¿Cuál es el precio que pagamos por la devastación de nuestra tierra? Existen múltiples ejemplos que pueden responder esta pregunta y que siguen sucediendo a lo largo de nuestro país. Pero sólo a 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay un grupo de vecinas y vecinos que hace siete años decidieron formar un colectivo para luchar contra el agronegocio transgénico en ese territorio. El colectivo ecologista llamado Exaltación Salud nació en 2012 en el partido de Exaltación de la Cruz por iniciativa de dos mujeres que gracias a su lucha y a la unión que forjaron junto a sus vecinos, lograron visibilizar la problemática del agronegocio que acecha a la zona hace tiempo.
El 11 de marzo de 2019 hubo una fumigación sobre unas escuelas de esta localidad de la provincia de Buenos Aires, que derivó en una ordenanza que prohibió definitivamente las fumigaciones aéreas. Fueron las escuelas de Educación Primaria Nº 4 y de Educación Secundaria Técnica Nº1, situadas en Parada Robles, sobre el km 78 de la Ruta 8, las afectadas por una avioneta que durante varias horas y en horario escolar con estudiantes dentro, las fumigó junto a los campos linderos. Varios docentes y alumnos debieron recurrir a la inmediata asistencia médica por sufrir las consecuencias del veneno esparcido. A raíz de lo ocurrido debieron suspender las clases por dos días.
Dos meses después de este hecho, vecinas integrantes de Exaltación Salud realizaron una encuesta en los barrios de San José y Esperanza, pertenecientes al partido de Exaltación de la Cruz, que arrojó datos de la existencia de problemas de salud relacionados al uso del glifosato. En sólo estos dos barrios de 30 manzanas (280 casas) se encontraron 50 casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. También descubrieron que en 94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo. Si bien los datos no son oficiales, porque fueron las vecinas quienes los tomaron haciendo el relevamiento de casa en casa, los testimonios de los vecinos coinciden con lo expuesto.
Gabriela, mamá de Ana, una de las adolescentes víctimas de cáncer en Exaltación de la Cruz.
En las últimas dos décadas, el 80% de ese territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por las soja transgénica. Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agrotóxicos en el país, según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. Según datos de la industria, en Argentina se aplican de 12 a 15 litros de glifosato por hectárea, mientras que por ejemplo en Estados Unidos se emplea la mitad. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante: Argentina es el país que más glifosato utiliza por persona en todo el mundo.
Anabel Pomar, periodista y vecina de Exaltación, cuenta que en 2012 el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía fumigar a menos de 150 metros de las casas y a menos de 300 de las escuelas, pero la norma no fue reglamentada por siete años.
En 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas asistían a la escuela fumigada y la tercera vivía enfrente. Las fumigaciones nunca pararon, pero mientras las pulverizaciones crecían, también lo hacían las denuncias de los vecinos. Patricia Benitez, farmacéutica y una de las integrantes de Exaltación Salud, consiguió que la Justicia le otorgue un amparo que prohíba las fumigaciones a menos de 1.000 metros de dónde vive. Sin embargo apeló el fallo porque, según explica, su objetivo no era obtener la medida para ella sola sino para el bien común de todas las personas y el medio ambiente. El Poder Judicial aceptó su apelación.
Argentina es el país que más glifosato usa por habitante en el mundo.
Gracias a Benitez y a otras personas que se sumaron a la causa, en 2019 se consiguió un amparo que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros de distancia, incluyendo las zonas urbanas, rurales y las escuelas. Ese mismo año, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal estableció, a través del Ministerio de Agroindustria, la resolución 246 que permite el uso irrestricto del glifosato y otros agrotóxicos cerca de zonas habitadas y escuelas. Si bien el nuevo gobernador bonaerense, Axel Kicilof, suspendió la entrada en vigencia de la resolución y en mayo de este año prolongó el veto vigente a dicha norma, es necesaria su derogación definitiva. Mientras tanto, el vacío legal existente es aprovechado por los fumigadores para seguir aplicando agrotóxicos. El 3 de marzo pasado, en la localidad de Pergamino, un avión fumigador sobrevoló la escuela N°37. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia normativa y cada municipio su propia regulación local.
Un modelo de exclusión social
Hay algo que a inquieta a las nuevas generaciones: el ambiente está siendo devastado. Y desde múltiples frentes (agentes políticos y sociales, tanto el sector público como el privado) atacan contra el cuidado y la preservación del mismo. Nos preguntamos qué es lo que despierta a algunos a dar a conocer, alzar la voz de lo que está sucediendo con nuestro suelo. Desde nuestra experiencia, decidimos contar una historia, que engloba a una comunidad y está repleta de subjetividades, pero sabemos que esta problemática está presente en gran parte de nuestro país y trasciende fronteras.
Desde la década de los 90, el agronegocio local se convirtió en un modelo de producción dependiente de los pesticidas altamente contaminantes. Progresivamente, Argentina fue cediendo lugar a la utilización de agrotóxicos y a semillas transgénicas resistentes a estos herbicidas y plaguicidas. En nuestro país no existe un marco legal que regule la utilización de estos productos en el país. Tampoco hay estadísticas oficiales que muestren el uso de estos químicos en estas tierras, las únicas cifras provienen del sector privado. Es decir, para el Estado argentino el suelo tiene un precio, y es la consolidación de esta correlación entre contaminación, insalubridad, pérdida de la soberanía alimentaria, desigual distribución de la riqueza y exclusión social, que se ha convertido en política de Estado.