Mar 25, 2021 | Géneros, Novedades
Considerado uno de los especialistas en religión más destacados en América latina, Hugo Córdova Quero ha logrado tender un puente entre los preceptos teológicos y la diversidad sexo-genérica, temas que podrían parecer irreconciliables, aunque para él no lo son.
Es argentino, pero reside desde hace varios años en Estados Unidos donde se desempeña como profesor y director en la facultad Starr King School de California. Además de ser un reconocido teólogo queer, es muy cauteloso con su imagen, tanto es así que no se encuentra ninguna foto ni video suyo en Internet. Ha preferido mantener un perfil bajo para no dar lugar a ningún tipo de represalias de grupos religiosos o LGBTIQ.
A partir de la ampliación de derechos en los últimos años en Argentina para la comunidad LGBTI y las mujeres, cobraron visibilidad las instituciones católicas y evangélicas más conservadoras, ambas férreas opositoras a la legalización del matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en medio de los álgidos debates, han quedado afuera las voces de las comunidades religiosas que están a favor de la diversidad y clasifican sus creencias como “teologías queer”.
“Queer” es un término anglosajón que traducido al castellano significa “raro” y que era utilizado de manera peyorativa en contra de las personas que no se autodenominaban heterosexuales. Posteriormente, asumió un sentido contracultural que se contrapone a las clasificaciones heteronormativas y patrilineales.
“En América latina hay mucha gente haciendo teologías queer de todos los tonos y hay cada vez más adhesión de personas que profesan una religión a analizar su fe desde las perspectivas de las teologías queer”, afirma Córdova Quero, doctor en Estudios Interdisciplinarios en Migración, Etnicidad y Religión y Magíster en Teología Sistemática y Teorías Críticas (Feminista, Poscolonial y Queer).
Al contrario de lo que comúnmente se cree, existen otras religiones como el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo que también basan sus teologías desde una perspectiva de la diversidad sexo-genérica. Por eso, Córdova Quero señala que no se debe hablar de “teología queer” en singular, sino en plural, debido a que abarca las distintas religiones, creencias y culturas. Existen teologías queer en todos los continentes, con especial fuerza en América latina.
“El poder del heteropatriarcado, en la fe, es transmitido en lecturas sesgadas de textos sagrados», dice Córdova Quero.
“Las teologías queer buscan desestabilizar el poder del heteropatriarcado, que en el caso de la fe se transmite en la lectura sesgada de los textos sagrados y también en la práctica cúltica e institucional con el no acceso a los sacramentos, a los ministerios, a la participación integral en las comunidades de fe”, asegura Córdova Quero.
Este movimiento nace con el objetivo de reinterpretar los textos bíblicos y las creencias que ciertas instituciones religiosas a lo largo de los años han interpretado en concordancia con una perspectiva patrilineal y heteronormativa, en donde el rol de la mujer dentro de la sociedad y la familia se limita a labores de crianza en una relación de dominación y los homosexuales son acusados de pecadores por ir en contra de lo establecido naturalmente.
Las teologías queer están a disposición de todos y no son propiedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ “porque lo queer pasa por la desestabilización del cisheterepatriarcado y no por lo que yo hago con mi genitalidad en mi intimidad –agrega Córdova Quero–. También hay heterosexuales queer porque están en el movimiento que pretende socavar los cimientos de ese edificio colonial hegemónico”.
Córdova Quero es enfático en afirmar que “hay muchas iglesias en Argentina y América latina que no son antiderechos” y que existe un prejuicio en contra de la religión: “Al meter en la misma bolsa a todo el mundo desde el sector cristiano conservador como si eso encarnara la voz de todo el cristianismo, de todo lo religioso que también es múltiple, nos perdemos alianzas”.
Según Córdova Quero, sin alianzas no hay posibilidad de cambios sustanciales en cuanto a la apertura de derechos, por esa razón considera importante la participación y la visibilidad de los diversos sectores religiosos progresistas en la discusión sobre los derechos humanos. Para él, el discurso fundamentalista religioso de derecha no puede ser combatido a través de un discurso político partidario sino desde un discurso progresista religioso. Además, opina que esto no ha sido posible, en parte, por la proliferación de discursos totalitarios y totalizantes que vinculan a lo religioso con sistemas dictatoriales y discursos antiderechos, lo que ha provocado una invisibilización y silenciamiento de todas las personas adeptas a una fe que también están comprometidas con los derechos humanos y la sociedad.
«Nos atacan los conservadores religiosos y, a la vez, los dogmáticos de los derechos LGBT», subraya Córdova Quero.
El investigador argentino expresa su preocupación por la poca aceptación que han tenido las teologías queer dentro de los sectores de la diversidad sexo-genérica, como la comunidad LGBTI, que en su mayoría rechaza cualquier postulado religioso y considera como “traidores” a quienes profesan una religión y defienden la diversidad sexo-genérica. Por tal motivo, la teología queer funciona para él como un espacio intermedio en el cual puede profesar su fe y al mismo tiempo vivir su sexualidad sin impedimentos: “Somos la intersección de ambas cosas”, señala.
“El problema es que aquellas personas de la diversidad sexo genérica que profesamos una fe quedamos entrampados en el medio de una guerra que no nos pertenece, porque adentro de nosotros ni lo sexual, ni lo religioso es más importante, ambas cosas hacen que seamos quienes somos. Somos atacados por los sectores conservadores religiosos y a la vez por los sectores dogmáticos de los derechos LGBT y esa es una posición abyecta muy difícil de navegar”, concluye.
Dic 10, 2020 | Géneros, Novedades
Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.
Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.
El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.
El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios– implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.
Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran
Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).
En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento.
Nov 11, 2020 | DDHH, Novedades
Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.
Dora Barrancos.
Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.
Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.
La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.
Estela de Carlotto.
Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.
Ene 16, 2020 | Comunidad, Novedades
En Argentina no hay norma legal o constitucional que prohíba la actividad de ofrecer o demandar sexo, pero sí reglas de menor jerarquía que la condicionan. El Código Penal de la Nación establece que la prostitución ejercida libremente no es delito. La legislación federal penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien promueva o facilite y a quien “explote económicamente” el ejercicio de la prostitución. Es decir apunta hacia la intermediación y el proxenetismo. Las modificaciones al Código introducidas en 2012 por la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada tras el fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón, explicitan la irrelevancia del consentimiento de la persona en situación de prostitución, caracterizada como “víctima” en todos los casos. La tradición jurídica del país puede ser descripta como abolicionista, en tanto prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente, reconociendo la existencia de la prostitución pero buscando su desaparición a partir de la sanción de la administración del trabajo sexual por parte de terceros. Sin embargo, entre las pretensiones de la letra fría de la norma y la realidad concreta de todos los días están las acciones de las personas. Para pensar la prostitución hay que partir desde la ley pero hay que llegar a las formas en que se implementa y atraviesa las vidas que intenta controlar.
“Si una mujer hoy vende su cuerpo porque es su decisión, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque son acciones privadas de las personas y en nuestra legislación todo lo que no está prohibido, está permitido”, señala María Elena Naddeo, creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y actual titular del Programa de Atención de la niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sin embargo, un informe sobre criminalización del trabajo sexual en la vía pública realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en 2016 destaca que “aunque el trabajo sexual no es un delito en nuestro país, todos los lugares donde se lo puede ejercer están criminalizados”. En este sentido, el documento puntualiza las superposiciones entre las diversas legislaciones locales y las normas nacionales, plasmadas en los distintos códigos de faltas y contravencionales, que “se convierten en instrumentos punitivos contra las trabajadoras sexuales, simplemente por considerar que su actuar es inmoral y contrario a las buenas costumbres”.
En este punto, las principales corrientes al interior del movimiento feminista coinciden en la necesidad de derogar las ordenanzas de códigos contravencionales que penalizan la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Naddeo señala que “la legislación argentina aún castiga el comercio sexual cuando se ejerce en la calle. Se debe atacar la explotación, pero no se puede seguir persiguiendo a las mujeres en situación de prostitución”. La dramaturga y militante del Frente Abolicionista Travesti/Trans, Daniela Ruiz, destaca la importancia de generar políticas “que no sean prohibitivas ni punitivas: no queremos que la policía vaya contra la compañera que está en la calle, porque estamos en un Estado en el que la prostitución es libre”.
Historia de la persecución en la Ciudad de Buenos Aires
El primer Código de Convivencia Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado en marzo de 1998 por la Legislatura porteña, derogó una serie de edictos policiales vigentes hasta el momento y limitó la acción de la policía en detrimento de la intervención del Poder Judicial de la Ciudad y en los hechos, a través de la eliminación de la figura del “escándalo”, despenalizando el ejercicio de la prostitución en el espacio público porteño.
La primera reforma del Código, materializada a solo dos meses de su sanción por impulso del Gobierno de la Ciudad encabezado por Fernando De La Rúa, tras un intenso debate social sobre el tema atravesado por un fuerte matiz moral, incorporó a la prostitución como actividad sancionable, pero de una manera desviada. El artículo 71 penalizó la alteración a la tranquilidad pública “con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución”. Es decir, no estableció un castigo por el acto mismo de la prostitución, sino en tanto “altere la tranquilidad” al ser realizado en formas que impliquen “ruidos o perturbación del tránsito de personas o vehículos”, hostigamiento o exhibicionismo.
34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries – La Plata, Buenos Aires –
El 3 de marzo de 1999, en el marco de un año electoral y un día antes de que la Legislatura porteña tratase la segunda reforma a su Código Contravencional, el presidente Carlos Menem sancionó un decreto que instruyó a la Policía Federal a detener a personas que cometan actos no tipificados como delitos o contravenciones, entre ellos la oferta y demanda de sexo, en función de un supuesto “vacío legal” generado por la derogación de los edictos policiales durante el año precedente.
Un día después, la Legislatura modificó una vez más su Código de Convivencia Urbana, y penalizó la oferta y la demanda de servicios sexuales en la vía pública en toda la extensión de la Ciudad. La modificación al artículo 71 tipifica como alteración de la tranquilidad pública el “ofrecer o demandar para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos”.
Un editorial del diario La Nación del 7 de marzo señalaba que la norma aparece como respuesta a “la fundada indignación de las familias afectadas, forzadas a convivir en sus barrios con verdaderos ejércitos de travestis y prostitutas, con el consiguiente daño para la formación moral de sus hijos” y destacaba la “pesada responsabilidad” que implica para la Policía Federal, encargada de hacerla cumplir. El diario Clarín relató en su edición del 10 de marzo una reunión informativa entre comisarios y fiscales porteños en relación a los criterios de aplicación del nuevo código, en la que el fiscal contravencional Juan Carlos López señala que se trata de una cuestión “de sentido común”, en tanto “si se filma en una zona roja a un travesti inclinado sobre la ventanilla de un auto, la escena habla por sí sola”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2004 se sancionó el nuevo Código Contravencional de la Ciudad, que reemplaza el artículo 71 del Código de Convivencia Urbano por el artículo 81, que penaliza la oferta y la demanda de servicios sexuales “en forma ostensible” en espacios públicos no autorizados, es decir, aquellos que se encuentren a “una distancia menor de 200 metros de hogares, escuelas y templos”, según una cláusula transitoria anexa. La misma norma establece que solo se actuará por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal y que en ningún caso se hará en base a “apariencia, vestimenta o modales”.
Sin embargo, la misma ambigüedad de la descripción de la conducta penalizable, así como la situación material del ejercicio de la prostitución, que coloca una vez más a las prostitutas en el lugar de colectivo vulnerable, habilitan el manejo discrecional de las fuerzas de seguridad sobre su actividad. La delegada de AMMAR en el barrio porteño de Flores, Laura Meza, sostiene que si bien su trabajo “no es delito”, los abusos de autoridad y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad son corrientes: “La policía trata a las compañeras como delincuentes: es arbitraria y va directamente a la puta. Y si la pueden golpear la golpean. Y si la pueden empujar la empujan. Lo que tienen es una putafobia”.
Un mapa (polifónico) del debate
Las dos corrientes tradicionales para abordar la cuestión de la prostitución al interior del movimiento feminista son el abolicionismo y el regulacionismo. Con matices, ambas son útiles como referencias a la hora de trazar el mapa del debate. Desde la mirada abolicionista se considera a la prostitución como una forma de violencia de género cuyo ejercicio implica en todos los casos un cierto grado de coacción y por lo tanto debe ser desalentada. En tanto, desde la perspectiva regulacionista, el trabajo sexual se contempla como una actividad productiva al igual que cualquier otra, que debe ser regulada por el Estado e implica derechos y garantías para quienes la ejercen.
En los hechos, las categorías son un marco que queda corto para lo cotidiano de las experiencias y las militancias. “Yo no hablo tanto del término abolir, porque tampoco podríamos abolir por decreto”, explica María Elena Naddeo. “Estoy intentando cambiar el término por desalentar, por no promover”. Un documento de AMMAR de 2016, titulado “Trabajo sexual: cuál es la diferencia entre reglamentarismo y regulacionismo”, postula el término “pro derechos” para caracterizar la perspectiva de la organización: “Un modelo que exige la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual libremente, y rechaza el control punitivo e higienista propio del reglamentarismo”.
Aún así, ciertas diferencias son conceptuales y de raíz, por eso las palabras son terreno de disputa constante. “Hay una carga de valor en la palabra prostitución”, sostiene la dirigente de AMMAR Laura Meza. “Hay compañeras en situación de prostitución, pero nosotras no somos prostitutas ni defendemos eso: nosotras somos trabajadoras sexuales”. Por su parte, la escritora feminista Sonia Sánchez postula que “la identidad del trabajo sexual maquilla el dolor y la vergüenza”. En su opinión, el “discurso fálico” del reglamentarismo “sólo beneficia a los varones: legaliza al proxeneta y convierte al traficante de personas en un gran empresario del sexo”. La militante abolicionista Daniela Ruiz coincide en la crítica a la “tesis del trabajo sexual”, porque entiende que “reivindica una violencia sistemática, que desvaloriza a la persona y la marca en un precio”. La trabajadora del área de Interculturalidad del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), Betania Longhi, explica que en la institución reciben “denuncias de ambos lados: compañeras que se afirman en su identidad de prostitutas y son ofendidas por la discriminación; y compañeras que no se perciben en esa identidad y son ofendidas cuando son catalogadas como prostitutas”.
Marcha del Orgullo N°26. De Plaza de Mayo a Congreso. Sábado 18 de Noviembre de 2017.
El concepto de trabajo aparece como un nudo central de la discusión. “No es un trabajo como cualquier otro” señala María Elena Naddeo. “Genera daños psíquicos y en la sexualidad que otros no generan. Existen daños físicos, como en todas las esferas de la vida, pero el ámbito de la sexualidad queda más o menos preservado”. Por su parte, María Rachid, fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ex vicepresidenta del INADI, postula que “es como cualquier otro trabajo que, tanto en el mundo como en la región, se da en una situación de explotación. Hay actividades en situaciones similares, como el trabajo rural o textil. Pero lo que hacemos ante esas situaciones es garantizar mayor presencia del Estado y reconocimiento de derechos”. Daniela Ruiz sostiene que en su experiencia la prostitución es “saber que está permitido que te hagan lo que quieran porque sos puta y pagan para eso. ¿Después voy al sindicato a quejarme porque me metieron dos dedos y me dejaron con sangre el culo por una uña quebrada? Acá solo existe ir a lavarse”. Rachid afirma que no conoce “una trabajadora sexual que no haya sido víctima de trata y esté en contra del reconocimiento de sus derechos laborales. Comprendo que estén en contra de la regulación por su experiencia personal, pero no todas las realidades son iguales”.
“Estamos todas en contra de la criminalización y la persecución policial. Somos hermanas en lucha, pero nos divide la conceptualización del trabajo sexual”, resume María Elena Naddeo. “Para mí son todas compañeras y punto”, concede Meza, “pero algunas tomamos el feminismo como una cuestión de derechos”. Las tensiones entre ambas perspectivas reaparecen como fantasmas detrás de cada coincidencia. El debate es efervescente porque no es abstracto: se nutre de la conciencia común de una situación de vulnerabilidad concreta, pero genera interpretaciones, respuestas y programas políticos contrapuestos.
“Hasta las organizaciones marxistas, que están en contra de la plusvalía, luchan por un salario digno” desarrolla María Rachid. “Estamos en un contexto capitalista y patriarcal, donde la mayoría de los trabajos implican situaciones de explotación. Eso se combate con presencia del Estado y con derechos”. Betania Longhi, trabajadora del INADI, opina que cuando el Estado reguló la prostitución “fue el peor momento” para las prostitutas: “Entraban las redes de trata al país y se les pedía controles ginecológicos a las trabajadoras como si tuvieran la culpa de las enfermedades de transmisión sexual. Controlar la prostitución es un arma de doble filo”. “Ser un sindicato no es la única forma de organizarse contra esta violencia”, dice Sonia Sánchez. “Debemos construir una masculinidad nueva. Los hombres deben aprender a relacionarse desde la no violencia con les demás. Y nosotras tenemos que ayudar a deconstruir esa cultura: sin varones que vayan de putas no hay prostitución. Y sin prostitución no hay trata”.
Violencia simbólica y de las otras
En la actualidad no existen datos oficiales que den cuenta de cuántas personas están en situación de prostitución. “¿Cuántos pueblos hay en Argentina?”, se pregunta Melisa De Oro, trabajadora sexual nucleada en AMMAR. “Hasta en el pueblo más chiquito hay una puta. Hay mucha más gente de lo que parece en el mercado del trabajo sexual”. Melisa, que se presenta como la primera docente trans de la Ciudad de Buenos Aires, estima que en este momento “no debe haber menos de cien mil trabajadores y trabajadoras sexuales en el país”. Betania Longhi, por su parte, señala que no se puede acceder a los datos duros debido a la “compleja situación institucional” vinculada con el tema. “No hay números porque no hay registro, y creemos que está bien que no lo haya. Cuando el Estado tiene el acceso a los números, también se produce una reducción en la libertad de las compañeras”. La trabajadora sexual Laura Meza comenta que el último censo de AMMAR se realizó en 2014 y contabilizó seis mil afiliadas en Capital Federal, pero que “no hay un número ni aproximado a la cifra real. ¿Cuántas compañeras empezaron a ejercer el trabajo sexual desde hace cinco años? Para ese censo no existía la modalidad Internet, donde hoy está minado”.
Desde el sindicato de trabajadoras sexuales agregan que la construcción de cifras es compleja por el estigma que implica reconocerse en esa identidad. Longhi advierte sobre la posibilidad de que el registro y control oficial de la prostitución desemboque en “una marca negativa en torno a ser mujer o trans y realizar esta actividad”. En este sentido, la funcionaria del INADI señala que “el 95 por ciento de las personas trans del país está en situación de prostitución”. En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, la expectativa de vida travesti/trans oscila entre los 35 y los 40 años. En este sentido y desde diversas aristas, las personas que ejercen la actividad forman parte de una población en situación de vulnerabilidad.
En los últimos cuatro años, el índice de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires subió más de dos puntos (de 8,6 por ciento a 10,9 por ciento). Las mujeres son las más afectadas por esta situación. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la mayor parte de la población femenina que se incorporó al mercado de trabajo entre 2016 y 2018 lo hizo en condiciones precarias: “82 mil consiguieron trabajos informales y cerca de 150 mil se emplearon por cuenta propia”. En paralelo, también disminuyó la proporción de trabajadoras en puestos asalariados registrados.
Karla Bendezú, infectóloga del Hospital Muñíz, detalla que “aproximadamente el diez por ciento de la población VIH positiva que se trata aquí se dedica a la prostitución”. Bendezú señala que según el relato de sus pacientes, la mayoría comienza a prostituirse porque no consigue otro trabajo. Según una estadística difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, ese año el Hospital Muñíz tuvo 1873 entradas a consultorios externos por enfermedades de transmisión sexual, de las que 745 correspondieron al SIDA. La doctora explica que las personas infectadas con VIH deben hacerse controles cada seis meses, “lo que muchas veces implica faltar dos o tres veces al trabajo en un mismo mes”, con las consecuencias que eso implica. “Estoy segura de que la mayoría quisiera dedicarse a otra cosa, pero no es fácil por el ámbito socioeconómico en el que se mueven”.
La estigmatización de la población en situación de prostitución no es sólo simbólica: es institucional. Longhi señala que desde el organismo son recurrentes las denuncias porque “no las atienden en los hospitales, o porque la policía las corre y las detiene por estar prostituyéndose”. Laura Meza señala que lo peor de su profesión es “el acoso y la violencia institucional”. Detalla que hay muy pocos hospitales “amigables” para las trabajadoras sexuales en Capital Federal, entre ellos los Hospitales Álvarez, Piñeyro, Ramos Mejía y Garrahan para los menores de edad. “Las compañeras van con un dolor de brazo o de espalda y les dicen: no, vos sos trabajadora sexual. Hacete un VIH”. La dirigente de AMMAR sostiene que “si sos trabajadora sexual no podés tener nada: tenés la plata para alquilar, pero no tenés garantía; no hay obra social; me faltan ocho años para la jubilación, pero ¿de qué me voy a jubilar, de ama de casa?”. Leonor Núñez, psicóloga asesora en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señala que “para enfrentar estas violencias, las víctimas primero se tienen que reconocer como tales”. En el mismo sentido, Longhi destaca que parte importante de la labor del INADI es “hacer que cada uno reconozca cuando está siendo discriminado”.
“La autonomía y el bienestar de los cuerpos”
A pesar de las diferentes perspectivas para encarar el tema, se observa un consenso implícito sobre dos puntos centrales: que las prostitutas están hoy de hecho en una situación de grave vulnerabilidad y que parte fundamental del ataque a esa condición está vinculada a las políticas del Estado o a su ausencia. La militante abolicionista Daniela Ruiz plantea que “el Estado calla con la prostitución para no hablar de lo que hay detrás: la explotación; la trata; la coima; el silencio; los cuerpos que valen y los que no”. Para la dramaturga, el objetivo es desarrollar “políticas públicas” que permitan que “cada compañera pueda elegir, para que su último destino sea la prostitución”. Desde una mirada diferente, María Rachid señala que el rol del Estado tiene que ver con el reconocimiento para las trabajadoras sexuales de “los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador”. La actual presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostiene que el Estado “es quien debe hacerse presente en términos de controles para que deje de haber abusos, para que las trabajadoras puedan contar con una pensión, con una obra social, con una jubilación”. En todos los casos, la urgencia de la situación quema en el discurso de las militantes. Desde una diversidad de perspectivas, queda claro que, como señala María Elena Naddeo, “no se trata de un tema moral: tiene que ver directamente con la autonomía y el bienestar de los cuerpos”.
