El gobierno nacional anunció la distribución de computadoras a alumnos secundarios dentro del Plan Federal Juana Manso a partir de julio. Las máquinas tendrán Huayra 5.0, un sistema operativo libre que no requiere pago de licencias y permite adaptar el software a las necesidades de la comunidad educativa. El plan federal educativo desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación, lanzado en agosto de 2020, se complementa con los ministerios de educación de las provincias y Educ.ar, sociedad del Estado.
El desarrollo de este plan estará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y tendrá como meta distribuir dispositivos tanto a alumnos secundarios como a docentes. El PlanFederalJuanaManso también incluye recursos y herramientas educativas, desde videos a bibliografía, así como aulas virtuales de Moodle (también de software libre) donde se podrán encontrar virtualmente docentes y estudiantes.
“Nos parece importante instalar la idea de soberanía tecnológica y educativa, donde es el Ministerio de Educación, quien decide qué es lo mejor para las y los estudiantes”, explica Laura Mares Serra, responsable del portal Educ.ar. Fuentes del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires explicaron a ANCCOM que aún no saben cuántos dispositivos serán entregados a esta sección y de momento continúan distribuyendo elementos tecnológicos que estaban almacenados y que fueron puestos a disposición para alumnos, alumnas y docentes.
Las empresas que resultaron adjudicatarias en la producción de estos dispositivos fueron EXO, BGH, Pc Arts, Coradir, Air Computers, Grupo Núcleo y Newsan. Según fuentes del Ministerio de Educación, el plan logra así un tercer objetivo: generar nuevas fuentes de trabajo en los polos en donde se producirán y se desarrollarán estas máquinas. Según informó la cartera de Educación, se distribuirán 600 mil computadoras, que serán entregadas a lo largo y ancho del país.
Desde el Ministerio de Educación destacan la importancia del uso de software libre en el marco de los usos educativos ya que “la tecnología no es un espacio neutral”, como explica Serra. “Usar software libre en educación tiene múltiples aristas, entre ellas soberanía tecnológica y pedagógica. En este marco, es importante que sea el Estado quien decida qué herramientas usas y no las corporaciones”, indicó Javier Castrillo, coordinador del equipo que desarrolla Huayra: “Permite que el Estado, junto a otras políticas de desarrollo, oriente la capacitación y participación de la comunidad educativa”.
Con Huayra 5.0 el usuario puede compartir, editar y compartir sin la necesidad de pagar y sin restricciones. Para el desarrollo de este sistema operativo trabajan en complemento programadores, artistas gráficos, sociólogos, pedagogos y comunicadores de distintas partes del país. “El software se actualizó luego de cuatro años de abandono y se adoptó de acuerdo a los nuevos dispositivos”, destacó Castrillo. En este plan, los dispositivos contarán con más de cien programas y mil recursos educativos abiertos desarrollados por el Ministerio de Educación para docentes y estudiantes. El programador indicó que fue el ministerio y sus especialistas los que hicieron la selección de los elementos de software se iban a encontrar y señaló que la aparición de aplicaciones de diseño multimedial o programación, son cosas que se están fomentando desde el gobierno. Mientras que la titular de Educar Laura Mares Serra agrega: “En lugar de estar sujetos a pago de licencia a un proveedor, se invierte ese presupuesto en investigación y desarrollo propio”.
El plan Juana Manso dispone además un repositorio federal de recursos educativos abiertos en donde se hallan materiales audiovisuales y bibliográficos abiertos y gratuitos para que docentes y estudiantes puedan trabajar y consultar. “Los libros son libres de derechos. Además contamos con juegos, simuladores y secuencias didácticas”, señala Mares Serra. El contenido se renovará quincenalmente y se actualizará en la nube, mientras el contenido digital multimedia y bibliográfico son descargables y no consumen datos de los usuarios.
Tanto Castrillo como Serra relacionan el uso de software libre con la soberanía tecnológica y sus usos en el marco de lo educativo. “El software libre permite aprender como está programado, podes hacerle reformas, localizaciones, traducirlos y hacer duplicaciones de la duplicación”, explicó Castrillo.
La República de Cuba ya cuenta con más de un millón de habitantes vacunados con las tres dosis de sus vacunas de producción nacional, Abdala y Soberana. Recientemente, estudios sobre Abdala demostraron que posee una eficacia del 92,28% con la aplicación de las tres dosis, obteniendo uno de los mejores resultados a nivel mundial. Junto con Soberana, encabezan la lista de vacunas desarrolladas por el país insular en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto Finlay, ambos parte del sistema estatal de salud. Dado que no existe medicina ni instituciones de investigación privadas, la organización recae sobre la experiencia y centralización por parte del Sistema de Salud Nacional.
Emiliano Mariscal es un médico y docente argentino que luego de doce años de estudios se recibió en Cuba. Realizó la especialidad de Medicina General Integral y también de Epidemiología en La Habana. Además, participó de la brigada Henry Reeve que trabajó en Haití luego del terremoto del 2010 y la epidemia de cólera. En diálogo con ANCCOM, ante la consulta sobre su opinión sobre el sistema de salud cubano aseguró: “La primera característica del sistema de salud de Cuba es la organización, la manera en que está dispuesta desde el punto de vista institucional y organizacional del sistema, respetando fielmente lo que son los principios de la atención primaria de salud, como la accesibilidad para toda la población”.
Actualmente, el 80% de las vacunas del esquema nacional que se administran en Cuba son producidas en el país. Esto se debe, por un lado, al bloqueo de patentes y farmacéuticas de capital estadounidense, pero también por el amplio desarrollo de la isla en materia de medicina y biotecnología. “Hay toda una política que viene desde los años ochenta y tiene el empeño de desarrollar un polo tecnológico industrial, junto con una definición que tiene que ver con el nombre de una de las vacunas: Soberanía”. Para el caso de la vacuna Abdala y toda la serie que se está desarrollando contra el covid-19, primó la idea de “no apuro”, tal como la define Mariscal, ya que lo esencial no es entrar en competencia con los demás países y laboratorios, sino desarrollar vacunas de calidad que puedan ser aplicadas en toda la población, incluyendo a infantes y convalecientes. .
El sistema de salud cubano es también reconocido por manejarse con un uso eficiente de los recursos, siendo el propio sistema y sus actores quienes determinan la forma de utilizar los medios disponibles. Los servicios que proveen los centros médicos (por ejemplo, una tomografía) son utilizados a conciencia y con profesionales detrás, nunca a demanda. Esto permite que cualquier profesional, aún siendo parte del engranaje, tenga la claridad y el conocimiento para trabajar con la población asignada, “pero también ir subiendo los niveles y encontrando las respuestas”, agrega Mariscal. Éste es uno de los motivos por los cuales la organización resulta un aspecto central en su forma de trabajo. La planificación cuenta con policlínicos que pertenecen a una red de consultorios en el primer nivel de atención, donde se encuentran las especialidades básicas: laboratorio, imagen, odontología. “Es como una pequeña clínica” señala el médico. Dependiendo de la cantidad de gente que habita en cada zona, se le asigna cierta cantidad de médicos, enfermeros y trabajadores sociales que se especializan en una determinada población asignada. A su vez, trabajan en conjunto con el Comité de Defensa de la región -la organización del barrio- y los distintos organismos sociales, logrando articular a todos estos actores bajo un mismo sistema de organización. Todos los ciudadanos transitan los mismos carriles y son atendidos de igual manera: “Si hay una mujer embarazada, no deja de ser atendida en ningún lugar, pero hay un lugar específico que le hace seguimiento a esa persona. Hay un tipo de salud que está pendiente y responde de alguna manera por el seguimiento de esa embarazada”.
Al regresar de su estadía en el país caribeño, y habiendo trabajado en su sistema de salud, Mariscal prestó servicio en la Dirección de Epidemiología de Provincia y Nación en nuestro país. Tras su experiencia, señaló que Cuba y Argentina son “mundos totalmente diferentes”. Además, agrega que “la posibilidad de que exista esta idea de que haya descentralización operativa, pero que haya una centralidad en la política sanitaria que se aplica, es una de las cosas que permite los resultados que Cuba tiene”.
Sin embargo, muchos de los resultados obtenidos por los científicos y médicos cubanos se encuentran con trabas burocráticas al intentar publicar sus investigaciones. En este momento, la cuestión de las vacunas se enfrenta a los inconvenientes técnicos que imponen algunas publicaciones médicas. Para el docente, la cuestión ahora es “quién valida lo referido a la vacuna, la traba ahora está ahí, porque hay un referato que te tira para atrás el paper y, ¿en qué condiciones? Si comparamos el paper de Pfizer y el que le tiran atrás a Cuba, ¿es por una cuestión técnica o de conocimientos? No, es por otras cosas, entonces ahí, cuando el rol del poder se vincula con la cuestión del saber, también aparece el bloqueo en ese lugar”.
“Algo que tenga pertinencia para la publicación o la revista -científicas-, tendría que tener la obligación de avanzar hacia su publicación. Entonces, si algo es pertinente, como poner a disposición dos tecnologías vacunales y tener la posibilidad de generar matrices de producción en un continente que carece de vacunas, no sé si hay muchas cosas más pertinentes que esa”. Luego de conocerse los resultados preliminares de las vacunas, que sostienen una gran eficacia para Abdala -92,28% en el esquema de tres dosis- y una buena eficacia para Soberana -62% en el esquema de dos dosis de tres aplicadas- los investigadores han salido a contar la experiencia actual, que se encuentra respaldada científicamente.
De esta forma, y aún luego de sesenta años, la cuestión del bloqueo estadounidense sigue impactando en el desarrollo de la región. ¿Cómo estaría desarrollada la medicina cubana actualmente si la situación fuera diferente? Mariscal sostiene que “es difícil, en realidad lo que pudiera llegar a ser si no estuviera -el bloqueo-, eso es lo que molesta. No solo por Cuba, sino por el mundo. El tema de repuestos y de medicamentos, que en determinados momentos están y en otros no, porque hay muchos que son de producción nacional y otros que no. Todo lo que tiene que ver con el insumo y el tema de los altos costos también son cosas que se vuelven difíciles”. Esto se evidencia en un montón de cosas que se les dificulta conseguir, sumado a la cuestión de la investigación y la publicación.
En cuanto a producción, Cuba tiene la posibilidad de fabricar a gran escala sus vacunas, ya que cuentan con un polo industrial grande, con varias industrias biotecnológicas y experiencia previa. Mariscal ve con buenos ojos el futuro de las vacunas cubanas, considerando “hacer esta transferencia tecnológica y poder constituir en América Latina algunos polos o lugares desde donde salgan las vacunas hacia las poblaciones”. ¿Será ese el afán del país isleño? Porque Cuba nunca pensó solamente en Cuba, sino que piensa en el mundo: en América Latina y África.
¿Cuál es el precio que pagamos por la devastación de nuestra tierra? Existen múltiples ejemplos que pueden responder esta pregunta y que siguen sucediendo a lo largo de nuestro país. Pero sólo a 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un grupo de vecinas y vecinos que hace siete años decidieron formar un colectivo para luchar contra el agronegocio transgénico en ese territorio. El colectivo ecologista llamado Exaltación Salud nació en 2012 en el partido de Exaltación de la Cruz por iniciativa de dos mujeres que gracias a su lucha y a la unión que forjaron junto a sus vecinos, lograron visibilizar la problemática del agronegocio que acecha a la zona hace tiempo.
El 11 de marzo de 2019 hubo una fumigación sobre unas escuelas de esta localidad de la provincia de Buenos Aires, que derivó en una ordenanza que prohibió definitivamente las fumigaciones aéreas. Fueron las escuelas de Educación Primaria Nº 4 y de Educación Secundaria Técnica Nº1, situadas en Parada Robles, sobre el km 78 de la Ruta 8, las afectadas por una avioneta que durante varias horas y en horario escolar con estudiantes dentro, las fumigó junto a los campos linderos. Varios docentes y alumnos debieron recurrir a la inmediata asistencia médica por sufrir las consecuencias del veneno esparcido. A raíz de lo ocurrido debieron suspender las clases por dos días.
Dos meses después de este hecho, vecinas integrantes de Exaltación Salud realizaron una encuesta en los barrios de San José y Esperanza, pertenecientes al partido de Exaltación de la Cruz, que arrojó datos de la existencia de problemas de salud relacionados al uso del glifosato. En sólo estos dos barrios de 30 manzanas (280 casas) se encontraron 50 casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. También descubrieron que en 94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo. Si bien los datos no son oficiales, porque fueron las vecinas quienes los tomaron haciendo el relevamiento de casa en casa, los testimonios de los vecinos coinciden con lo expuesto.
Gabriela, mamá de Ana, una de las adolescentes víctimas de cáncer en Exaltación de la Cruz.
En las últimas dos décadas, el 80% de ese territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por las soja transgénica. Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agrotóxicos en el país, según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. Según datos de la industria, en Argentina se aplican de 12 a 15 litros de glifosato por hectárea, mientras que por ejemplo en Estados Unidos se emplea la mitad. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante: Argentina es el país que más glifosato utiliza por persona en todo el mundo.
Anabel Pomar, periodista y vecina de Exaltación, cuenta que en 2012 el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía fumigar a menos de 150 metros de las casas y a menos de 300 de las escuelas, pero la norma no fue reglamentada por siete años.
En 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas asistían a la escuela fumigada y la tercera vivía enfrente. Las fumigaciones nunca pararon, pero mientras las pulverizaciones crecían, también lo hacían las denuncias de los vecinos. Patricia Benitez, farmacéutica y una de las integrantes de Exaltación Salud, consiguió que la Justicia le otorgue un amparo que prohíba las fumigaciones a menos de 1.000 metros de dónde vive. Sin embargo apeló el fallo porque, según explica, su objetivo no era obtener la medida para ella sola sino para el bien común de todas las personas y el medio ambiente. El Poder Judicial aceptó su apelación.
Argentina es el país que más glifosato usa por habitante en el mundo.
Gracias a Benitez y a otras personas que se sumaron a la causa, en 2019 se consiguió un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros de distancia, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas. Ese mismo año, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal estableció, a través del Ministerio de Agroindustria, la resolución 246 que permite el uso irrestricto del glifosato y otros agrotóxicos cerca de zonas habitadas y escuelas. Si bien el nuevo gobernador bonaerense, Axel Kicilof, suspendió la entrada en vigencia de la resolución y en mayo de este año prolongó el veto vigente a dicha norma, es necesaria su derogación definitiva. Mientras tanto, el vacío legal existente es aprovechado por los fumigadores para seguir aplicando agrotóxicos. El 3 de marzo pasado, en la localidad de Pergamino, un avión fumigador sobrevoló la escuela N°37. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia normativa y cada municipio su propia regulación local.
Un modelo de exclusión social
Hay algo que a inquieta a las nuevas generaciones: el ambiente está siendo devastado. Y desde múltiples frentes (agentes políticos y sociales, tanto el sector público como el privado) atacan contra el cuidado y la preservación del mismo. Nos preguntamos qué es lo que despierta a algunos a dar a conocer, alzar la voz de lo que está sucediendo con nuestro suelo. Desde nuestra experiencia, decidimos contar una historia, que engloba a una comunidad y está repleta de subjetividades, pero sabemos que esta problemática está presente en gran parte de nuestro país y trasciende fronteras.
Desde la década de los 90, el agronegocio local se convirtió en un modelo de producción dependiente de los pesticidas altamente contaminantes. Progresivamente, Argentina fue cediendo lugar a la utilización de agrotóxicos y a semillas transgénicas resistentes a estos herbicidas y plaguicidas. En nuestro país no existe un marco legal que regule la utilización de estos productos en el país. Tampoco hay estadísticas oficiales que muestren el uso de estos químicos en estas tierras, las únicas cifras provienen del sector privado. Es decir, para el Estado argentino el suelo tiene un precio, y es la consolidación de esta correlación entre contaminación, insalubridad, pérdida de la soberanía alimentaria, desigual distribución de la riqueza y exclusión social, que se ha convertido en política de Estado.
Un nutrido grupo de trabajadores recuperadores se concentró frente al Congreso Nacional y en distintos puntos emblemáticos del país, para impulsar la Ley de Envases con Inclusión Social. Diversos referentes del sector cartonero, agrupaciones, organizaciones y militantes socioambientales acompañaron la presentación del proyecto que obliga al sistema privado a responsabilizarse por el ciclo de vida de los envases que inserta en el mercado y otorga mejoras en las condiciones laborales de los recuperadores de residuos. Encabezados por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR), organizaciones socioambientales como Jóvenes X el Clima, Eco House, y también el Movimiento de Trabajadores Excluidos, hicieron uso del espacio dispuesto para dar a conocer distintas consignas vinculadas.
La legislación tiene sus motivos: en Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados. Los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.
“Esta jornada de lucha es para que todos vean la realidad de los trabajadores recuperadores. Trajimos gran parte de nuestros residuos para mostrar lo mejor posible el trabajo diario de los compañeros, para visibilizar lo que cargan en la calle, la clasificación a mano cuando falta la maquinaria, mostrar cómo trabajan aquellos compañeros que lo hacen a la intemperie”, dijo a ANCCOM, Leonor Larraburu, presidenta y vocera de la Cooperativa 18 de abril.
¿Dónde van nuestros residuos?
En el país, cada persona genera 1,15 kilos de residuos por día. Eso equivale a 50 mil toneladas de residuos diarios, alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. Actualmente, alrededor de un 35% de los residuos se dispone en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición final irregular. Estos espacios son la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de seguridad. No cuentan con el sustento necesario para realizar su trabajo, debido a la falta de maquinaria, infraestructura, elementos de protección y seguridad personal necesarios.
Las áreas de disposición de residuos tienen sus suelos contaminados, emiten gases de efecto invernadero y demás sustancias tóxicas, aumentando la concentración de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cromo o el cadmio que contribuyen al avance del cambio climático. Adicionalmente presentan un riesgo elevado para la salud de aquellas personas que residen en los centros urbanos próximos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de plástico se filtran en el océano cada año, lo que provoca, la formación de “islas de basura” y entre otros daños, la muerte de 100 mil especies marinas.
¿Qué dice la Ley de Envases?
Primordialmente plantea como problemática el impacto ambiental negativo del ciclo de vida de los envases -producción, transporte, consumo y recolección-,más aún cuando no está regulada su gestión. El proyecto legislativo se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos en el mercado nacional y los envases post consumo.
La Ley tiene cinco objetivos principales. En primera instancia, reconocer e incluir a los trabajadores recicladores en los sistemas de gestión integral de residuos, garantizando condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. En segundo lugar, declarar a los sistemas de gestión de envases como servicios públicos esenciales.
“Nosotros inventamos este trabajo a fuerza de pulmón- afirmó la presidenta de la Cooperativa 18 de abril- y hoy en día tenemos todo lo que tenemos por la incansable lucha que llevamos. Y ¿qué mejor que la Ley de Envases para que nos reconozcan como parte esencial de la industria?”
El tercer objetivo es promover la responsabilidad del sector privado en la gestión ambiental de envases, ligado al cuarto objetivo de reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables. Sumado a esto, el proyecto incluye el implemento de incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos con mayor grado de reciclabilidad. Y por último, prevenir y minimizar el impacto que ocasionan los envases sobre el ambiente y la salud de las personas.
¿Por qué es importante la Ley de Envases con Inclusión Social?
El mayor impacto es social. La ley impactará de lleno en la creación de nuevos puestos de trabajo. La recaudación de las tasas ambientales para los productores y empresas, que no se hacen cargo de los residuos que generan, se destinaría a un Sistema de Reciclado con inclusión social, que posibilitará la recuperación de los envases para su uso industrial. Esto fortalece directamente los Sistemas Locales de Gestión de Residuos, lo que garantiza la generación de trabajos calificados en la recolección, clasificación y acondicionamiento de los materiales reciclables.Se estima que cada $1000 millones de pesos recaudados mediante la disposición, se garantizarán 1340 puestos de trabajo.
Con el Acuerdo de Escazú, Argentina se posicionó como pionera en materia de derechos ambientales en la región y ratificó así su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de implementar políticas públicas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Una norma como esta que contempla la Responsabilidad Extendida al Productor (REP) impactaría de forma positiva, se lograría aumentar la reciclabilidad de los envases, y su correcta disposición, evitando que estos lleguen a ríos, mares y océanos. Representa la posibilidad de llevar adelante un Estado con políticas activas acompañadas de una agenda ambiental fundamental.
“No solo se trata de los trabajadores recuperadores, no queremos ser primicia. Se trata también del medio ambiente, estamos en medio de un colapso ambiental.-explica Leonor- Por eso es sumamente importante que todos nos sumemos para que esta ley salga, porque si no ¿qué mundo le dejamos a las generaciones que vienen?”
La situación de los manteros en la ciudad de Buenos Aires está complicada, aunque en verdad siempre lo estuvo. En el contexto de pandemia todo se intensifica y problematiza. Después de un año y tres meses del anuncio de la cuarentena, las dificultades que tienen para vender son las mismas y hasta han aumentado. Sin ánimos ni esperanzas de recibir una solución, cientos de personas se ven obligadas diariamente a tender su manta sobre las veredas de barrios como Once para recaudar lo necesario para cubrir gastos diarios y mantener a sus familias.
Los manteros debieron cancelar su actividad durante buena parte del año pasado al quedarse en sus casas, situación que se repitió en abril y mayo pasado. “Hubo nueve días que no pudimos trabajar, no pudimos venir directamente. Volvimos con miedo de que la policía nos saque todo. Por eso vinimos con poca mercadería”, cuenta resignada Mariana Belozo de 25 años, vendedora de zapatillas en Once. Su testimonio desnuda gran parte de las problemáticas que deben afrontar, además de un esfuerzo constante por trabajar y un contexto que no ayuda.
La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.
En estado de desesperación por perder su fuente de trabajo y toda oportunidad que tenía, Malick insultó a los oficiales y estos además de secuestrarle todas sus pertenencias lo llevaron a la comisaría. “Vienen y te empiezan a levantar las cosas como si fueran los dueños, se quedaron con toda mi inversión, ese era mi trabajo. Les pregunté dónde tenía que ir a buscarlo y me dijeron que no me lo van a devolver. Estaba enojado, los insulté y no me arrepiento. Me costó mucho tiempo volver a recuperarme”, cuenta.
Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.
Otra disputa e inconveniente frecuente es con los comerciantes locatarios, que en muchas ocasiones amenazan a los vendedores con denunciarlos y echarlos de lo que ellos consideran “su parte de vereda”. Hasta suelen cobrar “renta”, “alquiler” o “cuidado” del metro cuadrado de vereda para que el mantero coloque sus productos.
Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.
Rosa, vendedora de ropa infantil hace más de 10 años en la zona, cuenta que en 2017 hubo una única propuesta a manteros por parte del Gobierno de la Ciudad para moverse al predio sobre Juan Domingo Perón y Bolougne Sur Mer. El mismo funcionaría como feria. La propuesta consistía sólo en brindar un lugar, sin puestos armados, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin baños, sin ningún tipo de infraestructura para el comercio. Además, el predio era demasiado pequeño para la cantidad de manteros que tiene la ciudad de Buenos Aires, por lo que era imposible mudar a todos los vendedores.
Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien, no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.
“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.
Uno de los primeros estudios que busca alertar sobre el avance de las extremas derechas en el país fue realizado por el equipo de Incidencia Política de FUSA AC, una asociación civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales. El proyecto tiene como objetivo identificar los “formatos discursivos y fórmulas retóricas de los argumentos usados por actores conservadores/antiderechos que, desde distintas inscripciones políticas, predominan en la escena local”.
El trabajo contó con la colaboración de la socióloga feminista María Alicia Gutiérrez quien, en diálogo con ANCCOM, afirma que no se trata de algo nuevo, sino que existe hace años a nivel regional y mundial: “Se pueden rastrear desde los años setenta, tienen un impacto fuerte en la década del noventa y, en los últimos diez años cambiaron algunas claves a partir de la aparición pública de los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, gobiernos progresistas en algunos lugares del mundo y la revolución 2.0 que les permitió usar estrategias de difusión alternativas”.
En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.
El movimiento es encabezado por la Iglesia católica, pero ha ido generando alianzas con sectores del protestantismo, del islam y, más recientemente, con grupos laicos para sentar bases ecuménicas. Todas las presiones que ejercen son posibles gracias a los recursoseconómicos con los que cuentan, una diferencia sustancial respecto a cualquier otra organización social.
“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.
En los noventa, mientras la Iglesia católica opera en el espacio de poder del Estado, los evangélicos empiezan a resolver las necesidades en el territorio. También emerge el laicado conservador, que da impulso a nuevas estrategias, como el intento de desarticulación y resignificación de los derechos humanos, sin decir nunca que están lisa y llanamente en contra de ellos. Por caso, el derecho a la vida lo traducen en “las dos vidas”. Según Gutiérrez, en los últimos años evitan el lenguaje religioso y se sustentan en su concepción de la ciencia y del derecho. Todo lo que se encuentra por fuera lo califican, despectivamente, como “ideología”. Un referente actual es Agustín Laje, politólogo cordobés e influencer que ataca las posturas feministas asociándolas, en sus críticas, a una difusa «ideología de género».
Personajes como Laje ganan seguidores en las redes. Pablo Stefanoni, autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), destaca: “Hay un sector de la juventud que se siente atraído por las derechas alternativas que aparecen como transgresoras y hablan el discurso de las redes sociales: el trolleo, el meme”.
En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.
En su libro, escrito en pandemia, el autor observa cómo el coronavirus alimentó teorías conspirativas y protestas contra el aislamiento y las vacunas. La incertidumbre genera un contexto propicio para que las extremas derechas alrededor del mundo hagan uso eficiente de tecnologíasparadetectartemores.
Distintos grupos componen el amplio espectro de esta nueva derecha. “Tienen algunos puntos en común en la argumentación –explica Gutiérrez–: se autodenominan antisistema, los de la incorrección política, porque dicen que la democracia no puede resolver la pobreza dado que son regímenes tomados por los ´nuevos revolucionarios´ como los feminismos, movimientos LGTBQI+ y el marxismo cultural”.
En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.
La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.
Otro latiguillo es el “marxismo cultural”, que según denuncian los alt-right, se inserta en el espectáculo, las instituciones educativas y en espacios de reivindicación de derechos para las minorías. Argumentan que la izquierda obtuvo su victoria cultural y que ellos están dispuestos a enfrentarla. “Es una idea de justificar el anticomunismo zombie de hoy, ven comunismo donde no hay comunistas”, remarca Stefanoni. Tales ámbitos, donde los movimientos denuncian el predominio del marxismo cultural, “poco tienen que ver con la izquierda”, agrega. En verdad, es sólo un intento para fortalecer el antiprogresismo.
En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestracomunidadinterpretativanoesinfinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.
Gutiérrez sostiene que hay que hacerse cargo del debate desde todos los ámbitos: la academia, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos: “Hay que estar atentos sin dar lugar al pánico ni más presencia de la que tienen. No se puede decir que es pura bizarreada, tienen muchos seguidores en las redes, lugar en la televisión y mientras los ridiculizamos ellos operan”. Y concluye: “Lo que ellos tomaron interesante es la noción de libertad. Se la apropiaron porque está abandonada del otro lado, en el debate igualdad-libertad, la izquierda política y teórica denostó la libertad en tanto concepto profundamente liberal. Hay que retomarlo”.
El gobierno nacional anunció la distribución de computadoras a alumnos secundarios dentro del Plan Federal Juana Manso a partir de julio. Las máquinas tendrán Huayra 5.0, un sistema operativo libre que no requiere pago de licencias y permite adaptar el software a las necesidades de la comunidad educativa. El plan federal educativo desarrollado por el Ministerio de Educación de la Nación, lanzado en agosto de 2020, se complementa con los ministerios de educación de las provincias y Educ.ar, sociedad del Estado. 
Desde el Ministerio de Educación destacan la importancia del uso de software libre en el marco de los usos educativos ya que “la tecnología no es un espacio neutral”, como explica Serra. “Usar software libre en educación tiene múltiples aristas, entre ellas soberanía tecnológica y pedagógica. En este marco, es importante que sea el Estado quien decida qué herramientas usas y no las corporaciones”, indicó Javier Castrillo, coordinador del equipo que desarrolla Huayra: “Permite que el Estado, junto a otras políticas de desarrollo, oriente la capacitación y participación de la comunidad educativa”.
