¿Se acabó el desempleo?

¿Se acabó el desempleo?

Jun 18, 2025 | Destacado 3, Trabajo

El índice de desempleo no crece al ritmo de la crisis económica. La salida laboral a través de las plataformas digitales, como los servicios de delivery, maquillan la desocupación. Sin embargo, ante el aluvión de personas que se vuelcan a esta tarea, los ingresos comienzan a mermar y esa salida ya no parece tan apetecible.

Argentina atraviesa actualmente una contracción económica profunda. La actividad cayó un 1,8% en 2024 mientras el consumo se derrumbaba un 18%, en comparación con el año anterior, que a su vez ya había sido también marcado por una fuerte crisis. A esto se suma una inflación todavía elevada —aunque menos visible en las estadísticas oficiales— y un fuerte ajuste fiscal equivalente al 4,7% del PBI.

Estos indicadores no son solo números: tienen consecuencias concretas en la vida de las personas. Los ingresos pierden poder de compra, el empleo formal disminuye y cada vez más personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir fuera del mercado laboral tradicional.

Una salida que se repite

En este escenario, miles de personas recurren al trabajo a través de plataformas digitales como Rappi, Uber, PedidosYa o Mercado Libre para generar ingresos de forma inmediata. Son empleos sin relación de dependencia, con horarios flexibles, pero también sin derechos laborales básicos ni garantías de estabilidad.

Este fenómeno recuerda, de alguna manera, lo ocurrido durante la crisis de 2001. En ese momento, la caída del régimen de convertibilidad —establecido por el gobierno de Carlos Menem en 1991— dejó a millones de personas sin empleo. El “uno a uno”, que había equiparado el peso al dólar, se volvió insostenible y colapsó en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país.

Con un Estado que se corría y no daba respuestas, miles de personas despedidas buscaron subsistir a través del autoempleo: muchos utilizaron sus indemnizaciones o ahorros para comprar un taxi, remis o para abrir pequeños comercios, kioscos y almacenes. No eran proyectos soñados, sino salidas de emergencia en un contexto de alta inestabilidad. Hoy, el trabajo en plataformas cumple un rol similar: ofrece una solución rápida frente a la falta de empleo formal, aunque con condiciones laborales precarias y bajo el control de un algoritmo.

Trabajar para Rappi, Uber o PedidosYa se instaló en los últimos años como una forma de manejar los propios tiempos, de ser tu propio jefe. También representa una alternativa temporal para quienes fueron despedidos o buscan evitar caer en la desocupación, “para no caerse del mapa”. Así lo explica Belén D’Ambrosio, repartidora y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, el empleo en plataformas reemplaza una parte de los puestos perdidos tanto en el mercado registrado como en el informal. “Por eso el nivel de ocupación varió poco”, señala. La desocupación no creció al mismo ritmo que la crisis económica, pero sí aumentó la subocupación. Dentro de ese grupo se encuentran muchos repartidores y conductores que figuran como monotributistas o directamente trabajan sin registrar, sin aportar al sistema de seguridad social.

El informe “¿Recuperación ilusoria?”, del instituto de investigaciones sociales Gino Germani, explica este fenómeno: “La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral.”

En 2022, la desocupación fue del 6,3%, y en 2024 se ubicó en 6,4%. Muy lejos del 18,3% alcanzado en 2001. La diferencia principal es que hoy es más fácil acceder a un empleo (o algo parecido), aunque sea mal pago y riesgoso. Por eso, está lejos de ser cierto —como asegura el diputado radical Martín Tetaz— que “el desempleo se terminó”. Estos nuevos trabajos no ofrecen estabilidad ni protección a largo plazo: son solo una forma de no quedarse sin ingresos.

Sin embargo, en la medida de que más gente recurre a las plataformas que solo responden a las leyes de la oferta y la demanda para asignar salarios y tareas, resulta cada vez más difícil ganarse la vida con ellas. Para las plataformas, más empleados significa más competencia entre ellos y más posibilidades de reducir costos.

“Se acabó el mito de ser tu propio jefe”, explicita D’Ambrosio. Las aplicaciones ya no pagan lo que pagaban antes por la sobreoferta de trabajadores, a los cuáles las empresas nunca reconocieron como tales. Por eso no tienen cobertura de ART, vacaciones, obra social, aguinaldo ni un sueldo básico que brinde una mínima seguridad. En el mejor de los casos, ganan un poco más si llueve. Pese a esta precariedad, muchos se inscriben como monotributistas, por lo que figuran en las estadísticas como cuentapropistas, aunque estén lejos de tener autonomía real.

 

Gig economy

 Las plataformas operan bajo el modelo de la economía colaborativa, o gig economy. Básicamente, lo que antes llamábamos changas y trabajos por encargo, sin un contrato permanente. Son trabajos flexibles, con todo lo bueno y lo malo que eso incluye. Dan cierta libertad de elección respecto de en qué días y horarios trabajar. Sin embargo, esa libertad se ha vuelto otra pequeña mentirita del capitalismo neoliberal que habitamos porque, como dice Manuel, conductor de Uber desde hace dos años y exrepartidor de Rappi, “terminás trabajando en los horarios de alta demanda, para cubrir los gastos del auto y para llegar a fin de mes”. Enrique, que reparte para Pedidos Ya los siete días de la semana, con jornadas de más de 10 horas cuenta: “Hacemos lo que haga falta para juntar para el alquiler, la comida, el celular”.

Lautaro también trabaja para PedidosYa, pero en moto, y, al sumarse a la conversación, aclara que gana mucho más que cuando andaba en bicicleta, pero también gasta mucho más: “Los gastos fijos de la moto son otra cosa. Cuando repartía en bici, era toda para mí, ahora tengo que pagar la nafta, los arreglos. Hace un mes me chocaron y tuve que trabajar más los fines de semana para cuadrar esos extras”.

En moto, Lautaro hace hasta 40 mil pesos diarios y hasta 4 entregas por hora, en promedio, gana 160 mil pesos a la semana. Cuando repartía en bici, también por 5 días a la semana, estaba más cerca de los 70 mil semanales, pero solo tenía algún gasto ocasional de la bici. Manuel lo confirma, y cuenta que su mentalidad en bici era la de un atleta, “solo gastaba en Gatorade y pedaleaba 50 kilómetros diarios”.

 

Las crisis cambian el trabajo

Ottaviano explica que “los trabajadores de plataformas son reconocidos legalmente como cuentapropistas, pero las características de su trabajo son objetivamente de dependencia. Más allá del tipo de organización horaria del trabajo en plataformas, los conductores y repartidores dependen de que las distintas aplicaciones les asignen pedidos y viajes”. También dependen de que el algoritmo no los bloquee y de que les paguen en tiempo y forma por los servicios prestados.

Estas aplicaciones ejercen tácticas de control, seguimiento y premiación -o, por el contrario, castigo a los riders que rechazan viajes o tardan demasiado en hacer una entrega o se salen de la ruta recomendada- y demuestran lo que D´Ambrosio y el SiTraRepA denuncian hace rato: que no se trata de socios colaboradores, ni de autónomos, sino de trabajadores bajo dependencia de las empresas de aplicaciones de reparto.

“Estas empresas actúan como fantasmas, porque los riders no podemos hacer ningún reclamo respecto de las condiciones laborales. Están encubriendo una precarización laboral muy marcada: pagan entre 1.000 y 2.000 pesos por pedido entregado”, remarca D’Ambrosio. ¿Por qué pagar más si hay muchos trabajadores que saben que no pueden volver a sus casas con las manos vacías? Aquellos que acepten un mayor grado de explotación serán los que terminen trabajando.

Tanto los conductores como los repartidores coinciden en que la demanda de viajes ha bajado en los últimos meses, a tono con las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei y la caída del consumo que esta implica, algo empeorado por la sobreoferta de trabajadores que ofrecen esos servicios. La caída en la demanda, además, obliga a los repartidores “a trabajar durante más horas y en las zonas de más alta demanda”, para cubrir sus necesidades básicas, y “llegar a los 800 mil pesos de un sueldo mínimo”, relata Ramón, repartidor de Cabify, que entrega los pedidos de delivery de Mercado Pago Envíos.

En este nuevo esquema, la promesa de autonomía y libertad que ofrecen las plataformas contrasta con las condiciones reales de quienes trabajan en ellas. Lejos de ser socios, los repartidores y conductores cumplen funciones vitales para las plataformas que, además, son extranjeras y se llevan las divisas que escasean en el país. Además, las plataformas modifican sus algoritmos sin dar explicaciones.

Tal como advierte un reciente informe del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, “los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas”. Esta no es una recuperación: es una forma de sobrevivir en un mercado que ofrece menos derechos, más inestabilidad y que desplaza el riesgo hacia quienes menos pueden afrontarlo.

“La posibilidad de la deriva antidemocrática está aquí”

“La posibilidad de la deriva antidemocrática está aquí”

Jun 14, 2025 | Destacado 3, Entrevistas

El ensayista Alejandro Horowicz analiza la condena a Cristina Kirchner, el estado de salud de la institucionalización y el desvanecimiento progresivo de la democracia. ¿Cuál es el rol de la ciudanía?

Alejandro Horowicz es ensayista, periodista, doctor en Ciencias Sociales y docente en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria —desde Los cuatro peronismos (1985) hasta El kirchnerismo desarmado (2023)— ha analizado las tensiones entre poder, legalidad y representación en la historia política argentina.

En diálogo con ANCCOM, Horowicz analiza el escenario actual del país, el estado de la institucionalización y el desvanecimiento progresivo de la democracia. Cuestiona sus cimientos, advierte sobre una legalidad cada vez más estrecha y empuja una pregunta tan simple como incómoda: ¿Cómo la sociedad puede imaginar colectivamente una salida y hacerla existir?

¿Cómo interpretás la reciente detención de Cristina Fernández de Kirchner y su impacto en el sistema político?

Es una sorpresa que no sorprende, es un juicio con sentencia escrita de antemano. La pregunta entonces es: ¿Por qué la sentencia ahora? La respuesta es simple, porque creen que pueden. Si esto es cierto o no es cierto es lo que está en disputa, alrededor de esta disputa es donde se va a ver si la evaluación de los tres supremos y sus validadores sociales es la lectura correcta o si no. No es un mensaje al pueblo ni a la ciudadanía, sino a la dirigencia política, a la casta. Es un aviso de que el programa del partido del Estado no se puede tocar, y si alguien acepta el riesgo de tocarlo, pues bien, le van a quitar el pan, el agua y la sal. Entonces, lo que aquí estamos discutiendo es ni más ni menos el estatuto de la legalidad política, qué es legal y qué no es legal. Un liberal cree que ese estatuto remite al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia. Nosotros sabemos que esto remite básicamente a un enfrentamiento directo y ese enfrentamiento no se resuelve en el terreno exactamente judicial, es decir, la amplitud de la legalidad no es un problema textual es un problema del enfrentamiento político real.

Cuando nosotros miramos la situación argentina y la situación internacional entendemos que estamos en un momento donde la reducción del espacio de la legalidad es evidente. Digamos, si en Estados Unidos se puede discutir si un nacido en los Estados Unidos es o no es norteamericano, se puede discutir cualquier cosa. Esto nos hace saber de la  precariedad de lo que se entiende por institucionalidad democrática, y que la institucionalidad democrática no depende de ningún papel, sino básicamente de los términos del enfrentamiento. Entonces, el espacio de la legalidad es el espacio del enfrentamiento conceptual, y cuando queremos decir que hay una batalla cultural lo que estamos diciendo, para no repetir las gansadas de la derecha, es que es esta lectura la que constituye operativamente la legalidad o la ilegalidad vigente. Un modelo es democrático cuando el espacio de la legalidad crece, y el modelo es antidemocrático cuando el espacio se ve reducido. No hay que ser particularmente genial para entenderlo.

La condena a Cristina no es un mensaje al pueblo ni a la ciudadanía, sino a la dirigencia política, a la casta. Es un aviso de que el programa del partido del Estado no se puede tocar, y si alguien acepta el riesgo de tocarlo, pues bien, le van a quitar el pan, el agua y la sal.

Alejandro Horowicz

¿Usted diría entonces que estamos en un estado antidemocrático?

Carl Schmitt tiene una fórmula muy precisa, dice: el soberano es el que puede imponer el estado de excepción. Lo que nosotros estamos viendo son formas del estado de excepción que se aplican en todas direcciones. Cuando nosotros miramos qué le pasa a un dirigente sindical que tiene que discutir sobre las condiciones de salud o enfermedad de uno de los afiliados a su gremio y resulta que la comisión que tiene que determinar si está sano o enfermo es una ART, y la ART desconoce la existencia de las enfermedades profesionales, por ejemplo. El modo en que esto está ladeado no requiere de mayores implicaciones: al que hace esta defensa le arman después una causa penal. Entonces, está muy claro que estamos viendo, más acá o más allá de que al gobierno de Milei le convenga o no le convenga sacar a Cristina de la cancha personalmente, que no es una discusión simplemente sobre Cristina, es una discusión sobre el estatuto de la legalidad política, y el estatuto de la ilegalidad política es la calidad real de la ciudadanía, no un conjunto de declamaciones vacías, sino un conjunto de prácticas sociales reales. Entonces, el impacto de esto es muy claro: o la Corte impone estos términos o nosotros como campo imponemos los nuestros. Si no imponemos nuestras coordenadas de legalidad, el horizonte será la represión de jubilados cada miércoles, la ley antipiquetes, y, en su expresión más brutal, Gaza. Entonces, en una punta tenemos la legalidad popular, en la otra punta está Gaza y en el medio estamos nosotros.

 

¿Existe la posibilidad de una deriva antidemocrática en la Argentina?

La posibilidad de la deriva antidemocrática está acá y aquí. Conviene entender que no estamos hablando de un futuro potencial, sino de presente continuo del indicativo. El poder se conjuga siempre en primera persona singular y en indicativo. Yo puedo. Yo no puedo. Yo podré es una promesa, no tiene nada que ver con la ecuación del poder. El poder está siempre en presente del indicativo, esto es sintácticamente decisivo y políticamente definitivo. Entonces, esto no es a futuro, esto es hoy, aquí, ahora. Esto es lo que está sucediendo. La deriva de este gobierno es inequívoca, este gobierno es eso. No entender esto, es creer que este gobierno depende de un debate electoral y de un resultado electoral. Pues bien, lo que las elecciones nos hacen saber es que la mitad del padrón no vota. En consecuencia, la debilidad de la legitimidad política es manifiesta, la mayoría no le cree absolutamente nada a nadie y este es el único balance compartido de la sociedad argentina. Por lo tanto, hay que hacerse cargo no de lo que va a suceder, sino de lo que ya sucedió.

 

¿Encontrás paralelismos con otros episodios de persecución política en la historia?

Sí, siempre. Todo período reaccionario puede ser homologado con otro, y en ese sentido los paralelismos son razonables. Existe una pereza intelectual que consiste en ir y definir todo como fascismo. El fascismo es un movimiento histórico, plebeyo, de masas anticomunistas en respuesta a la Revolución Rusa. No hay hay amenazas socialistas, no hay alza general de la sociedad frente a esto. A ver, es una dirección profundamente reaccionaria, pero que es otra cosa y hay que explicitarla. Pensar es, ante todo, establecer la diferencia específica entre dos términos. Buscar analogías, en cambio, no es pensar. Como los abogados tienen la costumbre y la necesidad profesional de buscar analogías, porque tienen que mirar si encuadrás o no encuadrás en determinada ley, pues bien, ese es un problema de los abogados no nuestro.

 

Se estuvo hablando como de una fujimorización en la Argentina, ¿Es posible?

Hablar de fujimorización me parece una forma de distraer del problema real. El problema es que el partido del Estado, esto es, el bloque de intereses del bloque de las clases dominantes en el planeta tierra y en el orden capitalista, tiene para cada ciclo histórico un programa global. Cuando uno mira las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, uno ve que son iguales en Tanganica, Atenas, en Boston y en Neuquén. El efecto del mismo programa en Tanganica, en Boston y en Neuquén no es igual porque cada formación histórico social tiene su propia particularidad y lo que en Boston es un problema relativo en Tanganica es un programa mortal. La Argentina tiene un desequilibrio estructural de ocho puntos, que es el impacto del costo del sistema financiero de la deuda sobre el producto bruto de la Argentina. Cuando vos tenés que equilibrar un sistema que arranca con ocho puntos en contra, lo único que va a suceder en esa reducción de gastos para llegar al equilibrio es una masacre. En consecuencia, lo que en Boston es una discusión ideológica de matices sobre si yo expando el producto, y de ese modo, alcanzó el equilibrio no por reducción de gastos sino por aumento de ingreso, aquí estamos discutiendo una tragedia. Entonces, el orden político no discute el programa del partido del Estado. La casta nos hace saber que a cualquiera que se separe un mililitro de la dirección de Milei -esto es, a favor del capital y contra los asalariados-, le van a quitar todo y le van a hacer un juicio de inmediato. Entonces, es un mecanismo del disciplinamiento de la casta, no otra cosa. Ahora bien, en el mecanismo del disciplinamiento de la casta se juega ni más ni menos que nuestras posibilidades reales de intervención como partido de gobierno y el secreto que aquí se presenta es que nos hacen saber que ningún partido de gobierno, que no acepte a rajatabla el programa del partido del Estado, va a ser legal. Cosa que tenemos que saber porque esto es así, salvo que nosotros tengamos la potestad de modificar esta situación y volverla legal. Dicho de otro modo, ellos nos dicen que esto es delito. Nuestra respuesta debe ser clara: no, delito es la acusación de ustedes.

 

Siguiendo esta línea, ¿qué implicancias tienen los decretos de Milei en la estructura institucional del país? ¿Cómo afecta la concentración de poder en el Ejecutivo?

Cuando observamos los poderes delegados por el Congreso, entendemos que el Congreso no solo no regula sino que forma parte de la ofensiva. El comportamiento judicial no consiste en atenerse al derecho sino en avanzar irrestrictamente en la misma dirección. Vos tenés los tres poderes del Estado alineados con el mismo norte. Hay mucha gente que no soporta que las cosas son como son, pero la única chance de que esta insoportabilidad resulte conducente es aceptar que son como son para poder cambiar. Nadie puede cambiar aquello que no se atreve a reconocer. Uno de los problemas decisivos en este momento es que la sociedad Argentina sencillamente no sabe qué hacer, y en lugar de aceptar que no sabe qué hacer, que ya es bastante, juega a que sí saben. Pues bien, el resultado de este juego se llama Milei.

 

¿Cómo ves la reacción de la sociedad?

La cuestión es la conjugación verbal, primera persona del singular: yo. El secreto de la teología es que nos propone un salvador y las respuestas teológicas requieren que la salvación sea exterior. No tenemos ninguna respuesta teológica posible. O nos hacemos cargo de la cuestión, o no hay ningún otro camino. O entendemos que tenemos que inventar colectivamente otra cosa o estamos en el horno. A ver ¿qué es un escritor? alguien que cuenta unas fantasías que no existen, pero tiene la capacidad de hacerlas existir. La potencia de un momento histórico es la capacidad colectiva de imaginar otra cosa. Lo que tenemos bloqueado en este momento es esa capacidad.

¿Qué rol creés que juegan los medios de comunicación en la percepción de la democracia y la reacción de la sociedad?

Creo que el lugar de los medios ha sido exagerado de una manera descomunal. Los medios, por supuesto, están en condiciones de soplar las llamas. Cuando hay una tendencia determinada, es posible fogonearla, pero no pueden inventarla. La tendencia existe con absoluta independencia de los medios. El secreto de una derrota política es que los derrotados aceptan que su experiencia no es fuente de conocimiento. Es decir, si no hay nada que averiguar, el derrotado renuncia a indagar y busca escuchar quien lo va a salvar, mientras actúa en estos términos, es un derrotado sin camino. O salís de ese lugar, o no hay salida. El punto de partida es siempre uno: yo.

 

¿Cómo influye la presencia de capitales extranjeros en la estabilidad institucional y la crisis económica?

Vamos a tener que entender que el capital es extranjero, no que hay capitales extranjeros. ¿Qué quiero decir? Cuando vos mirás el enfrentamiento entre Elon Musk y Trump, podés creer que estás en presencia del enfrentamiento entre dos loquitos, entre dos millonarios, que cada cual hace lo que le parece. Pero en rigor de verdad, digamos, la categoría loquito no es exactamente una categoría que yo manejo, por lo tanto en esa cancha observo lo que dicen especialistas. Pero entiendo que más allá o más acá de la locura personal de ambos, hay un carácter social que no se me escapa y es el que quiero subrayar. Hay una inadecuación entre el Estado nacional y los intereses de las burguesías vivas. Dicho de otro modo, cuando alguien cree que China es simplemente una decisión del comité central del Partido Comunista Chino, no se equivocan, pero está reduciendo este problema de un modo brutalmente unilateral, porque entre otras cosas existe la burguesía China. Cuando uno mira la lista de Forbes, uno ve la presencia de unos cuantos multimillonarios chinos. ¿Oíste que alguna vez algún multimillonario chino se pronunciara sobre la paridad cambiaria entre el shuan y el dólar? No, pero vos tenés derecho a decirme mirá Alejandro, los multimillonarios chinos de la burguesía China no tienen experiencia política propia, que por tanto hay toda una tradición cultural que hace que no plantean nada. Yo en general tengo ciertas reservas sobre este modo de lectura, pero te voy a conceder para este análisis que podría ser así. ¿Y la burguesía alemana, la burguesía francesa, la italiana y la norteamericana que tienen sus inversiones en China, qué? Entonces allí vemos que estos burgueses, por más que hayan nacido, en Teotihuacán o en Berlín, no dependen sus intereses de donde han nacido, sino del modo en que el capital globalizado está organizado hoy. Es decir, lo que le convenga o no le convenga al Estado, digamos, alemán, no necesariamente tiene o no tiene que ver con lo que le conviene a un burgués nacido en Alemania. Elon Musk tiene intereses decisivos en China. De modo que en un conflicto de verdad entre China y los Estados Unidos, los intereses de Elon Musk se tensan de una manera fenomenal y entonces el enfrentamiento entre Musk y el presidente de los Estados Unidos excede el problema de las personalidades de ambos y remite a las condiciones materiales de la práctica de la política. Dicho de otro modo, en un caso alguien está intentando desde el Estado norteamericano, una política, y vemos como no hay dos políticas. Razona como una especie de patotero de barrio, entonces dice la verdad, fijate,  a esta chica que tengo enfrente yo la puedo cagar a patadas y a Horowicz también lo puedo cagar a patadas y a Pirulo también lo puedo cagar a patadas, pero hay un pequeño detalle ¿qué pasa si la chica, Horowicz y pirulo organizan un frente común? También lo puedo cagar a patadas a los tres juntos, pero el juego cambia. Entonces el juego que este buen hombre hace, produjo un realineamiento internacional donde él queda en soledad. Y eso muestra que su sagacidad no es afortunadamente muy grande y sus posibilidades empiezan a temblar. Veremos de nuevo los diarios hoy y Israel acaba de atacar Irán, él pidió hace horas que no lo

hiciera. Entonces ¿qué estamos diciendo? He escuchado hasta el cansancio que Israel es un peón del imperialismo norteamericano. No, esto es una tontería mayúscula. En Israel, el gobierno juega un juego al que arrastra a otros, y ese juego es posible porque los otros permiten ser arrastrados. Israel puede hacer lo que hace en Gaza, entre otras cosas, porque los países árabes de alrededor no se lo impiden. Bastaría que los países árabes de alrededor se plantarán en esa cancha para que Israel no pueda. Entonces lo que estoy tratando de decir es: acá no estamos hablando de acciones sueltas que se resuelven con astutas jugadas de circunstancia de alguien, acá hay una crisis global de hegemonía y en esta crisis global de hegemonías se están redefiniendo todos los lugares. Nuestro lugar también está en redefinición. O intervenimos, o lo definirán por nosotros.

 

Siguiendo la línea de una sociedad que piense colectivamente en una realidad, ¿es posible una salida democrática como tal?

La democracia puede ser un proyecto a construir. Esto no es la democracia y el 83 nunca fue otra cosa que la democracia de la derrota. La continuidad de los gobiernos nos hace saber esto y que las fuerzas políticas que construyeron esto puedan ser derrotadas por un outsider, las pone a todas juntas en valor. No por lo que ellos creen que son, sino por lo que son. Milei es la calidad de la política nacional, no es simplemente un pequeño hotentote desagradable y salvaje. En ese espejo hay que mirarse, y la imagen que surge no es muy simpática pero es la nuestra.

Un año de apuesta a la producción comunitaria

Un año de apuesta a la producción comunitaria

Jun 12, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Los integrantes del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, en el partido de Ituzaingó, cuentan cómo decidieron reunirse para trabajar y hacer frente a la crisis con un proyecto colectivo. El resultado: una cooperative textil, otra de reciclaje y una tercera de ceramistas.

“Adrián es el responsable textil, pero los jueves maneja el camión de La muchachita”, comenta Julián Aceituno, coordinador del Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco, mientras fuma un cigarro sobre la calle Suboficial Perdomo del partido de Ituzaingó. Ahí, a pocas cuadras de la unión de la autopista Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste, funcionan tres cooperativas: la de reciclado La Muchachita de Los Toldos, la Textil de Ituzaingó y la de cerámica Lesjade. Cada una con distintos oficios, distintos recorridos e historias, pero con un objetivo común: apostar al trabajo y a la producción como motor del crecimiento comunitario.

En el mes de junio el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco cumple un año de su inauguración. “Ante un contexto complejo de apertura de importaciones, este es un lugar de militancia y resistencia que sirve para demostrarle a la comunidad que estas formas de producir son viables y se pueden sostener en el tiempo», indica Aceituno. La pared que mira a la vereda exhibe un mural dedicado a la economía popular en tonos rojos y azules. Manos que trabajan telas, moldean vajillas y reciclan residuos envuelven una frase del sumo pontífice argentino que reza y resume lo que ocurre puertas adentro del polo productivo: «Desde las periferia olvidadas se crean soluciones dignas para los problemas acuciantes de los excluidos».

Después de un par de maniobras, el camión quedó estacionado de culata en la entrada del Centro: una construcción grande de ladrillos de hormigón y techos de chapa. Al ingresar por una puerta doble hoja color ladrillo y mirar hacia arriba se pueden ver los colores de la bandera argentina enrollados en la baranda del entrepiso donde funciona la cooperativa textil y, justo en la columna del medio, un cuadro blanco y negro de Evita recibe a todos con una sonrisa.  Contra el costado izquierdo, la escalera de madera por la que sube Adrían Mamami todos los días para trabajar. Ahí arriba se puede realizar de principio a fin el proceso de producción de una prenda de vestir. “El núcleo mínimo de trabajo es Adri y su familia. Cuando hay mayor demanda y aumenta el volumen de producción, se suma más gente”, indica Aceituno. En el fondo, la esposa de Adrián dobla buzos y los coloca en bolsas plásticas mientras su hijo, sentado en una máquina de coser, le da las últimas puntadas a un pantalón. “Ahora estamos produciendo uniformes para un colegio de Pilar”, comenta Mamani.

El espacio es amplio, luminoso y está colmado de hilos y retacitos de tela de diversos colores y texturas. Cuentan con numerosas máquinas de coser y una mesa de corte de diez metros de largo para trabajar a escala. Aceituno apoya su mano sobre la mesa y explica: «Acá se puede hacer todo. Se pone el rollo de tela, se extiende y se realiza el corte con la moldería correspondiente. Después se confecciona e incluso podemos estampar» y agrega: “La realidad es que hay una cantidad muy grande de talleres textiles familiares que funcionan en casas particulares en muy malas condiciones de trabajo. Nuestro propósito es que esos talleres salgan de las casas y que sean los centros textiles los que, al hacer todo el proceso de producción, puedan ofrecer las prendas directo a las fábricas, empresas y marcas, sin intermediarios”.

Un proyecto que está en marcha y dando frutos: a partir de un trabajo articulado entre el Centro para el desarrollo productivo Papa Francisco, la murga uruguaya Agarrate Catalina y Pirca producciones, la cooperativa textil de Ituzaingó confeccionó camisetas para colaborar de forma solidaria con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Al vivenciar esta experiencia colectiva que conjugó trabajo cooperativo, arte y memoria, Mamani comenta: “Nos llena de orgullo haber participado de esta iniciativa. Producimos varias tandas de remeras y tuvimos la posibilidad de entregarlas en persona a las Abuelas”.

“Este lugar es una muestra de que se puede dar respuesta a un problema de un sector que ya ni es explotado, sino que se autoexplota. Al tener la capacidad de absorber más producción, también podemos negociar mejores condiciones laborales”, indica Aceituno mientras tanto, justo debajo de sus pies, se escucha el pitido del montacargas moviéndose en planta baja: son los trabajadores de la cooperativa de reciclaje La muchachita de Los Toldos que cargan el camión que dejó estacionado Mamani en la entrada del Centro. “Cuando terminen de acomodar todo nos vamos para González Catán a realizar una entrega. La muchachita le vende cartón a una fábrica que produce maples de huevo”, acota Mamani entre el ruido de las máquinas y reflexiona: “Acá convivimos las tres cooperativas y entre todos tratamos de darnos una mano. En cierto punto funcionamos como una familia”.

En planta baja hay una radio prendida que musicaliza el ambiente: al ritmo de la cumbia, trabajadoras y trabajadores de La muchachita separan vidrio, cartón, plástico, papel y demás residuos sólidos. Entre bolsones y cajas se arman los pasillitos por donde circula el material que llega, se separa, luego se enfarda en la máquina compactadora y queda listo para su comercialización. “Trabajamos con varias empresas, algunas nos traen residuos para separar y a otras les vendemos el material para reciclar. También recolectamos de puntos verdes y de la zona abastecedora de Ituzaingó”, comenta Rodolfo Herrera, coordinador de La muchachita de Los Toldos, quien de muy chico empezó a cartonear en la calle y por su cuenta. “El proceso de organización de la cooperativa nos llevó mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Ya hace un año que estamos acá y es mucha la diferencia en cuanto a condiciones de trabajo porque tenemos herramientas, la vestimenta adecuada y los días de lluvia podemos trabajar sin mojarnos”, agrega Herrera y reconoce que el trabajo de todos los compañeros es necesario para que todo funcione.

«Hay una visión muy idealizada de pensar que todo se organiza solo y no, no es así. El rol de la militancia es muy importante para generar organización, discutir decisiones y acompañar estos procesos. Ninguno podría solo, en cambio al estar todos juntos, este proyecto es posible y viable de sostener. Hay todo un laburo detrás de articulación con la comunidad», señala Aceituno quien, al ser uno de los responsables del Movimiento Evita en Ituzaingó, pone en valor el trabajo de todos sus compañeros de militancia y agrega: «Es importante que el Estado también acompañe estas experiencias colaborativas y comunitarias. Actualmente, esto lo estamos sosteniendo contra viento y marea. Imaginate que con un poco de viento a favor, podríamos generar muchos más puestos de trabajo». Todo listo y preparado, Mamani pone en marcha el camión, Herrera se sube a su lado en el asiento del acompañante y parten rumbo a González Catán.

El sol de otoño se mete sin permiso por la puerta entreabierta de la cooperativa de cerámica Lesjade, un proyecto que empezó a tomar vida en pandemia y hoy cuenta con un equipo de trabajo conformado por mujeres ceramistas. Con sus manos y minuciosa creatividad, se encargan de amasar, moldear, colar, emprolijar, hornear, encerar, esmaltar y volver a hornear vajilla de gres, un tipo de cerámica cocida a alta temperatura. Sentada en la mesa de trabajo y rodeada de utensilios, Nicole Montaña emprolija una taza, mientras tanto su compañera, Sandra Grunfeld, hace equilibrio arriba de un banquito. Con ambas manos y sumo cuidado, acomoda una fuente en la parte más alta de los estantes donde exhiben la vajilla. La elaboración artesanal hace que ninguna pieza sea igual a la anterior, se trata de modelos únicos e irrepetibles.

 

Alicia Callegaro viste un delantal que lleva bordado “El barro de la patria grande”, habla por teléfono con un cliente y revisa el calendario que está colgado en la pared. Ella es la responsable de coordinar el trabajo en Lesjade. Principalmente producen vajillas personalizadas para cafeterías y casas de té de la zona y también organizan seminarios y talleres para difundir el oficio y formar ceramistas. Luego de finalizar la llamada, Callegaro explica: “Es un orgullo vivir de esto, porque este es un trabajo habitualmente invisibilizado ¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde viene la taza que usas para desayunar? ¿O en qué condiciones se produjo el plato en el que comes todos los días?”. Junto a sus compañeras también destaca la importancia de los lazos que se generan en la cooperativa: “Nos repartimos las tareas, pero compartimos las alegrías y las tristezas. Así todo se hace más llevadero”.

El Centro para el Desarrollo Productivo Papa Francisco es la suma de historias de vida, trayectorias colectivas y luchas organizadas en el seno de la economía popular. Con avances y retrocesos está de pie, activo y en movimiento. «Más allá de las personas que trabajan acá, esto es un proyecto político y una muestra concreta de que podemos hacer un trabajo cooperativo a partir de la organización en comunidad», concluye Callegaro.

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Jun 11, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Vecinos y vecinas de Colón, Entre Ríos, y Paysandú, Uruguay se oponen a la construcción de una refinería de 400 hectáreas que impactaría sobre el medio ambiente y la actividad económica de la región.

Los habitantes de Paysandú y Colón comparten inquietudes por un megaproyecto que transformará sus playas, el turismo y por ende, su economía. Las playas vírgenes del país uruguayo pasarán a ser la sede de una planta de hidrógeno que modificará también las vistas que tiene por el momento la ciudad entrerriana, convirtiéndose así, según los vecinos, “en el patio trasero de esta fábrica”.

En Paysandú, Uruguay, la multinacional HIF Global, quiere construir una planta de hidrógeno verde que ocuparía 442 hectáreas. Sin embargo, tanto los vecinos de Paysandú como los de Colón, Entre Ríos, se han pronunciado en contra debido a la falta de contemplaciones sobre el impacto que causaría en las zonas aledañas.

Leonardo Belassi, del colectivo Paysandú Soberano, explicó a ANCCOM que la instalación de la multinacional en Paysandú podría revertir la mejora en la calidad del Río Uruguay. La ciudad sufrió años de contaminación industrial, y estaba recuperando sus playas y su zona costera, con potencial para el turismo. Belassi advirtió que esta nueva actividad industrial podría significar una «afectación gravísima» al disfrute del río y al desarrollo turístico de la región.

El gobierno uruguayo, sin embargo, mostró un fuerte interés en este proyecto, que se enmarca dentro de la llamada hoja de ruta del hidrógeno verde en el país vecino. El apoyo no se vio replicado por los vecinos de Paysandú, que juntan firmas para expulsar a la empresa de la región junto con otras asociaciones de Colón. “En la Constitución –explica Balassi- hay un artículo que prevé que cada departamento tiene la posibilidad de convocar a una iniciativa la cual su población decida sobre un determinado tema”. Para que ello ocurra, sus habitantes deben recolectar quince mil firmas y ya cuentan con cerca del 80%.           

Los habitantes de Colón, también han expresado su preocupación por la instalación de la empresa que estaría frente a sus costas, a sólo dos kilómetros del lugar. Carlos Seratti, integrante de la organización Somos Ambiente, comentó que el problema con este tipo de industrias es dónde y bajo qué condiciones geográficas se realiza. En Colón hay una actividad importante y sobresaliente con respecto al turismo que se vería afectada. “Primero porque hay una modificación estética. Todo lo que está enfrente, que ahora son áreas naturales, va a cambiar y se va a instalar una refinería que ocupará un tercio de la superficie de la ciudad de Colón. Es como si fuera una ciudad más, iluminada con toda la tipología de una industria. Tanques, cañerías, iluminación de noche, en fin, chimeneas”, describe. Los vecinos denuncias que la nueva instalación afectará la economía de gran parte de los habitantes de la cuidad que viven del turismo. A esto se le suma una afectación a la biodiversidad de la zona, que ya sufrió sus primeros cambios debido a los procedimientos de barrido que realizó la empresa en la zona.

Pese a todo, HIF Global colocó en sus documentos como área de influencia directa el territorio uruguayo hasta la orilla del Río Uruguay, explicando que se corresponde con un ambiente rural y con baja presencia de viviendas, donde no se identifican sitios sensibles, tales como: escuelas, hospitales o centros recreativos en un radio a tres km de la planta. Sin embargo, estas afirmaciones parecen contrastar con la realidad si se tiene en cuenta que Colón es una ciudad balnearia, con una población de 58 mil habitantes, a menos de dos kilómetros de distancia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le envió el 11 de marzo una carta al presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares e intendente de la ciudad de Colón, Jose Luis Walser, donde le manifiesta el respaldo del Gobierno provincial en la solicitud de relocalización del proyecto de la planta, que es el pedido que defienden también las distintas asociaciones ambientalistas de la zona.

Desde ambos lados de la frontera, según los activistas consultados, hay un desconocimiento generalizado sobre la instalación de la empresa. Esto es debido  al secretismo que ha rondado el proyecto desde sus comienzos, dado que se les negó a los vecinos el derecho de acceso a la información pública.

En el 2024, el Movimiento por un Uruguay Soberano denunció al Poder Ejecutivo antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información correspondiente al memorándum de entendimiento que se firmó con HID Global. El secretario de presidencia, de la gestión de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, explicó en su momento que esta sería la mayor inversión privada de la historia, la que alcanzaría la cifra de seis mil millones de dólares y generaría alrededor de tres mil puestos de trabajo en su etapa de construcción. La justicia falló a favor de la organización.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo en Uruguay, surgieron ciertas inquietudes debido a la visita de representantes de la empresa Techint E&C en la zona de Colón para consultar sobre la disponibilidad hotelera para alojar a cerca de 1.500 trabajadores argentinos, si bien no se confirmó que la empresa Techint E&C esté colaborando con HIF Global en el proyecto de Paysandú, se sabe que ambas empresas trabajaron juntas en el proyecto de combustibles sintéticos en Chile en el 2024.

“Esto pone en riesgo la buena convivencia que existe entre Paysandú y Colón –señala Belassi-, porque son dos ciudades que desde hace muchos años saben lo que significa la una para la otra. Hay mucha relación, hay familias ensambladas entre las dos ciudades, hay buena vecindad”. Por otro lado, los representantes de las organizaciones a ambos lados del río comentaron sus intenciones de buena voluntad y disposición para que este conflicto se solucione de manera pacífica.

La empresa producirá en la planta además del hidrógeno verde, metanol, que es un compuesto tóxico, venenoso e inflamable, que combustiona con mucha rapidez, tiene la particularidad de evaporarse con la temperatura ambiente y aumentar su volumen 400 veces. “Si se escapan 1000 o 1500 litros o metros cúbicos de metanol acá enfrente es una bomba de tiempo para nuestra población”, explica Belassi.

El acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa, que se concretó en el gestión del expresidente Lacalle Pou y estuvo cargado de secretismos y arbitrariedades. Leonardo lo confirma ya que, en las votaciones que dieron paso a que se apruebe el proyecto, dos ediles hicieron gestiones para que recibiera a un integrante de su grupo y a otro de Somos Ambiente. A pesar de ello, lo hicieron a puertas cerradas y aunque estas sesiones en su regularidad se graban y transmiten por Youtube, se cortó la emisión justo cuando ellos expusieron sus argumentos, lo cual generó que solo los ediles se enteraran del perjuicio de la colocación de la planta y se restringiera así, la difusión de la postura de gran parte de los vecinos y vecinas.

Frente al cambio de Gobierno, con la asunción de Yamandú Orsi se abrieron expectativas. El nuevo presidente, se reunió con la empresa para negociar este acuerdo considerando algunos aspecto sociales, económicos y ambientales, además de incluir la opción de que Ancap, una empresa pública estatal, pueda participar del proyecto.

 

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Colón juntan firmas para pedir la relocalización de la planta y los de Paysandú piden directamente expulsar a la multinacional de la región. Leonardo Belassi adelantó que el 15 de junio realizarán un festival de música donde junto a artistas locales, se manifestaran contra la refinería. Mientras tanto, los habitantes de la región uruguaya siguen esperando la visita del Ministro de Ambiente para expresarle sus inquietudes.

Discapacitados en emergencia

Discapacitados en emergencia

Jun 5, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Esta madrugada, la Cámara de Diputados votó la media sanción de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad. Durante el día, una movilización estuvo expectante de lo que sucediera en el Congreso. Ahora viene el Senado. De todas formas, Milei anticipó su veto.

Cerca del mediodía del miércoles, familias e instituciones reclamaron frente al Congreso la sanció de la Ley.

La situación de emergencia en discapacidad es un hecho cada vez más difícil de tapar. El sector, que no es ajeno a los ajustes de la administración nacional, viene siendo uno los más golpeados y las acciones del gobierno van desde la baja de pensiones y el despido de trabajadores estatales con discapacidad hasta el desmantelamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Muchas organizaciones se congregaron desde temprano en las inmediaciones del Congreso Nacional a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia para el sector y los resultados. Dentro del recinto, hubo quórum, los diputados comenzaron con otros temas que incluían el incremento excepcional a jubilados y pensionados y al cierre de esta edición la Ley de Emergencia seguía en espera.

El proyecto fue redactado por Daniel Arroyo e incluye la voz de diferentes sectores. Uno de los fuertes de la norma es que cambia el concepto de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a Pensiones No Contributivas para Personas con Discapacidad y por Contexto Social. La carátula anterior marca que las personas no están preparadas para trabajar, que están fuera del sector productivo y está en sintonía con el sistema capacitista que viene denunciando las personas con discapacidad. Además, establece el pago del Salario Mínimo Vital y Móvil para las personas que se emplean en los Talleres Protegidos, que actualmente reciben por su trabajo apenas 28 mil pesos por mes. 

Prestadores en discapacidad realizaron un paro y concentración el pasado jueves. 

En cuanto a las pensiones, el texto aprobado establece que seguirán siendo el 70 por ciento de una jubilación mínima, actualmente en 304 mil pesos.

Liliana, mamá de Ignacio que tiene el trastorno del espectro autista, contó: “Estamos desde temprano por el proyecto de emergencia en discapacidad, por nuestros hijos, sus terapias y los prestadores. No conseguimos acompañantes, terapistas ni psicólogos por la miseria que les pagan.” A su vez, denunció que “en la Ciudad de Buenos Aires están desmantelando la educación especial. Comenzó con Larreta cerrando escuelas bajo el falso paradigma de la inclusión plena, cuando hay pibes que no pueden estar incluidos”. Agregó que “le cerraron las escuelas a los jóvenes mayores con discapacidad, los expulsaron sin acreditación de saberes cuando estuvieron 10 años en la escuela. No hay ningún espacio de formación permanente para el adulto con discapacidad, les están sacando las prestaciones que necesitan, no les pagan a los centros terapeúticos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?”, concluyó la madre. 

Al ser consultada sobre la Ley, Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha, manifestó que “nosotres apoyamos la Ley pero es algo paliativo”. Además destacó que “la unión de las luchas de jubilados, transfeminismos, el sector de ciencia, el Garrahan, implica una lectura política global de coyuntura sobre lo que está sucediendo, vamos a levantar nuestras banderas al lado del resto”.

Desde el colectivo de discapacidad, la abogada Lorena Aguirre instó a seguir luchando: “Tenemos que unir fuerzas, poner nuestras corporalidades en las calles, hay que ocupar el territorio, alzar la voz y seguir dando batalla. La Ley es un punto de partida, podemos ir por más”.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Un sistema no capacitista

El jueves 29 de mayo se unieron en el Congreso diferentes áreas del sector de discapacidad. La Jornada Federal de Lucha reunió a más de cinco mil personas y se realizaron movilizaciones en todo el país en el marco del paro de 5 días de los prestadores de servicios. “Fue un paro histórico surgido desde las bases, que unió a todo el sector, es algo que sólo este gobierno logró”, resumió Alcaide.

Sin embargo, también denunció: “Cuando se une el sector prevalece la voz de otres. Les prestadores luchan por su sueldo, lo cual está perfecto, yo lucho por el sueldo de les trabajadores, las familias luchan por lo que implica cuidar a una persona con discapacidad, pero ninguno habla sobre la verdadera autonomía de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo y a la participación política”. Además agregó que “las personas con discapacidad no se sienten convocadas a luchar”, que están “vulnerabilizadas por un gobierno en el encierro y doblegadas a una condición de inferioridad”, sentenció la referente del colectivo disca.

 Alcaide concluyó: “En este sistema capacitista somos ciudadanos de segunda porque la gente que dice defender nuestros derechos también nos invisibiliza”.

 

Cuentas pendientes

Si bien los sectores implicados destacan que el proyecto de ley reconoce la emergencia del área de discapacidad, aún queda mucho por hacer. El acceso al trabajo y a la participación política son las dos grandes deudas que tiene el estado con las personas de este colectivo. Al respecto, Laura Alcaide afirmó: “Sin participación política de las personas con discapacidad no se pueden elaborar políticas públicas que sean acordes con la necesidades de las personas usuarias”.

La discapacidad no es sólo pensiones y terapias. Alcaide enfatizó: “Les discas exigimos mucho más que eso, y lo primero es la autonomía. Para eso necesitamos tener acceso al trabajo”. La integrante de la Asamblea Discas en Lucha contó que “el 90 por ciento de discas está desempleado, si lo comparamos con el 40 por ciento de desocupación general, ¿cuál es la brecha?”. El 10 por ciento restante está bajo el empleo protegido y cobran 28 mil pesos por mes, otros están empleados en el Estado que no cumple el 4 por ciento del cupo que debería ser garantizado.

En el abordaje global también son las prestaciones las que garantizan la autonomía. “Tener un sistema de apoyo con profesionales que aborden nuestras corporalidades de manera interseccional e interdisciplinaria es lo que estamos necesitando para tener una vida digna. Que quede claro, no estamos exigiendo una Ley de Emergencia lo que exigimos es una vida digna”, sentenció Alcaide. 

Más afuera que en la calle

Más afuera que en la calle

Jun 4, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El gobierno nacional publicó un decreto en el que anuncia que dejará de asistir a las personas sin techo. Toda la responsabilidad queda ahora en manos de provincias y municipios.

La motosierra de derechos de Javier Milei y su equipo de gestión arrasó con un punto clave en una Argentina con hambre: mediante el Decreto 373/2025, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;  el Ejecutivo nacional restringió sus funciones a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”. La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano.

El decreto también modifica las políticas relativas al acceso a una vivienda digna. Mientras que la ley de 2021 establecía que el Estado nacional debía encargarse de garantizar ese derecho, ahora será labor de cada provincia: «Las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad de aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice el documento.

“El viejo estigma de las organizaciones sociales (supuestamente corruptas) es el principal argumento de los libertarios para la descentralización de esta responsabilidad estatal”. De esto habla Horacio Ávila, de Proyecto 7, una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle: “Pone como excusa que las organizaciones se quedan la plata y no cumplen el objetivo, que somos las que más laburamos en esto. Un Estado ausente que hoy se hizo a un lado y le sacó el espíritu a esta ley que costó casi 13 años aprobar”.

Reflexionando sobre lo que implica las modificaciones realizadas, Ávila expresa con tristeza: “De un plumazo nos ponen de nuevo en un lugar donde prácticamente no van a existir políticas públicas sobre la problemática de la situación de calle, la cual está siendo producida, irónicamente, por este mismo gobierno. Entonces, encima de que la generan, obstaculizan la ayuda. Es más de lo mismo que viene pasando con las personas con discapacidad, los jubilados, la cultura y todo lo que tenga que ver con derechos humanos y cuestiones populares”.

La noticia fue como un balde de agua fría. “Veníamos abocados a la organización del Tercer Censo Popular, que lo hacemos a mediados de junio, en CABA. Teníamos la cabeza y la energía puesta en eso, pero el Decreto nos sorprendió a todos”, confesó Ávila.

Ávila comenta que aún no está definido qué se hará al respecto. “Desde lo judicial, pensamos presentar un amparo, y obviamente movilizarnos para reclamar. Por el momento estamos hablando con compañeros, organismos de Derechos Humanos, diputados para encontrar la forma de solucionar esto”.

Los cambios en el sistema de asistencia se oficializaron este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 373/2025, que modifica la Ley Nº 27.654 de 2021, aunque ya habían sido anticipados por el Ministerio de Capital Humano el viernes pasado, a través de una publicación en redes sociales.

 «De noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%” de las personas en situación de calle. Además, entre el año 2017 y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%», subraya Marino.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat, y trabaja para revertir la segregación socio-urbana y garantizar el ejercicio efectivo e integral de derechos en el espacio urbano, se comunicó con ANCCOM para profundizar la perspectiva de las personas que día a día trabajan por los que menos tienen. “Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de CABA, desde ACIJ elaboramos el documento “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, con el objetivo de poder aportar un análisis más sofisticado de lo que es la situación de calle actualmente en la Ciudad. A pesar de que los números que presentan las organizaciones comunitarias que trabajan con el tema no son los mismos que los que presenta el Gobierno de la Ciudad, se ve claramente, y en esto hay un consenso, que es un fenómeno en aumento: de noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%”. Además, entre el año 2017 (en que se tuvo disponible el primer registro) y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%.

Marino cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se tiene un enfoque bifronte, explicado en la primera página del informe: “Frente al agravamiento de la problemática, la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

“Por cómo se ha manejado el presupuesto y los avances que se han dado (como el aumento de Centros de Integración Social, los cambios en la red de atención y la suma de dispositivos móviles), evidentemente en la Ciudad es una prioridad de la gestión, pero aun falta una política integral. Las medidas terminan siendo positivas pero insuficientes”, agrega la coordinadora, haciendo referencia a otro punto importante que también se menciona en el documento del que formó parte: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para la población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.

¿Pueden todos los municipios y provincias hacerse cargo de una problemática que la ciudad más rica del país todavía tiene irresuelta? , consulta ANCCOM a Marino: “La Ciudad cuenta con dispositivos que no se encuentran en otros municipios o provincias, y, al no haber una política integral de abordaje a nivel nacional, seguro sea bastante difícil para el resto hacerle frente. El nivel de alcance de ciertos dispositivos no existe en todas las jurisdicciones”.

Con este decreto el Gobierno nacional se opone a la normativa que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Es una situación que no debería perderse de vista, ya que llama la atención incluso a nivel internacional: el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. Afirman además que “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”.