Los periodistas latinoamericanos bajo amenaza

Los periodistas latinoamericanos bajo amenaza

Sep 5, 2025 | Destacado 5, Trabajo

Asesinatos, judicialización, censura, agresiones digitales y precarización laboral. Cuatro prestigiosos reporteros del continente denunciaron la situación profesional en el Encuentro Regional de Universidades, Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas que se realizó en Buenos Aires.

En el marco del Encuentro Regional de Universidades, Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas, el último miércoles tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un panel acerca de la situación de la prensa en América Latina y el Caribe. El encuentro reunió a cuatro reconocidos periodistas de la región: Mauricio Weibel, Marielos Monzón, Diana Salinas y Álvaro Pan. Las moderadoras fueron la docente y conductora televisiva Anabella Messina y la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval. Cada uno contó sus experiencias en sus respectivos países y compartieron propuestas para un accionar regional conjunto que garantice la seguridad de los periodistas latinoamericanos y el cumplimiento de su rol: informar para dar más herramientas a la ciudadanía.

 El primer expositor fue Mauricio Weibel, chileno y presidente del Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo, quien expresó que la profesión está atravesando un momento de mucha complejidad porque con los avances tecnológicos, “todo el mundo ya sabe lo que pasa” y los periodistas tienen que informar, pero también tienen que contextualizar y “develar aquello que, como sociedad, ocultamos y no queremos ver”. También destacó que vivimos en un momento de “precarización de la democracia”, donde aumentan las agresiones a periodistas y se vulnera el derecho a la libertad de expresión. Siendo este último “el derecho que los periodistas tienen que proteger, ya que es el que permite el ejercicio de todos los demás derechos”.

Para mostrar lo que está ocurriendo con la prensa, Weibel mencionó el ejemplo de Brasil, donde actualmente hay 2400 juicios a periodistas, algo que exhibe la persecución a quienes ejercen la profesión y a la libertad de expresión y de prensa en su conjunto.

La guatemalteca Marielos Monzón, presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas, coincidió en que actualmente se silencia al periodismo y que, en su país, “no se veía este nivel de violencia desde la dictadura”. En sus palabras, “las narrativas de odio y la regresión democrática han causado la reaparición de tres fenómenos gravísimos en la región: el secuestro de periodistas, la persecución a través de la justicia y el exilio de cientos de profesionales en toda Centroamérica”. Monzón puso especial énfasis en la judicialización, porque los crímenes de los que se acusa a los periodistas ya no son únicamente los esperables, como calumnia e injurias, sino también obstrucción a la justicia (por revelar tramas de corrupción dentro del gobierno) y asociación ilícita (por hacer reuniones de editores en la redacción de un diario).

Monzón fue clara al decir que se está usando a la libertad de expresión para atacar a la libertad de prensa y que, cuando se le crea una causa a un miembro de la prensa no solo se lo trata de meter preso, “primero se lo estigmatiza y se trata a todos los periodistas de mentirosos”.

El periodismo latinoamericano tiene mucho en lo que trabajar. Y, según Monzón, “con la asunción de tantos líderes autoritarios en el continente que, además, parecen compartir la misma lista de cosas por hacer y en la que siempre está perseguir al periodismo, es importante la unión”. Por eso, los periodistas centroamericanos se juntaron para proteger el derecho a la información de sus ciudadanos bajo la red que ella preside.

Diana Salinas, colombiana y directora del medio independiente Cuestión Pública, defendió la importancia del periodismo de investigación y estimulo a los jóvenes a seguir este rumbo tan necesario y poco convencional. Bajo la común asociación de que los redactores son personas altruistas que arriesgan su vida todos los días por informar acerca de la realidad colombiana, dijo: “No me hice periodista para ser mártir”. Lo hizo, contó, para revelar la corrupción encubierta y los lazos entre el Estado, el crimen organizado y el narcotráfico.

Salinas instó a quienes se están iniciando en la profesión a que no claudiquen en la idea de hacer periodismo de investigación. También profundizó en las estrategias que su medio usa para proteger a los reporteros que van a cubrir una nota peligrosa o que implica manifestaciones en la calle: “Tenemos chalecos antibalas y una serie de herramientas para resguardar nuestra integridad; la más importante es ser muy rigurosos con la información que publicamos”. En Cuestión Pública son conscientes de que sus notas molestan, y mucho, al poder y por eso hacen un “fact check”, o comprobación exhaustiva de la veracidad de los hechos, antes de publicar. También tienen un editor judicial que no censura ni acorta lo que quieren comunicar, sino que les dice cómo expresarlo para no tener que rectificarse o enfrentar procesos judiciales.

En el último año y medio, asesinaron a tres periodistas colombianos. Hasta la fecha, “no nos han intentado matar”, dice Salinas y cierra remarcando la necesidad de proteger a los periodistas y de que estos hagan lo que mejor saben hacer, que es informar, trabajar en red y crear bases de datos para que los ciudadanos puedan estar al tanto de lo que pasa.

El cuarto expositor fue Álvaro Pan, uruguayo y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Pan dio a entender que en Uruguay no se registra el mismo nivel de violencia contra periodistas como el expuesto en Colombia y en toda Centroamérica. Se aproximó al tema desde la perspectiva de la protección de la labor periodística como una labor social y un derecho fundamental de la sociedad. Dice que es crucial que los periodistas tengan contacto con esa sociedad y no hagan su trabajo desde un lugar corporativista o respondiendo a intereses políticos, perdiendo visión del grupo al que quieren informar. Declara que “el periodista tiene que dudar y no puede ser obsecuente con ningún poder”.

Hacia el final de la jornada, Mauricio Weibel volvió sobre algunos temas y explicitó que el encuentro no fue convocado para deprimir ni desesperanzar a nadie. Al contrario, dijo, se trató de una instancia para estimular al ejercicio responsable del periodismo, resaltar su rol social esencial y repitió que la libertad de expresión es el derecho que permite el ejercicio de todos los demás derechos. En ese marco, el periodista no es simplemente un transmisor de datos, sino quien brinda herramientas para que la ciudadanía pueda elegir, tomar decisiones, comprender su contexto y vivir en libertad.

A los cartoneros también les llegó el ajuste

A los cartoneros también les llegó el ajuste

Ago 30, 2025 | Destacado 1, Trabajo

Las cooperativas porteñas de recicladores urbanos protestaron toda la semana en el Parque Lezama porque el Gobierno de Jorge Macri les quitó el subsidio al transporte que permitía a los trabajadores llegar al centro de la ciudad. Encima, la apertura indiscriminada de exportaciones que decretó Javier Milei, hizo que baje el precio del cartón.

Referentes de cooperativas de trabajadores cartoneros, carreros y recicladores se encuentran encadenados en Parque Lezama haciendo una huelga de hambre frente al Ministerio de Espacio Público de la Ciudad. Las cooperativas de cartoneros, agrupadas en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) –una de las organizaciones que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)– reclaman que el Gobierno de la Ciudad suspendió el financiamiento del traslado diario de los recolectores que viajaban desde el conurbano. Dejaron de contar con esta ayuda el 23 de julio, cuando el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que “están desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”. 

El gobierno porteño dejó de financiar el transporte diario a 3.500 familias de recuperadores urbanos -de las 6.000 que existen en el sistema- pertenecientes a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. Dejó a esas organizaciones sin ese beneficio con el argumento de que el dinero que ahorrarán –serían 6.000 millones de pesos al año-  será destinado a realizar mejoras en el sistema de reciclado porteño.

“La Policía nos saca la mercadería, nos secuestra los carros, nos reprime, nos pone multa, cuando saben que vivimos del cartón y del reciclado”, dijo Paula

Además del reclamo por su traslado diario hacia el centro, los trabajadores exigen la continuidad del transporte de sus hijos hasta las guarderías. Más de 600 chicos asisten a tres espacios de cuidado infantil en Fiorito, Constitución y Barracas. Carlos Suárez, cartonero perteneciente a la cooperativa MTE, manifestó que no quieren que los niños pierdan sus infancias por tener que estar en la calle acompañando a sus padres. También denunciaron la discriminación, la persecución y el maltrato de la Policía de la Ciudad y sus autoridades, quienes les quitan sus elementos de trabajo, no les permiten que lleven sus carros y sus bolsones, e incluso que los llevan detenidos y les cobran multas. 

“Nos sacan la mercadería, nos secuestran los carros, nos reprimen, nos ponen multa, cuando saben que vivimos del cartón y del reciclado”, dijo Paula, que carretea de toda la vida y se encuentra agrupada en la cooperativa Amanecer de los Cartoneros desde hace 6 años. Como ella, muchas de sus compañeras y compañeros mantienen a su familia con su trabajo, que cada día está siendo más perseguido. “Si vas a revisar un tacho vestida de cartonero, te hacen una multa que no llegamos a poder pagar”, agregó su compañera Olga. Gracias a su propia organización en cooperativas, reciben un sueldo por el trabajo que muchos realizaron durante toda su vida. 

Además de ser una fuente de subsistencia, el trabajo de recolección y reciclado de residuos que realizan los trabajadores cartoneros cumple un rol ciudadano importante, de limpieza y cuidado del medioambiente. Lejos de resguardar esta labor, la gestión de Jorge Macri les impone cada vez más dificultades. Al no contar con los micros que los trasladaban, su sueldo de apenas 390.000 pesos no les permite costear los viáticos. Sumado a esto, en el contexto nacional, Milei liberó las importaciones de materiales reciclados, lo que empeora aún más la situación. El kilo de cartón vale un 70% menos de lo que valía en 2024.

Luego de una semana de protesta en Parque Lezama, el viernes 29 encararon una marcha convocando a todos los sectores de la economía popular a reclamar con el movimiento cartonero, luego de no haber obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades a lo largo de estos días. Entre los carteles que sostienen se puede leer “Jorge Macri: sin los cartoneros, la ciudad estaría peor. Dejá de recortar el reciclado”, y “Lo que la ciudad desecha, nosotros los transformamos”. Insistirán en poder realizar su labor con dignidad y no seguir perdiendo los derechos que fueron adquiriendo a lo largo de los años mediante la organización popular. “La crueldad del gobierno de Macri no tiene límites, le declaró la guerra a los recicladores urbanos y los cartoneros que, con su trabajo, garantizan el sostenimiento de nuestra ciudad y la recuperación de residuos urbanos”, expresó en su apoyo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

 A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, presidido por Ignacio Baistrocchi, quienes gestionan la ciudad afirman que buscan utilizar esos fondos para fortalecer la estructura y la capacidad del sistema de recolección y reciclado. Las medidas que llevaron adelante con este objetivo fueron: bancarizar a los recuperadores, hacer que comiencen a recibir su sueldo en cuentas del Banco Ciudad y no mediante las cooperativas a las que pertenecen, implementar un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos en los centros verdes y centros logisticos, y reforzar las rutas de recolección en zonas de alta generación.

 

Una caravana por los medios públicos

Una caravana por los medios públicos

Ago 29, 2025 | Destacado 5, Trabajo

Los trabajadores de prensa de los medios estatales recorrieron el centro porteño para denunciar el congelamiento salarial, la precarización laboral y la censura de contenidos que sufren en su tarea.

Trabajadores de los medios públicos se manifestaron contra del Gobierno nacional por la vulneración de sus derechos laborales, en una caravana que recorrió el centro porteño.

La Ciudad de Buenos Aires se vio inundada por las voces de protesta de trabajadores pertenecientes a todos los gremios y sindicatos de los medios de comunicación públicos del país. Los cánticos fueron acompañados por las voces familiares de locutores reconocidos, que esta vez denunciaban los ahogos salariales y precarias condiciones laborales a los que se enfrentan desde que asumió Javier Milei.

La caravana –que incluyó todo tipo de vehículos decorados con banderas– partió desde la sede de Radio Nacional, en la calle Maipú, avanzó por Corrientes y Alem hasta la Casa Rosada, pasó por el Congreso Nacional, y sobre el mediodía, los manifestantes se dieron cita frente a la sede de la exTélam, en Belgrano y Balcarce, para concluir su recorrido una hora más tarde en la puerta de la Televisión Pública, en Figueroa Alcorta y Tagle. Esta iniciativa formó parte de una serie de manifestaciones a nivel nacional, a través de las cuales, trabajadores de todas las provincias se reunieron para expresarse en contra del congelamiento salarial y la censura de contenidos a los que los somete la gestión de La Libertad Avanza, a la que acusan de restringir la libertad de prensa y silenciar las voces opositoras.

Silenciamiento

Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y trabajador de la Televisión Pública, quien estuvo al frente de la manifestación, denunció el brutal ajuste en contra de los medios públicos y la clase trabajadora. El dirigente señaló que el gobierno busca acorralar a los trabajadores de los medios públicos para generar renuncias voluntarias, lo cual afecta la libertad de prensa en el país. “A través del ajuste salarial, se pretende destruir el rol social que tienen los medios públicos y que es fundamental para garantizar la democracia. Los medios públicos se encargan de promover la diversidad y garantizan información federal y plural”, afirmó Lecchi.

Por su parte, Fernando Pedernera, trabajador de prensa de Radio Nacional y dirigente del Sipreba, denunció que muchos de los salarios de los trabajadores de los medios públicos se encuentran por debajo de la línea de pobreza y, en algunos casos, de la línea de indigencia, ya que están congelados desde agosto del año pasado. Esta situación, afirmó Pedernera, es parte de una política de «vaciamiento» para presionar a los trabajadores a aceptar retiros voluntarios y dejar sus puestos de trabajo.

En tanto, Fernando Costa, locutor y directivo del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO), denunció la paradoja de un gobierno que utiliza el concepto de “libertad” como estandarte político, pero al mismo tiempo, genera una fuerte censura en los medios de comunicación. “No tenemos una libertad real. Están utilizando los medios públicos para difundir las pancartas políticas que tanto criticaron antes de asumir”, subrayó.

Costa también resaltó la importancia de defender la soberanía mediática, a través de una radio federal, que dé voz a todas las provincias y, en particular, a las regiones apartadas. Denunció que el gobierno ha clausurado muchas regionales de Radio Nacional, centralizando los contenidos, transmitiendo solo desde Buenos Aires. “Cerraron las sucursales de Radio Nacional de cada provincia que genera contenido autóctono de la región y la están unificando todo con la Radio Nacional de Buenos Aires”, afirmó Acosta.

Pasadas las 12, entre cánticos y fuegos pirotécnicos, los manifestantes llegaron a Télam, el blanco más atacado por el gobierno. El 1 de marzo de 2024, el presidente Milei anunció el cierre de la agencia estatal de noticias en la apertura de sesiones del Congreso. Dos días después, el 3 de marzo, los trabajadores encontraron dos de las sedes de la agencia en Buenos Aires valladas por la policía. Se suspendió el sitio web y se dispensó a los trabajadores de sus tareas. Desde entonces, se ha desarrollado una lucha gremial que incluyó un «acampe» frente a las sedes que duró 130 días, exigiendo la reapertura. Sin embargo, los trabajadores en la actualidad se enfrentan aún a condiciones precarias, que incluyen sueldos congelados desde hace un año y una reducción casi absoluta de los contenidos mediáticos que se producen.

Daniel Bello, camarógrafo de Télam y delegado del Sipreba, explicó: “Nosotros entendemos que es necesario que haya una agencia nacional de noticias como Télam, tal como funcionaba en ese momento, con ese federalismo que tenía y que tendría que estar vigente. Nosotros defendemos eso. Por ahora, se logró sostener las fuentes de trabajo, pero el carácter de agencia se perdió. Eso el gobierno lo terminó destruyendo”.

Télam jugaba un rol particularmente crucial para los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, ya que la agencia históricamente ha recibido a muchos egresados –incluyendo experiodistas de ANCCOM-, muchos de ellos, presentes en la caravana. Sin embargo, afirma Bello, la agencia dejó de recibir nuevos trabajadores, y los que aún siguen en ella luchan por mantener sus puestos de trabajo en un medio que ya casi no produce contenidos.

Sobre las 13, cuando la caravana llegó a la sede de Televisión Pública, Christian Stauffacher, editor y delegado del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), denunció que, tras la negación de las paritarias que ha dejado a los trabajadores sin aumentos salariales desde agosto del año pasado, se ha generado una deserción de los trabajadores cercana al 40 %, lo que ha reducido significativamente la capacidad de producción de canales como Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

 

Censura sistemática

Stauffacher expresó que, con la excusa de acusar a los canales públicos de difundir contenido a favor del peronismo y fungir como usina para propaganda kirchnerista, el gobierno ha generado una fuerte censura en los contenidos de la Televisión Pública. Mencionó que el noticiero, antes amplio y con cobertura de todas las voces, se encuentra ahora ampliamente parcializado. Mencionó el caso particular del programa de televisión infantil “Tuttle twins», emitido por Pakapaka, que se encarga de difundir propaganda libertaria a los niños. De esta manera, el gobierno de Milei está utilizando los medios públicos para difundir el mismo tipo de propaganda política que él mismo acusa y condena.

El evento concluyó con un discurso de los principales dirigentes gremiales, frente a la sede de TV Pública, en el que se resaltó la importancia de proteger a los medios de comunicación públicos, y la libertad de prensa. En palabras de Fernando Costa: “Queremos defender los medios públicos como un lugar de soberanía cultural y patrimonio de todos los argentinos, porque los merecemos, porque debe ser así, porque son los únicos medios que llegan y dan voz a todos los rincones del país”.

El recorte de Milei llega hasta el cielo

El recorte de Milei llega hasta el cielo

Ago 28, 2025 | Destacado 2, Trabajo

Un cuarto de los trabajadores de ARSAT fueron despedidos y los que quedan advierten que la tecnológica estatal se encamina al colapso. El sindicato que los agrupa anunció un paro de 72 horas a partir del lunes: el personal tiene congelados los salarios desde agosto del 2024.

Sin paritarias desde agosto de 2024 y con salarios congelados, el personal de ARSAT se mantiene en pie de lucha. Mientras tanto, el proyecto del satélite SG1, clave para llevar internet a pueblos aislados del país, permanece paralizado por decisión política.

ARSAT nació en 2006 para que la Argentina no quedara muda ni dependiente en la era digital. Sus satélites, orgullo de la ingeniería nacional, no solo garantizan independencia tecnológica: también son un negocio rentable. Cada uno genera entre 40 y 50 millones de dólares al año, y tras recuperar la inversión inicial en apenas cinco años, ofrecen más de una década de ganancias limpias para el Estado.

Así lo explica Diego Freyberg, delegado de FOETRA, quien remarca que la cuestión va más allá de las cuentas: “Somos uno de los ocho países que tenemos la capacidad de diseñar, construir y operar nuestros propios satélites de telecomunicaciones”. Tener satélites propios, afirma, es ocupar posiciones orbitales que pertenecen a la Argentina, blindar la soberanía de nuestras telecomunicaciones y resguardar la transmisión de datos frente a intereses privados o extranjeros. “No da lo mismo que los satélites estén en manos del Estado que en manos de un privado”, sostiene, convencido de que allí se juega la capacidad del país de decidir sobre su futuro geopolítico.

En Benavídez, partido de Tigre, los controladores que siguen minuto a minuto la trayectoria de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 sostienen el pulso de un país que alguna vez soñó con la soberanía tecnológica. Pero hoy ese pulso late débil: más de una cuarta parte de los trabajadores especializados abandonó la empresa en el último año, víctimas de salarios congelados y de una pérdida del 60% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

“Recordemos que es personal muy especializado y que ha tenido años de formación y capacitación para poder realizar las tareas necesarias en estos proyectos de alto desarrollo tecnológico –asegura Freyberg–. Aproximadamente el 20% del personal, tanto de la Estación Terrena Benavídez como de los grupos operativos, dejaron la empresa producto de este ahogo salarial. En áreas donde había 10 compañeros y la mitad se han ido, quedan 5 trabajadores que tienen que hacer el doble de trabajo, cobrando la mitad del sueldo. Es una bomba de tiempo que acelera el proceso de vaciamiento de la empresa.”

La fuga de cerebros golpea en todos los frentes. No se trata solo de ingenieros satelitales o técnicos de fibra óptica. También se van administrativos, personal de recursos humanos, mantenimiento y logística. En cada oficina, en cada pasillo, la ausencia se siente como un eco y proyectos de años quedan a mitad de camino.

El ejemplo más concreto es el ARSAT-SG1, el satélite que debía garantizar internet satelital de banda ancha en pueblos aislados. Su construcción, comenta el delegado sindical, que había alcanzado el 50% en 2023, está paralizada desde enero de 2024, a pesar de que el Estado ya contaba con financiamiento asegurado por la Corporación Andina de Fomento y los pagos a proveedores quedaron frenados. Su parálisis no sólo implica la pérdida de tiempo y dinero invertido, sino también la postergación de un derecho básico: el de estar conectados.

El conflicto, como en tantos otros sectores, se profundiza. La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) anunció un paro por 72 horas desde el próximo lunes a las 0 horas. La medida, que afectará la operación de ARSAT a nivel nacional, busca destrabar un reclamo que ya no admite dilaciones. Los trabajadores advirtieron que, si bien garantizarán la seguridad básica de las comunicaciones, las consecuencias de la huelga se harán sentir “de manera absolutamente notoria, a lo largo y ancho de todo el país”.

Los trabajadores de ARSAT no piden otra cosa que recuperar la mesa paritaria y salarios que reflejan su formación y responsabilidad. Porque, destacan, detrás de cada antena, de cada fibra óptica y de cada satélite que orbita sobre nuestras cabezas, no hay máquinas: hay personas que eligieron quedarse en el país para sostener un proyecto colectivo. Y esas personas hoy sienten que ese futuro, como sus satélites, empieza a escaparse de sus manos.  

«Vamos a trabajar a las movilizaciones como si estuviéramos en guerra»

«Vamos a trabajar a las movilizaciones como si estuviéramos en guerra»

Ago 22, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Trabajadores y trabajadoras de prensa se movilizaron al Ministerio de Seguridad para repudiar y exigir la renuncia de Patricia Bullrich. Con fotos de las escenas de represión que sufrieron, recorrieron las inmediaciones y alertaron a los vecinos: Sin libertad de prensa no hay democracia.

Sobre el cruce de las avenidas Las Heras y Pueyrredón –mientras la ministra de seguridad Patricia Bullrich estaba por comenzar una conferencia de prensa junto al ministro del interior de Chile, Álvaro Elizalde–, en plena luz del día y en medio de la rutina y el caos porteño, se agruparon trabajadores de prensa con sus cámaras en mano. Se movilizaron hacia el Ministerio de Seguridad en repudio a la violencia sistemática ejercida por las fuerzas policiales y militares durante sus coberturas en la vía pública.

La gente que pasaba caminando esquivaba aquel tumulto, apurada observaba con confusión y desconfianza, “¿Qué es lo que están esperando?”, preguntó un peatón. Carteles con fotografías impresas de recientes represiones comenzaron a circular de mano en mano. En el reverso tenían inscriptas consignas breves y claras: “Justicia por Pablo Grillo”, “Expresión sin represión”, “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”.

Las cámaras fotográficas y los elementos de protección y cuidado se volvieron herramientas complementarias y cotidianas para los fotoperiodistas argentinos frente a un nuevo desafío: ejercer su trabajo bajo amenaza. “Vamos a las movilizaciones con máscaras de gas y antiparras como si estuviéramos en la primera línea del frente de guerra, es demencial, a veces no pasa nada y viene uno igual y nos gasea”, comentó en diálogo con ANCCOM el fotoperiodista Guido Piotrkowski.

Lento y de forma colectiva, iniciaron la marcha hacia la puerta del Ministerio de Seguridad. “La idea es correr un poco el eje del lugar de siempre protestar frente al Congreso y la Casa Rosada, y en este caso, protestar frente a la responsable de la represión y agresiones que vivimos todos los miércoles pero que comenzó con las movilizaciones de la Ley Ómnibus”, explicó Piotrkowski. El reclamo incluyó no solo justicia por los ataques de violencia sufridos por colegas, sino también, la exigencia de renuncia de Bullrich, señalada como la principal responsable de la persistente agresión estatal. “La violencia sistemática a quienes ejercemos el periodismo es una decisión política, exigimos la renuncia de la ministra de Seguridad responsable del ataque a Pablo Grillo”, expresaron en su comunicado colectivo.

 En la entrada, dos guardias serios y rectos observaban con desconcierto. Al dar vuelta en la esquina, para volver a posicionarse frente al edificio, aquellos guardias ya se habían multiplicado. Hombres de trajes y zapatos bien lustrados comenzaron a salir y agruparse en la vereda. Atendían nerviosos y apresurados los llamados entrantes en sus celulares y radios, mientras observaban en silencio aquellas imágenes que recordaban las sucesivas y violentas represiones sufridas por periodistas y ciudadanos argentinos –que hacen uso su derecho constitucional a huelga– sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados con armas y hasta arrestados.

Desde hace más de un año, los miércoles frente al Congreso se repite el uso de maquinaria represiva ilegal junto a despliegues desproporcionados y uso de armas hacia trabajadores y adultos mayores que reclaman por mejoras en sus haberes y condiciones de vida. “Todos los miércoles ya es un folklore esa coreografía que despliega la gendarmería y todas las fuerzas de seguridad custodiando las calles, vienen a pegarnos a nosotros y a los jubilados. Hay veces que ni siquiera hay manifestantes ni jubilados, estamos solo los periodistas y nos reprimen de todas formas”, contó Piotrkowski. Según la Comisión Provincial por la Memoria, en el primer semestre de 2025 hubo 1.251 heridos y 130 detenciones arbitrarias en CABA.

En enero de 2025, al inicio del gobierno de Javier Milei, la violencia estatal comenzó y nunca frenó. “Desde ARGRA puntualmente lo advertimos, ni bien nombraron a la ministra, empezamos a activar todo lo que era el protocolo cuando ella era ministra en 2016. Cuando sucedió lo de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el día de los piedrazos, tuvimos 37 compañeros heridos con balas de goma. A partir de ahí volvimos a activar un protocolo de seguridad que se inaugura en diciembre del 2023, y en febrero comenzamos a hacer las primeras denuncias cuando activaron el protocolo de seguridad anticonstitucional”, explicó Sebastian Vricella presidente de la Asociación de reporteros gráficos de la República Argentina (ARGRA), y agregó: “El 13 de marzo, un día después de que hieraran a Pablo Grillo, hicimos una conferencia de prensa pidiendo la renuncia de la ministra”.

El primer caso de violencia extrema registrado fue hacia el fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente el 12 de marzo durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Recibió en su cabeza el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero, quien pudo ser identificado gracias al colectivo el Mapa de Policía con imágenes que lograron capturar los mismos compañeros de prensa. Grillo estuvo 83 días en terapia intensiva y fue sometido a siete operaciones, incluida la colocación de una prótesis craneal.

El miércoles pasado, durante la marcha de jubilados en la Plaza Congreso, Camila Rey (fotoperiodista) y Yazmín Orellana (periodista)  –trabajadoras de la prensa de ATE y del medio independiente Laboratorio del Pensamiento Popular–, fueron detenidas por agentes de la policía de la Ciudad mientras ejercían su labor. Fueron tiradas al piso, esposadas, y trasladadas por tres comisarías distintas. Rey sufrió una luxación en el brazo; Orellana recibió una patada en la cara. La detención duró cinco horas. El argumento oficial de su detención fue “declaración de rebeldía y desobediencia a la autoridad”.

Desde las autoridades hay una bajada de línea clara: la libertad de prensa como amenaza. Así, el periodismo se ha convertido en el blanco de un ataque que no cesa. Una decisión política que demuestra la intención de ocultar los reclamos sociales de la ciudadanía, incluso si eso implica censurar a quienes difundan imágenes de lo que sucede.

Ya frente al Ministerio, algunos fotoperiodistas intentaron dialogar con los agentes de seguridad. No hubo respuesta. Solo miradas duras y tensas. Sin perder el impulso colectivo, losreporteros gráficos retomaron la marcha hacia el cruce de Las Heras y Pueyrredón. Allí realizaron un semaforazo. Se alinearon con sus cámaras colgadas al cuello y las pancartas en alto sobre el pase peatonal, las consignas se elevaron ante la visión de todos los transeúntes. Una última foto fue tomada para registrar y dejar constancia: sin libertad de prensa no hay democracia.

Publicación vía aRGra y Sebastián Andrés Vricella
Publicada en cuenta de Instagram, 22/08/2025

NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La represión, las restricciones y el ataque sistemático a quienes ejercemos el periodismo son parte de la decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Quieren un país desinformado e ignorante para llevar adelante un ajuste que empobrece a las mayorías.

Exigimos la renuncia de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable del ataque a Pablo Grillo.

¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?

El odio a los periodistas que profesa el gobierno se transforma en balas, gases y detenciones

El odio a los periodistas que profesa el gobierno se transforma en balas, gases y detenciones

Ago 20, 2025 | Destacado 4, Trabajo

En cada protesta de los jubilados ante el Congreso las fuerzas de seguridad estatales se ensañan con su blanco favorito: los trabajadores de prensa. Las detenciones arbitrarias, balas de goma, gases y golpes contra fotógrafos y periodistas persiguen el doble objetivo de amedrentar y de ocultar los reclamos sociales. Sipreba, Argra y el Cels denunciaron la escalada represiva ante la justicia y la CIDH.

Cada miércoles cronistas, reporteros gráficos o movileros son atacados violentamente por las fuerzas de seguridad durante las coberturas de las marchas de jubilados ante el Congreso de la Nación. La saña y el ataque de los efectivos de seguridad es dirigido contra los trabajadores de prensa que informan y fotografían el abuso de poder que los armados perpetran contra aquellos que ejercen su derecho constitucional a la protesta.

El miércoles pasado fueron violentamente detenidas y demoradas durante al menos cinco horas las fotoperiodistas Camila Rey y Yazmín Orellana, finalmente liberadas sin mayores explicaciones de las causas de su detención. La semana anterior, la descarga de agua de un camión hidrante golpeó y derribó al dos veces ganador del premio Pulitzer, Rodrigo Abd. En manifestaciones previas fueron atacados a balazos de goma el movilero de C5N Nicolás Munafó y su camarógrafo, y fue detenido Tomás Cuesta, fotorreportero colaborador de La Nación y de varias agencias internacionales de noticias. Antes, aún, al fotoperiodista Pablo Grillo le partió el cráneo el disparo de un gas lacrimógeno. Los nombres cambian pero cada semana la escena es la misma: trabajadores de prensa, sin distinción del medio de procedencia, de la trayectoria o del género, son agredidos, lastimados y detenidos por las fuerzas de seguridad que también tienen su cuota de palo y gas pimienta para el resto de asistentes.

Florencia de la Vega, fotoperiodista free lance y colaboradora de La Garganta Poderosa, en entrevista con ANCCOM se refirió a la situación que afecta a la profesión: “Trabajadores de prensa, en este momento, es una mala palabra para cierto sector de la sociedad que cree en el ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’, que propone Milei. Hay una violencia que se ejerce desde las altas esferas del gobierno y recae en todos los sectores de la sociedad. Se ha naturalizado odiar al que está al lado, y esa ruptura del entramado social, que es lo más peligroso, se expresa en un acto sumamente violento como es la represión. Se instauró la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que en principio y de manera rutinaria sucede cada miércoles, pero que ejercen cada vez que tienen oportunidad. Desde el gobierno corrieron la vara de la violencia y el mensaje que transmiten es dual: no vengas a manifestarte porque te vamos a reprimir, y tampoco muestres lo que sucede. Hay ciertas cosas, como el abuso de poder, que no quieren que fotografiemos porque nuestras imágenes pueden servir como pruebas ante una denuncia. Soy trabajadora de prensa y tengo la convicción de que hay que mostrar y documentar lo que pasa, en este caso, el abuso de poder y la violencia institucional”.

 

¿Siempre existió tanta violencia contra la prensa en las coberturas de manifestaciones?

Hace muchos años que cubro movilizaciones y la diferencia que he notado y me llama mucho la atención, es la saña y el odio, casi personal, de los efectivos policiales. Sienten goce por el maltrato, por tirarnos gas pimienta a la cara. Se les nota en el accionar que nos quieren lastimar, cada vez que pueden nos empujan y nos pegan con los escudos. Cuando rompen su barrera y comienzan a reprimir a los primeros que atacan es a la prensa: te insultan, te pegan y te gasean. En otros gobiernos, al cubrir manifestaciones siempre estaba la posibilidad que ligaras algo medio de rebote, pero podrías hacer tu trabajo. En la actualidad el ataque es directo y dirigido a nosotros, la vara de la violencia la corren los efectivos policiales que reprimen cuando la cantidad de asistentes es menor a la de efectivos, que es lo que sucede los miércoles. Además, el ataque es doblemente violento en tanto nosotros estamos laburando y se meten con nuestro trabajo, con lo que nos da de comer y a nuestros hijos. Me estas lastimando a mí y a mi equipo, y yo si mañana no trabajo no cobro. Es duro pensar ¿por qué mi trabajo se transformó en un riesgo?

 

¿Cuándo comenzó la escalada de violencia?

Hubo una fecha específica en la que se dio un quiebre. En la manifestación del 31 de enero de 2024 –y los subsiguientes 1 y 2 de febrero, mientras la Cámara de Diputados discutía la Ley Ómnibus– inauguraron el uso del gas pimienta que produce quemaduras químicas. Recuerdo que sentíamos fuego donde nos había pegado el gas, no entendíamos lo que nos pasaba porque no lo conocíamos. Recuerdo que le dieron a Rodrigo Abd que estaba al lado mío, le tiraron directo a la cara. Al día siguiente fue que nos acorralaron con las motos arriba de la Plaza del Congreso y nos dispararon con balas de goma. Creo que a partir de ahí comenzó a cambiar todo. Ellos podían reprimir sin consecuencias y nosotros tuvimos que comenzar a preocuparnos por cómo protegernos. Luego, el 12 de abril de 2025 cuando fue herido Pablo Grillo por un proyectil disparado directamente hacia él por el Cabo Héctor Guerrero, fue un quiebre aún mayor. Ese hecho nos enseñó que de ninguna manera podíamos ir sin equipo de protección.

La fotógrafa destacó que la profesión fue siempre muy solitaria e individual, pero que “se está volviendo cada vez más colectiva a partir de que el monstruo de la violencia nos atacó de manera directa. Lo que están logrando es que nos unamos. En la medida en que uno se arriesga todos vamos a saltar a ayudarlo, entonces es importante no arriesgarse en vano. Estando en el terreno, cuidar al compañero es cuidarse a uno mismo y viceversa. Quien me va a salvar es el que tengo al lado. A Pablo Grillo lo salvó un compañero”. Ante la consulta por la eficacia del amedrentamiento policial, agregó: “Miedo tenemos, pero es un miedo que me cuida aunque no me paraliza, porque son nuestros derechos, nuestros trabajos y vamos a seguir mostrando lo que sucede”.

Florencia de la Vega, fotoperiodista.

Por su parte, Sebastian Vricella, fotoperiodista presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), describió la rutina de cada miércoles como “un mensaje de adoctrinamiento a la sociedad que tiene que ver exclusivamente con la represión a los jubilados, que están en pleno derecho a manifestarse, y los ataques deliberados a la prensa por mostrar lo que perpetran contra quienes marchan a la plaza. En definitiva, a quienes reprimen es a los trabajadores, a la prensa y a quienes trabajaron toda su vida y ahora están jubilados”.

ARGRA junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron, en la justicia argentina, la ilegalidad e inconstitucionalidad del “protocolo antipiquetes” del Ministerio de Seguridad, luego de la represión brutal en las manifestaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 durante la votación de la Ley Ómnibus –aunque la primera denuncia data del 16 de diciembre–. Los mismos hechos fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Han venido veedores y se llevaron un panorama que no se esperaban, ahora comienza toda una etapa de interpelar al gobierno en instancias internacionales”, explica Vricella. La búsqueda de justicia se extiende también al caso de Pablo Grillo. “Pablo sufrió un intento de asesinato por un arma, utilizada de manera letal, que le arruinó la vida. Lo que queremos es justicia, que las autoridades reaccionen finalmente ante esta situación de ilegalidad”.

 

Sebastián Vricella, presidente de ARGRA.

“El fotoperiodismo es un trabajo que requiere de tener el cuerpo en la calle cumpliendo el rol de informar lo que sucede –dice Vricella–. Junto al movilero, el camarógrafo, somos trabajadores objeto de la represión, de las detenciones arbitrarias, cuando lo único que queremos hacer es informar. Nunca vamos a abandonar este rol, pero hoy en día lamentablemente tenemos que extremar los cuidados y salir a cubrir con elementos de seguridad que los medios de comunicación no brindan. Uno tiene pasión por lo que hace, pero no hay que olvidar que primero está la vida. Creo que es necesario seguir yendo a la plaza, mostrar los delitos que se cometen porque es la única forma de que quede registro, aunque estamos en una situación de riesgo inédita desde el retorno de la democracia”.