Veintisiete cuadras de hambre

Veintisiete cuadras de hambre

La semana pasada la ministra Sandra Pettovello dijo a viva voz que quien tiene hambre se acerque con su DNI que le solucionaba el problema. Miles de personas hicieron fila desde Retiro hasta Constitución esperando infructuosamente que ella los atienda.

Los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), volvieron a manifestarse en el Ministerio de Capital Humano para reclamar que se decrete la emergencia alimentaria y que se vuelva a entregar mercadería a los comedores barriales. El jueves, antes de reprimir a los manifestantes, la ministra Sandra Pettovello había convocado “a quienes de verdad tengan hambre” a presentar su documento y tener una reunión personal con ella. Una fila de personas que se extendía a lo largo de veintisiete cuadras de largo esperó infructuosamente, debajo del sol, que la titular de la cartera las atendiera.

“Pettovello vas a tardar 43 años en atender a las 4,5 millones de personas que asisten a comedores”, le contestaba un cartel que sostenía una cocinera de una olla popular. Este lunes por la mañana las veredas de Pellegrini se vieron afectadas por una fila que iba desde la calle Juncal en Retiro hasta la Av. San Juan en Constitución con la esperanza de poder llevarle los reclamos particulares y contarle la situación a la ministra.

“Los jubilados están sufriendo especialmente porque no tienen actualización y la mitad de su salario mínimo se les va en medicamentos. Los comedores les dan la única comida que tienen en el día. No se están alimentando nutritivamente porque no les alcanza. Ahora nuestros comedores corren riesgo porque Pettovello nos está negando la comida para que sigamos con la asistencia alimentaria para nuestros jubilados, los hogares monoparentales, en las mujeres jefas de hogar”, denunciaba Daniela Chacón, referenta de Marea de Almirante Brown.

“Somos trabajadores de la economía social y popular. Cada compañera que revuelve la olla día a día, se levanta y trabaja para tratar que a nadie le falta ese plato de comida tan necesario, que ahora corre riesgo. Tiene hambre también la gente que tiene un trabajo registrado y tiene que pagar alquiler, impuestos… La heladera vacía la tiene todo el país”, sentenciaba Chacón. Un cartel, un par de metros más allá, decía: “El hambre no se tolera. La dignidad no se negocia”.

China, referente de Proyecto 7, una organización que trabaja con y para personas en situación de calle desde la crisis de 2001, analizó: “Todo va tornándose más parecido a ese momento. Si bien la coyuntura es distinta y los motivos por los que se llega hasta ahí, las medidas son similares en varios aspectos”.

“Hay un montón de comedores que sostienen, no es la solución, pero es un parche muy necesario porque hace que la gente no caiga desmayada, que los chicos puedan seguir yendo al colegio, que los padres puedan alimentar a sus hijos… Familias enteras vienen al nuestro con un tupper gigante para cinco. Todo lo que juntan es para pagar una habitación en un hotel familiar”, relataba China. En diagonal al puesto donde Proyecto 7 repartía a los manifestantes pan dulce de su fábrica y fruta, está el hotel de lujo Four Seasons.

En Arenales y Pellegrini, un contingente de turistas europeos se bajaron de un taxi y con sus grandes maletas entraron a uno de los hoteles internacionales de Retiro. Algunos miraban hacia el cielo, otros hacia las baldosas, pero ninguno a los ojos de la larga fila contra el hambre o a los de dos hombres que dormían en la esquina, sin percatarse de que formaban parte de la hilera. Su colchón era una caja de cartón desarmada para compartir y una mochila vacía oficiaba de almohada. Por fuera de lo puesto, su única pertenencia eran las 10 ciruelas entregadas por Proyecto 7.

En la puerta secundaria del Ministerio de Capital Humano, tres personas que habían asistido a la jornada de protesta anterior con su documento en mano agitaban: “Pettovello, Pettovello/ ya tengo el documento/ la gente tiene hambre/ vos no estás atendiendo…”. María, jubilada de Dock Sud, sostenía un cartel en el que decía que no llegaba a fin de mes y tenía que trabajar para poder ayudar a criar a su nieto. “Cada vez hay más personas para retirar la vianda y no tenemos mercadería”, contaba.

A su lado, estaba Andrea, también con delantal y un cartel: “Soy cocinera en un comedor. La gente hace fila para poder comer”. Sumaba a lo que decía su compañera: “Lamentablemente cada vez somos más en el barrio. No llegamos. Me rompe el corazón que no todos puedan llevar un plato de comida a su casa. Hay gente que viene con criaturas”, puntualizaba. Pero la incertidumbre y la angustia también está en su vida personal: no sabe si va a poder mandar a sus dos hijos adolescentes a la escuela. “Es una lucha que venimos dando y la fe es lo único que nos queda”, suspiró Andrea.

Walter Córdoba, Secretario de Bienestar de la UTEP y coordinador de Barrios de Pie CABA, declaró: “Lo que hizo la ministra fue un acting. No quiso dar respuesta y planteó que era un caso individual de la familia, no una situación estructural del país, de pobreza, de desequilibrio económico, de inflación”. Además, agregó: “No ejecutaron las partidas que tienen del presupuesto: no hay asistencia alimentaria y están amagando con el pago del Potenciar Trabajo y están frenando todos los proyectos”. La puerta principal del Ministerio está vallada y la secundaria está llena de efectivos de la Policía Federal. “Es una política social la de reprimir a los pobres. Son duros con los humildes, pero no con las empresas y las élites”.

Máximo Viedma de Merlo se sentó en la vereda de un local de comida colombiana: “Estamos acá para reclamar que no siga el ajuste para los que menos tienen. Está ajustando a los más vulnerables”. En su comedor atienden a 67 personas mayores para la olla popular y a 138 chicos. Beti, estudiante de FINES y trabajadora en un merendero, dijo con lágrimas en los ojos: “Abastecemos a 30 chicos, pero no tenemos mercadería suficiente para toda la semana. Si los chicos tienen hambre, no pueden pensar para hacer la tarea”.

“Tengo 60 años y no tengo estabilidad laboral, lo que puedo hacer, lo hago. El tema es que no es una situación normal, para todos los que no tenemos un ingreso mensual, la situación empeoró. No podemos planificar nada y la mayoría tiene que comer algo en los comedores”, describió Viedma. “Esta es una economía informal: es gente trabajadora que no tiene estabilidad laboral. No es de ahora. Con la dictadura se ha implementado con golpe de Estado, uno de estos sistemas en los que dejan a la mayoría de la gente afuera para lograr una mano de obra barata, esclavizante o, directamente, esclava”, analizaba Viedma.

En los parlantes de los movimientos sociales, ubicados a pocos metros de la puerta secundaria, comenzó a sonar “Sos botón”. Los federales con su chalecos y con sus armas listas se reían. Dos de ellos salieron hasta la camioneta a buscar algo cantando sonrientes: “Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante/ Al que los pibes lo llamaban El Picante/ Ahora te llaman botón”.

La semana anterior, Miriam del Comedor de Pie de Retiro se había corrido a la sombra cuando desde adentro del Ministerio empezaron a arrojar gas pimienta. Tardaron en darse cuenta y en conseguir leche para detener el ardor, en especial de los ojos, por lo que algunos compañeros tuvieron que ser hospitalizados. Con un cartel que de un lado rezaba “la casta no es el pueblo”, ahora decía en el reverso: “Acá seguimos en la lucha hasta que nos atiendan y que normalicen la situación en los comedores”.

“Cuidado, compa, que ahí viene la virgen”, avisó un chico rubio liberando un espacio de la vereda. Esta vez, los movimientos sociales sí pudieron hacer un acto de cierre. Los Misioneros de Francisco llevaban en sus hombros tres vírgenes María. Frente a la puerta secundaria y sus federales, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, tomó la palabra: “Hemos hecho una jornada de lucha pacífica, como siempre. Nos movilizamos con masividad acá, pasando la Av. San Juan, y en muchas provincias. La semana pasada vinimos ante este Ministerio de Capital In-humano y nos recibieron con palos. El pueblo está acá no por deporte, sino porque se está cagando de hambre”.

Los manifestantes vitorean, sintiendo las palabras como suyas, y los federales y administrativos tratan de mantener un temple serio. “Si el pueblo sufre hambre, ante la ausencia del Estado, nos vamos a seguir movilizando, pero sobretodo vamos a seguir trabajando solidariamente con el conjunto del pueblo argentino. Vamos a luchar pacíficamente, pero no por eso vamos a ser menos determinantes a la hora de seguir construyendo acciones. Una vez más nos movilizamos acá y la respuesta es de espaldas al pueblo”, apuntó marcando las palabras.

Cuando terminó de hablar, de los parlantes empezó a sonar el himno nacional. En las primeras notas, la gente cantó “U-ni-dad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ ¡se jode, se jode!”. Todos los manifestantes lo vitorearon con ganas. Un hombre que sacudía con emoción una bandera gritó “Cantálo, vendepatria” a los ojos de uno de los oficiales, recordándoles que antes de ser vigilantes, también fueron pueblo.

 

Un abrazo a los glaciares

Un abrazo a los glaciares

Guías de Parques Nacionales organizaron una protesta junto al glaciar Perito Moreno para detener la amenaza que representa el proyecto de Ley Ómnibus a los casi 17 mil glaciares del país.

“Estamos acá para hacerles saber a quienes gobiernan, a los que tienen que velar por nuestros derechos, que el pueblo está firme en que los glaciares no se tocan. ¡No a la modificación de las leyes ambientales!”, exclamó Nazarena Paschetta, guía del Parque Nacional Los Glaciares, al finalizar el abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno. Los presentes respondieron entre aplausos al grito de “viva la patria” y con el mismo canto que unía a los reclamos en distintos lugares del país en la jornada de lucha para frenar la Ley Ómnibus: “La patria no se vende”.

“Abrazamos al Glaciar Perito Moreno, que está experimentando muchos cambios, porque lo necesitamos cuidar. En Argentina tenemos 16.900 glaciares, pero sólo este es famoso. Si lo abrazamos, abrazamos también a los que no están dentro de áreas protegidas, pero son igual de importantes”, justificó Paschetta.

El abrazo fue convocado el 24 de enero en el momento del día donde hay más gente en el glaciar. Durante la mañana, algunos compañeros convocaron en las pasarelas a la actividad, intentando concientizar a la gente que estaba en el lugar. Así, se acercaron turistas, vecinos de El Calafate, otros guías y trabajadores del Parque Nacional.

 

“No hay emergencia que justifique la destrucción ambienta”, rezaba uno de los carteles de los manifestantes. En esa línea, Paschetta declaró a ANCCOM: “No existe crisis económica que permita que se atente contra el ambiente. En todo caso, que aumenten las regalías a las mineras: dejan muy poco en el país y declaran mucho menos de lo que realmente producen. Ya sacan un montón de nuestros recursos, por lo menos que paguen lo que tienen que pagar. No tiene lógica que hablemos de aumentar la zona de explotación de nuestros patrimonios”.

El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como Ley Ómnibus, pretende modificar la Ley N°26.639 de Glaciares sancionada en 2010 junto con otras leyes ambientales. “Tenemos que sentirnos orgullosos como argentinos, que somos el único país que tiene una legislación exclusiva para glaciares. No podemos permitir que cambie para responder a los intereses de las compañías”, agregó Paschetta.

La propuesta de ley cambia los Artículos 1 y 2: reduce la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limita su definición a “recarga de cuenca hídrica”. Con la legislación actual, se frenaron más de 40 proyectos mineros en pos de preservar la biodiversidad y la reserva de agua dulce nacional. Según el Acuerdo de Escazú, al que nuestro país adhiere, la propuesta de reforma es una “regresión ambiental” que no estaría permitida. 

“El campo de hielo patagónico sur es el tercero más grande del planeta, de donde descienden los glaciares de nuestro Parque Nacional. Estos son reservas de agua dulce: de toda el agua que hay en el mundo, el 3% es dulce y de ese porcentaje, el 70% está en los glaciares. Siendo que nuestro cuerpo es 70% agua es preservar los glaciares, es cuidar nuestros cuerpos”, reflexionó Paschetta.

El grupo de guías autoconvocados que organizó la actividad surgió cuando se supo cuáles iban a ser las modificaciones en las leyes ambientales. “Teniendo en cuenta que nos puede afectar tanto no puede ser que pase así nomás: teníamos que hacer sentir lo que estaba sucediendo. Somos guías del Parque Nacional: no podíamos ser ajenos. Teníamos que hacer algo”, contó.

En diálogo con Señal Calafate, una de las manifestantes fundamentó la acción: “No quiero que practiquen megaminería en la zona periglaciar ni que los extranjeros puedan adquirir más tierras y sigan expandiendo su poder económico y que nosotros tengamos que desterrar a los pueblos originarios”. De fondo, volvió a resonar “La patria no se vende”.

 

La dolarización y el narcotráfico siguen afectando a Ecuador

La dolarización y el narcotráfico siguen afectando a Ecuador

Gonzalo Fiore Viani, analista internacional y becario doctoral del Conicet, y a Matías Hof, periodista especializado en Economía analizan crisis ecuatoriana.

Mientras persiste en Ecuador la conmoción interna, con el estado de emergencia dictado por el presidente Daniel Noboa y el recrudecimiento del conflicto armado, van quedando a la luz las razones económicas de la crisis, la desregulación financiera y su relación con el funcionamiento de las bandas del narcotráfico.

Estos grupos no solo luchan contra el Estado sino entre ellos mismos por la toma de poder. Las mafias se convierten en una opción para la economía ecuatoriana y se consolidan en momentos de descenso económico en la sociedad. En este contexto, la dolarización impide el desarrollo industrial que pague salarios altos, algo que sí puede hacer el narcotráfico.

ANCCOM entrevistó a Gonzalo Fiore Viani, analista internacional y becario doctoral del Conicet, y a Matías Hof, periodista de la Izquierda a Diario especializado en Economía para analizar lo que está ocurriendo en Ecuador.

¿Cómo ve Ecuador la evolución de la situación desde que empezó la reciente crisis?

Gonzalo Fiore Viani: Es un problema que viene desde hace rato. El año pasado, el asesinato del candidato a presidente liberal Fernando Villavicencio, contribuyó a enrarecer el clima político complejo y violento en el país. Las bandas criminales transnacionales parecen actuar con completa y total libertad. El narcotráfico y la violencia exacerbada del crimen organizado se han incrementado en Ecuador desde el año 2020. La tasa de homicidios casi se duplicó en el último año, pasando de 14 por cada 100.000 habitantes, en 2021, a 25, en 2022. El inicio de la ola de violencia podría ubicarse en las masacres carcelarias que dejaron 458 muertes entre 2020 y 2022 en los penales de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. Los últimos gobiernos no sólo no han dado respuesta a esta situación, sino que tampoco han encontrado culpables ni transformado realmente las duras condiciones de vida en las cárceles ecuatorianas.

Matías Hof: Ecuador es un país que está en crisis económica, social y política con distintos momentos, matices, puntos más altos y más bajos desde el 2019, en general, y esto que ahora está en el centro con el narcotráfico es un aspecto de esta situación. Tenemos que entender esta crisis del narcotráfico como parte de este entramado capitalista internacional y del sistema económico ecuatoriano, porque por más que lo persigan, es parte de la economía. Incluso el hecho de ser perseguido lo hace más rentable para los que son parte de ese negocio, porque pueden cobrar precios más abultados. La crisis de narcotráfico está precedida por una grave crisis económica que derivó en una crisis social con levantamientos por los intentos de aplicar el plan del FMI, y una crisis política con Lasso, no terminando su gobierno, llamando a elecciones anticipadas.

¿En qué medidas influye la dolarización implementada desde 2000 en la situación actual?

G.F.V: Ecuador implementó la dolarización como su moneda de curso legal para estabilizar su economía y combatir la alta inflación y la inestabilidad monetaria que enfrentaba. Como resultado de la dolarización, el país dejó de emitir su antigua moneda, para utilizar el dólar de los Estados Unidos. Al adoptar el dólar estadounidense, Ecuador perdió la capacidad de tener una política monetaria independiente. No podía controlar su oferta monetaria, ni su tasa de interés para responder a las necesidades económicas internas. Esto limita su capacidad a la hora de enfrentar crisis económicas y ajustar su economía de manera eficiente. Al depender del dólar estadounidense, Ecuador se vuelve vulnerable a las decisiones y políticas económicas de Estados Unidos. Fluctuaciones en el valor del dólar y cambios en la política económica de Estados Unidos pueden tener un impacto directo en la economía de Ecuador. Esto hizo, además, que las exportaciones ecuatorianas sean menos competitivas en los mercados internacionales, ya que el país no puede devaluar su moneda para aumentar la competitividad de sus productos. La facilidad para el lavado de dinero y el acceso a nuevos mercados en dólares, además, fomentaron el crecimiento del narco en el país.

M.H: La dolarización la aplica el presidente Jamil Mahuad en el 2000, en medio de una crisis económica en Ecuador, producto de la caída del precio del petróleo. Va a ser un país dependiente de las exportaciones de petróleo. El petróleo cae a fines del año 2000 y genera una crisis en la economía ecuatoriana. Como método utilizaron la dolarización, el salario básico ecuatoriano quedó alrededor de los 50 dólares. Una parte muy importante de los jubilados cobran jubilaciones de 13 dólares en medio de una inflación anual inédita para lo que es Ecuador. Este golpe fue tan fuerte que, para aquellos que tenían plata en los bancos, que fue congelada, cuando pudieron volver a tener acceso a sus ahorros habían perdido el 80% de su valor. Provocó un ataque a las condiciones de vida, a los ingresos de la gran mayoría de la población de Ecuador, que fueron a los que hicieron pagar la crisis de la caída de los precios del petróleo para sostener y salvar a los bancos, a las petroleras y a las empresas, y evitar las quiebras de esas empresas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

La dolarización como quiebre

M.H: La dolarización marca un salto muy importante en lo que es este empeoramiento. Ecuador, para poder recomponer los ingresos de la población, nunca volvieron a los niveles anteriores. A partir del año 2001-2002, logró salir de la situación catastrófica que se vivía en el año 2000, pero la vulnerabilidad se mantiene. Cuando llegamos al año 2019, es una crisis con muchas condiciones internas del sistema capitalista internacional. Ecuador, al mantenerse dolarizado, tenía menos herramientas para poder protegerse frente a esta crisis. Las consecuencias de la crisis internacional de 2019 lo llevaron a tener que endeudarse nuevamente y pedir nuevos préstamos al exterior, sobre todo al FMI.

 

¿Por qué el ex presidente Rafael Correa siguió con la dolarización si era un gobierno progresista?

M.H: Rafael Correa gobernó 10 años Ecuador, entonces hay distintos momentos a lo largo de su gobierno. Correa se habría comprometido a no pagar la deuda, a no firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y a no continuar con la base militar estadounidense que existía en Ecuador. En cuanto a la deuda, luego de primero hacer una investigación, de la cual Toussaint* fue parte, y declarar casi el 70% de la deuda como ilegal y no pagarla, al poco tiempo Correa vuelve a endeudarse, cuando se acaba el pico del precio de las commodities, el precio del petróleo. Por lo que la deuda la vuelve a tener, y si bien no firma un tratado de libre comercio, permite al capital extranjero meterse en la producción del petróleo y en los grandes núcleos de producción exportadora de Ecuador. La política de Correa refuerza mutuamente la entrega de partes centrales de la economía y el endeudamiento, haciendo que se profundice la dependencia con el capital extranjero.

¿Y qué pasó con la deuda?

M.H: Correa logró bajar la deuda extranjera a 8 mil millones de dólares al principio de su gobierno, pero cuando se fue ya estaba otra vez en 36 mil millones. Esto da cuenta de cómo el plan de Correa fracasó, terminó haciendo una política que iba en contra de poder llegar a ese objetivo, y así se llegó al día de hoy, un país que sigue dolarizado, lo que hace muy difícil poder salir de la crisis económica actual. Entre 2020 y 2022 entregó alrededor de 6.500 millones, que el gobierno actual de nuevo se compromete a pagar y a cumplir con todas las exigencias del ajuste. Esta situación implica más ataque a las grandes mayorías, abre más lugar a que el narcotráfico pueda seguir avanzando, imposibilitando conseguir empleos, y que tengan que formar parte de todo el sistema de narcotráfico. Entonces, la situación estructural que da lugar al narcotráfico, tanto desde mantener la prohibición y la ilegalización de las drogas, junto a una sociedad cada vez más golpeada. Las medidas represivas han demostrado, que no dan resultado y es muy probable que la situación siga así o empeorando.

*Eric Toussaint es un historiador belga, portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), que contribuyó a fundar.

El 62 por ciento de los isleños de Tigre está sin luz

El 62 por ciento de los isleños de Tigre está sin luz

Desde la tormenta del 15 de diciembre reclaman respuesta a Edenor y al ENRE, sin resultados. La luz vuelve de manera intermitente y el problema de los cortes de suministro se ha vuelto crónico.

Habitantes de las islas del Delta marcharon el martes a la sede de la empresa Edenor en San Fernando. 

El sonido de los generadores se entrevera por las noches con el de los insectos, animales y el chapoteo del agua provocado por la marea y las pocas lanchas que circulan, este ecosistema sonoro es el que impera en las islas del Delta de Tigre, desde aquella tormenta del 15 de diciembre que tiró cientos de árboles, provocó daños materiales y dejó sin luz a gran mayoría de los vecinos y vecinas de las islas.

Ya son más de 30 días sin servicio que aún sigue afectando a casi diez mil personas aproximadamente. Sin alimentos, ni bebidas frescas, sin agua en el tanque, sin poder usar electrodomésticos o herramientas para trabajar, sin wifi y en algunos casos hasta sin señal de celular por la cantidad de antenas caídas.

La solución inmediata es trasladarse si o si al “continente” por un rato de vida “normal”, o tener un generador, transporte y dinero para ir hasta el puerto del Tigre a buscar el combustible necesario. 

“El 62 por ciento de la isla sigue sin luz y en los pocos lugares donde se restableció el servicio funciona de manera intermitente”, dice Iara Camila Paules, una isleña de 30 años que vive en el lugar desde el 2018, además explica: “Es muy complejo el tema ya que hay lugares en los que vuelve la luz por dos o tres horas en un arroyo y mientras tanto se va en otro. Esto pasa porque la infraestructura y materiales utilizados son viejos y no dan abasto, hay muchos palos de luz que se cayeron y luego fueron atados con alambre. Hoy en día no solo exigimos que pongan la luz, sino también que renueven los materiales, porque el problema va a seguir de esa manera”. Iara, en estos momentos, se siente afortunada por tener un generador, pero dice prenderlo solo en ocasiones especiales: “No podemos utilizar todo el día el generador por el gasto que implica, sólo lo utilizamos de noche y para situaciones puntuales como prender la bomba de agua, cargar el celular, conectarnos a Wifi o reunirnos para mirar el estreno de la última entrevista del Indio Solari”.

Ludmila Satulovsky tiene 37 años, es residente de la isla desde el año 2020, y plantea algunas de las inquietudes que le surgieron a partir del temporal: “Aún hay arroyos bloqueados por árboles caídos que impiden el paso. También ramas de gran porte sobre el tendido y flotando en los ríos causando un gran peligro para vecinos/as, navegantes y operarios”, describe. La empresa Edenor no sólo no dio plazos para los arreglos, ni expuso un plan concreto por zonas, sino que tampoco garantiza la seguridad para los y las habitantes de la zona, sigue habiendo cables caídos y transformadores en el piso; lo mismo sucede con sus trabajadores ya que la semana pasada lamentamos el fallecimiento de Rubén Haita, mientras que su compañero Natanael Manke sigue internado con graves heridas”.

Las respuestas que recibieron -según Ludmila- fueron: “Armaron un comité de emergencias entre autoridades de Edenor, el municipio de Tigre y miembros de la comunidad isleña para conformar un plan de acción y obtener mayor información de avances y plazos”. Pero los avances no parecen llegar: “Lamentablemente la información sigue siendo escasa, desactualizada y los avances están plagados de precariedad y retrocesos. También se realizaron reuniones para detallar las problemáticas y exponer las necesidades que está pasando la comunidad isleña en esta situación de emergencia”, agrega y enumera las últimas novedades: “Se exime del pago de boleto a los residentes de la isla en la lancha colectiva por el plazo de un mes y se intimó a Edenor a prestar información fehaciente de las reparaciones en curso y las realizadas”.

Los vecinos se han organizado para realizar protestas en las oficinas de Edenor, reclamos en el municipio y cortes en el río con sus embarcaciones, sin embargo no todos tienen la posibilidad de llegar a las distintas actividades con facilidad. Un ejemplo de lo mencionado es lo que le sucede a Liliana Graciela Leiva, una mujer de 68 años tiene terrenos en el Delta, ubicados en la segunda sección desde el año 2000. “El viaje desde nuestra zona dura más de dos horas y media para llegar a la Estación Fluvial de Tigre. Es muy difícil participar de asambleas o cortes de río, ya que para volver desde Tigre tenemos una única lancha colectivo a las dos de la tarde. Cuando tenemos señal en los celulares reclamamos a Edenor y al ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) reiteradamente, pero los primeros días no teníamos señal, ya que la única antena que hay cerca es de Personal y tampoco tenía luz así que no funcionaba. El Municipio de San Fernando intimó con carta documento a Personal y al ENACOM para que pongan generador o batería en la antena, para poder comunicarnos”, describe.

El aumento de las tarifas es constante al igual que en la ciudad, sin embargo el servicio que reciben no es el deseado según Liliana: “En relación a las tarifas pagamos igual que en la ciudad. Quiero aclarar que es el único servicio que tenemos, acá no hay agua corriente, ni gas. Cocinamos con gas envasado (que es carísimo); nuestros termotanques son eléctricos, para sacar agua del río la bomba es eléctrica; o sea, que somos electro intensivos. En invierno calentamos nuestras viviendas con salamandras a leña”.

Liliana reafirma lo mismo que ha comentado Lara en cuanto a la infraestructura y un problema que se vuelve crónico por este motivo: “Existen antecedentes similares, no recuerdo alguno que haya durado tantos días, pero es de lo más frecuente que se corte el suministro eléctrico. Una tormenta, viento, lluvia, marea, siempre alguna rama que se cae sobre los cables y nos quedamos sin luz”.

Ecuador en jaque por ataques de bandas narcos

Ecuador en jaque por ataques de bandas narcos

Anccom dialogó con una de las trabajadoras del canal de TV que sufrió en vivo los ataques y con especialistas, para entender qué está pasando en un país con altos índices de  pobreza, tomado por los narcos.

Al menos ocho muertos es el saldo de las primeras horas del estado de excepción dictado por el gobierno de Ecuador luego de que bandas narco tomarán ayer un canal de televisión, una sede de la universidad de Guayaquil y varios centros de detención dónde hubo motines. Anccom dialogó con una de las protagonistas de los hechos y expertos para entender qué está pasando.

A lo largo del año 2023 en Ecuador, bandas criminales asesinaron a alcaldes y concejales. El pico máximo fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en septiembre, en plena campaña electoral. Esta crisis desató violencia en las cárceles, motines y la fuga de narcotraficantes, entre ellos José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’.

El presidente Daniel Noboa, quién ganó las elecciones en Ecuador en octubre pasado, propuso la semana pasada un referéndum para ver si los ecuatorianos están de acuerdo con darle el poder al ejército, para que participe en la lucha contra la violencia criminal en el país.

La fuga este fin de semana del líder narco “Fito” precipitó la declaración del estado de sitio. Ayer, un grupo de bandas criminales ingresaron a la Universidad de Guayaquil y al canal TC Televisión, y protagonizaron un momento tenso y dramático. También se difundieron imágenes de presuntas ejecuciones de policías y toma de rehenes en cárceles con detenidos blandiendo machetes sobre los guardias.

El suceso en el canal y en la universidad, donde hombres armados ingresaron a ambos establecimientos, terminó con la detención de trece delincuentes y la liberación del personal del canal, que había sido retenido en plena trasmisión en vivo.

Karla Santana, Máster en Comunicación Transmedia y Licenciada en Periodismo, logró salir del edificio antes de que el grupo comando tomara a sus compañeros y dijo que todo le pareció “una película de terror”. En diálogo con ANCCOM señaló que las exigencias que pedían estos criminales eran emitir un mensaje hacia el presidente y causar “zozobra, impacto, conmoción social a una comunidad que en ese momento nos estaba viendo y amedrentar a nuestros compañeros periodistas y colegas que se encontraban trabajando”.

Además, destacó: “No solo estamos en un estado de excepción, sino que a este hecho terrorista que ocurrió en el canal, el presidente también decretó. mediante su firma, un estado de guerra, que no solamente hace que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso progresivo de la fuerza, sino que además les ordena la operación a los militares”.

Por otra parte, y en medio del estado de excepción decretado el lunes, se fugó de la cárcel Fabricio Colón Pico, capturado la semana pasada luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunciara un presunto plan para atentar en su contra. Salazar identificó a Pico como miembro de “Los Lobos”, un grupo criminal que está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación de México.

Gonzalo Fiore Viani, Magister y doctorando en Relaciones Internacionales, señaló que Ecuador tiene una tasa de homicidios alta, “43 cada 100.000 habitantes”. Además, el país se encuentra dolarizado desde el año 2000. Para junio de 2023, estaban en la pobreza 4,9 millones de personas, es decir, 27 de cada 100 ecuatorianos, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De esta forma, agregó que Ecuador se “sumerge en una profunda crisis”.

Las medidas por parte del presidente, como el despliegue militar y el toque de queda, reflejan “una tasa de homicidios y pobreza elevada. El país enfrenta desafíos que contribuyen a su vulnerabilidad ante eventos de esta naturaleza y deberá encontrar una salida a esta situación, que va más allá de la cuestión de la seguridad y tiene raíces mucho más profundas”, agregó Fiore Viani.

Sin embargo, el Analista Internacional Alejandro Safarov, señaló que esta situación está sucediendo, porque “el Estado ecuatoriano está fallando en controlar la seguridad y proteger contra actos de terrorismo en su territorio; permitiendo el avance de organizaciones criminales locales con vinculaciones en los distintos niveles del Estado, e influenciadas por redes delictivas transnacionales”.

Safarov aseguró que el sistema político ecuatoriano tiene “la posibilidad de que Ecuador se transforme en un estado fallido, los políticos y los empresarios más importantes presionan para evitar una crisis económica y social que ponga en riesgo y genere distorsiones o un impacto negativo en la vinculación con los mercados externos”.  Por su parte, el expresidente Rafael Correa le brindó todo su apoyo al presidente Noboa respecto a la lucha contra el narcotráfico y afirmó que es momento de “unidad nacional”.

Por útimo, esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado”, llamó “a la investigación diligente de los hechos” a la vez, que informó que “sigue monitoreando la situación de derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción decretado el 8 de enero y ampliado el 9 de enero”. Además advirtió: “La actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles, con regulación y control”.