Criminalización de la protesta en Chubut

Criminalización de la protesta en Chubut

Sep 3, 2024 | Destacado 5, Vidas políticas

Seis personas que se manifestaban contra la aplicación del RIGI en la provincia fueron judicializados. También periodistas de medios sociales de comunicación.

Seis ambientalistas fueron denunciados por el vicegobernador de Chubut Gustavo Menna y otros dos diputados de Juntos por el Cambio por amenazas e incitación a la violencia en el marco de las protestas en contra de la adhesión al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

 El pasado 15 de agosto se aprobó en la Legislatura chubutense la adhesión de la provincia al RIGI, un nuevo hecho que se suma a las razones de la histórica lucha de los grupos ambientalistas contra la megaminería y la explotación de los recursos naturales en la región.

En el transcurso de esa jornada, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones del lugar para expresar su descontento por esta decisión, y se encontró con un fuerte dispositivo policial que rodeaba la Legislatura. Fue durante el cuarto intermedio, alrededor de las 17, que se dio un acalorado intercambio entre los ambientalistas y los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, que en ese momento estaban comiendo en un bar en las cercanías.

Este hecho resultaría en la denuncia de ambos legisladores, más tarde ampliada por el vicegobernador Menna, hacia seis personas: Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González. La mayoría de ellos son comunicadores sociales y activistas conocidos en la provincia.

Con un buen número de policías que lo rodeaba, y la grabación de una de las imputadas que se encontraba transmitiendo en vivo lo que sucedía, este grupo manifestante se acercó a la mesa de los diputados para comentar las implicancias del proyecto que acababa de ser votado. Y ante las respuestas negativas de los legisladores, y la creciente rispidez de la discusión, es que deciden dar por terminado el conflicto y retirarse tranquilamente del lugar por entre medio del cuerpo policial.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentra la incitación a la violencia, amenazas y la privación de la libertad y agresión a una menor de edad, hija de la diputada Aguilera. Esto fue repetido por muchos de los medios locales más importantes, que se empeñaron en señalarlos como culpables.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, una de las imputadas, comentó: “Obviamente lo que ellos denuncian no sucedió. Nosotros ingresamos estando la policía ya adentro del local y salimos completamente tranquilos, lo que demuestra a las claras que no hubo ningún delito en flagrancia, ni ninguna situación de violencia”.

Ante este hecho, se dictaminó una orden de prohibición de acercamiento a los acusados a 500 metros de la Legislatura, los diputados Aguilera y Juncos, y la menor involucrada. Esto, como mencionó Noelia, afecta directamente a la profesión de los imputados: “Entendemos que esto tiene que ver con acusar específicamente a los que somos comunicadores, como una especie de censura para que no podamos acceder a lugares estratégicos”.

Entre los ambientalistas acusados se encuentra el fotoperiodista y psicólogo Aníbal Aguaisol. “Soy licenciado en Psicología y trabajo en el Hospital de Rawson, que está a escasos 200 metros de la Legislatura. A mí me coartaba la posibilidad de poder ejercer mi trabajo”, dijo a esta agencia. De todas maneras, la orden fue posteriormente recurrida por los acusados, que consiguieron recortar el alejamiento a sólo 50 metros.

 

Modus operandi 

Este tipo de situaciones no forman parte de un hecho aislado sino que a lo largo de los últimos años en la provincia de Chubut los sucesivos gobiernos han realizado numerosas denuncias a grupos ambientalistas, que en su mayoría evolucionaron hacia la inocencia de los implicados.

En diciembre de 2021 hubo en toda la provincia durante una semana una sucesión de paros, manifestaciones y represiones en el marco de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, que permitía el extractivismo y la megaminería en la región, a pesar de la existencia de normativas previas que lo prohibía. Este suceso se saldó con numerosos vecinos imputados con delitos de obstrucción o de provocar incendios, entre otros.

Hoy son ocho los que aún quedan procesados. El pasado 22 de agosto, la jueza penal de Comodoro Rivadavia María Laura Martini resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba de los acusados. Este hecho provocó un ardid mediático dentro de la provincia y alrededores con el fin de desacreditar la figura de la misma jueza y repudiar su accionar.

“El Chubutazo”, como es denominado popularmente fue, en palabras del diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Santiago Vasconcelos, “una de las máximas expresiones en materia de lucha en defensa del ambiente”, donde una enorme pueblada sin precedentes consiguió derrotar el intento de introducir ilegítimamente la megaminería en la provincia.

El diputado agregó que “hubo una represión salvaje, y ahora hay una persecución en términos judiciales a  los vecinos que participaron en las revueltas”. De eso se trata la estrategia que tomó el gobierno de Mariano Arcioni, y que continúa el actual gobernador Ignacio Torres. “Es vergonzoso cómo se alineó el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el cuarto poder que es la prensa en contra de un grupo de vecinos para criminalizar la protesta y correr el eje”, apuntó.

Vasconcelos describió que “se hizo toda una campaña con todos los medios ligados al oficialismo y con el peso del Estado para criminalizar la protesta, porque además ni a los vecinos ni a mí nos llamaron para contar nuestras distintas versiones”.

Lo que se cuenta en los principales medios de Chubut es sólo una parte de la historia, mientras que sistemáticamente han ido silenciando la otra. Los mismos vecinos entrevistados comentaron que todo este “circo mediático” ha provocado una tendiente ola de descreimiento hacia estos medios por parte de la población general.

De todos los casos judiciales ninguno ha prosperado lo suficiente como para dar la razón al discurso del oficialismo. Sobre el caso de las protestas en contra del RIGI, Aguaisol expresó: “Estoy convencido de que esta denuncia no va a prosperar porque no hay elementos que permitan que esto se sostenga. Lo que preocupa es la utilización de la justicia para proscribir a comunicadores como es mi caso”.

Las continuas luchas por la protección del medioambiente en Chubut están lejos de cesar, la nueva adhesión al RIGI es prueba de ello. “Esto es la devastación total por treinta años, que la decide un gobierno que lo debate por una hora y que tiene un mandato por cuatro años”, explicó Silva. “Se entregan todo tipo de bienes, por mar, tierra y por subsuelo; mata a todas las industrias”, añadió.

Esta decisión implica dejar el ecosistema de la provincia a merced de las intenciones de la megaminería, y atenta contra las vigentes leyes medioambientales, que fueron en su momento importantes conquistas para los vecinos chubutenses. “La ley a la que se está adhiriendo establece que cualquier ley provincial que impida algún proyecto es nula y que cualquier litigio se resuelve en tribunales”, agregó el diputado Vasconcelos.

Y son muchas las consecuencias que ya ha provocado la megaminería en Chubut. El Lago Colhué Huapi, por ejemplo, al sur de la provincia fue secado casi en su totalidad por factores extractivistas. Grandes crisis hídricas azotan los campos de la provincia hace muchos años, y comprometen también el normal desarrollo de la vida de muchos vecinos que durante el verano tienen que sobrellevar épocas de duras sequías que los obligan a buscar nuevas formas de abastecerse de un recurso tan indispensable como es el agua.

 

Más respeto que soy tu abuelo

Más respeto que soy tu abuelo

Ago 29, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

La Policía Federal reprimió y lanzó gas pimienta a los jubilados que se manifestaban en contra del veto anunciado por Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso que permite recuperar una parte del recorte que la motosierra del Gobierno aplicó a los haberes de la Tercera Edad.

Antes de llegar a la esquina de Rivadavia y Combate de los Pozos, ya podía escucharse el ruido típico de una multitud que reclamaba. Los autos y colectivos comenzaban a circular con cuidado mientras grupos y más grupos de personas  concentraban frente al anexo del Congreso. El piso está lleno de papeles en los que se puede leer ‘’no al veto’’ y ‘’aumento de la jubilación ya”.

 ‘’Yo vengo acá cada miércoles pero este es un miércoles especial’’,  le dijo una mujer de entre el grupo de jubilados a una joven. Cuando terminó de hablar con ella, siguió diciendo, pero esta vez para todos: ‘’¡No a la motosierra de Milei!’’, ‘’¡No al veto de Milei!’’.

 El pasado miércoles, 22 de agosto, el Senado aprobó la reforma que busca actualizar los haberes de los jubilados. Si la norma se aplicara, los ingresos mensuales de la mayoría, los que cobran la mínima, llegaría aproximadamente a 316 mil, es decir apenas un 35% de la canasta básica de un jubilado. No obstante, Javier Milei anunció que está dispuesto a vetar la ley. Ante esta posibilidad, Jubilados de Izquierda, MJL CONAT, la Confederación Jubilados de la República Argentina, entre otras organizaciones más, convocaron a una concentración para luego marchar a Plaza de Mayo en contra del veto del presidente de la Nación.  

A medida que va llegando la gente, el espacio empezó a quedar chico. En el centro de la calle, se empezó a armar el núcleo de la concentración. Se saludaban entre los presentes, conversaban, repartían volantes y escuchaban una radio abierta, la previa de una marcha. De a poco, los cantitos empezaron a tomar cuerpo:

‘’¡Milei, basura, vos sos la dictadura!’’, gritaba un puñado de canosos y cavos. Pero el canto se dejó de escuchar porque fue reemplazado por abucheos cuando salió la Policía Federal para formar un cordón delante de la concentración de jubilados. Resultado, los manifestantes se aglutinaron aún más.

-A ver, decime. Cuando pasó lo de la universidad salimos todos, ¿y ahora nadie tiene un jubilado en la familia? -dijo una de las señoras, apoyada sobre la pared, mientras dejaba salir un suspiro cansado.

En la esquina, un poco más alejado de la concentración, otro jubilado, entrevistado por un periodista, decía que ‘’yo pago los servicios, pago mi alquiler. Tengo que tomar siete remedios. No me queda para comer’’.

 

Los carteles y pancartas eran expresivos de la situación dramática por la que pasan los jubilados: ‘’Si hay veto, hay calle’’ se afirmaba en uno de los carteles. ‘’¡Con los viejos no van a joder más!’’, dijo alguien y alrededor suyo vitoreraron el grito. 

Sin embargo, el clima del lugar se transformó cuando la policía salió de su inercia y se lanzó a reprimir. Se empezaron a escuchar gritos a la vez que las bocinas de los colectivos sonaban cada vez más. Los uniformados empezaron a lanzar golpes y gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes, que en su enorme mayoría pasaban los setenta años, y tuvieron que alejarse a la fuerza de la escena.

Una de las jubiladas se refregaba los ojos y le repetía a su compañero ‘’estoy bien, estoy bien’’, mientras a su lado, un chico, aturdido, estaba siendo atendido por cuatro personas al recibir de lleno el gas lacrimógeno en la cara. Las diferentes agrupaciones empezaron a los gritos para que de todas formas iniciara la marcha.

‘’Que tristeza, ya van a llegar a viejos ustedes’’ les gritaba, al pasar, una mujer a los policías que estaban a un lado. Su marido la llevó hacia él con el brazo, a modo de cuidado.

«Que tristeza, ya van a llegar a viejos ustedes’’ les gritaba, al pasar, una mujer a los policías que estaban a un lado. Su marido la llevó hacia él con el brazo, a modo de cuidado.

Aferrándose a sus conocidos, a las banderas o carteles que llevaban, la multitud de jubilados comenzó a cruzar la avenida Entre Ríos, desde donde estaba, frente al anexo de Diputados, hacia la Plaza Congreso. Acompañados del MST, el PTS, entre otros movimientos de izquierda y agrupaciones sociales, como el Polo Obrero, los jubilados dieron inicio a la marcha que terminaría frente a la Casa de Gobierno. 

 -Qué vergüenza, ¿a vos te parece que con la edad que tengo yo, tenga que venir acá? -le comentaba un señor que caminaba con dificultad a una mujer a su lado. Intercambiando opiniones, avanzaban por las mismas calles que meses antes estuvieron pobladas por manifestantes en contra de la Ley Bases, y que defendieron la educación pública.

Con carteles y al ritmo de las cacerolas, se escuchaba ‘’¡Jubilados, carajo! ¡Jubilados, carajo!’’. 

Mucha gente que circulaba por el lugar, en autos o por la vereda, se detenía para transformarse en testigos de esa multitud de mayores que marchaban hacia Plaza de Mayo. Algunos iban ayudados por bastones, por el brazo de su acompañante o incluso una señora en silla de ruedas participaba de la protesta. ‘’Trabajadora y, ahora, luchadora jubilada’’ comentó a ANCCOM.

Un grupo de turistas observaba mientras su guía les explicaba un poco del descenso al infierno que venía atravesando Argentina. 

La policía, después de reprimir y dejar varios heridos, siguió la marcha a un costado, cumpliendo con el protocolo de Patricia Bullrich. Los manifestantes, siempre cantando.

‘’¡Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, basura, vos sos la dictadura!’’

Atravesando Plaza de Mayo, los gritos se volvieron cada vez más fuertes. Aquellos que se encontraban sentados, esperando en el lugar, se pusieron de pie para caminar junto al resto hacia las rejas de la Casa Rosada. Aún acompañando la protesta con el ruido de las cacerolas, comenzaron a cantar ‘’por un paro general’’. 

 

Alrededor de las seis de la tarde, después de horas de cánticos y gritos, después de haber recibido golpes y gases lacrimógenos por parte de la policía, los jubilados y jubiladas empezaron a desconcentrarse lentamente y finalizaron otro miércoles más de reclamo.

Movilidad jubilatoria adentro, dietazo afuera

Movilidad jubilatoria adentro, dietazo afuera

Ago 22, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

Con una novedosa mayoría de dos tercios, compuesta por legisladores de Unión por la Patria, una parte del radicalismo y fuerzas provinciales, el Senado de la Nación aprobó la reforma que busca actualizar, al menos una parte, de los haberes de los jubilados. Dura derrota del gobierno de Javier Milei que amenaza con vetar la norma.

La reforma a la fórmula previsional que aprobó hoy la Cámara de Senadores establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluye una compensación por única vez del 8,1 por ciento e incrementos anuales equivalentes a la mitad del aumento de los salarios, que supere la inflación. La sanción de esta norma implica una dura derrota política para el gobierno de Javier Milei.

El objetivo de la norma, según el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria –quien luego debió retirarse del recinto por el fallecimiento de su madre–, es recuperar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para cubrir la canasta básica debido a un retraso en los ajustes desde diciembre de 2015. Recalde señaló que los recursos para solventar esta situación están disponibles, pero se destinan a otros fines, y consideró que aprobar esta ley es una cuestión de justicia social.

El debate duró casi cuatro horas y 22 senadores hicieron uso de la palabra. Hubo opiniones y posturas mixtas, pero en general favorables a la sanción. Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, expresó: “Este proyecto no debería tener más dilación, es una medida que únicamente busca ayudar a la población más vulnerable, los jubilados y jubiladas”. El oficialismo, minoritario en la Cámara, buscó modificar y eliminar artículos, entre ellos el número 3, que propone la compensación de 8,2% aplicado desde julio y no retroactivo a febrero.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 61 votos a favor y 8 en contra. Los dos tercios le condicionan la posibilidad del veto presidencial, anunciado en la previa por el propio Milei: “No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente”, había posteado días atrás en la red X.

Los dichos del mandatario fueron ratificados a su turno por el vocero, Manuel Adorni: “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”. Pero al haber sobrepasado los dos tercios en Diputados y en el Senado, ambas cámaras podrían impugnar el veto presidencial.

El bloque libertario, en tanto, se propuso eliminar varios artículos para mitigar el impacto fiscal. Bartolomé Abdala calificó la flamante ley como un reclamo netamente político y pidió por una normativa que no sea susceptible de veto. No obstante, pese a las advertencias del Gobierno, el proyecto avanzó y se aprobó.

¿Aumento o congelamiento?

Tras la sanción de la movilidad jubilatoria, el debate continuó con el “dietazo” de los senadores –cuyo ingreso mensual alcanzaría los 9 millones de pesos–, un anuncio que provocó el amplio rechazo social.

Convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la sesión especial se centró en la discusión de dos propuestas, una de ellas del senador formoseño José Mayans, que plantea un tope equivalente a 20 salarios mínimos, lo que reduciría significativamente el monto a un aproximado de 5 millones. La otra propuesta, impulsada por el cordobés Luis Juez y respaldada por el PRO y La Libertad Avanza, propone revertir los aumentos anteriores y fijar las dietas en menos de dos millones.

La decisión del cuerpo fue congelar los haberes de los senadores hasta diciembre. La resolución, aprobada por mayoría, establece que toda actualización sea suspendida. Así, los legisladores seguirán percibiendo un ingreso mensual de unos siete millones de pesos. Veinticinco veces más que un salario mínimo.

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

Ago 22, 2024 | Destacado 5, Vidas políticas

El exlegislador porteño del MST, Alejandro Bodart, fue absuelto en el juicio iniciado por la DAIA que lo acusaba de violar la Ley Antidiscriminatoria a partir de dos twitts donde opinaba sobre los ataques contra el pueblo palestino.

El exlegislador porteño Alejandro Bodart, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), fue absuelto ayer, 21 de agosto, en el juicio que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevó a cabo en su contra por opiniones que entendían como discriminatorias y antisemitas.

“Hemos triunfado”, lanzó Bodart al salir del juzgado. La frase disparó la ovación de los militantes y dirigentes de su partido, quienes lo recibieron bajo una leve lluvia fuera del recinto con un micrófono, parlantes, banderas partidarias y pancartas que rezaban: “Defender a Palestina no es delito”. Mientras tanto, entonaban “contra el silencio y el Apartheid, vamos a la calle, Palestina va a vencer”.

“Ha sido un juicio político, donde se ha podido, a través de los testigos y de la defensa excepcional que he tenido, contrarrestar este intento de bozal por parte de la DAIA para que los que defendemos la causa de Palestina nos callemos la boca”, prosiguió el ahora absuelto, para luego ceder el micrófono a sus abogados defensores, María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, ambos integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CoRRePI), a quienes agradeció por haber “defendido la causa con el corazón, además de con el derecho”.

Verdú señaló: “Para CoRRePI ha sido un honor y se trata de una cuestión de principios, es parte de nuestra práctica cotidiana en la militancia antirrepresiva la defensa de cualquier persona represaliada por lo que dice o hace en el ámbito de la militancia social. Pero se facilita mucho más cuando, además, compartís y estás convencido de lo que hay que defender en el caso concreto. Acá no tuvimos que hacer malabares porque no estábamos de acuerdo con algo que hubiese dicho Alejandro Bodart y que fuera motivo por el que llegó a juicio. Es nuestra propia convicción porque sabemos que defender Palestina no es delito”.

Jalil, visiblemente emocionado, agregó: “Desde esta sangre que corre por mis venas, por los ancestros míos, por su cultura, por su creencia, por su fe, por lo que fuere… traigo el agradecimiento de un pueblo que está siendo brutalmente exterminado por un enemigo de la humanidad que se llama sionismo. El Estado genocida de Israel se está comiendo a cada uno de mis hermanos. Tengo aquí la foto de la casa de mi prima bombardeada en el sur de Beirut ahora, hace escasos cuatro días, cuando estábamos sentados acá dentro”.

También aprovechó para saludar a la convocatoria: “Algunos dirán ‘¿pero qué hace esa gente ahí?’. Esa gente aquí está levantando la bandera más hermosa que nosotros conocemos que es la de la solidaridad internacionalista, porque creemos fervientemente en que si tocan a un ser humano con un acto de injusticia, están tocando a todos los seres humanos de la Tierra”. Para terminar, destacó: “Durante todos estos días, la parte acusadora miraba para atrás y tenía una pared. La otra parte, tenía compañeras y compañeros. No hay ninguna posibilidad que nos derroten mientras exista este compromiso.

Antes de la foto de rigor con todos juntos para cerrar el acto, Jalil retomó el micrófono y dedicó la victoria “en memoria de Norita Cortiñas”, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien estaba anotada como testigo por la defensa pero falleció el pasado 30 de mayo.”

La acusación

Los dichos que la DAIA apuntó contra Bodart para el litigio fueron “Sionistas=Nazis” y “74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar”, ambos vertidos en la red social entonces llamada Twitter (ahora X) por el exlegislador porteño en mayo de 2022.

La acusación fue por discriminación, en el marco de la Ley N° 23592, y por antisemitismo, en los términos de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por su siglas en inglés), que, en su punto décimo, entiende como antisemita “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”.

Consultada al respecto por este medio, Verdú aclaró: “Esa es una definición que ha sido votada en algunas legislaturas, pero que no tiene carácter vinculante ni mucho menos es una ley penal, entonces no puede modificar el Artículo 3º de la Ley Antidiscriminatoria, que era el delito aquí imputado. Pretender asimilar, como lo hace esa definición, la crítica a una política de Estado con el ataque a un pueblo sería lo mismo que decían los defensores del genocidio y la dictadura cívico militar eclesiástica argentina cuando hablaban de la campaña anti Argentina porque denunciábamos los campos de concentración, los chupaderos, los desaparecidos y desaparecidas y reclamábamos el fin de la dictadura”.

Comentó también sentir “una enorme alegría por haber logrado este resultado exculpatorio. Era evidente que tenía que ocurrir, si esto hubiese sido una simple cuestión jurídica nunca hubiéramos llegado a la instancia de debate porque la acusación era completamente infundada”. Y concluyó: “El anticipo que hizo la jueza Molina no nos deja dudas de que estuvo muy atenta y valoró como corresponde cada uno de los testimonios que explicaron cuál es la posición frente a la causa Palestina y porqué denunciar los crímenes de Estado, de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel no es, en modo alguno, un acto antijudio ni antisemita. Todo lo contrario, la propia colectividad judía defiende el derecho a la existencia del pueblo palestino tanto dentro del propio Estado de Israel como en el resto del mundo donde levantan la consigna ‘no un genocidio en nuestro nombre’”.

En cuanto a los testimonios, estos “incluyeron el del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de personalidades insignes en la defensa de la causa judía como Laura Alche, viuda de una de las víctimas de la masacre impune de la AMIA. Como dijo Myriam Bregman cuando declaró, quienes padecen en carne propia el antisemitismo y el antijudaismo se dan cuenta perfectamente cuando se trata de un agravio, de un demérito o de una discriminación y cuando se trata de cuestionar una posición política, como es el sionismo, que es una corriente política dentro de la colectividad judía pero que no es equivalente a la comunidad judía”.

Justamente, en mayo, el presidente de la AMIA también acusó de antisemita a Adolfo Pérez Esquivel por expresar que “la educación es para generar conciencia crítica, hombres y mujeres libres y no esclavos, no gente sometida a estos poderes que quieren hacer de nuestro país una colonia de Estados Unidos y de Israel” en su discurso en el acto de la marcha universitaria realizada en el mes de abril.

A mediados de julio, la DAIA también había acusado de “terrorista” al periodista Alejandro Bercovich, por cuestionar el discurso del titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) al señalar que “la dirigencia comunitaria está librando otra batalla, otra guerra, aunque decirle guerra a lo que pasa en la Franja de Gaza es una exageración imperdonable”.

Otro caso resonante se dio en 2023, cuando la DAIA intentó impedir la realización del show de Roger Waters en el Estadio Más Monumental, de River Plate, por acusarlo, otra vez, de antisemitismo, al criticar el accionar del Estado de Israel.

Al ser preguntado por estos casos desde ANCCOM, Jalil acotó: “Este fue el avance más osado que han tenido porque lo que intentan desesperadamente es frenarnos. Esto es la prueba de la derrota estratégica del sionismo, los pueblos del mundo no compran más el discurso de que ellos son los judíos”.

De paso, criticó a los medios de comunicación “que se callaron, ningunearon y ocultaron lo que es capaz de hacer el Estado de Israel y que también están colonizados en alguna medida. A ver si ahora se atreven a decir lo que aquí ha pasado.

Por su parte, Bodart comentó a ANCCOM: “El triunfo es importante porque querían sentar un precedente, el de que por criticar al sionismo y al Estado de Israel podrías ser motivo de una sanción judicial penal. Esta resolución permite que la causa Palestina se fortalezca y que la gente no tenga temor a hablar para que no le hagan una causa”.

No es el único dirigente político que defiende la causa Palestina. Consultado acerca de por qué entiende que lo judicializaron a él, respondió que “yo vengo insistiendo con que el Estado de Israel se creó sobre la base de hacer una limpieza étnica en un pueblo. Lo cual no quiere decir que tiene que desaparecer la gente que está dentro, porque los Estados son instituciones jurídicas, pero yo creo que hay que volver a antes de 1948 y que tiene que haber un Estado Palestino único y laico en la región”.

Sobre la DAIA, declare: “Acá han querido demostrar que cuando yo digo eso, quiero hacer desaparecer a la gente. Hicimos desaparecer el Estado nazi, no quiere decir que íbamos a matar a todos los alemanes. Aparte, los Estados nacen, crecen y desaparecen permanentemente. Ese Estado es un enclave colonial que se ha construido sobre la base de traer población extranjera y, por cada extranjero que viene, intentar echar a un palestino para que viva en condiciones inhumanas”.

Este conflicto legal se inscribe en medio del aumento de las incursiones israelitas en terreno palestino por las cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró “alarmada” recientemente debido a la cantidad de asentamientos ilegales que Israel ha ido instalando en Cisjordania y Jerusalén, denunciando que atentan contra el derecho internacional, como reseña El País.

Sobre el rol de la Fiscalía, criticó que “actuó completamente colonizada por la DAIA, incluso conociendo poco sobre medio oriente, porque se demostró que no conocían, fue más ofensiva que la propia DAIA. Se supone que la Fiscalía tiene que defender una cosa pero ser ecuánime, acá la ecuanimidad se fue al diablo a tal punto que pidió más pena que la DAIA”.

Al cierre de esta nota, ANCCOM quiso contactar a representantes de la DAIA pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la insticuón publicó en X un comunicado en el que menciona que “el 28 de agosto se informarán los fundamentos y, posteriormente, la DAIA interpondrá su Recurso de Apelación”.

La sentencia se leyó en el Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la jueza Natalia Marcela Molina, ubicado en Suipacha al 150, a tres cuadras del Obelisco.

Reforma, reelección y después

Reforma, reelección y después

Ago 22, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

Este jueves se cumplen 30 años de la última reforma constitucional que, entre otras cosas, permitió la reelección de Carlos Menem e incorporó a la legislación argentina los tratados internacionales que amplían derechos. Convencionales constituyentes y constitucionalistas analizan sus luces y sombras.

“Todas las reformas constitucionales importantes salieron de momentos de crisis”, expresó en diálogo con ANCCOM Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, jurista y sociólogo, al ser consultado acerca de la reforma constitucional de 1994, de la cual se estarán cumpliendo 30 años el próximo jueves 22 de agosto. Este hito histórico, que llevó tres meses de debate mediante una convención constituyente, significó un antes y un después en cuanto a la incorporación de derechos y le devolvió a la Constitución Nacional una legitimidad que había sido puesta en duda.

El “Núcleo de Coincidencias Básicas” fue el antecedente más directo de esta reforma. Más conocido como Pacto de Olivos, este suceso estableció un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país en ese momento: el Partido Justicialista (PJ), encabezado por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem, y la Unión Cívica Radical (UCR), representada por Raúl Alfonsín, expresidente de la república. Si bien durante la presidencia radical ya se había iniciado la búsqueda de una reforma a través de la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, no es hasta 1993, en el mandato menemista, que el proyecto comienza a ver la luz gracias a los acuerdos establecidos entre ambos dirigentes en la Residencia Presidencial de Olivos.

Roberto Gargarella, especialista en derechos humanos, democracia y derechos constitucionales, sostuvo que la reforma tiene que ser explicada a través de dos contextos diferentes pero inseparables. Por un lado, el contexto político de ese momento: “Mirado de cerca tuvo mucho que ver con una extorsión que hizo Menem dispuesto a hacer cualquier cosa, buscando su reelección, que la vieja Constitución impedía”. Y, por parte de Alfonsín, fue un intento de frenar el momento de quiebre al cual se dirigía su fuerza política. En el mismo sentido Eduardo Barcesat, uno de los doce constituyentes electos de Capital Federal por el Frente Grande, agregó: “Afortunadamente, cuando el proyecto llega al Congreso, se habilitaron otros temas más allá de los previstos en el Pacto de Olivos, que favorecían a que se contemple al pueblo de la Nación Argentina y son los que dieron mayor brillo a la reforma constitucional del año 94”.

Gargarella también analizó que vista desde lejos, “la reforma encaja en una serie de procesos que se daban en esos años en América Latina. Estas reformas que se dieron a fines del siglo XX hablan de un modelo latinoamericano de pensar el constitucionalismo que tiene algo muy interesante y algo muy preocupante”. Poniendo a la Constitución mexicana de 1917 como el punto de inicio de dicho modo de pensar, el abogado y jurista explicó que su importancia radica en la incorporación que hubo en materia de derechos económicos y sociales en una Constitución Nacional. No obstante, destacó que estas constituciones que incorporan reformas tan profundas y radicales -entre las que incluye a la reforma argentina del ‘94- presentan una contracara: el constitucionalismo latinoamericano, por un lado, proyecta “una cara progresista, avanzada, de cambios y más acorde al siglo XXI” en lo referente a la incorporación de tratados de derechos humanos como bandera principal pero, por el otro, presenta “una cara conservadora, verticalista, reaccionaria y desconfiada de cualquier democracia que se visualiza en la organización del poder”.

De este modo, la aplicabilidad de los derechos que se reglamentaron en la Carta Magna se ven limitados por los obstáculos generados debido a la jerarquía de poder que se establece entre los jueces, los legisladores y el Ejecutivo. “La mala noticia es que las dos partes de la Constitución no caminan solas, una toca la otra. Lo que no se hizo en materia de organización y preservación del poder termina limitando lo que podemos hacer en materia de derechos”, sentenció el jurista.

Tres meses de deliberaciones

Entre el 25 de mayo y el 22 de agosto 305 convencionales que representaban a 18 fuerzas políticas debatieron y sancionaron la reforma de 44 artículos de la Constitución.

En las gradas del paraninfo de la Universidad del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe, se llevaron a cabo gran parte de las sesiones de la Convención Constituyente. Estaban “llenas de representantes de los pueblos originarios, con sus cánticos, sus banderas y sus brazos en alto”, comentó Barcesat, al referirse al debate sobre el Iinciso 17 del Artículo 75 de la reforma que significó una reparación histórica para estas comunidades al serle reconocido su derecho inajenable sobre sus tierras ancestrales. Sobre el cambio en la titularidad de los recursos naturales a partir de la reforma, a favor tanto de la propiedad provincial independiente de nación como del reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, el constituyente sostuvo: “Es el derecho a la titularidad de los pueblos, no de los Estados o del Gobierno, sobre el conjunto de sus riquezas”. A su vez, este abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, resaltó otra cláusula que también generó “gran emotividad popular”: la incorporación novedosa de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que sentaron un gran precedente. Con apoyo de diferentes organismos se incorporaron el habeas corpus y el habeas data, incluyendo la desaparición forzada de personas como motivo para su pedido.

El resto de las sesiones de la Comisión se desarrollaron en Paraná, la capital entrerriana. Durante los tres meses que llevó el debate, las posturas respecto a la modificación de la Constitución se mantuvieron divergentes. “El análisis histórico que hicimos en aquel momento estuvo muy salpicado por la activa oposición de quienes estaban contra la reforma”, aclaró María del Carmen Feijoó, socióloga, investigadora y convencional constituyente electa del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires. Y continuó: “Pertenece a un tiempo en que la actividad política o partidaria era una actividad totalmente priorizada en el grueso de la sociedad”. Aunque respecto a este punto, Barcesat acotó que la reforma también “tenía una prensa totalmente adversa”.

Entre otros de los derechos incorporados a la Carta Magna se encuentran los referidos al amparo, al medio ambiente sano, al secreto de las fuentes periodísticas y a la defensa de usuarios y consumidores. Creó, además, nuevas figuras como la del Defensor del Pueblo y la del Jefe de Gabinete y estableció novedades referentes a la elección del Presidente, tales como su elección directa, la posibilidad de ballotage, la reducción de su mandato de seis a cuatro años y la posibilidad de su reelección. Por otro lado, se incorporaron mecanismos de democracia semidirecta, dotados de mayor participación ciudadana, como la iniciativa y la consulta popular.

Sin embargo, a pesar de que la reforma introdujo innovaciones en materia de derechos, hay cuestiones que hasta el día de hoy siguen siendo problematizadas como, por ejemplo, la aplicabilidad real de estas incorporaciones. “Para la efectividad de estos derechos hay que hacer una obra de ingeniería social que ponga en conexión el derecho reconocido con la necesidad de que se implemente en la vida material y cotidiana. Si esto no se implementa en normativas y prácticas sociales que lo hagan posible, queda como una especie de nube jurídica que flota sobre nosotros pero que no transforma la realidad pero que desgraciadamente padecemos”, explicó Barcesat.

“Infames traidores a la patria”

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Artículo 29 Constitución Nacional

“El DNU y la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida, constituyen un engendro normativo”, declaró Barcesat. El constitucionalista hizo hincapié en el desprecio que tiene la actual presidencia libertaria, y en particular el mandatario Javier Milei, por el texto constitucional, puntualmente en referencia a la delegación de facultades que le fueron cedidas por aprobación principalmente del oficialismo y la Unión Cívica Radical, durante su tratamiento en el Congreso.

 

Barcesat reflexionó sobre el Artículo 29 de la Constitución Nacional, originario de la constitución de 1853, en donde se condena cualquier hecho de violencia que subsuma la vigencia de la misma con la calificación de ‘infames traidores a la patria’ a quien inste contra la división de poderes. Lo relacionó con el Artículo 39 que fue incorporado en la última reforma y en el que se agrega que todos los ciudadanos argentinos tienen el derecho a la resistencia contra quienes efectúen este tipo de actos de violencia institucional. Considera que “se ha pisoteado” la Constitución Nacional en la actual gestión, que no tiene respeto alguno por su validez y que constituye el principal motivo de la enorme cantidad de juicios políticos que se han desplegado contra el presidente. Explicó que este desempeño debería significar en la práctica la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos y la nulidad de aquellos actos que se realicen y que por ningún motivo deberían ser permitidos ni quedar impunes. En cuanto al cumplimiento de la misma puntualizó: “Si esta Constitución se aplicara con honestidad habría más protección a lo que llamamos soberanía política, independencia económica y justicia social”.

“Sin fuerzas políticas, sin Estado, lo que hay por delante es el abismo”, declaró Feijoó en diálogo con ANCCOM, en referencia al resquebrajamiento de la dirigencia política actual que, según la socióloga, lleva tiempo derrumbada en una profunda decadencia. Agregó que “la capacidad de renovar un proyecto de convergencia nacional, tiene como condición sine qua non el fortalecimiento de los partidos políticos”. Es decir, que no hay posibilidad de que se consolide un mismo modelo de país sin la condición necesaria de la refundación política, de la que la especialista en desarrollo social, educación y pobreza no ve más que algún destello de lo que supo ser. Feijoó reflexionó acerca del deterioro en el debate político, que ha perdido su profundidad y se refleja en la calidad de la formación de la clase política. Como ejemplo, mencionó la “pobreza franciscana de los últimos debates presidenciales”. Y analizó las causas de esta fragmentación como fruto de diferentes “avatares socioeconómicos” que Argentina ha atravesado en las últimas décadas y dejando consecuencias determinantes en la representación política.

¿Una reforma en el horizonte?

“Así como vivimos una revolución de los derechos en el siglo XX, hoy debemos tomar conciencia que hay un rezago en materia democrática que es tan devastador como lo fue la crisis de los derechos en los 50 después de la debacle del fascismo”, declaró Gargarella, al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional que se aggiorne a los tiempos actuales. Y agregó: “Hoy por hoy hay cosas importantes que se pueden hacer más allá de la reforma. Lo que sí deberíamos mejorar es el diagnóstico de lo que estamos haciendo. La pregunta es cómo el ciudadano común pasa a tener un rol más relevante en la vida constitucional”. Y advirtió: “La democracia no puede ser reducida a elecciones”.

Sobre una futura reforma se expresaron con miradas disímiles Feijoó y Barcesat. Mientras que la primera cree que no es necesaria, Barcesat se autodenomina como reformista del texto constitucional: “Creo que ya se abrió el camino para una nueva reforma” y se refirió a los puntos que le interesaría incorporar: “La integración del dominio y soberanía argentina sobre las islas Malvinas y su sector antártico. Pero además los espacios marítimos y aéreos sobre el territorio”.

«Los diputados visitando a genocidas es la ruptura del pacto democrático”

«Los diputados visitando a genocidas es la ruptura del pacto democrático”

Ago 20, 2024 | Destacado 4, Entrevistas, Vidas políticas

Juan Pablo Csipka habla de «Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en la Argentina», un libro en el que desgrana la transición de los 80, desde el fracaso económico de la última dictadura y su derrumbe hasta los juicios a la Juntas y la asonada militar de Semana Santa.

 

“Desde el primer momento, el objetivo de Alfonsín era evitar otro golpe de Estado”, comenta Juan Pablo Csipka, periodista, investigador y autor del libro Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en la Argentina (Editorial Marea). Csipka se centra en el levantamiento de Semana Santa de 1987, un momento crucial que sintetiza las tensiones políticas y sociales de la época. El autor utiliza este evento como hilo conductor para analizar el período que va desde la descomposición de la dictadura en 1980 hasta los años 90.

 

¿Cómo surge el libro? ¿Qué te llevó a centrarlo en la transición democrática?

Siempre me interesó el concepto de transición democrática, ver cuáles fueron los límites de esa transición. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? No hay una convención. Yo digo que la transición empieza, no en Malvinas, sino dos años antes, en 1980: ahí empieza la descomposición de la dictadura. El trabajo sucio ya estaba hecho, y comienzan a exportar la represión ilegal a Centroamérica para reprimir la Revolución Sandinista porque ya no había a dónde más reprimir acá, pero los grupos todavía estaban enviciadísimos. Empieza el descalabro económico, colapsa el modelo de (José Alfredo) Martínez de Hoz. Se produce el recambio de (Jorge Rafael) Videla por (Roberto) Viola, y Viola cae por un golpe interno que le hace (Leopoldo) Galtieri. Este periodo culmina en el verano del 91 con la derrota definitiva de la amenaza carapintada, cuando Carlos Menem reprime en diciembre del 90 como no había podido hacer Alfonsín. En el medio están los indultos: impunidad para todo el aparato represivo y la economía más o menos estabilizada. Volvemos al orden de 1980, es una transición que termina de manera agridulce.

 

En el libro vas narrando y corrigiendo varios equívocos de esa década, como que la Obediencia Debida fue la consecuencia directa del alzamiento pero que Alfonsín ya tenía un borrador, en realidad.

El alzamiento es la reacción al Punto Final. En el verano del 87 vence el plazo de los 60 días que habían dado para hacer las denuncias y en febrero empiezan las citaciones, y los militares están en una situación de sospecha, no se define quién tiene que ir, quién va a ser el próximo y hay un despelote bárbaro. En el medio, Alfonsín va a Las Perdices, un pueblo de Córdoba. Típico acto de presidente de antaño en la Argentina, dice que va a enviar un proyecto de ley que amplíe el alcance del Punto Final, estaba tranquilizando al generalato. No nombra la Obediencia Debida, pero dice que hay militares que actuaron por coerción. Después vino Semana Santa y ese acto quedó en el olvido, pero los carapintadas se han querido quedar con la memoria histórica de decir que la Obediencia Debida la lograron ellos. Otro mito es que el alzamiento de Semana Santa no fue un intento de golpe de Estado; Semana Santa se propuso un objetivo y lo consiguió, e incluso uno podría pensar que realmente buscaban llegar al punto extremo de la reunión con Alfonsín cara a cara y después dejar la imagen de él y la victoria de “sacamos la ley”. La ley iba a salir, el tema es que las condiciones del debate son muy distintas por lo que pasa en Semana Santa.

 

Durante la campaña presidencial, Alfonsín habló de “los tres niveles de responsabilidad”: los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que se excedieron. ¿Por qué el gobierno no quería continuar hacia abajo con los juicios por violaciones de Derechos Humanos?

Había mucho desgaste, Alfonsín consideraba que eso consumía todo su gobierno. Consideraba que alcanzaba con juzgar a los comandantes, o sea a los que dieron las órdenes y a los que se excedieron. Algunos nombres emblemáticos de la represión: (Ramón) Camps, a (Alfredo) Astiz él lo quería ver en cana. Y tenía esa lógica de los políticos de la guardia vieja, había que reprimir porque había guerrilla, había insurgencia. Hubo excesos, no consideraba la idea de plan criminal. Reivindicaba la lucha contra el terrorismo, pero nunca iba a reivindicar y aceptar el terrorismo de Estado. Además, era un desgaste muy grande juzgar durante todo su mandato. El juicio a las Juntas termina cuando se cumplen dos años de mandato, un tercio de la presidencia. En el debate del Punto Final él lo plantea en cadena nacional: ya llevo la mitad de mi mandato con esto, diciendo entre líneas: es un desgaste tremendo, hasta qué punto el sistema democrático puede estar tensionado y sufrir la posibilidad de un nuevo golpe si avanzamos.

 

¿Cómo influyó la “Teoría de los Dos Demonios” en la percepción y el tratamiento de las violaciones de derechos humanos en este período?

Hay un libro a comienzos del 84 que es Montoneros, la soberbia armada de Pablo Giussani, que después es una especie de periodista oficial de Alfonsín. En ese libro defenestra a Montoneros; empieza, muy tenebrosamente, a plantear que tenían una estructura que quería equipararse a los militares: cómo manejaban la militarización, ciertos aspectos de mesianismo, y eso armó un debate muy complicado. El propio Alfonsín habilita ese debate con los dos decretos: el 157/83 que procesa las cúpulas de Montoneros y el 158/83, a los comandantes, el propio presidente está aquí haciendo la equiparación. Yo creo que es una cuestión de orden cronológico, o sea para poder juzgar la represión ilegal tenían que avanzar con lo que había generado esa represión ilegal.

 

En el contexto actual, ¿cómo ves la reivindicación de esta teoría por parte del gobierno de Javier Milei?

El gobierno actual va más allá, es la lógica de (Victoria) Villarruel de que hay un solo demonio: la guerrilla. Villarruel no acepta el concepto de terrorismo de Estado, lo ha reivindicado, y cuando habla de terroristas, dice terroristas a secas, habla de la guerrilla. Ni siquiera es negacionista, es justificadora y apologista directamente. La cuestión negacionista en estos últimos años ha alcanzado otros niveles, se discuten las cifras de desaparecidos. La represión fue ilegal, no se puede pedir exactitud. Llegaron al extremo de agarrar a un mitómano, lo de Luis Labraña es vergonzoso, “porque yo inventé los 30.000”. Es mitomanía pura.

 

¿Y sobre la “memoria completa”?

El concepto de memoria completa me interesa porque se le podría haber dado una vuelta de tuerca que lamentablemente no se le dio, que es usarlo en el sentido de referirnos a la represión ilegal por el lado de los militares, pero hay un sector que quedó muy solapado, que nadie le dio demasiado interés, que es el bloque civil de la dictadura. Ese para mí sería el uso más interesante de memoria completa, los civiles. ¿Dónde están los civiles? Martínez de Hoz, todos los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central, los ministros que fueron civiles, los empresarios de medios colaboracionistas: Ford, dentro de nuestro gremio Atlántida, Para ti. Eso para mí es memoria completa. Y la derecha se lo apropió por el tema de la lucha insurgente.

 

Para mí, el uso más interesante de memoria completa sería preguntarse por los civiles: Martínez de Hoz, todos los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central, los ministros que fueron civiles, los empresarios colaboracionistas: Ford, dentro de nuestro gremio: Atlántida, Para ti. Eso para mí es memoria completa. Y la derecha se lo apropió por el tema de la lucha insurgente.

Juan Pablo Csipka

¿Cómo influyó el cambio del programa económico en 1975 en la configuración de las políticas económicas argentinas y el desarrollo del neoliberalismo en el país?

En 1975 se abandona el patrón de la sustitución de importaciones y entra el rentismo financiero. No es un fenómeno local solamente, es un cambio de paradigma en el mundo. La crisis del petróleo había generado una inflación altísima, estancamiento económico, ahí es cuando empieza la cuestión del neoliberalismo. Y esto va de la mano de otra cuestión que se asemeja al 30, cuando entra en colisión la idea de democracia y capitalismo. En el 75, 76, también: el nuevo programa no se podía aplicar en democracia. En 1930 alcanzó con el Estado policial: la policía haciendo inteligencia, torturando, represión pero de baja intensidad. A partir del 76 toma una magnitud nunca antes vista. Además, la dictadura inventó algo con lo cual la democracia nunca se metió: la Ley de Entidades Financieras del 77, que le dio el monopolio, el manejo de la tasa de interés a los bancos. Timba, timba, timba. El alfonsinismo no terminó de entender el cambio brutal de la economía argentina. El que lo asimila es Menem, quien completó la obra, y no lo dimos vuelta, esa es la gran derrota. Destrozaron la capacidad de transformación de la sociedad argentina. La política a partir de 1983 no es lo que era antes del golpe del 76. El Estado se convirtió en una máquina de recaudar solamente para pagar deuda, nada más. No hay plan de desarrollo.

 

***

 

Según Csipka, la Argentina experimentó tres hitos importantes en este siglo: la crisis de 2001, la pandemia y en el medio, el conflicto por la Resolución 125 en 2008. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la política argentina y tuvo repercusiones que se extienden hasta el presente. «La 125 es el acta de refundación de la derecha argentina. No se puede entender la presencia de (Mauricio) Macri sin la 125. El hecho de que la clase media haya asumido el discurso de la Sociedad Rural, o sea, gente que tiene dos macetas en el balcón, acompañando a tipos que tienen 50.000 hectáreas. La gran deuda pendiente de Argentina es que no cambiamos la matriz de la dictadura. La dictadura triunfó de punta a punta. Nos pasaron por arriba y no se pudo regenerar otra cosa”.

 

No hay más amenaza golpista, pero no se ha revertido la matriz económica de la dictadura. ¿Cómo ves el estado actual de la democracia en Argentina?

Uno pensaba que después del 83 la democracia estaba consolidada en términos políticos, el “pacto democrático”: no al golpismo, no a la tortura, no a la violación de derechos humanos. Podemos discutir políticas económicas más a la izquierda, más a la derecha, pero después hay cuestiones que están fuera de discusión: Astiz tiene que estar preso. Y eso entró en duda estos últimos tiempos. Creo que el kirchnerismo se quedó a mitad de camino con el tema de no meter el debate crítico/autocrítico de la lucha armada de las organizaciones. Se generó toda una cuestión revanchista: el curro de los derechos humanos, que ante cualquier emergencia Cristina sacaba a un nieto de un sótano y todo ese tipo de barbaridades. Y así llegamos a tener a Javier Milei y Victoria Villarruel, ahí tenés el estado de la política. Tenemos diputados yendo a visitar genocidas. Eso es lisamente ruptura del pacto democrático. La democracia argentina en términos políticos fue asombrosa por lo que hizo con su modelo de Memoria, Verdad y Justicia, porque no tiene precedente lo que hace el gobierno de Alfonsín. A mí me hubiese gustado, como a todos, que no hubiese habido indultos, ni Punto Final, ni Obediencia Debida. Retrocedimos, avanzamos.

 

Y por último, pero volviendo un poco al principio del libro, me interesa el nombre, Una batalla de todos los días.

Es un fragmento de un discurso de Alfonsín. Me llamó la atención, y un poco lo sintetiza la frase, es la idea de que justamente Alfonsín dice que la democracia empezó el 10 de diciembre, pero la lucha sigue, tenemos que consolidarla. Ahí está la idea de la transición también, no es que de un día para otro pasamos de un sistema al otro. Si bien no es lo mismo el Estado de derecho que el Estado de una dictadura terrorista, el Estado de derecho había que construirlo día por día. Esta idea que Alfonsín tenía de juzgar; decía “vamos a juzgar a los militares”, pero no en el sentido revanchista, sino también en el sentido de garantizar que esto no vuelva a pasar.