¿Lo primero es la salud?

¿Lo primero es la salud?

Se cumplen ocho meses desde la media sanción del proyecto de Ley de Etiquetado en la Cámara de Senadores y puede perder estado parlamentario si no se aprueba este año. Organizaciones sin fines de lucro, sociedades médicas y agrupaciones en defensa de los derechos del consumidor reclaman en redes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa para que se establezca como una reglamentación integral sin modificaciones para generar una alimentación saludable y evitar enfermedades crónicas no transmisibles.

Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales) asegura: “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Eso cubre un montón en cuanto a la educación. Creo que todos nos merecemos estar educados sobre el tema y tener información sobre lo que comemos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”.

Si bien entre los senadores el proyecto tuvo 64 votos a favor y 3 en contra, en Diputados el debate se interrumpió. Las organizaciones que trabajan juntas desde la formulación de la ley denuncian que esto se debe a el lobby sobre El Poder Ejecutivo y el Legislativo y puertas giratorias entre los ministerios de Agricultura y Comercio. “El poder de lobby o la interferencia de la industria no es un tema menor. Justamente afecta uno de los sectores quizás más poderosos de argentina: la industria alimentaria”, afirma el Ignacio Drake, responsable del Área de Proyectos de Consumidores Argentinos, en la ONG que busca informar, educar y defender a los consumidores. 

María Belén Núñez, miembro de Sanar, señala que la creación de pánico económico y la desestimación de la evidencia científica por la industria de los ultras procesados también retrasa la sanción de la ley. “Tenemos que ver si los tomadores de decisiones no tienen algún conflicto de intereses en el que quieran beneficiar a alguien, en vez de beneficiar a la salud. Por ahí hay gente que salió a decir que las lentejas iban a tener un sello de advertencia, que el tomate iba a tener un sello de advertencia. Todo esto fue también como para desprestigiar un poco la ley y generar confusión en la sociedad”, describe.

Las organizaciones aseguran que el etiquetado es muy difícil de interpretar para el consumidor común. Según la Universidad Siglo 21, a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, solo uno de cada cuatro personas lee actualmente las etiquetas de los productos que compra. Pero, de todas maneras, el Código Alimentario Argentino no obliga a los fabricantes a comunicar la cantidad exacta de azúcar en un producto. “Hoy la gente compra, por ejemplo, un yogurt creyendo que es un alimento saludable y con muchos nutrientes. Pero la industria, para venderlo más, le pone muchísima azúcar, muchísima cantidad de aditivos, sabor a frutilla, olor a frutilla, color de frutilla y terminan siendo golosinas. Es un falso saludable”, agrega Núñez.

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se base en tres ejes, el primero tiene que ver con la implementación de un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”, indicando que un alimento ultra procesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de nutrientes críticos, ya sean azúcares, sodio o grasas. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.

Esta clasificación de los alimentos se rige por el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En donde se tienen en cuenta los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales en la salud. Según el Ministerio de la Nación y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, es el perfil de nutrientes que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

“Se da a conocer más la ley por el etiquetado y no por todos los ejes que tiene, porque le toca la imagen al envase del producto y afecta a la industria, que va a tener que modificar cuestiones para evitar los sellos”, comenta Florencia Guma sobre los otros dos ejes del proyecto que son los más innovadores y se relacionan particularmente con la alimentación de los niños y niñas. Uno de ellos estipula que a los productos que les corresponda llevar algún tipo de sello octagonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos, no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos escolares. Magdalena Merlo, coordinadora del Área de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), explica que es allí donde se genera el impacto positivo en la educación nutricional y la salud de los niños. “Históricamente los niños y niñas pasan muchísimas horas en las escuelas donde hay una exposición constante a estos alimentos. Con esta ley, el Estado tendría el deber de priorizar en los programas de asistencia alimentaria la compra de productos que no tuvieran sellos”.

Argentina se ubica en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años, según el informe sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en nuestro país realizado por Unicef. Además, asegura que uno de cada dos chicos y chicas compran alimentos poco saludables atraídos por publicidades y que los contextos digitales están completamente desregulados en lo que refiere a la constante exposición de los más pequeños a alimentos y bebidas poco saludables. 

Mientras que la Ley de Promoción de Alimentación Sustentable se mantiene en un limbo, desde Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se presentó un proyecto que supone reemplazar los sellos “Exceso en…” por “Alto en…”, modificando el sistema de perfil de nutrientes de la OPS por umbrales más bajos, excluyendo todas las regulaciones en los entornos escolares y la publicidad. También deja afuera las etiquetas relacionadas con los edulcorantes y la cafeína, María Belén aclara que “son varias diferencias técnicas que son más funcionales a la industria y menos funcionales a la salud. Entonces quedan por afuera bastantes regulaciones y no logra hacer tan efectivo como la evidencia científica de otros países nos está diciendo”.

Lo cierto es que el proyecto original cuenta con el apoyo de numerosas entidades como la OMS, la OPS, Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación InterAmericana del Corazón y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes, por mencionar algunas. Cada vez son más los países Latinoamericanos que aprueban leyes similares, consiguiendo cambios en los hábitos alimenticios. Son el caso de Chile, Perú, Uruguay y más recientemente Colombia.

A pesar de esto y la gran aceptación por parte de la sociedad, que se manifiesta en las redes sociales, todavía no hay fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Tanto Sanar, Fundeps y Consumidores Argentinos, como otras organizaciones médicas y en defensa de la soberanía alimentaria promueven la participación a través de la plataforma Activa el Congreso, en la que quien quieran pueden enviar mensajes a los legisladores solicitándoles que voten a favor del proyecto, para garantizar nuestro derecho a una alimentación más saludable. 

Seis meses después de que la IVE se hizo ley

Seis meses después de que la IVE se hizo ley

Pasaron ya seis meses de aquella vigilia que terminó en una de las principales conquistas impulsada por los movimientos feministas. El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras una marea de pañuelos verdes acompañó el proyecto desde las calles y plazas de todo el país. 

Se trataba de resolver una de las deudas más importantes de la democracia: el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Desde la mañana del 29, la avenida Rivadavia comenzó a vestirse de brillos y pinturas verdes y violetas, intervenciones callejeras, bailes, bombos y canciones de protesta. Por supuesto, estaba el símbolo de lucha: el pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todas las voces se unían en un sólo grito: ¡Que sea ley!

Sin etiquetas ni discriminación de edades, las mismas personas con capacidad de gestar, que en 2018 se fueron de la Plaza de los Dos Congresos con un sabor  amargo, recuperaron el tiempo perdido. Esta vez con un contexto atípico: barbijos, alcohol en gel y en medio de una pandemia. Así, el Senado votó con protocolo a favor del proyecto. 

La sesión comenzó a las 16:08 de aquel 29 de diciembre. Empezaba una jornada histórica. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió en 2020 su 15º aniversario. ¡Brazos arriba a pesar de los proyectos cajoneados! En noviembre del año pasado, por primera vez, el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto para que finalmente el aborto sea ley, sin criminalizar a quien lo solicite. 

Se contaban los votos de a uno. El llamado “poroteo” invadía las redes y la expectativa aumentaba. Para las 23 y con los números a favor, en las calles ya se sentía, poco a poco, el deseo en ley. Más de 1.700.000 personas siguieron la sesión por Youtube. Por whatsapp replicaban: “Parece que esta vez sale”. 

Más de doce horas y 58 discursos durante la noche y la madrugada del 29 al 30 de diciembre. “Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, fueron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 4:12 de la madrugada. 

Panorama sobre la aplicación de la ley

Según un relevamiento publicado en mayo 2021 por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (GEDESyR – UNSAM), la línea telefónica de consultas ( 0800-222-3444 ) del Ministerio de Salud para el acceso a la IVE o ILE indicó que las llamadas se duplicaron luego de la aprobación de la Ley.

“Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2020 se recibieron más de 19.900 llamados a la línea. En el primer cuatrimestre del año 2021, el número de llamadas contabilizó un total de 12.010, de las cuales 7.542 generaron secuencias. En este período, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos anticonceptivos (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%). Los datos muestran el aumento sustancial en el uso de esta herramienta para la atención de IVE/ILE”, amplía Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir.

La Ley también genera un impacto al interior del sistema de salud. “Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaba que la cantidad de efectores del subsistema público de salud que habían comunicado la realización de interrupciones legales del embarazo (ILE) eran 907. Cinco meses después -el 31 de mayo-, ese número contabilizaba 1164. Es decir, alrededor de un 30% más”, explica Morillo.

En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud.

El informe de GEDESyR ofrece una mirada federal de la ley y arroja datos de diversas provincias. En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud. Asimismo, en Córdoba 100 centros de salud realizan IVE. En la provincia de La Pampa, Maternidad e Infancia explicó que se garantiza la gratuidad de los medicamentos; así como en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga afirmó que garantizará la IVE. En la provincia de Jujuy aún no se cubre el misoprostol. 

En Tierra del Fuego, el Ministerio de Salud informó las vías de acceso para la IVE en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y, según GEDESyR, esta última localidad inició la capacitación de personal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también mostró predisposición a la implementación de la Ley mediante el lanzamiento de una guía para el acceso a IVE, mientras que CABA subió información a su página web sobre cómo acceder a un aborto con o sin causales.

Con respecto al número de interrupciones voluntarias no hay datos estadísticos que puedan reflejar todavía el impacto de la Ley. Sin embargo, el informe muestra que en enero, en la provincia de Neuquén, ya se habían aplicado 10 IVE en el Hospital Heller. También, entre enero y marzo, La Rioja indicó que a la fecha se habían practicado 55 IVE. En el mismo período, se habían realizado 42 interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Salta. También la provincia de Río Negro garantizó 88 interrupciones en General Roca y en Cipolleti.

Sin embargo, a seis meses de la aprobación de la Ley 27.610, en Argentina no hay una efectiva implementación. Durante las últimas semanas, diversos grupos antiderechos presentaron acciones judiciales para frenar que en nuestro país se lleven a cabo abortos ya amparados por la ley. 

Río Negro ya garantizó 88 interrupciones de embarazos en General Roca y en Cipolleti.

Soledad Vallejos, escritora y periodista especializada en género, plantea que “lo que tenemos por delante y va a durar bastante es la aplicación cabal en todo el territorio, que haya igualdad para mujeres de todas las provincias argentinas y de todas las jurisdicciones respecto al acceso. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado”, y luego sentencia: «Una vez que lográs la Ley, empieza la peor parte, porque hacer cumplir la ley es la peor parte». 

Morillo aporta datos concretos: “Hay más de 30 presentaciones judiciales a nivel local y federal en 13 provincias de nuestro país. Once de esas presentaciones han sido rechazadas por carecer de sustento y no contar con legitimidad procesal alguna”. Las restantes están en trámite.

Vallejos analiza el fenómeno de las reiteradas causas judiciales y explica que, con la legislación aprobada en diciembre del año pasado y promulgada en enero de este año, quienes se oponen a la ley pierden posibilidad de acción en el terreno legislativo; por lo tanto, acuden al territorio judicial de manera deliberada. 

Según la periodista, esta es una de las estrategias del sector conservador para obstaculizar la implementación de la Ley. Lo que buscan estos sectores es volver a poner en debate temas sobre los cuales ya existen consensos sociales, como lo es el aborto, que es ley por amplia mayoría. “Todavía estamos viendo estos meses toda la resistencia organizada que sigue intentando boicotear lo que el Congreso sancionó de manera soberana, por abrumadora mayoría, de forma muy sólida”, describe.

Morillo coincide: “Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social y de un debate político-democrático sin precedentes en nuestra historia y en cuyo fundamento se recogen normativas sancionadas con anterioridad, como son las leyes de Protección a la infancia, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de Derechos del paciente, el Código Civil y Comercial vigente y distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Vallejos explica que este accionar no es nuevo sino que también ha ocurrido con leyes sancionadas en el país con anterioridad. Casi como si armara una línea temporal del último siglo, ofrece como ejemplos el voto de Julieta Lanteri en 1911, el sufragio femenino en los años cincuenta y el matrimonio igualitario hace una década. La periodista sintetiza la resistencia a la ley con una frase contundente: «Ante cada avance de derechos, siempre hay una reacción».

“Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social», dice Morillo.

Sean eternos los derechos que supimos conseguir

Para las personas gestantes, esta conquista significa mayor libertad sobre sus cuerpos. “No sólo el derecho a la vida de las mujeres”, decía Pino Solanas en la sesión del Senado en 2018. “El derecho a poder decidir por sus cuerpos, y por qué no, el derecho a gozar de la vida y a gozar de sus cuerpos”. Finalmente, algo más de dos años después de su discurso, el derecho al goce es ley.

Argentina es vanguardia en América Latina en materia de derechos. El pasado 24 de junio se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans-Travesti del 1% en el sector público del Estado. Además de las leyes de género, Argentina forma parte de la lista de los únicos seis países en América latina en los que hoy existe aborto legal: Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.

En 2005 el cantautor argentino León Gieco hacía referencia al caso de Romina Tejerina para poner en debate el acceso a un aborto seguro. “Vamos a bailar que yo ya te perdoné aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez”, cantaba Gieco. A seis meses de la madrugada en que nuestros pecados fueron perdonados todavía no hay una implementación efectiva en todo nuestro territorio del derecho al goce, el derecho que supimos conseguir.

Nacer en pandemia

Nacer en pandemia

El periodo neonatal, comprende los primeros 28 días fuera del vientre materno y es la etapa más crítica del desarrollo de una persona. El bebé se desarrolla a un ritmo acelerado y cualquier acontecimiento en su salud puede afectar el resto de su vida. En las áreas dedicadas a neonatología de los hospitales conviven médicos, enfermeros y profesionales de diversas especialidades médicas. En diálogo con ANCCOM, diversos profesionales del área cuentan cómo afectó el coronavirus a este segmento de la población y cómo les cambió la rutina de trabajo en el sistema de salud público. En la Ciudad de Buenos Aires este sistema comprende: un centro de salud especializado en maternidad que concentra la mayoría de los partos, el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá; 12 maternidades (11 de ellas en hospitales generales de agudos y una en el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan); y tres hospitales pediátricos: el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y el Garrahan.

El cuidado por cumplir con el protocolo por covid 19 se suma al arduo y minucioso trabajo que desde ya requiere la tarea de atender a los bebés en su llegada al mundo. Adriana Iaroti, médica terapista del área en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, expresó: “La terapia intensiva en neonatología es una línea muy fina entre lo invasivo y la extrema delicadeza. Es como hilvanar con nubes, una tarea así de artesanal. Requiere un trabajo en equipo entre nosotros y con los padres”. En este lugar donde inicia la vida, aún con la cuidadosa atención que requieren los frágiles pacientes, no están exentos de problemáticas que se arrastran desde tiempos pre-pandémicos, y que sin embargo este contexto complejiza.

El protocolo extremó los cuidados y les obligó a reorganizar la manera en que realizan su trabajo para garantizar el contacto del bebé con la madre: una cuestión fundamental en esos días posteriores al nacimiento. Si bien el covid 19 no afecta especialmente a los bebés, sí a sus madres. Carolina Asciutto, coordinadora del Equipo de Transporte Neonatal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en C.A.B.A., explicó: “La población neonatal no es objetivo del virus, por el momento. A pesar de la baja incidencia, ante la incertidumbre tratamos al bebé como si fuera positivo”. Claudio Solana, jefe de Maternidad del Hospital Sardá y quien además coordina -junto con Luis Somaruga (del hospital Rivadavia)- la Red de Neonatología de Hospitales Públicos de la Ciudad, detalló: “Habremos tenido unos diez bebés con covid aproximadamente, no fueron cuadros graves. Ninguno nació positivo, pero sí hemos internado algunos luego de que volvieran infectados de sus casas”. Gabriela Maydan, enfermera del Hospital Sardá, sostuvo: “Siempre se prioriza el contacto con la mamá. Si están bien se van juntos a la habitación. Tenemos casos confirmados de mamás. Es por eso que se está reforzando terapia, se está reubicando personal de nuestro equipo allí y también se previeron camas disponibles para recibir adultos de otros hospitales en caso de que haya una situación de desborde sanitario”.

“Habremos tenido unos diez bebés con covid aproximadamente», dice Claudio Solana, jefe de Maternidad del Hospital Sardá.

Los espacios son un factor clave del protocolo. La complejidad para resolver esta cuestión radica en aislar a los pacientes: la tarea más importante que se convirtió en un desafío. En el Sardá hay cuatro sectores: aquel al que van los prematuros o que tengan algún problema; otro al que van las madres asintomáticas o sin sospechas de covid 19; otro para las mamás con sospechas de estar contagiadas; y en cuarto lugar, al que van las madres con covid confirmado. Maydan sostuvo: “No se pueden poner demasiadas camas en el mismo lugar. Si hay una madre aislada, hay que buscar otro espacio. Fuera de terapia intensiva, no hay ningún lugar que esté aislado al cien por cien. En el lugar que acondicionamos para los bebés sospechosos de covid hay una puerta de vaivén, por ejemplo. El hospital no está preparado para una pandemia así”.

Solana detalló el proceso de cuidados de la madre y el bebé: “Al principio, se aislaron los bebés de sus madres, pero eso duró muy poco al advertir que el virus no se transmite por medio de la lactancia. Entonces, pueden estar juntos siempre y cuando se tengan los cuidados habituales (como el barbijo y la higiene de manos). Si nacen prematuros o con alguna patología, se aíslan en internación y se hisopan”. Por otra parte, Maydan, aclaró: “Si el bebé viene por guardia como caso sospechoso o desde la sala de parto con una mamá con covid, se lo aísla. Cada tres horas o cuando sea necesario, uno de nosotros entra y otro espera afuera por si necesita algo. Si no hay ninguna complicación para ambos, se puede quedar junto a ella. Sí sucede que al bebé el test le da negativo y queda aislado hasta que la mamá esté en condiciones para salir del aislamiento y la internación en Obstetricia. Es decir, luego del transcurso de nueve días, si la madre no tiene síntomas graves se le lleva la incubadora para no interrumpir la lactancia. No está comprobado que el virus se transmita a través de la lactancia ni por la placenta”.

Al principio, se aislaron los bebés de sus madres. Eso cambió al advertir que el virus no se transmite por la lactancia.

En el caso del Durand, hay un espacio para bebés sanos pero cuyas madres están en terapia o han fallecido. Iaroti contó la sensación de cuidar al bebé que está separado de su madre: “Querés que ella esté con su hijo y a la vez no podés hacerlo. Por eso inventamos otras formas de comunicación. Internet es una de las herramientas que nos permiten eso. Recuerdo que una madre estaba angustiada y me mandaba mensajes de voz. Hasta que ella pudo concurrir a Neonatología a verlo, yo le hacía escuchar los audios al bebé. Y en ese momento, cuando escuchó la voz, se conectó de una manera… tendría que haber filmado la reacción del bebé. Son las cosas lindas dentro de lo terrible”.

En relación a las condiciones edilicias, en el Hospital Durand la situación es preocupante: “Pudimos recuperar el agua caliente, pero hay muchas cosas que cambiar y no hay inversión. Seguimos trabajando, tenemos cosas buenas que tienen que ver con los recursos humanos, pero estamos recortados en términos de lo que aporta el Gobierno de la Ciudad porque dicen que no hay dinero para hacer una obra de gran envergadura. Por nombrar algunas cosas: los pisos están todos rotos, se tapa el baño a cada rato, nosotros tenemos que hacernos cargo hasta del agua que tomamos. Aportamos los aires acondicionados para el verano y el equipo de fútbol All Boys nos donó las estufas. Después hay equipamiento que es necesario para detectar problemas en bebés prematuros y que está contemplado en sus derechos, pero como no disponemos de él no podemos hacer estudios, como el de fonoaudiología. Hay irregularidades como la autorización de incubadoras nuevas que nunca llegaron”, expresó Iaroti

En medio de este contexto, los cuidados también comprenden al personal de salud. Asciutto –del SAME- detalló cómo es a la hora de trasladar a los bebés: “Usamos el equipo de protección íntegro, más que nada por los familiares, y los 11 de mi equipo estamos todos vacunados”. Por su parte, Maydan explicó cómo se organiza el personal en el Sardá: “Hay una persona designada a covid por fin de semana y vamos rotando, porque al ser un virus respiratorio provoca desconfianza y esto genera un estrés por la rigurosidad de los cuidados que requiere. También, se están haciendo capacitaciones internas sobre este virus”. En el caso de Neonatología del Durand, que atiende prematuros extremos, nunca dejaron de poner el cuerpo, aclaró Iaroti: “Muchos ejercieron su derecho a tomarse licencia y algunos quedamos por decisión propia”.

“Si el bebé viene por guardia como sospechoso o desde la sala de parto con una mamá con covid, se lo aísla», dice Maydan.

Pero la vocación y el ingenio de los médicos tienen como contracara la precarización, cuando se habla de recursos humanos y más en pandemia. El trabajo en neonatología está atravesado por las políticas públicas y un caso claro de ello es lo que sucede en el sector enfermería en C.A.B.A. Nada de lo descripto por la enfermera Gabriela Maydan es una tarea meramente administrativa y, sin embargo, cobran como administrativos: “Hay enfermeros que incluso son magister y se especializan, más allá de la licenciatura que dura cinco años. Reclamamos no sólo el resarcimiento económico, sino tener ese reconocimiento como profesionales”.

Al mismo tiempo, Asciutto indicó que sólo hay un hospital que se especializa en maternidad, a la vez que en pediatría. En los demás hospitales, todo bebé que nazca con algún problema que requiera tratamiento o que tenga alguna emergencia debe ser derivado y trasladado.  “El principal cambio fue que el trabajo de traslado bajó un 30%. Trabajamos con derivaciones coordinadas con el sistema de emergencia, y también con mamás que se movilizaban desde la provincia de Buenos Aires a la ciudad por motus propio. Este segundo grupo dejó de venir en pandemia, aunque en CABA hay un 50% de usuarias del sistema público que tienen domicilio en provincia”.

Otra forma de desarrollo tecnológico es posible

Otra forma de desarrollo tecnológico es posible

La tecnología nos atraviesa en casi todos los aspectos de nuestra vida: es transversal a nuestros momentos de ocio y de trabajo en partes iguales. El debate se centra, desde hace tiempo, en cómo la tecnología puede afectar nuestra calidad de vida -para bien o para mal-, y si vamos a ser, según qué lado de la discusión se tome, controladores o controlados. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) avanza a pasos agigantados, y no es ajeno a las formas y a las herramientas laborales actuales que requieren actualizaciones constantes, pero que por otro lado han logrado acrecentar aún más las desigualdades existentes en la sociedad.

En el sector de informática y sistemas, esta problemática se ve especialmente exacerbada. Los gigantes tecnológicos, a pesar de la crisis mundial proporcionada por la pandemia, no dejaron en ningún momento de recibir ingresos, sino más bien todo lo contrario: Amazon, Apple, Alphabet (la multinacional cuya principal filial es Google), Microsoft, Facebook, Tesla y Netflix lograron crecimientos récord en los últimos meses. Durante el primer trimestre de 2021, sólo Amazon ganó cerca de 840.000 dólares por minuto y Apple, 690.000 dólares cada sesenta segundos. ¿Cómo se traducen estos números en una realidad donde la crisis, la pobreza y la desocupación azotan a un gran porcentaje de la población mundial? ¿Qué relaciones de trabajo y formas de configuración de nuestras vidas, que están en contacto constante con la tecnología, se esconden detrás de los éxitos financieros de estas grandes empresas?

Un grupo de argentinos y argentinas brinda, desde hace más de diez años, una respuesta alternativa a las formas de trabajo tradicionales en este sector, ligado a sus esfuerzos por proporcionar soberanía tecnológica y libre acceso a la información. La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) es un espacio fundado en 2011 por un conjunto de cooperativas de trabajo del sector tecnológico, que se encarga de intercambiar información y conocimiento, como así también de construir soluciones colectivas en forma colaborativa. Cada uno de sus proyectos está pensado para desarrollar tecnología que den cuenta de las necesidades sociales, políticas, culturales y económicas en nuestro país. Actualmente FACTTIC está conformado por 30 cooperativas que aglutinan a más de 400 profesionales abocados a desarrollar proyectos vinculados al Estado, a otras cooperativas y a empresas privadas. 

“Nuestra cooperativa en particular, arrancó con un grupo de personas que íbamos a la UTN, éramos todos estudiantes de ingeniería en sistemas y estábamos un poco cansados de las formas de producción tradicionales que tienen las agencias de desarrollo de software o las consultoras tradicionales en las que siempre estábamos corriendo para trabajar, no te daban mucha explicación, trabajabas en proyectos que no te interesaban o no te gustaban, sabías que estabas generando mucha diferencia para tu jefe, y que básicamente esa diferencia tampoco la veías retribuida en calidad de trabajo”, explica Nicolás Dimarco, socio fundador de una de las cooperativas que forman parte de FACTTIC, Fiqus. “Terminás trabajando bajo un esquema más tradicional sobre el cual no tenés injerencias sobre un montón de cosas -agrega-. Por ejemplo, quien vende el proyecto no es el mismo que el que lo va a desarrollar, entonces ahí el foco está puesto en cuánto se cobra, o si está bien vendido, más que si el proyecto está bueno, si tiene un buen impacto, si está alineado con los valores tuyos y de la organización a la que pertenecés. Entonces de alguna manera queríamos un cambio”. 

Dimarco cuenta que el proceso hasta la conformación de Fiqus estuvo basado en las decisiones personales de sus miembros fundadores de renunciar a sus trabajos y descubrir nuevas formas organizativas en el mundo laboral: ”Lo primero que pensábamos hacer era una SRL, porque era lo que nos habían enseñado. Nunca nadie nos habló de cooperativismo, mucho menos en la UTN que te formaba para ser gerente de una empresa tradicional. Entonces encontramos esta forma asociativa que al principio nos encantó, nos rompió la cabeza. Buscábamos cooperativas de desarrollo de software y fuimos a una reunión donde nos atendió Gcoop (otra cooperativa de la Federación), y no podíamos creerlo porque fue un cambio de paradigma en nuestro cerebro”, explica, y sigue: “Llegamos ahí, éramos cuatro pibes que querían arrancar una empresita, y lejos de vernos como una competencia, nos abrieron la puerta, nos sentaron en la sala de reuniones y nos mostraron los números, las formas de organizarse, los clientes y cómo hacer para conseguirlos. Es otro paradigma realmente”.

Facttic está integrado por 30 cooperativas.

Otra de las cooperativas que forman parte de FACTTIC es Gcoop, que trabaja desde hace 14 años en el desarrollo de software libre, brindando soluciones alternativas al Estado y a distintas empresas y organizaciones: “Hay algunos autores que plantean que hay una doble explotación en nuestro sector. Porque cuando hacés un software o una aplicación, el valor de ese software en general se realiza en la comercialización”, explica Pablo Vannini, sociólogo y Master en Economía Social, quien también es socio fundador de Gcoop. “Es como una vacuna: te cuesta hacerla la primera vez, pero ya después el costo de reproducción marginal es muy bajo, y los precios de los sistemas y las aplicaciones son muy altos. En general, el trabajador participa sólo de la creación, y las empresas no sólo lucran de su trabajo, sino que después lucran infinitamente cada vez que revenden ese mismo producto en el cual no lo están haciendo parte a ese trabajador”. Tanto Gcoop como Fiqus y el resto de las cooperativas de FACTTIC trabajan en proyectos que abogan por el software libre, entendiéndolo como parte fundamental dentro del cooperativismo. “En general las empresas de tecnología son lugares de pleno empleo, con muy buenos salarios, pero también lugares de mucha rotación porque la gente nunca está conforme. Entonces, nuestra propuesta es siempre que el cooperativismo sea la solución”, sigue Pablo. “Y que en general, nosotros venimos del mundo del software libre y decidimos que lo mejor para crear una sociedad mejor es compartir el conocimiento, porque de hecho ahora en la pandemia lo estamos viendo. La discusión sobre las patentes es esa. El conocimiento circula más rápido si es libre, entonces si nosotros proponemos compartir el conocimiento, compartamos también las decisiones, compartamos la plata que eso da, compartamos todo. Para nuestra visión, la mejor forma de organización en una empresa tecnológica es con una cooperativa”.

Entre algunos de los proyectos llevados a cabo por la Federación, se encuentra el llamado IA², un software de código abierto que integra un conjunto de herramientas desarrolladas para facilitar la transparencia en instituciones y fortalecer la vinculación con la ciudadanía. Se trata de la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para la anonimización de datos personales contenidos en documentos públicos, reduciendo el tiempo dedicado a la tarea y el margen de error. “Aplicamos inteligencia artificial en procesos de instituciones públicas o privadas, por ejemplo, ahora estamos apuntando mucho a la justicia”, explica el socio fundador de Fiqus. “Estamos anonimizando sentencias judiciales para contribuir a los datos abiertos para que después esas sentencias anonimizadas con inteligencia artificial se puedan publicar y que los datos sean accesibles para toda la población. También trabajamos con un observatorio de datos de la mujer para las sentencias judiciales relativas a casos de violencia de género. Es un proyecto intercooperativo donde participan cinco cooperativas distintas de la Federación. Venimos trabajando en eso hace ya casi un año”. 

Por otra parte, la Federación impulsa un proyecto que surgió en Francia sobre cooperativas de plataformas de reparto, llamado CoopCylce. “En el mundo de las plataformas, sobre todo lo que tiene que ver con Rappi, Glovo, y todo lo que es plataformas de reparto, hay proyectos cooperativos para que no se precarice el trabajo”, cuenta el sociólogo y fundador de Gcoop. “En un proyecto de Francia hicieron un sistema libre que se llama CoopCycle, y lo estamos trayendo para Argentina, localizándolo en el país e intentando que surjan cooperativas de repartidores que trabajen con plataformas que puedan brindar ese servicio. Son sistemas que nos interesan, porque políticamente son importantes para la sociedad de tecnologías en la que vivimos”. 

FACTTIC también fue parte de la marcha virtual que se realizó el pasado 24 de marzo en Argentina por el Día de la Memoria: “Hicimos un pequeño desarrollo para llevar a cabo la marcha virtual. Ese tipo de proyectos los hacemos con software libre”, explica Pablo. “Eso quiere decir que lo liberamos, y a los dos meses se usó ese mismo sistema en Uruguay para la Marcha del Silencio. El software libre lo que permite básicamente es que entre muchos mejoremos algo. Eso le da independencia al cliente porque no depende de un sólo proveedor que sabe cómo hacerlo. A nivel tecnológico genera mejores sistemas porque todos pueden ver cómo está hecho, mejorarlo, y en este caso adaptarlo”, finaliza. 

Facttic fue parte de la marcha virtual que se realizó el pasado 24 de marzo en Argentina por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El cooperativismo es una forma de configuración horizontal, democrática y con instancia de consenso entre todos los miembros participantes. Esto, para Dimarco, es una gran ventaja organizativa al interior de cada cooperación, pero que requiere un balance constante con las formas de trabajo capitalistas y sus consecuentes diferencias: “En una cooperativa tenés la posibilidad y la libertad de crear tus propios modos de organizarte, así como tener tu propio reglamento interno. Nosotros lo tenemos. Nuestro reglamento interno explica de qué manera repartimos la plata que entra, y si una persona nueva entra, qué puede esperar del colectivo. Tenemos una instancia de deliberación en la cooperativa que es la Asamblea”, explica. “En estas instancias de deliberación democrática, una persona de la cooperativa tiene un voto, y todas las personas de la cooperativa tienen la misma cantidad: uno. Y su voz vale lo mismo. No es que un voto mío, que soy socio fundador y estoy hace tantos años, vale más que el de una persona que recién entra. Cada persona puede proponer, debatir”. Esta forma organizativa entra en directa relación con cada proyecto llevado a cabo por estas cooperativas, sosteniendo la idea del libre acceso a la información: “Uno puede ponerse muy estricto con eso y que después te sea muy complicado conseguir proyectos, entonces tenés que estar jugando constantemente: definir una base ideológica y a partir de eso construir acuerdos básicos”, continúa Dimarco. “Por ejemplo, no utilizamos herramientas privativas ni pagamos licencias para desarrollar en Fiqus. Cada vez que hacemos un desarrollo tratamos de abrirlo, de liberarlo, para que sea software libre. Desde ese lugar, aportamos al software libre, utilizamos herramientas de trabajo y tecnologías libres para trabajar, porque entendemos que es la manera. Que la manera no es ofuscar el conocimiento, cerrarlo, ponerle un candado y vender las licencias para maximizar las ganancias, sino al revés. Es muy transportable, muy parecido al concepto de cooperativismo. Porque hay mucha colaboración, colaboración de distintas personas para llegar a un objetivo en común. No existe la competencia entre ellas”, finaliza.

El sector de las tecnologías es con frecuencia uno de los que detenta el mayor margen de ganancias, de la mano de transnacionales concentradas en Silicon Valley. Esto muchas veces genera grandes desigualdades con respecto a empresas de América Latina y el resto del mundo. La aplicación del cooperativismo en empresas de tecnología, ayuda a achicar de algún modo esta brecha: “Si bien tratamos de capacitarnos, de vender el valor hora lo que más podamos venderlo, tratamos también de mantener un balance con la exportación que hacemos de los servicios (trabajamos mucho para Estados Unidos y Canadá) y en dejar algo de valor local acá, tener una pata territorial”, cuenta Dimarco. “Porque entendemos que las cooperativas también tienen esa obligación de percibirse como actores sociales que son transformadores del espacio que les toca ocupar”. El equilibrio entre el impacto social de los proyectos que realizan y su sustentabilidad económica, es constante: “muchas veces es difícil encontrar grandes desafíos técnicos en organizaciones sociales. Porque en los proyectos con impacto social, lo prioritario no es cómo están hechas las cosas, la solución técnica que estás brindando, sino que más bien es ir a solucionar el problema que hay que solucionar lo antes posible. Entonces, ahí hay como una disyuntiva que a veces surge dentro de la cooperativa: nos gusta mucho capacitarnos, probar tecnologías nuevas y tratar de volcarlos hacia el ámbito de la economía social, pero muchas veces para mantener ese equilibrio, y por ahí vender esas horas también en proyectos donde se paguen bien o te ayuden a mantener la estructura de la cooperativa, tenés que estar todo el tiempo manteniendo un balance. Es complicado a veces estar todo el tiempo tratando de encontrar ese equilibrio para que las cosas funcionen de una manera tal que vos digas ‘estoy orgulloso u orgullosa de estar trabajando en esto’. Es pura militancia”, finaliza Dimarco.

Sin embargo, los esfuerzos aunados por la Federación y la militancia de sus cooperativas desde que comenzaron este trayecto, tienen un impacto significativo a nivel internacional. A pesar de que el cooperativismo aplicado al sector de tecnologías está presente en otras partes del mundo, Argentina es uno de los países mejor posicionados en la cuestión: “En el año 2019 viajamos a Reino Unido para dar una charla en una asamblea que tiene una red de cooperativas de tecnología que se llama Cotech. Si bien acá tenemos un poco una cultura de pensar que Europa siempre está mejor, en ese viaje nos dimos cuenta que estábamos súper bien acá. Que técnicamente la rompemos, organizativamente estamos muy adelante. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo”, continúa Nicolás Dimarco. “Empezamos a hablar de estrategias comunes, fuimos a plantearles que acá tenemos un modelo que funciona, funciona localmente hace ocho años: si llega una oportunidad de trabajo lo hacemos en conjunto, evitamos la competencia, tenemos estas formas de organizarnos para repartirnos el trabajo de forma equitativa y crecer todas las cooperativas en conjunto, articular valores en conjunto. Les encantó, pero todavía no estaban en un nivel organizativo como para poder sumarse porque estaban recién organizándose internamente”. Hoy, FACTTIC forma parte de un foro internacional donde 42 cooperativas de 13 países diferentes están trabajando en conjunto, preguntándose cuáles son las problemáticas en común, y cómo hacer para mejorar el intercambio de proyectos entre ellas. “En lugares como Estados Unidos o Reino Unido, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que trabajan con muchos proyectos de gran impacto social e impacto ambiental, que están muy bien pagos y que desde acá no podemos acceder. Acá podemos, tenemos la potencia o la capacidad de tener una sede en cualquier lado donde estemos en contacto, porque al cooperar, es así de fácil. Creo que lo que falta mucho es trabajar en consensos, en acuerdos y en pulir estos mecanismos para hacer que esto crezca, y yo ahí le veo muchísima potencialidad a todo esto”.

Más de 400 profesionales integran Facttic.

Si volvemos al debate del inicio, la respuesta que estos profesionales de la tecnología nos brindan, es que las TICs pueden, en la medida que se siga trabajando para ello, mejorar nuestra calidad de vida. Para estas cooperativas, los proyectos llevados a cabo en la educación y la justicia, son sólo el comienzo de muchas otras problemáticas pendientes de resolución. “Somos una sociedad con mucha tecnología, pero con muchos problemas tecnológicos no resueltos. Y nos sumamos nuevos problemas”, finaliza Pablo Vannini. “Los que hacemos tecnología tenemos que intentar pensar algunas tecnologías que solucionen problemas sociales. En general la tecnología no está pensada para eso, está pensada para obtener datos y buscar nuevos productos y comercializar más, no para resolver problemas”. 

Hoy en día Argentina se encuentra, al igual que muchos países de Latinoamérica, con índices de pobreza y desocupación sobresalientes, y nada parecería más alejado para este contexto que plantear qué tipo de trabajo parece ideal, cuando lo que urge es tenerlo. Sin embargo, este grupo de programadores, ingenieros, economistas, contadores, nos demuestran que la base de la democracia también se encuentra en las acciones cotidianas que llevamos a cabo todos los días, y que podemos lograr desde nuestros lugares de trabajo. Aprender a organizarse, a escucharse, llegar a consensos, compartir y colaborar para seguir creciendo: el cooperativismo se muestra, así como una alternativa para sortear estas dificultades. También, lograr hacer uso del conocimiento de forma libre, compartida, para todos y para todas, como una herramienta de cambio y desarrollo genuino de nuestra sociedad. “Si realmente nos tomamos en serio esto de predicar que existe el cooperativismo, que las universidades cuenten que es una forma organizativa más, que nosotros desde el ejemplo mostremos que es posible, se puede lograr”, sigue Nicolás. “Si yo no tengo a un dueño de una empresa que se está llevando una parte de lo que yo produzco o lo que producimos como grupo, nosotros tenemos que ganar más. Entonces, cuando empecemos a mostrar que realmente funciona, que nos podemos organizar y que funciona, y que además trabajamos con estas metodologías de la horizontalidad y la democracia, yo le veo una muy buena perspectiva. El tema es que tenemos que mostrar con el ejemplo que se puede, y tenemos que salir a contar que existe esta modalidad. Y después que la gente elija”, finaliza Dimarco. 

Identificaron nuevos restos óseos en el caso Ayotzinapa

Identificaron nuevos restos óseos en el caso Ayotzinapa

Basurero de Cocula, donde el EAAF busca a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

La semana pasada la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció nuevas coincidencias genéticas entre restos óseos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La primera de ellas identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz; la segunda, arroja una identificación previa, la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, informada el año pasado. Ambas vuelven a evidenciar las contradicciones de la llamada “verdad histórica”, sostenida por las autoridades estatales mexicanas de aquel entonces.

Los restos fueron recuperados en la Barranca de la Carnicería, en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, a cargo de Omar Gómez Trejo. Las coincidencias surgen de los exámenes genéticos realizados en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que se dedica a examinar muestras en las cuales, por su extremada degradación, es muy difícil extraer ADN. “Nuestros resultados también señalan la fuerte coincidencia”, comenta, en diálogo con ANCCOM, Mercedes Doretti, integrante fundadora y directora para Norte y Centroamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El caso

De aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala en el Estado de Guerrero, han pasado un total de 2.826 días, más de siete años. Los familiares siguen exigiendo verdad y justicia. En el proceso puede notarse, al menos, un cambio de actitud en la investigación a partir del cambio de gobierno en 2018. En diciembre Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reemplazó en la presidencia a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El 7 de noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que, según sus investigaciones, había indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero. Dos meses después confirmó su propia versión. Según la “verdad histórica”, los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales para luego ser entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en Cocula. 

Los familiares rechazaron siempre esa explicación, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó su falta de veracidad a partir de videos que registran irregularidades. Allí se constata que Tomás Zerón, director de la Agencia de Seguridad Criminal, encargada de investigar el caso en la estructura estatal, había estado en el basurero antes de que se encontraran en el lugar los restos incinerados de un estudiante. Además, el GIEI plantea que se puede observar cómo agentes federales impidieron el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense mientras Zerón recorría la zona, por lo que las pruebas podrían haber sido implantadas. A eso se sumaron denuncias de tortura durante las confesiones de distintos sospechosos. 

Al poco tiempo de asumir, López Obrador creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, momento en el que la primera versión oficial de los hechos comenzaba a ser descartada.  

El fin de semana se identificaron restos óseos pertenecientes a Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez.

Rol del EAAF

El Equipo Argentino de Antropología Forense actúa desde octubre de 2014 como perito y asesor técnico de los familiares de los estudiantes desaparecidos, tanto en búsquedas de campo como en análisis de laboratorio. Fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompañan y representan legalmente a las familias. “También contribuimos como contacto con distintas entidades para llevar a cabo trabajos especializados”, suma Doretti, y en esa instancia aparece la universidad austriaca. 

El EAAF participó, junto a la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, en el estudio de la evidencia recuperada y en la selección de muestras que se enviaron al laboratorio de Innsbruck. Hace dos años que trabaja de manera coordinada con la UEILCA  que dirige Gómez Trejo. Al no encontrar evidencia física para sostener la incineración que declaraba la “verdad histórica”, comisionó en 2017, previa autorización de todos los familiares, a la ONG inglesa Arquitectura Forense la reconstrucción de la escena del crimen de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a través de una cartografía interactiva, en la que se exploran los conflictos e inconsistencias de la narrativa oficial. 

Luego de diversos retrasos por la pandemia, el 19 de febrero de 2021 el fiscal Gómez Trejo, acompañado por un integrante del EAAF, de la comisión presidencial y de la CIDH, hizo entrega de las muestras a Walter Parsons, jefe del Departamento de Genética del instituto austriaco. De los restos óseos recuperados, en su mayoría severamente fragmentados y alterados por exposición a altas temperaturas y a la intemperie, pudieron seleccionar catorce muestras del total para ser enviadas. Un mes más tarde Parsons informó que sólo seis restos eran viables de ser estudiados y el 8 de junio se comunicaron los resultados de análisis en ADN, de los cuales dos arrojaron identificaciones positivas.

Nuevas identificaciones

La primera identificación realizada en el caso está asociada a la versión oficial de 2014, a partir de una bolsa que, según se indicó, se había hallado en el Río San Juan, en Cocula, poblado a una hora de distancia de Iguala. En ese entonces apareció un fragmento de hueso que terminaría identificándose con el joven Alexander Mora Venancio por vía genética, aunque desde el EAAF remarcan que “hasta el día de hoy no hay evidencia científica” para sostener la aseveración. De hecho, las coincidencias recientes tampoco concuerdan. 

Estas dos identificaciones posteriores pertenecen a una hipótesis de trabajo muy distinta, a cargo de la actual Fiscalía. La Barranca de la Carnicería, el mismo lugar en el que se identificó un resto del estudiante Rodríguez Telumbre, está ubicada a 800 metros del basurero y “los restos hallados en superficie son aislados y en su mayoría multifragmentados”, menciona Doretti, y agrega que las dos muestras que arrojaron los resultados “no presentan alteraciones térmicas y están bastante completas”.

Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentina de Antropología Forense, realizó los anuncios de los hallazgos.

La primera de las coincidencias, según informó Gómez Trejo, fue a partir de un hueso calcáneo del talón de Aquiles de un pie derecho y demostró una reasociación positiva con uno de los identificados en junio de 2020, el mencionado Rodríguez Telumbre, que ya había sido debidamente notificado. La segunda fue gracias a una vértebra lumbar y tiene concordancia con los padres y los tres hermanos de Jhosivani Guerrero de la Cruz. A diferencia de otra muestra de 2015, también asociada con el joven pero desestimada por el EAAF por ser baja en términos estadísticos, ésta permite la certeza en la identificación. 

Según comunicó el EAAF, el ADN mitocondrial de la muestra de 2015 se transmite por vía materna sin alterarse y “no identifica a un individuo sino a dos que pueden pertenecer al mismo linaje”. El fiscal Gómez Trejo remarcó que, a pesar de las recomendaciones, las autoridades de aquel entonces decidieron dar a conocer un “resultado dudoso del 17 por ciento de coincidencia”. En cambio, los restos hallados recientemente se alcanzaron gracias a la recuperación de ADN nuclear, “resultante de la combinación única de un padre y una madre”, por eso la probabilidad de parentesco es concluyente. “Técnicamente, es falso que ya hubiera sido identificado”, insistió en su exposición el letrado. 

Los siguientes pasos

La investigación sigue su curso por distintas áreas. “Por un lado, seguir buscando a los estudiantes y, por otro, a los culpables y a quienes cometieron irregularidades en el caso”, expresa Doretti. Ese tercer punto fue denunciado por el EAAF, el GIEI y Gómez Trejo al momento de asumir su función. El hallazgo demuestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. El fiscal, a su vez, deslizó que en los días venideros partirá para entregar nuevos restos óseos para su análisis en Innsbruck. 

Las coincidencias fueron notificadas a las familias particulares el 12 de junio, en presencia del fiscal, del subsecretario Encinas Rodríguez, del acompañamiento legal y psicosocial de los familiares, de Francisco Cox, integrante del GIEI, y de Mercedes Doretti y Alicia Rizzardo, representantes del EAAF. Para Gómez Trejo se trata de “resignificar y reparar” acciones anteriormente llevadas a cabo por autoridades estatales y federales que “alimentan la impunidad y la indiferencia frente a la realidad de las víctimas que se vive en México”. 

Días más tarde, el presidente López Obrador convocó a una reunión con todas las familias, en compañía de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República. Informaron las nuevas coincidencias y los avances en materia de investigación y procedimiento penal. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un punto de inflexión en la historia mexicana, así como lo fue la Masacre de Tlatelolco en 1968. En septiembre de 2014 los jóvenes se trasladaban a Iguala para recaudar fondos para asistir a una marcha en conmemoración del  hecho citado con anterioridad. Una cuestión simbólica.  

Un graffitti marcó el peso de su historia

Un graffitti marcó el peso de su historia

Miguel Santucho, hijo de Cristina Silvia Navajas y Julio César de Jesús Santucho -hermano del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho- declaró por primera vez este martes, en una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Pozos de Quilmes, Banfield y Lanús.   

Miguel, quien busca un hermano o hermana nacido en cautiverio, contó que todos los hermanos de su padre sufrieron persecuciones por la activa militancia: Primero fue el asesinato de la compañera de “Robi” en la llamada Masacre de Trelew. A ello le siguieron el exilio de los mayores de los hermanos y el secuestro de sus tías.

Su padre es el décimo hijo de la familia Santucho. Desde chiquito se le había dado un destino religioso. De la escuela pupila hasta la decisión de tomar los hábitos. “Pero por suerte conoció a mi madre”, contó Miguel más conocido como “Tano Santucho”, mientras recordaba la historia de sus padres, quienes tuvieron a Camilo en 1973 y Miguel en 1975. Pero cuando Cristina fue secuestrada, estaba embarazada de dos meses.

Su madre estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina donde conoció al que sería su compañero, Julio. Militó en Villa Fiorito y luego tuvo diversas responsabilidades. Al momento de su secuestro era docente de las escuelas de cuadros del PRT, enseñaba Historia de la Revolución Latinoamericana.

Miguel relata la noche del 13 de julio de 1976, cuando se llevan a su madre, a su tía Manuela Santucho y a otra compañera llamada Alicia D´ambra. Las tres mujeres se encontraban viviendo en un departamento de la familia Santucho en la calle Warnes, con sus hijos. Los represores dejaron a los tres bebés: el hijo mayor de Cristina, Camilo; Diego, el hijo de Manuela Santucho y Miguel, que entonces tenía tan solo nueve meses. Nélida Navajas, la abuela que luego se convertiría en el motor de la búsqueda fue quien los rescató. Cuando llegó al departamento donde estaba viviendo su hija, la puerta estaba forzada y ni bien entró escuchó los gritos de sus nietos. A pesar de ello, ningún vecino se había acercado al lugar. Fue en ese momento también, que entre las pertenencias de su hija encontró una carta que estaba por enviar a su yerno, en la que Cristina contaba que estaba embarazada.

“Nosotros sabemos que a Cristina se la había visto en Automotores Orletti, un centro clandestino de Floresta. Ahí se llevaron a las tres. Ser parte de la familia Santucho, las ponía en un lugar de ser pesadas y merecedoras de un trato especial en la tortura y tormentos”, declaró el “Tano” Santucho.

«El día después de que mi tío Mario Robi Santucho es abatido en Villa Martelli, el 20 de julio de 1976, en el centro clandestino se hizo un festejo macabro, juntaron a todos los detenidos en el patio de Automotores Orletti, lo atan a mi tío Carlos a un arnés con cadena, de esos que sirven para levantar motores y sucesivamente lo sumergen en un tanque de agua, frente a la mirada de los detenidos, y obligan a mi tía Manuela a leer la noticia del diario donde se relataba el abatimiento de Mario», describió Miguel, quien supo de este hechos por varios sobrevivientes uruguayos que compartieron cautiverio con sus familiares.

Allí permanecieron hasta agosto de 1976, luego fueron trasladadas al centro clandestino Proto Banco. Alrededor del 28 de diciembre de 1976 nuevamente las trasladaron, pero esta vez, al Pozo de Banfield donde su mamá Cristina Navajas llegó con un embarazo muy avanzado. El 25 de abril de 1977 se realiza su traslado final.  

Hay varias testimoniales de compañeros que vieron a su madre, pero la más significativa para Miguel fue aquella que cuenta que Cristina, tirada en el piso desnuda, confirma su identidad a una compañera que tenía a lado y le cuenta que está embarazada: “Soy Cristina Narvajas, militante del PRT, soy cuñada de Mario Roberto Santucho y estoy embarazada”. Miguel Santucho confiesa que por mucho tiempo ese testimonio representó para la voluntad y la necesidad de su madre de hacer llegar un mensaje a su familia: que la buscaran a ella y a su hijo. Pedido que su abuela Nélida honró hasta el final, según su nieto. “La buscó y presentó todos los habeas corpus hasta que se pudo incorporar a Abuelas y prácticamente se murió buscando a ella y a su nieto o nieta”.

Parte de las celdas en las instalaciones del Pozo de Banfield.

Julio Santucho desde el exilio se enteró de la desaparición de su hermana Manuela y de su compañera Cristina embarazada, y tras la noticia, se comunicó con el partido para que sus hijos pudieran salir del país y reencontrarse con él. “Dos militantes se hicieron pasar por pareja y nos sacaron del país. La mujer, Susana Fantino simuló por mucho tiempo ser nuestra madre y finalmente conoció y formó pareja con mi padre. Luego nació mi hermana Florencia. A ella le debo la infancia más feliz que pude haber vivido en esas circunstancias”.

En 1985, Miguel regresa por primera vez a la Argentina y ya con su abuela siendo secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo se entera que tenía un hermano o hermana nacida en cautiverio: “Por mucho tiempo estuve sin poder procesar esta información”, confesó Santucho.

“Santucho Vive” vio en una pintada en una manifestación estudiantil en 1992 cuando regresó por segunda vez a la Argentina. Este fue el detonante para “hacerse cargo de su historia”, dijo el sobrino del ex líder del PRT y decidió quedarse a vivir en Argentina. Con este regreso empezó a tener más contacto con sus primos paternos, su familia Santucho. En 1996 comenzó a militar activamente en H.I.J.O.S: “Desde ese lugar pude reconstruir no solo el cautiverio y leer testimoniales, sino también reencontrarme con compañeros y amigos de mi vieja”. En este tiempo, Miguel -junto a su primo Diego Genoud- recorrieron los centros clandestinos donde habían estado sus madres.

En este proceso, relató que en una oportunidad se acercó a Abuelas una joven que se pensó que podía ser la bebé de su madre nacida en cautiverio su hermana, pero luego del análisis de ADN la posibilidad se desestimó: «Viví la expectativa, la felicidad contenida de esperar el resultado, que finalmente dio negativo, pero me mostró la felicidad contenida que espero vivir cuando encuentre a mi hermano o hermana».

Nélida, abuela de Miguel, murió en 2012 y su nieto recuerda que una de sus últimas voluntades fue que sus restos se esparzan por el Río de La Plata, con la ilusión de volver a reencontrarse con su hija desaparecida, ya que una de las posibilidades es que haya sido tirada allí en el marco de los “vuelos de la muerte”. Además, prometió continuar el legado de su abuela: la búsqueda de su hermano o hermana.

Miguel confesó que el encuentro de un nieto o nieta apropiada le dejaba una sensación agridulce: “Me alegraba y a la vez me dejaba un sabor amargo al saber que no era el mío, es una sensación de sana envidia», reconoció el hijo de Cristina y Julio Santucho.

Finalmente, el «Tano» consideró injusto e inaceptable que los responsables de crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios o a la libertad condicional: “Hasta que no aporten lo que saben no merecen acceder a ningún tipo de beneficio», reclamó y continuó: «Sé que ellos -en alusión a los 18 imputados- tienen la mayor parte de las respuestas que mi abuela, a lo largo de su vida y yo estuvimos buscando, espero se tengan en cuenta eso», reclamó.

Miguel habló con ANCCOM y contó que su declaración significaba un momento “fuerte, algo raro” ya que nunca había sentido la necesidad de declarar pero que “en la medida que iba avanzando mi militancia, mi búsqueda y compromiso con Abuelas de Plaza de Mayo sentí que ese momento iba madurando”. Entonces asegura: “Cuando me propusieron declarar, sentí que había que hacerlo”.

Para Santucho este testimonio representa una gran responsabilidad: “Realmente creo que pude aportar la voz de los hijos y hermanos y hermanas que estamos buscando y que en los juicios es difícil de conseguir”.

“Estoy contento y tranquilo, satisfecho de haber podido llegar a esta instancia y de haber aportado mi granito de arena en este proceso de memoria, verdad y justicia y espero que los juicios terminen con las condenas correspondientes y se haga justicia”, cerró el sobrino de Mario Roberto Santucho.