La ley de la selva

La ley de la selva

Después de seis meses de debate, el Gobierno logró aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal. La norma prevé una reforma laboral regresiva, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de ocho empresas públicas y un régimen de inversiones con amplios beneficios para empresas multinacionales.

La Cámara de Diputados dio Sanción definitiva a la Ley de Bases con 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Los diputados y diputadas sancionaron una norma que incluye una reforma laboral regresiva, la privatización de ocho empresas públicas, un régimen de inversiones con amplios beneficios para empresas multinacionales y facultades extraordinarias para eliminar, modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar organismos y fondos públicos,.

A las 12.25 del mediodía de ayer, el oficialismo logró el quorum y se inició una sesión que duraría más de 14 horas. Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, fue uno de los primeros oradores: “El Presidente le dice a los argentinos que le trataron de hacer un golpe de Estado. ¿Qué hace acto siguiente? Se va de vacaciones. ¿Somos conscientes de lo que significa eso?”, cuestionó Santoro.

Durante la sesión de la Cámara Alta, dos semana atrás, se habían realizado cambios en la Ley de Bases en donde se votó la eliminación del listado de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, la continuidad de la moratoria previsional y unos pequeños cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales siguen en el listado de empresas a privatizar. Finalmente, ayer la norma fue sancionada con todas las modificaciones introducidas por el Senado, con el respaldo del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, gran parte de las partidos provinciales y un puñado de legisladores peronistas.

El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño denunció en conversación con ANCCOM hechos de corrupción en el Senado: “Nos parece que los cambios se hicieron con votos comprados, como los que vimos de la senadora (Lucila) Crexell que recibió una embajada frente a la UNESCO en París un día antes de votar a favor, porque es una senadora que había votado en contra del DNU, por ejemplo, y no estaba claro que iba a votar a favor”.

Sobre la reforma laboral, Del Caño señaló: “Va en contra de los tratados internacionales que tienen rasgos constitucionales en Argentina que plantean que toda legislación en relación a lo laboral debe ser progresiva, es decir que debe ampliar derechos, nunca puede haber una modificación regresiva que restrinja esos derechos, eso va a ser judicializado seguramente”. Del Caño aprovechó también para referirse a las 33 personas detenidas durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. De ellas, cinco continúan privadas de su libertad acusadas de “terrorismo”: “Inventaron causas para reprimir la protesta social intentando instaurar un régimen policial contra la protesta y fue ridícula la acusación de terrorismo a una persona que fue a movilizarse, que estaba saliendo del subte en un momento, y lo agarraron”.

Uno de los capítulos más peleados del debate fue el paquete fiscal, también llevado a votación anoche. Más precisamente los títulos referidos a Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazados por el Senado. Desde la oposición se anunció que van a judicializar la reincorporación del régimen de ganancias. «Los jueces van a recibir cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, sino por lo menos de 800 mil trabajadores que se le cambió tres veces su situación impositiva en los últimos 9 meses», advirtió desde su estrado Vanesa Siley (UxP). Desde las fuerzas oficialistas, Silvana Giúdici del PRO, retrucó en diálogo con ANCCOM: “Pueden judicializar todo lo que quieran, pero el Artículo 81 prevé en la Constitución Nacional que las adiciones o correcciones particulares, digamos parciales, se puede perfectamente en el proceso de la doble lectura de Diputados, corregirla y volverla al estado original, así que no creo que tengan demasiado efecto esa judicialización”. Algo que desde la oposición desmienten porque –señalan- los dos títulos del paquete fiscal poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias por lo que no pueden volver a ser tratadas, según la oposición.

 

Pasadas las 19, la vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo presente en el recinto para seguir el tratamiento; además también se encontraban presentes la hermana del presidente, Karina Milei, junto al asesor Eduardo “Lule” Menem. Milei acaba de cumplir seis meses en el mandato y esta es la primera ley que le aprueba el Congreso; la diputada María Eugenia Vidal del PRO, durante el debate afirmó: “Tomó seis meses para aprobar leyes en un país donde claramente no podía esperar». Por otro lado, el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, respondió sobre el tiempo que llevó el debate de la Ley de Bases: “Si se morfaron seis meses para tratar esta ley, fue porque ustedes no encontraban ni si quiera el mecanismo para poder tener la mitad más de uno de los votos y traer este tema al recinto. Háganse cargo, cada uno hace lo que tiene que hacer”.

El diputado Martínez fue acompañado de aplausos de sus compañeros al final de su discurso: “Nosotros vamos a seguir escuchando la voz del pueblo argentino para reconstruir la esperanza que necesita nuestro pueblo y para gobernar nuevamente en la Argentina”, concluyó.

 

La memoria de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, más presente que nunca

La memoria de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, más presente que nunca

A 22 años del asesinato de los militantes populares se realizó un festival y una vigilia en la estación que lleva sus nombres. También hubo un recordatorio en el Puente Pueyrredón, el mismo que hace más de dos décadas cortaron las organizaciones sociales con reclamos similares a los que realizan hoy.

 

A 22 años de la masacre de Avellaneda, familiares y compañeros de los militantes sociales asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki realizaron una jornada cultural y conmemorativa para continuar pidiendo justicia y terminar con la impunidad del poder político responsable de aquella operación represiva.

De la jornada participaron el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente de Izquierda, el Tercer Malón de Jujuy, organizaciones feministas, sociales, antirrepresivas, de artistas y de derechos humanos. La conmemoración se realizó en la estación de tren Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el martes 25 de junio desde las 16. Hubo debates sobre el gatillo fácil a nivel nacional, una asamblea transfeminista, debates y espacios para compartir historias de lucha, exposiciones fotográficas, una feria de libros, fanzines y afiches hechos en serigrafía, una olla popular, grafitis y distintas intervenciones artísticas. En un escenario tocaron las bandas La Delio Valdez y Duratierra y diversos medios sociales transmitieron en vivo toda la movilización.

A las 19, la jornada culminó en un acto con las palabras de los familiares de los jóvenes asesinados en 2022 en el Puente de Avellaneda. Alberto Santillán, padre de Darío, expresó emocionado: “Al loco se lo extraña. He aprendido que es una gran mentira lo que dicen que el tiempo cura todo. Cuanto más pasa el tiempo es más grande la ausencia del hijo, pero cuánto más pasa el tiempo más estoy orgulloso de ser el papá de Darío”.

La estación

El 26 de junio de 2002 el Movimiento de Trabajadores Desocupados en el que se encontraban Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y otras organizaciones sociales, realizaron una movilización en el Puente de Avellaneda donde fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad que incluyó a la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La represión policial dejó 80 personas heridas y 30 de ellos con balas de plomo. Dentro de la Estación Avellaneda, los policías asesinaron a Darío Santillán por la espalda mientras socorría a Maximiliano Kosteki, víctima de un disparo policial con bala de plomo que había recibido durante la protesta y resultó mortal.

A partir de ese momento, las fuerzas policiales trataron de encubrir el hecho, montando una escena falsa, modificando las evidencias y moviendo los cuerpos. A la vez, crearon una narrativa oficial de que los jóvenes habían sido víctimas de una pelea entre organizaciones piqueteras, una pelea entre pobres. En complicidad con el poder mediático, el diario Clarín tituló el hecho con el siguiente tituló “La crisis causó dos nuevas muertes”, un discurso que se mantuvo durante poco más de un día, hasta que se revelaron las secuencias fotográficas de los fotógrafos gráficos Pepe Mateos y Sergio Kowalewski, donde queda en evidencia el fusilamiento de Darío Santillán y el encubrimiento del hecho por parte de las fuerzas policiales. El comisario bonaerense a cargo del operativo fue Alfredo Fanchiotti y su asistente, el cabo Alejandro Acosta, hoy están condenados a prisión perpetua y efectiva desde el año 2006.

Patricio Seco de la organización Familiares y Compañeros de Darío y Maxi creada hace un año y organizador del evento, en diálogo con ANCCOM, contó: “Estamos conmemorando la masacre de Avellaneda donde actuaron fuerzas nacionales, fuerzas provinciales de diferente orden para llevar a cabo todo ese operativo y lo que fue un plan organizado para matar a Darío”. Actualmente, el aparato represivo policial que criminaliza la protesta, el encubrimiento y la impunidad están más presente en el contexto actual: “Se sabe que lo tenían fichado, que había espionaje sobre él y eso tiene una correlación con lo que estamos viendo actualmente en el accionar conjunto de las fuerzas”. Y concluyó: “Hoy lo que se busca es perseguir a quien se organiza”.

Actualmente la estación fue recuperada por los familiares y las organizaciones sociales y renombrada en memoria de los jóvenes. En las paredes se elevan los murales y grafitis con las caras inmortalizadas de Santillán y Kosteki, sus vidas y sus historias de lucha. Se puede leer “Administradores de la muerte y la pobreza. Justicia popular ya” acompañado por las caras de Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Atanasof y Aníbal Fernández. En el pasillo de la estación, un grafitero pinta los nombres de Darío y Maxi. Otros artistas en la estación pegan afiches. Algunos dicen: “Vivimos en las ruinas del capitalismo” y “La lucha en las calles es un poema colectivo”.

Entrando en la estación hay una imagen de Nora Cortiñas -madre de Plaza de Mayo recientemente fallecida- donde la gente pasa, agradece su lucha y dedica palabras. En el patio de la estación donde se llevó a cabo una asamblea transfeminista se pueden observar las fotos de Diana Sacayán y la brasileña Marielle Franco, ambas activistas víctimas del transfemicidio. Hay banderas e imágenes desparramadas por el suelo entre las que se lee: “Pañuelos en Rebeldía” y “Frente popular Darío Santillán”. Frente a la asamblea se realizan impresiones con serigrafía que dicen “Darío Santillán y Maxi Kosteki semillas de nuestra lucha”. Sobre un hilo, cuelgan las fotografías de los distintos momentos de la protesta durante el tratamiento de la Ley Bases desde su inicio. Simultáneamente, ocurría el panel de charla y debate sobre la criminalización y escalada represiva, en la que se compartieron las historias de vida jóvenes víctimas de gatillo fácil en todas las provincias de Argentina y la constante represión y amedrentamiento que sufren las comunidades originarias e indígenas por parte de las fuerzas represivas. “No queremos hacer sacrificios para que unos pocos se enriquezcan”, manifestó una representante del Tercer Malón. En el espacio donde se realizaba la charla estaban presentes las imágenes de Tehuel de la Torre, Santiago Maldonado, Robinson Gatica, Jorge Julio López, Rafael Nahuel, entre otras personas que fueron víctimas de las fuerzas de seguridad.

También se conversó sobre las condiciones de vida actuales, el hambre y el empobrecimiento: “Queremos vivir, no sobrevivir”, expresó una de las expositoras del panel. En la asamblea transfeminista una de las intervenciones contó: “Quienes nacimos en los años noventa y empezamos a militar durante el kirchnerismo retomamos la enseñanza de las compañeras del Puente de Avellaneda” y siguió diciendo que seguir pensando otro mundo es posible y necesario. Además, expresaron que “la vida sería hermosa si fuese digna”.

Pasando la estación, en la calle se expandía una feria de libros, fanzines, afiches y carritos de comida. La música estuvo siempre presente con canciones de La Vela Puerca, Sara Hebe y del mundo del folclore. También pasaron por el escenario Duratierra y La Delio Valdez. Hacia el final de la calle, familiares y compañeros de Darío Santillán y Maxi Kosteki, realizaban una olla popular.

La alegría de la lucha

Terminando la jornada, fue el turno de los familiares. El padre de Darío Santillán, Alberto, agradeció el acompañamiento de todos los presentes: “Qué bueno apoyarse en los que uno ama, qué bueno apoyarse en la familia, pero qué bueno también, apoyarnos en todos ustedes. Ustedes no permiten que Darío y Maxi se caigan y si ustedes no permiten que Darío y Maxi se caigan, tampoco permiten que nosotros como familiares de Darío nos caigamos”.

Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, Manifestó que no pueden acostumbrarse a que los responsables que han vuelto a tener puestos políticos sin costo alguno se mantengan impunes, porque de esa manera las masacres se repiten como con el asesinato de Carlos Fuentealba, de Mariano Ferreyra y la desaparición de Santiago Maldonado. En este sentido, dijo: “Nos quieren meter miedo. Acusaron a treinta compañeros de terrorismo, de sedición, tan parecido a aquel discurso que enarbolaron aquel día 26 de junio para justificar la represión, pero también para avanzar con una cacería de brujas que no se pudo dar por el enorme repudio popular y porque aparecieron las fotos que mostraban cómo fusilaron a Darío cuando socorría a Maxi, en esta estación que hoy lleva el nombre de Darío y Maxi”.

En sintonía, el padre de Santillán señaló que hoy se observa la misma metodología de estigmatización y criminalización de la protesta, implementada por el fiscal Carlos Stornelli quien justificó las detenciones arbitrarias durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, diciendo “son 33 piqueteros”. Continuó preguntando: “¿Cuántos compañeros y compañeras han pasado por las balas del Estado?”.

Santillán recordó: “Cómo no señalar eso que señalaba mí hijo de la alegría de la lucha. Nos van a arrancar varias cosas pero jamás nos van a arrancar la alegría de la lucha”.

La memoria de Darío y Maxi

En diálogo con ANCCOM, Miryam Bregman, exdiputada del Frente de Izquierda asistió a la convocatoria y expresó respecto a la memoria de Santillán y Kosteki: “Creo que siempre van a estar presentes. Por eso, creo que a pesar de tantos años uno dice Darío y Maxi y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Nunca vamos a permitir que se olviden de ellos” y finalizó: “Como dijo Rodolfo Walsh, las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores ocupados y desocupados en nuestro país tienen historia y Darío y Maxi son parte de esa historia”.

Por su parte, Darío “Chochito” del Frente Popular Darío Santillán, fue compañero de los dos jóvenes y contó que una de las maneras de mantener viva la memoria de Darío y Maxi es “seguir alimentando esa llamita y seguir compartiendo la experiencia de lucha que nos han dejado todo este tiempo. Seguir el camino de justicia hasta que los responsables políticos estén detrás de las rejas. Seguir militando solidaridad y compañerismo, que hay que estar en las barriadas y que la lucha se hace en la calle”.

El Puente Pueyrredón

Las organizaciones sociales y de derechos humanos acompañaron a los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki hasta el inicio del Puente Pueyrredón, cortando momentáneamente la calle Hipólito Yrigoyen para rendirles homenaje. Los carteles de la movilización decían: “Libertad a los presos por luchar” y siguen avanzando entre cantos. Un cordón de la policía federal que va de una vereda a la otra cortando la calle, los estaba esperando al pie del puente para impedirles el paso. Los manifestantes decidieron evitar los enfrentamientos por parte de la policía y continuar con el acto sobre la misma calle.

“Es lindo ver a una juventud y que muchos de ellos tendrán la edad de Darío, y que también es una juventud que tiene consciencia y una juventud que también sabe la importancia de que nunca hay que dejar a un compañero solo, que siempre hay que ser solidario. Pero también hay otra juventud que está desterrada, que está destruida. Tenemos que ayudar a esa juventud que no siente que tiene un espacio, que tiene un lugar, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso al trabajo, que no tiene acceso a nada. Considero que a esa juventud, hay que estar al lado de ellos también y darles un lugar de lucha”, manifestó Alberto Santillán durante el acto del mediodía.

A 22 años de la masacre de Avellaneda familiares y compañeros siguen pidiendo por una justicia verdadera, plena y popular. “Estoy orgulloso de ser padre de Darío y de la militancia que nos acompaña siempre, de las barriadas más humildes», expresó Aberto.

El 26 de junio de 2002, la protesta y movilización se hizo en reclamo de mejoras salariales, alimentos para los comedores populares y en solidaridad con la fábrica cooperativa recuperada de Zanon. A 22 años de la masacre, las luchas y debates continúan vigentes en el contexto de desabastecimiento de los comedores populares, el aumento de la pobreza e indigencia y la mayor desocupación, así como la imposición de un modelo económico neoliberal y extractivista que deja de lado las experiencias comunitarias y cooperativas, hoy bajo la forma de una Ley Bases que está a punto de votarse en la Cámara de Diputados.

La red social X bloqueó la cuenta de ANCCOM

La red social X bloqueó la cuenta de ANCCOM

Luego de informar sobre la aprobación de la Ley Bases y la consecuente represión a los manifestantes que se oponían, la empresa de Elon Musk «restringió temporalmente» la cuenta que gestiona esta agencia sin explicar los motivos ni sostener canales de diálogo para solucionar problema. De esta manera, queda restringido el derecho a la libertad de expresión y cercenado el derecho a informarse de nuestros lectores.¿Qué pasa cuando es el sector privado quien regula la esfera pública por donde circulan las noticias?

Desde el jueves 13 de junio, inmediatamente después de informar sobre la aprobación de la Ley Bases y la consecuente represión a los manifestantes que se concentraban en la Plaza Congreso para rechazarla, la cuenta que la Agencia de Noticias de Ciencia de la Comunicación (ANCCOM) gestiona en la red social X fue “temporalmente restringida”.

En ningún momento ANCCOM fue notificada de la razón por la cual la red social tomó esta medida arbitraria que restringe el derecho a libertad de expresión y cercena el derecho a informarse de nuestros lectores.

ANCCOM realizó los reclamos pertinentes a través de las vías institucionales correspondientes y obtuvo un “número de caso” como toda respuesta. Ante el silencio de la empresa, nuestra agencia se comunicó con el Departamento de Relaciones Gubernamentales de Hispanoamérica de X, donde luego de pedirnos que informemos el “número de caso” dejaron de responder nuestros sucesivos mensajes, razón por la cual la comunicación se encuentra interrumpida hasta el día de hoy.

La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación es un medio de información nacido y gestionado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en marzo pasado cumplió nueve años de vida. Fue distinguida como “Medio de Interés Educativo” por la Cámara de Diputados de la Nación y como “Medio de Interés para la Comunicación Social” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El parlamento porteño también reconoció de “Interés Cultural” al ciclo audiovisual “Estuve ahí” realizado por ANCCOM en ocasión de cumplirse los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina.

La restricción de la cuenta de X trae aparejado graves problemas en la circulación de noticias, habida cuenta que hoy el flujo de lectores de los medios digitales llega, en una importante proporción, a través de las redes sociales asociadas.

Además de constituirse como medio de comunicación, ANCCOM es un espacio de práctica preprofesional de los estudiantes avanzados de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, por lo que la decisión de la empresa de Elon Musk también impacta negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Medidas intempestivas como la que tomó X ponen en evidencia la necesidad de debatir qué sucede cuando la esfera pública por la que circulan las noticias queda en manos exclusivas del empresariado comercial. ¿Por qué es el sector privado quien regula la conversación pública? ¿Quién resguarda el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión  de los ciudadanos y ciudadanas en las plataformas digitales? El problema que enfrenta nuestra agencia de noticias es apenas una muestra de las dificultades que presenta el ecosistema mediático regido por el mercado sin ningún tipo de regulación.

En este sentido, exigimos a @x y @elonmusk que arbitren los medios necesarios para restituir nuestra cuenta y para transparentar sus políticas de gestión en la plataforma X. A su vez, pedimos a nuestros lectores que nos ayuden a visibilizar este problema para poder seguir ejerciendo nuestra tarea periodística y académica.

Marcha y liberación

Marcha y liberación

Otros once detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases fueron liberados luego de que miles de personas se manifestaran en la Plaza de Mayo para exigir el cese de la criminalización a la protesta social. A todos ellos -y a los otros 16 que ya habían sido puestos en libertad- la jueza María Romilda Servini les dictó la falta de mérito. Aún quedan cinco manifestantes apresados.

Ayer en Plaza de Mayo se realizó un acto para exigir la libertad inmediata de las 16 personas que, hasta el momento del evento, aún seguían detenidas luego de la represión policial a la protesta durante el debate por la Ley Bases. Horas después del acto, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 11 de ellos, que anoche empezaron a salir de las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Son cinco los procesados con prisión preventiva que aún continúan detenidos, acusados de delitos graves como tirar piedras o saltar vallas.
“Nuestra vida se detuvo y la tuya también, las noches son largas y las esperas eternas, pero estamos fuertes, éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande, el abrazo pronto va a llegar”. Con estas palabras resumidas en una carta a sus familiares presos se expresaron –sobre el improvisado escenario montado frente al Cabildo– hermanas y hermanos, madres y padres, novias y novios de los detenidos en la causa iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, quien acudió a doce delitos del Código Penal para acusarlos de haber incitado a la violencia colectiva con el objetivo de entorpecer una sesión legislativa. En su escrito había copiado el comunicado del gobierno que los calificaba de “terroristas” que buscaban “perpetrar un golpe de Estado”.
La convocatoria estuvo a cargo de organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos y comenzó cerca de las 17 cuando la plaza comenzó a llenarse de agrupaciones políticas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y autoconvocados. Efectivos de la Policía Federal aparecieron decididos a hacer respetar el protocolo “antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, un cordón policial rodeó parte de la plaza y comenzó a llevar a las pocas personas que se encontraban sobre la calzada a la vereda. Los presentes criticaron la decisión, a través de cánticos e insultos, pero no hubo mayores incidentes y el acto pudo continuar.

Familiares, amigos y parejas de los 16 detenidos tomaron la palabra y en primer lugar leyeron un comunicado que acompañaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, distintos organismos de derechos humanos, diputados y senadores de Unión por la Patria -incluidos los que fueron lastimados durante la represión en el Congreso-, del Frente de Izquierda, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y numerosos intendentes de la Provincia de Buenos Aires. El texto hizo hincapié en el derecho democrático y constitucional de protestar que cada uno de los arrestados ejercía al momento de la detención, y destacó que la gran mayoría fueron apresados a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, mientras se producía la desconcentración. Luego vino la lectura de la conmovedora carta a los presos, interrumpida varias veces por la emoción de quienes leían, y acompañada tanto por aplausos de aliento como insultos hacia el presidente Javier Milei.

“Esta manifestación es para pedir la libertad de los 16 que aún están detenidos y el cierre de todas las causas injustas porque ellos estaban manifestándose pacíficamente”, declaró en el cierre del acto Alan Juárez Oliva, hermano de Camila Juárez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y madre de dos hijos.

Al igual que Camila, otros cuatro detenidos eran estudiantes universitarios: Lucía Puglia de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Gabriel Famulari de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Nicolás Mayorga y Sasha Lyardet de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Al final de la convocatoria, una columna compuesta por alumnos y docentes de las universidades del conurbano recorrieron la plaza mientras reclamaban la liberación de sus compañeros. «Mi hermana, como tantos otros, es estudiante universitaria. No son terroristas», agregó Juárez Oliva. 

María Colombo, hermana de Juan Pablo Colombo, relató cómo fue el calvario que vivió su hermano desde la detención hasta las primeras horas en la comisaría. «Lo detuvieron yéndose de la manifestación. Fue solo, a manifestar por sus derechos, no fue a hacer quilombo ni a romper nada. Pero lo agarraron, yéndose de la plaza, y le pegaron con una manopla», narró María. Y continuó: “La primera noche, en Tacuarí, lo maltrataron, lo insultaron y hostigaron. Lo dejaron atado, no le daban de comer ni lo dejaban ir al baño. Pasó esa primera noche esposado». Hasta el momento del acto Colombo aguardaba su liberación en la cárcel de Devoto.

«La causa judicial es difícil de explicar como abogada, pero la puedo explicar con una interpretación política. Como abogada, pareciera que alguien abrió un Código Penal y dijo ´todos estos delitos me gustan´ y los metió. No tiene coherencia», dijo la diputada del FIT-U Myriam Bregman a ANCCOM. «Estamos ante una causa armada, que se decidió en el escritorio de Patricia Bullrich y que luego fue entregada al fiscal Stornelli. Ahora la jueza (María Romilda Servini de Cubría) tiene que decidir de qué lado está de esta operación política diseñada para agarrar a cualquier persona e involucrarla en estos graves delitos y decir si hubo un intento de golpe de Estado, o escuchar el enorme arco político que se está expresando acá. Quieren derogar el derecho a manifestar en la Argentina», agregó.

El acto fue breve pero emotivo y contundente, finalizó cerca de las 18 cuando los familiares de los arrestados, muchos entre lágrimas, agradecieron el apoyo y rogaron que los siguieran acompañando. Luego, moderadores del evento tomaron la palabra y advirtieron sobre la desconcentración, recomendando ciertas avenidas, intentando no volver a sufrir lo sucedido el pasado miércoles. Por su parte, los uniformados que aguardaban alrededor de la plaza, comenzaron lentamente a desagruparse, pero sin sacar sus miradas sobre los rezagados que aún cantaban frente al escenario que, ante la partida de familiares, se vació rápidamente.

Quedan cinco

Tras la manifestación del miércoles pasado contra la Ley Bases, 33 personas habían sido detenidas. En una primera instancia habían sido liberados 17 y al cierre de esta edición, otros 11. A todos se les dictó la falta de mérito y en las redes empezaban a circular videos de esos primeros largos abrazos tras la salida de sus lugares de detención. 

En tanto, la jueza Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Patricia Daniela Calarco Arredondo, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, David Sica y Cristian Fernando Valiente. Según pudo verificar ANCCOM, les endilgó los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, salvo a Calarco Arredondo, a quien procesó por incendio y daño agravado.

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

Tras una nueva convocatoria en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), familiares de las personas detenidas por manifestarse contra la Ley de Bases impulsan una campaña en reclamo de la libertad de sus seres queridos. Mañana martes llaman a concentrarse a las 16.30 en Plaza de Mayo.

La autoconvocatoria en el Serpaj reunió a legisladores de la Ciudad, exdetenidos, familiares de quienes continúan detenidos y a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Desde allí, se convocó a una concentración para mañana martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Las 16 personas que siguen detenidas tras la represión del miércoles pasado en el Congreso, permanecerán en dependencias del Servicio Penitenciario Nacional en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza.

El fiscal Carlos Stornelli los acusa por trece delitos, incluyendo lesiones, daños agravados, incendio o estrago, acciones contra la seguridad pública, entre otros. Las 17 personas excarceladas por la jueza a cargo de la causa, María Servini de Cubría, lo han sido por falta de material fílmico incriminatorio, mientras que las restantes continúan bajo investigación.

«Hay delitos que nunca podrían ir uno junto con el otro –afirmó la dirigente de la izquierda Myriam Bregman–. ¿Cómo puede una persona a la vez prender fuego e intimidar a un policía que tiene al lado? Los detenidos serían súperhumanos si hicieran todo eso al mismo tiempo, en 15 minutos”. Para Bregman, esto demuestra un profundo desconocimiento jurídico.

Entre los detenidos se encuentra Nicolás Mayorga, arrestado junto a Sasha Lyardet y Camila Juárez, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Margarita, madre de Nicolás, relató que su hijo fue arrestado mientras se manifestaba pacíficamente. «No se resistieron a la autoridad, no tiraron piedras. No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social que fueron a manifestarse en contra de la Ley de Bases”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha, que estuvo esposada en un pasillo, hasta que a la una de la madrugada se les permitió ingresar frazadas. A las 7 fueron trasladadas a Comodoro Py, donde les negaron la excarcelación y luego fueron llevadas a Ezeiza. “Le quiero decir a las autoridades, que las familias tenemos fuerza y amor, los vamos a liberar. Necesitamos a todos los detenidos libres y luego vamos a ir por la absolución, porque es completamente injusto”, remarcó.

Silvia, madre de Camila Juárez, destacó el trato vejatorio que recibió su hija al ser arrestada: «Le dijeron ‘negra de mierda, quedate tranquila porque te vamos a pegar un tiro en la cara’”. Y convocó a la unidad de todos, sin distinciones políticas. Jorge, padre de María de la Paz, afirmó que las pruebas contra su hija carecen de sustento legal. «Lo que está viviendo María de la Paz nos hace revivir los trágicos acontecimientos que como familia atravesamos durante la última dictadura militar, que este Gobierno niega y desprecia rotundamente». La familia también denunció que fue golpeada por los efectivos de seguridad durante su arresto.

Melina, amiga del docente Juan Spinetto, exigió en su representación la inmediata liberación de todos los detenidos. “Juan estaba retirándose con una pareja de jubilados que tenían dificultades para caminar, cuando empezó la represión de la policía, y ahí lo agarran las motos de los policías de la Ciudad, lo detuvieron y lo golpearon brutalmente”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha.

Paola, en tanto, denunció la injusta detención de su madre Ramona Tolaba, una trabajadora de casas particulares de 56 años. «Ella se autoconvocó, fue sola, no estaba con ninguna organización. Mi madre no es terrorista, estaba manifestándose pacíficamente”. Ramona fue detenida sin ofrecer resistencia mientras hablaba con un jubilado en la Avenida de Mayo. Actualmente se encuentra en el penal de Ezeiza, “asustada” pero en buen estado según su hija.

Sofía Ottogalli, una de las excarceladas, destacó que estuvo con las mujeres detenidas en Ezeiza hasta las 3 del viernes. “La detención fue ilegal. Estábamos corriendo para que la Policía no nos pegue. A mí me cagaron a palos, me rompieron el pantalón”, narró y agregó que estuvieron esposadas todo el tiempo, sin agua ni comida, en condiciones inhumanas. “Quiero decirle al Gobierno –expresó– que acá vamos a estar y no tenemos miedo”.

Todo disca es político

Todo disca es político

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados convocaron a la Asamblea Discas en Lucha en la Plaza Congreso para denunciar el abandono y estigmatización del Gobierno y la necesidad de que la militancia los incluya en sus organizaciones.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados participaron de la asamblea convocada por la Red en Discapacidad, Orgullo Disca, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el INADI,el sábado 15 de junio. También se acercaron personas autoconvocadas y una representante jubilada de Insurgentes.

Durante la tarde, entre rondas de mates, fueron pasándose uno a uno el megáfono para hacer sus intervenciones. Entre las temáticas más mencionadas se conversó sobre la necesidad de reforzar la seguridad ante la represión desplegada por el gobierno de Javier Milei. Se debatió sobre la decisión de la CGT de no convocar al paro nacional y de las columnas que se retiraron una vez conseguido el quórum para el tratamiento de la Ley Bases, el pasado miércoles, lo que dejó expuestas a las personas que se encontraban manifestando. Los debates giraron en torno a los interrogantes: “¿Qué sindicatos nos protegen?”, “¿Qué sindicatos nos apoyan?” y “¿Quién nos garantiza ese apoyo en las movilizaciones?”.

Uno de los manifestantes sostenía un cartel que decía “Libertad a lxs presxs por luchar”. Se mencionó en varias ocasiones a las personas detenidas por ir a marchar o encontrarse en las inmediaciones del congreso, 16 de ellas aún esperando la excarcelación. Natalia Rodríguez, militante de la Red en Discapacidad, señaló que el gobierno busca el disciplinamiento, por eso ella cree imprescindible fortalecer la presencia en las calles y la seguridad de las personas que se manifiestan: “Nos están matando en nuestras casas. Nos dejan sin trabajo, nos dejan sin comida”, aseguró.

Otro elemento presente en las exposiciones fue la intersección con otros sectores especialmente afectados por las medidas del gobierno libertario como la población travesti trans, la comunidad LGBTQIA+, los jubilados agrupados en la organización de Insurgentes, los trabajadores de organismos estatales y las organizaciones sociales. Señalaron la necesidad de realizar acciones conjuntas con esos espacios y con sectores estratégicos. La militante de la Red denunció que durante una de las asambleas realizadas en Congreso tres autos de la policía llegaron para amedrentarlos y correrlos. “Como si no nos pudiéramos juntar más de tres personas como durante la dictadura”, manifestó.

Las principales medidas del gobierno que preocupan al colectivo son los faltantes de alimentos, los recortes en prestaciones por discapacidad, la eliminación del monotributo social, las 50 personas que han fallecido por recortes de medicación, el acceso al cupo laboral en discapacidad del 4% que hasta hoy no se cumplió, la desregulación de las pensiones, la falta de acceso a una vivienda digna que se adapte a las necesidades de cada uno, la estigmatización y la criminalización de la protesta.

 

Retroceder a un modelo medicalista y eugenésico

“Vemos ese modus operandi que primero empieza con un desprestigio, como lo hicieron con la comida en donde criminalizan a los comedores. Empiezan denunciando corrupción, lo hicieron con las pensiones también. Entonces empiezan a atacar con una línea discursiva pero después rápidamente llega a un plano concreto en el recorte de prestaciones, de alimentos, y después la represión directa.”, explicó Rodríguez en referencia a la estigmatización que cada vez pesa más sobre los sectores vulnerables para avanzar sobre los derechos adquiridos. Un ejemplo concreto de esta reestigmatización es “El ataque discursivo a los sectores con discapacidad, usando como insulto los diagnósticos”. Al mismo tiempo, se relaciona con el cierre del INADI. Desde el organismo se denuncia que la mayoría de los despidos por discriminación durante el periodo 2008-2019 fue por motivo de discapacidad. En este sentido, la Ley Bases elimina la obligación de reincorporar a personas despedidas por motivo de discriminación y lo reemplaza por una multa al empleador.

Las facultades extraordinarias en materia de administración que le otorga la Ley Bases al Poder Ejecutivo de Javier Milei, amenaza la continuidad del organismo así como la permanencia de los trabajadores en planta permanente. En referencia a esto, Rodríguez expresó: “En nuestro Código Penal no existe un lugar donde puedas denunciar por discriminación, por eso existe el INADI. Ahora nos quedamos sin posibilidad siquiera de denunciar”. En sintonía con lo expresado, Laura Alcaide integrante de Orgullo Disca contó: “Hoy lo que vemos es que hay un nivel de persecución para con nuestro colectivo, una intención de aniquilación de nuestros cuerpos y de nuestros derechos”.

Desde Discapacidad en Red y Orgullo Disca denunciaron que empezó a circular un Decreto que busca desregular el nomenclador de prestaciones. Esto implica que las obbras sociales o prepagas que no puedan pagar las tarifas a los trabajadores que se desempeñan en el área de discapacidad y los tratamientos, no podrán garantizarles la salud y calidad de vida a aquellas personas que acceden a sus prestaciones. Esto deja a los usuarios en la obligación de pagarlas de manera privada o quedarse sin el servicio. Alcaide manifiesta que es “la muerte rotunda o la disautonomía” y agrega “atenta contra los derechos adquiridos de más de 20 años”.

Rodríguez concluyó: “Quedarían los trabajadores negociando solos con las obras sociales, las persona con discapacidad exigiendo solas, tratamiento y accesibilidad. A los electrodependientes les están queriendo cortar la luz. No vemos posibilidad de que podamos negociar solos mejores condiciones”.

En consonancia con Alcaide y Rodríguez, Maive Carone Fernández integrante de las asambleas Discas en Lucha, Unidxs por la Cultura y Unidxs por los despidos, Ex-trabajadora de la Agencia Nacional por Discapacidad, denunció que se está llevando a cabo un modelo eugenésico en donde “Todas las poblaciones vulnerabilizadas van a encontrar mayor dificultad de acceso a todos sus derechos básicos fundamentales, la salud entre ellos. Esto va a terminar necesariamente en la muerte de esas personas. Si uno no accede a la salud, no accede al trabajo, no accede a sus derechos básicos fundamentales, a una vivienda, a la alimentación, termina muriendo. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando en discapacidad y en otros sectores también vulnerados”.

Además, agregó que el Gobierno está volviendo a un modelo médico-rehabilitador, que entiende a las personas con discapacidad como “menos productoras de valor”, lo que las fuerza a alcanzar estándares capacitistas y a sufrir el estigma social. “Es un modelo paternalista y asistencialista”, explicó Carone Fernández.

Según el INDEC, el 87,4% de las personas con discapacidad es desempleada.

Desempleados

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el porcentaje de personas con discapacidad y desempleadas es del 87,4%. La falta de acceso a los trabajos, fomenta la precarización del empleo y una reducción sustancial de la autonomía del 10,2% de la población argentina que cuenta con alguna discapacidad.

Maive Carone Fernández era parte de la Dirección de Accesibilidad con nueve años de antigüedad. Fue desvinculada durante los despidos masivos en los meses de febrero y marzo, junto con 340 trabajadores. Debido a la precariedad de las contrataciones fueron desvinculados sin seguro de desempleo ni indemnización. Contó que entre los trabajadores despedidos hay personas con 28 años de antigüedad, embarazadas, con discapacidad, con licencias médicas y psiquiátricas, con hijos, personas con discapacidad o personas mayores a cargo, dirigentes gremiales y personas travestis y trans. Esto deja al organismo inmovilizado y funcionando con tareas mínimas. En diálogo con ANCCOM, Carone explicó: “Se rompe la cadena de trabajo. El hecho de que haya un cuarto de las personas hace que un organismo no pueda funcionar, y no es que estaban sobrando personas. En muchos aspectos faltaban manos. La mayoría de nosotros no nos tomábamos vacaciones hace un montón porque trabajábamos incansablemente”. Se le suma el alcance nacional de los despidos que deja a algunas provincias sin representantes del organismo trabajando en el territorio, dejándolos sin acceso a sus servicios. Se ha dificultado la accesibilidad a las pensiones por discapacidad a través de una mayor burocratización y algunas se han empezado a dar de baja. En este momento, el valor de una pensión es el 70% de una jubilación mínima.

Otra medida de la Ley Bases que afecta directamente al sector con discapacidad es la quita del monotributo social: “Al no tener el monotributo social nos desguaza nuestra independencia como personas, nuestra independencia económica”.

 

El potencial

Laura Alcaide denunció que “no es accesible la participación política para nosotres. La participación política es completamente capacitista y necesitamos romper con eso para poder participar en igualdad de condiciones”. Expresó que la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad es una deuda de la política y agregó: “La idea sería poder masificar estas luchas y poder invitar a gente de otros sectores. Nosotres mismes estuvimos recorriendo muchas otras asambleas, llevando a otros espacios nuestras luchas para lograr articular distintos espacios con otras personas. Para que comprendan qué es la accesibilidad en la participación política y también lograr la adhesión, para seguir participando de distintas luchas como los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y, por otro lado, la participación política en las calles que nos va a necesitar unidos y en pie de lucha”.

En sintonía con su mirada, Guadalupe Bargiela de Orgullo Disca, expresó que de la misma manera que participan de asambleas de otros espacios es importante que esos sectores participen de sus asambleas. Por esta razón, destaca la participación de Nancy Yulan jubilada e integrante de Insurgentes quien ante el interrogante por los puntos en que ambas luchas convergen dijo: “Se ve en la parte de salud, como se cortaron todos los planes terapéuticos, los medicamentos, la asistencia a la salud tanto del adulto mayor como la persona con algún tipo de discapacidad. Lo estamos padeciendo, en casos concretos de familiares, conocidos. Esto nos unifica y nos hermana para una lucha común”.