Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.
La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.
El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.
La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con 450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.
La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.
Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.
Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.
Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.
Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.
Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.
En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.
A 30 años del caso de María Soledad Morales, asesinada en San Salvador del Valle de Catamarca, a pocos días del femicidio de la niña de 14 años Ludmila Pretti en Moreno, provincia de Buenos Aires, y a una semana de la liberación de Néstor Pavón en Entre Ríos, condenado por el encubrimiento del asesinato de Micaela García, -crimen que impulsó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley de Capactación Obligatoria en Género y violencia contra las mujeres-, el Observatorio de “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLa presentó el resultado de su Registro Nacional de Femicidios.
Un total de 181 son los femicidios que se relevaron en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2020. Según este registro, 118 casos fueron en contexto de pandemia. El informe revela un femicidio cada 32 horas. Además, hubo 167 ataques denunciados; y, 193 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin madre.
“Nosotras iniciamos el Observatorio como resultado de la demanda del 3 de junio de 2015, con la marcha histórica de Ni una Menos. Uno de los reclamos que se hacía en aquel momento tenía que ver con que no existían datos que dieran cuenta de la cantidad de femicidios por año”, cuenta Silvia Ferreyra.
Las provincias con mayor número de casos son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Salta y Santa Fe.
Las estadísticas son elaboradas a partir de la información proporcionada por publicaciones gráficas y digitales de medios nacionales, provinciales y locales.
“Tenemos un desarrollo territorial en todas las provincias del país. Hacemos el relevamiento en todas las provincias, 23 distritos, más la Ciudad de Buenos Aires”, explica Silvia para mostrar que se trata de un problema que no discrimina localidades.
Desde el colectivo feminista se realizan acciones para concientizar, prevenir y actuar sobre la violencia de género. Sus integrantes explican cómo abordar los casos de femicidios, y cuáles son los mecanismos para proteger a las víctimas y dar a conocer herramientas del Estado en favor de ellas.
“En el caso Ludmila se habla mucho sobre qué hacía una piba de esa edad en una fiesta, pero de lo que no terminamos hablando es respecto a la agresión en sí. En el caso de María Soledad Morales han pasado 30 años y, sin embargo, se repiten los mismos errores sistemáticos en los periodistas, revictimizando a las víctimas”, analiza Ferreyra haciendo foco en que son los propios medios de comunicación los que terminan naturalizando los hechos de violencia bajo una cultura machista.
El 41 por ciento de los femicidios lo comete la pareja de la víctima, un 22 por ciento lo ejecutan exparejas.
El informe del Observatorio detalla que de ese total de 181 casos registrados, 161 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 9 femicidios fueron vinculados de niños y varones, y 4 trans/travesticidios.
El agravamiento por el vínculo está incluido en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal recién desde 2012, con la modificación realizada por la Ley 26.791. Allí la norma es clara al tipificar la acción, cuando caracteriza la agresión hacia “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (…) “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
La mayor tasa de femicidios la tiene el Norte de nuestro país. Las provincias con mayor número de casos son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta, con Santa Fe que se mete desde el litoral dentro de este grupo.
Otro dato de importancia son las referencias al lugar en donde ocurren los hechos. El 36 por ciento lo ocupa la vivienda de la víctima, le sigue con el 32 por ciento la vivienda compartida con el agresor; mientras la vía pública baja a un 12. Lo cual demuestra que la violencia machista es mayor dentro de espacios privados y propios a un contexto de intimidad. Esto advierte que la problemática se agudiza en un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Un 6 por ciento ocurre en la vivienda de un familiar, un 4 por ciento en la del femicida, otro 4 en propiedad privada de un tercero, y un 4 en descampados. El lugar de trabajo de la víctima se corresponde con el 2 por ciento de los casos.
El relevamiento incluye el tipo de vínculo entre la víctima y victimario. El 41 por ciento de los casos corresponde a la pareja, un 22 por ciento a exparejas y un 13 a familiares de la víctima. Un 12 por ciento corresponde a personas conocidas y un 6 a desconocidas. Queda otro 6 por ciento sin datos clasificables.
El informe también incorpora el mecanismo utilizado por los femicidas: los primeros lugares los ocupan las armas blancas (28 por ciento) y armas de fuego (24 por ciento). En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Siempre hay un porcentaje de agresores que son integrantes de las Fuerzas de Seguridad. A nuestro entender, esto tiene que derivar en alguna política pública como retirar el arma a aquellos agentes con denuncias de violencia de género. Estamos hablando que el 8 por ciento del total de los femicidas han sido miembros o pertenecen a las fuerzas”, afirma Ferreyra.
Las estadísticas destacan que el 45 por ciento de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, el 56 por ciento de ellas ternía hijos o hijas y el 20 por ciento había denunciado a su agresor. En otras palabras, casi la mitad de los crímenes podrían haberse evitado por denuncias preexistentes.
Antes de marzo, se cometía un femicidio cada 29 horas y, en la actualidad es uno cada 32, lo que implicaría una levísima mejora.
En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Más del 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido por su agresor. Por esto, nos parece claro que las medidas de aislamiento lógicamente no favorecen las políticas de prevención de estos crímenes. El hogar no es un lugar seguro para las víctimas”, sostiene la Coordinadora de MuMaLa.
Durante la pandemia, desde el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, se incorporó la resolución 15/2020 donde el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBIQ el derecho a una vida libre de violencias. La misma posibilita el traslado de la víctima sin ningún permiso especial previo en caso de violencia de género.
“Si bien existe la resolución 15/2020 que posibilita el traslado de la víctima, muchas veces es difícil su instrumentación porque depende de las medidas de aislamiento de cada jurisdicción. Tienen que existir organismos o espacios del ámbito del Estado con capacidad real, concreta, material para poder hacer un proceso de acompañamiento en situaciones críticas”, continúa Ferreyra.
Según cifras del Observatorio, más del 80 por ciento de las víctimas de femicidio no habían acudido al Estado en busca de asistencia. “La Justicia es una de las instituciones que más nos debe como sociedad y una de las instituciones que menos credibilidad genera. Las víctimas no ven a la Justicia como una herramienta que actúe a su favor. A 30 años del caso de María Soledad vemos todavía cómo la impunidad opera en altas esferas del poder. El caso de María Soledad es un caso testigo de todo esto”, agrega Ferreyra con atención a la matriz política que caracterizó ese caso conocido como el de “los hijos del poder”, y por el cual a los 14 años de ese asesinato no quedaba ninguno de los condenados presos.
Del informe surge un reclamo abierto a los tres poderes del Estado para priorizar aún más la asignación de recursos destinados al abordaje integral de políticas para mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ, junto con la urgencia de avanzar con la implementación de la Ley Micaela, como principal herramienta en todas las instituciones del Estado.
El país se debate entre la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de pacientes con Covid 19. En algunas jurisdicciones se producen rebrotes que obligan a retroceder de fase en la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, coexisten 135 municipios con realidades distintas: 43 en fase 3, 67 en fase 4 y 25 en fase 5. Del primer grupo, el partido de General Pueyrredón transita una “situación crítica”, de acuerdo a declaraciones de los gremios de salud.
La suba de casos en Mar del Plata, la ciudad más populosa del distrito, exige al personal sanitario. Matías Olmos, médico intensivista del Hospital Privado de Comunidad, afirma: “Vivo más horas en el hospital que en mi casa”. La situación modificó el trabajo diario: “Cuando no teníamos tantos pacientes respiratorios graves, era mucho más holgado. Esto implica un estrés inevitable, no solo por el paciente, sino también por la contención de su familia. Hoy la familia de un paciente con Covid que está aislado, no lo ve por 14 días, y eso si no está grave. Y uno tiene que ser el apoyo y los ojos de la familia. Todo eso desgasta, cansa, dormís poco o mal, lo cual se ve reflejado en el rendimiento a lo largo del tiempo”.
Hace unos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el cual puso de manifiesto la fatiga por la saturación de los recursos. Se trata de una especialidad que siempre contó con pocos profesionales capacitados. Según Olmos, “una de las cosas que puede llegar a limitar la existencia de intensivistas son las situaciones estresantes con las que uno puede convivir. El paciente grave requiere cuidados de manera rápida, intensiva, multimodal, de enfermeros y kinesiólogos y muchas veces de soportes extra. Otra cuestión es estar constantemente expuesto a la muerte o a las situaciones más vulnerables que pueda tener un paciente. Además, el régimen de trabajo y la remuneración que no es acorde a todo lo que implica”. Por otra parte, pocas universidades contemplan la terapia intensiva en la formación. “El intensivista elige la especialidad porque tuvo algún contacto con alguien que le dijo cómo era o fue a un hospital y vio la terapia”, puntualiza el médico egresado de Fundación Favaloro.
“Vivo más horas en el hospital que en mi casa”, dice Olmos.
Con los meses, el aplauso diario al personal médico se fue diluyendo y el #QuedateEnCasa fue reemplazado por un reclamo de la libertad, presuntamente coartada por las autoridades. Olmos opina que no hay que culpar a los dueños de los comercios que abren ni a la gente que busca retomar sus actividades, sin embargo, señala la contradicción: “No podemos estar hablando de que hay pocos intensivistas por cama, y a la vez de que hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar de manera relajada. El agradecimiento pasa por tener los recaudos de la distancia, el lavado de manos y el uso del barbijo cubriendo nariz y boca. Uno puede tener más o menos empatía con el aplauso de las 21, pero lo primordial del apoyo es que la gente entienda que hay que cuidarse”. Olmos destaca el trabajo de las enfermeras, quienes son la “primera línea de batalla” y están más expuestas al contagio.
Florencia Sacco es una de ellas. Se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy desde hace seis años: “En Enfermería ya éramos pocos, siempre tuvimos que hacer horas extra, pero ahora se bajaron muchos compañeros por ser personal de riesgo. El plan de contingencia que hizo el hospital para tratar de que se trabaje en equipos diferenciados, servía hace dos meses, cuando teníamos pocos pacientes. Ahora llueven los casos”. Además, remarca que estar “continuamente al lado del paciente” conlleva un riesgo mayor para los trabajadores.
Para Sacco, “el personal de salud tiene la fatiga de toda la gente, más el cansancio por vivir la pandemia desde adentro”, y enfatiza que lo más estresante es el miedo a contagiar a sus familiares. En este sentido, el grupo de Salud Mental del hospital formó un equipo con teléfonos abiertos para contener al personal que lo necesite, ya en el inicio de la pandemia. “Hay mucho miedo y angustia”, subraya.
“Los residentes y concurrentes hoy estamos sin pasar aun de año y sin tener aseguradas las rotaciones de los años próximos, por lo que es la formación lo que se pone en juego”. Leandro se hace un espacio para hablar durante la guardia. Es residente de tercer año (R3, como se conoce en el ambiente) de uno de los hospitales de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. La situación es crítica para los profesionales que están cursando los ciclos de especialización, pero no es una novedad. Son históricas las demandas de este sector que, de acuerdo a las necesidades de cada momento, son considerados especialistas en formación o, como señala Leandro, trabajadores que “cubren baches de médicos de planta por falta de personal”. A fines del año pasado, tras una peculiar votación (que se llevó a cabo mientras miembros de los bloques opositores salieron a la puerta de la Legislatura para detener la represión de la policía a los manifestantes), se aprobó un nuevo régimen de residencias médicas que establecía una carga horaria de hasta 64 horas semanales, mientras que legitimaba la figura del concurrente en un régimen no remunerado. Una semana más tarde, a partir del paro y la movilización de los profesionales, la Legislatura debió dar un paso atrás y vetó la ley en forma unánime.
“No podemos decir que hay pocos intensivistas y a la vez hay gente que se junta a comer asado o a ir a un bar», dice Olmos.
El jueves 10 de septiembre se realizó una jornada de visibilización de reclamos de los trabajadores de salud en CABA, aunque aseguran que la situación en la provincia es similar. Además de solicitar que se garantice la formación de residentes y concurrentes, piden la apertura de paritarias y denuncian la falta de personal y la precarización. Leandro sostiene que el bono percibido por los médicos es una medida selectiva que “genera conflictos entre el personal de salud y enmascara el verdadero problema de los sueldos bajos y la falta de paritarias”.
El panorama no mejora al finalizar la residencia. A más de un año de haberse recibido de pediatra, Melina trabaja en cuatro establecimientos distintos, y en solo dos logró algún tipo de estabilidad: “Trabajo en dos hospitales privados, donde tengo una cantidad escasa, pero fija, de horas como monotributista. Tanto en el Cesac como en la guardia del hospital municipal hago suplencias. La idea es que se abran puestos, pero no hay nada seguro”. Tras más de una década formándose, espera, como tantos contratados y residentes recibidos, el pase a planta y la ansiada estabilidad.
Según Melina, la pandemia sacó a relucir faltas tanto a nivel edilicio como de personal. “Eso conllevó muchos problemas, demoras innecesarias, protocolos mal armados. Si bien uno tiene un protocolo para vestirse en caso de que venga un paciente, a veces no se da el 100 por ciento de las condiciones para la limpieza ni para vestirse correctamente. Mucha gente también tiene miedo, y eso los paraliza y los predispone mal para el trabajo. La atención de los pacientes durante la pandemia requiere un tiempo más prolongado, se necesita un lugar cómodo para lavarse las manos y quitarse el equipo. Y eso no está bien armado, pero porque nunca se pensó un lugar con las condiciones necesarias, nadie esperaba una pandemia de este tipo”, afirma.
Su trabajo en el Cesac se divide en una semana activa y una pasiva, en la cual se hace trabajo desde el hogar. Durante la pasiva, Melina hace seguimiento de contactos estrechos, tanto de adultos como de chicos. La cuarentena funcionó, destaca: “Ahora los casos empezaron a subir porque estamos saliendo. Y que salgamos no significa que no hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer. Entiendo las flexibilizaciones, pero me parece que no están bien reguladas. En algunos comercios se respeta la distancia, en otros hay mesas pegadas entre sí, y se propicia el contagio. En las salidas a los parques, si bien están dadas las pautas, la sociedad no comprende bien lo que tiene que hacer, entonces hace lo que puede o lo que le sale, que no siempre es lo correcto. La mayoría de casos que llegan al hospital son personas que se juntan con amigos. Hace poco tuve que hacer el seguimiento de una familia de 14 personas que almorzaron juntas, por ejemplo”.
A Melina la pandemia también le toca personalmente. Recientemente falleció su tío Horacio, de 82 años, a causa de un cáncer agravado por el Covid. Los pacientes que fallecen por coronavirus no pueden recibir visitas. “Nadie merece morir de esa forma, aislado y sin poder despedirse”, se lamenta angustiada.
«No hay más virus, sino que nos estamos empezando a exponer», subraya Melina.
La crisis mundial evidenció el aspecto más crudo de la precarización del personal sanitario en el país. Enfermería es una de las profesiones de mayor riesgo de contagio, pero también de las más castigadas. La jornada de protesta del jueves 10 señaló también la necesidad de reincorporar la disciplina a la carrera sanitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas jurisdicciones del país, los enfermeros fueron excluidos de la categorización como personal de salud. Al igual que muchas de sus compañeras, Rosa divide sus horas entre el hospital público y el privado. “Los enfermeros están muy mal pagos, y eso implica que muchos tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”. También refiere que muchos establecimientos privados están tomando personal bajo la modalidad de contrato con monotributo, lo que profundiza la precariedad.
“Hay muchas bajas por compañeros contagiados, y eso nos sobrecarga de trabajo”, cuenta Rosa. A veces, y pese a tomar todas las medidas de seguridad, los pacientes asintomáticos contagian a los enfermeros, que manifiestan los síntomas días después. Por otra parte, denuncia la falta de insumos, tanto en el sector público como en el privado: “El tema de los camisolines es un lío. Según las autoridades, son reutilizables, y los mandan a lavar. Pero resiste a lo sumo tres lavados, en muchos lugares te los dan y parecen transparentes, y tienen las tiras rotas. Además, faltan cofias y botas”. Por estas y otras demandas, las enfermeras están organizando, junto con otros gremios de la salud, una movilización para el próximo 21 de septiembre.
La curva de contagios no cede. Aún no se sabe cuál será el pico de casos y la demanda de una mayor flexibilización de actividades amenaza con agravar la situación. Por decreto, el personal de salud no puede tomar licencia en lo que resta del año. Matías Olmos, el intensivista marplatense dice que no se la tomaría si pudiera, para no sobrecargar a sus compañeros. Camino a casa, después de otra jornada de trabajo extenuante, observa las olas bañando la Costa Atlántica. Hace meses que no disfruta de un paseo por la playa junto a su familia, pero “el hecho de tener contacto visual por 20 cuadras con el mar, aunque sea arriba del auto, en este momento es casi tan relajante como estar de vacaciones”.
“Los enfermeros están muy mal pagos, eso implica que tengamos varios trabajos y el agotamiento es peor”, explica Rosa.
Con la llegada de la pandemia comenzó un maratón vertiginoso de noticias, mucha de ellas de procedencia dudosa, en medios de comunicación y redes sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a hablar de infodemia —a la que definió como “sobreabundancia de información, que puede ser correcta o no, durante una epidemia”— y alertó su peligrosidad advirtiendo que “al igual que los patógenos en las epidemias, la información errónea se propaga cada vez más, a mayor velocidad y añade complejidad a la respuesta a emergencias sanitarias”.
Sobre el tratamiento de la pandemia en los medios, Mercedes Calzado, investigadora del CONICET y docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, afirma: “En líneas generales, los medios están tratando el tema de una manera entre amarillista y escabrosa, poniéndole permanentemente ribetes alarmistas, como si siempre la situación se estuviera por ir de las manos. Es un tratamiento bastante irresponsable”, y añade: “Por un lado, en las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin ningún tipo de filtro. Por el otro, existió la necesidad de editorializar cada una de las decisiones de los distintos gobiernos, de sembrar temor”.
Luis Lázzaro, Director de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), considera: “La televisión, como el modo predominante de acceso a la información además de las redes sociales y los portales de internet, ha tenido una posición bastante errática. Por momentos tuvieron que decidir si titulaban la información de acuerdo a su simpatía política —o pertenencia editorial— o si lo hacían en función de la gravedad de la situación sanitaria. En general, hicieron un esfuerzo importante por descalificar las recomendaciones del gobierno, generaron permanentemente un estado de incumplimiento de muchas indicaciones por parte de la sociedad, sobre todo en relación con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).” El especialista agrega: “Me parece que todo el tiempo han tratado de marcar la cancha al gobierno, mostrando que su capacidad de influencia en la opinión pública les permite incidir en las definiciones políticas e incluso sanitarias. En síntesis, me parece que ha habido una actitud tendiente a usar políticamente el actual estado de emergencia por el coronavirus”.
«En las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin filtro», dice Calzado.
Conforme fue avanzando la cuarentena, los medios viraron su narrativa. Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, sostiene: “En un primer momento hubo una tendencia a la despolarización por parte de las coberturas mediáticas. Luego la polarización fue tomando mayor vigor tanto en la sociedad como en algunos sectores de la dirigencia política, entonces, los medios se hicieron eco de esto y activaron otra narrativa”, y añade: “Paralelamente, observo que hay mucha replicación acrítica de publicaciones que contienen imprecisiones, falsedades, tergiversaciones y descontextualizaciones”.
Un equipo de investigadores del CONICET, encabezado por Calzado, realizó un estudio sobre hábitos informativos durante el ASPO. De la encuesta virtual, efectuada entre el 11 y el 15 de abril, surgieron datos que ponen en jaque la confianza en las coberturas mediáticas: “Casi el 90% de los encuestados respondió que decide informarse por más de un medio. Entonces, si bien las noticias falsas existen, esto denota que también se está produciendo un proceso por el cual hay un nivel de alerta elevado respecto de ellas. Creo que durante la cuarentena se ha reforzado la falta de confianza hacia los medios, una percepción que excede la pandemia”, expresa la investigadora.
Científicos anti fake news
Un grupo de jóvenes científicos y científicas del CONICET —mayormente compuesto por biólogos, biotecnólogos y bioquímicos que investigan en el área de salud— decidió dar pelea a la desinformación. Apenas iniciada la cuarentena, conformaron un equipo para detectar y desmentir con evidencia científica noticias falsas relacionadas con el nuevo coronavirus.
Sobre el origen de Ciencia anti Fake News, Soledad Gori, bióloga especialista en inmunología y fundadora de la iniciativa, cuenta: “Por ser científicos nos llegaban un montón de consultas por WhatsApp de nuestras propias familias y amigos. Al principio eran cosas sencillas de desmentir: si el sol mataba el virus o si tomar té con limón te curaba el Covid, por ejemplo. Después las fake se fueron tornando cada vez más complejas, entonces, empezamos a pensar en este proyecto, que es voluntario y autogestivo”.
“A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios», dice Germani.
El equipo de trabajo contribuye con el material científico de la plataforma Confiar —creada por la Agencia Nacional de Noticias Télam para combatir la infodemia— desde donde se envía la información de los “verdaderos-falsos” y fake news para micros de la Televisión Pública. También divulgan su trabajo en columnas de radio, televisión y en sus redes sociales.
“Para procesar la información que recibimos nos organizamos en comisiones. La primera recaba las fake e información falsa que circula y la clasifica. La segunda construye un fundamento teórico con todas las evidencias científicas disponibles sobre el tema. La tercera se encarga de la divulgación, de adaptar la información para que sea entendible para cualquier persona que quiera acceder a ella”, relata Gori.
Hasta el momento han desmentido más de cien fake news. Entre las más riesgosas para la salud, la científica destaca: “Hay una noticia falsa que reflotó nuevamente, es la que afirma que el uso de dióxido de cloro o clorito de sodio, conocido como ‘solución mineral milagrosa’, es capaz de curar varias enfermedades, entre ellas el Covid-19. La realidad es que no sólo no hay evidencia científica de que esta sustancia sea capaz de combatir o prevenir la infección del nuevo coronavirus, sino que además está prohibida su venta como uso medicinal por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”
Gori advierte: “Como los medios de comunicación ahora tienen acceso a revistas científicas que antes no tenían, muchas veces levantan artículos que son preliminares. Esto puede tener consecuencias muy peligrosas para la salud, como cuando se difundió que los medicamentos para la hipertensión favorecían el riesgo de mortalidad ante el Covid-19. Las sociedades cardiológicas salieron rápidamente a desmentirlo ya que se trataba tan solo de un trabajo preliminar que no tenía ningún experimento realizado ni ninguna evidencia científica. Las fake news están en todos lados y las hay de todo tipo, pero las que respectan al ámbito de la salud son especialmente peligrosas”.
Los efectos en la salud
Sandra Germani, neuropsicóloga en el Centro de Neuropsiquiatría y Neurología de la Conducta (CENECON), explica el impacto que puede tener la sobreinformación en la salud física y mental de las personas: “La infodemia hace que el cerebro —que es un procesador de información y estímulos— se sobrecargue de noticias que son contradictorias, que no provienen de fuentes confiables o que sobredimensionan la situación. Ante la señal de una posible amenaza, el cerebro se pone en alerta y activa emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia. Cuando el miedo anula la razón nos ponemos en riesgo, porque se altera la capacidad de toma de decisiones”. Ella explica distintas consecuencias de la intoxicación por exceso de consumos periodísticos: “Actualmente estamos viendo trastornos en el sueño, dificultades con la ingesta de alimentos, problemas con la piel y la caída del pelo. Son todas cuestiones bien fisiológicas que están marcando alteraciones hormonales que tienen que ver con el metabolismo. Esto es como una cadena que va impactando de lleno en la salud física y mental de las personas”.
Respecto a las recomendaciones para protegernos de los efectos de la infodemia, Germani señala: “A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios y que lo hagan de fuentes confiables que se dediquen específicamente a la salud”, y advierte: “Nosotros hace meses que convivimos con un contador de muertes, cosa que no había pasado nunca en la historia. Esa información es útil para los profesionales que saben cómo procesarla y analizarla pero al resto de las personas puede generarle pánico”.
De regulaciones y libertades
Si se habla de combatir las noticias falsas, se entra en un terreno delicado en términos de libertad de expresión. Lázzaro sostiene que no deben implementarse regulaciones sobre los contenidos de los medios de comunicación, sino aplicar las que por ley ya existen: “Hay regulaciones para todo aquello que atente contra la seguridad y la salud pública, contra la discriminación, de protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, entre otras. Claro que son más fáciles de aplicar en los medios de comunicación audiovisual que en las redes sociales. Es decir, la ley ya tiene sanciones previstas que deben ser aplicadas sobre una serie de comportamientos mediáticos”, y resalta: “No podemos regular la opinión, porque eso podría afectar la libertad de expresión”.
Por su parte, Aruguete, que recientemente publicó el libro Fake news, trolls y otros encantos, afirma: “Creo que hace falta una intervención que comprenda la multidimensionalidad que tiene esta problemática. No es que no haya una regulación de la circulación de contenidos en las redes sociales, sí que la hay, es la que aplican las empresas propietarias de las plataformas con sus particulares criterios. Creo que hace falta una regulación que surja producto de una discusión amplia y no meramente política o gubernamental, en la que intervengan otros colectivos y actores sociales necesarios para el debate”.
El principal problema a la hora de determinar la eficacia del tratamiento de convalecientes para pacientes de Covid 19 es la necesidad de comparar entre dos grupos de pacientes. Un grupo debe ser tratado y el otro no para poder cotejar los resultados, pero la realidad es que nadie se inclina por no recibir el plasma que puede ayudarlo a curarse. Según explicó el médico infectólogo, Alejandro Fernández Garcés, esto genera un dilema ético: “No hay diez medicaciones para ayudar al paciente y comparar entre todas esas. En Argentina solo podés elegir darle plasma o no darle nada, por eso es éticamente complejo”.
Fernández Garcés está encargado de la atención de Covid-19 en la Clínica de Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que allí entre siete y ocho personas ya han recibido plasma. “Uno tiene la sensación de que ayuda porque el paciente viene haciendo fiebre todos los días y con bajas en la saturación de oxígeno y al ponerle plasma siente una mejoría y la fiebre calma. Entonces parece haber una utilidad, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta”.
En el campo científico lo novedoso fue el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta agencia autorizó recientemente su uso como tratamiento terapéutico. Las investigaciones concluyeron que al menos el 35% de los pacientes han evolucionado favorablemente luego de estudiar a 20.000 personas que habían recibido la transfusión de plasma. Antes, el tratamiento era utilizado solo bajo protocolo de investigación y en caso de emergencias.
Lo esencial para recibir el tratamiento es la cantidad de anticuerpos que circulan en el plasma donado y el momento de la enfermedad del paciente que los recibe. Esto es importante porque el objetivo es dar anticuerpos para neutralizar el virus, pero si la etapa viral terminó y el paciente se encuentra en una fase de respuesta inflamatoria, el plasma ya no tiene utilidad. Por eso cuanto antes se realice la transfusión mejor serán los resultados. Luis Cantaluppi, coordinador del Área de Plasma del Ministerio de Salud bonaerense señala la importancia que ha tenido este procedimiento: “Con una donación es posible que tres o cuatro personas puedan no pasar a terapia intensiva y evolucionar favorablemente. Esto es muchísimo, creemos que hemos bajado la mortalidad entre un 15% y un 20% –agrega el doctor-. El plasma evita la progresión de la enfermedad a periodos críticos, por lo tanto permite que el paciente que está con oxígeno no necesite un respirador y que los hospitales no estén colapsados”.
En Buenos Aires, solo se realizaron 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante.
Actualmente existe mayor demanda de plasma que cantidad disponible en la Provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de pacientes recuperados no dona y esto se ve reflejado en la cantidad de turnos libres para la extracción. Es un recurso escaso y limitado. En la provincia de Buenos Aires se han realizado alrededor de dos mil transfusiones y unas tres mil se concretaron en todo el país. Cantaluppi explica que de los miles y miles de pacientes que han padecido la enfermedad, solo contaron con 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante que se ha acercado más de una vez: “Desde que empezamos hasta ahora siempre hubo escasez de plasma, son muchos pedidos y no llegamos a cumplir con todos. A veces son 60 los pacientes que piden por día y contamos con una producción entre 40 y 50 unidades de plasma”. Un solo donante permite obtener entre tres a cuatro unidades. Cantaluppi añade: “El gran problema es el límite de plasma que tenemos, esto hace que seamos muy racionales y no usemos de más porque si no muchos pacientes no tendrían”.
El infectólogo Fernández Garcés afirma que siempre que fue solicitado hubo donaciones disponibles en la clínica donde trabaja. Esto puede estar relacionado con que todos los pacientes recuperados son invitados a donar. Gabriela Soncin, abogada y donante, atravesó la enfermedad con algunas complicaciones que la llevaron a padecer neumonía bilateral y permanecer internada durante cinco días en el Hospital Güemes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de ser dada de alta, investigó e insistió para donar plasma, porque entendía la situación crítica, pero nunca fue contactada desde ningún organismo del Estado para hacerlo. Entonces, cuarenta y cinco días después del hisopado positivo, se presentó voluntariamente en la Fundación Infant de la Ciudad de Buenos Aires para donar: “Mientras esperaba el resultado en el hotel no tenía nada para hacer salvo mirar tele y ahí hablaban de la utilidad del plasma. Decidí donar porque lo único potable de esta situación era poder ayudar a otros”.
Soncin se había contagiado junto a sus dos hijos. Su hija se acercó a donar, pero su hijo no quiso porque el año pasado sufrió un neumotórax y no se sentía cómodo “por supuesto nadie le insistió, es una decisión muy personal, pero no sabemos si tiene o no anticuerpos”. Esto se debe a que al donar plasma se realiza un análisis para determinar la cantidad de anticuerpos con los que cuenta cada persona. Cuando recibieron los resultados se sorprendieron: “Mi hija donó como yo, pero ella no tenía anticuerpos y yo tenía un montón. Menos mal que insistimos con tener los resultados porque si confiás que tenés inmunidad, capaz te descuidas un poquito”.
Cantaluppi señala que cerca del 20% de los pacientes que se acerca a donar no cuenta con anticuerpos. También explica que esto no significa necesariamente que puedan volver a contagiarse inmediatamente, ya que existen dos tipos de inmunidad. Una que se mide con el nivel de anticuerpos en sangre y otra que es de tipo celular, que no es medible porque se ubica en las células. Cantaluppi expresa: “Cuando el organismo se expone a un virus ya conocido se desencadenan dos respuestas, una inmediata que es la celular y otra más tardía, la de los anticuerpos. El virus entra por la nariz y si existió un contacto previo con la enfermedad probablemente las células de la mucosa nasal actúen rápidamente e inactiven el virus, pero esto no se puede medir”.
Aún no hay evidencia certera sobre si es posible que una persona se reinfecte, ni cuánto dura la inmunidad. Cantaluppi expresa: “Hay pacientes que poseen anticuerpos por cuatro meses y otros que han bajado rápidamente. El paciente que se acerca a donar tiene una cierta seguridad sobre si cuenta con una cantidad de anticuerpos circulante o no”. El doctor Fernández Garcés afirma que ya hay estudios que certifican la reinfección de pacientes con otras mutaciones que tuvo el virus a lo largo del tiempo: “Si pensás en la cantidad de millones de infectados que hubo en el mundo es difícil creer que no hubo reinfecciones, pero no lo podemos asegurar objetivamente todavía”. Fernández Garcés agrega: “Aunque el paciente se reinfecte algún grado de inmunidad generó anteriormente entonces seguro cuenta con algún tipo de protección”.
«A veces son 60 los pacientes diarios que piden plasma pero contamos con 40 o 50 unidades por día”, dice Cantaluppi.
Para donar no existe ningún tipo de contraindicación ni riesgo. Solo es necesario contar con una hora para responder un cuestionario y realizar la donación. No hay peligro de bajas de presión, ni se deben recuperar glóbulos rojos ya que el procedimiento solo extrae el plasma que es la parte liquida de la sangre, el vehículo que transporta a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. A la hora de donar las mujeres son mayoría, Cantaluppi estima que es cerca del 65% y a su vez los hombres son quienes más necesitan del plasma siendo aproximadamente el 70% de los tratados.
Soncin duda seriamente volver a donar por miedo a perder todos los anticuerpos que generó: “Como no la pase bien con la enfermedad me da temor bajar la cantidad de anticuerpos, aunque no sé si está bien lo que estoy pensando”. Al respecto Cantaluppi asegura que esto no es posible: “Cada persona cuenta con 5 litros de sangre circulante de las cuales tenemos cuatro litros de plasma. Al donar solo extraemos 400 centímetros cúbicos, o sea un 10% del torrente sanguíneo total. El cuerpo velozmente lo recupera y los glóbulos blancos, que son los responsables de producir los anticuerpos neutralizantes, rápidamente lo hacen. Nadie se queda sin anticuerpos porque le saquemos una porción de plasma”.
El Gobierno Nacional promulgó en agosto la Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo. A partir de ella, el traslado de los donantes que no cuenten con transporte está garantizado y se les otorga una licencia especial a quienes estén bajo relación de dependencia. Quienes deseen donar pueden hacerlo comunicándose con el CUCAIBA al 0800-222-0101 en la Provincia de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires existen varios hospitales habilitados que figuran en la página del gobierno porteño.
La donación de plasma es necesaria para poder mantener el sistema de salud sin saturarse y ayudar a los pacientes con el único tratamiento disponible. Cantaluppi enfatiza: “Donar es un gesto solidario y depende de que la gente se acerque, done su tiempo y su plasma. Si todos pensásemos que estamos en riesgo, que podemos cambiarle la vida a otra persona y supiésemos el valor que tiene donar, la historia y la cantidad de donantes sin duda seria otra”.
La albañilería es uno de los rubros más “pesados” dentro de la construcción, además de ser uno de los oficios más precarizados. El aislamiento impuesto por el gobierno a raíz del coronavirus, dejó al descubierto realidades difíciles a afrontar para los trabajadores de la construcción, con más de cinco meses de restricción para desempeñar su labor.
Lunes 23 de marzo, son las seis de la mañana y el reloj biológico le indica a Julio Melián, de 63 años. que arranca el día; se levanta, se lava los dientes y la cara, luego pone la pava para cargar el termo pensando en los mates. Se sienta y espera a su hijo, Lucio de 25 años. Ambos trabajan en una obra de construcción refaccionando un departamento en Vicente López. Pero la realidad le había jugado una mala pasada: la cuarentena había empezado e ir a trabajar ya no era opción ese día.
Julio es cabeza de familia, vive en la localidad de Libertad, Merlo. Toda su vida adulta vivió de su oficio, la albañilería. Su familia está compuesta por él, su esposa, sus dos hijas y su hijo y compañero de tareas. Comenta acerca de su trabajo antes de la pandemia: “Dentro del rubro de la construcción me desempeño como oficial, también soy contratista, pero dado que en los últimos años conseguir obras era algo difícil, solo trabajaba de oficial albañil para otras personas, y siempre es de manera informal. Mi único oficio o profesión es el de la albañilería.”
El inicio del aislamiento perjudicó no solo sus trabajos actuales y futuros sino que además la informalidad le impidió tener el ingreso semanal que percibía “La cuarentena afectó varios de mis proyectos de trabajo. Tenía la remodelación de un baño y un departamento, eso quedó suspendido. Debido a la pandemia no se podía viajar ni realizar este tipo de actividades, al comienzo fue incertidumbre.”, dice.
Por su parte, Lucio cuenta su experiencia en la albañilería y como vivió el inicio del aislamiento: “Antes del aislamiento me desempeñaba como peón de albañil y hacia algunas actividades de oficial, podría decirse que soy medio oficial pero cobraba como ayudante. A partir de la cuarentena se vieron afectados varios de los proyectos, porque después de terminar la última obra de refacciones que tenía empezada, había planes de empezar con otra. Incluso de la última obra que estuve trabajando y tuvimos que abandonar no pude cobrar la semana que tenía porque esto se cortó un jueves y los viernes, que son los días en los que cobro, no pude hacerlo.”
“Yo con las changuitas me fui arreglando, en el barrio por suerte me salían bastantes», dice Carlos.
Adaptarse en aislamiento
Walter, jefe de hogar casado con Betty y a cargo de sus dos hijos menores, Máximo y Noah, es albañil y plomero, por lo que también fue afectado por el periodo de distanciamiento social. “Todos los trabajos que tenía se vieron afectados desde que comenzó la cuarentena y sin trabajar no cobro un peso”. Y explica: «Me arreglé con lo poco que tenía ahorrado y me puse a vender pan casero»
En cuanto a la ayuda brindada por el Estado, dice Walter: “Ninguno pudo cobrar el IFE. Mi esposa trabaja de preceptora en una escuela pública, lo que ayuda pero no es lo mismo.” En el caso de los Melián, la ayuda estatal llegó para uno de sus integrantes . “Con mis ahorros pretendía cambiar el auto, pero con esto del Covid eso se esfumó. El gasto en casa no fue tanto. Por suerte, mi mujer que es empleada doméstica tiene ingresos, y mi hija, que vive con nosotros, cobró el IFE.”.
El uso de ahorros para suplir la falta de ingresos en los trabajadores de la construcción fue moneda corriente en el desarrollo de la cuarentena. Otro de los casos es el de José Mondragón, padre de familia, que vive con su mujer e hijo en la localidad de Coronel Pringles, un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires. “Mi actividad es la pintura, es dentro del proceso de las obras de construcción el proceso de terminación. Trabajo por mi cuenta, tengo empleados. Tengo esa sola ocupación y es mi único ingreso. Se vio interrumpido durante estos meses por la cuarentena”, cuenta “Estos meses fueron difíciles, porque era nuestro único ingreso, entonces usamos ahorros o algunos trabajos realizados que fuimos cobrando y de otros sin terminar, como acá en el pueblo la gente es solidaria…” y agrega: “Por suerte ya pudimos ir cumpliendo con los trabajos pendientes y los fuimos terminando, pero porque la situación es otra. Acá en Pringles hubo un solo caso que duró diez días y hasta el momento seguimos con ese solo.”.
Incertidumbre y cuarentena
Carlos González, de 29 años, vive en Mariano Acosta junto a su mujer. Son una pareja joven y sin hijos, pero de igual manera la pandemia los perjudicó. Él es oficial en el rubro de la albañilería y una semana antes de empezado el aislamiento había terminado una obra en la que prestaba servicio como trabajador formal, “Esa era mi única fuente de trabajo. Siempre era una fija, todos los años empezábamos una obra nueva, esperaba a que salgan esos laburos. Había otras empresas con las que ya teníamos que empezar a laburar y con todo esto, no pudimos, se paró todo y no dejaron comenzar la obra.”
Al no contar con un ingreso fijo, tanto a Carlos y a muchos otros que brindan su relato les toco rebuscársela. “Yo con las changuitas me fui arreglando –cuenta-, en el barrio por suerte me salían bastantes. Trabajos de los vecinos y de gente que ya me conocía. Iba tirando con eso. Como era gente conocida me mandaban mensaje o me llamaban a casa.”. Otra experiencia similar es la de Walter: “También hice changuitas a unas cuadras de casa de uno, dos o tres días, más de eso no. Llevo barbijo, alcohol en gel en la mochila. Siempre nos tratábamos de lejos, ellos me hablaban desde el primer piso y yo estaba en el patio, en planta baja”, y agrega: “Solo por cosas urgentes, rotura caños o cosas de ese estilo, nada de hacer una carpeta.»
Por su parte, Carlos se vio en la misma situación, y los trabajos a vecinos fueron un salvavidas para muchas familias. “Al no saber cuándo se iba a resolver esto, me tuve que adaptar. Avanzada la cuarentena hice algunos trabajos para vecinos, al de al lado le pinté la reja y al de a la vuelta le hice una base con pilotines”, comenta.
Tiempo libre
Durante el aislamiento, muchos aprovecharon para hacer lo que el agotamiento semanal de la vida laboral diaria no les dejaba. Al respecto. Julio Melián cuenta: “Con el tiempo en cuarentena aproveché para hacer cosas en casa. Mis hijos me dicen que soy bastante inquieto. Pinté casi toda mi casa con ‘puchitos´ de pintura que tenía. También estuve arreglando cosas en casa con materiales que tenía acá. Podé arboles también, me mantuve ocupado.” Asimismo, Walter hizo lo mismo en su casa. “En lo personal, en este tiempo libre aproveche para arreglar mi casa, use lo poco que tenía para comprar material y terminar de hacer algunas cosas que tenía pendiente hace tiempo.”.
El futuro
Lucio da su perspectiva de cara a una posible flexibilización. “Yo creo que la construcción se podría llevar a cabo pero como estoy haciendo ahora, trabajando en una casa deshabitada y trabajando con personas de confianza o que ya conocés”, y agrega: “Junto con un amigo desde el jueves 23 de julio empezamos a hacer unas refacciones en una casa en Merlo, pero ahí no vive nadie así que las medidas de prevención las tomamos entre nosotros. Mientras vamos en el auto usamos barbijo, si compramos una gaseosa o algo lo lavamos bien y tuvimos que suspender el mate, algo que antes era muy común en la obra. El retorno a la vida normal, dentro de lo que es el trabajo en la construcción es toda una incertidumbre”.
La posición de Walter es diferente: “El contacto y el riesgo siempre está, trabajes de lo que trabajes. No creo que la regulación ayude en algo, el riesgo es mínimo en el rubro si se cuida la distancia.”
Desde su propia experiencia, Carlos brinda su posición ante el retorno de la actividad : “Es complicado porque tengo el ejemplo de un hermano de mi señora que sigue laburando en la empresa de construcción y todo, pero la semana pasada a uno de los muchachos le agarró coronavirus y los tuvieron que aislar a todos, al hermano de mi señora le agarro, hace poco el test le dio negativo, se recuperó.” Carlos concluye: “Es complicado, uno quiere laburar, pero por más que te cuides y todo lo que quieras, no es tan seguro.”
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
