“Mendoza es hija del agua”

“Mendoza es hija del agua”

Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.

Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.

A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.

Historial criminalizador

Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.

“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.

Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).

En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.

Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.

Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

En un nuevo aniversario de la masacre del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen reclamando “una justicia verdadera, no a medias”. Los dueños del taller continúan impunes.

El 30 de marzo de 2006, en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito, un incendio causó la muerte de seis personas: Juana Vilca (25, embarazada); Wilfredo Quispe (15); Elías Carbajal (10); Rodrigo Carbajal (4); Luis Quispe (4), y Harry Rodríguez (3). Todas ellas, reducidas a trabajo esclavo y servidumbre por sus empleadores, sobreexplotadas y en condiciones ambientales inhumanas

Hasta hoy, sus familiares y los sobrevivientes reclaman justicia por las víctimas, que trabajaban y malvivían allí. Eran 65 personas en total, en un espacio que no contaba con ninguna medida de seguridad ante posibles accidentes, tampoco ventilaciones adecuadas, ni mucho menos una adecuada infraestructura para albergarlos.

A 19 años del hecho, realizaron un homenaje y reafirmaron el pedido de justicia en las puertas del ex taller textil clandestino, cuyos propietarios eran Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes por entonces contrataban mano de obra calificada, la mayoría de nacionalidad boliviana, principalmente de pueblos indígenas como quechuas y aimaras que casi no hablaban el español, y que aceptaban pensando que los esperaba un trabajo digno y que les daría un mejor bienestar.

“Los dueños daban las instrucciones de coordinación de su taller textil a sus dos capataces, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, y estos reclutaban a personas migrantes muy necesitadas haciéndolas trabajar jornadas laborales muy intensas, sin beneficios laborales y reducidas al trabajo esclavo, mientras los empresarios hacían la vista gorda de todo lo que sucedía en el taller”, recuerda Lourdes Hidalgo, trabajadora y sobreviviente de la tragedia, en diálogo con ANCCOM.

“Todos sabían lo que sucedía en el taller –prosigue–, tanto funcionarios del Gobierno de la Ciudad como policías. Unos y otros venían, se llevaban ropa en cantidad, los policías cargaban los patrulleros con prendas, nos pedían de sus talles, y ellos veían como trabajábamos, como el lugar no contaba con la debida seguridad”.

“Había muchos cables colgados, comíamos sobre nuestra máquina de coser y muchas veces nos dormíamos sentados porque trabajábamos entre 16 y 18 horitas diarias. No había habitaciones, sólo separaciones que hacíamos con plásticos y cartones. Casi no veíamos la luz del sol, vivíamos manchados de azul por el color de las prendas de jean, y lo peor que para bañarnos contábamos con un solo baño con una ducha muy precaria, que había que hacer una fila de dos horas por la madrugada. Estábamos en condiciones extremas de servidumbre por esos empresarios que se abusaban de nuestra necesidad, pagándonos cada tres meses, todos corruptos y sinvergüenzas. Por eso pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”, afirma Hidalgo.

En ese año, 2019, en una asamblea abierta familiares y sobrevivientes, se formó la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale, para sostener el pedido de justicia y presentar un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad y al Congreso de la Nación para que el predio sea declarado un lugar de conmemoración a las víctimas, que no serían tales si las autoridades hubieran cumplido las tareas de inspección correspondientes. Hasta el momento no han tenido respuestas. Para completar el círculo de impunidad, en 2022 el poder judicial restituyó el edificio a sus dueños, quienes hoy lo tienen en venta.

Integrante de la Comisión y de la organización Simbiosis Cultural, de la colectividad boliviana, Juan Manuel Charcas reflexiona: “Lo que el incendio de Luis Viale y los talleres clandestinos tienen en común es que surgen a partir de la necesidad de prosperar. Muchos compatriotas bolivianos venían a la Argentina para lograr ‘el sueño boliviano de los 90’: casas, dos autos, la morenada –baile folclórico emblema de la pujante élite aimara–, porque si quieres bailar en la morenada tienes que tener platita, el anhelo de ser tu propio jefe o de alguien más”.

“Así –continúa–, aceptaban la explotación inicial, para luego terminar por explotar al mismo compatriota, o dejando que los exploten otros patrones del mismo rubro, pero ya siendo empleado y no teniendo la paga en tiempo y forma cambia tu manera de pensar y terminas siendo explotado, reducido sin querer al trabajo de servidumbre. La única forma de cambiar esto es verte desde afuera, sabiendo que estás adentro”.

Sobrevivientes, familiares y miembros de la Comisión exigen una justicia verdadera, no a medias, ya que consideran que los dueños también deberían ser condenados por su responsabilidad como empresarios y además propietarios del inmueble.

“Fuego y muertes alumbran el trabajo textil de Luis Viale –subraya Lourdes Hidalgo–. La sociedad tiene que conocer este hecho y tomar conciencia de cómo surge la ropa barata que llevan puestas, y que detrás de esa ropa están las tristezas, carencias, sueños frustrados y la explotación de muchos trabajadores textiles, inclusive niños, que son víctimas de la trata de personas y el trabajo esclavo. Queremos ver presos y no que anden sueltos por ahí los dueños del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Ni olvido ni perdón”.

Gobernar sin Ley de Presupuesto y el deterioro institucional

Gobernar sin Ley de Presupuesto y el deterioro institucional

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia impulsa modificaciones en la normativa para evitar que el Poder Ejecutivo impida discutir en el Congreso el presupuesto y utilizar así los recursos nacionales con total discrecionalidad, tal como lo hace el gobierno de Milei.

El último presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue el correspondiente a 2023, discutido durante 2022 y sancionado a finales de ese año, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo ya encabezado por Javier Milei lo prorrogó en 2025 por segundo año consecutivo. En ocasiones anteriores se ha utilizado este mecanismo aunque nunca por dos periodos consecutivos. ¿Qué consecuencias concretas trae esta situación inédita? Entre otras, implica el atraso en las partidas que no tienen actualización por inflación y una discrecionalidad por parte del gobierno en el uso de los recursos.

Sofía Pasquini, abogada y miembro de la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que hay una situación de avasallamiento constante de los mecanismos constitucionales: “Es el gobierno diciendo ‘a mí no me interesa negociar con el Congreso, voy a hacer lo que quiera, a disponer del presupuesto y del funcionamiento de las instituciones como quiera’.” Esto empieza a hacer ruido en la vida cotidiana porque no es un hecho aislado, se suma a un contexto donde se designan a los jueces por decreto y es allí donde toma relevancia la prórroga presupuestaria.

La pregunta clave en esta situación, agrega, es: “¿Por qué tenés todo el andamiaje legal que le permite a un gobierno que no le interesa negociar con el Congreso, hacer todo lo que está haciendo? Esa es un poco la jugada, un problema más de fondo, que es qué está pasando con la regulación en Argentina de la prórroga presupuestaria que no dispone un límite permitido.”

El Ejecutivo cuenta además con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que le permiten ampliar las partidas. Mediante la prórroga y los DNU, cualquier gobierno puede eludir la discusión en el Congreso. En las últimas décadas se fue ampliando el porcentaje de las partidas asignadas por los decretos.

El economista Natán Spollansky, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de ACIJ, sintetiza el criterio del gobierno hacia la ampliación o reducción arbitraria de las partidas: “Lo que estamos viviendo es la búsqueda del equilibrio fiscal por sobre el rol y las funciones que tiene el Estado de por sí. La no función del Estado como forma de gobernar. Se produce un ajuste de corto plazo que tiene consecuencias sociales y estructurales en el largo plazo.”

La administración actual modificó de hecho las asignaciones para los diferentes sectores. Los fondos destinados a Educación, Cultura, Promoción y Asistencia Social van a sufrir una reducción de un 30%  mientras que Inteligencia incrementará su asignación en un 67% según detalla el análisis de ACIJ.

“A medida que yo me alejo del presupuesto aprobado por el Congreso, puedo hacer cada vez más lo que yo quiero. Tengo un margen más amplio para disponer del paquete presupuestario sancionado en su momento. Esto de no tener un presupuesto o tener uno tan viejo prorrogado, permite cada vez una brecha más grande entre lo que aprobó el Congreso en 2023 y lo que estás tocando de las partidas hoy en día”,  apunta Pasquini. Esto posibilita que cualquier maniobra que se realice con el dinero sea solo ampliar un poco más el margen entre lo legislado y lo que efectivamente se destina.

Por su parte, Spollansky especifica cómo la mayor  discrecionalidad en el  manejo de los fondos por parte del gobierno genera un impacto más directo: “Al no discutirse no se puede hacer un seguimiento de los gastos ya que con las prórrogas esa posibilidad se va diluyendo. La última vez que se discutió un presupuesto y se aprobó fue el de 2023. Desde ahí la inflación superó el 300%. Eso implica que el dinero que tuvo que poner el Estado encima no fue aprobado ni discutido por el Congreso sino que quedó a la discrecionalidad del Ejecutivo. Esto influye en la partidas que no se actualizan y dependen del criterio del gobierno: la construcción de jardines infantiles perdió más del 80% de recursos, por ejemplo.”

En su análisis, ACIJ plantea que la prórroga en Argentina, aunque debería ser excepcional y esporádica, se ha vuelto habitual y en los últimos 15 años se ha utilizado ya en cinco ocasiones: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025. Otro aspecto importante es que se diluye la posibilidad de seguimiento y fiscalización de la ejecución de las partidas asignadas durante el año. El nivel de inflación deja los montos muy desactualizado y no se puede medir lo realizado, lo que vulnera estándares de transparencia y también de control ciudadano. Así, la desactualización de los fondos genera una diferencia que le implica al gobierno poner más dinero arriba de lo estipulado. Y esos fondos extras los destina según su criterio, que en definitiva es lo mismo que el presupuesto no aceptado por el Congreso.

Este contexto y la actuación reciente del gobierno, elegir la prórroga ante la no aprobación del Congreso del presupuesto enviado hace que cada vez quede más lejos un presupuesto democráticamente debatido y aprobado. Grafica Pasquini: “Nunca nos había pasado, pero de repente estás con un Ejecutivo que a viva voz te dice que no le interesa negociar con el Congreso porque porque son todos corruptos”. Y agrega que una herramienta de prórroga indefinida no se sabe cómo va a terminar funcionando porque efectivamente un gobierno con las peores intenciones la puede usar a su beneficio.

El andamiaje institucional para manejar presupuesto, con la Ley de Administración Financiera y todas las facultades que tiene el jefe de Gabinete y el Poder Ejecutivo, le es conveniente a este último poder. Su interpretación extrema casi al margen de la legalidad proporciona situaciones que debilitan las instituciones democráticas. La propuesta de la Asociación es modificar la normativa para impulsar la negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

 

«De mi mamá no se sabe nada»

«De mi mamá no se sabe nada»

Cuatro nuevos testimonios relataron las desapariciones y la violencia física y psicológica en la audiencia del 1° de abril en la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Memoria de un agujero negro.

Cuatro declaraciones se dieron en la sala para casos complejos del Tribunal Federal Oral 5° de San Martín (TOF 5) este martes 1° de abril dando continuidad a las audiencias de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Zona Oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

En relación a la desaparición de Jorge “Misio” Leonardo Fraga, quien había sido visto en los centros Comisaria 1° de Moreno, VIII Brigada Aérea de Moreno y Campo de Mayo, declaró su hijo, Martín Hernán Fraga. También su madre, Silvia Mónica Paolucci, fue secuestrada y permanece desaparecida desde esa misma noche, del 24 al 25 de junio de 1978, en la ciudad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Martín pudo reconstruir algunos hechos y su historia a partir de datos e informaciones que le dieron vecinos y familiares.

Paolucci y Fraga, matrimonio militante en la columna oeste de Montoneros, “vivían en la clandestinidad y eran perseguidos”. Habían decidido resguardarse en dicha localidad bonaerense en la casa de la abuela materna de Martín “porque ya no tenían donde refugiarse, les venían pisando los talones, aunque sabían también que no era un lugar seguro”. Sobre la noche del secuestro, Martín relata: “Ingresó un grupo de cuatro hombres armados. Por vecinos que vieron el operativo supe que afuera había más personas escondidas a lo largo de toda la cuadra. A mi papá lo interceptaron entrando por la parte de atrás de la casa, en su camioneta celeste. A él nunca lo ingresaron a la casa, entraron solo los hombres a buscar a mi madre. Cuando mi madre escuchó los golpes y culatazos anticipó que la venían a buscar. A mi abuela le dijo: ‘Cuidá bien al nene que yo no voy a volver’. La encerraron en una habitación y, en otra, a mí y a mi abuela. Por relatos de mi abuela a gente conocida, a mi mamá la habían tenido una hora interrogándola y golpeándola. Se la llevaron y creo que la dejaron despedirse de mi abuela y de mi. De mi mamá, a partir el momento de su secuestro, no se sabe nada más: a dónde la llevaron, si estuvo en un centro, si llegó o no viva a algún lado. Lamentablemente hasta ahora no hay ningún registro. De mi padre sí, por eso está su caso en este juicio”.

La abuela materna, Elva Amelia Echelini, fue la única persona que presenció el secuestro de sus padres. Murió cuando su nieto tenía entre 10 y 11 años, sin llegar a dar testimonio. “Yo creo que su enfermedad fue producto del temor y la tristeza profunda. Sin embargo, desde que tengo memoria, yo preguntaba por mis padres y ella me decía ‘vas a ver que un día tu mamá va a volver y va a tocar el timbre’. Y creo que murió con esa esperanza de volver a verla”. Luego del secuestro, Martín cuenta que su abuela quedó con mucho temor, principalmente por él: “La tuvieron que convencer para dejarme ir al jardín de infantes”.

“Mi abuela me había contado datos sueltos de cosas que sucedían en la época, pero nunca detalles sobre mis padres. Cuando ella falleció, yo quedo viviendo con tíos abuelos y por medio de ellos me entero parte de la verdad, alrededor de los 13 años. Entonces, en mi adolescencia, cuando supe concretamente la verdad, la desaparición, me encontré con otros problemas. Eran dos desconocidos para mí. Tuve un periodo de enojo con mis familiares a cargo, pensaba que el ocultamiento era su culpa. Luego entendí que los culpables no eran ellos”.

Martín Fraga desconocía todo sobre su familia paterna, oriunda de Misiones: “Mis padres se habían encargado de mantener separadas las familias por seguridad. Los pude localizar a los 17 años y reconstruir información sobre él. Habría existido un llamado de mi papá a mi abuela en el que le avisaba que había tenido un hijo varón, pero mi abuela desconocía cuando nací, cómo me llamaba o quién era mi mamá”, expresó. Sólo con el paso de los años pudo conocer algo sobre la militancia de su padre: “Hablé con compañeros y sobrevivientes y me dieron información que me sirvió para saber qué pasó con él. Por parte del Equipo de Antropología Forense conozco la hipótesis de que los restos de mi padre hayan estado en los vuelos de la muerte organizados desde Campo de Mayo, centro en el que fue visto por “Salta” -Faustino Altamirano-. Sin embargo, al día de hoy no sé qué pasó con mi madre. Ningún sobreviviente la vio en ningún centro clandestino ni se la ha logrado identificar. Además, sigo en la búsqueda de dos hermanos o hermanas apropiados. Uno de ellos es hijo de mi padre con Susana Flora Grynberg, secuestrada con un embarazo muy avanzado en 1976. Y hace poco, 7 u 8 años, una persona muy cercana a la familia me afirmó que al momento de su secuestro mi madre es muy probable que también estuviera embarazada de no más de 3 meses. La búsqueda va llenando ese agujero negro, pero el bache en parte aún continua”. Sobre esta sensación, y en diálogo con ANCCOM, Martín dijo: “Yo lo vivía como un agujero negro porque era la nada misma, no sabía nada de nada. Solo sabía el nombre de mis papás y que eran desaparecidos. Tuve que ir llenando ese agujero con información que fui recopilando durante toda mi vida, desde la adolescencia hasta el día de hoy”.

Sobre el valor de sostener estos juicios en el contexto actual, Fraga sostuvo: “Es grave que desde el Estado nacional se baje un discurso negacionista y de defensa abierta a los genocidas”, y subrayó que desde el gobierno se intenta reivindicar el terrorismo de Estado: “Ese discurso que intentan instalar en la sociedad, no está teniendo mucho éxito. Si apuntan a que un videíto subido por un propagandista va a instalar esa visión en la sociedad, están muy equivocados. Siempre hubo negacionistas, justificadores del genocidio. Sucede que al ser un discurso que baja desde el Estado, algunos se envalentonan y salen a hacerlo público”. Destacó la importancia tanto de los juicios como del registro de los testimonios a los que les atribuye un valor histórico. Y concluyó: “Hace muchos años que estaba esperando que la justicia llegue para mis padres de alguna manera”.

Al ser consultado por ANCCOM acerca de la vulneración de los derechos de las infancias durante las desapariciones forzadas, Sebastián Taiarol, abogado querellante de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” que representa a 28 víctimas del genocidio -vecinas y vecinos de esa localidad-, sostuvo: “El desmantelamiento de la CONADI implica un retroceso a la etapa más oscura de nuestro país y un velado ataque a los cimientos del sistema democrático”. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ente articulado con Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones afines, fue desguazado por el actual gobierno. “Su labor se centra en la búsqueda y recuperación de niños y jóvenes que fueron secuestrados y privados de su identidad. Quiere decir que la recuperación de la democracia lleva implícita la labor que desarrolla la CONADI”, reflexionó y apuntó: “Su desmantelamiento acarrea graves consecuencias, como la interrupción de las investigaciones y búsquedas existentes de niños y jóvenes desaparecidos y la pérdida del apoyo y recursos para familias y personas que aún buscan recuperar su identidad”.

Vivir para contarlo

En la misma jornada, declararon José Jesús García Carvallo y su esposa, Silvia Susana Bruna, sobrevivientes de la Comisaría 1° de Moreno y Comisaría 5° de Paso del Rey. En la madrugada del 19 o 20 de mayo de 1977, se encontraban en su domicilio del barrio Madreselva, cuando comenzaron a sentir ruidos, golpes y culatazos en la puerta. Cuando Carvallo abrió la puerta unas personas entraron, lo ataron y encapucharon. “Me tiraron en un vehículo. Viajé con pies encima mientras me pegaban e insultaban y decían que yo era el enemigo primero de toda la sociedad. Luego llegamos a un lugar donde me dejaron en un cuartito pequeño, que con todo el tiempo que pase allí pude reconocer que era la Comisaría 1° de Moreno”. Susana Bruna en su declaración relató lo que sucedió en el allanamiento cuando ya se habían llevado a su esposo: “Revisaron toda la casa, papeles y cuadernos. Me dijeron que los tenía que acompañar. Deliberaron entre ellos mientras el nene aún dormía. Me preguntaron por el familiar que estuviera más cerca. Alcé al nene y me llevaron a lo de mi suegra, lo dejé y de ahí me llevaron a la Comisaría 5° de Paso del Rey”. En anteriores audiencias la escena de Susana Bruna dejando a su hijo en casa de su suegra fue relatada por María Teresa García, hermana de García Carvallo.

José Carvallo brindó detalles sobre las sesiones de tortura que padeció y que se repetían identicas cada día. “Todos pegaban y preguntaban cosas, pero no me daban tiempo a responder. Con el tiempo me di cuenta que querían pegarme, no querían realmente respuestas de mi parte”. Recordó que para llevarlo al primer interrogatorio lo subieron entre dos personas a otro lugar: “vas a entrar al infierno”, le dijeron. Luego, como no logró levantarse debido a los golpes, lo arrojaron por las escaleras.

“Durante los interrogatorios me mostraban diapositivas y fotos, me imputaron por la ayuda que realizamos con la parroquia y el grupo dirigido por el padre “Pepe” -José Piguillem- en el barrio. Era trabajo pastoral y social, dábamos catequesis, ayudábamos a las personas a abrir calles, construimos una sala de primeros auxilios, pero para ellos eso era terrorismo. Se suponía que ellos eran católicos y me estaban pegando por ayudar a la gente. Con la violencia en realidad querían castigarnos por nuestra visión y darnos un mensaje claro, que debíamos vivir aislados, sin pensar en los demás. De lo que hice por el barrio nunca me voy a arrepentir: no lograron su objetivo. No encuentro respuesta racional a lo que hicieron, pero sí nos metieron mucho miedo”.

“El primer tiempo no sabía dónde estaba”. Relató que con el pasar de los días descubrió que estaba rodeado de otros calabozos y más personas. Reconoció a Raúl Morello, compañero del barrio que “estaba en la celda de al lado, gritando porque lo habían quemado de arriba a abajo. Estuvimos 63 o 64 días secuestrados y entendimos varias cosas: que estábamos en la Comisaría de Moreno, principalmente por la llegada de presos comunes, que los guardias que nos cuidaban eran policías y los militares no venían siempre. Notábamos su llegada porque los guardias decían ‘vienen los verdes’ y desaparecían. Cuando venían teníamos que estar con la capucha puesta y nos pegaban por si acaso.”

“Un día hablando con Raúl de celda a celda, pensamos que podíamos rezar el rosario. Así nos dimos cuenta que en todas las celdas había gente porque comenzaron a rezar con nosotros. Cada tanto algunos se iban, no sabíamos si era porque los liberaban o porque los mataban”. Si bien no puede dar detalles de quiénes lo secuestraron, luego supo que “eran los de la Base Aérea de Moreno. Si ellos no venían a vernos, podíamos hablar. Un día que estábamos cantando, uno de los guardias se puso a llorar, no entendía que gente castigada estuviera cantando”.

Durante uno de los interrogatorios descubrió que su esposa estaba también en la sala de arriba: “Me dio la mano y pidió rezar un padre nuestro antes de que nos interroguen. Ahí me enteré que la habían llevado a Paso del Rey, luego del allanamiento de nuestra casa. ‘Ahora vas a ver al perejil porque los vamos a matar a los dos’, le habían dicho. Eso fue lo que me rompió, de lo más difícil, porque no contaba con que la habían llevado”.

Sobre su secuestro, Susana declaró que “cuando llegué -a la Comisaría 5° de Paso del Rey- sabía que estaba en una comisaría pero no la ubicaba del todo. Cuando estaba ahí oía sonidos de escuela, voces de niños, recreo, campanas. Después de unos días me llevaron con mi esposo”.

Quedaron detenidos ambos en la Comisaría 1° de Moreno en la misma celda. “Un día nos mandaron bañar, nos pareció raro y el 21 de julio de 1977 nos mandaron a Devoto. Como forma de despedida de la Comisaria de Moreno, un día, me sacaron de los pelos de la celda y me pusieron de rodillas. Me colocaron un arma en la boca. A la cárcel de Devoto llegué pesando 43 kilos y siempre pesé alrededor de 72. Pedíamos por favor que nos dieran de comer”, relata Carvallo. “Finalmente, el 24 de diciembre nos largaron”, y cuenta que antes de liberarlos recibieron el mensaje de que si volvían a ser vistos por la zona de Moreno o con alguien de allí “los liquidamos donde los encontramos”.

Carvallo sintió por muchos años que el Estado lo perseguía. “Cualquier cosa generaba ese sentimiento: una autoridad, una multa o cuando venía el cartero. Sentía que estaban detrás de mí. No pudimos volver a Moreno, perdimos nuestra casa y los amigos porque teníamos miedo de comprometerlos. Era un delirio todo, nos hicieron creer que debíamos sentir vergüenza y culpa de ayudar a los demás. No lo lograron”. Sobre este mismo temor, Susana sumó durante su declaración: “Sentí mucho miedo. Vivimos un tiempo en Ituzaingo con mi hermano, yo los veía pasar frente al negocio, vigilarnos -en referencia a las camionetas militares-”. También relata la violencia que sufrió su hijo mayor durante el cautiverio de sus padres. “En Devoto a mi me traían al nene para las visitas, que eran con locutorio. Jugábamos con la manito con un vidrio por medio. Lo veíamos y nos partía el alma.” Aunque la violencia en el vínculo madre-hijo fue peor en su cautiverio en la Comisaría 1° de Moreno: “En esas visitas me llevaban a lo de mi suegra para verlo a él. Mi hijo me llevaba a ver donde tenía sus cositas, su ropa. Luego me volvían a llevar”. Respecto a las secuelas ocasionadas en su hijo Carvallo anteriormente contó que “en algún momento de grande le preguntaron a mi hijo qué sintió frente a la separación de sus padres, durante esos 6 o 7 meses. Respondió que sus padres eran otros, eso pudo decir este chico, que hoy es esquizofrénico. Siempre me pregunto en qué medida tiene que ver esta barbaridad con que sufra esta enfermedad”.

Al finalizarla jornada, Taiarol analizó que “a 49 años del Golpe de Estado, en Moreno no existían precedentes de juzgamiento de los responsables de la represión ejercida por el Estado durante la dictadura como parte del circuito represivo de la zona oeste. Somos conscientes que estamos abriendo un camino, se trata de una deuda pendiente con nuestros vecinos, con la memoria de los compañeros que lucharon por un mundo mejor y con las futuras generaciones que aspiran a vivir en una comunidad que permanentemente busca la verdad”. Y enfatizó que la importancia de asistir y transmitir las audiencias “garantiza la visibilidad y la transparencia del proceso, y brinda apoyo a las víctimas y sus familiares en su doloroso proceso de búsqueda de justicia”.

Piden pan, les dan gas

Piden pan, les dan gas

Este miércoles, Frente al Congreso, hubo una nueva marcha de jubilados exigiendo aumento del haber, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria. Un desproporcionado operativo de seguridad, que incluyo a cuatro fuerzas -Policía Federal, Gendarmería Prefectura y Policía Aeroportuaria- lanzó gas pimienta y golpeó a los manifestantes. Hasta una niña de 11 años fue lastimada. Mirá las fotos de ANCCOM.

10 años de feminismos: De la marea verde a la resistencia

10 años de feminismos: De la marea verde a la resistencia

En esta década la militancia por los derechos de género y disidencias ganó la calle y numerosas conquistas. Pero en el último año el péndulo viró hacia el otro extremo y hubo que volver a las trincheras ante el avance anti-woke.

En marzo de 2015, en un contexto de transformaciones profundas y debates intensos sobre género, nació ANCCOM. A lo largo de esta década, ha acompañado hitos como la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Cupo Laboral, además de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin embargo, también ha sido testigo del desmantelamiento de muchas de estas conquistas.

Luci Cavallero, docente, investigadora y activista de Ni Una Menos, analiza el presente y los desafíos que enfrenta el movimiento feminista. «A pesar de las conquistas logradas, el contexto actual impone nuevas resistencias», señala. Entre ellas, menciona la eliminación o reducción de programas clave de asistencia, como la Línea 144 y el Plan ENIA. «El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo enfrenta más obstáculos, porque además del marco legal, es crucial contar con recursos y presupuestos adecuados», advierte.

Cavallero subraya que la crisis económica intensifica la violencia de género. «Hay un malestar generalizado que se traduce en un aumento de la violencia en todas sus formas: entre varones, de varones contra mujeres y en el ámbito doméstico», explica. En esta realidad, sostiene que el Estado no solo desarticula políticas públicas, sino que con sus discursos «desinhibe la violencia social y legitima ataques hacia mujeres, lesbianas, travestis y maricas».

Frente a estos retrocesos, el movimiento feminista busca reorganizarse. «No se trata solo de reivindicar fechas, sino de articular con otros sectores, como trabajadores, jubilados y defensores de la salud pública», afirma Cavallero, y concluye: «Es necesario fortalecer los espacios colectivos y expandir alianzas».

Una de las luchas urgentes dentro de estos espacios es la de la comunidad trans, el sector más excluido del sistema laboral y con menor acceso a derechos básicos: «No hay ninguna política pública para la comunidad trans, no solo en la cuestión laboral, sino tampoco en función de la salud y los procesos de hormonización», subraya Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans y primera mujer trans migrante en recibir el DNI. La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans fue un avance significativo, pero su implementación sigue siendo irregular y depende de la voluntad política de cada gobierno. «Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos», enfatiza.

En junio de 2024, el gobierno de Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, responsable de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además de los despidos masivos, se desfinanciaron políticas nacionales que brindaban apoyo a mujeres y diversidades en situación de violencia, como el Programa Acompañar. “Muchas víctimas dependen económicamente de sus agresores, y este programa les permitía salir de hogares violentos. Actualmente, hay muy pocas nuevas beneficiarias”, refería la trabajadora social Luján Tramanzoli, hace unos días, en diálogo con ANCCOM.

Martha Linares, exdirectora nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género, alerta sobre las graves consecuencias de esta desarticulación: “El aumento de femicidios es una de ellas, pero también la eliminación de la Línea 144, que brindaba orientación anónima sin necesidad de denuncia”.

El 8M de 2025 fue una expresión masiva de rechazo a la destrucción de las políticas de género. 

 

Tanto para Linares como para Claudia Vásquez Haro, las políticas de género no deberían depender de un gobierno, sino ser un compromiso del Estado. «Hoy tenemos una gestión que desconoce la problemática y busca eliminar figuras clave como el femicidio del Código Penal». Ante este panorama, opina que la resistencia debe ir más allá de frenar políticas regresivas: «Si volvemos a tener un gobierno popular, necesitamos un Ministerio de Mujeres con más alcance que el anterior».

«No podemos permitirnos empezar siempre desde cero. En los momentos más difíciles, debemos golpear juntas y discutir cómo evitar que lo logrado se transforme en un retroceso dentro del propio movimiento», agrega Linares, a la vez que destaca la necesidad de unidad política y acción concreta. «Uno de los aspectos más importantes es no perder la capacidad de desordenar la política y generar espacios de encuentro intergeneracionales. Las nuevas generaciones deben tomar la posta, pero sin perder de vista las experiencias acumuladas por las generaciones anteriores».

«El feminismo no surgió en 2018 con los pañuelos verdes y el glitter –remarca Linares–. Se construyó a partir de años de organización y lucha”. En ese sentido, reivindica el rol de las organizaciones políticas, sindicales y comunitarias como pilares fundamentales para la resistencia y el cambio estructural. «No se trata solo de resistir, sino de transformar las estructuras que perpetúan la violencia y la exclusión», concluye.