Tejiendo pasado, presente y futuro

Tejiendo pasado, presente y futuro

La fábrica de acolchados, sábanas y cubrecamas Alcoyana se convirtió en una cooperativa de trabajo autogestionada por los antiguos empleados. Presidida por una mujer, ahora enfrenta el desafío del traspaso generacional.

La Cooperativa de Trabajadores Alcoyana se encuentra en el barrio de Carapachay, partido de Vicente López. En una zona donde años atrás funcionaron muchas fábricas. Una de las pocas que continuaba abierta era esta planta de sábanas y acolchados que se había hecho famosa por auspiciar uno de los juegos de “Atrévase a Soñar”, un programa de entretenimientos de la década del 80 que conducía Berugo Carámbula. Pero el 5 de mayo del 2010, la firma fue declarada en quiebra por un interventor judicial.  A partir de ese momento, todo fue incertidumbre para sus trabajadores que no dudaron en luchar por conservar sus puestos de trabajo y comenzaron una toma que duró unos pocos días.

La actual presidenta de la cooperativa es Claudia Luna, quien abrió a ANCCOM las puertas de la planta para conocer un poco más el trabajo cotidiano. 

El local de exhibición es amplio e iluminado, rodeado de muestras de los productos de la marca. A ambos lados del salón hay unos muebles con repisas cubiertos de  distintos modelos de sábanas, acolchados y cubrecamas. 

A través de un pasillo largo, Claudia hace de guía hacia el interior de la planta para comenzar el recorrido y explica que allí se lleva adelante un proceso que quita las “pelusitas” de la tela de friza para que quede más suave. Al tener máquinas grandes trabajando, a medida que vamos ingresando a los distintos sectores el ruido aumenta.

El segundo sector es Tejeduría, allí se comienza a tejer la tela que luego será estampada o teñida. En este momento se están tejiendo paños para sábanas en un piso largo con distintos telares automáticos. Cinco trabajadores controlan los equipos. Al fondo, otras máquinas tejen las telas para repasadores y manteles. Todas ellas pertenecían a la planta original y ahora están a nombre de la Cooperativa Alcoyana. Se ve una gran cantidad de equipos que no están en funcionamiento, algunos están en reparación y otros por falta de materia prima. Claudia cuenta que trabajan con otra cooperativa que les provee algodón. Mientras que el poliéster lo importa otra empresa porque no hay proveedores nacionales. Con esas dos materias primas se genera la cadena de producción. 

La cooperativa actualmente está trabajando con unas 86 personas que son las que quedaron activas después de la pandemia. La mayoría de los trabajadores está desde la toma de la fábrica. En un momento llegaron a contar con 163 personas. Pero actualmente la preocupación pasa por que casi todos los socios son personas mayores, cerca de su retiro, y no cuentan con mano de obra joven que aprenda los oficios para que pueda continuar funcionando la planta. 

Cuando la cooperativa comenzó a funcionar en el año 2010, los trabajadores vendieron chatarra, máquinas que no estaban funcionando para poder levantar la fábrica. Finalizaron procesos que habían sido abandonados por los dueños anteriores y con ese dinero pudieron instalarse. A partir de allí se encargaron de salir a recuperar a los clientes que había perdido la empresa en el momento de la quiebra. También buscaron nuevos. 

 Los trabajadores que se hicieron cargo de la administración comenzaron con poco conocimiento en la gestión, pero con ayuda de compañeros de otras cooperativas y fábricas recuperadas pudieron encaminarse. Claudia cuenta que actualmente pertenecen a una red de cooperativas llamada RECOOP donde fábricas recuperadas de distintas ramas se compran y venden productos entre sí. Y generan contacto entre ellas.

Camino al sector de Teñido y estampado, donde funcionan máquinas que trabajan con vapor, está Darío Agüero, que es el secretario de la cooperativa. Tiene 29 años, es uno de los más jóvenes y se sumó a la cooperativa en 2012. Claudia comenta que es una persona muy trabajadora y, desde que llegó, se interesó en el área administrativa. Ambos están de acuerdo en que el potencial de la cooperativa es grande, pero falta acuerdo entre sus trabajadores, más que nada por la edad de la mayoría que ya ven como un camino posible el retiro. Creen que es necesario el recambio en el equipo pero las condiciones salariales son difíciles de sostener actualmente y por eso muchos de los más jóvenes decidieron buscar otras propuestas de trabajo.

Pasando por el sector de Costurería, que le da la terminación a las sábanas y acolchados, llegamos a la oficina de la Administración. Allí se encuentra Walter Sorato, el tesorero, desde atrás de una computadora y una pila de carpetas cuenta que fue parte de la toma de la fábrica en 2010. Recuerda que la organización fue muy rápida: una vez que consiguieron asesorarse con el abogado Luis Caro y pudieron hacer los trámites para conformarse como Cooperativa. Hoy el espacio físico donde se encuentra la fábrica está judicializado, debido a que en el 2017 la empresa privada Galopenim S.A. compró la quiebra, es decir todo el predio que pertenecía al dueño anterior, prometiendo hacer la donación de la planta para que la cooperativa siga funcionando. Por el momento se encuentran a la espera de esa resolución, manteniendo la esperanza de no tener que mudarse a otro lugar.

Durante la pandemia, recibieron ayuda del Estado y luego hicieron una nueva solicitud al Ministerio de Desarrollo Social que no prosperó. Por ahora, los trabajadores logran mantenerse con la propia producción pero desean poder aumentarla para seguir creciendo.

 

PRESIDENTA

Claudia es hasta ahora la única mujer con cargo de gestión. Dice que las compañeras no se animan a postularse, porque creen que es un desafío ocuparlos cuando en su mayoría los socios de la cooperativa son varones y hay que saber darse lugar para tomar decisiones. De todas formas, durante su mandato hasta ahora han prosperado y logrado mantenerse a flote, pese a diferentes dificultades, sobre todo económicas.

Ganancias sobre ruedas

Ganancias sobre ruedas

Según Alberto Rodríguez, secretario general de la Asociación de Taxistas de Capital (ATC) UBER gana unos $158 millones de dólares al año que se van del país. La cifra no es precisa, pero faltan fuentes transparentes que garanticen la rigurosidad del cálculo.

 

“Anualmente UBER ganaría 158 millones de dólares en la Argentina. Como no realizan inversión de ningún tipo, porque no gastan en autos (a lo sumo, no sé, arreglaran sus computadoras), ese dinero se fuga del país”, afirma Alberto Rodríguez, secretario general de la Asociación de Taxistas de Capital (ATC).

La cifra, que Rodríguez reconoce como estimativa, surge  de los reportes de ganancias que hacen las empresas que cotizan en bolsa. A esta información se suman las constantes filtraciones sobre presiones, amenazas y estrategias agresivas hacia los gobiernos de los países en donde operan y una rentabilidad que no deja de ser ni clara ni transparente.

El 12 de abril de 2016, UBER se instaló en Argentina sin cumplir requerimientos legales, sin pagar impuestos y sin CUIT habilitante. ¿Cómo lo logró? Sobre todo por medio de presiones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para evitar el pago de impuestos. Estas maniobras se conocieron por la filtración de documentos, correos electrónicos y mensajes de texto del período  2013- 1017, obtenidos por The Guardian y luego publicados y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

En febrero del 2018, una resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, hizo lugar al pedido de clausura del fiscal de Cámara, Claudio Lapadú. Esto llevó al bloqueo de UBER por organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público; los pasajeros ya no pudieron pagar sus viajes con tarjeta e inhabilitó a su CEO local, Xavier Otero, por dos años. Sólo cuatro meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revocó la resolución alegando que ”está  permitido que cualquier conductor transite con su vehículo particular o el que le ha sido encomendado por las calles y avenidas libradas al uso automotor con o sin pasajeros”. Nuevamente en 2020, el mismo Tribunal rechazó la apelación del fiscal Claudio Lapadú, quien reclamaba la inconstitucionalidad del fallo anterior. Se determinó así que Uber no cometía ninguna contravención, con lo que su actividad quedó legalizada.

“En nuestro país Uber se considera a sí misma como una plataforma, no como una empresa de transportes. En abril de 2019, la AFIP determina que Uber tiene una deuda con el fisco, en materia de tributos y cargas sociales, por $358.700.000 de los períodos 2016-2107”, explica Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista especialista en derecho de trabajo y seguridad social y asesor de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), primer sindicato de trabajadores de plataformas en América Latina. Para Ottaviano, la AFIP partió de “una presunción de deuda que estimó según un análisis de la ruta del dinero que cobran los choferes y que es recaudada por UBER de manera continua y periódica en concepto de comisión, pero a la vez, de cobro de servicio de movilidad de transporte; y también de otra presunción de que los choferes están trabajando para una empresa de plataforma y en relación de dependencia”.

Para el abogado “el asunto pendiente es la clasificación de la actividad económica de UBER o su debate, por lo menos administrativo, para que la AFIP pueda encuadrar adecuadamente el servicio que UBER presta”. Al no estar dirimida la cuestión de la clasificación económica, tampoco lo está el encuadre del trabajo de los choferes, si son empleados en relación de dependencia o contratistas que hacen uso de la aplicación.

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Uberización o independencia

Alberto Rodríguez asegura que UBER elude cargas sociales de los trabajadores mediante el uso de lo que considera “un eufemismo”: “Decir que sus empleados son socios es de una irracionalidad absoluta. No asumen que son una empresa de transporte al fijar recorridos, viajes y el valor de los mismos”. Rodríguez aclara que acompañarán el juicio de la AFIP pero se lamenta porque de mometo “no conseguimos absolutamente nada. No hay decisión política. Una política que suponga soberanía nacional e independencia económica”.

“Los cálculos que se hacen sobre facturación de choferes de UBER, por cobro de viajes, y de ahí derivar cuál es la ganancia anual o mensual y la presunción de que UBER fuga el dinero a casa matriz, son todas estimaciones”, asegura Ottaviano, en diálogo con ANCCOM. “No es una empresa que se caracteriza por mostrar balances positivos, desde que existe a la fecha. Tal como está diseñado el modelo de negocios a nivel global o local, presenta grandes pérdidas”. La razón para continuar invirtiendo es que se espera “un crecimiento exponencial en los mercados con expectativas, de cara a los inversores de riesgo, de que estas compañías se van a convertir en monopolios más temprano que tarde. Van a hegemonizar mercados y dar ganancias extraordinarias”

Sofía Scasserra, economista y especialista en economía digital, advierte que, si bien las ganancias de UBER se publican, saber si son verosímiles los números estimados por la Asociación de Taxistas de Capital, “requiere una investigación compleja que no se puede resolver a priori”. Para obtenerlos, habría que entrar en la página de UBER y ver sus últimos  reportes de ganancias. “Hay que mirar el estado de resultados, el estado financiero y fijarse si están los números desagregados por país, cosa que dudo”.

 Al hacer el procedimiento que sugiere Scasserra, se constata que las cifras son por regiones, no por países. Para sacar conclusiones más precisas, sostiene Scasserra, también habría que saber “quiénes son sus competidores, cuánto dinero ganan, cuánto se gana en el sector, cuál es la tasa de rentabilidad del sector. Es un trabajo que lleva mucho tiempo”. 

Al no haber más transparencia en los números dados a conocer por la empresa, es muy difícil constatar la cantidad de dólares que se van al exterior y, sobre todo, entender cómo este modelo de negocios sigue vigente a pesar de las pérdidas económicas anunciadas por UBER.

Amasando el futuro

Amasando el futuro

Ubicada en el barrio de Villa Martelli, la fábrica de tostadas Maxim fue recuperada por sus trabajadores en 2010. Desde entonces continúan produciendo pan tostado. ¿Cómo se organizan para mantener la cooperativa en funcionamiento?

El aroma a pan recién horneado y tostado se hace presente en Villa Martelli, donde se encuentra Maxim, fábrica recuperada por las y los trabajadores, que produce panificados y comercializa sus productos bajo la marca Unitostas.

La cooperativa autaogestionada se formó en el 2010 cuando 15 trabajadoras y trabajadores se unieron para continuar con el trabajo que venían realizando en la fábrica. A fines de ese año tomaron la planta. Meses antes del quiebre fue un proceso de suspensiones de un día, después una semana o quince días, en donde los salarios no eran pagados, las condiciones laborales no se cumplían y quien denunció la quiebra fue la obra social a la cual no le estaban realizando aportes.  “Nos pagaban cien pesos por día. Después de una jornada para la otra cerrábamos porque no había insumos”, cuenta Catalina “Caty” Geréz, quien está desde 2007 y acompañó el proceso de recuperación de la fábrica. 

Los vecinos de Villa Martelli, al ver que estaban sacando la maquinaria de la fábrica, alertaron a Pedro Amado, quien avisó a sus compañeros y juntos se encaminaron para buscar sus pertenencias y decidieron no salir más del lugar. “Entramos en 2011, habremos estado de cuatro a seis meses, pasamos hambre. De las 15 compañeras que éramos, quedamos seis. Nos quedábamos a dormir, nos turnábamos para ir a nuestras casas”, cuenta Amado, presidente de la cooperativa y encargado de los sectores de panadería y administración. 

La cooperativa se formó en 2010, pero obtener la matrícula les demoró dos años. Recién en 2012 se convirtió formalmente en la Cooperativa de trabajo Maxim.

Arrancaron el emprendimiento desde cero. “Tuvimos ayuda desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en primer lugar, a través de ellos conocimos al Ministerio de Desarrollo Social, del que obtuvimos el subsidio de “Manos a la obra” para insumos y arreglos de maquinaria, porque de las líneas de tostadoras solo había cuatro o cinco que funcionaban”, cuenta Pedro mientras recorre la fábrica. 

Si bien trataron de recuperar el nombre original de las tostadas no pudieron por lo que tuvieron que idear una nueva marca y todas las habilitaciones que eso conlleva. El nombre fue elegido por todos los y las compañeros: las tostadas se llaman Unitostas ya que refiere a la unidad entre compañeros y compañeras. “Nos reunimos entre todas y elegimos ese nombre, porque quiere decir que somos unidos. Somos unidos, nos acompañamos y luchamos juntos”, describe Caty.

Por parte del Estado fueron beneficiados por varios subsidios, arreglos de maquinarias y adquirieron nuevas máquinas como la Flow pack, envasadora adquirida hace tres meses. Son parte del Programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Para comenzar, recibieron ayuda del Movimiento de Fábricas Recuperadas, que les donó insumos para que puedan trabajar; también usaban facturas de otra cooperativa para poder vender. “Fue todo un tema conseguir los clientes, teníamos los remitos, las direcciones, pero no teníamos los teléfonos. Buscábamos en la guía qué colectivo tomar para poder ir al lugar y vender el producto, además de explicarle todo lo que estábamos pasando. No están más los dueños, pero seguimos siendo todos los mismos, los que trabajamos y hacemos el producto”, explicaba Caty.

El proceso productivo se realiza de manera manual y artesanal, desde el pan hasta el envasado. En un día normal, se producen alrededor de 100 kilos. El sector panadería, a cargo de Pedro, está ubicado al fondo del galpón, tienen una gran variedad de máquinas que a través de una ley de expropiación pudieron quedar en manos de los trabajadores.  La masa de pan recorre distintas máquinas. Primero, una la amasa durante media hora, después otra la corta en bollos y en una tercera leudan y reposan durante 40  minutos. 

Luego, los bollos se cargan grandes placas con moldes redondos y cuadrados, que después debe leudar nuevamente durante 15 minutos, entra en carros a grandes hornos donde se cocinan por poco menos de una hora. El tiempo lo señala una alarma, que indica cuando llegó el momento del desmolde. Tras dos días días de descanso en un cuarto, se procede al cortado en finas lonjas que son colocadas de manera manual en grandes placas que llegan a 200°C. Hoy algunas placas no se encuentran en funcionamiento. 

Al final llega el momento de selección y empaquetado, a cargo de Caty y Daniela Valles. Caty explica que el proceso de selección consta en dos pilas, aquellas que se deben volver a pasar por la tostadora porque están blancas y tienen que estar bien doradas y aquellas que están muy tostadas o rotas son descartadas. Luego son colocadas en la nueva envasadora y otra vez se realiza un proceso de selección, esta vez, a cargo de Daniela, una nueva socia que ingreso hace cuatro meses. 

El ruido de la cortadora, el abrir y cerrar de las máquinas de tostado, las risas y las charlas de Caty, Daniela, María y Pedro hacen eco en la fábrica recuperada por sus propios trabajadores. Sus cofias, ambos blancos, las paredes de las oficinas ubicadas en el segundo piso decoradas con publicidades de la empresa anterior cuentan la historia de todos los y las trabajadoras que pasaron por allí y que lucharon para poder seguir.  

El fuerte de ventas de Unitostas son las fiambrerías, es allí donde tienen más salida, venden a distribuidoras y alquilan el depósito a cooperativas para que guarden sus productos. Actualmente cuentan con poca producción, el problema se basa en la poca venta, lo que impide que amplíen producción y planta en la fábrica. La producción del día en Maxim se basó en la realización de productos para una nueva empresa, un trabajo a façón.  “Es temporada baja. Teníamos clientes que antes pedían 20 cajas y ahora piden 10. Bajó un montón el trabajo”, cuenta el presidente de la cooperativa. 

En el mes de julio estuvieron parados sin luz. “Eso nos mató, nos atrasamos con los pedidos y generamos deuda que todavía no llegamos a cubrir”, cuenta Pedro que espera conseguir un subsidio para poder financiarla. “Aunque no haya producción venimos igual, por si hay alguna venta.  Pedro y yo venimos todos los días. Hay que darle para adelante. Estamos en la lucha”, concluye Caty a lo que Pedro añade: “Queríamos y queremos trabajar acá, por eso luchamos para poder recuperar la fábrica”.

 

Aguas quietas

Aguas quietas

Las crisis del transporte público fluvial de pasajeros se ha vuelto cíclica en el Delta de Buenos Aires. Los frecuentes paros de los trabajadores dejan en evidencia la mala administración del Estado y la falta de inversión de las empresas.

Desde hace dos años los trabajadores del transporte fluvial de pasajeros del Delta de Buenos Aires realizan paros casi todos los meses. Tanto los vecinos de las islas como quienes dependen del turismo se ven afectados. Las medidas de fuerza se debe a los reclamos salariales y es respaldada por el Sindicato Marítimo de Obreros Unidos (SOMU). El último fue de una semana, del 9 al 15 de septiembre

 “El reclamo puntual es la falta de pago de salarios. Se hizo costumbre que demoren con los pagos. Hace un año y medio hicimos una presentación al Ministerio explicando que, si no estaba la plata el quinto día del mes, parábamos a pesar de las consecuencias. Sabemos que si hay paro la gente no puede ir a trabajar, los chicos no van a la escuela y es un problema para todos”, explica Hernán De Corte, secretario de interior del SOMU en diálogo con ANCCOM.

El transporte fluvial no está incorporado a los subsidios al transporte público que otorga el Gobierno nacional. En su lugar, las empresas marítimas (Interisleña y Líneas Delta) reciben compensaciones del gobierno provincial que nunca se abonan en tiempo y forma. Sin esas compensaciones, la empresa asegura que no puede afrontar el pago de salarios y así se desencadenan los paros.

“Mirando los números, las empresas tienen cierta razón pero deberían tener un respaldo económico propio para pagar los haberes. Hay un claro abandono del Estado a las empresas y, por lo tanto, a los trabajadores. Ambos son responsables”, señala De Corte.

La principal fuente de ingresos del sistema de transporte fluvial son los contratos privados con el Ministerio de Educación para llevar a niños y niñas a las escuelas de islas. Es evidente que estos recursos no alcanzan para solventar todo el sistema. La falta de presupuesto es la principal causa de esta situación.

En mal estado

“El transporte fluvial se encuentra en plena crisis”, plantea Ruben Sejenovich, habitante isleño. “Embarcaciones viejas, contaminación, explosión demográfica, falta de inversión de las empresas y abandono del Estado, son las razones por las que el sistema ya no funciona”.

La sensación del vecino isleño es ratificada por un informe de diagnóstico de los servicios de transporte público fluvial en Delta realizado por la UNSAM en noviembre de 2021: la antigüedad promedio de la flota es de casi 70 años. La mayoría de las lanchas de madera, típicas de la zona, son de 1930 a 1960. Se explica que la propulsión es a través de motores diésel, también antiguos, que provocan un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, como así también, ruido y olor. No hay previsiones para las necesidades de accesibilidad de los usuarios con discapacidades. Por todos estos motivos, “se recomienda una renovación de la flota”.

El estudio diagnóstica que: “Se trata de un servicio de mala calidad gestionado en forma artesanal; sin incorporación de tecnología; con escasa optimización de recursos; y fundamentalmente, no satisface la demanda de los usuarios”.

Crisis isleña

“La comunidad isleña está cansada de esta situación porque cada principio de mes tiene que ingeniárselas para poder ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, asistir a turnos médicos. El transporte fluvial es el único medio de transporte que tenemos. Somos rehenes de esta crisis”, dice Luis Cancelo, integrante de la organización “Unidad isleña”, en diálogo con ANCCOM. Cancelo también fue director del plan de manejo integral del Delta, un espacio participativo con modalidad asamblearia, entre la comunidad isleña y el municipio, que lleva adelante proyectos con perspectivas socio ambientales que influyen directamente en el territorio.

La participación de los isleños resulta fundamental: según el mencionado informe de UNSAM el 66% de los usuarios del servicio son residentes de la isla y de ellos el 70% utiliza los servicios de la empresa Interisleña.

Para Cancelo, “la administración del Estado debe buscar los mecanismos para liquidar las compensaciones antes del día 5. Así las empresas pagarían los sueldos y los trabajadores no harían paro. Es tan simple e inexplicable como eso”.

La comunidad isleña pide reevaluar todo el sistema de transporte fluvial debido a su mal funcionamiento. Proponen generar un ámbito de debate en donde participen todos los actores vinculados al Delta y a la política, desde los gobiernos provincial y municipal, el Ministerio de Transporte Fluvial hasta la Dirección Provincial de Islas, las empresas y el sindicato, incluyendo la perspectiva isleña. “El subsidio debería ser al pasajero, no a las empresas, y tener como contraprestación la renovación del parque náutico”, plantea Cancelo.

De Corte cuenta que desde el sindicato han pedido una mesa de diálogo en reiteradas ocasiones para resolver el problema del pago de salarios, pero “no hay ninguna solución en camino”. Ante este oscuro panorama, es muy probable que se continúen realizando paros en los próximos meses, cuando se suma el aumento del turismo.

«Capacitación sí, sabados no»

«Capacitación sí, sabados no»

Los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro de 24 horas contra la eliminación de la capacitación en servicio, entre otros reclamos históricos.

La Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP) convocaron ayer a un paro docente en defensa de los derechos laborales ante las medidas tomadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

El reclamo principal fue por la suspensión de la jornada denominada Espacio para la Mejora Institucional (EMI) que debería realizarse el 31 de octubre. El Gobierno porteño decidió trasladarla a un sábado con el argumento de no perder días de clase. Esto implicaría que los docentes deban presentarse a trabajar durante el fin de semana, algo por fuera de lo establecido por el Estatuto Docente ya que son sus días de descanso.

La jornada de protestas comenzó desde temprano en el centro porteño, donde ADEMyS realizó una concentración y una conferencia de prensa. A su vez, se organizaron distintas actividades descentralizadas en los establecimientos educativos como clases públicas, asambleas, semaforazos, y abrazos a edificios escolares.

La convocatoria a los “semaforazos” se anunció para las 12, en distintos puntos de la Ciudad. Uno de ellos se desarrolló en la esquina de Avenida Caseros y La Rioja, en el barrio de Parque Patricios.

Más de un centenar de docentes se acercaron con cartulinas y pancartas que contenían distintas consignas, entre las que se destacaron “basta de violencia a los docentes”, “nuestros derechos valen”, y “tocá bocina y apoyá la educación”.

El representante de la CAMyP, Fernando Messina, dialogó con ANCCOM y sostuvo que “el semaforazo tiene que ver con el avasallamiento que tiene el Gobierno hacia los derechos docentes. Hoy se engloba a las capacitaciones en servicio y los cursos de ascenso que históricamente eran los días de semana, y ahora quieren implementarlo los sábados. Las capacitaciones deben ser en servicio”.

Frente al posteo en redes sociales del jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel aclarando que las capacitaciones serán pagas, Messina agregó: “Suponiendo que lo paguen en término, muchos docentes no van a ir ya sea por no estar de acuerdo o docentes madres solteras que no tienen con quien dejar a sus hijos. ¿Qué espacio para la mejora institucional se plantea si no va a estar toda la comunidad educativa?”.

Sin embargo, la suspensión de la jornada EMI no fue el único reclamo. Los gremios denunciaron problemas en la aplicación MIA que otorga las licencias médicas, ante casos de rechazo de licencia sin explicación alguna a docentes que presentaban graves problemas de salud, por lo que sufrieron el descuento de esos días. Los pedidos por la pronta normalización del sistema se suman a los reclamos históricos de problemas edilicios y de infraestructura.

La jornada de paro se trabaja al interior de las escuelas, para derribar el mito de que son los docentes quienes no quieren dar clase. “Hoy nos estamos preocupando porque los alumnos el año que viene van a tener 192 días de clase. Nosotros nos preguntamos, teniendo en cuenta que hay 30.000 alumnos que no tienen vacantes. ¿Esos alumnos dónde están hoy en día? Ellos no tienen ni un día de clase, ni hablar de 192”, reflexiona Messina.

Otra de las propuestas en el lugar fue la de Radio Abierta, a cargo de UTE-Ctera, para contar acerca de las diferentes problemáticas actuales. Monona Gutiérrez, Secretaria de Inicial del gremio, declaró: “También necesitamos que la obra social OBSBA nos atienda y nos dé respuestas. Es todos los días una cosa nueva. Los docentes nos cansamos y hoy acá se lo demostramos. Ascenso, sí. Capacitación, sí. Sábado, no”.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, publicó en las últimas horas unos tweets en alusión al paro docente: “Sindicatos dicen que defienden la educación, pero dejan a los chicos sin clases. Otra vez. Otro día. Como si no hubiera sido suficiente con la pandemia, sostienen y alimentan la tragedia educativa”, y agregó “Usan a la escuela y a los chicos como campo de disputa partidaria y alientan a los centros de estudiantes a tomar colegios. Lo voy a decir una y mil veces. No importa cuál sea el argumento: el derecho a la educación no se puede vulnerar”.

Frente a los dichos de la ministra, Gutiérrez consideró que “tendría que estar una maestra al frente del Ministerio de Educación, y no una persona que no para de agredirnos y generar odio en nuestra comunidad educativa, un odio que no va a poder romper el lazo estrecho entre los padres, madres, alumnos, y la comunidad educativa en general”.

Desde ADEMyS, informaron que el paro tuvo una adhesión del 90 por ciento, y convocaron para el próximo jueves 29 de septiembre para definir la continuidad del plan de lucha.

Los gremios de la salud festejaron su día reclamando por un mejor salario

Los gremios de la salud festejaron su día reclamando por un mejor salario

Sindicatos y trabajadores, realizaron una jornada nacional de lucha en diferentes partes del país, para reclamar por el 82% móvil, la creación de una paritaria nacional de salud y la inclusión de los enfermeros a la carrera nacional.

El pasado 21 de septiembre, Día de la Sanidad, se llevó a cabo una movilización frente al Ministerio de Salud impulsada por FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud) y la CTA Autónoma, que contó con la participación de una gran catidad de trabajadores de la salud que reclaman por el 82% móvil, la implementación de una paritaria nacional de salud y por la inclusión de los enfermeros a la carrera profesional. Esta manifestación adquirió la característica de nacional por los actos y movilizaciones que se desarrollaron en todo el país y tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada de lucha que comenzó a las 11 del mediodía y que concluyó en horas de la tarde, se manifestó en torno al grito de “salud unida, jamás será vencida”. En las calles de esta ciudad se observaban carteles y banderas de todos los sindicatos que formaron parte del acto, entre ellos ATE Salud, OSPLAD (SITOS), SITRE (Sindicato de Trabajadores de Enfermería) y FENAT (Federación Nacional Territorial). Un camión, micrófonos, parlantes y los secretarios de las organizaciones exhibieron sus reclamos con firmeza, alentando al pueblo a acompañarlos en esta lucha.

Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de ATE Salud, indicó: “Estamos en este Día de la Sanidad festejando pero también reclamando. Le quiero decir al Presidente de la Nación que no ha cumplido con lo que se comprometió en nuestra central y está pendiente esa deuda. Los trabajadores queremos una paritaria nacional, para que en ese ámbito podamos recuperar el 82% móvil que nos sacaron en la época del menemismo. No aceptamos ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque los trabajadores de la salud estamos siendo una variable de ajuste ya que Sergio Massa, el superministro, lleva adelante un recorte de más de 15 mil millones para todas las áreas estratégicas de la salud pública. Nosotros, solo pedimos tener sueldos acordes al inmenso esfuerzo que, desde el 20 de marzo de 2020, llevamos adelante todos los trabajadores del equipo de salud. En donde pusimos el pecho y hemos sufrido la pérdida de casi 1.400 trabajadores, de Jujuy a Tierra Del Fuego, por estar en la primera línea durante toda la pandemia”.

Alejandro Bassignani, Secretario General de SITOSPLAD (Sindicato de trabajadores de OSPLAD) en diálogo con ANCCOM contextualizó la situación del sector y sostuvo la importancia de difundir sus reclamos para lograr mayor apoyo de la sociedad en esta lucha: “Nos estamos movilizando, para relcamarle al Ministerio de Salud que se conforme una mesa paritaria nacional de salud, y tratar las problemáticas de los trabajadores del sector de toda la Argentina. Así como existe una paritaria nacional docente, necesitamos que haya una paritaria nacional de salud: hoy los niveles salariales son muy desiguales en el hospital público, en las obras sociales y en el sector privado”, detalló.

Eran pocos los medios que se encontraban presentes en la movilización, así como también, las personas que se acercaban a escuchar. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE y secretario adjunto de CTA Autónoma fue contundente en su discurso cuando sostuvo que “se critican subsidios de políticas sociales, pero no se critica el subsidio que se da desde el Estado para financiar el dólar soja o el dólar minero, que engorda las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos. Mientras, se reduce el presupuesto en salud, en educación, en obra pública, en mejoramientos de barrios populares. Hay un golpe de mercado de los grandes grupos financieros y el gobierno se ha rendido y está aplicando un plan económico a la medida de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y de las trasnacionales”.

Godoy, expresó una propuesta en la que busca la unión de todos, para hacerle frente a esta situación: “Se deben realizar todas las medidas de luchas que emanan de asambleas y decisiones de nuestros compañeros trabajadores para pelear por sus derechos, no sólo se respaldan los aumentos salariales y las condiciones de trabajo. Sino también, el reclamo para el reconocimiento pleno a todos los trabajadores del equipo de salud, particularmente que se les reconozca su derecho profesional a los enfermeros. Hay que construir un sistema nacional basado y respaldado en la capacidad e intervención del Estado en todo el país, para que garantice el derecho universal y la gratuidad de la salud. Así como también, el derecho a ‘igual trabajo, igual remuneración’ para todos los trabajadores del sector”.

María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA y Secretaria General del Sindicato de Profesionales Universitarios de Sanidad de Santa Fe (SIPRUS), contó qué es lo que ocurre cada vez que le solicitan al Estado que cumpla con lo que se comprometió. “Cuando venimos a reclamar al Ministerio, nos dicen que para los trabajadores de la salud no hay plata, reclamamos hace muchos años la paritaria para fijar un piso de derechos. Hace un año, el presidente en la Casa Rosada nos decía que estaba de acuerdo, que iba a apoyar la iniciativa y que íbamos a avanzar en ese sentido. La realidad es otra”. Y añadió que “para los trabajadores de la salud, no hay plata. Pero para el dólar diferenciado para los sojeros, sí la hay. Por eso tenemos que estar en la calle, clamando por un paro nacional para terminar con este ajuste que nos está hundiendo”.

En medio de una jornada que cambió celebración por lucha, Bassignani con una luz de esperanza confensó que considera que los puntos por los que reclaman se pueden conquistar: “Esperamos que el Ministerio dé respuestas favorables, por eso los trabajadores nos movilizamos y los trabajadores de la Obra Social Docente estamos hoy de paro, en reclamo de recomposiciones salariales acordes a la canasta básica. Desde 2018 hemos perdido el 40% de nuestro salario. Es una situación insostenible”, indicó.

Uno de los temas que se mencionaron y que generan gran indignación en la comuniad es que enfermeros y enferemeras no sean reconocidos como trabajadores de la salud. Nancy Rojas, Secretaria General de SITRE explicó: “Trabajamos todos los días en la pandemia, demostramos que ningún sistema de salud podía sostenerse sin nosotros. Incluso la campaña que se hizo de vacunación por el covid-19 tampoco hubiese sido posible si no estábamos. Somos los más precarizados, los más olvidados, los que más bajo salario recibimos, además de malas condiciones de trabajo. Exigimos mejoras salariales, sueldos dignos, no queremos ser trabajadores pobres. Trabajamos por 30 mil pesos. Somos discriminados por Horacio Rodríguez Larreta y por SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) que nos dejan afuera de la carrera por negocio. Nos quieren tener atrapados en su sistema. Son unos corruptos. A los enfermeros no nos dejan crecer. No nos dejan ser. Soy licenciada, tengo una carrera de grado, pero tengo que trabajar en dos lugares porque no llego a fin de mes. No nos reconocen. Ni a mí ni a miles de mis compañeros. Por eso en el Día de la Sanidad estamos junto a todos los sindicatos: porque necesitamos que nos acompañen con esta lucha para tener un sueldo digno. Necesitamos el apoyo de la población, porque solos, no podemos”, sentenció.