«Es un compromiso rezarpado con la democracia»

«Es un compromiso rezarpado con la democracia»

Coprotagonista en «Argentina, 1985», Leyla Bechara traza un paralelo entre los jóvenes fiscales que acusaron a las juntas militares de la dictadura y el rol de su generación en la democracia actual.

Leyla Bechara, más conocida como “Becha”, tiene 26 años, es politóloga recibida en la UBA, streamer, creadora de contenido peronista, feminista, “progre” y, ahora, actriz en Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre que llega a los cines el 29 de septiembre. El filme aborda el juicio a las Juntas Militares, momento histórico para nuestro país y ejemplo de justicia en el mundo. 

Antes de Argentina, 1985, Leyla Bechara no había actuado ni en una película ni en una obra de teatro. Entre risas, dice que espera que sea la última. “Lo hice por la anécdota y porque es una historia muy importante. Lo primero que me cerró fue la historia, lo segundo, el director. Me gustan mucho las películas de Santiago Mitre. Yo decidí estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales por ver El estudiante, su película que habla sobre la militancia universitaria”. 

¿Cuál fue tu rol en la película?

 Formo parte del equipo de la fiscalía. La película está centrada en el rol de (Julio) Strassera que fue el fiscal del juicio a las juntas militares junto a (Luis Moreno) Moreno Ocampo. La historia cuenta cómo fue el armado de ese juicio. Strassera con Moreno Ocampo deciden ir a buscar a pibes que trabajaban en Tribunales y que no tenían carrera judicial porque eran los únicos que se iban a exponer a semejante juicio, no teniendo una carrera que perder, si salía mal. Arman ese equipo de fiscales, “los fiscalitos”, que son todos muy jóvenes. Algunos con ideas políticas, otros no, que solo lo hacían por las horas extra. Mi personaje se llama Isabel, es amiga de uno de los chicos de la fiscalía a quien él va a pedir ayuda porque no sabían por dónde arrancar a investigar. 

 ¿Cómo llegaste a Argentina, 1985

 Nunca actúe en mi vida, nunca hice teatro en mi vida. Jamás. El año pasado, en marzo, el día de mi cumpleaños, la directora de casting me mandó un mensaje por Instagram. Me dijo: “Hay un proyecto para el que me parece que podría ir bien tu perfil”. No me contó nada y yo dije; “Bueno, sí, ya fue; por la anécdota”. Hice el casting grabado desde mi casa, malísimo. A las semanas me llamaron de vuelta para hacer el casting presencial. Estaba muy nerviosa, explicándole a las pibas que nunca había actuado en mi vida, que nunca había estado en un casting. Hasta que tuve la respuesta, Santiago Mitre me empezó a seguir en Instagram y pensé “quizás quedé en la película”. En un momento, flashié estudiar teatro, pero no tenía tiempo porque tenía otro trabajo. Le dije a mis jefes: “Che, voy a actuar en una película con Darín, necesito los días de rodaje”. Fueron muchos días al final, terminamos viajando a Salta, fue una gran experiencia. Todo se dio simplemente porque la directora de casting me seguía en Instagram, vio mis videos y le pareció que tenía una chispa, algo de eso.

 

Sin indicación del director ni nadie, todos nos pusimos a leer el Nunca Más.

Leyla Bechara

 ¿Cómo fue la construcción del personaje?

 A nosotros nos mandaron el primer guion y, paralelamente, empezamos a tener ensayos para repasarlo entre todos y ahí conocí al resto del elenco. Todos más o menos de la misma edad y muy conscientes de la historia que estábamos a punto de contar. Automáticamente, sin indicaciones del director ni de nadie de la producción, nos pusimos a leer el Nunca más. En el juicio el Nunca más fue un puntapié para el armado, fue la base fundamental. Paralelamente, la producción nos organizó varios meets con los verdaderos ayudantes de la fiscalía que hay algunos que todavía siguen vivos y fue muy emocionante. Nos encontramos con gente que nos contó cómo fue vivir el juicio desde su juventud, tenían 20 o 25 años y eran muy poco conscientes de lo que estaban viviendo. Era todo voluntad, mucha ignorancia frente a lo que se enfrentaban, no entendían qué era lo que estaban haciendo y lo importante que era. Eso lo trasladamos al grupo de actores. Es un compromiso rezarpado con la democracia. Lo único que nos importa es que la van a ver otros pibes en las escuelas y van a conocer la historia. 

 Siendo politóloga, ¿cómo viste la reconstrucción que se hizo de los hechos?

 La película es una ficción basada en hechos reales, pero hay muchas partes que son ficcionalizadas. Las partes del juicio son lo más fieles posible, los testimonios, sobre todo. Además, es algo que en la tele todo el mundo vio, las audiencias las pasaban por la radio y la gente las escuchaba. La reconstrucción no es de la historia con mayúsculas, creo que lo que hace la peli es invitarte a pararte en algún lado. Es una película que le habla a todo el mundo, no importa dónde estés parado políticamente y lo que creas particularmente de ese momento histórico. Te interpela. Creo que es una historia que cuenta lo que le estaba pasando a la sociedad en ese momento, las contradicciones, las convicciones de algunos, la complicidad, la cobardía de otros. Eso me parece que es bastante justo pensando en el momento terrible que estamos viviendo y, sobre todo, porque es una forma de contar cómo fue la recuperación de la democracia, que nos interpela a todos. Es una invitación a reflexionar lo costoso que fue reconstruirla y lo costoso que es defenderla.

A casi un mes del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿te parece que una película que enfatiza en la importancia de la democracia, puede incidir en la opinión pública?

Es una película que está buenísima para los jóvenes, sobre todo. Hay personajes clave de la historia que son jóvenes y demuestran valentía todo el tiempo y es una valentía bastante ignorante en algún punto, no consciente. Yo creo que eso toca una fibra para quien está viendo la peli. Lo débil que estaba la democracia y la exacerbación de la violencia me parece que es una interpelación a pensar, a darle la vuelta a este momento histórico. Es una invitación permanente a decir: “Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”. Nadie va a cuidar más la democracia que nosotros. Esa es la democracia que estamos heredando. Si las Madres, las Abuelas y toda esa gente hizo que ese juicio existiera, hoy tenemos que defenderlo. Y defenderlo es hacernos parte del compromiso democrático que inició en 1983 y que bajo ningún punto de vista podemos volver a poner en crisis.

¿Cómo ves a tu generación en términos de politización?

Como hija de la democracia, nuestra generación está politizada, cree que podemos cambiar las cosas. Eso me parece que es valioso, el problema que tenemos es que quien está respondiendo a esa voluntad es la ultra derecha. Le está diciendo a los pibes que por ahí se va a resolver, que sean radicales en términos de la violencia, que sean antidemocráticos, que sean fascistas. Quizás ellos estén desarrollando una estrategia mucho más efectiva, por eso el peligro. Me parece que el problema está en el descreimiento de la democracia como forma de resolver esas diferencias de a dónde tiene que ir la patria El hecho de no creer en la democracia, en las instituciones, en las dirigencias es el problema mayor. En el 2001 la gente quería que se vayan todos y creo que hoy todo el mundo se siente capaz de hacer las cosas mejor en algún punto. Yo no sé si hoy hay indiferencia política, creo que hay una politización muy zarpada de todos de decir “me quiero comprometer con los asuntos públicos de la nación, quiero que la patria sea grande de nuevo”. 

«Nuestros hijos no son un gasto»

«Nuestros hijos no son un gasto»

Prestadores y familiares de personas con discapacidad marcharon para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área.

La Marcha de Antorchas se realizó ayer, la bajo la consigna “una luz por la discapacidad”. Desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, el Colectivo de Discapacidad se movilizó para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área. 

A las 20 de este jueves, en los alrededores de la zona, comenzaba la concentración de prestadores, familias y personas con discapacidad, quienes llegaban con velas y carteles con frases como “discapacidad en emergencia”, “no al ajuste en discapacidad” y “lo esencial es invisible al Estado”. La movilización tuvo como objetivo principal hacer visible lo que viene ocurriendo desde hace meses en el sector: una crisis debido al recorte y el retraso de los pagos donde todo el colectivo se ve afectado.    

“Hacemos la Marcha de Antorchas porque queremos visibilizar lo que sucede en todo el área de discapacidad. Hoy se movilizan en todas las provincias para que nos miren, y estamos pidiendo que se dejen de vulnerar derechos, tanto de las personas con discapacidad como de los prestadores”, dijo Gilda Marcela Kriskovich, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), en diálogo con ANCCOM. 

Esta movilización es la segunda que organiza el colectivo en menos de un mes, realizada el pasado 29 de agosto. Uno de los reclamos más importantes es que las obras sociales reciban alguna sanción por parte del Estado, ya que éstas, al negarse a atender las demandas de sus afiliados, vulneran derechos y ponen en riesgo la salud y calidad de vida de los pacientes. 

“Queremos que nos miren todos los gobernantes, no solamente el Estado nacional porque, más allá del retraso de los haberes, buscamos una accesibilidad para todas las personas con discapacidad y una pensión contributiva que sea acorde a la canasta básica”, exclamó Kriskovich. “Queremos que realmente nos miren y haya una decisión política por parte del Estado que nos garantice que los derechos de las personas con discapacidad y los prestadores no van a ser violentados”, agregó la referente de PDU. 

Por su parte, el Ministerio de Economía emitió un comunicado el pasado 30 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectaron de ninguna manera a las áreas de discapacidad. Desligándose de la situación, esa cartera indicó que la responsabilidad de cumplir con las retribuciones es de cada jurisdicción en particular. 

A pesar de la respuesta, los profesionales del sector y las familias perjudicadas decidieron continuar con sus reclamos. En medio de la marcha, Trinidad Silva, acompañante terapéutica, estudiante de Psicopedagogía y familiar de una persona con discapacidad, señaló: “Muchas veces dependemos directamente de los bolsillos de las familias, y eso hace que no tengamos ningún derecho laboral. La realidad es que no tenemos el amparo del Estado”. Por otro lado, Aldana Álvarez, fonoaudióloga y prestadora en el área de discapacidad, también comentó que junto a sus colegas atraviesan una situación de gran incertidumbre, y agregó: “Estamos muy angustiadas, no recibimos los pagos, y no sabemos si vamos a poder seguir el año que viene con nuestra atención a los pacientes porque, más allá de la vocación que tenemos, vivimos de esto”. 

La movilización continuó hasta la Plaza de Mayo, pasando por la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez allí, a pesar de la noche fría, la fuerza y convicción por sus demandas mantuvo firme a todo el Colectivo de Discapacidad frente a las puertas de la Casa Rosada. Mientras, el Himno Nacional sonaba por los parlantes y velas y carteles eran levantados. Minutos después, madres, padres y niños con discapacidad, algunos entre lágrimas y otros con la voz entrecortada, tomaron la palabra y se animaron a contar sus situaciones. 

 “Hoy tenemos que estar unidos prestadores y familias, no podemos permitir esto, nuestros hijos no son un gasto”, dijo Kriskovich a todos los presentes cuando la movilización llegaba a su fin. “Basta de vulnerar los derechos de todos, a seguir adelante y no bajar los brazos”, concluyó la referente en medio de aplausos. 

350.000 balcones y ninguna flor

350.000 balcones y ninguna flor

El «Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas» muestra el déficit que tiene en la materia la Capital Federal. Como siempre, los sectores de menores ingresos son los más perjudicados. Las consecuencias para el ambiente y la salud.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mil habitantes viven lejos de una plaza o parque con acceso a pasto, árboles y un poco de naturaleza. Este es uno de muchos datos que arroja el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas desarrollado por la Fundación Bunge y Born, que se propuso detectar el acceso público a ese tipo de ambientes en los mayores aglomerados urbanos del país. Dentro de esta categoría entran 155 localidades, y en todas ellas el nivel de ingresos se condice con la disponibilidad de contacto con la naturaleza.

“El percentil más bajo tiende a tener una accesibilidad muchísimo peor que la de los vecinos mejor acomodados. Esto no es exclusivo a Buenos Aires, hay una inequidad que calca la vulnerabilidad económica y se replica en casi todas las ciudades del país”, explica uno de los expertos que ejecutó el estudio. Antonio Vázquez Brust estudió Ciencias de la Computación y es magíster en Planificación Urbana, especializándose en el análisis de datos y la estadística para estudios urbanos. Ese camino lo llevó hasta la elaboración del Atlas, en el que su equipo construyó una base de datos georreferenciada y contrastada con imágenes satelitales, que permitió conocer la situación a nivel país

La investigación también se nutrió de un cruce con datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, del INDEC.Uno de los fines del estudio fue confirmar algo que ya se sospechaba: las ciudades argentinas, en general, tienen una oferta muy baja de espacio público verde. En CABA y el Gran Buenos Aires hay un tapizado de cemento de millones de km2”, continúa Vázquez Brust. La Ciudad Autónoma es una de las urbes con menos espacios naturales por habitante de toda Argentina, donde más del 12% de la población vive lejos de uno. El sector más vulnerable es el más perjudicado: una de cada cuatro personas tiene poco o nulo acceso a estas locaciones. En el percentil más rico, el número es de 1 en 25.

María Fernanda Danguise, quien fue mediadora comunitaria en la Villa 15 de Mataderos, asegura que las condiciones de esparcimiento de los vecinos son alarmantes. “El acceso a espacios abiertos es muy escaso, no hay pasto ni árboles, y los juegos son pocos. Todo es tierra, no existe el espacio verde”, comenta. Además, insiste en que la situación se vincula con otras problemáticas sociales, como la droga y la delincuencia. “Si es que hay proyectos de desarrollo, duran muy poco. Es difícil que esos espacios se mejoren porque muchas veces son utilizados como zonas de consumo, y en la práctica es un riesgo que un niño se acerque a jugar”. Cuenta que las pocas veces que estos habitantes realizan excursiones a parques de otras localidades, quedan maravillados con el pasto y con los árboles.

Entre otras cosas, el Atlas define un umbral de accesibilidad de diez minutos de caminata hasta el lugar, siguiendo los lineamientos de la iniciativa estadounidense 10 Minute Walk. “Es una especie de número mágico. Se ha estudiado cuándo los residentes aprovechan la oferta de espacios públicos y los incorporan en su vida cotidiana. Si una persona tiene un sitio así a menos de 10 minutos desde su casa, lo utiliza con frecuencia. Si no, no”, menciona Vázquez Brust.

Gracias a su impecable ejecución, el informe de la Fundación fue retomado por la Comisión de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, agregando estas métricas a los datos según los cuáles planifican y piensan legislaciones. Milagros Schapp, becaria del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3IA, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señala que esta información sirve a la infraestructura ambiental y la prevención del cambio climático. “Si tuviéramos más espacios verdes, tendríamos una calidad ambiental general mucho mejor y menos gastos: menos aires acondicionados encendidos, más posibilidades de hacer actividades económicas que no se detengan por el calor”, insiste.

Estudios recientes vinculan el acceso a parques y plazas con un efecto positivo en la salud pública, reduciendo la morbilidad cardiovascular, la prevalencia de diabetes tipo 2 y el desarrollo cognitivo infantil, entre otros. Estos lugares retienen material particulado. El hollín, ceniza, polvo y demás se depositan sobre las hojas y no lo respirás. Sin su presencia, esas partículas quedan suspendidas en el aire durante el tiempo suficiente como para inhalarlo. Además, disminuyen la contaminación sonora”, aclara Schapp.

Respecto a su rol ambiental, argumenta que la vegetación es moderadora climática porque captura el agua y la evapora, y ese vapor toma temperatura del aire. Esto evita atmósferas secas, donde hay más propensión a la amplitud térmica. “Así prevenís olas de calor. Cuando la radiación es fuerte, el espacio verde absorbe longitudes de onda corta con mucha energía calórica, evitando la radiación desde el suelo. Si no tenés ese espacio verde, el infrarrojo que refleja el asfalto se transforma en un calor sofocante”, explica. Tanto en temporadas frías como cálidas, sostiene que la diferencia puede ser de 3°C en promedio.

 

Geográficamente, Schapp recuerda que esta zona de la provincia es de ríos de llanura, con planicies de inundación muy amplias. “La vegetación funciona como un buffer hídrico, una barrera que evita que las subidas sean repentinas y pronunciadas. Sin esto, los costos son mucho mayores, no sólo en daños sino en obra pública”. A su vez, sostiene que “si las lluvias se dan en una superficie de asfalto, la acumulación es mucho más rápida y el caudal pico es muy alto”. Esto sucede en lugares como la Cuenca Matanza Riachuelo y la cuenca del Reconquista.

En cuanto a la importancia simbólica de los parques y plazas arboladas, reflexiona que su presencia excede las necesidades edilicias y ambientales, ya que supone una parte irremplazable del ecosistema social. “La estética está atada a los espacios verdes, tienen un valor intrínseco por fuera de su utilidad. La calidad de vida aumenta cuando el paisaje está en buen estado”, concluye.

«Es como vivir un mes sin sueldo»

«Es como vivir un mes sin sueldo»

Desde inicios de septiembre diversas organizaciones reclaman por la falta de pagos en instituciones dedicadas a tratar los problemas por discapacidad. ¿Cómo se vive esta situación en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole?

Tras conocerse atrasos en los pagos al área de Discapacidad, el 7 de septiembre se realizó una movilización en Plaza Congreso a cargo de diversos colectivos relacionados de ese sector vulnerable en señal de reclamo por un atraso de hasta tres meses en los pagos. La interrupción afectó a diversas instituciones y también recayó sobre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio enfocado a la atención de residentes con distintos grados de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desmintió que se trate de un ajuste que acompañe los recortes  en subsidios instrumentados por Sergio Massa, pero no es la primera vez que las personas con discapacidades sufren situaciones de este tipo.

La falta de pagos representa un conflicto a nivel nacional; sin embargo, apenas tomó estado público el reclamo, ANDis afirmó a través de su cuenta de Twitter que “se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad”, y negó que se trate de un ajuste. Este atraso en las remuneraciones afecta a diferentes prestadores del servicio de atención a la discapacidad y su ejecución es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la encargada de realizar el pago de las prestaciones básicas para este sector de la población. A su vez, las obras sociales deben remitir a este ente las facturas de las prestaciones efectuadas. De esta forma, la Superintendencia informa a la AFIP los pagos que debe realizar a las obras sociales. 

“Es histórico que los prestadores que brindan servicios a las personas con discapacidad cobran entre 60 y 90 días después de brindada la prestación”, aseguró en diversas declaraciones públicas Karina Herrera, presidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI). Según afirma, este mes los prestadores aguardan cobrar el período de junio, siendo éste el último facturado. Por su lado, no hay información precisa sobre los meses de julio, agosto y septiembre. 

Cabe señalar que estas prestaciones, según la Ley 23.661, son financiadas por el Fondo Solidario que se compone de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Mensualmente, se destinan $10.000 millones de pesos, a 93 mil beneficiarios con discapacidad. En otras palabras, el pago de dichas prestaciones provienen de un aporte que no debería ocasionar faltantes.

Con los retrasos antes mencionados, la SuperIntendencia de Servicios de Salud notificó que 216 obras sociales ya percibieron el 100% de los adeudado, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto, que son 13, percibieron entre un 29% y un 0%. En este sentido, la presidenta de la AFAPPREI aseguró que aquellas que recibieron el pago completo “son las entidades que poseen una menor cantidad de afiliados”.

En diálogo con Fernando Montero, director técnico del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, afirmó que hubo una interrupción en los pagos por parte de las obras sociales. Esto afectó directamente la financiación de la institución y sostuvo que “es como vivir un mes sin sueldo”. Actualmente, están con un mes de atraso y afirma que, en caso de no mejorar, tendrán que salir a reclamar.

También contó que atravesaron épocas de muchas crisis, principalmente en 2018, cuando fue necesario cortar la ruta Monteverde de Claypole, y apelar a la colaboración de la comunidad para garantizar el funcionamiento de la institución. Ese mismo año se acumuló un retraso en los pagos de siete meses. A la par, Montero sostuvo que “con la inflación que hay es difícil mantener aranceles bajos y más si hay un atraso”.

Desde 2008, con la Ley 26378, nuestro país se sumó a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2006 es parte del sistema de la familia de países que integran Naciones Unidas, acto por el cual se agregó una perspectiva integral desde la óptica del cumplimiento de los acuerdos y pactos globales que promueven una vida digna y en igualdad de condiciones. Asimismo, desde 1997 rige la Ley 24901 que obliga a las Obras Sociales y al Estado -en caso de no contar con afiliación- a dar “asistencia, promoción y protección” a todas las personas con discapacidad. Las prestaciones brindadas -señala la norma- podrán ser de carácter preventivo, donde la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción los controles y atención necesaria para lograr un óptimo desarrollo; de rehabilitación, prestaciones terapéuticas educativas y asistenciales.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole es una organización que depende de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y brinda un servicio categorizado por la Agencia Nacional de Discapacidad como “hogar con centro educativo terapéutico”.  En la Ley 24901 explica que dentro de esta categoría se contempla un servicio que tiene como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. Esta distinción permite facturar a las Obras Sociales de sus residentes y asegurar sus condiciones de cuidado. Sin embargo, también hay quienes ingresan sin cobertura y son atendidos de forma igualitaria. Esta financiación se complementa con las donaciones en efectivo (por CBU) o de productos que hace la comunidad o aportes de diferentes empresas.

En esta institución se atienden distintos grados y complejidades de discapacidades, y se organiza en diferentes hogares dependiendo de la atención que requieren los residentes. Cuentan con un servicio que funciona las 24 horas y los 365 días del año que se caracteriza por ser integral, ya que hay diversos profesionales a disposición, como enfermeros, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesores de educación física y médicos. Todos, con turnos rotativos. 

Además del cuidado de cada persona, los profesionales se encargan de su acompañamiento diario y la orientación en las actividades y rutinas. Los terapeutas, psicopedagogos y psicólogos trabajan con los residentes sus intereses y planes de vida, “ellos saben que el Cottolengo no está solo para darles casa, comida y abrigo, sino que también se interesa en su desarrollo”, afirmó Montero. Se trata de un trabajo colaborativo,  donde se crea un diálogo y “se respeta la autodeterminación de la persona, que es la que guía y decide sobre su propia vida”.

Finalmente, el director técnico de la institución aseguró que siguen siendo deficientes los aportes, “si no tuviéramos la providencia, las organizaciones y las donaciones estaríamos en problemas graves”.

El Pequeño Cottolengo Don Orione se ubica en Claypole, en el partido Almirante Brown y fue fundado en 1935 por el sacerdote italiano San Luis Orione. En él viven 380 residentes que reciben el cuidado y la asistencia de profesionales y voluntarios con el objetivo de cuidar sus vidas y permitir su desarrollo e integración en la sociedad.

¿Se viene otro 2001?

¿Se viene otro 2001?

El fantasma de aquella crisis se cuela en conversaciones de café y también mediáticas. ¿Qué tan cerca estamos de repetir la historia? Opinan economistas y polítólogos.

En medio de una fuerte inflación, de cambios acelerados de ministros de Economía, de versiones acelerada devaluación y de tensiones y movilizaciones en la calle, comienza a circular un murmullo que se pregunta qué rumbo tomará la Argentina. Entre otras hipótesis que reaparecen, se encuentra aquella que se pregunta si el país se dirige o no hacia un “nuevo 2001”. Hasta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que la represión en la puerta de su casa le hizo recordar aquellos tiempos.

Aunque el factor económico protagoniza la crisis, los expertos sugieren que es allí donde menos similitudes pueden encontrarse con el estallido de principios del siglo. Damián Pierri es profesor asistente en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-BAIRES), dependiente de la UBA y el CONICET. Al analizar los indicadores de ambos momentos explica: “En 2001 había un problema bancario y con la balanza de pagos, sin inflación. Hoy no tenés problemas en los bancos ni en los servicios de deuda, pero tenés alta inflación. En ese sentido, la génesis no tiene nada que ver”.

Pierri asegura que factores determinantes como el PBI, la deuda externa y la situación de las cuentas públicas no muestran ningún paralelismo con los del gobierno de Fernando De la Rúa. En cambio, explica que, si de parecidos se trata, la naturaleza de la crisis se asemeja más a aquella de 1975, que terminó con el “Rodrigazo”, la megadevaluación de Celestino Rodrigo.

“Quienes tienen este tipo de opiniones son quienes presenciaron el 2001 pero difícilmente vivenciaron el ‘89 y el ‘75. Por una cuestión de edad, estas personas tienen mayor acceso a redes sociales, entonces es un sector más ruidoso”, dice el economista. Frente al debate sobre un posible shock devaluatorio como el de 1975, responde que en realidad lo que representa esa inquietud es el temor a una eclosión social. “La gente no mira objetivamente la anatomía de la economía, sino que es una forma de hablar de algo que pasó que básicamente era gente corriendo y rompiendo cosas”, comenta.

Por su parte, el posdoctor en Ciencias Económicas Alejandro Estévez afirma que, a pesar de que factores como el índice de pobreza y la inflación eran exponencialmente más bajos,  “en 2001 la gente tenía memoria fresca de la tragedia inflacionaria de Alfonsín, entonces había una sensación de que los cambios económicos iban a ser grandes y peligrosos”. En cuanto a presiones externas, destaca en esa época a un FMI sumamente duro, que buscaba quebrar a algún país latinoamericano altamente endeudado de forma ejemplificadora, situación muy diferente al que encara actualmente la Argentina.

Estévez, que también es doctor en Administración Pública y director del Centro de Estudios del Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP), menciona que hoy los gremios son más débiles por su competencia con los movimientos piquetero, y, por lo tanto, salen menos a la calle. Además, resalta que “cuando está el peronismo en el poder, anestesia los paros sociales. Con De La Rúa todo era imperdonable. Hoy, incluso con un Alberto disminuido, la percepción no es tan grave. En los paros se piensa en los especuladores, y no en un Estado que parece haber emitido más de la cuenta”. Por eso, a diferencia del gobierno de la Alianza, considera que este gobierno tiene más posibilidades de terminar su mandato.

En cuanto a movilizaciones colectivas, el sociólogo Pablo Semán comenta que en 2001 hubo una reacción unificada contra el gobierno por un tema vinculado a la moneda, que no hubiese sucedido si el problema se hubiese limitado al desempleo. Señala que, actualmente, la inflación recién está empezando a unificar la sensación de crisis. Al mismo tiempo, insiste en que las comparaciones 2001-2022 suponen condensar el problema en un momento del tiempo. “Esta crisis es una serie de 2001 anunciados y aplazados, que podría haber tenido Macri, y a su vez a la que podría haber afectado al final del último gobierno de Cristina”, dice.

Además de ser investigador en el CONICET, Semán es doctor en Antropología Social. Desde su punto de vista, considera que los paralelismos son limitados porque la cultura hoy es diferente. “El kirchnerismo cree que aún puede denunciar el mismo consenso de compasión por la pobreza que había en 2003, pero la atribución de valores a los sujetos sociales cambió muchísimo. Hoy hay un gran sentimiento anti-estatal y anti-pobres», afirma. En ese sentido, evalúa a la pandemia como un factor fundamental del cambio: “Obligó al Estado a intervenir y al mismo tiempo a erosionarse porque intervenía pero sus intervenciones sólo podían ocasionar pérdidas”.

El politólogo Santiago Leiras, en tanto, coincide en que hay factores que limitan una repetición de aquella crisis, y habla de una estructura de contención social que no existía en ese momento, que tiene base en una serie de organizaciones y movimientos sociales. A su vez, sostiene que la discusión que convoca hoy a la Argentina es respecto a la sustentabilidad de esa estructura. “Lo que fue una medida de emergencia, en el tiempo se volvió crónico. Hoy no tenés un problema de paz social, sino de su sustentabilidad fiscal. El Estado representaba cerca del 25% del PBI, hoy representa alrededor del 45%. Es un esquema socialmente viable pero económicamente inviable, al contrario de lo que sucedió en ese momento”, analiza.

Leiras, doctor en América Latina Contemporánea y profesor de la carrera de Ciencia Política en la UBA, enumera tres factores que espejan a la actualidad con el 2001. Por un lado, coaliciones electorales que se forman para ganar elecciones, y que no logran conformarse como coaliciones de gobierno. Al mismo tiempo, una brecha entre el liderazgo formal y real: De la Rúa por un lado, y Alfonsín y “Chacho” Álvarez por el otro. Hoy en día, la brecha que señala es entre Alberto y Cristina. Por último, un estilo de decisión formal en el que se tiende a procrastinar.

Aunque la política es cíclica, el politólogo desestima las chances de un regreso a los ‘90 porque aquel “era un mundo que tenía cierta configuración, empezando por un esquema del desarrollo de la economía internacional que hoy está en crisis”. Respecto al accionar político, enfatiza que la dirigencia sabe que es necesario reformular el modelo de organización social y productiva para salir de lo que considera “una suerte de crisis permanente, que el país atraviesa desde hace más de medio siglo”. Expresa que eso no significa volver a un modelo pasado, pero “sí implica notar que a todas luces este modelo es inviable”. Resalta que una reformulación de ese tipo es de largo plazo, y que probablemente los sectores que comiencen esa reforma no vean sus frutos. “A pesar de que hay cierto diagnóstico compartido, lo que conspira en contra son los cálculos de corto plazo y el conflicto que supone sobre quién recaen los costos de esa reforma”, concluye.