Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Después de la pandemia, a tres años de la votación en La Plata, cuando se decidió reconocer las diferentes identidades y naciones y unirlas en la misma lucha, tendrá lugar en San Luis el primer Encuentro explícitamente inclusivo.. También será la primera vez que habrá otro encuentro, el tradicional y ahora minoritario, que se realizará también en San Luis, dos semanas después.


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El 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de San Luis desembarcará el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. 

Este largo nombre es el producto de una disputa cultural y discursiva de hace años. No se trata solo de un cambio de título, sino que refleja, con la mención de cada identidad y la ampliación de lo nacional, una reparación histórica y política que busca la unión de las diversas cosmovisiones, culturas e identidades feministas y transfeministas en una lucha “anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal”. 

Además de una reivindicación socio-cultural e histórico-política, el encuentro hace circular la economía de cada ciudad que es elegida como sede. Para octubre se esperan más de 100 mil personas -las que se sienten representadas en aquel largo título- de todos los rincones del país. La titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Mazzina, afirmó durante una conferencia de prensa que a partir del Encuentro se estima “una inyección económica superior a los 2.000 millones de pesos”, en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, entre otros.

Sin embargo, no toda la ciudad abraza a les encuentreres con el mismo gusto. Las iglesias, parroquias y catedrales puntanas están tomando medidas de seguridad, cerraron sus puertas y montaron guardias desconfiando de posibles ataques. En un documento dirigido al Ministerio de Seguridad y al de Gobierno, Justicia y Culto, la Asociación Pastoral de San Luis rogó que garanticen “la paz y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”, asignándoles “la responsabilidad de civil y penal de realizar el resguardo de los templos de la Iglesia Evangélica y sobre todo integridad física de los pastores y de los miembros de la comunidad cristiana”.

La historia de los encuentros comienza en 1986 con las primeras mil mujeres que se reunieron en Buenos Aires bajo el nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Con la nueva ola de feminismo que estalló en Argentina a partir de 2015 todo comenzó a replantearse y con ello la cuestión de las identidades. La premisa clave de esos años fue “lo que no se nombra no existe” y con esta bandera muchos grupos del feminismo y transfeminismo comenzaron a debatir sobre los límites excluyentes del nombre del encuentro como algo “nacional” y de “mujeres”. 

En 2019 las aguas ya se estaban dividiendo. Ese año, en el 34º Encuentro realizado en La Plata, el más masivo de su historia, el debate sobre la identidad -ya planteado anteriormente en los encuentros anteriores de Chaco en 2017 y en Trelew en 2018- proliferaba en todos los talleres. Tras la lectura de sus conclusiones en el acto de cierre, se definió que a partir de ese momento el encuentro sería plurinacional y haría mención de cada una de las identidades disidentes sexuales que lo integran. 

Había solo un sector minoritario que se oponía a esta reforma e insistía con volver al viejo título -desterrado por su exclusión- de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Este está encabezado por la campana del feminismo conservador y del PCR (Partido Comunista Revolucionario) que conciben al movimiento sin la integración de personas trans y otras disidencia por no considerarlas como mujeres. En las sucesivas asambleas este grupo insistió con su reclamo, pero no logró el número suficiente para tomar posición como minoría.

Es así que, por primera vez en su historia, se organizarán dos encuentros. En octubre el inclusivo y plurinacional, realizado de forma autónoma, independiente y autogestionado, y en noviembre el nacional únicamente de mujeres, encabezado por el PCR y el feminismo conservador, los días 19, 20 y 21, también en la ciudad de San Luis. 

El encuentro inclusivo de este año abrirá con una ceremonia ancestral y contará con 105 talleres organizados en 15 ejes de trabajo como “Identidades y sexualidades”, “Territorios”, “Activismos y organización”, “Derechos Humanos y acceso a la justicia”, “Coyuntura geopolítica y económica”, entre otros. Durante el fin de semana se realizarán dos marchas. Una el sábado contra los travesticidios y transfemicidios y la otra el domingo, la marcha 35° del encuentro. La noche del domingo culminará con el clásico festejo de la peña pluridisidente y el lunes por la mañana se celebrará el acto de cierre donde será elegida la próxima sede y se hará lectura de las conclusiones de los talleres.

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

«Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio del aborto»

Proyecto Mirar es una propuesta online interdisciplinaria que se propone realizar un monitoreo y un seguimiento de la implementación de la Ley IVE.

Hace apenas unos días, el Tribunal Oral Penal de Goya (Corrientes) absolvió a Ana Clara Velázquez, quien había sido acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo, tras haber sufrido un aborto espontáneo. Ana estuvo ocho meses injustamente presa. La provincia de Corrientes no tiene reglamentada la Ley de Educación Sexual Integral ni adhirió al protocolo para la implementación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), obligatoria en todo el territorio nacional.

En un contexto en el que a nivel global se registra un avance de las derechas sobre las conquistas históricas de las mujeres y personas gestantes, Proyecto Mirar lanzó su plataforma virtual Mirando el Aborto en Argentina, un sistema de monitoreo y una herramienta de información ciudadana para hacer un seguimiento de lo que sucede con la implementación del acceso a la IVE en Argentina.

Sociólogas, profesionales de la salud, de la comunicación y del derecho conforman Proyecto Mirar una iniciativa conjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, una organización que trabaja a nivel global a favor de la autonomía y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

Para conocer más acerca del lanzamiento de esta plataforma virtual, ANCCOM dialogó con la socióloga Mercedes Krause, docente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del CEDES.

 

¿Para qué “mirar” el aborto en Argentina?

Si bien sabemos que la ley se logró como producto de una movilización muy grande, también sabemos que muchas leyes están muy bien promulgadas pero de ahí a que sean efectivas suceden cosas. Entonces, parte del monitoreo es para mantener la importancia de la agenda, es decir, que no se pierda la relevancia de esta conquista ganada en las calles, con una legalización social que llegó incluso antes que la ley en 2018. Por otro lado, el monitoreo pretende identificar barreras en la implementación del aborto como, por ejemplo, problemas en el acceso, brechas a nivel regional o provincial o con poblaciones específicas, entre otras. Aunque es un proceso muy reciente la idea es monitorear de cerca para tener documentado cada avance o retroceso y poder actuar sobre eso. En este sentido, el objetivo es compilar datos para poder pensar mejores políticas en torno a  la implementación. Queremos empezar a hablar de la calidad del servicio para que la legalización del aborto se haga efectiva en la realidad de las personas gestantes.

¿Cuál es el sentido de que haya una plataforma en línea?

Además de poner a disposición este enorme caudal de datos y nuestro conocimiento más profesional y estadístico también queremos que la información se divulgue, que sea accesible para diferentes audiencias, tanto académica, como de la sociedad civil, periodistas, tomadores de decisión, organizaciones que puedan usarlas para hacer acciones más locales. En diciembre pasado, en el aniversario de la ley, publicamos el Reporte Anual 2021: el primero de los reportes anuales del proyecto. Ahí explayamos nuestra interpretación acerca de la relación de todos esos datos, es decir, una hipótesis alrededor de la implementación.

¿De dónde obtienen los datos que están disponibles en la plataforma?

Muchos de los datos que utilizamos son de origen público, algunos están publicados y otros no pero, amparándonos en la Ley de Acceso a la Información Pública, accedemos a más detalle de lo que está publicado. También nos apoyamos en información que aportan distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo que hacemos es compilar con algún sentido todos esos datos que están sueltos. Y también producir los propios. Entre ellos, el Estudio MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) que apunta a diseñar una encuesta para medir la calidad del aborto desde la perspectiva de las usuarias, y el de seguimiento de medios. Estas investigaciones están en proceso y todavía no se han publicado resultados. También tenemos investigaciones previas, por ejemplo, sobre el debate de la ley y el seguimiento en redes sociales durante el debate.

¿Existen otros proyectos con estas características? ¿Articulan con ellos?

Sabemos que hay otras organizaciones e instituciones que están siguiendo el tema desde diferentes perspectivas. Cada actor que interviene en el proceso de aborto también tiene su propio punto de vista. Entonces, a futuro se puede ir ampliando la mirada sobre qué indicadores y resultados son relevantes para cada uno de esos actores. El desafío es la articulación de los monitoreos locales con lo que está pasando a nivel nacional. En ese sentido, las estadísticas proporcionan una idea más abarcativa de todo lo que estamos viendo en las provincias y se pueden complementar con esos monitoreos para darles más visibilidad. En este punto, otra pata importante es la del Diálogo con actores clave. Justamente con ellos queremos discutir esta información para que pueda ser usada para la incidencia de políticas, en los territorios, en las organizaciones, en los medios, etc.

¿Cómo es la dinámica para estos diálogos?

Ahora comenzamos a hacer reuniones provinciales para discutir los datos en profundidad para poder tener una mirada más cualitativa, más desde el territorio, las experiencias y las organizaciones. Respecto a la agenda, recientemente estuvimos en Neuquén, en agosto estaremos en Jujuy y en octubre en Entre Ríos. Estos diálogos son un trabajo muy enriquecedor y sumamente necesario.

¿Cómo definieron las variables e indicadores para medir el acceso y la calidad de la IVE y de la ILE en el Estudio MACA?

Lo que hicimos fue generar una cantidad de indicadores que nos gustaría incluir en una encuesta y consultar estos indicadores con organizaciones de mujeres, proveedores de aborto, tomadores de decisión a nivel gubernamental. Entonces, desde estas diferentes perspectivas nos fueron diciendo qué relevancia le daban o no a los indicadores y a partir de eso fuimos validándolos.

¿Y cuáles son los indicadores de su sistema de información ciudadana?

Algunos son más directos. Por ejemplo, los que pone a disposición la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Después, a partir de eso, nosotras calculamos otros como la tasa de efectores o la tasa de IVE e ILE de mujeres en edad fértil en cada provincia para comprender qué sucede con los diferentes entornos y escenarios de implementación. Los indicadores refieren a las dimensiones de calidad, entorno, oferta y resultado. Los indicadores de resultado son los que deberían variar a medida que la ley se vaya implementando. Todavía no contamos con esos datos, pero estamos siguiendo su evolución desde antes de la Ley 27.610 y la vamos a ir actualizando. Por ejemplo, los que podríamos interpretar como demandas potenciales de servicios de aborto: porcentaje de embarazos no intencionales o el número de muertes maternas por aborto.

Cuándo comenzaron a sistematizar la información, ¿cuáles fueron los datos más relevantes y los más alarmantes?

Justamente como tenemos una cantidad enorme de indicadores elegimos los que muestran datos muy relevantes alrededor del tema, para incluir en los mapas y gráficos.  Por ejemplo, la proporción de embarazos no intencionales es del 60,2%, con un mínimo de 45,2% en Santa Fe y un máximo de 88% en La Rioja, porcentajes que ascienden, en todo el territorio, en niñas y adolescentes. Entonces creemos que identificar estas poblaciones más vulnerables puede ayudar a diseñar acciones específicas de intervención y seguimiento. En este aspecto, en los departamentos donde está implementado el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia) la fecundidad adolescente bajó más que a nivel provincial y que a nivel nacional.

 

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras.

¿Cuáles son las principales barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias que garantizan un aborto legal y seguro?

Si comparamos la tasa de IVE e ILE por 1.000 mujeres en edad fértil de cada provincia podemos ver que existen desigualdades en el acceso. Llama la atención las bajas tasas en Formosa, Misiones, San Juan, entre otras. Esto depende tanto de la demanda de la población como de la disponibilidad de servicios y profesionales capacitados y el gasto per cápita en salud de cada provincia. Históricamente, el NOA y el NEA son las regiones con menor disponibilidad de recursos materiales y humanos, con peores indicadores objetivos y subjetivos de salud, mayores necesidades sanitarias y mayor proporción de la población que depende del sistema público. A este escenario de inequidad a nivel nacional se suma en el caso del aborto el tema de los “objetores de conciencia”. De todas maneras deberíamos ver qué pasa en los próximos años ya que la ley es muy reciente. Sabemos que muchos servicios se están poniendo a tono y que este proceso puede llevar tiempo.

¿Podría comentar algunas conclusiones del Reporte Anual 2021?

La información analizada en el Reporte Anual 2021 debería ser entendida como una línea de base para monitorear la implementación más que como una evaluación del impacto de la ley, ya que gran parte de los datos refieren a la etapa previa a su promulgación. De todas formas, un dato contundente es, por ejemplo, la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) desde 2015. La TEFA tardía (15 a 19 años) bajó 20 puntos entre 2015 y 2019 y 10 puntos más entre 2019 y 2020. Otro dato que nos proporciona el Reporte Anual es la desigualdad entre las provincias, por ejemplo, en el riesgo de muerte materna, con los niveles más altos en Chaco, Formosa y Corrientes en 2019 y Chaco, Jujuy y Corrientes en 2020. Habría que ver qué sucede con estos indicadores tras la implementación de la ley.

Según los datos recabados, ¿existen iniciativas o proyectos que buscan restringir a través de alguna ley o deposición la implantación del aborto?

Hasta el momento se iniciaron 37 demandas judiciales en contra de la implementación de la ley. La mayoría alegaban su inconstitucionalidad y fueron desestimadas.

¿Qué percepción tiene acerca de la anulación del fallo Roe vs. Wade y sus repercusiones?

Una parte de nuestro equipo tiene su residencia en EEUU así que estamos bastante al tanto del clima allá. La situación es muy difícil porque hay una clima de “denuncia ciudadana” muy activo. A la vez, los sectores más progresistas dicen «miremos cómo fue la legalización en Argentina, tenemos que lograr eso en EEUU». Entonces, hay diferentes estrategias que se están poniendo en marcha en este escenario, todo es muy reciente también, y justamente estamos encarando diálogos a nivel regional y global para poder evaluarlo mejor. Asimismo, teniendo en cuenta este contexto nos enfocamos en las lecciones aprendidas. Una de ellas es que no hay un camino único para alcanzar la legalización y que las estrategias varían de acuerdo a los contextos y las relaciones de fuerza de cada momento.

Las manifestaciones de sectores antiderechos en Madrid, las declaraciones de Danny Kruger, parlamentario inglés, quien dijo no estar de acuerdo con que “las mujeres tengan un derecho absoluto a la autonomía corporal”, y las expresiones del ultranacionalista partido español Vox que celebró la sentencia de la corte de EEUU porque es “un rayo de esperanza”, amenazan el derecho al aborto y constituyen una triste postal de la cola de viento que trajo la anulación del histórico fallo “Roe vs Wade”, en EEUU, a fines de junio.

La historia da cuenta una y otra vez de que no hay victorias definitivas ni derechos garantizados ad infinitum, y que la defensa de estos constituye siempre la mejor de sus garantías. La disponibilidad de información actualizada en materia de implementación es clave no solo para el diseño de políticas acordes a la normativa legal vigente sino, además, una poderosa herramienta de poder para la movilización ciudadana.

“Una ley pensada para y por las trans”

“Una ley pensada para y por las trans”

Hoy, en una sesión especial y antes de lo previsto, el Senado puede convertir en ley el texto que garantiza la «Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero”. Lleva el nombres de las recordadas activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins. Paula Arraigada es heredera de esa militancia, asesora en la redacción del texto final y militante política. En medio del debate, explica los aspectos centrales de la norma pensada “por las que están vivas y luchan todos los días”.

¿Qué se siente haber logrado la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados?

La media sanción es un primer paso para la sanción definitiva y son un montón de emociones. Quizás es la alegría, la felicidad, pero también el orgullo de todo el camino que se trazó a lo largo de este tiempo, la militancia y también el acompañamiento de muchos sectores y también de muchas diputadas que hicieron que esto llegara a este fin. Es cierto que hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones y de los espacios, sobre todo porque es una ley que se trazó desde el seno del movimiento travesti/trans. 

¿Qué implica que el proyecto haya sido elaborado por el propio colectivo?

Como cualquier proyecto de ley que va direccionado hacia cierto colectivo, hacia cierto grupo de personas, creo que lo más importante es que ese grupo haya participado. Lo más importante es que sea consensuado, sea pensado o elaborado por las propias personas, porque sino a veces las cosas se pueden hacer con buena voluntad, pero  termina faltando algo. Con esto se manifiesta que las actoras sean las protagonistas, y me parece que abre esto nuevo de generar espacios de representatividad. Es una ley que fue militada y también confeccionada por el colectivo, con lo cual tiene esa representatividad. Hay muchas diferencias en los posicionamientos sobre algunos temas dentro del colectivo trans, pero acá hubo un acuerdo en el que éste era un tema principal para militar. Por suerte, en el último año, hubo consenso en apostar a un proyecto unificado. Aunque no hayamos saldado ese pacto con nuestra sangre, lo saldamos con nuestra historia, y con lo que nosotras debíamos como lealtad, que es justamente hacer que esas compañeras que hoy necesitan un trabajo formal para mejorar su calidad de vida lo pudieran tener. Por eso, es una ley pensada para y por las trans.  

El proyecto engloba a otros doce previos, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este texto unificado? 

El proyecto toma lo mejor de cada presentación. Las virtudes en la esencia de cada uno fueron sostenidas para elaborar este proyecto único. Pero lo más importante, creo que es lo que nosotras queríamos, es que el proyecto intenta, y digo «intenta» porque la letra escrita a veces no se cumple, es priorizar la generación de empleo para quienes no han tenido la posibilidad. O sea, a un sector minoritario que no tuvo la posibilidad de conseguir trabajo y que por su identidad autopercibida luego fue privada de eso. Yo te puedo decir veinte veces «generar oportunidades» pero ¿qué es lo que se lee con «generar oportunidades»? Hay muchas compañeras, sobre todo, las de determinada edad, que por la decisión que tomó indirectamente el Estado, quedaron excluidas del sistema laboral porque no tuvieron acceso al sistema educativo, porque no tuvieron la complementación de la familia, o por otras razones resulta que esas compañeras quedaron fuera de ese enmarcado. Entonces el Estado hoy, nuestro gobierno que es el que rige el Estado, tiene que tratar de subsanar eso que el mismo Estado provocó.

Un Estado que profundiza la ampliación de derechos.

Esta ley viene a ser una forma de reparación, una de las formas posibles de reparación. Por eso, necesitamos que cuando se reglamente y cuando se empiece a cumplimentar, realmente entren las compañeras que necesitan el trabajo. El cupo tiene que ir a rescatar, a salvar, a esa compañera que no tuvo oportunidades. No está pensando para romper el techo de cristal, está pensado para poder despegar ese piso de brea, porque sino entramos en una disyuntiva donde pareciera que solamente es una adquisición para que todas las personas trans tengan trabajo. Es verdad que es para que tengan trabajo, pero empezando siempre por las que más lo necesitan, que son las que deben tener una solución urgente.

¿Qué promueve esta ley?

El trabajo en relación de dependencia genera otras cosas, y a veces lo que genera es esta potestad de poder decidir, por ejemplo, si me voy de vacaciones, que eso en la economía informal siempre tenés que estar pendiente de si juntaste plata o no. Acá ya sabes que tenes quince días para vacacionar, ya sabes que no tenes que ir a trabajar si vos te enfermás, que además si vos te enfermás podes tener una obra social que te cobije. Alguna vez las personas «cis» tuvieron la posibilidad de tener un trabajo registrado, aunque sea dos meses en su vida, por lo menos lo hicieron. Nosotras no tuvimos la oportunidad nunca. Entonces vamos a apelar a esas oportunidades para que esas compañeras empiecen a tener una mejor calidad de vida, porque todas las que hemos pasado por esa experiencia sabemos que nos cambia la vida, sabemos que poder tener la heladera llena nos posibilita, nos da la libertad de soñarnos, de pensarnos, de pensar no solamente en las vacaciones, sino de pensarnos también como presidentas, como diputadas, como formadoras, como maestras, y también nos da en la cabeza los sueños de llegar a viejas y poder estar sentadas como lo hacen algunas señoras y algunos señores mirando televisión aunque más o menos con una jubilación que mínimamente nos pueda acompañar. Lo que aspiramos siempre es a ser igual que el resto de las personas. 

Si bien el proyecto prevé incentivos para las empresas privadas, ¿por qué no está explícitamente el cupo para el ámbito privado?

Se pueden generar incentivos para que el sector privado pueda seguir el espíritu de la norma, pero desde el Estado, no se puede obligar a los ámbitos privados. Si el Estado toma la decisión política de incorporar a las personas trans directamente en los ejecutivos, provinciales, nacionales, municipales, no hace falta. No hace falta porque van a sobrar personas trans. ¿Y sabés qué pasa con eso? Eso también genera el incentivo en los privados, porque de hecho, hay empresas privadas que empiezan a contratar, porque primero la empresa privada se maneja por el marketing, se maneja por el «quedar bien», y nosotras hoy somos parte de esto: de  «quedar bien», porque contratar una trava es ser progresista, es ser inclusivo, es ser bandera de orgullo. Muchas empresas están contratando a compañeras, y la verdad es que contratan a las personas que tienen determinadas características. Por eso, tiene que estar el cupo, porque viene a saldar las que no entran en ninguna de esas características. Y, por eso, tiene que estar contenida dentro del Estado para que el Estado cuide y la acompañe en eso que el Estado no acompañó. Porque nosotras no venimos a pedir algo que no nos corresponde, nos corresponde porque nos lo quitaron de forma prepotente solamente por tener una definición de género diferente a la que esperaban. Entonces es hora de curar esas heridas, devolverle a las compañeras lo que les quitaron, y las compañeras responden con mucho orgullo haciendo su trabajo, haciéndolo con alegría, y demostrando que la capacidad no está puesta en la decisión identitaria que tenga cada uno, sino en las ganas, en los deseos, y también en el mismo porte que generan los espacios, este caso el Estado, para que esas personas se vayan formando.   

¿Qué expectativas hay para la discusión del proyecto en el Senado?

La mejor. Porque estamos nosotras discutiendo una ley, fuimos partícipes del proyecto, somos partícipes en los espacios de decisión, estamos peleando por ocupar las bancas. Más allá del éxito o el fracaso, está esa disputa que antes no estaba, entonces hay toda una eclosión que se debe también a que hay una sociedad que participa, una sociedad que acompaña, una sociedad que avala, y una sociedad que sabe que este país es un país que incluye a todo, no solo a nosotras sino a otros colectivos y a otras diversidades, a la diversidad cultural, a las compañeras afro, a las migrantes, todas que están buscando su lugar. Este país que es tan fuerte, es tan orgulloso, es tan buena cepa que seguramente todas van a estar contenidas, y nosotras más que nada tenemos que estar orgullosas del lugar, del tiempo que nos corresponde, de poder estar haciéndolo en un gobierno que tiene una base fuerte dentro del peronismo, y nosotras como peronistas también (…) Hay muchísimas compañeras que soñaban con tener un trabajo en relación de dependencia, que soñaban con tener una vida como tiene el resto y no lo pudieron vivir. 

Paula Arraigada trabaja como asesora parlamentaria, cuenta también con un largo recorrido político que casi la sienta en una banca como representante de la agrupación La Nelly Omar, un espacio dentro del peronismo con perspectiva de género y que presta especial atención a las identidades travesti trans, entre otros colectivos. 

Paula recupera del pasado la presencia de no pocas luchadoras, pero se preocupa por el presente,  “Esto -afierma- es un logro para las que no están, es una recompensa, es un homenaje que les debíamos a ellas”, pero subraya: “Hay que empezar a hablar de las que están vivas, porque se habla mucho de las que están muertas y de las que son famosas, pero no se habla de las que están vivas y luchan todos los días”.

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

“Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando”

 

Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”. 

¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?

Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.

¿Y sobre su salida del mismo?

Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.

En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?

Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.

¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?

Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.

¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?

Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.

¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?

Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.

En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?

Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.

¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?

Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.

¿Qué expectativa tiene ante la elección? 

La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y  tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.

¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?

Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.

¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?

Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.

¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?

En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y  escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.

¿Y la de Florencio Randazzo?

El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.

¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?

La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.