Dos legisladores radicales los habían denunciado cuando fueron increpados por votar el RIGI. Después de diez meses de estigmatización y criminalización fueron absueltos.

Los seis manifestantes denunciados por dos diputados radicales tras las protestas contra la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron notificados de su sobreseimiento en una causa judicial que, desde el inicio, había sido denunciada como armada y persecutoria.

A pesar de la contundencia de la resolución, que se emitió el pasado 30 de junio, los medios provinciales que durante el proceso promovieron el escarnio público contra los acusados, optaron por no difundir la noticia del fin de la persecución penal. Los manifestantes esperaron un tiempo antes de dar a conocer la resolución judicial, con la esperanza de que los medios se hicieran eco por sí mismos. Como esto no ocurrió, decidieron finalmente comunicarlo públicamente.

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2024, cuando la Legislatura chubutense aprobó la adhesión al RIGI. Aquel día se desarrollaron jornadas de protesta frente al edificio legislativo, como expresión de rechazo a esa medida. En ese contexto, durante un cuarto intermedio, los diputados radicales Luis Juncos y María Andrea Aguilera se dirigieron a un bar cercano. Un grupo de manifestantes los reconoció y se acercó a interpelarlos sobre su voto afirmativo.

El intercambio, que fue grabado en video por los asistentes y transmitido en vivo por redes sociales, no implicó agresiones ni amenazas físicas. Sin embargo, horas más tarde, ambos legisladores presentaron una denuncia por supuestas amenazas y violencia, la cual fue luego ampliada por el vicegobernador Gustavo Menna, quien ni siquiera se encontraba presente durante los hechos.

Los seis imputados fueron Aníbal Aguaisol, Iván Marín, Noelia Silva, Bettina Granillo, Vilma Pérez y Luis Alejandro González. Todos ellos tienen una trayectoria reconocida en la defensa del ambiente, la educación pública, los derechos humanos y la comunicación alternativa. 

La maquinaria de la criminalización

Desde un inicio, la causa estuvo atravesada por una clara intención de disciplinamiento. En una primera instancia, el Poder Judicial impuso una orden de restricción de acercamiento a 500 metros de los legisladores, a la Legislatura y, en un caso llamativo, a la hija menor de edad de la diputada Aguilera, quien habría estado presente durante el altercado. Sin embargo, las pruebas fílmicas descartaron de forma contundente que la menor haya sido objeto de agresión alguna, como denunciaban los diputados. Incluso la fiscalía no consideró esa parte en la acusación formal.

Vilma Pérez contó que incluso la madre de la menor implicada habría ofrecido durante el proceso judicial que se la someta a una cámara Gesell, un método de interrogación y observación utilizado comúnmente durante procesos judiciales cuando se tiene que tomar declaración de niños, niñas y adolescentes. “Esa diputada, esa madre, entregó a su hija haciéndola mentir. La expuso públicamente, siendo una adolescente, con todos los riesgos que eso implica. Esa niña está criada para mentir, para conseguir todo con mentiras”, comentó.

“Era ridícula la restricción porque no podíamos entrar a Rawson”, comentó a ANCCOM Bettina Granillo, docente jubilada y una de las denunciadas. Vive en Trelew, ciudad vecina a la capital, y relató que, tras la imposición de la medida, sufrieron persecución policial, restricciones a su vida cotidiana y limitaciones para manifestarse libremente.

Pocos días después, la medida fue reducida, ya que afectaba las condiciones laborales de los imputados. Algunos de ellos son comunicadores y periodistas, lo que les impedía incluso cubrir manifestaciones en la Legislatura y ejercer su libertad de expresión. La fiscalía reconoció que la policía estuvo presente durante todo el hecho y no actuó, lo que contradecía la idea de una situación violenta.

El doble estándar judicial

El pasado 3 de julio, en otra causa emblemática, hubo sentencia en la causa en la cual un grupo de manifestantes había denunciado torturas policiales tras ser detenidos durante una protesta. Inicialmente, se los amenazó con costas judiciales por más de 10 millones de pesos, cifra exorbitante e intimidante. Finalmente, sólo uno de los implicados fue condenado a pagar una suma considerablemente menor (alrededor de 500 mil pesos).

Este contraste evidencia cómo la justicia actúa bajo presión y de manera tendenciosa, exagerando las acusaciones iniciales y, luego, recortándolas en silencio cuando las pruebas o la opinión pública lo exigen. Pero el daño ya está hecho: los imputados atraviesan procesos largos, con persecución judicial y policial, obstáculos a sus posibilidades laborales, estigmatización pública y amenazas que afectan su vida cotidiana durante años.

“No hay sanción para quienes nos denuncian falsamente”, remarcó Iván Marín, periodista independiente y uno de los acusados. “Los medios hegemónicos, en términos generales, están alineados con el extractivismo, reproducen la voz del gobierno de turno y nos usan como ejemplo para disciplinar la protesta”.

Un mes después del episodio en el bar, Marín fue detenido nuevamente mientras cubría una manifestación de empleados estatales. Ya regía la reducción de la medida de restricción, y él se encontraba cumpliéndola. “Los policías me dijeron que tenía que estar a 500 metros, me detuvieron igual. Obviamente volví a salir en todos los medios como un violento, cuando no había hecho nada”, denunció.

Poner el cuerpo tiene su costo

Además de ser activistas, muchos de los imputados ejercen oficios vinculados a la comunicación, a la docencia y el acompañamiento social. Y es precisamente allí donde la persecución también actúa: afectando sus medios de vida y estigmatizando su rol social.

Aníbal Aguaisol es psicólogo, docente universitario y fotógrafo independiente. Cámara en mano, viene documentando desde hace más de una década las luchas sociales y la criminalización de la protesta en Chubut. “La denuncia que nos hicieron se enmarca en una serie, un proceso de criminalización de la protesta donde el poder de turno se articula con una justicia genuflexa y una prensa cómplice”, dijo.

“Yo creo que mi trabajo tiene que ver con la forma que encontré para que se intersecten mi militancia con la fotografía”, reflexionó Aguaisol. “La fotografía tiene una potencia enorme para mostrar una realidad que está invisibilizada por los discursos hegemónicos”, completó.

Aquel día, Aguaisol llegó con su cámara minutos después del inicio del cruce con los diputados. Para entonces, la menor ya se había retirado, sin embargo, también se le impuso una restricción de acercamiento al colegio de la niña. “Además coordino un grupo de hombres que han ejercido violencia de género”, contó. “Fue una paradoja enorme que alguien que trabaja para erradicar la violencia haya sido denunciado como violento. Me dolió mucho. Esa denuncia, que ahora sabemos que es falsa, manchó mi nombre”.

Vilma Pérez, activista mapuche, docente con más de 35 años de trayectoria y directora de una escuela, también fue blanco de la difamación. “Trabajo con chicos en situación de vulnerabilidad. Imaginate lo que fue para mí ver que todos los medios decían que una directora había maltratado a una nena y no la dejó salir del lugar”, comentó. “Había una radio comunitaria filmando en vivo, había vecinos grabando: se ve todo, desde que entramos hasta que nos fuimos”. Y agregó: “No les importa que sea mentira, el vicegobernador Menna y la diputada Aguilera iniciaron esta causa sabiendo que mentían. Lo hacen para dañarnos públicamente. Yo quedé como la ‘docente mapuche terrorista’ que golpeó a una niña”.

El caso de Noelia Silva es particular. Ella, en su labor social y periodística, ha estado presente en la inmensa mayoría de las causas sociales, lo que la ha convertido en protagonista de muchas de las denuncias. 

“Me gustaría aclarar que soy la única persona que está en todas las denuncias que hizo el Estado desde 2019 hasta hoy, eso me preocupa”, explicó. “Hay un video en el que le hago una pregunta a un diputado y Menna, desde la presidencia de la Legislatura, me hace callar y me dice que me van a imputar”. La imputación efectivamente llegó una semana después.

Además de las causas personales, Silva también sufre el silenciamiento institucional hacia el medio en el que trabaja, Radio Sudaka, un espacio comunitario que difunde noticias desde una perspectiva alternativa. “En la Legislatura no nos dejan ingresar al palco de prensa, no nos dejan hacer preguntas”, denunció. “Es como estar totalmente marginados de todo lo que es la esfera comunicacional en la zona. Y no hay medios que cuenten ninguna de las cosas que cuenta el nuestro”.

Sobre esto reflexionaron algunos de sus compañeros. “Hay una lógica en la que el Gobierno Provincial persigue y restringe a los pocos medios que no reproducen su visión”, comentó Iván Marín, periodista independiente que fue despedido por uno de los diarios más importantes de la provincia por tomar un megáfono durante una protesta que terminaría con daños al edificio de aquella redacción.

“No podemos permitir que se vulneren derechos que se ganaron con tanta lucha, con tanta militancia popular”, comentó Pérez. Y reflexionó: “No podemos tener la actitud de ´ya está´. No está nada. Si no salimos a contar lo que nos pasa, todo queda encerrado en estos kilómetros de territorio y no se conoce, y más aún cuando los medios hegemónicos callan o negocian”.