Dos velitas para el Reprocann

Dos velitas para el Reprocann

Jun 13, 2023 | Comunidad, Destacado 5

El Registro del Programa Cannabis que permite el uso y cultivo de la planta de marihuana con fines medicinales ya cumplió dos años. En este período se realizaron más de 200.000 solicitudes, buena parte ya aprobadas. ¿Qué impacto está teniendo el sistema? ¿Cómo viene funcionando?

En marzo de 2021 se aprobó el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que habilitó en la Argentina el uso y cultivo de cannabis con fines medicinales. Desde entonces, el Ministerio de Salud recibió más de 200.000 solicitudes para obtener el permiso. La demora para la aprobación suele rondar entre uno y dos meses en promedio para quienes cumplieron con los requisitos, sobre todo un diagnóstico médico que lo justifique. Gracias a este registro, la persona es autorizada a circular dentro del país con la cantidad necesaria para su tratamiento.

¿Cómo funciona el Reprocann? ¿Qué evaluación hacen los expertos a dos años desde su implementación?

 

Cómo se hace

“Para uno poder registrarse tiene que ingresar a la página de REPROCANN y definir si es paciente, si cultiva para sí mismo o si cultiva para un tercero, es decir, si es un ‘cultivador solidario’”, explica Nicolás Di Biase, médico clínico y especialista en hepatología, con posgrado en endocannabinología y terapéutica cannabica de la Universidad de la Plata. El especialista aclara que el REPROCANN está vinculado a la  Ley 27350 de 2017 que permitió legalizar el cultivo y transporte de cannabis para uso medicinal.

“Una vez hecha la solicitud, el sistema brinda un código de vinculación que  tiene que usar el médico tratante”, comenta Di Biase, quien trabaja en diferentes hospitales de Bahía Blanca. Cualquier médico que tenga matrícula vigente puede recetar, “no tiene que ser un médico especialista en cannabis. Aunque hay médicos que se autodefinen como cannabinólogos, la verdad es que no es una especialidad en sí misma sino una herramienta que está bueno aprender a utilizar” explica Di Biase, también presidente de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis. “En la Universidad Nacional del Sur desde 2018, dentro de la Carrera de Medicina, se dicta una cátedra de uso de cannabis medicinal. Se busca que el estudiante se reciba como médico teniendo información sobre la planta. Hay otras universidades que lo están haciendo”, afirma el médico.

Una vez hecha la inscripción, el médico debe entregar al paciente un consentimiento informado bilateral. Por su parte, el paciente debe brindar al médico el código obtenido de la inscripción en el REPROCANN para cargalo. Si todo va bien, en aproximadamente uno o dos meses se recibe la aprobación. El permiso dura tres años y, “se permite cultivar indoor (interior) u outdoor (exterior). Lo que no se permite es cultivar en la vía pública, como en las veredas”, aclara Di Biase.

Si bien la mayoría de las inscripciones se aprueba, “se puede negar cuando hay patologías psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión… No es que lo rechazan definitivamente, sino que piden que el permiso lo haga un psiquiatra. Es importante recalcar que el programa solicita que se haga una evaluación a cargo de un especialista», afirma Di Biase.

Los cuatro grupos de enfermedades frecuentes que trata el cannabis son el dolor crónico, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones del apetito. El cannabis también se utiliza para tratar la epilepsia: ayuda a reducir la cantidad de convulsiones, pero no cura la enfermedad. “Hay que entender que son paliativos de síntomas. El producto no produce intoxicación ni muerte. La única precaución a tener en cuenta es con mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con problemas psiquiátricos graves, enfermedades cardiovasculares no controladas y casos específicos”, aclara.

Existen cerca de quince mil tipos de cannabis y dependiendo el perfil de cannabinoides que tiene, se le receta al paciente. Es frecuente que alguien se acerque con un producto comprado en un negocio: “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no tienen nada. Por eso la idea es que mejor auto-cultiven las plantas”, sugiere el especialista.

Di Biase asegura que es difícil que se produzca dependencia o adicción como suele suceder con el clonazepam, la nicotina o la cocaína. La razón es que no es una molécula singular individual que entra al cuerpo y genera dependencia continua si no un grupo de moléculas que interactúan en diferentes receptores y eso hace que la persona no genere dependencia a una sola. Lo que sí puede pasar es que con los años pueda requerir más cantidad para tener el mismo efecto. También aclara que si bien “no produce dependencia química, puede pasar que se produzca la dependencia psíquica».

“Somos hijos de una cultura prohibicionista que se instaló en la década de 1920 y fue una bajada de línea de políticas internacionales de Estados Unidos en las cuales se demonizó a la planta y a su usuario. Hemos nacido en ese contexto y suele relacionarse al cannabis con otras drogas, narcotráfico y crímenes”, aclara Di Biase.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

Ruchansky describe que hay dos tipos de permiso: para pacientes o el llamado «cultivador solidario».   

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

Abr 19, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Frente a un escenario con cuestionamientos y reclamos acerca de la internación involuntaria de los pacientes los expertos en salud mental exponen cuales son los avances y las problemáticas de la normativa.

Según una encuesta nacional realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en 2019, el 30% de la población argentina consultó a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. Esta cifra incluye no sólo a psicólogos, sino también a psiquiatras y trabajadores sociales que brindan atención en el área.

A este clima general en salud mental se sumó en los últimos meses, a partir de varios casos amplificados por los medios de comunicación, un cuestionamiento al Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que establece: «La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Entre los propulsores de la reformulación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, se encuentran justamente dos personas públicas: Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, y Tamara Pettinato, hermana de Felipe y ambos hijos del famoso músico y conductor Roberto Pettinato. Tanto Chano como Felipe padecen consumos problemáticos y afecciones graves desde hace muchos años. A partir de sus adicciones y la falta de una atención médica adecuada protagonizaron múltiples episodios preocupantes que se hicieron públicos.

En el caso del cantante de Tan Biónica, un policía ejecutó un tiro en su abdomen, mientras se resistía a ser trasladado a un centro de salud mental. Por su lado, el departamento de Felipe Pettinato se incendió y falleció su médico neurólogo, Melchor Rodrigo.

Avances

“La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) constituyó un hito importantísimo en el camino hacia la transformación de nuestro sistema de atención en salud mental”, explica Mariana Moreno, Directora Nacional de la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Esta norma se sancionó el 25 de noviembre del año 2010, y contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales especializados en salud y derechos humanos y de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil”. Según la especialista, “Este enfoque y el proceso de transformación de las prácticas en salud mental, sin duda impactan positivamente en el cuidado de la salud de la población, ya que garantiza que todes tengamos acceso a la atención integral, de manera gratuita e igualitaria”.

Uno de los aspectos fundamentales para la reformulación de la ley es que toda la población pueda acceder a un centro de salud mental y que se cumpla con los requisitos de atención y equipamientos necesarios para cada caso en particular. “Sigue siendo un problema asegurar que muchas personas externadas tengan garantizada una eficaz atención y seguimiento”, reconoce Juan Pinetta, psicólogo psicoanalista, encargado de la Comisión de Enlace Legislativo de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Más allá de la Ley Nacional de Salud Mental, aún sigue siendo difícil la incorporación de mayor cantidad de psicólogos en las Jefaturas de Salud Mental en la mayoría de las instituciones. Esto no se ha logrado, salvo contados casos, ya que las áreas de Salud Mental en hospitales sigue siendo un área de primacía exclusivamente médico-psiquiátrica”.

Con respecto a la cuestión puntual que alcanzó cierto debate en los medios, el especialista considera que “es un problema de difícil acuerdo, sobre todo entre el mundo de la psiquiatría y el de la psicología cuando funcionan por separado. Otra cosa es cuando se piensa en interdisciplina, como en mi caso. En este sentido, uno de los principales problemas es que el paciente con riesgo para sí o para terceros que puede decidir su no internación en caso de estar lúcido en el momento de tomar tal decisión”. Este artículo debe gestionar el delicado equilibrio entre el riesgo y los derechos, una tema nada fácil.

“La ley buscó terminar con abusos en internaciones forzosas”, continúa Pinetta. “Indudablemente es un gran avance, pero en situaciones de difícil tramitación, por ejemplo en pacientes con fuerte ideación suicida, intentos suicidas, accidentes reiterados, anorexias extremas, cuadros graves bien estructurados en la interacción social, creo que hay que lograr una buena gimnasia de trabajo interdisciplinario donde puedan establecerse buenas decisiones de internación. Quizás con controles legales eficaces para evitar abusos, que es lo que más se teme. Es difícil lograr el equilibrio”.

Moreno coincide en que los trabajos interdisciplinarios juegan un papel fundamental en lo que respecta al abordaje de una red de salud mental efectiva. “Se aumentaron los cupos de Residencias Interdisciplinarias (Medicina, Psicología, Enfermería, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Musicoterapia) de Salud Mental (RISAM), distribuidas en 17 provincias, garantizando la formación de calidad del recurso humano, con foco en el componente comunitario”. Según la especialista, este fue uno de los avances fundamentales de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos. “El objetivo central de esta Estrategia es implementar y articular políticas públicas destinadas al cuidado y atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida, con rectoría de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Nación y en conjunto con otros organismos del Estado”.

La problemática es compleja y sobre ese filo los medios podrán contribuir con un debate para nada simple, pero en el que los especialistas parecen coincidir: el desafío no es tanto la ley como su implementación y despliegue. La garantía del acceso gratuito e igualitario a los centros de salud, la adecuada atención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, el control efectivo sobre el requerimiento de la internación involuntaria y el trabajo interdisciplinario en las áreas de salud integral son las claves para que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla efectivamente en nuestro país.

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

Nov 23, 2022 | Comunidad, Destacado 5

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, presentó el Primer Informe de Soberanía Alimentaria. Denuncia que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas en diversas comunidades.

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) presentó el Primer Informe Anual de la situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, el jueves último.

Este trabajo fue llevado a cabo por CALISAS y la Fundación alemana Heinrich Böll – Cono Sur, que nuclean docentes, estudiantes y profesionales de distintas ramas de la salud, así como también organizaciones independientes que se dedican a defender los derechos por una alimentación sana, segura, soberana y saludable de distintas regiones del país.

Pedro Cerviño, representante de la red de cooperativas de alimentos, que combina trabajos con la red y comercializa los productos de un conjunto de cooperativas y productores de todas las regiones del país, explicó que actúa como una contraparte de la fundación Heinrich Böll prestando un servicio de administración y acompañamiento a la red. Explicó que para los compañeros de la cooperativa fue importante llevar adelante este informe: “Se sintieron halagados y muy a gusto con encarar el trabajo, ya que la Soberanía Alimentaria está abordada desde distintos lugares”. Desde la red de alimentos trabajan con especialistas de varias regiones para indagar en la temática, con la idea de crear un espacio de producción y promoción de alimentos sanos. Aseveró que el informe debería ser una referencia obligada para quienes están insertos en la soberanía alimentaria.

A continuación, docentes y profesionales de distintas universidades del país pertenecientes a la red CALISAS, entre ellas Soraya Ataire (Salta), Antonella Geronaso (Jujuy), Mara Eliana Manzur (Formosa), y Melina Gai (Santa Fe), explicaron los hallazgos.

El informe

El informe, distribuido en nueve capítulos, celebra la participación de las universidades públicas que evidencian una preocupación por la soberanía alimentaria, también la adopción de políticas públicas que contribuyen a su implementación en algunas cuestiones. Por otra parte, cuestiona que algunas políticas públicas también limiten y amenacen el avance de la soberanía alimentaria en nuestro país. Y por último se exige el cumplimiento de las propuestas del Foro Agrario para un programa Agrario Soberano y Popular del año 2019, así como también las recomendaciones dadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada en el mismo año.

El público que asistió a la presentación también aportó su mirada. Docentes e investigadores de distintas universidades, miembros de agrupaciones como Mariano Toranzo, parte de la Campaña Nacional en defensa del Agua para la vida, personas públicas como Leonardo Pérez Esquivel hicieron su devolución: La importancia de cuidar la biodiversidad de nuestro país frente al agronegocio y garantizar el trabajo a pequeños productores brindando alimentos de buena calidad para la población nacional, fue de las principales demandas.

Semillas de libertad

El objetivo del informe busca visibilizar la importancia que tiene la alimentación y la producción agrícola en nuestro país. Denuncia también que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas para gran cantidad de personas. La soberanía alimentaria apunta a abordar cuestiones que tienen como base los derechos humanos. Desde el derecho al agua, como el de los pueblos originarios, hasta el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo.

La red CALISAS lo que propone es ir más allá de un encuentro netamente académico, para tomar conciencia y problematizar realmente estas cuestiones. Brindar herramientas para que los tomadores de decisiones puedan comenzar a trabajar en ellas. Hacer fuerza para que se escuchen las voces de aquellos a quienes representa este enorme grupo de docentes e investigadores: “Así como los árboles escriben la historia en su panza, en forma de anillos, nosotros conformamos una red para contarles las heridas, las cicatrices, pero también los crecimientos que atraviesa nuestro territorio nacional y lo estamos haciendo juntos y juntas. En forma de memoria escrita para que transforme y nos guíe a todos al buen vivir”, señalaron los organizadores.

Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

Salud mental, políticas públicas y nuevas tecnologías

Oct 24, 2022 | Comunidad, Destacado 4, Destacado 5, slider

La ausencia estadística para la prevención del suicidio es otra de los casilleros en rojo de la post pandemia, en especial entre las personas más jóvenes. El debate sobre el lugar que ocupan las redes sociales y la inteligencia artificial.

El uso intensivo de las redes sociales ha demostrado que los escenarios virtuales pueden transformarse en el infierno más temido para los jóvenes que tienen tendencias suicidas. Al mismo tiempo, para algunos la Inteligencia Artificial puede transformarse en una herramienta para prevenir prácticas destructivas. Todo en un sólo mundo mediado por internet.

Hacia 2007 el escritor estadounidense Jay Asher publicó la novela para el público juvenil  Por trece razones, que pronto se transformó en best seller y en serie para televisión con cuatro temporadas en Netflix. Lo curioso es que la trama tra nscurre por las revelaciones en cintas de cassette, con hechos vergonzantes que llegan a la violación y que ponen en crisis a quienes son mencionados en esas grabaciones. La voz al otro lado denuncia la injusticia en un presente hostil.

Los tiempos lentos de la historia poco tienen que ver con la inmediatez de las redes sociales y el impacto brutal en la vida de los más jóvenes, cuyos avatares pueden terminar en vidas paralelas ocultas o en casos de cibervenganza o bullying. Más allá de la realidad que supera la ficción, y del breve suspiro reflexivo que trajo la mencionada serie sobre el problema del suicidio adolescente, el tema permanece en una agenda casi oculta de la superficie mediática. 

La vacancia de estadísticas precisas post pandemia fue la principal preocupación de ANCCOM al momento de relevar los datos sobre una cuestión delicada, por la que transitan no pocos jóvenes frente a situaciones de frustración o visibilidad pública de su vida íntima. Se trata de una situación que hoy trasciende lo analógico y está anclada en los entornos digitales, que a priori no son buenos ni malos en el actual ecosistema hipermediatizado.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un lado oscuro que puede impactar negativamente en los jóvenes e, incluso, llevarlos a cometer suicidio. Aunque, también podrían actuar de manera preventiva, identificando a quién y cuándo lo hará, con el uso de inteligencia artificial (IA) para poder intervenir a tiempo, algo que los especialistas no han podido lograr.

El pasado 29 de septiembre un fallo adverso contra Instagram en el Reino Unido por la muerte autoprovocada de la adolescente de 14 años, Molly Russel, evidenció que las TIC son capaces de condicionar pensamientos negativos entre las personas más jóvenes que están aún en su etapa de conformación identitaria. El forense Andrew Walker afirmó ante medios locales que “Molly Rose Russell murió a causa de un acto de autolesión como consecuencia de la depresión y los efectos negativos del contenido en línea”, según reprodujo el periodista Adam Satariano en el The New York Times.

La compañía Meta, dueña de Facebook e Instagram, y de otras redes sociales como Pinterest, le había permitido a la adolescente acceder a tal cantidad contenido explícito sobre autogresiones, tristeza, y melancolía, que terminó  en  una nota de autodesprecio escrita por la menor,  idéntica a un posteo que había dado me gusta y guardado.  Además, según cuenta el mismo periodista, el padre de Molly leyó un mail dos semanas después del fallecimiento de su hija que decía: “Pines de depresión que quizá te gusten”, detectando así la influencia de ciertos contenidos maliciosos que circulan en la red,  configurando encuadres de pensamientos que conducen a la autoflagelación. 

Marcos Vanzini, vicepresidente de la Asociación Civil de Escenarios Saludables, explicó a esta agencia que “el suicidio es multicausal, ya que hay un dolor existencial que lo percibe como totalizante, y lo que se quiere es dejar de vivir como se está viviendo”. 

Dentro de la historia de sufrimientos, las redes sociales parecen ser un factor influyente en los pensamientos destructivos de los adolescentes. El ciberbullying, la sextorsión, la depresión y la ansiedad hacen un sumario que juega un papel importante en la vulnerable juventud.  La psicología no ha podido identificar el momento previo de potencial riesgo a autolesión y tampoco intervenir a tiempo . Si después de tantos años aún los especialistas no saben en qué punto intervenir frente a signos de alarma y evitar una conducta suicida, ¿podrán hacerlo las tecnologías?

Smartphones y sensores para la prevención

Un estudio de Harvard realizó prácticas para lograr predecir mejor el comportamiento humano y tener una alerta temprana ante un intento de autolesión con herramientas proporcionadas por la Inteligencia Artificial (IA). El mecanismo novedoso logró recolectar gran información sobre la vida diaria de las personas que sufren pensamientos destructivos.  El dispositivo utiliza biosensores que podrán identificar cómo se siente una persona a través de un análisis de las expresiones faciales, de lo que leen en redes sociales y de la música que escuchan.

Según describió Ellen Barry, que cubre noticias de salud mental para The New York Times, la paciente psiquiátrica Katelin Cruz participó como sujeto de investigación. En el ensayo utilizó un reloj inteligente llamado Fitbit que registró su sueño y actividad física, mientras el celular recogía datos sobre su estado de ánimo, sus movimientos y sus interacciones sociales. El estudio logró la intervención a tiempo por parte del grupo de investigación ante un intento autolesivo. La paciente confesó que fue más fácil decirle la verdad a una computadora sobre cómo se sentía en ese momento, así como lo que tenía pensado hacer. Hecho interesante porque uno de los problemas frecuentes es la falta de comunicación de los pacientes con pensamientos destructivos por los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que rodean a la salud mental.

La capacidad de hacer frente a la falta de medidas preventivas eficaces sobre las señales de alarma ante el intento de suicidio, es una de las partes fascinantes de la investigación,  ya que deja en evidencia el  impacto positivo de las tecnologías.

¿Qué dicen las instituciones internacionales?  

Entidades internacionales como la UNESCO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han puesto el objetivo principal de eliminar el tabú sobre los trastornos mentales, y en aumentar las medidas preventivas de la muerte autoprovocada de todos los países, hecho que se ha puesto en evidencia con la  difusión  de campañas preventivas.

En el marco de la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre, se llevó a cabo el evento de Promover y proteger la salud mental y el bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los entornos de aprendizaje, en donde la OMS junto a otras organizaciones globales destacó la necesidad urgente de transformar la atención de la salud mental en todos los países. La institución pidió reformar los entornos que influyen en la prevención del suicidio de los adolescentes, como las academias educativas, que recomiendan la introducción de programas de aprendizaje social y emocional, mientras se contrarresta el acoso en las escuelas.

El informe global de la OMS de 2022 expone que el suicidio es una de las principales causas de fallecimiento en el rango etario juvenil. La depresión es un origen común dentro de los factores que pueden conducir a la muerte autoprovocada. Las cifras demuestran que el 14% de los chicos del mundo (de 10 a 19 años) viven con un trastorno mental. La ansiedad es la más prevalente entre los adolescentes mayores (4,6%). 

Por su parte la psiquiatra y psicoterapeuta infantil, Monica Alonso, explicó a ANCCOM que los impactos negativos más evidentes de las TIC son el ciberbullying entre los jóvenes, en  especial porque se encuentran en un contexto de vulnerabilidad por estar en pleno desarrollo; y recomienda entre otras buenas prácticas la “higiene del sueño”, pues el hábito de comunicarse hasta altas horas de la madrugada complica el descanso y las capacidades cognitivas.

El Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU), dependiente del Ministerio de Salud, informó en su primer diagnóstico federal de 2021 sobre el efecto que tuvo el covid-19 y sus consecuencias negativas en la salud mental de la población en general, y de los chicos en particular. No obstante, la precariedad en el análisis de los datos impide mapear el problema con líneas de acción que acompañen políticas públicas efectivas.

Para Marcos Vanzini los dos años de encierro en una época en que los adolescentes están armando su personalidad son una clave a profundizar “La escuela es el mundo de un niño ya que ingresa a los tres y sale a los 18. Y en la pandemia los problemas intrafamiliares se agravaron, no socializaron como deberían y no crearon vínculos”.

Monica Alonso manifestó que las estadisticas formales en el medio todavía están en construcción, no obstante señala que “si se ha avanzado mucho en la difusion de los casos y la alerta que se le da a las familias y los profesionales sobre la prevencion del suicidio y la conciencia que dentro de la red estimulan y trivializan la posibilidad de autolesionarse”. La especialista contó desde su experiencia clínica sobre la incidencia por redes sociales y su impacto en los cuerpos, posando su mirada en los sitios web que promueven modelos anorexicos y afectan, en gran mayoria, los hábitos alimenticios.

La Ley de Prevención de Suicidio de Salud Mental N° 27.130 especifica en el Artículo 6 que se debe crear un sistema de registro que contenga los datos de interés especificos como las causa de los decesos, edad o la modalidad utilizada a los fines del mejoramiento de la información estadística. Pero aún existe falta  de identificación de casos para una contrastación efectiva. El último informe nacional en donde se evidenciaron las causas externas data de un periodo previo a marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia.  En este sentido la información meramente especulativa sin base empírica muestra una implementación deficiente en materia de políticas públicas preventivas.

Queda claro que el fallo sobre la menor del Reino Unido de un hecho ocurrido en 2017, junto al estudio de Harvard y los datos globales de las entidades internacionales de salud son ejemplos reales de cómo las interacciones virtuales pueden impactar tanto positivamente como negativamente. 

Las redes sociales como Instagram siguen armando estándares que generan inseguridades y sentimientos de no pertenencia en jóvenes que atraviesan alguna crisis en la pubertad.  Sumado a esto, en la red existe un acceso fácil a grupos en donde se comparten las maneras de dañar el cuerpo, generando la posibilidad en el adolescente de crear una afinidad por la autolesión. 

En contraposicion la IA ha realizado avances tecnológicos para detectar las señales preventivas de lo que los especialistas de salud no lograron; incluso,  las difusiones masivas han hecho que TikTok (Amazon) en el marco del Dia Mundial de Prevención al Suicidio publicara su preocupación sobre la salud mental lanzando nuevos recursos en su plataforma, este hecho es de vital importancia para evaluar la problematica ya que las redes tienden a generar una dependencia adictiva.

Estamos viviendo en un contexto en donde se está deconstruyendo el tabú del suicidio adolescente, para su prevención mediante  un debate necesario en la sociedad con respecto al uso de la red. No obstante, queda en evidencia la emergencia por falta de cifras por parte del Ministerio de Salud, imprescindible para una estrategia federal de abordaje integral del suicidio en la Argentina.

¿A dónde acudir?

En una situación de desborde emocional que se amerite hablar para no sentirse solo, existen diferentes organizaciones de larga trayectoria profesional que te pueden escuchar, como el Centro de Atención al Suicida (CAS) una ONG a la cual podés llamar para recibir asistencia médica gratuita, confidencial y anónima. La línea 135 es para Capital Federal o Buenos Aires y para el resto del país al (11)5275-1135 o al 0800-345-1435.

La marihuana y las contradicciones del Estado

La marihuana y las contradicciones del Estado

Abr 26, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Mientras que el Poder Ejecutivo envía proyectos de ley al Parlamento para industrializar su producción, las fuerzas de seguridad castigan a quienes la cultivan y la consumen. La Corte abre este miércoles una audiencia pública para analizar el tema.

El año 2021 concluyó con más de 33 mil personas autorizadas a cultivar y transportar cannabis medicinal en todo el país. Pero, aún así, muchos de ellos sufren acoso por parte de la policía cuando necesitan usar el cannabis o sus derivados en la vía pública e incluso cuando cultivan en la privacidad de su hogar. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar argumentos antes de pronunciarse acerca de si las familias de niños y adolescentes bajo tratamiento con cannabis terapéutico deben ser facultadas a “cultivar para sus hijos sin control del Estado”.

Hecha la ley

Antes de aprobarse la Ley N° 27350 de Cannabis Medicinal, en noviembre del 2020, Argentina permitía su uso solo para pacientes con epilepsia refractaria. Eran los únicos con acceso a importaciones, aunque por medio de  engorrosos certificados. Esta nueva legislación habilitó el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo en red de la planta, para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Es decir, cualquiera que tenga indicado tratamiento de cannabis puede cultivar legalmente en exterior hasta nueve plantas en quince metros cuadrados: el único requisito es el aval de un médico junto con la inscripción en el registro REPROCAN (Registro del Programa de Cannabis)

“En principio,  la nueva reglamentación tuvo en cuenta las especificaciones del modelo canadiense. Este programa permite vincular médicos con pacientes: el paciente obtiene su medicina pero el médico también un estudio sobre esa planta”, explica Juan Palomino, abogado especialista en el tema.

Bajo su propio lema “La lucha del cannabis es salud”, el abogado sostiene que esta militancia enmarca un concepto amplio que es el derecho a la salud entendido como un estado de bienestar psicofísico que “funciona terapéuticamente” y “ocasiona mejoras en los consumidores”. En este sentido, el profesional apoya el uso medicinal para quien quiera, independientemente de su condición de salud: “Entendemos que el usuario que consume no siempre está enfermo y que en esos casos se debe regularizar como uso adulto y responsable”.

Los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales como castigo”, detalla Palomino.

Hecha la trampa

Si bien estas regulaciones son un avance legislativo, la aplicación de la ley presenta contradicciones con otras anteriores. En Argentina, la Ley 23737 penaliza la tenencia de marihuana en función de la producción, comercialización y uso personal, por lo tanto, la ley vigente considera un delito constitucional la tenencia para el propio consumo.

El profesional detalla: “Hay un famoso fallo denominado Arriola, que en el año 2009 estableció modificaciones a esta ley y declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada protegida por la Constitución Nacional. Aun así, los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales que funcionan como castigo”, detalla Palomino.

Frente a este contexto, el Estado propone marcos regulatorios para el consumo medicinal pero a su vez persigue a quienes consumen la planta: “Esta diferencia se debe a que la nueva regulación de la ley y el Registro vienen, en principio, a proteger solo a los usuarios medicinales pero incluso en esos casos también son perseguidos”, afirma el abogado.

Por su parte, Emilio Ruchansky, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y coordinador del proyecto de Ley de Cannabis Medicinal afirmó que la Ley de Cannabis Medicinal  “es el comienzo de un nuevo marco regulatorio que quita a la planta de un lugar tabú, regula su uso medicinal en salud y prepara el terreno para avanzar en otros campos que son el verdadero problema de fondo: la regulación del uso adulto”. Paradójicamente, la tenencia de drogas para uso personal, mayormente de marihuana, es el delito que más creció.

Hecho el proyecto

A fines del 2021, organizaciones civiles, políticas e investigadores redactaron un proyecto que estipula la modificación en el articulado de la Ley 23737. Este cambio propuesto por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Carolina Gaillard (FdT) no solo modifica el Régimen Penal de Estupefacientes sino que además despenaliza la tenencia para consumo personal, incluyendo el cannabis que tendría un régimen especial.

En el mismo documento se incluye la legalización del autocultivo de cannabis para uso personal correspondiente a 40 gramos de tenencia y nueve plantas en floración al igual que los límites máximos que hoy el REPROCANN permite. Este cambio busca garantizar que los usuarios medicinales y quienes cultiven en forma solidaria, no sean perseguidos y que sus cultivos destinados para la salud se respeten.

En este sentido, Gaillard sostuvo a comienzos del año que estos cambios forman parte de las políticas de salud: “Es urgente una reforma de la Ley de Estupefacientes porque esto va a permitir implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños”.

El proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el mercado ilegal de sustancias psicoactivas, entendiendo que “las conductas privadas de usuarios y usuarias no significan un daño a la salud pública y su persecución, en cambio, genera sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

En este aspecto, la criminalización por cultivar sigue siendo uno de los mayores miedos por parte de los usuarios y, a la vez, una de las principales luchas: una de ellas tuvo lugar el 20 de abril de 2022 en las calles bonaerenses con asociaciones como el Frente de Presos y Presas por Plantar, gremios, universidades y asociaciones como Acción Cannábica. “No más presos por cultivar, indulto, amnistía o absolución de los detenidos, y que dejen de perseguir a los cultivadores”, expresaban los carteles de colectivos, asociaciones y pacientes.

Al final del proyecto, la diputada también promueve que los Ministerios de Seguridad, como las policías, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales capaciten a cada profesional frente a estas situaciones; además se excluye de responsabilidad criminal a médicos que recetan cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.

“Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad», señala Ruchanksy.

Salud y formación

Otro aspecto problemático en relación al cannabis, es la poca formación que brinda el Estado y a la que accede el personal de salud: “De parte de los médicos se debe a la falta de formación o por desacuerdo con el uso de cannabis medicinal pero, a la par, se debe a la inexistencia en el sistema público de unidades de atención pensadas para estos tratamientos. Hoy, para tener derecho a cultivar y transportar tu medicina, tenés que pagar una consulta médica privada porque el Estado no ofrece un listado”, cuenta Palomino.

En cuanto a las políticas públicas en salud, Ruchansky expresa que en el país no hay una política de prevención de riesgos: “Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad. Esto te permite saber qué es lo que estás consumiendo” y agrega que esto “no quita mencionar” que el consumo problemático es una realidad de la que también “debe encargarse el Estado”.

Es que la marihuana, como cualquier otra sustancia, puede generar ciertos hábitos de consumo, que dependen no solo de la persona sino también de su contexto, sostiene el profesional:  “La marihuana no genera dependencia física como la cocaína o el cigarrillo pero sí dependencia psicológica como cualquier sustancia; en esos casos es el Estado el que tiene que acompañar esos consumos problemáticos con una política concreta”.

Pero, ¿qué asistencia o tratamiento se le puede brindar a los consumidores si el adicto es tratado como un criminal? ¿Cómo puede haber un plan de asistencia a las adicciones que aborde los problemas de salud y el uso de drogas? Palomino subraya que la base de esta política es la despenalización y la información: “Tenemos que poner sobre la mesa temas como el uso adulto que son parte de una realidad social. Quiero decir con esto que no debemos demonizar la marihuana sin hablar con propiedad: tenemos que investigar sus efectos, sus riesgos y la forma de reducir los mismos”, cierra.

Y llega la ciencia

De esta manera, cada vez son más los proyectos que presentan los dirigentes políticos para promover el uso del cannabis y sus derivados: el 19 de abril de este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el financiamiento para el estudio científico del cannabis. La actual Ley Medicinal estipula el acompañamiento económico para el estudio de la planta, algo que no había ocurrido hasta la fecha. El objetivo propuesto por el oficialismo es “generar conocimientos y avances sobre las propiedades del cannabis y sus derivados” , detalló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,  Daniel Filmus.

Por su parte, Nicolás Di Biase, médico de la Red de profesionales para el estudio del cannabis, en diálogo con Radio Nacional expresó que los 250 millones de pesos que invertirá el Estado se usarán para «comenzar el estudio de enfermedades como en Canadá, Israel y Estados Unidos. Pero para lograr un archivo nacional debemos investigar cuáles son los usos que tiene la planta y  los derivados como el aceite del cannabis, incluso las flores para vaporizar cannabis, que son las formas medicinales para seguir promoviendo», añadió.

Hoy, el régimen jurídico y la política de seguridad en Argentina se contraponen con el proyecto que el mismo Poder Ejecutivo nacional presentó para incentivar y regular la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal. Incluso la persecución a los consumidores tampoco es coherente con esta nueva ley ya que cuenta con dificultades en su sistema de registro y no es acompañada por una política integral de consumos problemáticos, algo que el Estado debe garantizar.