Milei vs. Clarín

Milei vs. Clarín

El anuncio de la venta de Telefónica a Telecom, de la que el principal accionista es “el gran diario argentino”, puso al descubierto las tensiones y negociaciones del multimedio con el gobierno defensor de las desregulaciones y del reino del mercado. Los especialistas Martín Becerra, Damián Loreti y Diego Rossi hablan de las consecuencias de la compra y del impacto político.

Este lunes se hizo oficial la venta de Telefónica a Telecom, siendo el Grupo Clarín uno de los principales accionistas de este grupo. Y, consecuentemente, esta última compañía pasa a convertirse en un gigante sin precedentes dentro del sector comunicacional. Desde la Oficina del Presidente se informó – por medio de un comunicado en las redes sociales – que se investigará si esta operación no constituye la formación de un monopolio. Además, señalaron que la adquisición podría significar que el 70% de los servicios de telecomunicaciones quedarían en manos de un solo grupo económico “lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa”. Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, en diálogo con ANCCOM señala: “Es una irónica contradicción entre el dogma de Milei, que ha defendido la concentración monopólica privada en foros de la ultraderecha, y su fuerte reacción con esta compra de Telefónica de Argentina por Telecom que, según el gobierno, crearía un monopolio en las comunicaciones”.

Con respecto al comunicado, Damián Loreti, abogado especialista en derecho a la información e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que el Gobierno habla de versiones, cuando en realidad la investigación debería versar sobre si hubo una operación no declarada. “Lo ´novedoso’ sería actuar por versiones, no que el Estado intervenga para verificar las condiciones de absorción en un mercado que ya venía muy desregulado”, dice al respecto. En este sentido, Diego Rossi, asesor de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, agrega: “lo tenemos que ver como un comunicado del área de prensa. No fue una decisión administrativa, de hecho, si no tiene detectada la operación en términos formales, es decir, si no le es notificada, el gobierno no puede actuar, con lo cual claramente está en el plano político discursivo”.

¿El mercado se regula solo?
Meses antes de esta medida, el gobierno nacional había decretado una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar el sector de las telecomunicaciones alegando que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. Pero ahora, tras la consecuente reacción del presidente Javier Milei sobre la nueva adquisición de Telecom, viene a demostrar lo contrario al anunciar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar esta compra.

Sin embargo, ambos organismos estatales fueron fuertemente desmantelados o intervenidos durante el primer año del gobierno libertario, “De modo tal que son, a estos efectos, organismos muy débiles para hacer frente al desafío de evaluar y definir esta compra acorde a las leyes”, dice Becerra sobre ambas instituciones. “Milei con tan pocas herramientas con las que cuenta el ENACOM -estando intervenido el organismo- solamente él sabe lo que va a generar como documento público y como herramienta de negociación y con una Comisión de Defensa de la Competencia que está en vías de extinción o que tiene muy pocas capacidades regulatorias, realmente resulta payasesco”, señala Rossi sobre este asunto. Y agrega: “Pretende usar recetas que él mismo rompió”.

Sobre la alteración que puede traer a futuro la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, Loreti señala: “Lo que va a haber es, como pasó con todos los procesos de fusión, un impacto brutal sobre la fuente de trabajo”. Al mismo tiempo, Rossi coincide con este pensamiento e indica que esta megacompra afecta directamente a los consumidores y a los ciudadanos: “Si su opción de conectividad en su ciudad era solamente Clarín o solamente Telefónica, la verdad que le cambia muy poco la compra porque sigue siendo el mismo prestador. Los que estamos en Buenos Aires, los que están en algunas zonas más pobladas y tienen dos o tres opciones, probablemente sientan un impacto porque no van a poder elegir”. Por su parte, Becerra observa las consecuencias que puede traer esto en los servicios: “la concentración excesiva tiende a abusar en los precios de los servicios, a disminuir la calidad, la cobertura y la asequibilidad de los mismos, y acumula poder en un actor corporativo que ya detenta posición dominante en medios de comunicación, telecomunicaciones y conectividad”.

Milei vs. Clarín

Desde hace ya varios años, el Grupo Clarín viene adquiriendo experiencia en materia de concentraciones dentro del mercado infocomunicacional. En 2007 se generó la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Tiempo más tarde, durante el gobierno de Macri, se produjo la unión de Cablevisión con Telecom. Y hoy, con la compra de Telefónica, se posiciona como el principal grupo en la materia, siendo Claro su principal competencia, aunque más ligada al segmento móvil, mientras que Telecom ahora involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y televisión de pago. Según un informe de Global Media and Internet Research Project, la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscilaba, para el 2023, entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el país. “Estamos en una cosa que no se parece a nada de lo que pasó”, aclara Loreti al respecto.

Esta compra vuelve a profundizar la problemática relación entre Javier Milei y Clarín que incluso, para Loreti, se viene gestando desde antes que asumiera el nuevo gobierno y que en las últimas semanas se intensificó tras la filtración de la entrevista “en crudo” del presidente con Jonatan Viale. “Milei viene peleándose con el Grupo Clarín, a pesar de la amabilidad con la que varios de los animadores de los ciclos de política y opinión de TN y Radio Mitre, así como columnistas de Clarín, lo tratan. Creo que esa amabilidad se debe a que esta operación aún necesita la autorización estatal”, indica Becerra sobre el vínculo entre el gobierno y Grupo Clarín.

“Toda esta lectura Milei la resume en cuál tiene que ser su posición para no caer en una nueva extorsión de Clarín-Telecom. Entonces, entiendo que como forma de negociación sectorial dice, ´Lo vamos a estudiar´». Pero cualquiera que haya leído la historia de los años 90 en Argentina sobre las privatizaciones sabe que cuando se anuncian fusiones en el exterior es muy difícil que internamente a través de mecanismos legales se pueda bloquear esa fusión”, dice Rossi. Simultáneamente, el asesor reflexiona acerca de que estamos en un año electoral y que los medios de comunicación vienen a ocupar un rol central: “las elecciones pueden refrendar o no el rumbo actual del gobierno, donde uno de los componentes es disponer de un ecosistema de medios y el grupo Clarín sigue teniendo un poder de peso. Pero también es cierto que en el marco de esas negociaciones que no conocemos, puede variar el tono o puede tener más o menos condescendencia en alguna de las ramas audiovisuales o escritas de sus medios”.

Así, política y negocios vuelven a estar en el centro de la escena, aunque todavía el final de esta historia parece inconcluso. “Lo paradójico de este gobierno es que no se va a poder mostrar defensor del empleo, o defensor de las institucionalidades, o defensor del libre mercado o de la libre competencia cuando ha venido sistemáticamente destruyendo todo”, afirma Rossi.

Paro docente en trece jurisdicciones

Paro docente en trece jurisdicciones

Con salarios básicos por debajo de la línea de indigencia, los gremios nacionales enrolados en la CGT anunciaron que este lunes no comenzarán las clases. Después de siete meses sin diálogos, el gobierno convocó a los sindicatos ante la inminencia de la medida de fuerza.

Una nueva contienda se libró entre los gremios docentes nucleados dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional. Habrá un paro de 24 horas el próximo lunes 24 de febrero en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo que nos lleva a hacer el paro es la falta de convocatoria a paritaria entre el mes de julio de 2024 y el 20 de febrero”, dijo a ANCCOM Fabián Felman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). “Además, planteamos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente e inversión en educación, porque desde el año pasado hay un desfinanciamiento en el rubro que es público y notorio”, agregó. 

En eso coincidió Norberto Cabanas, el secretario gremial de la Unión Docentes Argentinos (UDA), quien en una conversación con esta agencia dijo que “desde julio no nos reunimos con la Secretaría de Educación de la Nación ni nadie del Ejecutivo, simplemente porque no nos convocan”. 

No obstante, horas después de que los gremios docentes de la CGT anunciaron esta semana, por conferencia de prensa, que realizarían un paro en el que sería el primer día de clases para 13 jurisdicciones, el Ministerio de Capital Humano de la Nación publicó un comunicado para informar que ese mismo día, a las 15 horas, llevaría adelante la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado, con la participación de los sindicatos docentes nacionales, representantes del Consejo Federal de Educación de todas las regiones del país y las secretarías de Educación y Trabajo de la Nación. 

¿Por qué el Gobierno esperó hasta el anuncio del paro para realizar la convocatoria y no la hizo antes? “Creemos —dijo Felman— que logramos una muy buena cobertura de los medios, el apoyo total de los sindicatos, no sólo docentes sino del mundo del trabajo. De alguna manera, la comunidad nos cree más a los docentes que lo que puede decir el Gobierno”. A su vez, el secretario gremial de UDA comentó que “hace 7 meses que venimos pidiendo reunirnos para modificar el salario. Hicieron la convocatoria después de que nosotros hicimos público el paro. Nos parece que tuvieron suficiente tiempo para pensar, juntar la plata, convocar, pero ni siquiera eso”. 

El problema de fondo, en palabras del secretario general de la CEA, es que “nosotros tenemos congelado el salario mínimo en 420 mil pesos desde julio de 2024, un salario que lo determinó el Gobierno nacional por decreto”. Por su parte, Cabanas dijo que “un salario de 420 mil pesos hoy ya no es que está por debajo de la línea de pobreza sino que está en la indigencia. La canasta básica alimentaria está en algo más de 450 mil pesos. Este es el principal motivo del paro”. 

Según relataron ambos gremialistas, esa situación hace que muchos docentes tengan que recurrir a otros trabajos, unos adicionales, para poder llegar a fin de mes. “Tenemos docentes que hoy están trabajando en aplicaciones móviles porque trasladan pasajeros —contó Felman—, porque tienen que buscar otro trabajo, ya que el salario no alcanza. Hay, también, docentes que tienen que dar clases particulares o que trabajan hasta en tres turnos. Hay jurisdicciones que tienen prohibido trabajar más de un turno, entonces tienen que hacer otras tareas”. 

Cabanas complejizó el panorama al comentar que “la primera medida que tomó el Gobierno al asumir fue discontinuar el pago del incentivo docente, o sea, aplicó una rebaja salarial que fue del 8 al 15% de acuerdo al salario de cada docente. Además, discontinuó programas que tenían que ver con la entrega de computadoras, como el Conectar Igualdad, y programas de formación docente. Hoy un educador que quiere capacitarse tiene que estar pagando un curso, un perfeccionamiento, una actualización o una maestría de su propio bolsillo. El Estado nacional no le brinda la posibilidad de capacitación. Realmente estamos en una crisis del sistema educativo muy aguda”. 

¿Qué pasará después de la reunión del próximo lunes? “Conseguir que el salario se transforme en uno acorde a lo que debería estar ganando un docente es difícil —opinó Cabanas—, en el sentido de que se debería aplicar un porcentaje bastante alto para ser algo asequible”. Por su lado, Felman dijo que “uno cuando pide el diálogo es porque tiene expectativa y esperanza. Nosotros tenemos la obligación, como dirigentes sindicales, de tener expectativas de que nos hagan una propuesta que sea trasladable a los docentes. Si la respuesta es irrisoria, nosotros directamente tenemos que rechazarla”. 

El secretario general de la CEA, además, manifestó que “a veces algunos periodistas nos critican y nos dicen ‘¿Por qué al Gobierno anterior no le hicieron paros?’. Nosotros les decimos que lo primero que hizo el Gobierno de Alberto Fernández fue restituir la paritaria que había anulado por decreto Mauricio Macri. Segundo, tuvimos paritaria inclusive en pandemia, para regular las condiciones de trabajo de ese período. Y terminamos el año 2023, es cierto que producto de la inflación, reuniéndonos casi mensualmente”. 

“El Gobierno profesa una ideología que desprecia el rol del Estado. Para nosotros el Estado, tanto nacional como provincial, tiene que garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Para el Gobierno, no. El propio presidente se definió como un topo dentro del Estado”, concluyó, por su parte, Cabanas. 

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Con el objetivo de señalar algún culpable y disimular el abando del Estado en la prevención, las autoridades patagónicas criminalizan a pueblos originarios y voluntarios. También allanaron y destruyeron una radio.

“Quien tenga estos libros en su biblioteca estaría en peligro como lo estoy yo, así actúan las dictaduras”, dice visiblemente afectada la referente mapuche Moira Millán, desde su comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Un comando conjunto de fuerzas estatales allanó su casa y secuestró Feminismo Negro de Angela Davis, Pampas y Lanzas de Liborio Justo, El Niño Resentido de César González, Mujeres, vida y libertad de Rosa Luxemburgo; la historia de las Madres de Plaza de Mayo, Los caminos del Zapatismo y Derecho de las Mujeres Indígenas, entre otros de sus libros. Millán enfatiza que si se concreta la amenaza del gobernador Ignacio Torres de desalojar la Lof Pillán Mahuiza “estaría desconociendo el estado de derecho y los convenios internacionales”. Al borde de las lágrimas, y tras exigir la inmediata libertad de la mapuche Victoria Núñez Fernández, Millán cierra: “Soy una mujer mapuche pero también soy escritora, los libros han abierto mi mente, defendamos el derecho a pensar, a escribir y a leer, la democracia para todos, no sólo para la blanquitud, me estoy enterando de que me quieren encarcelar, quizás este sea mi último video, ante las difamaciones guarden mi verdad”.

El pasado martes 11 de febrero se realizaron diversos allanamientos en comunidades mapuche–tehuelches tales como las Lof Cañío, Catriman Colihueque y Nauelpan, entre otras, y en algunos domicilios de Esquel, en el marco de las causas que investigan la intencionalidad de los incendios en la Patagonia. También fue allanada una radio comunitaria, FM la Petü Mogeleiñ. En paralelo, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dentro del Ministerio de Seguridad, apareció en El Bolsón anunciando la creación de una nueva oficina burocrática: la Agencia Federal de Emergencia. El anunció sorprendió porque en el último año se subejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego y fueron despedidos casi quinientos brigadistas.

Moira Millan.

Bullrich también señaló que caerán “con toda la fuerza de la ley a aquellos que incendian”. Mientras tanto, el fuego continúa, algunos focos en El Bolsón se van enfriando, pero la ayuda gubernamental no llega y los vecinos en las redes sociales agradecen a Dios y a la Mapu cuando llueve.

“Estos van a ser declarados, por el Artículo 41, como terroristas”, escribió Bullrich en X (ex-twitter), para referirse a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y para anunciar la detención de “una incendiaria terrorista pseudo mapuche”. La detenida es Núñez Fernández de 33 años, integrante de la Lof Pillan Mahuiza. En estos momentos se encuentra privada de su libertad en la Comisaría 1 de Esquel. Estuvo incomunicada desde el momento de su detención, y en ningún momento se le hizo saber por qué acción concreta estaba imputada. El 12 de febrero a las 12 se realizó la audiencia en la oficina judicial para definir su situación procesal. Luego, el juez penal Jorge Criado dictó, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva por 60 días para esta mujer.

Núñez Fernández fue detenida en el contexto de allanamiento en Pillán Mahuiza, ubicada cerca de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel. “Las fuerzas especiales entraron a la fuerza, no querían mostrar la orden de allanamiento, rompieron puertas y ventanas, nos hicieron tirar a todos en el piso y a algunos le pusieron precintos en las manos”, explicó Evis Millán, hermano de Moira Millán weichafe (guerrera) de la comunidad.

En la radio comunitaria FM Petü Mogeleiñ, la policía provincial irrumpió en la radio sin avisar y sin orden de allanamiento, rompieron las cerraduras del local donde se encontraba el transmisor, la sala de operación y la de locución” , informan desde la radio. También rompieron la habitación de archivo que se encuentra en el lateral de la edificación, el SUM de la radio y una vivienda cercana. Durante el allanamiento también tiraron materiales diversos, comida y aparatos costosos que le permiten a la radio salir al aire, entre ellos, dos CPU que también les posibilita retransmitir por streaming. 

La semana pasada ANCCOM informaba sobre el inicio de las detenciones, primero a brigadistas y luego a mapuches, que en su mayoría terminaron con los imputados en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, además de Núñez Fernández permanece detenido el albañil neuquino Nicolás Heredia, que estaba de vacaciones y acudió a llevar comida a los brigadistas que luchaban contra el fuego en Mallín Ahogado. Varios organismos de derechos humanos levantaron su voz por la cacería de brujas que está llevando adelante el Poder Judicial, tal como lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por su parte, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que “la prisión preventiva a Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche muestran una tendencia preocupante en el sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas”.

 

La conferencia de prensa del gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó una conferencia de prensa este martes 11, en donde se explayó sobre los allanamientos realizados. La conferencia fue titulada como “El atentado en Trevelin expone la red de responsables de los incendios en la provincia”, y en ella expuso una cronología de los hechos, un tanto particular. Comenzó mencionando el 2 de enero como el anuncio del desalojo de la “ocupación ilegal’’ en el Parque Nacional Los Alerces desde el 2020. En ese año el gobierno de Alberto Fernandez reconoció desde el Estado que esas tierras le correspondía al pueblo mapuche–tehuelche Lof Paillako, sin embargo el actual gobierno mantiene su postura de decir que fue una ocupación ilegal.

Torres continuó con el 9 de enero, el día del desalojo, que lo tituló como el día que “recuperamos las tierras tomadas”. Y afirmó que “menos de una semana después del desalojo, se inició el incendio intencional en Epuyén”. El mandatario provincial expresó que “muchas teorías conspiranoides de terraplanistas hacían referencia a grandes terratenientes que prendían fuego sus campos para lotear y vender las tierras, acá no hay grandes terratenientes.”. Sin embargo, nada dijo de los empleados del magnate británico Joe Lewis pretendiendo impedir el despegue de un avión hidrante y el ataque de un grupo similar, “la patota de gauchos armados con cuchillos” cuando se fue a pedir por la libertad de los brigadistas acusados la semana pasada. También hubo sospechas respecto al destino de las tierras quemadas, porque el presidente Javier Milei había anunciado que derogaría la ley que impide su venta por 60 años, algo que finalmente no sucedió.

En su cronología, acompañada por un Power Point, siguió con el 18 de enero como el día del “atentado incendiario” en la Estancia Amancay de Trevelin. Según Torres, a partir de esta situación se pudo “ver la vinculación entre los distintos focos y los responsables del atentado hecho con bombas molotov”. En ese punto acusó a Victoria Núñez Fernández, a Luisa Vanesa Roldan, a Lianca Millán, a Mau Belen Jones y a Moira Millán de “refugiarlos en una propiedad usurpada cerca de Corcovado”. Esa “propiedad usurpada” es la Lof Pillán Mahuiza, la que fuerzas especiales allanaron violentamente el 11 de febrero sin mostrar la orden judicial y detuvieron a Victoria Núñez Fernández. 

Finalmente Torres sostuvo que “el 4 de febrero denunciaron penalmente a Jones Huala, y dos días después se iniciaron seis focos de incendio simultáneos en El Pedregoso, y un día más tarde en Cholila”. Para Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas y werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro, “estos incendios es el medio que utilizan los gobiernos para despojar a comunidades y campesinos”. El condimento de la ensalada de datos que presentó Torres, como siempre, es la RAM, cuya actividad en la Patagonia es mucho menos protagónica que los funcionarios de derecha pretenden.

 

Por su parte, la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia afirmó: “Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche–tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria”. Y agregó que “no es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional, sumado a las reiteradas declaraciones del gobernador de Chubut Ignacio Torres en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas.”

El pasado fin de semana, en su show en Neuquén frente a medio millón de personas, Maria Becerra pidió donaciones por los incendios en la Patagonia. “Hay que visibilizar la situación, y sí el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario”, dijo la cantante. Al igual que cuando atacó a Lali Espósito, el presidente Javier Milei, vía historias de Instagram, respondió con un meme que dio a entender que la cantante quiere hacer plata con esa causa. 

 

El subte a las nubes

El subte a las nubes

Se viene un nuevo aumento y el pasaje llegará a 832 pesos. Luego habrá subas mensuales atadas a la inflación. Duras críticas al Gobierno porteño y a la empresa concesionaria por la mala calidad del servicio y la falta de accesibilidad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva suba del boleto de subte, que a partir de marzo pasará a costar 832 pesos, un 10 por ciento más que los actuales 757 pesos, que rigen desde octubre pasado. El Ejecutivo porteño comunicó el aumento durante una audiencia pública convocada para tratar la tarifa del subte, realizada el jueves último vía Zoom y transmitida por YouTube.

Participantes de la audiencia cuestionaron el incremento, que asciende a casi un 1.000 por ciento desde que asumió Jorge Macri como jefe de Gobierno el 10 de diciembre de 2023, cuando el boleto costaba 80 pesos. Mientras tanto, la inflación en 2024 fue del 118 por ciento y la prestación del servicio es cada vez más deficiente.

“Si bien la empresa requiere una actualización, nada manifiesta respecto a las mejoras en la frecuencia e higiene tanto en las instalaciones como en los vagones; falta de ventiladores en andenes, baños clausurados, escaleras mecánicas sin funcionar en varios momentos; y personas con capacidad reducida que no pueden acceder a los ascensores”, objetó la referente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cecilia Cáceres.

Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Javier Ibáñez, justificó el aumento debido a la necesidad de compensar el incremento en los costos de explotación y mejorar la relación subsidio-sustentabilidad del sistema.“Se busca recuperar los niveles de cobertura históricos que rondaron siempre entorno al 40 por ciento y que en el mundo ronda entre el 40 y el 60”, afirmó.

Según Ibáñez, la Ley 4.472 establece que las tarifas deben ser revisadas anualmente o cuando el costo del servicio supere un 7 por ciento. En su intervención, dijo que la tarifa técnica del subte a septiembre del año pasado era de 1.950,56 pesos, en tanto que hoy es de 2.305,28. Por consecuencia, y de acuerdo a lo propuesto por SBASE, el pasaje con SUBE registrada, tarjetas bancarias y billeteras virtuales, será de 832 pesos a partir del 1° de marzo, y que el Premetro costará 291,20 pesos.

Está previsto que se apliquen actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. “La proyección para este año es que el Estado pague un poco más del 72 por ciento del pasaje”, anticipó el titular de SBASE, quien defendió la suba de la tarifa enumerando las obras realizadas o por realizar, como la finalización del Nodo Obelisco, puesta en valor de estaciones, instalación de ascensores en Carlos Pellegrini, Federico Lacroze y Plaza de los Virreyes, el cierre del loop del Premetro y el reemplazo de escaleras mecánicas.

Ibáñez mencionó además el proceso de licitación para la adquisición de nuevos trenes para la Línea B, un reclamo de larga data de los Metrodelegados por el que se movilizaron en enero; el desarrollo de ingeniería de la futura Línea F, cuya etapa de diseño conceptual del tramo Barracas-Santa Fe ya fue completada; y el avance del plan de seguridad. Por último, destacó la migración de abonos y pases a la SUBE; la renovación de 654 validadores de los molinetes, donde 145 de ellos pasaron a ser exclusivos para pagos con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales; y la extensión horaria de la Línea B los viernes a la noche.

A su turno, usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de la oposición al macrismo, cuestionaron a Ibáñez y al Ejecutivo porteño. Además de las críticas al aumento acumulado de la tarifa, desproporcionado en relación a la inflación general, se hizo alusión a las graves distorsiones que genera el costo del transporte público, que desde diciembre de 2023 incidió fuertemente en la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

El exlegislador del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, calificó el aumento de injusto e irrazonable: “Metrovías (EMOVA) y el Gobierno de la Ciudad están teniendo una paritaria y un nivel aumento que no sueña nadie a nivel país. Ustedes les están exigiendo que paguen un aumento sideral a personas que estamos cobrando mucho menos que hace algunos años”.

“Las tarifas del subte tienen que estar por debajo de los transportes que usan combustible fósil contaminante (N. del. R.: el colectivo). Tiene que haber una reconsideración de este esquema tarifario, un planteo más realista, en ningún momento se está pensando en el bolsillo de los usuarios”, opinó la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino.

Por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Matías Rodríguez Fernández valoró la indexación mensual del esquema tarifario porque “permitirá aumentar el porcentaje de cobertura de los costos por venta de los pasajes”, aunque advirtió que su impacto “es tan impredecible como el devenir de las variables macroeconómicas del país”.

Otro cuestionamiento a la empresa fue en torno a los problemas para las personas con discapacidad en las estaciones. Apenas el 34 por ciento poseen ascensores, los cuales se vuelven inaccesibles por falta de mantenimiento. “Se pagó a una empresa, FEMYP SRL, más de 87 millones de pesos en septiembre de 2024 para el mantenimiento de escaleras y ascensores, que se descomponen permanentemente. No se mantienen las compensaciones necesarias que por ley nos corresponden y convierte al servicio público en discriminador”, manifestó Carlos Scally, un usuario con discapacidad.

La comunera de la Comuna 3 por Unión por la Patria, Inés Fornassero, apuntó contra Jorge Macri por la falta de políticas y calificó de deficiente el plan de obras: “Escuchar al jefe de Gobierno que hace poco habló de un plan integral de discapacidad, cuando ni siquiera tenemos garantizado el transporte público para cualquiera que necesita un ingreso, eso no lo tenemos garantizado”.

Respecto a la calidad del servicio, participantes de la audiencia señalaron la presencia de sarna, ratas y alacranes; los casos de asbestosis, que mataron a seis empleados del subte; las filtraciones durante días de lluvia en las estaciones, incluyendo las que fueron reacondicionadas; y las fallas técnicas constantes en formaciones, ascensores y escaleras.

“Nos preocupa la falta de higiene y limpieza de las estaciones, pasillos, escaleras y formaciones de la red, el deterioro de la prestación de la Línea B y la calidad del servicio del Premetro”, señaló Rodríguez Fernández. Otro orador, Nicolás Descalzo, dijo: “Desde la última audiencia en abril de 2024 hasta hoy, casi un año después, la situación del subte empeoró. Tenemos que tomar dimensión de lo que está pasando en la realidad, más allá de los planes”.

En representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Myriam Godoy Arroyo,reclamó la postergada extensión de la red del subte: “Eso incentiva el uso, porque los barrios que no tienen el servicio y están desatendidos, si lo tuvieran, lo preferirían”, aseguró.

Los mapuches de Lof Paincil Antriao evitaron el desalojo

Los mapuches de Lof Paincil Antriao evitaron el desalojo

El Tribunal de Junín de Los Andes aceptó la apelación del abogado de la comunidad y suspendió el procedimiento de desalojo del Camping El Conrrentoso.

La comunidad mapuche de Villa La Angostura, Neuquén, se encontraba ante la amenaza de un nuevo desalojo, esta vez en el camping El Correntoso. Este lunes la Lof Paincil Antriao que vive ancestralmente allí, desplegó una enorme bandera mapuche durante una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Casa de la Provincia de Neuquén en CABA, junto al jurado de un juicio ético y popular y organismos de derechos humanos, para pedir que el Ejecutivo provincial intercediera. Sin embargo, ayer el Tribunal de Junín de Los Andes aceptó la apelación del abogado de la Lof y suspendió el procedimiento.

Se habían hecho presentes en Maipú 48 el werken (vocero) de Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, la diputada Mónica Schlotthauer, la periodista Claudia Korol, la abogada Paula Mamani, Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, y el exdiputado neuquino Raúl Godoy. Entre otros, exigieron la intervención del gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, ante la inminencia del operativo.

El lunes 3 de febrero se levantó la feria judicial y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, anunció públicamente que solicitaría el desalojo del Camping Correntoso, ubicado en Lof Paicil Antriao. “De avanzar con esta política esto constituiría un duro golpe, no sólo para las familias de la comunidad que habitan y trabajan este sector del territorio, sino para el conjunto de organizaciones que vienen construyendo una experiencia de articulación conjunta con el Lof”, comunicó la Regional Patagonia del FPDS Corriente Plurinacional. 

Por este motivo, la actividad en la Casa de Neuquén tuvo como objetivo solicitar al gobernador Figueroa, y al intendente de Villa La Angostura Javier Murer, la reapertura de la mesa de diálogo que fue interrumpida con el inicio del gobierno libertario. De hecho, la derogación de la Ley 26.260 que frenaba los desalojos de territorios recuperados por los pueblos indígenas está implicando la reactivación de decenas de conflictos y de poderosos intereses inmobiliarios en la zona. “No quieren mapuche en la Suiza argentina”, dijo en su discurso el lonko Loncón. La medida surtió efecto porque tras veinticuatro horas, el juez civil 2 de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, determinó que el desalojo queda suspendido hasta que la Cámara de Apelaciones resuelta el planteo de fondo de la defensa de la Lof Antriao, representada por el abogado Virgilio Sánchez, de La Gremial de Abogados y Abogadas. “Un respiro”, decía el mensaje con el que le comunicó la noticia a los integrantes de la comunidad.

A principios del 2024, cuando asumió, el intendente Murer había ido al territorio y propuso un acuerdo por el uso del camping. Luego salió una sentencia favorable al municipio y la actitud cambió, pusieron condiciones inaceptables para estas familias mapuche, entre ellas la pretensión de que la comunidad reconociera que la titularidad y la posesión de las tierras son del municipio. 

“Cuando cobra envergadura nacional, y los medios le dan visibilidad, esto repercute en la situación y la justicia parece que escuchó” dijo a ANCCOM Walter Bosisio sociólogo e investigador de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jaureche). A su criterio, el gran problema hoy es que ya no hay un marco de protección legal a nivel nacional, por lo cual hay que acudir a la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho indígena. 

Es en esta zona donde, en 2018, el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación a la Lof Paicil Antriao. En 2004 el deportista había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. Sin embargo, en 2023 el juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió. 

Este es solo uno de los tantos ejemplos de denuncias por privados que sufre la comunidad, aunque en 1902, en el marco de la ley del hogar, la Lof recibe el lote 9 como donación por parte del gobierno de Julio Argentino Roca porque las familias Paincil y Antriao participaron como baqueanos de la Comisión de Límite del Laudo Arbitral con Chile. Así recibieron la titularidad del lote 9.

En comunicación con ANCCOM, la antropóloga y perito judicial Alejandra Pérez dijo que “el gobierno usa la figura de Roca para lo que le conviene, lo toman como ejemplo por la Conquista del Desierto, sin embargo no tienen en cuenta situaciones como estas en donde el mismo Roca les otorga la titularidad de las tierras. Son estas tierras las que hoy el gobierno quiere desalojar con la excusa de usurpación y demás estigmatizaciones”.

En este contexto, el 31 de enero el gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario que otorgaba subsidios a las comunidades que atraviesan conflictos de tierras, para facilitar el acceso de estas a la justicia. Fue el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, quien tomó la decisión, formalizada a través de la Resolución 8/2025 publicada por el Boletín Oficial, la cual responde a una política  de revisión de recursos estatales respaldada por el decreto 70/2023. El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado en el año 2004 dentro del Área de Tierras del Registro de las Comunidades Indígenas (ReNaCi) durante el gobierno de Nestor Kirchner, cumpliendo lo establecido por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país y la Ley 23.302 que garantiza los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades indígenas.

En este contexto, cuando la Patagonia arde no sólo por los incendios, la decisión judicial tuvo el efecto de una lluvia, al menos pasajera.