En una nueva entrega del ciclo Los derechos que supimos conseguir, Florencia Cahn – presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologia y Epidemiología- destaca los logros del sistema sanitario argentino y también advierte sobre sus riesgos. El botón de muestra de la vacunación.
El caso que conmocionó al país y captó la atención de los medios de comunicación sigue sin resolverse. A siete meses de la desaparición del niño, no existe ni un rastro que permita saber qué ha pasado con él. Hablan las personas que siguen de cerca la causa judicial.
El 13 de junio de 2024, Loan Peña, un niño de tan solo cinco años, desapareció en el Paraje Algarrobal, una pequeña comunidad rural de la provincia de Corrientes, en el Litoral argentino. Lo que había comenzado como un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna se convirtió de manera paulatina en una pesadilla que aún no termina.
Después de almorzar, Loan salió a caminar con otros niños y dos adultos. Horas más tarde, el niño ya no estaba. Desde entonces, sus padres, familiares y amigos han estado inmersos en una búsqueda desesperada por respuestas, mientras el Poder Judicial intenta descifrar el rompecabezas que explique su desaparición.
Casi siete meses después, la angustia persiste, y hay una pregunta que se repite enfáticamente, pero que aún no tiene respuesta: ¿dónde está Loan?
Aquel día, Loan estaba en la casa de su abuela, Catalina Peña, junto con su padre, José Peña. Según relataron los testigos, después de comer, un grupo compuesto de niños acompañados por Bernardino Benítez y Daniel Ramírez se dirigió a un terreno lindero, que según el primer parte policial de la causa es una “zona inhóspita con frondosa vegetación y caminos sinuosos, con bañados y cangrejales”. Fue allí donde el menor fue visto por última vez.
Lo que siguió fue una búsqueda masiva. Vecinos, policías y equipos de rescate recorrieron el lugar. Se utilizaron drones, perros rastreadores y hasta buzos, que inspeccionaron espejos de agua cercanos. Sin embargo, las esperanzas comenzaron a desvanecerse a medida que los días transcurrieron y no hubo hallazgos. Una de las primeras pistas que surgió fue una zapatilla que supuestamente pertenecía a Loan. No obstante, un informe posterior de Defensa Civil reveló que este objeto había sido colocado intencionalmente, lo que encendió alarmas sobre posibles maniobras de encubrimiento.
El expediente en su laberinto
La investigación, inicialmente en manos del Poder Judicial provincial, pasó al juzgado federal de Goya debido a su complejidad. Desde entonces, siete personas han sido imputadas por su presunta participación en la desaparición, ocultamiento y posible traslado del menor. Entre los acusados, dos nombres se destacan por haber estado con Loan en sus últimos momentos: Benítez y Ramírez. Según las declaraciones de niños que los acompañaron ese día, ambos hombres sostienen que Loan se perdió de vista, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo encontró múltiples contradicciones en sus relatos.
A ellos se suman la esposa de Ramírez, Mónica Millapí, quien habría colaborado con el supuesto plan, y Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados de haber facilitado el traslado del menor con fines de explotación. En tanto que el entonces comisario Walter Maciel enfrenta cargos por encubrimiento agravado. Puntualmente, se lo acusa de manipular pruebas clave, incluyendo la zapatilla descartada como evidencia válida.
Por último, Laudelina Peña, tía del niño, fue imputada tras surgir inconsistencias en sus relatos y su rol en el hallazgo de elementos sospechosos que complicaron la investigación inicial. En el medio, infinidad de irregularidades y sospechas en torno a quienes participaron del almuerzo en el Paraje Algarrobal, al accionar de la Policía y del propio gobierno provincial, a cargo del radical Gustavo Valdés.
En primer lugar, para los investigadores resultó llamativo que la madre de Loan -María Noguera, quien no asistió al almuerzo- se enterara de la desaparición de su hijo al menos una hora y media después de que ocurriera. Por otra parte, Benítez se ausentó en medio de la búsqueda y se cambió la ropa, al igual que Ramírez, según consta en el expediente. En tanto que el matrimonio de Pérez y Caillava se retiró para ver por televisión el partido entre River y Deportivo Riestra. A su vez, la mujer hizo la denuncia del hecho a través de un llamado a un policía amigo porque “no tenía el número de la comisaría”. Un dato que resulta llamativo si se tiene en cuenta que era una funcionaria municipal y los datos de contacto de la dependencia policial son públicos.
También hay un manto de dudas sobre el accionar de Laudelina Peña, tía de Loan, quien actualmente es una de las detenidas. Se la señala por haber reconocido el botín plantado en la escena donde Loan desapareció: “Cuando lo sacamos, estaba todo embarrado que no se le distinguía el color y Laudelina dice ´es el que le regalamos a Loan´, eso también llamó mi atención porque no era posible distinguirlo tan fácil”, detalló una persona que testificó en la causa.
Además, la mujer envió mensajes a diferentes personas diciendo que ya habían localizado al niño desaparecido, pero ya han pasado siete meses y eso está lejos de ser una realidad. Por el contrario, gran parte de la familia Peña está tras las rejas y el paradero del niño es una incógnita sin resolver.
Mientras tanto, las hipótesis son infinitas y el hecho llegó incluso hasta el Papa Francisco, quien -lejos de augurar un final feliz- predijo lo peor: “Una de las hipótesis es que ha sido secuestrado para quitarle los órganos para trasplantes”, sostuvo el Pontífice desde El Vaticano. Pero el prelado no dio precisiones a partir de qué datos construyó esa creencia.
“Es indignante que sigamos sin saber dónde está Loan”
Fernanda Esmay es psicóloga y presidenta de la Fundación Jóvenes de Goya, una de las instituciones que cada día 13, fecha en la que se cumple un nuevo mes de la desaparición de Loan Peña, sale a la calle a reclamar por su pronta aparición. Estas manifestaciones, que nacieron de manera espontánea, primero eran semanales y contaban con una participación multitudinaria de la sociedad. Con el tiempo, y algunos movimientos extraños del círculo cercano a los padres, la participación popular mermó y las concentraciones pasaron a ser mensuales, pero no se detuvieron.
“Somos un grupo reducido los que seguimos yendo”, detalla la activista social en diálogo con ANCCOM. “Se pide justicia, se pide el esclarecimiento, se pide su aparición con vida, pero la verdad es que uno no puede tomar posición respecto a nada porque es una causa sumamente irregular”, analiza la mujer.
“Lo de Loan lamentablemente es algo que está sumamente embarrado. Un millón de hipótesis, versiones, y una causa que fue muy mal manejada desde su principio. Entonces, si bien uno tiene la esperanza de que en algún momento se pueda esclarecer o que pueda aparecer con vida, la verdad es que es todo tan confuso que a veces no se sabe qué es información oficial, qué es hipótesis, qué es mentira y qué es fake news”, remarca.
Esmay pone el foco en las primeras horas tras la desaparición, que las autoridades no pusieron en funcionamiento el protocolo conocido como Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos. “Implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera”, explican desde la cartera liderada por Patricia Bullrich, a través de su sitio web.
“La gente circuló con total normalidad por muchísimas horas, que se supone que son cruciales para dar con el paradero”, reclama la psicóloga de Goya. “Todo lo que sucedió en adelante es confuso. Gente que viajaba, gente que se iba y venía del pueblo, organizaciones desconocidas para nosotros, como fue la Asociación Dupuy, que venía supuestamente a asistir a los familiares y que terminaron sospechados de tergiversar los testimonios. Entonces hay un montón de personas que fueron a 9 de Julio y, con tanta gente, una zona que tendría que haber sido cuidada como la escena de un delito, de un crimen, fue transitada por miles de personas en pocos días”, relata.
“Ahí nos dimos cuenta que en realidad no hubo un protocolo para actuar, de que no hay roles específicos en el Estado, de que no hay formaciones adecuadas tampoco, de que en nuestra provincia no existe la figura del defensor de niños, niñas, adolescentes y juventudes… Un montón de ausencias y a la vez un montón de presencias que no tendrían que haber estado hacen que hoy la causa no avance. Pareciera que no tenemos la punta del ovillo todavía, ¿no?”, sostiene Esmay.
A todo esto, para sumarle más interrogantes a lo que ocurrió, cuando la causa ya era tramitada por la justicia federal de Goya, la tía del desaparecido, Laudelina, fue llevada de madrugada a declarar en la justicia provincial. Allí, sorpresivamente, confesó que el niño había sido atropellado por el matrimonio de Pérez y Caillava, a quienes responsabilizó de haber ocultado el cadáver.
Esto fue anunciado con bombos y platillos el pasado 29 de junio por el gobernador provincial Gustavo Valdés, quien celebró el esclarecimiento del caso y sostuvo en sus redes que se había dado “un gran paso en la resolución del hecho”. Finalmente, terminó siendo un anzuelo para los medios de comunicación, que con la ansiedad de tener la última información sobre el resonante caso acabaron mordiendo la carnada.
“Una causa que ya estaba en la órbita de la justicia federal, ellos trasladan a un testigo clave, que debería de haber estado protegida, de manera particular a una fiscalía en el pueblo provincial para dar ese testimonio de un accidente y el gobernador a las 9 de la mañana de un sábado dice se va esclareciendo el caso. Por supuesto, después no se pudo avanzar en esa hipótesis, no citaron a declarar a estas personas que trasladaron a Laudelina y seguimos sin un montón de respuestas y con un montón de preguntas también”, cuestiona Esmay.
“También uno se pregunta si nosotros tenemos independencia de los poderes, ¿cómo es que el gobernador accede de primera mano y a primera hora a un testimonio que debería de ser privado? Ahí teníamos todavía el secreto de sumario ¿Cómo él accede a ese secreto de sumario a una testimonial que se brinda en un fuero que ya no correspondía? En todo caso, en la hipotética situación de que tuviese una información muy valiosa y que hubiera esclarecido el caso, tendría que haber venido a declarar a Goya, que es donde nosotros tenemos la justicia federal”, explica.
La titular de Jóvenes de Goya pone en tela de juicio también el accionar del comisario Walter Maciel, quien tenía antecedentes negativos de su paso por la localidad de Monte Caseros antes de recalar en 9 de Julio. “Ya tenía denuncias por abuso, por violación. En lugar de apartarlo de la fuerza e investigar esas denuncias, acá en la provincia se acostumbra que cuando un policía es denunciado por algo, se lo traslada. Entonces lo que hacemos es mover el problema de ciudad, pero no solucionamos el problema, no abordamos la corrupción que existe, las complicidades entre los diferentes poderes del Estado”, reclama Esmay. A su criterio, “como ciudadanos, estamos en una situación de total indefensión y sobre todo los menores. Nosotros tenemos infancias que son permanentemente vulneradas y violentadas”.
Corrientes es una de las provincias argentinas con mayores índices de pobreza, números alarmantes de mortalidad infantil, casos de malnutrición, violaciones y violencia.
“Loan es un vecino, un niño, que viene a abrir la caja Pandora en la que se disimulan todas estas problemáticas sin asistencia por parte del Estado. Así que el Estado es cómplice desde ese punto también. Por acción y también por omisión, en relación a la ausencia de políticas públicas que sean garantes de derecho y políticas de seguridad que sean transparentes y que nos puedan brindar confianza a los ciudadanos. Se supone que son los que tienen que estar para cuidarnos y protegernos y no para violentarnos”, sostiene la psicóloga. “Lo de Loan viene a poner al descubierto todas nuestras falencias como provincia, pero al momento no se creó ningún protocolo, no se creó ninguna área, no se designó la figura que venimos pidiendo las asociaciones civiles”, cuestiona.
“Es indignante que nuestras infancias estén desprotegidas, es indignante que los protocolos no se hayan aplicado, Es indignante que aún sigamos sin saber dónde está Loan, pero más indignante es que todavía no se hayan tomado cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar. Y en una sociedad que no vela por el presente de sus infancias en una sociedad sin futuro, cuando estamos garantizando el futuro para ellos”, cierra Esmay.
“En todas las hipótesis se atraviesa la Policía”
Hilda Presman es una militante de Corrientes con una extensa trayectoria en la lucha por los derechos humanos. La desaparición de Loan Danilo Peña no solo la conmovió por haber ocurrido en la provincia donde vive, sino también por el accionar de las fuerzas de seguridad.
“Nadie puede decir exactamente qué pasó con el niño, pero todas las hipótesis son posibles y en todas ellas se atraviesa la Policía. Ahora queda más claro con el comisario procesado no solamente por el encubrimiento, sino también probablemente por haber tenido algún grado de participación en la sustracción de Loan”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.
“Todo lo que ha surgido en esta investigación sobre la Policía de Corrientes no es una fantasía. El rol de la policía corrupta, de esta cuestión de que se traslada un funcionario que está denunciado por algún hecho de corrupción o por algún delito, y en realidad la respuesta institucional es el traslado, que a veces es un premio, no una sanción, que es lo que pasó con Maciel”, agrega la mujer.
Presman cataloga al excomisario de 9 de Julio como “el brazo armado del poder” y menciona algunos hechos polémicos en los que estuvo involucrado en la localidad de Monte Caseros, su destino anterior, donde estuvo a cargo del desalojo de terrenos y recibió denuncias por abuso de subalternas. Justamente, el alcalde del mencionado distrito era Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación del gobierno provincial de Valdés, quien ejerció como una suerte de protector del policía que hoy es uno de los imputados en la causa.
“Partimos de una situación en la que hay una trama de complicidad de facilitación de intercambio de favores entre las fuerzas de seguridad y el poder político”, considera la militante de Derechos Humanos. Para Presman, la reacción institucional es la que “motiva a suponer que hubo algo más”. “No se entiende la participación del gobernador con ese comentario infortunado, ciudadanos comunes y corrientes con abogados de primera línea, un circuito de prensa… Llama poderosamente la atención, así que acá, algo motivó la mirada, por lo menos en lo inicial”, explica.
“No sé decir objetivamente qué, pero la situación de pedofilia existe, la situación de trata existe. O sea, cualquiera de estas hipótesis pueden ser posibles en este escenario donde lo que verdaderamente quedó en el centro de la escena fue el poder”, resalta. Al igual que a Esmay, a la militante correntina tampoco la sorprenden las irregularidades en las primeras horas de investigación. “Eso es parte del comportamiento habitual”, afirma.
“Se corre a un ministro por el escándalo político, pero no pasó jamás por el juzgado. Este ministro de Seguridad es el que avaló el nombramiento de Maciel, su traslado, el nombramiento del comisario de delitos complejos, el nombramiento de todos los altos funcionarios de la policía provincial y es de última el responsable superior jerárquico de todos estos. La Policía es una estructura vertical que obedece órdenes entonces, y ese hombre no fue llamado a declarar”, cuestiona. Y agrega: “Tampoco llamaron a declarar a los fiscales provinciales que son los que embarraron la cancha desde el primer día. No hubo un careo entre el comisario y el fiscal”, agrega.
“Yo no sé lo que pasó con este chico, pero a esta altura me da la impresión que no va a aparecer, ni vivo ni muerto”, sostiene Presman. Por último, reflota el caso del secuestro de la nieta de un poderoso empresario de la provincia para trazar un paralelismo con la desaparición de Loan. En el primero, que involucró a Jorge Goitía, conocido popularmente como El Zar del Juego de Corrientes, las autoridades activaron todos los mecanismos y en menos de un día la encontraron. La niña del Paraje Algarrobal, perteneciente a otra clase social, no corrió la misma suerte. “No es que la Policía no sepa cómo actuar, que tienen que bloquear los caminos y controlar los vehículos y revisar las vías de salida. En aquel entonces, tardaron apenas seis horas en encontrar a la nena y los autores del delito fueron procesados, ahora ya van siete meses y no pasó nada”, cierra.
En la segunda entrega de la serie “Los derechos que supimos conseguir “, el escritor y periodista Sergio Olguín señala a la Argentina como país pionero en legislar sobre la formación cultural. También recorre su obra literaria y se asume como un defensor de los sitios online que facilitan la lectura gratuita de libros. Las tensiones con el mercado.
¿Cómo llega una persona con discapacidad a representar al país en una competencia atlética? ¿Cuaánto les aporta el Estado? ¿Y los privados? Aquí dos experiencias responden los interrogantes.
En los Juegos Paralímpicos de París del año pasado, la delegación argentina coronó una de sus mejores participaciones al lograr superar lo cosechado en los juegos de Tokio 2020. Detrás de esta histórica intervención se encuentra la dedicación y el entrenamiento de alto rendimiento de paradeportistas que a pesar de su discapacidad le dedican varias horas de la semana a prepararse para dejar al país en lo más alto. Hablamos con la bochista adaptada Stefanía Ferrando y el para-atleta Brian Impellizzeri, abanderados en la ceremonia de clausura en la ciudad de las luces, para conocer sobre la preparación para competir en el alto rendimiento.
El deporte siempre estuvo presente en sus vidas. En el caso de Stefanía de 34 años, oriunda de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, comenzó a nadar para su rehabilitación debido a su atrofia muscular espinal de nacimiento y buscando como alternativa un deporte que pudiera hacer durante todo el año se encontró con bochas adaptadas en el 2016. Al año siguiente ya estaba participando de su primer torneo nacional y en el 2018 ya representaba al país con la selección nacional de bochas adaptadas.
Mientras que Brian de 26 años, quien sufrió una hemiplejía del lado izquierdo al nacer, realizó diferentes deportes desde chico hasta que en 2017 conoció a su actual entrenador, Matías Arroyo -el mismo que entrena a la atleta Yanina Martínez medalla de oro en Tokio 2020- y se involucró con el atletismo destacándose en salto en largo. Ese mismo año se integró a la selección nacional de la disciplina y represento al país por primera vez en un torneo en Brasil.
Para competir en el alto rendimiento los atletas dedican varias horas de la semana a entrenar y lo combinan con otros ejercicios para prepararse de la mejor manera cuidando su salud. “Me levanto temprano, desayuno y a partir de la 1 de la tarde nos encontramos en la pista de atletismo para entrenar, dependiendo del día y la carga de trabajo, entre una y tres horas. Además, complementamos con trabajo de kinesiología preventiva, gimnasio todos los días y nutricionista”, cuenta Brian, que entrena en el Estadio Municipal de Rosario
Por su parte, Stefanía, quien entrena en el Centro Bancario de Gualeguay, al lado de su casa, dice: “También tenemos el entrenamiento invisible, miramos rivales y los analizamos. Y tenemos la parte psicológica en la que hacemos terapia. Aparte de lo deportivo y lo laboral, voy a terapias, hago kinesiología dos veces por semanas, natación dos veces por semana y terapia ocupacional dos veces por semana”.
Además de destinar varias horas al entrenamiento se dedican a otras actividades. En el caso de Stefanía trabaja como community manager manejando cuentas sociales de empresas y emprendimientos. Mientras que Brian devuelve un poco de lo que le dieron junto a su entrenador. “Hoy tenemos una escuela de desarrollo de atletismo adaptado junto con mi entrenador, Martín Arroyo, en la ciudad y tenemos un grupito de chicos que vienen a entrenar tres veces a la semana”, explica.
Para su preparación, entrenamiento y participación en competencias de alto rendimiento los atletas de deportes adaptados y sus entrenadores reciben una ayuda económica de parte del ENARD ( Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la Subsecretaría de Deportes por medio de la asignación de una beca.
Los paradeportistas de alto rendimiento que acceden a una beca son aquellos quienes representan al país en las especialidades y pruebas del calendario Paralímpico y ParaPanamericano que hayan alcanzado o proyecten alcanzar un objetivo, según se detalla en el Sistema de Otorgamiento de Becas 2024 publicado por el ENARD. Asimismo, los paradeportistas que acepten la beca deben cumplir con ciertas obligaciones.
Los objetivos son definidos entre las Federaciones Nacionales, a las cuales los deportistas deben estar afiliados, fichados o registrados como una de las condiciones para acceder a la ayuda económica, junto con el ente nacional. Según su logro reciente un deportista o grupo puede acceder a una de las dos becas conforme su nivel.
El valor de cada asignación varía según el tipo y el nivel de beca a la que acceda el paradeportista, siendo la beca Paralímpica de Excelencia la más alta con un valor de 689.907 pesos y la más baja la beca ParaPanamericano sudamericano con 275.963.
Asimismo, cuando los paradeportistas viajan a representar al país en competencias internacionales, como por ejemplo mundiales, parapanamericanos o paralímpicos, los gastos también son cubiertos en su totalidad por el ente nacional y la Subsecretaría de Deportes. Sin embargo, en los torneos nacionales hay costos que son cubiertos por los propios paradeportistas como también sucede con los viajes de concentración mensual que realizan algunas disciplinas.
En el caso de Stefanía y Brian perciben una Beca Excelencia Paralímpica por haber logrado medallas en los últimos Paralímpicos de París 2024. La bochista entrerriana, avanzó de una Beca de Excelencia Panamericana a una de Excelencia Paralímpica al haber conseguido la primera medalla de bronce junto a su compañero Rodrigo Romero en la categoría BC3 pareja mixta en bochas adaptadas. Mientras que el atleta rosarino sigue manteniendo su beca de Excelencia Paralímpica al lograr nuevamente el podio con su primera medalla dorada en salto en largo categoría T37.
La ayuda económica debería cubrir los gastos de los deportistas como los traslados locales y nacionales para entrenamiento y concentración, para renovar o mantener el equipo personal o la vestimenta que utilizan para entrenar o competir, alquilar instalaciones o servicios no contemplados por los organismos públicos e inversiones para la formación personal de los atletas, entre otros. Sin embargo, la realidad es que la beca no alcanza para cubrir la totalidad de los gastos. “Nos alcanza solo para comprar el material deportivo” cuenta Stefanía.
En cuanto a la posibilidad de conseguir financiamiento del sector privado, a través de sponsor, que sirva de complemento a la beca es difícil. “Yo he pedido sponsors, pero la verdad, nunca tuve una respuesta favorable. Es difícil hasta para los olímpicos, siendo que tienen más visibilización que nosotros”, dice Stefanía. Sin embargo, Brian pudo conseguir un patrocinador. “En el último tramo se sumó Sonder una marca de ropa de Rosario, como sponsor, pero finalizamos el contrato ahora en diciembre”.
Chicos y jóvenes que lograron salir con vida del recital de Callejeros y familiares de las víctimas recuerdan aquella noche y cuentan las huellas indelebles que les dejó la tragedia.
El 30 de diciembre de 2004 el incendio del boliche de rock República Cromañón dejó 194 víctimas. En los años posteriores sumó más muertes de familiares y sobrevivientes. Las múltiples aristas sobre los hechos, derivaron en el agrupamiento en organizaciones que, aunque con diversas posturas, se unen en un único pedido de justicia y reparación. El jueves 12 en la Legislatura de Buenos Aires se aprobó la modificación de Ley N°4786 (Reparación Integral para Víctimas Sobrevivientes y Familiares de Víctimas Fatales de Cromañón). Con esto las agrupaciones lograron cambiar artículos centrales por los que venían luchando, aunque la ley sigue siendo para sobrevivientes y familiares reducida y deficiente, o “perfectible”, según las autoridades.
Algunas de las agrupaciones conformadas entorno a la causa Cromañón son: Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Movimiento Cromañón, No Nos Cuenten Cromañón, Familias por la Vida, Ni Olvido Ni Perdón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañon, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.
Aída Isabel Rodas tiene 68 años. Es parte de la ONG Familias por la Vida conformada por sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la masacre. Señala que en Cromañón, y ahora en la ONG, “no solo había pibes” sino también padres y madres que habían acompañado a sus hijos al boliche de Once aquel 30 de diciembre. La organización trabaja frente a Plaza Miserere, a una cuadra del “Pasaje de los Pibes de Cromañón” construido donde funcionó el boliche. En la oficina reciben al 0800-999-2769 denuncias sobre irregularidades en locales donde se organizan recitales que son derivadas a la Agencia Gubernamental de Control. Oriunda de Jujuy, Aída es madre de cinco hijos. El cuarto, Abel Rodolfo González, a los 25 años murió en Cromañón. A ella le toca ir a la oficina en el turno de la tarde: “Esta es mi segunda casa. Acá estoy con Abel. Luego cierro esta puerta y abro la de mi otra casa, donde están mis otros hijos y nietos. Sé que Abel ya no está y ellos sí”.
Aída Isabel Rodas tiene 68 años y es parte de la ONG Familias por la Vida.
El 30 de diciembre de 2004 la familia González esperaba a Abel para festejar el cumpleaños del hermano mayor, Carlos. “Luego de ese día nos dijo que ya no quería volver a festejar. Y hace 20 años no festeja”. Por aquel entonces vivían en Lanús y tanto ella como su marido, Carlos Delfín González, tenían turnos nocturnos de trabajo. Aquel 30 de diciembre, como tenía franco, había aprovechado para acostarse a dormir temprano. “Cerca de las tres de la mañana llegaron dos amigos de Abel a casa. Abel trabajaba de delivery en Devoto, y para esa hora generalmente me pasaba a buscar para llevarme al trabajo. Pero yo tenía franco ese día. Y él no había vuelto todavía”. Los amigos lo buscaban para contarle que Osvaldo “Valdi” Zapata había fallecido en Cromañón. “Ahí me di cuenta. Sentí desesperación. Les dije que si a casa no había vuelto, entonces estaban juntos” cuenta Aída.
Osvaldo Zapata conocido por el diminutivo “Valdi” era amigo de Abel González desde que cursaron juntos la escuela secundaria. Juntos habían formado una banda: Abel en la guitarra y Valdi en la batería. Aquella noche Valdi pasó a buscar a Abel por la casa y fueron juntos a escuchar a Callejeros. También estuvo con ellos Jonathan Daniel Lasota, que tocaba la armónica en su banda. “Era un pibe de 15 años al que la mamá nunca dejó salir solo. Esa era la primera noche”, recordó Aída. Cuenta que María Cristina, la madre de Valdi, “sintió mucha culpa, porque Valdi lo pasó a buscar y ahora Abel no está. Nunca me pudo pedir perdón a pesar de que siempre le expliqué que ellos eran amigos, que desde el día que se conocieron nunca se separaron. Eran como hermanos. Llegaron como amigos y se fueron con los amigos”. María Cristina falleció al año de la masacre. Aída señala que son muchos los padres fallecidos luego de perder a sus hijos: “Son víctimas también, aunque mueran de distintas enfermedades. Quedaron muchas casas vacías”.
Mientras recorre la oficina, Aída relata su historia y la de quienes ya no lo pueden hacer. Identifica las caras de Abel, Valdi y Jonathan en una bandera enorme de Argentina donde están estampadas las caras de las 194 personas fallecidas en Cromañón. Allí mismo funciona un pequeño museo y a veces se dictan talleres de concientización y prevención. Explica cada foto, cada cuadro y cada símbolo: un conjunto de llaves desparramadas que representan el candado que bloqueaba la puerta de emergencia; zapatillas colgando de puertas, caños y paredes; fotos de Abel y Valdi con su banda; una guitarra de madera con una foto de Abel, regalo de los vecinos de Lanús. Carteles y banderas que reclaman justicia, no olvidan ni perdonan a la corrupción estatal que mató a sus hijos.
El jueves 12 en la Legislatura de Buenos Aires se aprobó la modificación de Ley N°4786.
Luego de una pausa para componer la voz y del recorrido por la oficina, Aída vuelve a sentarse y continúa con el relato del 30 de diciembre. “Cuando mi marido llegó a casa a las 6 de la mañana, le dimos la noticia. Recién ahí fuimos con nuestro hijo mayor, Carlos, que es policía, a recorrer los hospitales, porque no me había dejado ir sola más temprano. Llegamos primero al hospital Ramos Mejía. Estaba todo muy desorganizado y la gente desesperada. Logré que me dieran una lista pero cuando salí a la vereda las familias me la sacaron. De ahí fuimos a la morgue judicial, y les tuve que pedir que sacaran fotos a los chicos y las colgaran para que podamos identificarlos”. Esas fueron las primeras fotos que aparecieron de la masacre y donde pudo identificar a Abel. “A pesar de que no habían dejado entrar a mi hijo policía, yo me metí. Las madres somos más astutas”.
A Aída le gusta el rock y fue a ver a los Rolling Stones. Sin embargo, a Callejeros no los puede escuchar: “Si paso por algún lado que lo están tocando o subo en un colectivo se me saltan solas las lágrimas, se me corta hasta el habla. Yo creo que todas las mamás sentimos lo mismo”. Aunque señala que Cromañón fue uno solo y que las organizaciones no deberían estar separadas, Familias por la Vida es una de las que encuentra en Callejeros culpa y responsabilidad, e incluso apoyaron que no volvieran a los escenarios. Se refiere como “salvajes” a aquellos que arrojaron bengalas. Acusa, además, a Omar Chabán –administrador de Cromañón- por, entre otras cosas, colocar media sombra en el techo. De su hijo recuerda que “a cualquier lado que iba llevaba la guitarra. Él se iba a los parques a tocar para los niños, o los abuelos del barrio. Era muy solidario, a veces venía y me pedía mercadería para llevarle a una abuela que tenía menos que nosotros”. También que esos mismos niños fueron a la casa el día del velorio. “Tenía nenes de 9 o 10 años debajo de su cajón, que no querían irse. Nos acompañaron hasta el cementerio en colectivos que el intendente Manuel Quindimil puso para llevarlos”.
Brenda Re escuchó por primera vez la banda Callejeros junto a su hermano, Mauro, a partir de un demo que les prestaron. Toda su familia es “del palo de rock”, que es también el género favorito de sus amigas. “Mi plan ideal para la noche era encontrarme con amigos, ir a ver una banda, tomar algo y volver al barrio”. Se acercó a la cultura del rocanrol por “el contenido artístico y político de las bandas”. Puntualiza que en aquellos años “estaba en mi momento de politización, de enojarme con lo que pasaba en el país y esas letras me representaban”. En 2004 tenía 19 años y, como una noche más, el grupo de cinco amigos tomó el colectivo en Mataderos para ir a escuchar un poco de rock. “Como si el destino no nos quisiera dejar llegar, nos olvidamos las entradas y por el calor no teníamos ganas de entrar. A pesar de haber llegado temprano para escuchar Ojos Locos, terminamos entrando sobre la hora. Había mucha gente afuera del boliche, varios sin entradas, que no era algo sorprendente, sino habitual”.
De todos modos, lograron llegar a unos pocos metros del escenario. Para Julio era su primer recital, “ese fue su debut y despedida del ambiente”. El subió a Brenda sobre los hombros y “por estar más alta pude darme cuenta enseguida como se iluminaba algo detrás mío. En el momento en que me bajó se cortó la luz, empezó el aprisionamiento y no logré tocar en ningún momento el piso. La gente de ese sector tuvo el acto reflejo de hacer el mismo recorrido que al entrar y retroceder hacia la puerta de entrada. Nos arrastraron hacia allí. Al llegar a la puerta se descomprimió la masa de personas y caí al suelo. Solo atiné a hacerme una bolita contra una columna, no quería luchar contra la gente que me pasaba por arriba y tenía más fuerza que yo. En algún momento dos personas, que no sé quiénes serían y nunca lo voy a saber, me agarraron uno de cada brazo, me sacaron y tiraron en la calle”.
Fue de las primeras personas en salir del incendio y en la vereda no se entendía lo que sucedía. “Había un intento de los policías por contener, reprimir lo que pasaba, creían que la gente se estaba peleando. Cuando empezaron a llegar los bomberos y el SAME comenzaron a difundir un mensaje de tranquilidad, de que apagarían el foco de incendio y enseguida íbamos a voler a entrar al recital. Luego de eso tengo la imágen muy lúcida de un pibe que gritaba: ´¿Qué mierda dicen? Acá hay gente muerta´”. Aún sin entender qué pasaba, inconciente de lo que vivía, comenzó a buscar a sus amigos. “Volví a entrar a Cromañón 3 o 4 veces para buscarlos”. El grupo había fijado un punto de encuentro, al cual fue varias veces hasta que lograron reencontrarse: solo faltaba una de las chicas, que hasta la actualidad mantiene reserva sobre lo vivido.
“A mi casa volví sin zapatillas y con una remera que no era la mía. Solo quería bañarme, estaba completamente negra”, recuerda Brenda. En una época donde el celular no era de uso común, fue difícil poder avisar a sus familias que estaban bien. Lograron llamar a una amiga y ella repartió la noticia por la casa de cada familia. Logramos llegar hasta Mataderos por un taxi que “nos vio así como estábamos y esperando el colectivo, que nunca iba a llegar porque no había transporte, estaban todos colapsados con los heridos”. Mientras la familia recorría los hospitales buscando a la amiga que faltaba, el grupo de amigos hacía “base viendo las noticias, porque en la televisión pasaban los nombres de las personas que estaban internadas en cada hospital y de los fallecidos”. Así se enteraron que estaba en el hospital Ramos Mejía. “Puedo decir que fuimos todos y salimos todos. En la mayoría de los grupos de amigos no pasó lo mismo”. En los días siguientes vivió “en automático, no caía en lo que había vivído. Pasé una semana sin dormir, ya no podía comer o tragar y recién fui a una revisión médica el 5 o 6 de enero. Era malestar psicológico que se mantiene hasta hoy: el estrés postraumático que revive”. Brenda Re participa de la organizacion “Movimiento Cromañón”. De los amigos con los que fue a Cromañón el 30 de diciembre, dos de ellos están movilizados y agrupados en organizaciones mientras que los otros dos prefieren reservarse para sí lo vivido.
En 2004 Sofía González tenía 16 años. Vivía en Villa Mercedes, San Luis. Este fin de año se encontraba en Capital Federal para celebrar las fiestas en familia. Se hospedaban en lo de su tía que vivía a solo cuatro cuadras de República Cromañón. “A Cromañón no había ido nunca, pero la semana anterior había conocido Cemento”. Sin embargo, la noche del 30 de diciembre, en que la banda presentaba su disco Rocanroles sin destino en el boliche de Once, fue con uno de los pocos conocidos en la ciudad, Pablo, y un amigo de éste, Ariel. “A Callejeros los seguía hacía tiempo y ya los había visto en varias provincias”. De lo vivido describe imágenes o escenas. “Recuerdo que quise ir al baño y me costó mucho llegar, eso me hizo notar que había mucha gente, aunque no era algo extraño, estábamos acostumbrados a que los lugares estuvieran así. Después tengo el recuerdo muy vívido de no ver nada, de oscuridad completa, de ponerme la mano frente a la cara y no verla”. Aquella noche había tenido una pelea con su mamá: “No quería que fuera. Me parecía muy loco porque me dejaban ir bastante a recitales. Era poco habitual que me dijera que ‘no’”. A pesar de eso, Sofía fue. Después de eso, reconoce que para ella hoy es palabra santa lo que anticipe su madre.
En la actualidad se sigue encontrando “en el universo Cromañón con gente que conocí cuando tenía 15 o 16 años”. En una de las paredes del que fue el boliche y ahora es el santuario Cromañón, una frase pintada dice: “Te vas sin zapatillas, pero no te vas solo”. Sin embargo, luego de lo vivido el 30 de diciembre, Sofía se alejó por un tiempo. “Estuve mucho tiempo en shock y tardé en volver a este universo. Hay muchas cosas de mi post Cromañón que no me acuerdo. Era muy chica. Perdí un año de colegio. No podía dormir con la luz apagada. No salía mucho a la calle”. El relato se compone de escenas, con baches de por medio. Los muchos años de terapia aún no le evitan convivir con secuelas “que voy a llevar toda la vida. Pero aprendí a reconstruir ese dolor inmenso, o el no entender muy bien qué te pasa, en otra cosa. Ya no lo veo todo el tiempo desde el pesar”. Relata que su “antes de Cromañón era un antes muy niño” y por ende vivía con mucha más inocencia. Sin embargo “hace tres o cuatro años llegó un momento en mi propia historia como sobreviviente en el que sentí que necesitaba hacer algo con lo vivido”. Se unió a una de las organizaciones conformada por sobrevivientes, amigos y familiares de víctimas de Cromañón, “Coordinadora Cromañón” y desde ese momento “Cromañón es mi constitución adulta y mi vida pero porque elegí militar. Estoy atravesada por Cromañón desde los lugares más felices y los más oscuros. Porque es mi historia y la abracé, me hice cargo y armé una forma de vida con eso”.
Aquella noche Sofía no se desmayó. Logró salir caminando por sus propios medios, lo que le hace pensar que fue de las primeras en salir aunque no tenga noción del tiempo que tardó en llegar a la calle. No pasó por ningún hospital y fue caminando hasta la casa de su tía en un estado de shock que le duraría varios años.
Sofía sigue yendo a recitales de rock. Volvió a ver a Callejeros en Capital Federal “por mi propia historia quería darle un cierre y lo pasé bien”. Sobre la cultura del rock, la de 2004 y la de ahora, encuentra diferencias en el público, pero no en el afán económico de las productoras. “Somos la generación hija del 2001: estábamos muy dispersos porque nadie, desde la política, lograba agrupar nuestras demandas. Había una sensación de desesperanza y de no futuro, lo que nos llevaba a buscar respuestas en otros lugares: el rock and roll” que daba letra a las demandas que eran importantes para la juventud. Justicia en la causa Cromañón es “que no hubiera sucedido nunca” y aunque la bengala en los recitales de rock ya no se prende “porque te recuerda que se murieron 194 pibes, no importa si estás en un lugar cerrado o abierto, sino como ejercicio simbólico nos dice que al menos un camino tenemos recorrido”. Sin embargo, la mala organización de recitales, los cacheos apurados y las avalanchas de multitudes en los ingresos le provoca una gran “sensación de injusticia. A 20 años siguen priorizando la cantidad de dinero por encima del bienestar de las personas. Al sacar una entrada estamos contratando un servicio y alguien tiene que velar por nuestros derechos. Si no es la productora privada, tiene que ser el Estado. Y si no es el Estado, vamos a ser nosotros, desde las organizaciones, no vamos a parar de dar lugar y palabra a nuestros reclamos, demandando que se cumplan los cuidados necesarios”.
A 20 años de la masacre de República Cromañón, sigue pidiendo Justicia.
En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Mansión Seré y en la Comisaría 1ª de Moreno, los sobrevivientes revelaron cómo sus hijos también padecieron la represión.
La anteúltima audiencia de este año de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Mansión Seré y el circuito conocido como RIBA comenzó con el testimonio virtual de la sobreviviente Norma Beatriz Pérez -secuestrada el 25 de mayo 1977-, quien pasó 45 días en la Comisaría 1ª de Moreno. “Pancho -Mario Valerio Sánchez- tocó la puerta de mi casa y me dijo que en el auto alguien me quería saludar”. Allí la esposaron, tabicaron y trasladaron en una camioneta hasta la Comisaría. Pérez relata que durante los días compartidos en cautiverio “Pancho me pidió perdón. Temía por su vida y tuvo que nombrar a todos los que conocía. Luego de unos días se lo llevaron y nunca más lo volví a ver”. Norma quedó en la celda con María Margarita “Coca” Miguens, esposa de Sánchez y embarazada de varios meses. Al momento del secuestro Pérez ya no militaba con ellos, como tiempo antes había hecho en el barrio Lomas de Moreno.
Debido al embarazo de Miguens, que “iba muy seguido al baño”, la celda permanecía abierta. Esto posibilitó a Pérez acceder a algún trato especial, como repartir agua entre los “presos políticos” y con ello reconocer a los detenidos, muchos de ellos, compañeros del barrio. Sin embargo, la libertad se terminó cuando se llevaron a Miguens: “Ya no podía salir, tenía el calabozo cerrado y se hablaba poco”. Relata que solo pudo ducharse una vez, pocos días antes de ser liberada y que “los militares traían comida una vez al día, una milanesa en pan y una naranja. Pero a veces pasaban tres o cuatro días sin que trajeran nada. A causa de esto perdí los dientes”.
Los siguientes testigos en declarar lo hicieron desde la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. María Teresa García lo hizo en carácter de testigo por la detención, el 20 de mayo de 1977, de su hermano José Jesús García Carballo y la esposa de éste, Susana Bruna. “Aquel día se apareció Susana en la casa de mi madre. Le dejó a mi sobrino, Francisco, porque tenía que ir a declarar. Uno de mis hermanos pudo ver en la calle camionetas de la Aeronáutica y personas con armas largas”, relata Teresa García quien, aunque acababa de parir sólo días antes, salió a buscar a su hermano. Desde la desaparición del matrimonio, las familias de García y de Bruna pasaron “noches en vela en casa de mi madre, momentos de zozobra y altibajos emocionales. A veces teníamos esperanza y luego la perdíamos”, dijo y explicó que esperaban que sus familiares tuvieran la misma suerte que dos compañeros de la comunidad religiosa, Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes habían sido liberados hacía poco tiempo.
Jesús García había participado, hasta antes de formar su familia, de la comunidad católica formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem, también perseguido por los militares de Moreno. Ellos, junto a otros compañeros que fueron detenidos, realizaban actividades sociales y pastorales en el barrio. Una conocida le confirmó a la familia García que en la Comisaria 1ª de Moreno “cantaban las canciones de Guadalupe. Tenían que ser ellos” y la madre envió comida y una frazada muy particular que, al reencontrarse con su hijo, confirmó que “la había reconocido y le dio esperanza saber que la familia conocía el paradero”. Teresa García recuerda que “para vacaciones de invierno los pasaron a la cárcel de Devoto” y allí pudieron ir a visitar a su hermano, hasta que finalmente fue liberado junto a su esposa para la Navidad de 1977. Durante la declaración, la testigo insistió y remarcó que fue su sobrino, Francisco García, quien se llevó la peor parte de lo ocurrido, quien aún hoy atraviesa por graves secuelas psicológicas. Durante el período de detención, Susana Bruna fue llevada a la casa de su suegra para visitar y jugar con su hijo Francisco por una hora, para luego, volver a ser desaparecida y trasladada al centro de detención y tortura. “Él sufrió y sufre por lo que vivió en su casa, por no tener una madre, que incluso luego de ser liberada cambió mucho”. Para finalizar su testimonio, reconoció que nunca sintió miedo. “Estaba segura de que se cometía un error, de que mi hermano era una persona de fe y de bien. Desconcocía el plan sanguinario que llevaban a cabo los militares, del cual su familia era también víctima, hasta que tiempo después él me contó lo que vivió.”
Luego de ser mencionado en repetidas ocasiones por testigos previos, declaró el sobreviviente Faustino Altamirano, conocido como “El Salta”. “Tenía a mi hija de 4 años abrazada a mis piernas que les pedía que no me peguen. Me tabicaron, encapucharon y me cargaron en una camioneta de las Tres Marías. En un vehículo anterior, un Ford Falcon, estaban “Pancho” y “Mafalda” -Beatriz Boglione-: ellos me habían entregado. Conozco Moreno como la palma de mi mano y, a pesar de las vueltas, sé que me llevaron a la Comisaría 1ª”, relata el entonces dirigente barrial, expresidente de la Comisión de Fomento Barrio San Jorge y fundador de la Unidad Básica Mártires de Ezeiza. “Nos echaban la culpa de ser subversivos. ¿Subversivos de qué?, del hambre que teníamos, de la necesidad de vivír mejor”, detalla sobre el trabajo barrial que realizaba en el que, por ejemplo, extendían las conexiones de agua y luz a quienes carecían de estos servicios.
Desde el día de su secuestro, el 17 de abril de 1977, “fui intermitentemente yendo y viniendo de un lado a otro. Hasta que pasó un tiempo prudencial y antes de fin de año nos soltaron. Pasó por las comisarías de Paso del Rey y de Francisco Álvarez. En todos los centros en los que estuvo encontró a diferentes compañeros de militancia y vecinos de Moreno. Pero sobre lo vivido en el primer centro de detención relata que “tomaba el agua que chorreaban las paredes y comíamos unos huesos que nos tiraban”. En la celda de enfrente estaba Beatriz Boglione: “Por la mirilla de la puerta podía ver cómo ella y otras mujeres eran violadas reiteradas veces por diferentes hombres, que distinguía por las diferentes contexturas físicas”. Cuando la vio por primera vez en el lugar de detención la insultó y la culpó de su detención, pero “luego entendí lo que ella vivía y que me delató para evitar, inutilmente, el infierno. Tiempo después, nos citamos en una plaza, le pedí perdón y estuvimos una hora llorando abrazados”.
“Un día de principios de enero de 1978, cuando caminaba por el costado de la vía, veo que se acerca una camioneta de las Tres Marías. Allí venía Pancho, todo barbudo y con la ropa sucia. Al ver el coche cruzar la vía, empecé a temblar y me orine del miedo. Otra vez, me cargaron en la camioneta y fui a parar otra vez a las mismas comisarías”. Pudo identificar la Comisaría de Paso del Rey porque había hecho una marca en el techo de machimbre -que luego volvió a identificar en las inspecciones realizadas con el juez Daniel Rafecas- y a la Comisaría Francisco Álvarez por estar frente a una escuela, y escuchar la campana y los niños jugar. Durante esta segunda detención, pasó por la Brigada Aérea de Moreno y por Campo de Mayo, desde donde fue liberado junto a otros compañeros. Sin embargo, antes debió vivir varios intentos de fusilamiento: “Paseos nocturnos donde gatillaban varias veces, me amenazaban diciendo que ya habían matado a mi familia y que debía decirles todo lo que supiera”. Para concluir se refirió a las secuelas de aquellos días: “Me costo mi hogar y mi familia”. También puntualizó los secuelas físicas: “Tengo el pecho hundido por un culatazo y la cara deforme por los golpes. Me quebraron, además, los dedos del pie y como nunca se curaron, sangran cuando camino”, expresó.
En diálogo con ANCCOM, el abogado Gastón Fraga de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de esta causa, se refirió a la declaración de Altamirano: “Es fundamental porque estuvo mucho tiempo detenido y recorrió múltiples centros de detención donde convivió en cautiverio y tomó contacto con muchas víctimas. También porque contó situaciones similares a las que ya hemos escuchado en declaraciones anteriores, lo cual sirve para acreditar su relato y el de otras víctimas. Esta unión de los relatos da solvencia y robustez al desarrollo del sistema represivo de Zona Oeste. En este mismo sentido pudo identificar claramente la participación de la Fuerza Áerea, en las camionetas de las Tres Marías, en la Base Áerea de Moreno y en el desarrollo de los operativos.
La audiencia finalizó con el testimonio de la testigo Carmen Beatriz Altamirano, quien estuvo presente a pesar de manifestar, en varias oportunidades, cierta reticencia a contar por primera vez su historia: “No quiero que mis hijos se enteren de esto, sino que vean a su madre entera” -y agregó-: “Hasta el día de hoy me da miedo pasar por donde hay militares o policías, cuando uno debería confiar en ellos. Yo no puedo”.
Su esposo Juan de Dios Medina “uno de los primeros días de abril, salió a cargar materiales como cada día y no lo volví a ver por tres meses” relata la esposa. Enseguida comenzó a buscarlo en distintas comisarias. Sobre su visita a la Comisaria 1ª de Moreno recuerda que el policía que la atendio le dijo: “¿Para que lo querés si es un viejo?”, aunque recuerda que previamente le había afirmado que no estaba en el lugar y no sabía quién era: “Me agarró del cuello y me dijo que me largue a mi casa”. También fue a la Comisaría de Merlo, pero al acercarse al lugar, esuchó gritos y personas decir ‘no no no’ y se fue.
Junto a sus hijos, Juan Manuel Medina y Victo Hugo Medina, que eran aún bebes, debió sufrir múltiples allanamientos y amenazas. “Golpearon la puerta de casa pero no llegue a abrir porque la tiraron. Me dijeron: ‘Vamos a hablar un ratito, decime quiénes son los compañeros de tu marido, contame qué hace tu marido’. Uno de ellos le puso el arma en la cabeza a mi hijo. ´Decime con quién anda tu marido porque no vas a tener la cabeza de tus hijos, ni de este ni de ese’, me dijeron señalando a los dos niños, que comenzaron a llorar, sin dejarme acercarme para consolarlos. Antes de irse me manosearon. Donde estaba la puerta tuve que poner un sillón”.
En otra ocasión, cuando esperaba en la fila del colectivo, uno de los hombres de aquella noche “le agarró la mano a mi hijo y le dijo: ‘Qué lastima que vos también vas a desaparecer como tu papito si tu mamá no habla’. Cada vez que me hostigaban lo hacían refiriéndose a la matanza de mis hijos”. Su marido fue finalmente liberado pero la familia debió convivir con secuelas. “Con el tiempo empezamos a hablar de lo que nos había pasado: a él, a mí y a los chicos. Mi marido si escuchaba ruidos fuertes o golpes se escondía atrás de los muebles. Estaba muy maltratado”.
Mariana Eva Pérez, querellante del juicio e hija de desaparecidos, en diálogo con ANCCOM hizo referencia a la posibilidad de incluir a las infancias como víctimas en este juicio, luego de reiteradas audiencias en las que fueron ejes centrales y principales afectados de los hechos narrados en las declaraciones. “Es increíble que la justicia aún no nos contemple como sujetos de derechos, que no atienda las vulneraciones que sufrimos en el momentos en que mayores cuidados necesitábamos. Existe la posibilidad de ampliar la acusación para incluir nuevos delitos. Tenemos antecedentes importantes, juicios previos en los que hicieron eco del pedido de las querellas y se condenó a los acusados por delitos contra las infancias. Aunque el criterio a nivel nacional es muy dispar. Las infancias víctimas de la Fuerza Aérea no estamos organizadas. Quizás surja de este juicio porque como nos enseñaron las Madres y Abuelas: cuando vas sola no te escuchan, pero si vas en grupo sí”.
“Cada historia que escucho en la sala me angustia, porque podría ser la mía. No recuerdo mi propio secuestro porque tenía solo 15 meses en ese momento”. Sobre la audiencia de la fecha refirió que “fue especialmente duro el caso de Fernando García, por las consecuencias psíquicas de lo vivido, el secuestro de ambos padres pero principalmente la visita de su madre durante los meses de secuestro, lejos de ser un gesto de humanidad es una amenaza sobre la detenida y la familia, para hacerles saber que los controlaban y que tenían poder sobre el hijo. Luego el caso de Carmen Altamirano, que comentó cómo sus hijos fueron objeto directo de los represores cuando los encañonaron, o en audiencias anteriores el testimonio de Natalia Gobulin, quien sufrió intentos de secuestros. Se podría pensar que es un modus operandi que tenían en la Fuerza Áerea, un modo de presión contra nuestros padres. Hechos perversos que no están estudiados ni estipulado como un tipo de afectación específica como violencia para las infancias: la justicia debe contemplar no solo el uso instrumental de los niños como forma de manipulación, sino también la afectación directa sobre nuestros propios cuerpos”.
Por su parte, el abogado Gastón Fraga anticipó que “para el año próximo se esperan declaraciones muy importantes, ya que comenzará el año con la situación propia de Mansión Seré, que serán un montón de testimonios. Esperamos que para fin de año ya se pueda estar alegando para llegar al veredicto”. Se refirió a este juicio que juzga los crímenes de la dictadura en Zona Oeste como “un avance histórico, una palmada de justicia para las víctimas que nunca habían podido declarar en el marco de un tribunal, y hacerlo en la última etapa de su vida es muy importante”.
La próxima audiencia de este juicio se realizará de manera virtual el lunes 30 de diciembre.