Nov 8, 2019 | Novedades, Trabajo
Aún resonaba el impacto del fallo que condenó a cinco trabajadores de la línea 60 a dos años de prisión en suspenso por una medida de fuerza llevada adelante en 2015 cuando se dio a conocer la noticia: la Secretaría de Gestión de Transporte dictaba un nuevo recorte del servicio, que pasará de tener 19 ramales a tan sólo 8. Sucedió el pasado viernes 1 de noviembre e, inmediatamente, los trabajadores declararon el paro total de actividades. Esa misma noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y el servicio fue reanudado. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.
La resolución 152/2019 dictamina la reestructuración del trazado de la línea con el fin de adecuarlo “al diseño y necesidades actuales del sistema de transporte público” e implica la supresión de tres recorridos y distintas fusiones entre los restantes. El resultado es el siguiente: tan sólo dos ramales saldrán de Barracas -al sur de la Capital Federal- y llegarán hasta San Isidro y Rincón de Milberg, respectivamente, mientras que aquellos servicios provenientes de Escobar -en la zona norte del conurbano bonaerense- terminarán su trayecto en Barrancas de Belgrano y Plaza Italia. La línea 60, de esta manera, quedará partida en dos.
“Para hacer el recorrido completo, un pasajero deberá abonar dos pasajes en vez de uno, teniendo en cuenta que tampoco accede al beneficio de la tarjeta SUBE porque está dentro de la misma línea”, advierte Sebastián Menconi, delegado en la cabecera de Barracas, y agrega: “Además, por la fusión de los ramales, se está dejando a barrios enteros sin servicio en la zona norte. Barrios sobre todo humildes y de trabajadores como son la zona de Las Tunas o la de Los Troncos en Pacheco”.
La actual medida se ampara en los puntos esbozados a partir de la resolución 137/2018, también de la Secretaría de Gestión de Transporte, en la que se delinean los procedimientos para la modificación de los recorridos de las líneas de colectivo. En los considerandos, se hace hincapié en la necesidad de “generar mecanismos que permitan lograr mayor eficiencia en la gestión empresaria, a través de la búsqueda de la racionalidad, la adecuación de la oferta a la demanda, la disminución de los costos de explotación[…] sin que ello redunde negativamente en la calidad [de los servicios existentes]”. En el caso de la línea 60, se estaría priorizando el interés económico muy por encima del derecho de los usuarios.
En diferentes entrevistas, Julio Marcelo Pasciuto -presidente de MONSA, prestadora del servicio-, utilizó esos mismos argumentos para justificar la modificación en los trayectos: “lo que se trata de hacer —dijo— es adaptar los recorridos a la demanda. El viaje entre Escobar y Barracas dura tres horas y la verdad es que nadie lo hace”. También alegó que estos cambios traerían una mejora a los pasajeros “porque podrán hacer transbordo con otras líneas” y así ahorrar tiempo.
Héctor Cáceres -también delegado en Barracas- sostiene que, al contrario de lo que opina el presidente de la firma, la baja en la demanda se debe a la pauperización del servicio. “Antes los subsidios que venían desde el Estado eran por unidad de transporte. Ellos hacían abuso de esto no sacando los colectivos a laburar. Nosotros hicimos la denuncia ante el ente regulador y al Ministerio de Trabajo, porque eso nos iba a traer un perjuicio a la larga con la pérdida de pasajeros. De los 250.000 usuarios diarios que manejábamos, en este momento quedan un poco más de 90.000”, explica y prosigue: “Con este gobierno, cambió el sistema. El subsidio entra según la cantidad de boletos vendidos, que ya venían reduciéndose. Entonces, en vez de recuperar los pasajeros perdidos, lo que quieren hacer es seguir achicando aún más la línea”. En efecto, según los trabajadores, la frecuencia del servicio, que solía ser de un minuto en Capital, ahora es de entre 5 y 6 minutos.
En otra de sus declaraciones, Pasciuto se refirió a la necesidad de hacer “competitiva” la línea, ya que actualmente era “deficitaria”. Sin embargo, el grupo DOTA -propietaria de MONSA- adquirió en septiembre la ex-línea 165 y sigue afianzándose como el grupo empresarial más poderoso del Área Metropolitana de Buenos Aires en el transporte automotor de pasajeros, con el control del 46% de las líneas de colectivos.
En todas ellas, impone sus políticas de austeridad financiera. “Lo que ellos llaman ‘adaptar las líneas’, nosotros lo llamamos desguace. Es lo que ya vimos que hicieron en empresas como General Tomás Guido -líneas 25, 84, entre otras- y San Vicente -sur del conurbano bonaerense-, donde sacaron recorridos por completo y recortaron otros”, ejemplifica Menconi.
Desde el arribo del grupo DOTA a la línea 60 en 2010, el personal se redujo de 1.450 trabajadores a poco más de 900. “Se fueron por jubilación o retiro voluntario y no repusieron esos choferes”, cuenta Menconi. Los empleados sostienen que el recorte de ramales recientemente anunciado podría implicar otro proceso de reducción, particularmente en la cabecera de Barracas, de la que empezarán a salir sólo dos servicios de los once que eran hasta ahora.
“Son funcionarios salientes, les quedan pocos días. No tienen autoridad como para definir esto en detrimento de miles de pasajeros”, denuncia Cáceres. Se refiere a Héctor Guillermo Krantzer, secretario de Gestión de Transporte, y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Ambos son los principales apuntados en los comunicados que divulgan los trabajadores de la línea 60: “Este gobierno, que acaba de perder las elecciones, aprovecha sus últimos días para arrasar con todo lo que pueda en beneficio de sus empresarios amigos. Desde el Cuerpo de Delegados manifestamos que no dudaremos en denunciar a Krantzer por mal desempeño en sus funciones”. Éste último es Ingeniero Civil con orientación en Transportes. En sus anteriores pasos por la función pública, se desempeñó como director de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) durante la presidencia de Carlos Menem y como director general de Transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
“Nos vamos a mantener en estado de asamblea permanente para decidir entre todos los trabajadores los pasos a seguir. En los próximos días anunciaremos, una vez finalizada la conciliación obligatoria (finaliza el viernes 15), cuáles son las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante para defender la fuente laboral de las 300 familias que trabajan en la cabecera de Barracas y para mantener un servicio público de calidad”, finaliza Menconi.
Por lo pronto, este lunes 11 de noviembre a las 10, los trabajadores de la línea 60 marcharán desde el Congreso de la Nación a la Secretaría de Trabajo y para ello convocan a los empleados del transporte, usuarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Nov 7, 2019 | Géneros, Novedades
Desde hace algunas semanas la comunidad trans se hizo eco de un rumor que rápidamente se confirmó: el faltante de tratamientos hormonales y bloqueadores de testosterona era un hecho.
Todo comenzó con un e-mail enviado desde el Ministerio de Desarrollo Social, del cual depende la Secretaría de Salud de la Nación, explicando que una de las empresas proveedoras de la Testosterona 1% en gel -más conocida por su nombre comercial “Androlone”, del Laboratorio Beta S.A.- dejará de ser entregada en centros de salud debido a la devaluación del peso frente al dólar, ya que eso implica pérdidas a los proveedores del Estado.
“Tienen que responder los funcionarios, la verdad es que hoy no se está repartiendo testosterona, y no hay manera de poder garantizarlo porque no apareció nadie en la licitación”, dijo la delegada de ATE de la junta interna de la Secretaría de Salud, Camila Linn.
La lamentable etapa de la salud pública argentina, terminó de evidenciarse cuando en septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri degradó el Ministerio al rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. “La situación es crítica, por todo lo que viene acompañando al insumo, que son las capacitaciones, la presencia en el territorio, la planificación de políticas, la medición de lo que hacemos, y otras cosas que hoy se encuentran truncas o peor, desde que el Ministerio es Secretaría”, según Linn.
La decisión tomada por el gobierno, viola la Ley N°26.743 de Identidad de Género, la cual en su Artículo 11 obliga al Estado a “garantizar el suministro de tratamientos hormonales” y se encuentra vigente desde 2012. “Las hormonas son carísimas, yo me aplico Nebido, una vez cada tres meses y está 3000 pesos y yo sin la ley no podría comprarlas, no tendría alcance” cuenta Federico Piri, varón trans de Zona Sur.
Las múltiples denuncias acerca del desabastecimiento dejaron en evidencia el rol ausente del Estado. La situación obligó a la comunidad trans a reorganizarse para realizar concentraciones y asambleas a lo largo y ancho del país. “Yo milito para A.T.T.T.A (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), nos pudimos juntar entre varios compañeres trans y salimos a la calle a visibilizarnos, a contar a nuestras problemáticas”, describió Federico Piri en diálogo con ANCCOM, señalando el camión de la Asociación estacionado en Plaza de Mayo por la Marcha del Orgullo.
Actualmente hay faltantes en tratamientos de VIH y hormonas, pero también han habido faltantes de preservativos y de vacunas. “Aunque haya leyes como la ley de sida o la ley de identidad de género, lo que estamos reclamando no solo son tratamientos de hormonas, o medicamentos de VIH, estamos reclamando un Sistema de Salud”, denunció el periodista y activista Lucas Gutiérrez, más conocido como Lucas Fauno en las redes sociales.
Uno de los reclamos a viva voz durante la Marcha del Orgullo fue acerca de que “El Estado tiene que producir de manera independiente y dejar de depender de los laboratorios privados”, expresó Mayra Francica, dirigente de la Agrupación LGBTI 1969. Si bien esto parece una alternativa viable, Camila Linn cuenta que “en general las compras son a laboratorios nacionales, pero esto no significa que sean públicas. No hay producción pública de este medicamento, pero sería interesante poder pensar la producción estatal de las hormonas y de todos los medicamentos que consideramos esenciales.”
Diferentes personas que llevan adelante tratamientos hormonales se acercaron a los propios dispositivos de salud y pudieron confirmar que tanto en Gran Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires se niega el acceso a la medicación. En el caso de las mujeres trans, los bloqueadores de testosterona han sido reemplazados por anticonceptivos y hasta diuréticos. Mientras que a los varones trans se encuentran totalmente despojados de la testosterona en gel o inyectable. Esto puede generar grandes consecuencias, ya que al ser un proceso biológico que se lleva a cabo a través de sustancias químicas, su interrupción provoca una gran regresión en los cambios inducidos por las hormonas, tales como la reaparición de la menstruación o una distribución diferente de la grasa. Cualquier tipo de cambio implica una gran inestabilidad emocional, debido al retraso de la transición esperada. Por eso se debe entender que “estos faltantes hablan de un Sistema de Salud en peligro. No solo de nuestras cuerpas, sino de que exigimos un sistema para todo un país”, dijo Fauno.
Las soluciones siguen sin escucharse, los efectos secundarios por la interrupción de los tratamientos comienzan a aparecer, la Secretaría de Salud sigue sin ser un Ministerio, y el Estado sigue sin garantizar la protección y los derechos de sus ciudadanos. Los entrevistados coinciden en que la única esperanza es el cambio de gobierno, pero no se puede esperar tanto cuando se trata de salud, cuerpo e identidad.
Nov 7, 2019 | DDHH, Novedades
Abuelas de Plaza de Mayo pedirá una entrevista con el presidente electo Alberto Fernández para transmitirle sus demandas.
Las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron sus 42 años de lucha en el Teatro San Martín, rodeadas de nietos, nietas y afectos que han cultivado durante más de cuatro décadas de búsqueda. Llegan a este nuevo aniversario con 130 nietos restituidos y el anhelo de seguir encontrando a los y las que faltan.
Entre otros, estuvieron presentes los diputados Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Horacio Pietragalla, y artistas como León Gieco y Raúl Porchetto, quienes oficiaron de público. Los números artísticos estuvieron a cargo de Pedro Rosemblat, Malena Guinzburg y Joan Manuel Serrat. El encuentro estuvo lleno de alegría y satisfacción por los logros alcanzados, aunque las Abuelas saben que esto no termina acá.
Delia Giovanola es una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Luego de 39 años, en noviembre de 2015 pudo recuperar a su nieto Martín, específicamente el 5 de noviembre, exactamente cuatro años antes de esta celebración. Delia recuerda el encuentro con su nieto como una locura de llorar y reír al mismo tiempo, pero lamenta que el proceso de búsqueda no haya sido igual. Su hijo Jorge continúa desaparecido desde el 16 de octubre de 1976 junto a su nuera, embarazada de ocho meses. “Primero inicié la búsqueda de mi hijo y de mi nuera, pensando que a los dos o tres días iban a aparecer. Luego empecé la búsqueda de mi nieto, pasaron 39 años hasta que lo encontré, perdiendo en el camino muchas cosas. Es una historia muy fuerte la que he vivido”, cuenta Delia que define a Abuelas como paridas por las Madres, siendo ella una de las tantas que daban vueltas a la Plaza.
Sobre la situación actual del país, Delia ve una brecha muy profunda. Por este motivo es muy enfática al pedir a las generaciones futuras que tengan memoria: “No podemos olvidar lo que pasó, nosotras pedimos que tengan en cuenta lo ocurrido para que no permitan que vuelva a pasar”. Acepta que tiene miedo, pero no personal, sino de que esta historia tan terrible se repita. Dice que le encanta difundir la búsqueda y la lucha que con las Abuelas llevan adelante, pero remarca el hecho de que nunca buscó ser una Abuela o una Madre de Plaza de Mayo, sino que fue la vida quien la puso ahí. “No sabíamos qué hacer ni cómo buscar, tampoco a quién recurrir, pero estábamos y estamos todas juntas, sin quejarnos. Tengo 93 años, hace 43 que estoy en esto, no sé hacer otra cosa”, concluye.
«Macri fue el único presidente que no nos recibió», denunció Estela de Carlotto.
Estela de Carlotto es la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y mamá de Laura Carlotto, secuestrada y desaparecida estando embarazada el 26 de noviembre de 1977. Luego de 36 años de búsqueda, encontró a su nieto Ignacio Montoya Carlotto, quien en 2014 se presentó voluntariamente en la sede de Abuelas ante la sospecha sobre su verdadera identidad.
Con la lucidez que la caracteriza, Estela también señala su preocupación por el contexto que atraviesa el país. Asegura que se están pasando momentos muy difíciles, pero se muestra esperanzada respecto del proceso de transición política y los resultados de las últimas elecciones: “Alberto Fernández no se va a salvar del pedido que hemos hecho a cada presidente electo desde la vuelta de la democracia. A partir de la toma de poder, los organismos de derechos humanos solicitamos una reunión para hacerles saber qué necesitamos del Estado, el único que no nos recibió fue Macri”.
Carlotto define al macrismo como un gobierno constitucional con rasgos dictatoriales: “Hemos retrocedido mucho -subraya-, es lamentable que siendo un país tan rico haya gente durmiendo en la calle, que los niños y niñas tengan que ir a comer a los merenderos”.
Más allá de los maltratos y ofensas recibidos a lo largo de estos cuatro años, Estela sostiene que pronto formarán parte de un pasado. Si bien sabe que hay cosas que funcionan mal y a destiempo, enfatiza el valor de la democracia, de la libertad de expresión, del derecho humano a una vivienda, a la salud, a la educación, a un empleo con un sueldo digno: “Nuestros hijos hablaban de justicia social, ese es nuestro lema”.
Malena Guinzburg participó del homenaje con un monólogo.
Guillermo Martín Amarilla Molfino es el nieto restituido número 98, hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, secuestrados y desaparecidos desde octubre de 1979. Marcela tenía 27 años y estaba embarazada, aunque nadie lo sabía. Guillermo fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército e identificado en noviembre de 2009.
Define al proceso de restitución de su identidad como muy emotivo por todo lo que conlleva: la verdad y reconstrucción de su propia historia. “Fui restituido por presentación espontánea, tenía dudas y me presenté en Abuelas en el 2007, mi gran pregunta era ¿seré uno de los nietos que están buscando?”. Cuenta que la CONADI abrió un legajo para esclarecer su origen y que luego se realizó un examen de ADN. En diciembre asistió al Banco Nacional de Datos Genéticos y en marzo de 2008 se le informó que no era hijo de desaparecidos. “Me explicaron que mi ADN no coincidía con el de ninguna de las familias de las que integraban el Banco, por lo que muchos familiares de desaparecidos no sabían que sus hijas o nueras estaban embarazadas al momento de desaparecer”.
Pasados dos años, una sobreviviente de Campo de Mayo contó que Marcela estaba embarazada y dio a luz. En su partida de nacimiento figuraba que nació allí, por lo que la CONADI abrió un nuevo legajo para incorporar a las familias Molfino y Amarilla al BNDG, por lo que con sus muestras y los nuevos resultados, Guillermo recuperó su identidad. “Mirando un programa del ciclo Televisión por la Identidad fue que me decidí a buscar. Por eso es importante el trabajo de la institución, sabemos que en un principio Abuelas buscaba bebés, niños, pero luego esos niños fueron creciendo. El abrazo con mis hermanos fue el momento más feliz de mi vida”, recuerda.
Lita Boitano y Taty Almeyda.
Los nietos Leonardo Fosatti y Manuel Goncalves Granada fueron los encargados de conducir el festejo. Durante el evento se proyectó un video sobre la recuperación del ex centro clandestino de detención que tuvo lugar en la Comisaría 5° de La Plata, que actualmente es sede de Abuela La Plata y lleva el nombre de Espacio para la Memoria. Allí se lo pudo ver a Jorge Julio López –aún desaparecido-, lo que provocó que el público se fundiera en aplausos. Leonardo y Manuel contaron que, gracias al testimonio de los sobrevivientes, pudo saberse que por ese centro clandestino pasaron alrededor de 250 hombres, mujeres, niños y niñas; diez de esas mujeres embarazadas y que allí nacieron dos bebés: uno de ellos Leonardo, la otra Ana Libertad Baratti de La Cuadra, también restituida.
Durante el evento se recordaron los mayores logros del año: los dos casos de restitución: Matías, hijo de Elena Mijalchuk y de Juan Manuel Darroux, quien se encontró con sus tíos paternos y todavía busca a sus padres y a su hermano; y la de Marcela, que, como pocas veces sucedió, pudo reencontrarse con su papá y sus hermanos. Los conductores también recordaron los juicios de lesa humanidad en curso, además de pedir que por favor se los acompañe para apoyar a los sobrevivientes.
El humorista Pedro Rosenblat se presentó con un texto: «Somos hijos y nietos de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en una lucha que para nosotros comenzó con Néstor Kirchner». Por su parte, Malena Guinzburg, partícipe de Teatro por la Identidad, interpretó el monólogo “Cómo vencer la duda”, mezclando el humor con la verdadera importancia de encontrar a los nietos y nietas que faltan, quienes pueden estar en cualquier sitio, entre nosotros, sin siquiera saberlo.
El catalán Juan Manuel Serrat cerró el acto con sus tradicionales canciones.
Ya finalizando el evento, Joan Manuel Serrat deleitó con su voz y sus canciones a todo el auditorio. Las Abuelas y sus nietos y nietas subieron al escenario para agradecer el acompañamiento. Con Estela al micrófono, recordaron que seguirán trabajando y buscando a todos los hombres y mujeres que aún viven con su identidad falseada, en cualquier lugar del mundo, porque la lucha sigue. Por último, con Taty Almeida, cerró el acto al grito de «30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre».
Nov 6, 2019 | Culturas, Novedades
Los “espectansales” –mezcla de espectadores y comensales– hacen sus reservas en las redes sociales de Es-cena en barra y al rato reciben un correo con la dirección, la hora y el aviso de que deben ser “puntualísimos” en su cita. Si hurgan un poco en las fotos de Facebook pueden ver el menú, vegetariano para todes.
Los cuatro responsables de esta puesta en escena poco común son Romina Rama (28 años), licenciada en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y dedicada a las terapias alternativas; Fernando Ganino (38), el cocinero del equipo y futuro director teatral de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD); Agustina Groba (26), también egresada de la UNA, profe en un centro cultural para adolescentes y en un centro de jubiladas y pintora, y Santiago Bande (30), fotógrafo y actor.
La idea que le dio vida a la experiencia surgió en una cena con amigos y, de ensayo en ensayo, fue tomando forma. “Esto iba a terminar siendo una varieté más de todas las que hay en Buenos Aires. Pero queríamos hacer un ciclo mensual, del que seríamos los productores, así partimos. Jugando en aquella cena propuse probar el sketch que teníamos pensado para unos pocos invitados, en este tipo de lugar. Llamémoslo ‘Es-cena en barra’», cuenta Fernando.
Al número de Santiago sumaron el que hacían Agustina y Romina y los juntaron. “Los vínculos entre los personajes se fueron dando ahí. Estaban por separado y los fuimos descubriendo en los ensayos”, dice Santiago. Sin spoilear, se puede adelantar que en la obra se cruzan realidad y ficción, con características del espacio y de su historia que forman parte de una propuesta que interactúa con el público.
El objetivo del grupo, más allá de hacer lo que aman, es que los espectansales se vayan con la panza y el alma llenas. “Quiero que salgan sonriendo, que puedan compartir y disfrutar”, explica Romina y Fernando reflexiona: “Me parece que inconscientemente tocamos un montón de puntos sensibles, y eso no fue buscado sino que apareció. A veces, al no buscar las cosas, se puede mostrar más”. Según Agustina, al armar un tipo de experiencia nueva, y además haciéndolo de manera espontánea, sin una guía previa que les señalara por dónde ir, las primeras veces recibieron devoluciones muy emotivas en el momento. “Veíamos a la gente muy movilizada. Es hermoso lo que se vive a la par”, afirma.
Hacer arte en época de crisis no es fácil, menos con un proyecto autogestivo como el de Es-cena en barra, pero los cuatro amigos perseveran manteniendo el precio de las entradas e invitando a quien pueda y lo desee a hacer un aporte adicional. “Desde nosotres tenemos ganas de que esa crisis sea potenciadora, vamos para adelante, damos todo –asegura Romina–. Y además de divertimos tocamos fibras profundas, las que están arriba, en el medio y más abajo. En cada función no sabemos con qué nos vamos a encontrar, en una surgió el tema del aborto y se armó un clima que nos mostró que está todo muy vivo”.
Nov 5, 2019 | Novedades, Trabajo
Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.
El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.
“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias.
A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”.
El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido. Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta.
Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.
Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.
El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta.
De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.
El transporte como negocio
El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.
En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.
Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.
Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.
“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.
Oct 30, 2019 | Comunidad, Novedades
El Isauro Arancibia cobija a 400 niños y adultos en situación de calle y con otros derechos vulnerados.
Es miércoles y la escuela Isauro Arancibia de San Telmo -fundada en 1998, como respuesta a la necesidad de educar a niños y adultos en situación de calle- está envuelta en franjas plásticas gigantes que advierten: «El Isauro está en peligro». En la puerta, los estudiantes ofrecen una merienda y estampan pañuelos que dicen “Isauro: una escuela pública con historia y con lucha” a quienes se suman al acto público. Uno de ellos canta en el escenario: “Soy de la ciudad, con todo lo que ves, su ruido, su gente, pero sigo creciendo”. La comunidad propone desde el espacio público una “intervención artística por la intervención”.
“Para el Gobierno -cuenta Susana Reyes, directora del establecimiento- el director es un referente institucional. Ese cargo en toda escuela pública se concursa por estatuto docente; no se es director porque al ministro se le ocurre que alguien tiene venir a ver qué pasa en el Isauro. El interventor vino hace un mes con un decreto y le dijimos “¡No podés entrar!”. Se fue y no volvió, pero no sabemos qué va a pasar porque la designación está hecha”.
Lila Wolman, responsable institucional, dice: “No necesitamos un interventor. No existe en el escalafón docente la figura de interventor ni coordinador. ¡Nos rompemos la cabeza pensando cómo garantizar de la mejor manera posible el derecho a la educación cuando el Estado debería hacerlo. Y es el Estado el que nos pone los obstáculos! Es un ataque a un proyecto educativo orientado a 400 niños y adultos con sus derechos vulnerados. ¿Por qué no se ocupan de conseguir los cargos docentes de los profesores ad honorem, o mandarnos material didáctico? Son cosas que pedimos hace años”. Y continúa: “Nos están desconociendo. Damos títulos certificados de primaria y los de secundaria vía plan FINES. Ya desfinanciaron el FINES de la Universidad de Avellaneda y tuvimos que articular con otros centros para certificar y evitar el cierre. Desde entonces, los profesores más que trabajadores son militantes”.
Para Reyes es parte del recorte de la educación pública y el cierre de programas, y agrega: “El edificio es del Ministerio pero lo conseguimos tras una larga lucha con los sindicatos para que (el ex ministro de Educación Esteban) Bullrich nos lo conceda. Ahora quieren que nos vayamos y hacer de San Telmo un polo turístico. Un día volvimos a clase y encontramos la parte delantera sin techo, y con las cosas mojadas en otro edificio, entre las cuales por ahí está la única foto de un chico con su mamá y que guarda acá para tenerla a salvo porque es el único lugar que tiene”.
Lila Wolman, responsable institucional, y Susana Reyes, fundadora del proyecto hace 21 años.
Wolman cuenta que cuando llegaron al nuevo edificio, ya habían incorporado programas del Gobierno de la Ciudad tales como Formación Profesional o Formación para Adultos en el mismo espacio pero sin articulación a la labor del centro. “Ya nos vienen corriendo -cuenta Carla Campos, una de las maestras del actual jardín-. Acá al lado funcionaba un Centro de Asistencia a Niños y Adolescentes. Los movieron al área debajo del puente y construyeron este edificio gigante del banco Santander Río”.
“Quieren cerrar el jardín y poner otro para chicos que vienen de ‘casas’”, dice un estudiante de primaria para adultos. El jardín actual depende del Programa de Primera Infancia del Gobierno de la Ciudad y el nuevo dependería de la Dirección de Educación Inicial. “La directora del área nos notificó que en marzo el jardín no va a existir más -explica Campos-. Estamos desinformados y no sabemos qué va a pasar. Quieren quebrar el proyecto. Están haciendo campaña política diciendo se va a abrir una escuela nueva pero es un engaño, van a cerrar un espacio pedagógico y político. No se dan una idea del impacto que tiene el Isauro en este sujeto pedagógico que vive sus derechos vulnerados cada día”. El jardín que el Gobierno decidió abrir, avasallando el actual que se encuentra en funcionamiento, es diferente, según la docente del Nivel Inicial: “No da lo mismo, nosotros si bien tenemos un horario, por más que falten un mes, los recibimos igual. Si no tienen DNI o si vienen descalzos, los recibimos igual, y se pueden inscribir durante todo el año. Queremos que proyecten su futuro y se sientan deseados, de forma amorosa, no moralizante”.
“No nos pasa sólo a nosotros. El plan de lucha comprende también al Polo Mugica, la Escuela Técnica de Barracas y otras escuelas -cuenta Wolman-”. Para la directora del Isauro: “Les molesta que tengamos tanta raíz, que le demos la voz a la población que quieren invisibilizar. Quieren construir encima un proyecto totalmente diferente, que no desobedezca. No nos vamos a ir: esta es nuestra escuela. El neoliberalismo quiere hacerles creer a los pibes en situación de calle que sus derechos son vulnerados porque ‘son unos inútiles’. Mientras, ellos van al Ministerio a hacerse escuchar, hacen radio, escriben, cantan y saben quiénes son. Esa es la lucha que ya ganamos. ¡Que nos sigan dando motivos para hacer más proyectos!”.
Además de la escuela, en el Centro Educativo funciona una panadería y otros talleres de oficios.
El Isauro Arancibia es un proyecto más amplio que una escuela que funciona desde hace 21 años. Antes de tener edificio propio, sus primeros alumnos, unos jóvenes que vivían en la estación de Constitución, asistían a clases de dos horas en aulas de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hoy y en este edificio, en el esfuerzo por garantizar una educación, el centro propone que los estudiantes construyan su propio proyecto de vida en comunidad y que aprendan a defender sus derechos. Su modelo se basa en la pedagogía popular, y a los 400 estudiantes se les enseña en el aula con parejas pedagógicas y adaptando la exigencia al acompañamiento de la situación particular de cada uno. “El jardín ayuda a construir el rol paterno, materno o familiar de los niños en situación de calle, y la primaria pone a los adultos en el lugar de estudiantes que nunca fueron”, dice Wolman. En el Centro de Educación Popular funciona un jardín maternal, la primaria para niños y la de adultos, y la secundaria. Algunas áreas con las que cuentan son los talleres de oficio y trabajo, en los que editan la revista Isauro y llevan adelante una panadería propia, entre otros emprendimientos. También, hay talleres de expresión y arte, y un equipo de apoyo conformado por trabajadores sociales y acompañantes. Además, articulan con centros culturales y programas sociales gubernamentales y obtienen financiamiento de terceros tras organizarse como Asociación Civil.
