Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Investigadores e investigadoras de diferentes universidades e institutos realizaron una feria para mostrar su trabajo y su anclaje en la sociedad. Estudiantes de escuelas secundarias y público general los acompañaron durante toda la jornada del viernes.

Desde la ventana del colectivo de la línea 101, al pasar por Plaza Houssay, ya se puede notar su presencia. Algunos visten guardapolvos, otros llevan chalecos que los identifican con sus organizaciones. Allí, en el corazón de la plaza, instalan sus puestos, donde pasarán el resto de la jornada bajo un sol implacable que no da tregua. Vecinos de la zona y también niños y adolescentes de diferentes escuelas de la ciudad, fascinados, se detienen a interactuar y sorprenderse con la “magia de la ciencia”, quizás soñando con convertirse algún día en uno de ellos. Sin embargo, estas personas de guardapolvo están lejos del estereotipo del científico loco con lentes gruesos y cabello alborotado encerrado en un laboratorio. Los investigadores argentinos no se encierran: salen a la calle, comparten su conocimiento y luchan por el futuro de la ciencia.

La Feria en Defensa de la Ciencia y la Universidad, que comenzó cerca de las 11 horas del viernes y se extendió hasta pasadas las 19, contó con más de 80 stands donde investigadores de diferentes áreas realizaron actividades para difundir sus proyectos y visibilizar las problemáticas actuales que dificultan sus investigaciones. “Surgió como una iniciativa discutida en reuniones y asambleas acá en la Facultad de Medicina. Nos contactamos con compañeros docentes del Gino Germani que estaban con la misma idea y empezamos a laburar en conjunto. Lo habíamos pensado al principio como solo de zona Houssay, pero se fueron sumando distintos institutos UBA-CONICET, que son de Sociales, de Medicina, de Farmacia, de Exactas, también gente del INTI, del INTA, del CNEA, un montón de lugares de diversas disciplinas y que están sufriendo el ajuste tremendo del gobierno”, contó Valentina Alillo, parte de la organización del evento.

Uno de los principales objetivos de la feria es acercar la ciencia a los más jóvenes, por lo que varias escuelas secundarias de la zona fueron invitadas a participar y hacer una recorrida por los distintos puestos. “Hay stands con juegos que están orientados más al público infantil y adolescente, para hacer que los chicos se interesen cada vez más en la ciencia”. Una de estas tantas iniciativas estaba compuesta por un mapa donde los chicos debían ubicar el sitio turístico que les toque en el lugar geográfico que corresponda. Triana Sánchez, integrante del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo -CIETUR- de la Universidad Nacional de San Martín nos cuenta el motivo del juego: “Estamos concientizando sobre la investigación del campo de estudios en turismo y porque es importante priorizar la actividad turística tanto a nivel económico como social, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”. Hoy, el CIETUR atraviesa grandes problemas para solventar los gastos de investigación: “Al estar en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, tenemos muchos convenios que hacemos a través de consultorías y de esa forma nos auto financiamos. Sin embargo, hoy los convenios están cayendo y tenemos muchas becas CONICET que están en peligro, sumado a la devaluación que están sufriendo nuestros salarios en el último año. Entonces, es un panorama muy complejo que dificulta que podamos poder seguir haciendo lo que hacemos y amamos”.

El mismo panorama atraviesan múltiples organismos que se dedican a la investigación científica. Andrea Ostrov, directora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, profundiza sobre la situación: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional no se está nombrando a nuevos investigadores en CONICET. Es histórico, porque hace muchísimos años que no pasa, que durante un año no haya habido ningún ingreso de un investigador en CONICET. Este año, como todos los años, hubo más o menos entre 300 y 400 bajas que posibilitará que den el ingreso a nuevos investigadores sin incrementar el gasto, sin embargo no quieren hacerlo, y es por decisión política del Presidente de la Nación”. La falta de ingresos hace que el Instituto corra peligro: “La continuidad de los proyectos y la renovación de los recursos humanos peligra al no haber ingresos de manera fluida como otros años, cada vez tenemos menos becas de postdoctorado y mucho menos investigadores. Lo normal es que todos los años entren 4 o 5 becarios de doctorados y este año todavía no hubo ninguno. Tenemos que publicar porque los organismos nos exigen publicaciones que den cuenta del trabajo de los equipos y esas publicaciones hay que pagarlas. Las inscripciones a congresos internacionales rondan entre los 100 y 150 dólares, y un equipo normalmente tiene entre 6 y 8 personas. Este costo es solo de manera virtual, ni hablar de costear los viáticos para pasajes y alojamientos. Se hace muy cuesta arriba. cada vez hay más trabas, más dificultades, y es un proceso de ahogo. El desfinanciamiento es un modo de aniquilación disimulado, entre comillas”.

María Laura Romano, una de las investigadoras del instituto, cuenta la principal problemática que atraviesan en la actualidad: “Hay seis investigadoras que el año pasado ganaron el concurso de ingreso a carrera de investigadora de CONICET y, luego de esperar más de un año, todavía no tenemos ninguna información certera acerca de cuándo nos van a designar y entonces estamos en esta instancia en la que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con nuestro trabajo, porque también existe la posibilidad de irnos afuera a trabajar en un lugar donde nuestro trabajo sea reconocido. Sería una pena que se perdiera esa inversión de un recurso humano sumamente formado”.

Otro de las actividades que se robó las miradas del público fue la realizada por el Área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. “Es un mapeo colectivo donde buscamos tener un registro sobre las distintas percepciones, formas de apropiación y experiencias que hay sobre el espacio urbano, donde también queremos poder analizar en qué medida son diferentes según el género de los ciudadanos”, explica Facundo Corti, quien hoy centra su investigación en políticas de reurbanización de villas. “Analizo los efectos de diferentes políticas de integración social y urbana en la estructura social y urbana de la Ciudad de Buenos Aires combinando una estrategia cuantitativa sobre cantidad de personas involucradas para dimensionar la problemática habitacional en términos de infraestructura, con un abordaje más cualitativo que tiene que ver justamente con las percepciones de los habitantes de los barrios”.

Esta semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, atacó algunas de las novelas que conforman la colección “Identidades bonaerenses” que, desde septiembre de 2023, la provincia de Buenos Aires difunde en bibliotecas escolares con libros que no son de lectura obligatoria, buscando garantizar el derecho a una educación con acceso a los libros como herramienta clave de aprendizaje. VIllarruel difundió fragmentos fuera de contexto, pidiendo que “dejen de sexualizar a nuestros chicos”, y acusó al Gobierno de la provincia de adoctrinarlos en temas vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI). Maria Laura Romano, del Instituto de Literatura Hispanoamericana, reflexionó: “El punto que disparó la discusión fue la novela Cometierra de Dolores Reyes, pero el ataque es contra la educación sexual integral y contra la posibilidad de que los pibes y las pibas que van a la escuela secundaria puedan estar informados y atendidos en sus demandas y necesidades de información. Me parece que cierto sector del gobierno está en contra de que en todas las escuelas se puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con lo vincular”.

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Comenzaron la protesta por el despido de 130 trabajadores y una cantidad igual de suspendidos. El reemplazo de la producción por la importación arrastra también a Fabricaciones Militares.

Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

 Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica. 

 

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

Los delegados de las ferias artesanales de la Vuelta de Rocha I y II, de La Boca, y los representantes de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa reclaman mantener sus espacios de trabajo y no ser desalojados. Se abrió una mesa de negociación después de una protesta.

“Vamos a plantear que deroguen la Disposición 2166, que es la que firmó Yoana Fiore de la Dirección General de Permisos y Ferias. Después de eso, nos podemos sentar a ver de qué manera podemos reacomodarnos en el emplazamiento histórico nuestro”, señaló Darío Sánchez, delegado de las ferias artesanales Vuelta de Rocha I y II de La Boca, en una conversación con ANCCOM. Lo dijo pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, justo antes de entrar -junto a los delegados de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa al 1200 y 1300 de San Telmo- a la reunión que tenían pactada con las autoridades del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

Los primeros días de agosto, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) había enviado a los artesanos de Vuelta de Rocha I y Vuelta de Rocha II de La Boca una disposición judicial para trasladar las ferias que estaban históricamente ubicadas en la Plazoleta de los Suspiros hacia la Plazoleta Bomberos Voluntarios. Al poco tiempo, y de noche, el GCBA corrió, de manera repentina y abrupta, los puestos de un sector al otro. “Yo estuve ese día, fue de madrugada. Fue violento como todo lo que hace este gobierno que está ahora —dijo Sánchez—. La semana pasada nos desarmaron la feria más violentamente. Los puestos en la Plaza de los Bomberos estaban generando diez mil problemas y como nadie se estaba preocupando por nuestra situación trasladamos nosotros los puestos a nuestro lugar histórico, y ahí nos los desarmaron”. Mientras Sánchez pronunciaba esas palabras, un feriante sostenía en alto un cartel que decía “La feria es con todos adentro” y un grupo de artesanas agitaba una bandera que rezaba “La feria de Plaza Dorrego no se achica”.

Los artesanos de las ferias Vuelta de Rocha I —que funcionaba los jueves y viernes— y Vuelta de Rocha II —que se desarrollaba los sábados y domingos—, no están pudiendo trabajar desde hace dos meses porque en la Plazoleta Bomberos Voluntarios de La Boca no sólo no hay espacio suficiente para los 140 feriantes sino que además es una zona alejada de los turistas. El hacinamiento y la disminución en las ventas son los mayores problemas que tendrían que enfrentar los feriantes boquenses si acataran la orden del GCBA, cosa que no está sucediendo y por eso están sin poder trabajar y reclamando todas las semanas.

En San Telmo la situación es un tanto diferente. A los artesanos de la calle Defensa al 1200 y 1300 les llegó una disposición por escrito hace un mes, también enviada por el GCBA, que busca reducir la feria a una sola mano, de manera que la mitad de los feriantes quedaría sin trabajo. El argumento que dio el Gobierno porteño fue que las autobombas y los vehículos policiales no estaban pudiendo circular. No obstante, ese criterio no se aplicó en la feria que funciona desde Defensa e Independencia hasta Plaza de Mayo, ya que sigue siendo de doble mano. Es así que solamente se verían afectados por la medida los artesanos de Defensa al 1200 y 1300, razón por la cual muchos de ellos consideraron este hecho como discriminatorio.

“En la reunión de hoy vamos a pedir que se frenen esas disposiciones para que se pueda abrir una mesa de diálogo donde realmente se hable de las razones por las que están tomando estas decisiones”, comentó a esta agencia Delfina Torres, delegada de los artesanos de la calle Defensa al 1300, San Telmo. “Queremos que el reordenamiento sea favorable para todos, nosotros somos parte de la Ciudad y del turismo. Gracias a nuestras ferias abrieron locales que no existían, y ahora ellos son parte de quienes nos quieren desplazar del espacio”, agregó Torres al tiempo que iban llegando cada vez más y más artesanos a la concentración que estaba prevista sobre las calles Martín García y Avenida Regimiento de Patricios, justo enfrente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

 A su vez, a los feriantes de la Plaza Dorrego no les llegó una notificación formal escrita que indique un traslado (como les pasó a los de La Boca) o una reducción de los puestos (como les sucedió a los de Defensa al 1200 y 1300), pero saben —por una reunión informal que los delegados y las autoridades porteñas tuvieron en junio— que el GCBA tiene intenciones de desalojar la parte de la feria que funciona en lo que se conoce como “el murito”, que tiene un poco más de un metro de altura y separa el centro de la plaza y la vereda. El argumento que dio el Gobierno porteño en ese caso, de manera informal, fue que los feriantes estaban dañando parte del casco histórico y que era ilegal poner puestos ahí.

Para las 11 y media de la mañana, los delegados de las ferias artesanales de La Boca y San Telmo ya estaban reunidos con las autoridades porteñas en una sala del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En la calle, por otro lado, había un centenar de feriantes que pedían, con bombos y carteles, que el GCBA no avance con el traslado ni la reducción de las ferias.

Los más corajudos se animaron a colgar una bandera que decía “El arte no es delito” en una camioneta del gobierno porteño, una que tenía impregnado el lema “Vamos Buenos Aires”. Y el otro grupo de osados pegó sobre una vidriera publicitaria ubicada en la parada de los colectivos 29 y 53 un cartelito que decía “Feria Artesanal Vuelta de Rocha. 40 años de historia” y otro que rezaba “Artesanía es cultura. Cultura es identidad”. Era una batalla territorial lo que se estaba desatando, que empezó cuando al Gobierno porteño se le ocurrió que las ferias populares ya no estaban de moda y había que sacarlas de la vista de los turistas.

 Al mediodía, todos los artesanos —los de San Telmo y La Boca juntos— hicieron sonar bombos, platillos, vuvuzelas, latas, cencerros y cualquier otra cosa que hiciera ruido. Era para demostrar que la bronca acumulada por tantos destratos estaba organizada. Al mismo tiempo, algunos feriantes pintaron con stencil algunos sectores de la vereda y de la fachada del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “San Telmo resiste”, era uno de los mensajes grabados. Poco después empezaron a llegar al baile algunos efectivos de la Policía de la Ciudad, que miraban a los feriantes de reojo y cada tanto se decían cosas inaudibles entre sí.

“Estas disposiciones son un nuevo ataque a las clases trabajadoras. Entendemos que esto está ligado a que hay algunas personas poderosas, que no necesitan el dinero para pagar la luz ni comer todos los días, que quieren incrementar sus ganancias. En la calle Defensa, unas 45 familias nos vamos a quedar sin nuestro sustento, todo para que un millonario aumente sus ganancias”, dijo a esta agencia Guga Paita, que vende artesanías en la feria de San Telmo desde hace dos años. “Nos estamos organizando artesanos y manualistas de diferentes ferias que actualmente están siendo amenazadas porque esto nos afecta a todos. Somos una fuerza que está en lucha”, agregó la artesana.

Dos horas y media después, los delegados que habían estado reunidos con las autoridades porteñas salieron y contaron que la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano se comprometió a no reducir, por el momento, la feria de Defensa al 1200-1300 y Plaza Dorrego mientras tengan lugar las sucesivas mesas de diálogo. A su vez, el organismo se comprometió a decirles esta semana a los artesanos de La Boca si van a poder trabajar o no en la Plazoleta de los Suspiros otra vez su espacio histórico al menos provisoriamente, mientras tengan lugar las diferentes reuniones previstas para los próximos meses.

Abrazo cultural al Garrahan

Abrazo cultural al Garrahan

El conflicto laboral del hospital pediátrico más importante del país lleva tres meses ininterrumpidos. Artistas para todas las edades realizaron un festival público en apoyo a los trabajadores.

Hace más de doce semanas que los trabajadores del Hospital Garrahan llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de la abrupta rebaja salarial que están percibiendo desde el comienzo de las gestiones del presidente Javier Milei y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Benos Aires Jorge Macri. Este viernes 8 de noviembre, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los Autoconvocados Garrahan organizaron un paro activo de 24 horas y un abrazo cultural en la entrada de la institución ubicada en Combate de los Pozos 1881.

“Este movimiento empezó porque la destrucción del salario fue brutal. Tenemos a miles de trabajadores del hospital que no cubren ni siquiera la canasta de pobreza”, comentó Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan y Secretario General de la Junta Interna de ATE. Y aludió a los tres pedidos principales que están realizando: “Reclamamos que el mínimo equivalga al costo de la canasta familiar, planteamos una recomposición del 100% de todos los salarios, sin distinción de profesión u oficio y pedimos que el sector del hospital que está siendo afectado por el mal llamado impuesto a las ganancias sea eximido”. 

La jornada inició a las 9:30 y contó con la presencia de varios artistas quienes desde su música decidieron apoyar a la causa. La grilla del festival incluyó un bloque especialemente destinado para las infancias, con bandas como Los Raviolis y Anda Calabaza, seguido de presentaciones de solistas como Julieta Laso y Bruno Arias y grupos como Las Manos de Filippi, entre muchos otros. Mostraron su adhesión a la protesta múltiples organizaciones, entre las que destacó Madres de Plaza de Mayo.

El Hospital Garrahan es una institución pediátrica reconocida tanto nacional como internacionalmente que se dedica a la atención de pacientes provenientes de todo el país de entre 0 a 15 años con patologías severas y complejas, es decir, casos de alta complejidad que no tienen otro lugar en donde ser tratados. “Es una lucha que responde a algo muy sentido del pueblo argentino. No son solo nuestros intereses como trabajadores del hospital sino también de todos los trabajadores que quieren tener un lugar para atender a sus niños, un hospital que es emblema en nuestro país”, agregó Lipcovich.

Por su parte, Natalia Veliz, pediatra especialista en medicina interna que trabaja hace veinte años para el Garrahan, afirmó que “los salarios están muy por debajo de lo que un profesional de la salud merecería estar ganando en este momento. Está totalmente desfasado con la labor que realizamos”. A su vez, destacó que una situación que se desprendió de la baja salarial es la pérdida de los profesionales, lo cual “pone en riesgo el funcionamiento de la institución, la estabilidad y la labor de los equipos interdisciplinarios que para nosotros es fundamental en nuestra tarea cotidiana”.

Veliz junto a su compañera Carola Saure, pediatra especialista en nutrición que lleva 23 años trabajando en el Garrahan, mencionaron que otra preocupación que desata esta problemática es la búsqueda de segundos empleos por parte de los trabajadores. “Este es un hospital que se caracteriza por tener jornada completa y extendida. Todos trabajamos hasta las 4 o 5 de la tarde, por lo cual conseguir otro trabajo significa a veces trabajar 80 horas semanales“, remarcó Saure.

Sin embargo, la tarea del hospital no es únicamente brindar asistencia a sus pacientes. Tal como lo mencionó la pediatra Saure, el Garrahan también se ocupa de formar profesionales de todo el país. “Eso es fundamental porque este es un país enorme que requiere atención de calidad y formación pos básica para todo el territorio nacional. Es una tarea que el hospital viene cumple desde hace 37 años”. Explicó, asimismo, que los sueldos bajos generan que los futuros profesionales no elijan al Garrahan como su lugar para formarse y que esto va a repercutir en el futuro. “No es un déficit de ahora solamente. Es un déficit a futuro de la salud pública y de la salud de excelencia de nuestro país en general. No es solo mirar el Garrahan como institución, sino mirarlo en su expansión a todo el país”, sentenció Saure.

Respecto a la jornada organizada para este viernes, el Secretario General recalcó la importancia de hacer los reclamos visibles en las calles, ya sea con eventos de esta índole como con algún otro tipo de manifestaciones: “Siempre buscamos movilizarnos para que no sea simplemente un paro dominguero porque entendemos que la movilización activa de los trabajadores es lo que puede cambiar la situación”. En este sentido, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Vanina Biasi opinó que “es clave estar con el cuerpo en las calles y en las luchas para darle confianza a la gente que hoy está atemorizada o deprimida para que salga”. Y continuó: “Hoy hay mucha gente que está muy impactada por la política de Milei y hay mucha fuerza política que dice que hay que guardarse, que hay que esperar. Y eso no es verdad”.

La diputada Biasi, quien presentó dos proyectos elaborados bajo la discusión de los trabajadores del hospital acerca de los salarios y la insalubridad, estuvo presente en el evento. En diálogo con ANCCOM, mostró preocupación porque “están desfinanciando toda la atención a los menores” y explicó que “es fundamental unir las luchas para que en definitiva golpeemos el corazón de la política de Milei, que es destrozar las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina”.

“Venimos de una marcha donde pudimos unificar salud con educación y jubilados. Hay que fortalecer cada sector y salir juntos a la calle. Es la única manera de parar el plan del gobierno que es devastador”, concordó Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT). Finalmente, refirió sobre las actividades para el futuro: “Estamos impulsando una acción para el día 21 de noviembre que es también el Día de la Enfermería. Con paro y movilización desde el Congreso, donde se va a estar decidiendo el presupuesto nacional, y a la Legislatura que es donde se decide el reconocimiento de la enfermería como labor profesional en la Ley 6035”, manifestó la secretaria.

“No podemos permitir el desguace del Estado”

“No podemos permitir el desguace del Estado”

ATE llamó a un paro nacional por 36 horas. La medida fue acompañada con una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

La Asociación de Trabajadores del Estado realizó una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y un paro de 36 horas que se enmarcó en una serie de acciones de protesta en reclamo por la apertura de paritarias para una recomposición salarial y por la reincorporación de trabajadores despedidos en lo que va de la gestión actual.

La concentración fue al mediodía del martes en el Obelisco, en donde se congregaron trabajadores de PAMI, ANSES, ENACOM, de salud y educación, entre otros. De allí, marcharon hacia la sede del Ministerio de Desregulación, ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 782. Efectivos de la Policía de la Ciudad formaron un cordón para evitar el corte de Avenida Corrientes y el paso del Metrobús de 9 de Julio, pero no pudieron disuadir a la columna que se formó para marchar sobre Diagonal Norte.

“Estamos movilizando para reclamar por una urgente recomposición salarial para todos los trabajadores del Estado”, planteó Federico Giovanetti, miembro de la junta interna de ATE CONICET en Capital. “Estamos luchando contra el desguace, el desfinanciamiento de los proyectos de investigación y el recorte en los ingresos”, completó.

“El recorte en CONICET genera que muchos proyectos se queden sin financiamiento para comprar equipamiento, para pagar viáticos y para todo lo que hace al funcionamiento de un grupo de investigación. Este vaciamiento deja truncos a un montón de trabajos y hace que compañeros y compañeras terminen yendo a laburar a otros lugares”, añadió.

Pablo Torres, delegado de ENACOM, organismo que hoy cuenta con 1.350 trabajadores, señaló que a comienzos del año eran 2000. “Las delegaciones en las provincias las cerraron todas por decisión del Gobierno nacional, diciendo que ahora se hace todo por trámite virtual, pero eso es una mentira grande. Ahora estamos reclamando por la reincorporación de los despedidos, por la reapertura de las delegaciones y por todo lo que está pasando a nivel nacional. No solamente en las universidades recortan, recortan todos los presupuestos. Por ahí no te cierran, pero te recortan el presupuesto y el organismo se ve con las manos atadas”.

Entre los sectores presentes que reclamaron por la caída de sus salarios se encontraban los trabajadores de hospitales públicos. Los médicos y residentes son de los grupos más castigados ante la falta de paritarias y llevan meses de conflicto con el Ejecutivo nacional. Alejandro Lipcovich, delegado de ATE Garrahan, denunció el recorte en salud: “Estamos en una crisis bárbara. Los salarios se han pulverizado en todas las categorías, profesiones y oficios que componen un hospital, que es el hospital más importante del país en pediatría. Si se mantiene esta política de salario y de recorte presupuestario, está cuestionada la propia existencia del hospital. Eso es algo que no podemos permitir que suceda”.

A las 12:45 los diferentes gremios abandonaron la plaza en dirección al Ministerio. Tras unos encontronazos con la policía, la columna se abrió paso por la avenida. La caravana prosiguió hasta el cruce de las calles Perón y Esmeralda. Frente al monumento a Lisandro de la Torre, un camión se detuvo y cortó el paso de la circulación. Allí se montó un escenario desde donde los delegados y dirigentes de ATE y CTA-Autónoma dieron sus discursos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cargó contra la política oficial de superávit fiscal a cualquier costo: “El presupuesto 2025 tiene dos líneas directrices. Una es el pago de la deuda externa a cualquier costo, aunque le destrocen la vida a la gente. Y la segunda es el ajuste a las provincias. Quiere decir que Milei les está diciendo a los gobernadores y a los intendentes que van a tener que ajustar el doble de lo que se ajustó a nivel nacional”.

“Desde acá tenemos que empezar a poner en evidencia a los gobernadores y a los intendentes que coquetean con la Casa Rosada para que el ajuste no se descargue sobre las espaldas de los trabajadores”, remarcó.

Por su parte, Claudio Arévalo, secretario de ATE Provincia de Buenos Aires, exigió a presidencia el pago de los fondos a las provincias. “No podemos permitir que vengan por el desguace del Estado; que nos quieran privatizar los organismos que le dan servicio a los que menos tienen. Por eso desde ATE Provincia de Buenos Aires le venimos a decir a Sturzenegger, a Milei y a Caputo que nos devuelvan los fondos de la provincia de Buenos Aires que nos quitaron, que los utilizábamos para la educación, para la salud y para las políticas sociales”. El referente sindical finalizó su intervención anunciando una Marcha Federal contra el hambre organizada por la CTA-Autónoma nacional, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre.

Paro de los que mueven

Paro de los que mueven

Los trabajadores del transporte -excepto colectiveros- paran hoy contra el ajuste. La UTA, en cambio, lo hará mañana. Se suman los gremios universitarios y ATE. El gobierno utiliza recursos públicos para desprestigiar a los sindicalistas en medio de las protestas. ¿Qué pasa con la privatización del Belgrano Cargas?

Los principales gremios del transporte, tanto de pasajeros como de carga, realizan un paro de actividades desde las 00 horas de hoy, 30 de octubre. No hay servicio de trenes, aviones, subtes ni barcos, mientras que el principal gremio de los choferes de colectivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), realizará un paro mañana, jueves 31, diferenciándose así de la conducción del sindicalista Pablo Moyano.

Otros sectores que mantienen sus reclamos al Gobierno nacional, como los trabajadores del Estado, los docentes y no docentes universitarios y los movimientos sociales, también se adhieren a la protesta, realizando paros, cortes y ollas populares en distintos puntos del país.

La medida sindical se realiza “en defensa de la soberanía de los trabajadores, contra el ajuste del gobierno a la clase obrera y por la libertad sindical y las paritarias libres. Además de expresar nuestro apoyo a la lucha de los jubilados y los estudiantes universitarios”, afirma Nestor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en comunicación con ANCCOM. Según el dirigente, “el poder adquisitivo en lo que va del año cayó un 40%, y la empresa nos ha quitado un bono que está firmado en acta y no sabemos si lo vamos a cobrar.”

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional busca desacreditar el reclamo por distintos canales de comunicación. En su conferencia de prensa del martes 29 de octubre, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que “esta semana paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar.”

Es un caso singular el de los ferroviarios, ya que precisamente su secretario general, Sergio Sasia ha decidido no plegarse al paro resuelto en la Mesa Nacional de Transporte.

Por la tarde del mismo día, se difundió un mensaje a través de la aplicación Mi Argentina, donde se leía: “Los sindicalistas no te dejan trabajar. (…) Para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicios de transporte”. Dejando en claro que los recursos del Estado en ciertos casos pueden servir para difundir propaganda política, hecho que va en contra del discurso anarcocapitalista que en su momento los llevó al poder.

Adorni finalizó su alusión al paro haciendo referencia a la Unión Ferroviaria, aseverando que “defiende servicios de una calidad peor que la de hace medio siglo”. El secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, responde en diálogo con ANCCOM: “Lo que buscan es generar un clima propicio para las privatizaciones, como ya ocurrió con el Belgrano Cargas. Pero no te cuentan que quedarán miles de pueblos aislados con estas medidas, y que la tasa de accidentes ferroviarios fue mucho peor durante las diferentes gestiones privadas que prometieron hacerse cargo del servicio”.

Es un caso singular el de los ferroviarios, ya que precisamente su secretario general, Sergio Sasia ha decidido no plegarse al paro resuelto en la Mesa Nacional de Transporte. Mónica Schlotthauer, delegada de base del Tren Sarmiento y Diputada Nacional por el FIT, comenta en diálogo con ANCCOM que “Sasia ya está en el negocio de la entrega de los ferrocarriles. Milei se comprometió en darle el 10% de las acciones del Belgrano Cargas”. Además, Mónica cuenta que la decisión de no parar fue inconsulta con los trabajadores, y que no se ha convocado una asamblea para definir la acción del gremio. “Motivos para hacer una huelga sobran, pero no sabemos qué harán los dirigentes. En cualquier caso, el plan de lucha continuará, porque ya sabemos que este presidente no desea acordar con el pueblo trabajador”, sentenció la diputada Schlotthauer.