Jun 2, 2021 | Novedades, Trabajo
El rubro de los técnicos y staff escénicos es, sin dudas, uno de los más afectados por la pandemia del covid-19 debido a la suspensión de la mayoría de los espectáculos masivos desde las primeras restricciones, en marzo de 2020.
Este imponderable, también, deja al descubierto una generalizada situación que viene dándose en la industria del espectáculo: la precarización e informalidad laboral de muchos de estos trabajadores, lo que motivó que un grupo de técnicos creara hace relativamente poco tiempo el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), cuya personería fue reconocida por el Ministerio de Trabajo en julio del 2015.
Fabio “Toby” Peralta (54) es vocal del gremio y un referente en el mundo de los técnicos escénicos. Su trayectoria, de casi cuarenta años, incluye trabajos con María Martha Serra Lima, Los Enanitos Verdes, Zas, Sumo, Memphis La Blusera, Los Ratones Paranoicos y Las Pelotas. Desde hace 22 años es sonidista de Los Pericos. Tony, obviamente, no saldrá indemne de esta crisis que lleva más de un año: “Hicimos [con Los Pericos] apenas dos shows en enero y febrero y gracias a eso estoy aguantando la situación. Esta pandemia nos dejó mal porque, si bien, hemos pasado cosas parecidas en épocas de poco laburo, igual te la arreglabas trabajando con otros grupos. Ahora todas las opciones de trabajo están cerradas. Se frenó todo. Algunos compañeros han tenido que vender sus cosas para bancarla… En mi caso, por suerte, Los Pericos me pagan dos shows por mes fijos, independientemente de que se hagan o no. Pero no todos tienen esa posibilidad. Esta pandemia dejó al descubierto la precarización de nuestro oficio”.
Hasta la creación del SATE nunca se había planteado seriamente la vulneración de los derechos laborales que afecta a los técnicos: “Esto siempre fue muy informal. Con el correr del tiempo todos los ámbitos del espectáculo se fueron profesionalizando menos nosotros, los técnicos. Nuestro trabajo quedó bajo la forma de una changa. Ese es el gran problema que tenemos al día de hoy y que tiene que cambiar porque salvo alguna que otra empresa que tiene empleados en blanco, los demás somos todos monotributistas. Y en esta época de pandemia quedamos en una situación de mierda, sin siquiera poder reclamarle a nadie. Y la verdad es que somos trabajadores y merecemos los mismos derechos que cualquier otro”, comenta Peralta.
Según censos realizados por el SATE, el 85% de los técnicos escénicos están precarizados: “Históricamente, este fue un oficio de amigos. Cuando nos pusimos a pensar en qué iba a pasar con nuestras jubilaciones o en el caso que nos llegara a pasar algo, nos dimos cuenta de la precarización y de que nuestras familias quedarían muy desprotegidas en este marco”, acota Peralta.
La salida improvisada para muchos fue comenzar a trabajar en otras actividades para poder sobrevivir. Algunos de remiseros, otros se han puesto una verdulería, o hacen comidas y repartos. “Entre los que somos sonidistas, salvo por algunos que son técnicos operadores y han podido hacer streaming y por ahí, manejar la situación de otra manera, son pocos los que han podido aguantar sin cambiar de rubro. Hay gente que ha cambiado directamente de oficio, esperando ver si el año que viene empieza a cambiar un poco la situación. Ahora mismo, hay gente que, trabajando en lo poco que hay, está ganando lo mismo que en 2019 y hasta menos”, informa Peralta.
Un caso paradigmático en este punto es el de Mario Samper, un histórico stage manager de 49 años, que trabaja con Las Pelotas, como productor técnico, y como stage de Lali Esposito y del grupo pop MYA pero, en este momento, hace trabajos de herrería. Samper empezó en este ámbito como plomo, en 1991, y ha conocido altas y bajas durante los años pasados junto a Fabiana Cantilo, Illya Kuryaki, Los Pericos, Árbol y los espectáculos de Cris Morena pero no vivió nada parecido a la crisis actual: “Esta situación dejó al descubierto todas las problemáticas de nuestro trabajo. Hace dos años me compré una soldadora e hice un curso de herrería. No lo hice con la intención de trabajar pero cuando empezó la pandemia empecé a hacer trabajos de herrería a través de un amigo que me recomendó a un vecino y así sucesivamente. No llego a tener un sueldo que sea suficiente todavía pero sí me está salvando. Tengo dos hijos. Por suerte mi mujer tiene un trabajo estable en relación de dependencia, entonces con su sueldo –ajustados- podemos seguir viviendo. Hay gente en este mismo rubro que vive sola y que esto es lo único que sabe hacer y que está en verdaderos problemas.”
Nahuel Rodríguez (27), que trabaja como operador de monitoreo de Nahuel Pennisi y productor técnico de MYA, cuenta su difícil situación: “Hasta el año pasado vivía en Villa Devoto pero debido a la falta de trabajo volví a Florencio Varela. El año pasado hicimos apenas dos shows con MYA. Por eso, al tercer mes de iniciadas las medidas por la pandemia empecé a vender pizzas con unos amigos. Con eso fuimos cubriendo algunos gastos hasta que un colega de iluminación consiguió trabajo en una distribuidora de café. En aquel momento, entramos varios del rubro a esa empresa. Trabajamos durante seis meses que fueron eternos. Nos fuimos en septiembre del año pasado y terminaron de pagarnos el último mes trabajado, hace dos meses. Fue traumático más que otra cosa. Ahora estoy haciendo alguna changuita de electricidad, algún arreglo de aparatos electrónicos. Vivo al día, recontra apretado pero la vamos llevando”.
Para el stage manager Alejandro Bertoli (59), la situación actual es peor que la crisis del 2001. Él, que trabajó durante años con Los Paralamas, Los Abuelos de la Nada, Zas, Fito Páez, Charly García, Baglietto, en México con Tania Libertad, Caifanes, Maná, ahora vive de prestado porque se le cortó los trabajos que tenía como stage freelancer y de alquiler de tarimas para espectáculos: “Me ayudan a subsistir mi familia y algunos amigos con la esperanza de que se los pueda devolver en algún momento, cuando todo se reacomode. La verdad es que la situación es crítica. Desde marzo del año pasado, se me acabó todo. Hice el Loolapalooza en 2019 como stage manager del escenario principal del Festival e íbamos a hacer la edición de 2020 y se canceló”.
Mario reflexiona sobre lo angustiante que es perder el trabajo al que uno se dedicó toda su vida: “Una persona de casi 50 años como yo, es muy difícil que encuentre trabajo de otra cosa. ¿Qué podría hacer yo? ¿Abrir un quiosco? Si lo único que sé hacer es esto. Hay compañeros que, incluso, tienen más edad que yo y que hasta tienen menos posibilidades porque no saben hacer otro trabajo que el que hacen con las bandas. También hay gente nueva, pero el 90% estamos pasando por la misma situación”.
Parece un panorama bastante incierto y sin un horizonte claro. Peralta comenta: “Desde el sindicato estamos ayudando a los compañeros, haciendo todo lo que se pueda para ver en qué momento podemos regularizar la actividad. A eso apuntamos nosotros, a los beneficios de cualquier actividad regulada: vacaciones, aguinaldo, tener una ART, estar cubierto, tener una jubilación… lo importante es que esté en un papel. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera si nos vamos a poder jubilar, y en el caso de hacerlo, ¿qué tendríamos que cobrar? ¿La mínima? Porque cobrar la jubilación del monotributo es una locura después de tantos años de haber laburado en el glamour, en el espectáculo, etc…”.
Nahuel, el más joven de los entrevistados, está evaluando la posibilidad de trabajar full time en otra actividad: “La verdad es que nuestra industria estaba destruida y con todo esto va a quedar peor. Ahora, esta situación blanqueó un montón de cosas y vemos lo maltratados que estábamos en distintas posiciones. No creo que cambien mucho esas cosas. Uno se esmeró por hacer las cosas bien, trató de capacitarse, y hoy, no sirve de nada… Nuestro rubro fue bastante ingrato, al margen del coronavirus. Así y todo, me dolería mucho tener que dejarlo. Todos los que trabajamos en esta industria lo hacemos porque lo amamos. Hay una pasión muy grande. Igualmente, siento que es tiempo de encontrar alguna otra cosa para hacer que sea un poco más segura”.
Más allá de lo que pueda afectar una pandemia a cualquier rubro productivo o comercial, lo que esta crisis puso de manifiesto, en nuestro país, es una situación de larga data presente en la industria del espectáculo que, en definitiva, la trasciende, y por ello, permite pensar en la necesidad urgente de incorporar el tema de la regularización laboral del sector a la agenda pública.
May 30, 2021 | Comunidad, Novedades
A media mañana del 30 de mayo de 1997, en una de las salas de parto del Hospital Argerich, situado en el barrio porteño de La Boca, se escuchó un grito ahogado seguido de un llanto. Se trataba de Dante Rezza, hijo de María Obaya, la primera mujer que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público tras padecer una hepatitis autoinmune durante diez años.
He aquí el motivo por el que, a partir del 2000 y por declaración del Senado de la Nación, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sin embargo, en esta oportunidad es diferente: esta vez, María no estará presente, ya que falleció el 10 del mismo mes. “Es la primera fecha sin ella, pero es en su honor que la vamos a conmemorar. Va a ser una diferencia porque siempre estaba presente como homenaje, como el motivo por el cual se creó este día para concientizar a la gente”, expresa María Eugenia Vivado, presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR).
Pero, además, el 2021 es distinto por lo que ya todos sabemos: hoy, el mundo entero transita la pandemia del coronavirus. Y así como afecta distintos ámbitos de la vida cotidiana y la que no lo es tanto, este suceso también implicó cambios en lo que respecta a la donación y el trasplante de órganos.
En este contexto tan particular, nadie se salvó: en España, país que lleva 28 años situado a la vanguardia mundial, posicionado como líder mundial con 15 intervenciones diarias, el 20% de todas las donaciones de la Unión Europea y el 6% de las mundiales, los números descendieron drásticamente. En el caso de Argentina, mientras tanto, no se suspendieron nunca los programas de procuración ni los de trasplantes de órganos. Una de las ventajas con las que contó el país fue que en Europa se desató previamente la pandemia, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud tuvieron la posibilidad de advertir lo que allí pasaba para tomar la decisión de continuar con los procedimientos regularmente.
En 2021, ya son 567 pacientes los que recibieron un trasplante de órganos y 424 de córneas gracias a 294 donantes.
Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), desde marzo del 2020 hasta la actualidad, se realizaron 483 procesos de donación de órganos y 177 de tejidos, que permitieron que 1.276 personas en lista de espera recibieran un trasplante de órganos y 805 uno de córneas. Para Carlos Soratti, presidente del organismo, «los más de 1.200 procedimientos realizados en pandemia son un logro importante del sistema de salud, porque implicaron mucho esfuerzo, organización, empeño y pasión por sostener las prácticas en un escenario tan complejo como el que venimos atravesando».
En lo que va del 2021, son 567 pacientes los que recibieron un trasplante de órganos y 424 uno de córneas gracias a 294 donantes. “Generalmente, lo que más se trasplanta es riñón”, declara Vivado. “En mayo ya tenemos 63 personas trasplantadas de este órgano, aunque eso varía cada mes según la donación. Este año habíamos empezado bien porque en el verano se relajó un poco más la situación: febrero y marzo fueron buenos meses. Ahora, los números se mantienen”, explica.
Si tomamos en cuenta la coyuntura que nos toca vivir, los números son alentadores. Aun así, las dificultades que representa la pandemia son muchas. “Algunas cosas se tienen que postergar porque no hay lugar para hacerlas, y en eso entra el trasplante, que requiere un espacio totalmente aséptico y aislado, y en este momento de la pandemia es bastante difícil. Donantes hay: no la misma cantidad que antes porque se debe estudiarlos bastante, pero tampoco se pueden hacer demasiadas operaciones porque no hay suficientes lugares que cumplan con los requisitos de sanidad. Ese es el problema”, expresa Vivado. Un factor bastante parecido que puede alterar el número de dadores es la cantidad de recaudos que se deben tomar para asegurarse de que quien portaba los órganos donados no tenía covid-19 de manera asintomática.
Durante la pandemia, en la Argentina no se suspendieron los programas de procuración ni los de trasplantes de órganos.
Por otro lado, las asociaciones que trabajan con pacientes que esperan recibir órganos y con trasplantados, se ven imposibilitadas de encontrarse cara a cara con ellos, como lo hacían antes, ya que se trata de pacientes de riesgo. Además, quienes solían viajar desde el interior del país para atenderse en Buenos Aires, tienen dificultades para movilizarse. Otra de las grandes dificultades, que trajo aparejada la virtualidad, es la difusión de fake news y la desinformación que hay en torno a la salud, que termina por obstaculizar el acceso a los medios, personas y espacios indicados para realizar los tratamientos correspondientes.
“A veces, las familias no saben cómo manejar el tema porque no tienen la información necesaria”, afirma Miriam de Rossi, fundadora de la Asociación Civil Florencia Rossi, una ONG que, desde el 2001, brinda alojamiento, alimentación y atención especializada, a aquellos pacientes en lista de espera, trasplantados y familiares. Según cuenta, muchas de las familias que llegan desde las provincias hasta Buenos Aires lo hacen con muy pocos recursos económicos. “Hay que seguir a la familia, ver dónde se aloja, que come y que no, y un montón de situaciones que hay que enseñarles para que puedan salir de todo esto”, sostiene.
Agrega, también, que este año su organización, como muchas otras, se ve privada de llevar a cabo varias de sus iniciativas habituales: el alojamiento de quienes lo necesitan, por una parte, y el evento de cada 30 de mayo, por otra. Además, según explica, actualmente se ven limitados a la hora de realizar acciones para promover la causa: “Nosotros dábamos charlas en los colegios hasta antes de la pandemia, y apuntábamos siempre al adolescente de 10, 12 o 15 años, que puede entender y cambiar su manera de pensar. Eso también es concientización”.
Así como la fecha de este año significará un homenaje para María Obaya, la campaña de difusión llevada a cabo por el INCUCAI también implicará un agradecimiento: esta vez, las acciones estarán enmarcadas en un reconocimiento especial a los y las donantes que cada año permiten que miles de personas puedan recuperar su salud y vivir plenamente. Bajo el hashtag #GraciasDonantes se compartirán distintas piezas en las redes sociales, en las que pacientes que hayan recibido un trasplante y personas que expresan su voluntad a favor de la donación brindarán sus testimonios, con el objetivo de alentar a quienes esperan y multiplicar el mensaje del valor de la donación.
May 26, 2021 | Novedades, Vidas políticas
En Colombia, debido a la lucha sindical, las y los trabajadores han logrado derechos básicos como el salario mínimo, el aguinaldo, el pago de horas extras y dominicales, y las vacaciones remuneradas. Sin embargo, las cifras de agremiación en el país son de las más bajas en el mundo: menos del cinco por ciento está afiliado.
Una causa es la violencia que han su sufrido, por décadas, los militantes gremiales. Según un informe presentado por los sindicatos ante la Comisión de la Verdad –espacio creado por los Acuerdos de Paz para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado–, entre 1973 y 2020 se presentaron más de 15 mil casos de violaciones a la vida, más de 3 mil homicidios y casi 2 mil desplazamientos forzados de los representantes de los trabajadores.
Prueba de ello es Humberto Correa Gómez, vicepresidente de la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC) y secretario de Derechos Humanos de la CGT de ese país, quien hoy se encuentra refugiado en la Argentina luego de recibir amenazas de las fuerzas militares y paramilitares. El líder sindical cuenta que se enteró de los planes en su contra a través de los medios y de una llamada de un exagente investigador que lo alertó. “Yo no sabía que unos carros que había siempre cerca de mi casa eran del Ejército”, señala.
El Estado colombiano, además, ha sido incapaz de esclarecer más de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales que se perpetraron entre 2017 y 2020. Solo 9 de los 42 casos resueltos obtuvieron sentencia definitiva, los otros siguen en juicio. “Hay una cultura de decir que si mataron a alguien por algo será. El victimario era el que salía libre y la víctima jodida”, sostiene Correa Gómez.
La violencia contra los líderes sindicales fue iniciada por los grupos paramilitares, apoyados políticamente por los ultraderechistas que comenzaron a vincularlos con la insurgencia, explica Correa Gómez y agrega que se intensificó durante el fragor de las privatizaciones del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez a las que ellos se opusieron férreamente. “Siempre presentan a los sindicatos como los destructores de empresas, que no generan empleo y que son aliados de la insurgencia”, afirma.
El Estado colombiano esclareció menos de la mitad de los 89 asesinatos contra referentes sindicales perpetrados desde 2017
Las políticas neoliberales de fines de los 90 y principios de este siglo redujeron drásticamente las posibilidades de que los sindicatos se afianzaran. Proliferaron los contratos por prestación de servicios y los pactos colectivos, un mecanismo de negociación entre empleador y trabajadores no afiliados. Como consecuencia, la informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.
No obstante, los sindicatos han sido un actor clave para impulsar las protestas que llevan casi un mes. Correa Gómez también dirige el gremio de los licoreros en Cali, capital del Valle del Cauca, que ha liderado las movilizaciones en la zona del Paso del Comercio, un barrio ubicado al noreste de la ciudad, en donde se encuentra una de las principales estaciones del sistema de transporte urbano. Desde allí, relata Correa Gómez, su sindicato ha salido con las barriadas y por eso, pese a la distancia, se mantiene atento a lo que suceda. Incluso habla de la situación como si estuviera presente: “La gente que sale con nosotros es totalmente pobre, no tienen ni siquiera para comer y lo único que les queda es pelear”.
Correa Gómez denuncia la violencia en todo el Valle del Cauca y apunta contra el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional de Colombia, por un pacto que, asevera, suscribió con la cúpula empresarial para restablecer el orden a través de la represión.
La informalidad laboral en Colombia es casi del 50 por ciento y en los últimos meses ha ido en aumento.
Una mentalidad colonial
Olga Berardinelli, médica general de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ha visto con sus ojos las marcas de la violencia en Cali. Por eso, con un grupo de colegas y otros profesionales decidieron ayudar a las personas de “primera línea”, denominadas así por estar al frente de las movilizaciones y que han terminado heridas por la represión policial. Crearon un fondo para obtener medicamentos y alimentos y repartir en los principales puntos en donde se han concentrado las protestas. “Es una situación muy difícil porque el Estado, en vez de protegernos y cuidarnos, nos está atacando”, asegura.
Por estos días tienen prevista una actividad para brindar apoyo médico y psicológico en Siloé, una de las villas de emergencia más pobres de la ciudad y más violentadas durante las movilizaciones. A principio de mayo, en medio de una “velatón” organizada para conmemorar a las víctimas de la represión, la fuerza pública irrumpió en el barrio, asesinó al menos a cinco personas, hirió a decenas e incluso algunas continúan desaparecidas.
El sur de Cali, una de las zonas más opulentas de la ciudad, también fue escenario de la violencia contra la comunidad indígena. La represión contra la minga –así se autodenominan como sinónimo de resistencia– fue perpetrada por fuerzas de seguridad estatal y además por civiles armados que abrieron fuego contra los manifestantes.
Los grupos indígenas, igual que los sindicatos, han sido históricamente estigmatizados por la derecha colombiana y asociados con la insurgencia y los grupos guerrilleros. Durante las últimas protestas, figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y miembros de su partido, el Centro Democrático, han lanzado acusaciones en tal sentido, incitando así a las fuerzas de seguridad y a la población civil a recibirlos con violencia.
Uno de los puntos de los Acuerdos de Paz, firmados en 2016, está dedicado a los derechos de estas comunidades. Desde entonces hasta hoy, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados, según la ONG Indepaz. Y si bien en su Constitución, cuya reforma data de 1991, Colombia se reconoce como país multiétnico e igualitario, los grupos indígenas que representan un 5 por ciento de la población se sienten segregados social, económica y políticamente.
Desde 2016, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados.
Israel Zúñiga, actual senador nacional y ex miembro de las FARC, ahora partido Comunes, afirma que esto se debe a una mentalidad colonial de los dirigentes políticos sobre los pueblos indígenas y sus territorios. “Colombia es un país eminentemente centralista que mira con menosprecio a la periferia y que no ha logrado vincular al proyecto de nación a los pueblos del Cauca, del Chocó, de la Guajira, y mira a esas regiones con la misma mirada del conquistador”, plantea Zúñiga entrevistado por ANCCOM.
Y afirma que existe una deuda histórica con los sectores que reclaman la necesidad de autonomía de sus territorios y el reconocimiento del derecho a la etnoeducación: “No es posible que los territorios de la periferia, en donde ancestralmente han habitado, sean los elementos de saqueo de una política extractivista que no tiene en cuenta el tejido social, las afectaciones ambientales ni la relación de nuestros pueblos con sus entornos”.
May 26, 2021 | Géneros, Novedades
Tras una vida dedicada a la lucha por la liberación femenina y el empoderamiento de la mujer árabe, la escritora, médica, activista política y feminista, Nawal El-Saadawi, falleció el domingo 20 de marzo a sus 89 años en El Cairo, tras una enfermedad no especificada que padecía hace tiempo, según informaron sus familiares cercanos.
Saadawi nació en una familia conservadora pero acomodada, lo que permitió que recibiera una buena educación y se graduara en Medicina y Psiquiatría en 1955. Durante sus primeros años en el ejercicio profesional, la egipcia evidenció en carne propia las desigualdades y maltratos a los que eran sometidas las mujeres, principalmente en zonas rurales, hecho que marcó su carrera como escritora y activista política.
Con más de 50 libros publicados en 30 idiomas, Saadawi se animó a luchar contra prácticas muy arraigadas en la sociedad árabe, como la mutilación genital -la cual sufrió- o la poligamia, y a tratar temas tabú como las mujeres y el sexo. En sus libros y ensayos también trajo a discusión el rol de la religión, el velo y el colonialismo europeo y norteamericano en Oriente. “Estamos en contra del capitalismo porque está relacionado con el patriarcado. No estamos en contra de los hombres sino del sistema patriarcal que lleva a la dominación de aquellos en la religión, en la economía, en la cultura y en la ciencia”, afirmó en una de sus últimas entrevistas para el canal británico 4 News.
Tras su muerte, Saadawi fue recordada por miles de mujeres que se vieron influenciadas por sus obras e hicieron suya la lucha. Su partida fue una forma de reconocer la genealogía y la cultura política construida por mujeres árabes a lo largo de las décadas, que cuenta con los aportes de activistas como la marroquí Fátima Mernissi o la libanesa Joumana Haddad, entre muchas otras.
Ellas mataron a Sherezade
El feminismo árabe tuvo sus inicios en el siglo XIX en Egipto y los actuales Siria y Líbano, y se extendió a lo largo del siglo XX por el resto de los países de la región. Al contrario de lo que se suele pensar, los movimientos de mujeres comenzaron mucho antes de la llamada “Primavera Árabe” del 2010 y 2011, aunque gracias a la gran cobertura mediática de las revueltas, por primera vez la participación política femenina obtuvo mayor visibilización. Tampoco fue un producto importado de Occidente sino que se creó alrededor de luchas propias, como son por ejemplo la resistencia contra el colonialismo europeo o el rol de las mujeres en una religión y sociedad específica, además de los pedidos globales de igualdad y el fin de la violencia patriarcal.
Al igual que la población, el dialecto y la etnia de los países árabes, los feminismos de la región son variados y heterogéneos.Tampoco son estáticos ni herméticos sino que dialogan entre sí y han ido cambiando su significado a lo largo de los años. La mayoría de especialistas nombran dos grandes ramas, el feminismo secular/laico y el feminismo islámico, aunque también existen otras formas de lucha política.
Nawal Al-Saadawi formó parte del feminismo secular, caracterizado por su acercamiento al socialismo, al nacionalismo, a la separación del Estado y la religión y a la lucha anti-colonial. Según esta visión, cualquier religión es una ideología que se utiliza para justificar injusticias dentro de un sistema social y como consecuencia, el feminismo y la religión serían incompatibles ya que el primero lucha contra dichas injusticias.
Un caso más actual es el de Násara iahdih Said (26), quien se define en su perfil de Twitter como “feminista sin apellidos”, invitando a que las mujeres de todo el mundo se procupen y se cuiden entre ellas sin importar de dónde provengan. Esta activista saharaui no sólo busca “desnaturalizar las prácticas discriminatorias que se ejercen sobre las mujeres en contextos islámicos” sino que también lucha “a favor de la liberación de los territorios saharauis ocupados”, en referencia al conflicto en el Sahara Occidental, ex-colonia española ubicada en el norte de África, que lleva actualmente 16 años de violencia.
Por otro lado, el feminismo islámico que no pocas veces aparece contrapuesto al secular/laico por considerarlo una copia de Occidente, surgió a fines del siglo XX y parte de la base de que una relectura del Corán desde una mirada feminista demostraría que el islam otorga un rol fundamental a la mujer en la sociedad y en la religión. Frente a esto, afirma que las leyes y normas que oprimen a la mujer en los países árabes son, en realidad, la propia interpretación que los hombres hacen de los textos sagrados a través de una mirada machista.
Carolina Bracco, especialista en estudios de género y cultura árabe, afirmó en una entrevista con ANCCOM que a partir de las revueltas árabes de la década pasada comenzaron a configurarse nuevos movimientos de mujeres muy parecidos a los latinoamericanos, “de jóvenes, mucho más radicalizadas, con objetivos puntuales, coordinación más transversal y una perspectiva y construcción política más a largo plazo”. Sin embargo, insiste en remarcar que dichas organizaciones muchas veces no se enuncian como feministas ya que “es una palabra un poco controvertida en Medio Oriente, muy ligada a la agenda extranjera occidental”.
Como en el resto de los países, occidentales y orientales, sin distinción, el principal desafío de los movimientos de mujeres de hoy es la escalada de violencia intrafamiliar como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Un 55% de mujeres observó un incremento de la violencia doméstica en el contexto de coronavirus, según un informe de la Oficina Regional para los Estados árabes de ONU-Mujeres. Las principales causas que se detallan son el aumento del estrés causado por dificultades económicas, confinamiento prolongado en espacios cerrados y discontinuación de servicios y sistemas de soportes para mujeres, quienes se encuentran encerradas con su abusador.
“Desgraciadamente, uno de los puntos que tenemos en común todas las mujeres es que la violencia de género ha crecido de manera virulenta con las cuarentenas. Los llamados a los números de emergencia, los femicidios y la agresión dentro del hogar han aumentado, así como los problemas económicos que muchas veces funcionan como trampolín para la violencia de género. Tampoco se debe olvidar de las prácticas de cuidado que recaen sobre las mujeres”, opina Bracco.
El orientalismo del siglo XXI
El orientalismo fue definido por el investigador Edward Said como la forma que tiene Occidente de ver a Oriente a partir de una tradición colonialista de estudios sobre la región, que arrastra una visión sesgada, estereotipada y racista. Esta perspectiva también puede extenderse hacia las mujeres árabes-musulmanas, muchas veces objetos de un discurso paternalista y orientalista que las ubica en un rol de víctimas pasivas que deben ser salvadas por la mujer occidental moderna.
Un caso interesante es el de Muslimah Media Watch, una iniciativa de mujeres musulmanas que critican y visibilizan la forma muchas veces ridícula en la que se las representa en los medios y en la cultura popular occidental. Según ellas, autodefinidas como feministas musulmanas, su objetivo es el de “localizar y criticar la misoginia, el sexismo, el patriarcado, la islamofobia, el racismo y la xenofobia que afecta a las mujeres musulmanas”. Sus artículos van desde la crítica hacia anuncios publicitarios supuestamente progresistas de famosas marcas occidentales, hasta la denuncia de discursos machistas y racistas disfrazados de inclusivos. También cuenta con entrevistas a referentes del mundo árabe-musulman y con el análisis sobre noticias que las afecta directamente.
Actualmente, Bracco trabaja sobre las posibles conexiones entre América Latina y Medio Oriente en cuestiones de género, y admite que la sorprende escuchar este tipo de discursos paternalistas de mujeres latinoamericanas hacia mujeres musulmanas cuando en realidad hay muchos puntos en común entre ambos contextos. “Siempre se nos ha dicho, como mujeres occidentales, que debemos valorar nuestras libertades porque hay mujeres que están mucho peor, haciendo referencia a estos países árabes. Pero esta imagen de libertad es en realidad ficticia y mucho más teniendo en cuenta nuestro contexto latinoamericano”, afirma.
Según la especialista, “siempre estamos queriendo mirar a Europa y a Estados Unidos haciendo que se reproduzcan los estereotipos y se repitan las construcciones que se hicieron desde Europa y que poco tienen que ver con nuestras propias realidades, con lo riquísimo de lo que se está produciendo en Latinoamérica, no solo en términos académicos sino también de militancia feminista”. Agrega que a la hora de interesarse por esta región, se debe comprender que las mujeres árabes no son objetos de estudio sino que son compañeras de lucha con quienes se deben construir puentes de diálogos reales que enriquezcan la discusión que muchas veces tiene coincidencias, desde un pasado colonial hasta la demanda del más básico derecho a la vida.
Medio Oriente en los medios
Los medios de comunicación son una gran herramienta a la hora de visibilizar problemáticas sociales y ubicarlas en agenda. Desgraciadamente, este no es el caso de las políticas de Medio Oriente ni mucho menos de la realidad de las mujeres árabes o su lucha feminista.
Frente a esto, Pedro Brieger, periodista internacional y especialista en la región, explica que aunque hubo medios que tuvieron una gran tradición en temas internacionales y enviaban corresponsales especialistas sobre la temática a diferentes países, por una cuestión de costos y falta de especialización, esta ha mermado con el tiempo. Considera que mientras en los diarios aún se sigue dando cierta importancia a las noticias internacionales, la radio y la televisión han ido recortando esta sección, con ciertas excepciones como lo fue Visión 7 Internacional por Televisión Pública.
“Los medios de comunicación por lo general van detrás de algo muy fuerte: un atentado, una guerra, algún evento de paz. En ese marco, en el mundo occidental, el tratamiento de las mujeres en Medio Oriente es básicamente de prejuicios, de una mirada orientalista, eurocéntrica que mira al resto del mundo, en este caso a las mujeres árabes, con más prejuicios que conocimientos”, agregó Brieger.
Está claro que si los medios solo nos muestran noticias negativas acerca de la región, como ataques terroristas o mujeres con velos que solo dejan ver una ranura en sus ojos, crearemos una imagen sesgada y generalizada de la realidad. Aunque es entendible que la coyuntura local eclipse al resto de las noticias internacionales, tener una visión tan provinciana del mundo, según el especialista, es un problema y Argentina aún lo tiene.
May 26, 2021 | Culturas, Novedades
Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en marzo de 2020, el teatro se paralizó por completo. El cierre de las salas le generó al sector graves consecuencias económicas que aún le impiden reactivar su dinamismo, sumado a que será de las últimas actividades en volver a la normalidad.
Para conocer el impacto que sufrió el teatro durante los primeros meses de 2020, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), realizó un censo en base a 833 obras de todo el país. Los resultados muestran que 421 cancelaron funciones, 351 se suspendieron y 61 giras no se llevaron a cabo, lo que afectó a 5.637 artistas, de los cuales 4.686 pertenecen a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Respecto a las repercusiones económicas, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), hizo una medición a través de la Cuenta Satélite de Cultura y observó que las industrias culturales fueron el tercer sector más impactado. El informe que contempla datos de los primeros trimestres del 2020, indica que la caída del 27% del Valor Agregado Bruto (VAB) cultural, repercute en la participación de la producción total de la economía, donde el sector industrias culturales pasó de representar un 2,6% del VAB en el primer trimestre, al 2,1% en el segundo.
El balance de una crisis prolongada
Luego de una larga espera, el teatro retomó su actividad en Buenos Aires en noviembre del año pasado. A pesar de la urgencia por la reactivación, el regreso se dio paulatinamente por el tiempo de preparación que requieren las producciones, y por la adecuación de los espacios al nuevo protocolo.
Sebastián Blutrach, propietario del teatro El Picadero y actual asesor de contenidos, programación y producción artística del Teatro Cervantes, en diálogo con ANCCOM, define la situación general de la cultura como “crítica”, pues sólo el teatro cayó el año pasado un 80%. No obstante, para Blutrach la crisis inició durante los últimos años del gobierno anterior, a causa de los recortes y la pérdida del poder adquisitivo. “La educación, la alimentación y la salud van por delante, y si queda algo va para la cultura, el ocio y el entretenimiento; por lo tanto, ya veníamos golpeados. La pandemia fue un golpe social, no nuestro en particular, pero a nosotros nos golpeó de lleno”, explica.
En relación a la crisis actual, Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), también considera que la situación angustiante que viven las salas independientes, se generó en años anteriores. “Ya veníamos de 4 años de decadencia y con una gran lucha para mantener la mayor cantidad de salas posibles, ya que el gobierno anterior pegó fuerte al sector”, afirma Pérez.
El cierre también implica para las salas, la suspensión de las clases, ensayos y talleres. Luego del regreso, según un relevamiento realizado por ARTEI, solamente el 20% de sus 110 salas había realizado funciones durante el 2020 y hasta febrero de 2021, ya que muchas no cumplían con los protocolos. “Algunas salas empezaron a hacer funciones para poca gente, primero los que tenían terraza y patios, después con menor cantidad de aforo los que podían cumplir con el protocolo, pero fue una parte mínima del sector independiente y lo hacían en general por mantenerse activos”, explica Pérez.
El protocolo de la Ciudad permite realizar trabajo administrativo y de mantenimiento, así como retomar ensayos, entrenamientos y prácticas teatrales. Salvo por el cierre excepcional por el que volvimos a Fase 1 por el último rebrote de mayo que terminó en colapso sanitario, existe una voluntad de apertura hacia el sector.
Durante los primeros meses del 2020, 421 obras de teatro cancelaron sus funciones y 351 las suspendieron.
El aforo va desde un 50% para los espacios de hasta 2000 personas, al 20% para aquellos que superen los 4.000 espectadores. Establece entre otras cosas, distanciamiento de dos metros, tickets con antelación, uso de tapabocas y una declaración jurada de salud.
Roberto Bisogno, director artístico del Teatro Apolo de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), asegura que el protocolo ha funcionado perfectamente: “El personal de nuestras salas tiene claras instrucciones sobre su cumplimiento y no se relaja en ningún momento, pero el problema no es el teatro, sino llegar hasta el teatro, irte del teatro, ahí quizás es donde está el riesgo”.
“Estuvimos muchos meses hablando sobre perspectivas, que fueron los meses del año pasado antes de llegar a noviembre, luego de esos meses abrimos los teatros y charlamos sobre qué esperábamos de la vuelta y cómo de a poco la gente se iría acercando, hasta que llegó este nuevo parate en el contexto de una emergencia sanitaria mucho más intensa que la del año pasado, por eso hoy hablar de las consecuencias para la industria es hasta irresponsable”, agrega Bisogno.
La digitalización teatral
La digitalización de la vida social y económica, también llegó al teatro. Las distintas actividades artísticas, las clases y los talleres, se trasladaron a las plataformas online, mientras que la trasmisión de obras y espectáculos por streaming, se convirtió en una alternativa recurrente para generar cierta rentabilidad y mantener el contacto con el público.
Entre las iniciativas digitales está el Cervantes On Line, que permite ver de forma gratuita obras ya estrenadas, nuevas producciones en formato audiovisual, y charlas con actrices, actores, directoras y directores teatrales. Otra opción es Teatrix, la primera plataforma digital del país creada antes de la pandemia, y donde se pueden mirar obras nacionales e internacionales a través de una suscripción.
Al principio de la pandemia, se tuvieron que levantar 61 giras.
“Nadie va a reemplazar el teatro por verlo a través de una pantalla, pero funciona como complemento para ver obras que ya no están en cartelera o para alguien que está en otra provincia o país. Con el teatro independiente puede complementarse, aunque es más difícil porque hay que tener las herramientas y la inversión para una buena calidad”, comenta Pérez sobre las opciones digitales.
Para Pérez, el streaming durante el inicio de la pandemia tuvo que ver con la necesidad de dar vida a la actividad teatral y, aunque permitió solventar algunos gastos, no compensa las pérdidas. “Este año estamos con mucha incertidumbre porque no teníamos muchos proyectos apuntados a la virtualidad, sino a la presencialidad, y ahora con los nuevos cierres nos quedamos sin una cosa y sin la otra”, asegura con las cuentas en la mano.
Aunque el streaming ayudó a muchos artistas, Bisogno considera que es una alternativa que ya pasó, porque entiende que “fue algo muy comentado al principio de la pandemia, pero la verdad que no reemplaza al teatro y a la música en vivo,pero si genera algún ingreso es algo bienvenido y se debe apoyar”.
El apoyo estatal y la segunda ola
El Ministerio de Cultura de la Nación tomó medidas junto a otros organismos del Estado, para contener los efectos que tuvo el aislamiento preventivo sobre el sector cultural. La inversión hecha durante la emergencia sanitaria superó los 1.000 millones de pesos, y posteriormente con el Plan Federal de Cultura, se amplió a más de 2.000 millones.
Son varias las líneas creadas para sostener la actividad, entre ellas está Fortalecer Cultura, destinado a las trabajadoras y trabajadores del sector, y el programa Impulsar para el sostenimiento del espectáculo en vivo. Además, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Cultura dieron financiamiento a PyMEs, mientras que el Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de la Nación, otorgó las Becas Sostener Cultura I y II.
En línea con los mecanismos para atenuar la crisis, el Teatro Nacional Cervantes realizó el concurso de obras cortas inéditas “Nuestro Teatro”, que con un presupuesto de 20 millones de pesos generó trabajo para personas vinculadas al quehacer escénico. Para Blutrach, desde un inicio se intentó que el Teatro Nacional sea un músculo de contratación. “El año pasado firmamos 33 obras que nos permitieron contratar alrededor de 330 agentes culturales. Me parece que el Estado tiene esa tarea en un momento de debilidad del privado, y de seguir aportando contenido y marcando el camino”, subraya.
El cierre por la segunda ola resulta necesario para Blutrach, pero considera que pone de nuevo a las salas en una situación difícil. “Estoy preocupado porque el Estado nacional no tiene los recursos necesarios, y este nuevo cierre es un desafío que deberemos abordar con las autoridades y grupos que forman el tejido cultural, para poder llegar todos juntos al final de este nuevo encierro y que se puedan mantener las salas, grupos y espacios abiertos”.
Lo más importante para Pérez, es la rapidez con la que se realizan las ayudas, en ese sentido reconoce la efectividad que tuvo el Ministerio de Cultura de la Nación al inicio de la pandemia, aunque la situación se complicó después y los tiempos se alargaron. Con el Gobierno de la Ciudad fue distinto, afirma Pérez, ya que durante todo el año pasado la ayuda llegó tarde y fue muy poca, sólo hubo un aporte extraordinario y para el año 2021, se anunció que no se contaría con los fondos necesarios.
“La mayoría de salas accedimos a distintas líneas pensando en que al regresar íbamos a reactivarnos, pero ahora estamos en esta situación dramática. Desde ARTEI hay una mirada general que se debe priorizar la salud y que, tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad, deben atender al sector, ya que es uno de los pocos que estuvo absolutamente cerrado todo este tiempo”, comenta Pérez.
Bisogno considera que el Gobierno apoya y hace lo que está dentro de sus posibilidades, pero que la situación sanitaria es desesperante y afecta a toda la sociedad. “Nos reunimos con el Presidente de la Nación, fuimos a su despacho. Las ayudas se están materializando, aunque entendemos que no tenemos los mismos subsidios que puede tener un país como Inglaterra o Alemania. Los gobiernos hacen lo que pueden, y tampoco es responsable salir a hacer reclamos individuales”, se lamenta.
Luego de una aparente calma en el nivel de contagios, la segunda ola triplicó los casos en el pasado mes de abril, siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires la región más afectada.
“Cuando nos dijeron de parar acatamos, guardamos nuestras escenografías, nuestros actores se fueron a sus casas, y paramos. Y sí, muchos nos fundimos y muchos se fundirán, pero las medidas sanitarias no se discuten”, concluye Bisogno respecto de la segunda ola.
Para Blutrach la situación se podrá normalizar con la llegada masiva de las vacunas, pero en el mientras tanto el nuevo cierre es un golpe durísimo para el sector teatral en tanto señala que “en este momento tenemos que hacer el aguante a la situación general y sentarse con las autoridades, para negociar las ayudas necesarias para este tejido de las artes escénicas que costó tanto años construir”.
Además, el productor y empresario cree que si no hay una asistencia fuerte y una apertura pronta, la situación puede ser muy delicada, aunque reconoce que no será posible bajar los contagios si cada actividad pone por delante sus propios intereses. Hay alrededor de 4.000 mil personas ligadas al espectáculo en vivo en Argentina, por eso Blutrach asegura que actualmente hay conversaciones con el Estado para que brinde el apoyo necesario a las nuevas producciones, en un momento donde la actividad teatral está claramente deprimida.
May 25, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.
Entre tanto, apareció una nueva iniciativa, encabezada por Máximo Kirchner, presidente del interbloque del Frente De Todos (FDT) en la Cámara Baja, que propone un nuevo marco regulatorio, algo que descolocó a propios y ajenos. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal convocaron a una sesión especial a fines de marzo para extender la legislación vigente, pero quedaron lejos del quórum. Se ausentaron oficialistas y, además, representantes del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) de provincias petroleras que decidieron no estar en su banca ni conectarse de manera remota.
Con la presión del tiempo y de los reclamos encima, un día antes de su vencimiento, el Gobierno Nacional prorrogó el actual régimen de biocombustibles por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigor un nuevo marco regulatorio, según dicta el decreto 322/2021. De esa manera, estableció su vigencia hasta el 12 de julio del corriente, que puede ser reemplazado en el caso de que se apruebe otra legislación, por lo que toma en cuenta la existencia de proyectos con estado parlamentario. La medida busca asegurar un “adecuado análisis y debate” permitiendo la continuidad temporaria de la normativa actual.
La norma vigente estipulaba que los biocombustibles deben tener una participación del cinco por ciento en los combustibles líquidos derivados del petróleo. Distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, elevaron a diez y a doce por ciento el corte de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Esto impulsó su desarrollo en provincias en las que se producen soja, maíz y caña de azúcar, bases de los combustibles alternativos.
El proyecto consiguió dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.
El proyecto de Máximo
La iniciativa del diputado Kirchner, que lleva la firma de otros quince legisladores, establece una nueva regulación con plazo hasta 2030, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la prorrogue por cinco años por única vez. El proyecto señala a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, como autoridad de aplicación para regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable. Además, otorga un rol más relevante a empresas no exportadoras y busca frenar la salida de divisas y promover la industrialización, sustituyendo la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. En diálogo con ANCCOM, Martínez consideró que la nueva legislación “enfatiza el resguardo de las PyMEs, de las fuentes de trabajo y del bolsillo”, atendiendo a “cuestiones que eran reclamadas”. Para el secretario, a su vez, otorga la “previsibilidad que necesita cualquier actividad” con un enfoque “participativo y federal”, que se evidencia “en la comisión especial de análisis y seguimiento” que ordena crear.
El texto reduce de diez, según la ley actual, a cinco el porcentaje mínimo de biodiesel sobre la cantidad total de la mezcla con gasoil y/o diésel oil. Con respecto al bioetanol, mantiene el corte en un doce por ciento y en un seis tanto los que son elaborados a base de caña de azúcar como de maíz. La autoridad de aplicación podrá, en el caso del biodiesel y del maíz, disminuirlo hasta un tres. Marcos Cleri, diputado oficialista de Santa Fe, expresa que la baja sería “para que no aumente la nafta y las plantas sigan produciendo” pero que también “puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones”. Por último, continúa la eximición del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que en el caso de ser mezcla recaerá sólo sobre el componente fósil.
El martes 18, después de varios intentos frustrados por falta de acuerdo, el proyecto consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Omar Félix, diputado mendocino del FDT y presidente de la primera comisión mencionada, evaluó que “da previsibilidad al sector y cumple con los compromisos internacionales”. Además, indicó, en coincidencia con Martínez, que “protege a las empresas, a la actividad y, por sobre todo, al bolsillo de los argentinos”.
Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal son quienes más se oponen al marco propuesto. Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti, advirtió que si se aprueba “se pueden perder muchas fuentes de trabajo”. En igual sentido se pronunció Mario Negri, presidente del interbloque de la principal fuerza opositora, alegando que “atenta contra la economía de diez provincias” y acusando al proyecto de “anti Córdoba”. Su par provincial pero oficialista, Eduardo Fernández, cree en cambio que “expresa la experiencia acumulada del sector” y que con la intervención estatal “la industria tendrá más equilibrio”.
Las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta conforman la Liga Bioenergética.
El escenario legislativo
El proyecto sorprendió a propios y ajenos porque la prórroga al régimen actual parecía estar encaminada. Sobre la media sanción del Senado se apoyan la mayoría de las críticas. Tanto la demanda de renovación, como la propuesta de un nuevo marco regulatorio, son transversales a las fuerzas políticas, sujeta a la lógica productiva de cada jurisdicción. Las que producen petróleo se quejan de la rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinerías están obligadas a pagar. Las productoras de biocombustibles señalan que no hay forma de introducir energías renovables sin la participación estatal.
El interbloque Federal mostró cohesión interna a la hora de presionar en contra del proyecto oficialista, y también para impulsar el tratamiento de otras opciones, incluida la prórroga de la Cámara Alta a través de solicitudes para sesionar. Además, presentó su propia iniciativa para elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en naftas al 20 por ciento y de biodiesel en gasoil al 16. Alejandro Rodríguez, diputado bonaerense, resaltó que el objetivo es “sumar fuentes de trabajo e inversiones en la zona centro del país, con eje en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe». A su vez, brindaron su apoyo a la propuesta de una nueva Ley para el Desarrollo de los Biocombustibles, dada a conocer el año pasado por el cordobés Gutiérrez, también integrante del interbloque.
Con respecto al proyecto con dictamen, Rodríguez opinó que “no es bueno para la producción, para el medio ambiente y para las políticas públicas”. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos al marcar que, si bien “hace falta una nueva ley” y “se han escuchado todas las demandas de nuestra región”, hay que discutir que “no se bajen los cortes que ya hay porque causaría perjuicios”. Por otro lado, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo todavía no ha definido su postura, a diferencia de los monobloques Movimiento Popular Neuquino y Partido de la Justicia Social que sí decidieron, al menos, acompañar el tratamiento de la iniciativa de Máximo Kirchner.
En la Cámara Alta, dentro de la mayoría oficialista, hay pocas declaraciones luego de que quedara trunca la prórroga. En especial, no ha emitido declaraciones María de los Ángeles Sacnun, autora de dicha iniciativa parlamentaria, a la que también habría tomado por sorpresa la ausencia de la misma en el temario que el Ejecutivo ordenó para las sesiones extraordinarias. Quien sí tomó la voz fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El senador por San Luis pidió que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y que “se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.
Empresarios y medio ambiente
Rodríguez Saá se expresó en esos términos en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), entidad que solicitó el encuentro por la situación legislativa actual. El principal foco de crítica a la nueva iniciativa pasa por el papel de la Secretaría de Energía, que también es responsable de la producción petrolera en el país, por lo que habría un conflicto de intereses para la prosperidad de ambos sectores.
En la reunión informativa de comisión, llevada a cabo hace más de un mes como puntapié inicial en el tratamiento del proyecto, varios representantes del empresariado habían mostrado su disgusto, en especial con respecto a la baja del corte de biodiesel. El diputado Cleri deslizó que “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que no consiguieron la totalidad de sus demandas”. Al mismo tiempo, el Centro Azucarero Argentino (CAA) manifestó su conformidad ya que “contempla los temas de interés”, por lo que espera el respaldo de los legisladores del noroeste argentino.
Por otro lado, el legislador mendocino Omar Félix volvió a destacar que “no se van a dejar de cumplir los compromisos internacionales” en materia de medio ambiente y que “no significa que esos valores vayan a estar fijos para siempre”. Por último, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, rechazaron la postura de sectores del oficialismo y de la oposición porque “benefician a las grandes multinacionales” y “ninguno de los problemas principales que sufren las mayorías populares se están poniendo en debate”. Una nueva piedra en el camino del oficialismo a nivel legislativo.
