Otro show de Patricia Bullrich

Otro show de Patricia Bullrich

El gobierno anunció el desalojo del Lof Paillako en Chubut. Movilizó decenas de efectivos y móviles y cuando llegó al territorio no había nadie.

El operativo ordenado por el juez federal Guido Otranto para desalojar a la comunidad mapuche Paillako del Parque Nacional Los Alerces fue un fracaso. A pesar de que se sabía en el territorio que sus integrantes se habían ido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Parques Cristian Larsen y el gobernador de Chubut Nacho Torres desplegaron desde las 7 del jueves 9 un enorme procedimiento que contó con más de 30 vehículos de la Policía Federal y de Gendarmería, algunos todo-terreno bélicos, un camión de bomberos y cuatriciclos, entre otros, que ingresaron por la mañana a Lof Paillako. Al bajar de su helicóptero, las autoridades no encontraron a nadie. Las tres familias que conforman la comunidad Paillako ya se habían retirado pacíficamente en el transcurso de la semana.

Hace meses que esa comunidad está en el ojo de la tormenta de las fuerzas del cielo del gobierno libertario. La amenaza de desalojo había sido anticipada por la propia ministra Bullrich cuando fue derogado el Decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160 con el nuevo Decreto 1.083/24. Esa norma establecía la emergencia territorial y frenaba los desalojos. En este contexto, en diciembre el juez Otranto activó una causa civil contra la comunidad, en aplicación de una ley de la dictadura que los califica de “intrusos”, como si fueran turistas que se colaron sin permiso en el Parque Nacional, cuando en Paillako vive la cuarta generación de nacidos en esa tierra. Es así como el jueves 2 de enero del 2025 personal de Policía Federal junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, notificaron a Lof Paillako que tenían hasta el jueves 9 de enero del 2025 para retirarse, sino se utilizaría “la fuerza pública».

Primer acto, movida mapuche

El miércoles ocho referentes de la comunidad y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel dieron una conferencia de prensa para repudiar y compartir con medios locales, nacionales e internacionales el rechazo al anunciado operativo, en las voces del longko Angel Quilaqueo, Moira Millán, weichafe (guerrera) de la comunidad Pillán Mahuiza, y Mariela Llanquinao, referente mapuche, junto a Raúl Mazone y Nora Rodríguez, (APDH). 

Millán expresó que “el parque se está privatizando, los lugares públicos ya no están y el desalojo se hace porque es tierra que quieren para un negocio”. Acto seguido, llamó a “toda la sociedad argentina a realizar un boicot frente a todos los Parques Nacionales pues no solo es tierra ancestral que pierde la comunidad sino que también es espacio público que pierden los ciudadanos”. Millán afirmó que “la plata de las entradas de Parques Nacionales no va para inversión o para mantener el lugar limpio y protegido, va a parar a los bolsillos de los que se creen dueños del lugar”.

Luego de la conferencia, integrantes de la comunidad mapuche y medios de comunicación, entre ellos ANCCOM, realizaron un relevamiento del territorio de Paillako como un “acto de resguardo para la comunidad”. Mariela Llanquinao, en defensa de la Lof Paillako dijo a esta agencia que “tuvieron que ir implementando como comunidad diferentes medidas para poder resguardarnos y prevenir futuros inconvenientes. Muchas veces han implantado cosas que no eran nuestras, en desalojos, para luego culpabilizarnos”. La actividad consistió en recorrer las tres rucas (casas) y la ruca comunitaria, que también funcionaba como escuelita, que conforman la Paillako. Son tres familias que juntas conforman una comunidad de 20 personas que tenía su propia huerta con animales, asambleas para tomar decisiones en conjunto rodeada de los árboles maitén, considerados como sagrados para la Lof.

 Las puertas llevan pegados carteles para recibir a la comitiva de prensa. En uno de ellos se lee: “Aki se gestó y se parió a una persona de modo libre, en armonía con territorio ancestral. No hay desalojo k despoje esa memoria”.

 La comunidad hace mucho énfasis en las niñeces mapuches que nacieron allí y en cómo un desalojo afecta psicológicamente a sus infancias. Son situaciones violentas a las que ya no quieren exponer a sus hijos, por eso buscaron medios pacíficos para evitar el desalojo. El pueblo mapuche de Chubut y Río Negro ya carga con las heridas de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elias Garay. Cuentan que incontables veces pidieron a los diferentes representantes del gobierno en sus múltiples jerarquías lograr una mesa de diálogo, pero en cada oportunidad se les fue negado. 

Segundo acto, movida del gobierno

“Sabíamos que esto iba a suceder así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, se encontraron con casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno” dijo Millán ante el resultado negativo del desmesurado procedimiento policial. En línea con esto, el juez Otranto expresó: “No había ninguna persona en el predio a desalojar”. 

Aunque la Lof Paillako estaba vacía de la presencia física de las familias que la integran, estaba presente su identidad en todo el predio que dicen que les pertenece ancestralmente –son la cuarta generación y sus antepasados son preexistentes al Estado nacional e incluso a Parques Nacionales– y que desde 2020 está en proceso de recuperación. También es probable que policías, gendarmes y funcionarios se hayan topado con los carteles que les dejaron: “Señores winkas: las fuerzas del territorio les están observando”, “aki permanecerán por siempre nuestra gente antigua, nuestros brotes” y “su gobierno caducará, nuestra ancestralidad es permanente, presente y milenaria”.

Pero mientras autoridades y agentes emprendían su aterrizaje en Paillako, en la estación Nahuel Pan del tren turístico patagónico La Trochita integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche y militantes de derechos humanos de la zona se congregaron en repudio al desalojo. Colgaron banderas, alzaron carteles y repartieron folletos a los turistas para explicar lo que padecen hace décadas. Hubo un corte momentáneo de las vías del tren, y por el retraso que esto le generó al recorrido apareció la Policía de Chubut. Fue el único momento de tensión, cuando un agente quiso sacar una de las banderas y liberar la traza del ferrocarril. 

La comunidad eligió a la estación Nahuel Pan para reclamar por Paillako porque del territorio que hoy conforma esa estación fueron desalojados, en 1937, 300 familias. En ese mismo año se creó el Parque Nacional Los Alerces. En ese desalojo incendiaron sus casas con ellos adentro. Hay descendientes del desalojo de NahuelPan en Lof Pailako. El longko Angel Quilaqueo de Nahuel Pan nació en medio de un campamento  a orillas del arroyo Montoso, cuando su padre y su madre “andaban desalojados”. 

A pocos kilómetros, Bullrich, Torres y Larsen recorrieron el lugar y descubrieron que los “intrusos” ya no estaban. Izaron una bandera argentina y luego hicieron declaraciones a la prensa. Bullrich manifestó que durante 18 años en la Argentina se usurpaba impunemente y que la propiedad privada había perdido su valor. Por eso el gobierno luchó para poner fin a la Ley 26.160. “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la Argentina donde reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, manifestó.

 

Paraíso en llamas

El viaje en auto desde Buenos Aires a Chubut toma unas 22 horas aproximadamente. Para llegar se pasa por Rio Negro, y en esa parte del trayecto, es posible observar desde la ruta el humo del incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se desató en los últimos días de diciembre de 2024 y ya consumió un poco más de dos mil hectáreas de bosque. La tarea de los brigadistas con el actual gobierno es bastante complicada pues despidieron al 50% del total, de modo que la cantidad de manos capaces de apagar el incendio se redujo a la mitad. Deberían ser 700 brigadistas en el país pero apenas son 400. También es cierto que cobran al mes casi lo mismo que gasta Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales, en un almuerzo: $339.200. Un brigadista sin experiencia gana $470.000 pesos en zonas no frías, en la Patagonia apenas supera los $600.000 pesos el sueldo. El verano pasado, ante el incendio en Los Alerces, el gobernador Torres había acusado a un miembro de Lof Laillako de haberlo iniciado, pero no aportó pruebas ni impulsó denuncia penal alguna.

«El Conti no se toca»

«El Conti no se toca»

Miles y miles de personas rebalsaron el predio de la ex-Esma en defensa del centro cultural que allí funciona y de las políticas de memoria, verdad y justicia que el gobierno quiere desterrar. Manifestaciones artísticas, dirigentes de diversos espacios y gente de a pie se reunieron para repudiar el despido de 50 trabajdores y el ajuste en políticas derechos humanos.

Miles de personas se acercaron al festival contra el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. El secretario de Derechos Humanos Alberto Baños anunció el 31 de diciembre -horas antes del brindis de Año Nuevo- su cierre por «reestructuración». El 2 de enero los trabajadores fueron recibidos por la policía en las puertas del centro; 50 de los 79 empleados encontraron su nombre en la lista de despedidos, impidiéndoles el ingreso al establecimiento.

El ajustazo contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sigue en avance. Una vez más, el espacio de memoria ex-Esma recibió el impacto del gobierno de Javier Milei: en solo una semana, se puso en duda la continuidad del Archivo Nacional de la Memoria y se anunció el cierre -por una reestructuración que nadie sabe en qué consiste- para el Centro Cultural Haroldo Conti. Ante tal conmoción, miles de personas caminaron por la avenida Libertador para encontrarse con otras miles en el festival en contra de su cese. A las 18 horas, puntual a su convocatoria, el predio ya estaba repleto; pero una vasta murga afro consiguió hacerse lugar para su performance. La marcha bailable de su candombe llevó a los presentes al frente del escenario. Comienzó el acto.

Son alrededor de 50 artistas y oradores convocados para defender la Memoria. El Tata Cedrón, quien inauguró el acto con un sentido tango, se siente honrado de haber conocido a Haroldo Conti: «Un tipo humano, tierno, solidario, se lo veía en la cara. Mi hermano vio cuando se lo llevaron los militares, lo extraño mucho. Ningún otro podría haber tenido el honor de cargar el nombre de este centro cultural».

El Haroldo Conti es un espacio que permite una enorme diversidad y expresividad artística, pero forma parte de una conquista histórica de la sociedad civil, de décadas de lucha colectiva. Para Damián Lamanna Guiñazú, trabajador de hace 13 años, detrás del Conti hay algo más grande: «Es un espacio que se lo apropió la comunidad, la memoria colectiva, y cuando digo memoria me refiero a muchas memorias haciendo fuerza para consolidar algo. En el Conti pasan y pasaron artistas de todas las generaciones, en el Archivo Nacional de la Memoria se guardan testimonios del bombardeo del 55, los testimonios de las travestis cagadas a palos por la policía en los ochenta, los testimonios de la dictadura… Son todas las memorias las que conviven acá, no solo las de los setenta. Cerrar este espacio es un abuso para todos, pero en momentos donde las cosas se ponen feas, la fuerza de la comunidad florece».

La Orquesta Andina del SUTEBA de Lomas entonó el Himno Nacional. La versión no necesitó más de tres instrumentos para ser igual de imponente, con una flauta de madera y un siku que guiaban la melodía que avanzaba lenta, pausada, emotiva, alcanzando todos los rincones. Los presentes cantaron casi en susurro, como conectados; hasta que llegó el “Sean eternos los laureles que supimos conseguir” a todo pulmón. Los retoños de la comunidad floreciente. 

Mientras la música continuaba, en el predio también había una feria de emprendedores con de todo: stickers, libretas, serigrafía, hasta salames y quesos. Una mujer mayor sin puesto caminaba y ofrecía sus llaveros con forma de pañuelo por 2.500 pesos a todo aquel que se le cruzaba. Cada tanto también se echaba una cuclilla difícil de mantener para enseñar su mercadería a quienes estaban sentados. La jubilación no permite perder oportunidades de venta. 

Paula Fernandez es otra de las despedidas del Centro. Trabajó allí 15 años, desde que se creó el espacio. Cuenta que el viernes 26 de diciembre comenzaron a llegar los telegramas para sus compañeros. Aunque todavía no llegó el suyo, lo espera, porque sabe que los trabajadores de contratación bajo la denominación llamada en la jerga interna ACARA fueron todos despedidos. De una plantilla de 79 personas, en el Conti quedaron alrededor de 30. También, fue de las que no adhirió al extorsivo retiro voluntario; planeaba trabajar allí toda su vida.

 

—Gracias al Conti soy orgullosamente estatal. No lo cambio por nada- dice.

 

Entre la multitud, de repente, se hizo una gran ronda, impensada de lograr por el poco espacio que había. Es que el grupo circense de más de 20 personas que hizo su sorpresiva aparición para compartir un pequeño show en medio de toda la comunidad. Los payasos, malabaristas y bailarines hicieron sus gracias al son de un clarinete y una trompeta. Colmados de ovaciones al final, dieron el grito por los 30 mil desaparecidos presentes, junto a la respuesta y los puños en alto del público, con la misma fuerza de los aplausos del cierre. ¿Cómo es que dentro de la diversión y el disfrute se encuentra una causa tan potente? Los trabajadores del Conti lo saben muy bien: la cultura no está exenta de la memoria. O mejor dicho, la memoria está en la cultura. Que el Conti esté dentro de uno de los centros de detención y tortura clandestinos más grandes de latinoamérica es la manera de combatir el olvido de nuestra historia, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetirla.

Es por eso que el predio de la ex-Esma estaba enteramente saturado. El bar de la agrupación H.I.J.O.S estaba repleto de personas riendo bajo los farolitos colgados en los árboles; los niños aprovechaban el extenso estacionamiento frente a la Secretaría de Derechos Humanos para unos pases largos con la pelota o para darse enviones eternos en el monopatín. “Papá, ¿qué hace el señor con esas fotos?”, preguntaba un curioso sobre el cartel de Néstor bajando el cuadro de Videla del Colegio Militar. Marina y Gustavo también vinieron con su hijita de 6 años: «Ella sabe, hace preguntas y le contamos para que entienda. La otra vez quiso saber qué es un desaparecido. Nosotros vamos todos los 24 de marzo, el jardín público también cuenta sobre este momento a su manera. El tema está presente y ella hace preguntas porque quiere saber». 

Finalmente, llegó la noche. Los organizadores comenzaron a repartir vasos de plástico y velas para hacer pequeñas antorchas mientras Tati Almeida tomaba el micrófono. El enojo se le sentía en la voz, lista para un “mano a mano” con Milei y Villarruel: «Yo quisiera preguntarles en la cara si están de acuerdo con sus amigos genocidas de haber tirado al río a tantos hijos nuestros en ese avión que recuperamos», mientras señalaba al Skyvan PA-51 en medio del predio, utilizado para los vuelos de la muerte. Pero el odio del gobierno no terminó por cegarla: “Las velas son para alumbrar el camino que vamos a continuar”.

La noche avanzaba igual que la lista de quienes tomaban el micrófono y las tablas para mostrar su apoyo y compromiso contra el cierre del Conti, y contra todo el intento de barrer la memoria de un pueblo entero. Desde Liliana Herrero hasta la Asociación Mocha Celis, desde el folcklore convocante hasta la cumbia conquistante, el mensaje fue el mismo: los desaparecidos están presentes y depende de nuestra lucha mantener vivo su recuerdo. Como dijo Nana Gónzalez, trabajadora del Centro y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), «Seguiremos convocando». Porque una vez que el fuego de la memoria arde, es muy difícil apagarlo.

Un año en cien imágenes

Un año en cien imágenes

En 2024, por primera vez, la Argentina experimentó un gobierno libertario, con un ajuste sin precedentes, donde los mayores perjudicados fueron los jubilados. También lo padecieron los empleados estatales, los universitarios, los discapacitados y los enfermos oncológicos, entre otros colectivos. Hubo retroceso en las políticas de género, en el desarrollo científico y en derechos humanos y laborales. Se desmantelaron los medios públicos y se frenaron las obras de infraestrutura. El único objetivo de Milei pareciera ser la macroeconomía: la desaceleración inflacionaria, el dólar casi congelado y el retroceso del riesgo país. Así retrataron los fotógrafos de ANCCOM el año de la motosierra.

Un año de olvido, mentira e impunidad

Un año de olvido, mentira e impunidad

Abuelas de Plaza de Mayo presentó un informe sobre el estado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse el primer aniversario de la asunción de Javier Milei y advirtió a la sociedad y a la comunidad internacional sobre las consecuencias de sus políticas regresivas.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó el informe “Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina”, a un año de la asunción de Javier Milei. La presentación se realizó en la Casa por la Identidad de la Ex-Esma y estuvo a cargo de Estela de Carlotto, presidenta de la organización; Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la Comisión Directiva de la institución y Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico. “Como hicieron las abuelas, incluso durante la dictadura, este año tuvimos que salir a buscar la ayuda y el soporte de los amigos, las personas, los Estados que defienden la democracia y los derechos humanos y las organizaciones internacionales que también sienten nuestra lucha como propia”, expresó la nieta restituida Claudia Poblete para dar inicio a la presentación del informe.

En la presentación se describieron las medidas regresivas implementadas durante este año por el gobierno libertario. Por un lado, los ministerios de Seguridad y Defensa se negaron a brindar documentos esenciales para la identificación de los nietos y las nietas y cerró la unidad especializada en la búsqueda de bebés robados durante la última dictadura. Se le suma la precarización laboral, los despidos y el vaciamiento de trabajadores en los sitios de memoria que afectan el funcionamiento de esos espacios. Se redujo, además, el 50% del presupuesto destinado al Banco Nacional de Datos Genéticos y se llevó a cabo una campaña de desprestigio a Abuelas de Plaza de Mayo para no solo desfinanciar la institución, sino también desplazar la memoria colectiva de la sociedad por un revisionismo negacionista y apologista de la dictadura.

Las políticas de vaciamiento y desfinanciación muestran sus efectos. La directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Battistiol, en diálogo con ANCCOM explicó: “Va a implicar un número muy grande de personas que no visiten los espacios de memoria. Ya nos pasó en el macrismo. Nos dimos cuenta que hubo una generación completa que hizo casi todo el secundario y que no fue a ningún espacio de memoria”, y continuó: “Ahora va a pasar exactamente lo mismo con la gravedad de que esos espacios se van a quedar sin trabajadores”.

Durante la exposición, también destacaron la vulneración por parte del gobierno de Milei de otros derechos humanos, como los retrocesos que se están dando en áreas como salud, vivienda, educación, cultura y libertad de expresión. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en derechos humanos a nivel internacional, Estela de Carlotto, manifestó que el avance de políticas regresivas “promueven la deshumanización y la estigmatización transformando a compatriotas en enemigos”.

Un llamado a la comunidad internacional

En su primer año, el gobierno libertario recibió varios llamados de atención de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresó preocupación y recordó que la lucha por el derecho de la identidad impulsado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo sirvió para empezar otros procesos de restauración y reparación de derechos humanos en diferentes partes del mundo. Por esta razón, advirtió que un retroceso de estas magnitudes puede afectar los procesos judiciales y el avance de derechos humanos, no solo a nivel nacional sino también en otros países de la región y a nivel internacional. 

A la presentación del informe asistieron representantes de la comunidad internacional, embajadores y organizaciones de derechos humanos. El embajador de la República de Irlanda Gerard McCoy en diálogo con ANCCOM contó qué fue para él lo más importante de lo mencionado en el informe: “Para mí lo más importante es preservar la memoria, pero también que las nuevas generaciones puedan entender su propia historia” y finalizó: “Para entender un país y su gente hay que entender su historia”. En consonancia con lo expresado por el embajador la coordinadora del Área de políticas educativas de memoria y derechos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Celeste Adamoli, expresó sobre la importancia de conocer la propia historia del país: “Creo que es un momento en que la memoria cobra otro valor porque es a través de ella donde podemos observar dolores pero también historias de lucha”. Entre el público también estaban; la Consejera de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de Alemania, Golschan Khun Jush; Valentín Tazare, en representación de la Embajada Estados Unidos; intendentes de los municipios de Tigre, Julio Zamora, y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo; Eugenia Carbone, del Auschwitz Institute; la Fundación Luisa Hairabedian; la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso; representantes de los sindicatos SUTEPA, FOETRA, APL, SUTEBA, SATSAID; Pablo Parenti por la Unidad fiscal Apropiación; representantes de la Red por el Derecho a la Identidad, la Comisión de Derechos Humanos de River Plate, y del Centro Cultural Coreano; entre otros.

Durante la exposición se hizo especial énfasis en que el informe debe entenderse como un llamado urgente a referentes defensores de derechos humanos y representantes de estados e instituciones comprometidos con la democracia. En este sentido, Estela de Carlotto finalizó la presentación: “En los primeros años de lucha fue la solidaridad internacional la que nos ayudó a denunciar las graves violaciones de derechos humanos cuando todas las puertas se nos cerraban. Hoy ese acompañamiento vuelve a ser clave porque aunque una parte importante de la sociedad Argentina respalda estos valores, existen limitaciones políticas que no podemos ignorar. Por eso llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en Argentina y actúe en consecuencia que es fundamental”.

 

La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

En la última sesión del año, los legisladores aprobaron una demanda histórica de los estudiantes. La ley no incluye a docentes y no docentes. El único que votó en contra fue el libertario Ramiro Marra.

En la última jornada del año de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, este jueves se aprobó el Boleto Universitario, un reclamo de la comunidad estudiantil que llevaba muchos años.

Alrededor de las cinco de la tarde, después de modificar el orden de temas a tratar en el recinto, la votación por el boleto universitario tuvo una amplia mayoría. Sólo votó en contra el diputado de La Libertad Avanza Ramiro Marra, mientras que el resto de los legisladores su bancada –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert– se abstuvieron.

 Requisitos para acceder al boleto universitario

La normativa abarca a universitarios y terciarios, sin límite de edad para obtener el beneficio, siendo requisito obligatorio que el alumno resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenga un máximo de ingresos de hasta $1.500.000. Se modificó el régimen especial de Boleto Educativo, ahora accederán a este beneficio los alumnos de terciarios y universitarios, quiénes podrán hacer hasta cuatro viajes diarios, con un precio único de 25 centavos.

Juan loupias, legislador de UCR, emocionado aplaudió el avance que alcanzó la iniciativa y reflexionó: “En épocas anteriores secuestraban y asesinaban chicos, y hoy estamos en condiciones de que estudiantes universitarios tengan la posibilidad de acceder al boleto gratuito para que lleven a la educación pública argentina a ser un faro ante el mundo”. Durante el debate en el recinto también se pidió al oficialismo la inclusión en el proyecto a docentes y no docentes, que por el momento deberá esperar.

En este sentido, Anahí Vera, profesora de Centro Educativo de Nivel Secundario 9, dijo: “Es necesario contemplar a los docentes, por eso pedimos que tengan en cuenta este reclamo que realizamos hace años”. Sin embargo, en la nueva ley quedaron afuera.

Alejandra Barry, legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y una de las autoras del proyecto, dijo a ANCCOM que “el proyecto es un dictamen que sintetizó distintos proyectos legislativos. Ahora hay que plantear que no haya ningún tipo de restricción, tiene que ser un boleto que abarque tanto a estudiantes residentes de la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, acompañantes de Nivel Inicial y Secundaria y que les contemple no solo el 50% sino el 100% ya que son las familias de sectores populares las que más sufrieron las consecuencias de tarifazos que atenta contra el derecho a estudiar y trabajadores de la educación”. Para la diputada “es importante seguir luchando por un boleto educativo sin ningún tipo de restricción que abarque al conjunto de la comunidad educativa”.

Con este reclamo se habían congregado frente a la Legislatura estudiantes y docentes agrupados en diferentes centros de estudiantes y sindicatos que, igualmente, festejaron la sanción de la norma.

 

Libertad solo para los libertarios

Libertad solo para los libertarios

El informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, describe y denuncia el hostigamiento al periodismo y la discrecionalidad de la publicidad oficial en el primer año de Milei. Ataques físicos, en redes sociales y desmantelamiento del sistema público de medios y de las políticas de comunicación. Las mujeres periodistas son las más agredidas.

El lunes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó el informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, realizado en conjunto por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

La presentación se realizó el día previo a que se cumpliera un año de la asunción presidencial de Javier Milei y busca ser una señal de alerta pero también un llamado a la acción colectiva. El informe comienza con un repaso por las políticas en materia comunicacional tomadas por el gobierno: el desguace, la intervención e intento de privatización de todos los medios públicos; la política de represión a la protesta social; los insultos y agresiones constantes que Milei y sus funcionarios tienen hacia periodistas; la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; el vaciamiento del INCAA; la derogación del decreto 690/20 que regulaba el precio de los servicios TIC y las restricciones impuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Partiendo desde un esquema mediático previo, atravesado por fuertes desigualdades en lo que respecta a la capacidad de la ciudadanía de acceder a información plural y de calidad y de amplificar su voz pública, las medidas del gobierno incrementaron las disparidades ya existentes.

Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación, dió inicio al encuentro relatando que desde diciembre del año pasado, a partir del Decreto 70/2023 y el proyecto de la Ley Bases, junto a un grupo de colegas comenzaron a seguir y monitorear cada uno de los anuncios, decretos, resoluciones y expresiones públicas del presidente y sus funcionarios. “Rápidamente, las medidas se nos presentaron vertiginosas. Nos encontramos con la intuición de que estábamos ante un profundo cambio de paradigma institucional y del rol del Estado en materia de comunicación y de libertad de expresión”, expresó Kejval. “Nos vimos llamados a dos tareas, por un lado acompañar la defensa de los actores de la comunicación atacados y por otro lado no dejar de hacer lo que sabemos hacer: construir conocimiento sistemático en torno a una serie de medidas que intuíamos, en su conjunto, conformaban una política de comunicación“, agregó.

La primera parte del documento se centra en el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo, mientras que el segundo segmento pone atención en el abandono del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. “En las 51 páginas del informe van a encontrar un montón de datos, fechas, nombres, números de leyes y resoluciones. Una sensación que nos pasó cuando íbamos leyendo era ¿todavía hay más?, parecía que nunca terminaba”, relató Kejval. Y aseguró que lo hicieron “para sostener con datos e información precisa aquello que para muchos viene siendo una sensación, pero sobre todo como aporte para construir una articulación de actores lo suficientemente amplia, que pueda poner una señal de alerta fuerte y contundente que constituya un freno a la política de avasallamiento”.

La presentación continuó con Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, quien destacó el acompañamiento de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el trabajo conjunto entre la Carrera de Ciencias de la Comunicación, FATPREN y SiPreBA. “Eso nos permite reflejar lo que está pasando en nuestro país para que se vea internacionalmente”, dijo. Gaudensi también remarcó que el informe busca generar un registro federal de la situación. “Hay un deterioro del debate público con la llegada de Milei que se refleja en el hostigamiento y el ataque que recibimos los comunicadores. El gobierno está cercenando el derecho a la información, la ciudadanía recibe información sesgada, parcializada”, remarcó. El documento hace especial mención a las agresiones físicas que sufren los periodistas a partir del denominado “protocolo antipiquetes” que elevó la violencia y la represión policial de la protesta social. “También se reflejan las agresiones que sufrimos por poner el cuerpo, no solamente para contar la realidad, sino también para ser parte como pueblo trabajador de las manifestaciones donde la represión ha sido muy brutal”.

La sindicalista también se refirió al desmantelamiento de los medios públicos. “El silenciamiento de Telam y el ataque a los medios públicos nacionales y provinciales, muestran la necesidad del gobierno de silenciar las voces federales que son tan importantes para garantizar la soberanía informativa en nuestro país”, apuntó Gaudensi.

Asistieron a la presentación los diputados del FIT Christian Castillo, Vanina Biasi y Daniel Solano; el legisladoar de Unión por la Patria Juan Modarelli, la defensora del Público Myriam Lewin; Maru Ludueña de Agencia Presentes; Carolina Añino de Hecho en Buenos Aires, además de profesores y profesoras de la Carrera y delegados de medios de comunicación.

 

Poner el cuerpo

En la primera parte del informe, centrada en el deterioro del debate público y las condiciones para el ejercicio del periodismo, se enumeran alrededor de treinta casos de agresión por parte del Presidente y sus funcionarios a comunicadores. “El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ´patotas digitales´”, establece el texto, cuya versión impresa fue repartida a los y las presentes que colmaron el aula SG 300- Sergio Caletti, de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, sus autores remarcaron que en algunos casos, ese hostigamiento se traduce en criminalización, como de las ocurrió con las dos personas presas por tuitear, de forma humorística, sobre las infidelidades de Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy hasta el 2023.

Luis María Lozano, docente de la Carrera de Comunicación e investigador, fue el encargado de la producción y redacción del informe, junto con Paula Castello, quien lo editó. También participaron en la sistematización de información Alejandro Linares, Mariela Baladron, Santiago Gándara y Sebastián Ackerman,  Carolina Capote, Eliana Rossi y Lara Lozzia.

“Nos encontramos con un cúmulo de información que creímos muy importante sistematizar y tratar de monitorear bajo una lógica, porque sino ese acumulado se va perdiendo. Creo que algo de ese efecto se recupera en la lectura total del informe, que se torna en un punto abrumadora”, advierte Lozano. ”La primera parte tiene que ver con el rol directo del Estado acallando voces críticas mediante la represión, con su particular impacto en los trabajadores de la comunicación pero no sólo, también a aquellas personas que toman la voz pública y deciden acercarse a una manifestación”, dijo el docente, quien recordó el caso de la niña a la que un oficial de la policía roció con gas lacrimógeno. Lozano también destacó la contribución de Periodistas Argentinas para abordar el sesgo de género en la persecución y el hostigamiento a través de las redes sociales.

El trabajo dedica un especial apartado al “Ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres”. El denominado “doxeo” es una de las principales estrategias de coerción a través de las redes sociales a periodistas. “Consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo”, define el texto, que remarca cómo esta práctica no solo amenaza el derecho a la intimidad y produce temor respecto a la integridad de las periodistas, sino que también pueden llevar a la autocensura. En septiembre de este año, la colectiva Periodistas Argentinas realizó un informe al respecto donde expresa la particular preocupación respecto a que estas acciones sean incentivadas, y en parte financiadas, por el Estado Nacional.

En tal sentido, el informe expresa que “el 80% de las periodistas censadas (en la encuesta anual del Sipreba) considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”.

El informe también trabaja sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios, a partir de los datos obtenidos en la Encuesta Integral sobre la Situación Socioeconómica de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa del Area Metropolitana de Buenos Aires, realizada por SiPreBA. De acuerdo a la encuesta, en abril de 2024 el 76% de los trabajadores del sector cobró por debajo de la canasta básica total del INDEC, es decir, por debajo de la línea de pobreza.

Romper el Estado

La segunda parte del informe profundiza sobre el desguace y la intervención de los medios públicos, la privatización de las emisiones de los partidos de fútbol de la Selección Nacional, el cierre de la plataforma Cont.ar que impide el acceso al material de archivo, la intervención del ENACOM y de la Defensoría del Público, el desfinanciamiento del INCAA, las restricciones al pedido de acceso a la información pública, la deriva de la pauta publicitaria a través de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado y, por último, el ciberpatrullaje en redes sociales a partir de la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que funciona en el Ministerio de Seguridad y las tareas de vigilancia masiva, la intercepción de comunicaciones privadas y la recolección de información sin control interno ni externo a través de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que fueron habilitadas a través del Decreto 614/2024. 

Diego De Charras, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, se pronunció respecto a cuánto influye en el accionar del gobierno su narrativa sobre la “batalla cultural”. “El gobierno construye enemigos permanentemente para llevar adelante acciones de confrontación y evidentemente tiene medido que la confrontación le reditúa en términos de popularidad. Pero esa lógica termina en lugares muy peligrosos”. En esa línea agregó que “la autocensura es un efecto sobre el cual hay que trabajar mucho, nadie quiere ser detenido en la calle sin motivo, nadie quiere recibir un tiro en el ojo. Queda mucho por hacer en esto, el hecho de enmarcar los agravios en la batalla cultural pareciera ser autolegitimante, pero no es así, no todo es válido”.

En la segunda parte de la presentación, la periodista Poli Sabatés dio lugar a un panel integrado por Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas, Fabián Waldman de FM La Patriada, Sebastián Vricella presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y Juan Delú presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Acuña comenzó instando a apreciar “lo que está pasando hoy, abajo se está recibiendo gente y aquí están la educación pública y los gremios”. La periodista se refirió al murmullo y la música de las murgas que se escuchaban en la sala, provenientes de la vereda de la Facultad donde una decena de personas festejaban su recibimiento. “Este año ha sido muy difícil para hacer periodismo”, expresó. Tras leer un comunicado acordado por su agrupación, donde se enumeran las acciones llevadas adelante por Periodistas Argentinas, como así también el hostigamiento y hasta amenazas sufridas por algunas de sus integrantes, Acuña cerró: “No tenemos miedo, no somos valientes, somos profesionales y sabemos que esto también pasará”. 

Por su parte, Waldman afirmó que un gobierno que aplica el tipo de políticas que lleva adelante Javier Milei y su gabinete, necesita de la represión y de la censura a la prensa. “El gobierno viene a utilizar la represión en todos los ámbitos”, dijo el periodista. “No solamente con los palazos, también continuamente en redes sociales y a quienes trabajamos en la Casa Rosada, donde en mayor o menor medida somos todos considerados zurdos ensobrados”, agregó. Para Waldman, “indudablemente la batalla es dura, tienen todo el aparato del Estado para hacer daño y lo ejercen diariamente contra todos y cada uno de los trabajadores”. Y afirmó: “En mi caso pertenezco a un medio comunitario que se ve afectado por la pauta discrecional que va a parar a los amigos, a los verdaderos ensobrados que son los que día a día sostienen el relato del gobierno”.

En este mismo sentido, Delú declaró: “Lo de la pauta cero fue un gran engaño. Nunca las empresas descentralizadas del Estado pusieron tanta plata en los medios de comunicación, lo que puso YPF es un escándalo”. El periodista afirmó que el dinero que se ponía desde una oficina del Estado ahora se trasladó a empresas descentralizadas para hacer más dificultoso el acceso a la pauta publicitaria. “La Nación llega a dialogar con el gerente de YPF, pero FM La Lechuza de San Juan no tiene el teléfono del gerente de YPF, es imposible que llegue. Entonces los que no tienen poder de lobby quedan en el camino”. Delú consideró que el gobierno de Milei se dio una determinada política comunicacional. “Mientras nosotros nos la pasabamos pensando que poco habla nuestra dirigencia de la comunicación, el gobierno no hacía más que pensar en cómo avanzar en las técnicas de comunicación contra todos y todas. El gobierno sabía que el golpe uno era la comunicación y después efectivamente la normativa”.

Por último, Sebastián Vricella habló sobre lo que viven los reporteros gráficos en el ejercicio de su profesión, que requiere poner el cuerpo en la calle. “Desde el 10 de diciembre vienen cercenando nuestros derechos” afirmó. Más allá de la violencia física, Vricella se refirió a un hecho inédito. “Para la misma asunción de Milei nos negaron la posibilidad de estar cubriendo en el Congreso, como hacemos hace 40 años, desde el retorno de la democracia”, dijo. Según él, era un presagio de lo que se venía.