación se respalda en “informes engañosos”, con tasas sospechosamente bajas de experiencias negativas en sus plataformas.

“Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general de Nueva York.

¿Sanciones?

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en Derecho a la Información, infiere que “lo más probable es que si este juicio avanza, Meta enfrente algún tipo de sanción económica, probablemente muy elevada y que, a su vez, esto derive en un mandato de parte de los tribunales de reforma de las leyes que rigen en Estados Unidos para que esto no pueda volver a repetirse. No es que la ley no sea suficiente, sino que Meta violó la ley que existe”.

El especialista se refiere al Acta de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de Estados Unidos (COPPA), que prohíbe recolectar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Desde su sanción en 1998, esta ley no estuvo exenta de reformulaciones: “A principios de 2023, se lanzó una iniciativa para una reforma profunda que, entre otras cosas, incluye la prohibición de abrir cuentas en redes sociales a menores de 13 años y un consentimiento real y constatable de los padres para quienes tienen entre 13 y 18 años. Esto no quiere decir que los niños o los jóvenes no puedan usar redes. Lo que pretende es restringir la creación de cuentas propias, porque al armarla comienza a tener lugar la recopilación de información por parte de las plataformas, que es lo que precisamente está en discusión en este caso”, detalla Lozano.

De hecho, en la demanda se acusa a Meta de dirigir sus redes sociales a menores de 13 años para recolectar y monetizar su información personal sin ninguna iniciativa para obtener el consentimiento de los padres.

Foto de Archivo. 

Al scrolleo infinito y más allá

Carolina Martínez Elebi, comunicadora y consultora en el impacto de las TIC en los derechos humanos, profundiza sobre las estrategias empleadas por Meta y reconocidas en la demanda como instrumentos para “enganchar” al usuario: “El método del ‘desplazamiento infinito’ consiste en que la plataforma ofrece contenido ‘nuevo’ al usuario permanentemente. Es decir, cualquier usuario de redes sociales sabe que siempre hay algo nuevo que la red social puede mostrar en su feed. Si ya vio todo lo que se publicó en el día hasta ese momento, seguro alguien publicó otra cosa nueva mientras el usuario scrolleaba”. Esto no siempre fue así, sino que responde a recientes actualizaciones en la lógica del algoritmo. De hecho, Martínez recuerda que “si entraba a Twitter en el 2009, seguramente podía llegar a un punto en el que más o menos ya había leído todo lo de ese día y, en horarios más inactivos, aunque actualizara el feed, era muy probable que no apareciera nada nuevo. Así que uno desistía y hacía otra cosa o quizás tiraba un tuit preguntando en qué andaban los demás, a ver si alguien respondía”.

La especialista enfatiza el daño que esta retención en pantalla puede provocar en jóvenes y agrega que “la situación puede ser incluso más difícil si, además, los contenidos que no pueden dejar de ver los afectan en otros aspectos, como en cuestionarse su cuerpo, que les cree o profundice inseguridades y que, al visualizarlo muchas veces en soledad, no reciba el acompañamiento necesario para contrarrestar sus efectos en una etapa muy importante en el desarrollo de una persona”.

Por último, sobre los cambios que pueden tomarse en dirección hacia un uso más sano de las TIC, Martínez reflexiona: “Creo que las plataformas tienen que tomar las medidas necesarias para dejar de captar la atención 24/7, lo que va contra la tarea a la que se dedican la empresa. Pero la solución, si se le puede llamar así, tiene que ser integral. Tiene que haber políticas públicas que promuevan un uso consciente y responsable de las TIC en general y de las redes sociales en particular. Es necesario que toda la sociedad comprenda los efectos nocivos que tienen en la salud física, mental y emocional, para tomar medidas. Hace no mucho tiempo, se creía que fumar tabaco te hacía ver elegante y el lobby de las tabacaleras para que no se supieran sus efectos nocivos en la salud fue enorme”.

La demanda de casi todo EE.UU. a Meta de ninguna manera compone un hecho aislado. En 2021, la exempleada de Meta Frances Haugen filtró una serie de investigaciones confidenciales de Facebook e Instagram, que demuestran el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes que las utilizan. El pasado noviembre, Amnistía Internacional presentó el primer informe sobre TikTok en Argentina, que también señala el extractivismo de datos, el impacto en el bienestar emocional y la intromisión en la privacidad de sus usuarios. También Europa hace lugar a estas discusiones: el Parlamento Europeo recientemente aprobó una resolución en la que pide que productos y servicios digitales sean más éticos y contengan un diseño menos adictivo para los usuarios.

Lejos de reconocer las acusaciones y reformular sus prácticas, Meta se defendió: “Nos sentimos desilusionados porque, en lugar de trabajar de manera productiva con compañías de la industria para crear estándares de edad claros para todos los jóvenes que usan las aplicaciones, los fiscales generales hayan elegido este camino”.

“Lo que hace la demanda de los 40 Estados de EEUU a Meta es darle al conflicto un carácter muy fuerte a través de un proceso federal, que es una instancia de extrema importancia en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos y que puede motivar una condena que incluya sanciones civiles y económicas, y hasta reparaciones a consumidores”, agrega Luis Lozano, mientras la querella espera durante meses su resolución y amplifica el debate sobre tecnología y derechos humanos.

La carrera de la ministra

La carrera de la ministra

Dic 19, 2023 | Destacado 3, Vidas políticas

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, amenazó con quitarle la ayuda social a aquellos que protesten en las calles. Estudió Ciencias de la Familia. ¿De qué se trata esa carrera?

El pasado 10 de diciembre, Sandra Pettovello asumió como ministra de Capital Humano, área que absorbe los exministerios de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social, ahora reducidos a secretarías por el Decreto 8/2023. En su primera aparición pública, en una pieza televisiva grabada y ladeada por una bandera argentina, amenazó a los que realicen protestas callejeras advirtiendo que no cobrarán planes socials aquellos que corten calles. Desde su nombramiento, la formación académica de Petovello llamó la atención por acreditar como estudio más reciente una carrera virtual de dos años en la Universidad Austral: la Licenciatura en Ciencias para la Familia.

Según reza el portal de la institución, la propuesta de la carrera es “formar profesionales especializados en el estudio de la realidad familiar, desde un abordaje interdisciplinar”. Para ingresar, es necesario contar con un título previo de grado, profesorado o pregrado de un mínimo 1.600 horas de cursada, tener conocimientos básicos en sistemas y superar una entrevista de admisión. La propia plataforma anticipa que, en promedio, la cursada requiere de tres horas de estudio por día, quince por semana.

“El plan de carrera tiene como objetivo transversal la profundización en el estudio de la familia como sistema, desde una perspectiva holística y socioecológica”, continúa la presentación oficial. En su abordaje interdisciplinar, la carrera incluye materias como Doctrina Social de la Iglesia, Bioética de la familia, Psicología de la Personalidad, Derechos Humanos y Familia, Antropología, Pedagogía Familiar, Macroeconomía y Familia y, como toda licenciatura, Metodología de la Investigación. Si bien la licenciatura es de corte teórico, su objetivo principal es la formación de profesionales capaces de formular políticas públicas.

Dios y familia

En diálogo con ANCCOM, José María Randle, director de la carrera, profundizó sobre la perspectiva religiosa de algunas asignaturas: “Doctrina Social de la Iglesia apunta a los aspectos sociales que existen en los documentos eclesiales históricos, que tienen de 1.800 a 2.000 años y que promueven cambios sociales, como por ejemplo la reducción de la pobreza y el trabajo digno”. Esto concuerda con la identidad cristiana de la institución, que dice buscar “la armonía entre la fe y la razón, respondiendo a los problemas concretos del mundo de hoy”.

De todas formas, la “familia” como campo de estudio no queda limitada a un dogma religioso. Randle explica: “Nosotros apuntamos a la realidad familiar, es decir, intentamos pensar políticas públicas que ayuden a todas las personas, porque la composición de la familia es tan variada como las personas que existen en el universo. Muchas veces depende del grado socioeconómico o sociocultural, existe vulnerabilidad en un montón de aspectos: el tejido familiar es distinto si una madre que dispone de recursos económicos muy bajos trabaja 18 horas por día para poder mantener a su hijo y ese hijo queda a cargo de la abuela. Nosotros tratamos de apuntar a toda la realidad”. Si bien sus composiciones son diversas, la familia es entendida por la institución como el principal ámbito educativo y de desarrollo emocional de la niñez.

El Instituto de Ciencias para la Familia (ICF), unidad académica equivalente a una Facultad, que también organiza la Licenciatura de Orientación Familiar, va a cumplir 30 años en 2024. En sus inicios estuvo vinculado a la Universidad de Navarra, en España, y en la actualidad integra la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM), asociación de la que también son parte instituciones familiares de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Honduras. El ICF, además, trabaja con ONGs de distintas provincias en el asesoramiento y/o formulación de políticas públicas, asesora organismos internacionales y ofrece dos maestrías de reciente creación, una en Violencias y otra en Intervención en Poblaciones Vulnerables.

Como la carrera solo inscribe a profesionales ya formados en otras áreas, la mixtura es algo esperable: “Cerca del 50% son educadores o psicopedagogos. Luego hay un porcentaje intermedio conformado por aquellos de las ciencias de la Psicología o la Sociología, y por último un porcentaje menor de abogados o economistas. Después hay algunos profesionales que llaman la atención, como una odontóloga y una bioquímica”, cuenta Randle. De hecho, la ministra Pettovello es también Licenciada en Periodismo por la Universidad de Belgrano.

ANCCOM también habló con María Victoria Di Francisco, licenciada en Ciencias para la Familia y Psicopedagoga, sobre su decisión de cursar la carrera: “La elegí porque es una carrera sumamente nueva y actualizada a la realidad social que estamos viviendo. Es un complemento ideal para mi rol de psicopedagoga, ya que me brinda herramientas para trabajar de forma integral con las distintas familias”. También ahondó en sus expectativas profesionales: “Yo vivo en Arrecifes, un pueblo donde esta carrera aún sigue siendo desconocida, pero de a poco voy trabajando para que empiece a valorarse más y para poder en un futuro crear un COF (Centro de Orientación Familiar)”. Actualmente, Di Francisco dirige el Consultorio EducARTE, un espacio orientado al vínculo educativo entre padres e hijos, con recomendaciones y asesoramiento para familias en procesos de crianza.

Billetera mata plan

En el marco de un plan de fuerte ajuste por parte del gobierno nacional, que hoy implica  devaluación del peso argentino, recorte en subsidios a la energía y el transporte y reducción del aparato estatal, el presidente Javier Milei declaró antes de asumir que la única “billetera abierta” será la de Sandra Pettovello, en su gestión del superministerio de Capital Humano.

Respecto a las aptitudes que las Ciencias para la Familia pueden aportar a la posición política que actualmente ocupa la ministra, José María Randle expresó: “Todos los que han pasado por nuestras aulas están capacitados para plantear políticas públicas. No sé si Sandra podrá hacerlo o no, yo solamente la conozco como alumna. Lo que puedo decir es que la carrera prepara a los alumnos para que puedan implementar políticas públicas. De ahí a que sean buenas o malas, que lo hagan bien o lo hagan mal, eso ya depende de cada uno”.