Bala a los hambrientos

Bala a los hambrientos

La Policía de la Ciudad y la Infantería reprimieron una manifestación de los movimientos sociales en las proximidades del exministerio de Desarrollo Social. Hay heridos y ocho detenidos. Las organizaciones reclaman la emergencia alimentaria y luchan en unidad contra el ajuste de Milei.

Unas 20 mil personas, desde las 10 de hoy, se concentraron en la Avenida 9 de Julio para marchar hasta el Ministerio de Capital Humano en respuesta al ajuste y recorte presupuestario que sufren los comedores populares. En diálogo con ANCCOM, el abogado y dirigente de Unidad Piquetera, Matías Gayol, relató cómo fueron los hechos, antes y después de la llegada violenta de la Infantería que finalizó con manifestantes y periodistas heridos y ocho detenidos.

El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras nos movilizamos para responder al Gobierno que está mintiendo abiertamente, diciendo que auditó a los comedores y merenderos de toda la Argentina y que la mitad eran comedores fantasmas, que no existían. Es ridículo, ¿cómo hicieron  para auditar los 44 mil comedores inscriptos en el RENACOM en solo cuatro meses? Nosotros, como Unidad Piquetera, organizamos 209 comedores en 10 provincias del país y solamente visitaron 16”.

“Al mismo tiempo, el Gobierno sigue mintiendo cuando dice que a los comedores que sí existen, según ellos, los estarían asistiendo. No los están asistiendo, porque todas las organizaciones sociales, piqueteras, religiosas, ONG, están diciendo lo mismo. Estamos todos los sectores, al unísono, diciendo que no están dando asistencia desde el 10 de diciembre pasado”.

¿Qué otros reclamos llevaron a la marcha?

Se suma el congelamiento del Potenciar Trabajo en 78.000 pesos, cuando hoy debería estar arriba de 100.000. Además, eliminaron el Fondo de Integración Socio-Urbana que permitía las obras en los barrios populares. Ya no existe el programa Mi Pieza. Las obras de servicios en los barrios populares también fueron eliminadas. Han reducido incluso en términos nominales el presupuesto para el servicio alimentario. Según la encuesta interna que nosotros mismos realizamos, los compañeros cuentan que las raciones del servicio alimentario escolar son mucho menores en cantidad y en calidad. El Gobierno está protagonizando un genocidio económico. Literalmente, es el ajuste más rápido y más profundo de la historia económica de este país. Estamos transitando un escenario tan grave como nunca hemos vivido.

¿Cómo surgió la convocatoria para hoy?

Nos hemos unido con organizaciones y frentes de lucha con los cuales antes no nos unimos por estar en desacuerdo y ahora sí. Entendemos que tenemos que estar unidos contra el Gobierno de Milei porque atacan a todos por igual. Estamos haciendo marchas con el Polo Obrero. Por supuesto que antes no, no hacíamos ninguna movilización juntos o casi ninguna, y ahora sí, sin dudas. Hay una unidad que no tiene precedentes también en los movimientos sociales.

La manifestación fue masiva…

Eran cuadras y cuadras de gente. Las imágenes aéreas lo muestran. La idea era llegar al Ministerio, dejar un petitorio, hacer un pequeño acto y terminar de concentrar ejerciendo el derecho constitucional a peticionar frente a las autoridades. Pero cuando estábamos marchando llegó la policía y empezaron a reprimir. Yo estaba en primera fila y vi llegar a Infantería y Policía de la Ciudad. Tiraban agua desde el camión hidrante, empezaron a tirar gas pimienta y a disparar con balas de goma. Hemos visto periodistas heridos en la cara con balas de goma. El Gobierno toma la decisión de montar un show represivo que es cada vez más grave. Cuando avanzó la policía sobre nosotros decidimos no responder con violencia. Retrocedimos ordenadamente y ellos seguían y seguían. Vimos personas con heridas en la cabeza, por golpes o por bala de goma. Fue muy caótico, cuando hasta ahí se trataba de una marcha completamente ordenada.

¿Cúal es la situación de los comedores a nivel nacional?

El Gobierno de Javier Milei creó 2.5 millones de indigentes en tres meses. La UNICEF dijo que podría cerrar el primer cuatrimestre del año con un 32 por ciento de pobreza infantil. La indigencia no para de crecer, en nuestros comedores aumenta la demanda de forma muy fuerte, en algunos se ha triplicado. De 209 comedores, tenemos 58 que están en proceso de cierre porque no tenemos más mercadería, y no la vamos a obtener. El caso más extremo es el que vive uno de nuestros compañeros de la provincia de Jujuy, que no recibe asistencia, y así 42 comedores están por cerrar. No tenemos forma de sostenerlos frente a la motosierra de Milei.

¿Qué sectores acompañaron la marcha de hoy?

Estuvimos nosotros, Unidad y Partido Piquetero. Se hicieron presentes las organizaciones que integran la UTEP, que son el Movimiento Evita, el espacio de Juan Grabois, el Polo Obrero con Eduardo Belliboni, el Frente Popular de Darío Santillán, La Patria es el otro, que es el frente de organizaciones del Cuervo Larroque. Fue sin dudas una verdadera manifestación unitaria de todos los sectores que estamos intentando hacer todo lo posible para que no haya un caos social en la Argentina. Queremos evitar el desastre. Se organizan estas convocatorias  para poner orden en Argentina frente a un gobierno tiránico.

¿Cuál es el mensaje para quienes aún no están dispuestos a participar de esta unidad?

Como Partido Piquetero acabamos de sacar un documento, escrito por nuestro diputado nacional Juan Marino, que se titula “Tesis de Abril”, en el que planteamos un llamado de atención a toda la oposición. El gobierno de Milei no escucha, y hoy se volvió a demostrar. Frente a los paros nacionales, los reclamos históricos del movimiento obrero, particularmente la UOM, y de los docentes de las universidades, el Gobierno toma la decisión de no escuchar y redobla la apuesta represiva. Es un mensaje para toda la oposición y a los famosos dialoguistas que están especulando si apoyan al Gobierno de Milei o no. A los gobernadores que están pensando en firmar el Pacto de Mayo les queremos dejar un mensaje claro: gobernador de este país que firma el pacto, gobernador que se hunde con Milei, porque el pacto implica la fundición de las provincias. La oposición le tiene que poner un límite constitucional, rechazar el DNU y la ley ómnibus. Y es necesario que en el Congreso de la Nación se vote alguna ley de emergencia alimentaria que atienda esta urgencia total que tenemos en los barrios populares y las cuestiones más graves, por ejemplo la situación de los pacientes oncológicos, que tampoco están recibiendo medicación. Tenemos gente que ya ha muerto. Necesitamos una oposición unida que atienda los reclamos de los más necesitados.

“La cultura genera progreso, no el dinero”

“La cultura genera progreso, no el dinero”

Más de 200 trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación fueron despedidos a fin de marzo y todas las políticas del sector han sido frenadas y desfinanciadas. Este fin de semana, realizaron un multitudinario festival en la explanada del CCK como forma de protesta.

En plena Semana Santa, tras la cena del miércoles, Jesús –así se llama– recibe un telegrama que reza: “Contrato sin posibilidad de renovación a partir de abril”. Después de 18 años se acaba de quedar sin pan y trabajo. Al igual que Lucas, que Micaela y 206 compañeros más.

“Me enteré por mail”. ”Nos avisó un compañero”. Las historias de los trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación que fueron despedidos en Pascuas se repiten. En todos los casos, sin justificativos y hasta sin firma de ninguna autoridad. “Me notificaron vía mail el miércoles a las 21.30. No hay nadie que dé la cara y te diga por qué motivo estamos despedidos”, afirma Lucas Cabrera, coordinador de Logística de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y delegado de ATE Capital. “No saber cómo le voy a poner un techo sobre la cabeza a mi familia y cómo voy a pagar la comida es desolador”, agrega.

Cabrera hace casi 10 años que se desempeñaba en la Secretaría. Su tarea estaba abocada al trabajo territorial asistiendo en la producción y traslado de docentes y artistas para que puedan llegar a los eventos que organizaba la dependencia. “Todas las políticas culturales están frenadas desde que esta gestión asumió”, remarca. La cantidad de despedidos de la Secretaría de Cultura ya son 248. En diciembre fueron 40, y en Semana Santa 208. Algunos se enteraron días después porque no tenían acceso al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y no podían ingresar a su casilla de correo.

El vaciamiento y la desfinanciación de la gestión libertaria también incluye la falta de presupuesto y de elementos de trabajo. “Hace tres meses que estamos sin caja chica, no tenemos recursos y dependemos de los insumos que fueron comprados el año pasado”, explica Gabriela Castro, trabajadora del Museo de Bellas Artes.

Desde 2006, el Programa de Orquestas “Andrés Chazarreta”, que depende de la Secretaría de Gestión Cultural, enseña a tocar instrumentos a niños, niñas y adolescentes de los barrios populares. Jesús Edgar Colque enseña en la orquesta “El Tambo” de Isidro Casanova, y tras 18 años de docencia fue uno de los cuatro profesores que recibió el telegrama de despido el miércoles por la noche: “Milei dijo que los recortes iban a ser para la casta. Yo no soy de la casta, y tampoco fueron a ver el trabajo social que hacemos. Ellos pueden ir a Isidro Casanova y comprobarlo. El objetivo era llegar a lugares muy carenciados, donde los chicos no tengan acceso a un profesor de música ni un instrumento. Hoy muchos chicos han encontrado el amor por la música y hasta son profesores de orquestas”, cuenta Jesús Colque.

Micaela Fernández fue una de las alumnas que participó del programa orquestal. Hace dos años que es profesora de contrabajo y también fue despedida. Respecto a la posibilidad de revertir los despidos a docentes, dice que es difícil conseguir una mesa de diálogo y que esta dilatación pone en peligro a la orquesta. “Queremos una respuesta, una justificación y ver cómo va a terminar esta situación, porque despidieron a cuatro profesores y cinco están sin renovación de contrato, es decir que la orquesta queda sin profesores”, concluye.

El sábado 6 de abril, en la explanada del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se encuentran las oficinas del actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, los trabajadores de la cartera en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizaron el Festival ARDE en defensa de la cultura y en reclamo por los despidos.

“Estamos generando diversas acciones junto a las y los trabajadores, asambleas en los sectores de trabajo, saliendo a la calle, a la espera que los funcionarios den la cara para poder concretar próximas mesas con ellos, que despiden y se escapan”, expresa Julia Pirani, delegada de la Junta Interna del exMinisterio de Cultura de la Nación y del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. “El plan de disciplinamiento que propone esta gestión es evidente –señala–. Dejan a 248 personas sin trabajo y afectan a cientos de personas que no trabajan en el Estado y que son parte de los programas desguazados como las y los alumnos de clases de música y de diversos talleres y actividades culturales”.

“Esta gestión no tiene ningún plan para la cultura, no existe para ellos. Es absolutamente cruel acompañar despidos con un plan económico tan devastador”, asegura el actor y comediante ‘Osqui’ Guzmán en diálogo con ANCCOM. “Lo que todavía no entienden las personas es que el Estado somos todos, te desfinancian el país para venderlo y lo mismo quieren hacer con las universidades. Ellos creen que el dinero genera progreso y es la cultura la que lo genera. Es la que hace que alguien agarre un hilo, una aguja y haga un poncho y genere progreso en la civilización. Nuestro espacio cultural es el de la lucha, no nos van a vender el país”, sentencia Guzmán.

Pararon los docentes de todos los niveles y marcharon al Congreso

Pararon los docentes de todos los niveles y marcharon al Congreso

Docentes primarios, secundarios y universitarios pararon en todo el país en defensa de la educación pública. Reclamaron la renovación del FONID, mejoras salariales y actualización presupuestarias. Hubo gases de la policía.

“Mis alumnos tienen hambre, algunos chicos solo comen en la escuela”, dijo a los gritos una de las maestras gaseada por la Policía de la Ciudad durante la marcha de este jueves frente al Congreso, donde confluyeron docentes de todos los niveles y de variados sindicatos. “Somos maestros con más de 20 años de antigüedad, las escuelas se caen a pedazos, nos sacaron el FONID, nos pegaron recién a todas, necesitamos un paro general porque no podemos seguir peleando solas”, expresó otra.

Más temprano, Sonia Alesso –secretaria general de CTERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación que convocó al paro nacional de esta jornada– había dicho que “estamos en el inicio de la resistencia”. Los gobiernos de CABA y Mendoza expresaron que fue baja la adhesión al paro. Sin embargo, la dirigente expresó que el acatamiento de la medida de fuerza fue muy alto en todo el país por parte de docentes primarios, secundarios y universitarios, y se dispuso a marchar al Congreso. Además, mencionó que el acto central fue en Neuquén, en coincidencia con los 17 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en una protesta docente sobre la ruta 22, por el disparo –precisamente- de un gas lacrimógeno. “Lanzamos una campaña nacional de recolección de firmas para plantear la necesidad de un mayor presupuesto educativo. Para nosotros lo que está pasando es una vuelta feroz a los 90, con ajustes a la educación pública y en los salarios, despidos, privatizaciones de empresas y otras situaciones que en su momento nos llevaron a la Carpa Blanca y la conquista del FONID que ahora nos pretende arrebatar el Gobierno”, dijo Alesso.

Desde temprano, se sumaron a la convocatoria de CTERA hacía el Congreso la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba, uno de los gremios de docentes de la UBA, así como el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA). Acompañaron a los gremios sindicales, los y las trabajadoras de la educación y jubilados.

Al mediodía hubo un banderazo en la Facultad de Medicina por parte de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). Allí, Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA dijo a que “el paro hoy nos encuentra en un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, quién también peleaba en defensa de la educación y de los derechos docentes”. Para ella, “enfrentamos una feroz ofensiva por parte del gobierno de Milei que ataca nuestros salarios y al propio funcionamiento de las universidades que están ahogándose en un presupuesto que no permitirá seguir sosteniendo las actividades de investigación, docencia ni de extensión”.

Mientras que una multitud de trabajadores de la educación salió a las calles en defensa de sus derechos, el Gobierno cuestionó la convocatoria de CTERA, en palabras del vocero presidencial Manuel Adorni “es triste ver aulas teñidas de militancia”. Y advirtió que se les descontará el día a quienes adhieran al paro. En relación a esta decisión, Romina Gómez, profesora y afiliada a CONADU, dijo a ANCCOM: “No se debería descontar porque es un derecho constitucional hacer huelga, es la única manera que tenemos de hacernos escuchar y reclamar por lo que ganamos dignamente, como el FONID que se paga hace años. No puede ser que justo hoy, en el aniverasrio del asesinato del compañero Fuentealba, estamos acá reclamando y encima nos descuentan, siendo un derecho adquirido, me parece bastante grave”.

Por otra parte, María Laura Torre, docente y dirigente sindical de “SUTEBA declaró: “No vamos a dejar que nos arrebaten nuestros derechos conquistados en la histórica Carpa Blanca, no solo ratificamos que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de cada uno de los y las jubilados, sino también de la educación”.

 

Paro general

Por su parte, Marcela Escobar, secretaria gremial del SUTEBA, manifestó que “el principal objetivo es visibilizar el desastre que el Gobierno nacional está haciendo con las jubilaciones en general y en particular con la de los docentes jubilados en el Estado Nacional”. En su mirada, “el Gobierno no tiene escuela ni docentes a su cargo, todos los docentes dependen de las jurisdicciones provinciales, solo tiene a su cargo un tramo de nuestros salarios que es el fondo nacional de incentivo docente, que desde diciembre no nos están pagando, así que no sé sobre qué parte del salario pretende aplicar descuento”.

En tanto, desde La Plata, Maria Díaz Reck, docente secundaria, referente de la Multicolor y congresal de SUTEBA, expresó a ANCCOM que “además del recorte brutal a la educación pública, denunciamos todos los despidos de trabajadores estatales porque cada compañero o compañera que se despide, es una familia que no come”. Díaz Reck enfatizó que “asistimos a una crisis brutal que expresa que hay 60 por ciento de chicos y chicas en situación de pobreza, por eso hoy nos movilizamos pidiendo un plan de lucha con continuidad, se necesita un paro general para ir contra el ajuste generalizado que plantea el Gobierno de Milei, que se expresa también en la Provincia de Buenos Aires”.

Nadia López, docente de educación especial, dijo a esta agencia que “sostener el plan nacional de lucha es el principal objetivo que nos proponemos, y acompañar a los compañeros jubilados y jubiladas en sus reclamos por los recortes”. Ella entiende que el FONID “fue un logro de hace veinte años bajo un suceso muy emblemático e importante para todo el colectivo docente, que fue la Carpa Blanca, con mil horas de ayuno, y ahora el Gobierno arrasó con eso, lo que significa que la Nación no otorga ese presupuesto a cada provincia y jurisdicción para que cada docente cobre ese incentivo docente”. 

La jornada pacífica en el Congreso, donde los trabajadores de la educación alzaban su voz en reclamo de sus derechos, fue interrumpida cuando la Policía de la Ciudad activó el protocolo antipiquetes, dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reprimir a los manifestantes y obligarlos a subir a la vereda con gases. En ese marco, el secretario gremial de CTA, Oscar Isasi, repudió la represión de los efectivos policiales. “Queremos hacer cargo a Patricia Bullrich por la provocación generada contra los docentes y los jubilados que pacíficamente estamos manifestando en el Congreso Nacional”, dijo Isasi.

 

En todo el país

 También hubo una marcha en Neuquén en conmemoración del asesinato de Fuentealba. Allí la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) organizó un acto en Arroyito, al sur de la capital provincial, donde se realizó el operativo represivo que mató al maestro. Participaron unas 10.000 personas, según fuentes gremiales. Desde ATEN reclaman que se juzgue al exgobernador Jorge Sobisch por haber dado la orden de reprimir.

En Santa Fe, la medida de fuerza nacional llegó tras cuatro días de paro de los gremios provinciales AMSAFE y SADOP. En Córdoba, desde el gremio UEPC estimaron que la adhesión en escuelas públicas fue de un 60 por ciento. Desde AGMER también estimaron un alto acatamiento en Entre Ríos.

En Mendoza, el SUTE denunció la presencia policial en las escuelas: “En un día de paro, la policía recorre amedrentando a los trabajadores”, comunicó el gremio. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que el acatamiento en la provincia fue “casi nulo”, aunque desde SUTE lo calificaron como “dispar”.

 

Despedidos y organizados

Despedidos y organizados

En casi todos los organismos públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó un ingreso masivo de los 11.000 empleados cesanteados durante el fin de semana largo. Patricia Bullrich montó desproporcionados operativos con policías federales, gendarmes y prefectos para tratar de impedirlo. El viernes habrá paro de la administración pública.

Desde la 9, en Alem 650, la sede central de la secretaría de Trabajo, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se preparaba para una jornada de lucha con ingresos masivos y simultáneos a ministerios y dependencias oficiales donde el gobierno de Javier Milei despidió, hasta el momento, a 11.000 trabajadores.

Bajo la lluvia y entre decenas de trabajadores que se enteraron que fueron despedidos durante el fin de semana largo o cuando intentaron ingresar a su lugar de trabajo, el gobierno nacional montó un operativo con policías y gendarmes para impedir el ingreso de los empleados cesanteados a los distintos organismos públicos. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció: “No hay plata para comprar comida o para comprar remedios en la Argentina, para lo que hay plata es para reprimir. Es absolutamente desproporcionado el operativo policial que se ha montado”, expresó en diálogo con ANCCOM.

Dada la cantidad de trabajadores que exigían entrar a sus puestos de trabajo, en algunos lugares, como la secretaría de Trabajo, se permitió su ingreso escalonado de a 15 personas y presentando su DNI para ser anotados. “Logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, pero hoy no termina nada para nosotros, acá empieza todo. A la tarde tendremos un plenario con más de mil delegados y delegadas de todo el país para resolver qué medidas tomar, incluído un paro general. Yo estimo, para antes de que termine esta semana”, remarcó por la mañana Aguiar frente a la sede de Alem 650. Por la tarde, ATE confirmaba un paro general de trabajadores del Estado para el próximo viernes.

El lado B de los despidos

Desde ATE denuncian que el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien reemplazó a Omar Yasín, es trabajador del Grupo Techint y que hay intereses económicos y políticos que intervienen en su nombramiento. “El gobierno ha decidido tercerizar el ajuste, que la motosierra ahora la maneje Techint. Vamos a dar pelea hasta que le saquemos la motosierra de la mano”, afirmó el titular de ATE Nacional.

En diálogo con este medio, Sebastián Scarano, delegado general adjunto de ATE Trabajo, denunció: “Desguazar el exMinisterio de Trabajo es el primer paso para terminar con los derechos de los trabajadores. Le entregaron el ministerio a Techint y están despidiendo trabajadores. ¿Qué va a pasar cuando vengan al ministerio a discutir esos despidos? Los va a estar esperando el mismo Techint. Eso es lo que quieren hacer no solo para los estatales, sino para todos los trabajadores”. Y agregó: “Quieren instalar un régimen de terror renovando los contratos cada tres meses, para que renunciemos a reclamar por nuestros derechos, por miedo a perder el trabajo. La respuesta es esto, más organización y más protesta”.

“Es el grupo empresario Techint que viene justamente a hacerse cargo de esta cartera porque quiere colaborar a pinchar las paritarias y quiere hacer mierda los derechos que los laburantes supimos conseguir con décadas de lucha. Quieren borrarlo de un plumazo en dos meses”, afirmó Daniela Frencia, delegada general de la Junta Interna de ATE Trabajo.

En cuanto a los criterios para los despidos, denuncian que hay tres líneas principales. “La primera, es político-ideológica: barrer con todo el cupo laboral travesti trans. Entendemos que hay un ataque del gobierno nacional a este sector en particular. La segunda, es una cantidad enorme de despidos a trabajadores próximos a jubilarse, que les quedaban unos meses de aportes o estaban cerca de la edad jubilatoria, comprometiendo seriamente sus últimos años de aportes. Y por último, la mayor cantidad de despidos se dio en áreas que a este gobierno no le interesa seguir sosteniendo, como áreas de protección e igualdad laboral, áreas de negociación colectiva, entre muchas otras”, comentó Frencia. “No hubo un criterio técnico de revisar la eficiencia o si los compañeros cumplían o no sus tareas”, concluyó la delegada.

Continúa el plan de lucha

En el cierre de la asamblea en la sede de Alem 650, se acordó declarar a los empleados en estado de “asamblea permanente”, realizar un relevamiento de los datos de los despedidos y establecer una comisión especial con ellos.

“Llamamos a la más amplia solidaridad de laburantes, de organizaciones gremiales, centrales sindicales, para que abracen este conflicto y nos acompañen a dar esta pelea. Sabemos que lo que tenemos enfrente es un monstruo enorme”, pidió Daniela Frencia.

«Malvinas no figura en la agenda de Milei»

«Malvinas no figura en la agenda de Milei»

Este 2 de abril, el presidente Javier Milei no viajará las ceremonias que se realizarán en el sur argentino y solo dejará una ofrenda floral en Buenos Aires. ¿Cómo ven las políticas del actual gobierno sobre el archipiélago los excombatientes?

El 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por las fuerzas del ejército británico, que arribaron al territorio argentino sin previo aviso y en tiempos de paz para desplazar a la población y autoridades que allí se encontraban. Desde entonces, la Argentina no ha cesado de ejercer su legítimo reclamo sobre el territorio, ante la intransigencia del Reino Unido.

Si hay un tema que realmente genera consenso dentro de nuestra sociedad, tanto en la ciudadanía como en el arco político general, es el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Una herida que no cierra, sobre todo a partir de aquel 2 de abril de 1982, cuando la dictadura militar intentó salvar su debacle a través de una fugaz recuperación del archipielgo con una guerra sin posibilidad alguna de victoria.

Pero aquella operación militar que llevó a que más de 23.000 soldados y conscriptos pusieran en riesgo su vida, y 650 la perdieran en el camino, no logra conmover a quienes hoy gobiernan el país. A pesar de los intentos de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de la canciller Diana Mondino de mostrar un perfil nacionalista de la gestión, el actual presidente Javier Milei, admirador confeso de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, se encuentra más abocado a la tarea de confirmar su presencia en actos en Miami o encuentros con Vox en Madrid, que en participar de las ceremonias que se realizarán en el sur del país.

Este año se observó el despliegue de ejercicios militares por parte del ejército británico en las Islas, se produjo la visita del Cameron al territorio ocupado, y se llevó a cabo un nueva anexión inglesa del Mar Argentino para ampliar su injerencia de manera unilateral casi 170.000km2

Por caso, se observó el despliegue de ejercicios militares por parte del ejército británico en las Islas, se produjo la visita del Cameron al territorio ocupado, y se llevó a cabo un nueva anexión del Mar Argentino para ampliar de manera unilateral casi 170.000km2 el Área Marina Protegida (AMP) creada en 2012, que establece especiales restricciones a las actividades de tipo extractivo como la pesca o la exploración petrolera y a cualquier otra que ponga en riesgo el ecosistema marino. Estos hechos fueron catalogados por parte de mandatarios provinciales de la oposición, diversas figuras políticas y excombatientes y veteranos como gestos de provocación innecesarias hacia la Argentina y las resoluciones internacionales.

Sobre estas cuestiones Rodolfo Carrizo, excombatiente y presidente del Centro de exCombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIME), señala: “Para nosotros la cuestión Malvinas representa un eje central en la historia política, diplomática, geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de la Argentina, que a lo largo de la historia ha sostenido en todos los foros internacionales, independientemente de la envergadura y de la cantidad de países que represente, una concepción de que la patria es un territorio indivisible, lo cual hace referencia a la integridad territorial y obviamente la cuestión Malvinas tiene que ver con los principios de la defensa de la soberanía territorial y que creemos que es esencial en una política de Estado”.

En ese sentido, agrega: “El 2 de abril de 1982 fue un punto de inflexión en el que una dictadura militar generó una guerra y decidió inmolar a una generación. Ya pasado el tiempo, Malvinas nos ofrece un campo de interpretaciones políticas y geopolíticas que son muy importantes para el destino de la Argentina. Es por esto que creemos que es central comprender que esta causa representa un conjunto de recursos estratégicos básicos para el desarrollo de una nación, en alimentos, en agua potable, en energía y minería, en biodiversidad, etcétera. Las potencias extranjeras siempre han prestado mucha atención a este tipo de cuestiones, entonces encontramos una explicación de por qué el imperio británico ejerce una usurpación territorial hace tantos años sobre este lugar.

Respecto de la política actual del gobierno en el tema Malvinas, Carrizo afirma “Estamos frente a un proceso absolutamente decidido desde ciertos gobiernos, desde las inteligencias militares, no propias sino extranjeras, de llevar adelante un accionar político-militar que tenga un sentido cultural de desmalvinización. Desde la asunción de Milei a la fecha, Malvinas no figura dentro de su agenda ni en la agenda política internacional del gobierno. Todo lo que se está haciendo es en detrimento del patrimonio nacional y en la pérdida de soberanía”. Y añade: “Hoy aparecen acuerdos irresponsables como entregar el control y monitoreo de la red troncal del Paraná al ejército de Estados Unidos, permitir los ejercicios militares de la OTAN y de UNITAS, junto a esto también la irresponsabilidad de romper el frente más importante que tiene la argentina en cuanto a lo diplomático y lo comercial que tiene que ver con América Latina. Este presidente se ha enojado con Lula, ha ofendido a (Gustavo) Petro, a (Andrés) López Obrador, y esto repercute mucho a la hora de conseguir consensos por el tema de Malvinas en el plano internacional”.

Gustavo Adolfo Druetta, sociólogo de la Universidad Católica Argentina, con maestría en Ciencias Sociales en FLACSO-México D.F, y exteniente de Artillería en el Ejército Argentino opina que se viene dando desde hace mucho tiempo un proceso de desmalvinización. “La Argentina es una plataforma monumental de recursos tanto para el bloque occidental como para el bloque oriental, por lo que son muchos los intereses involucrados en esta cuestión. Como país, nos encontramos muy debilitados en términos socioeconómicos, y ni hablar en materia de defensa nacional, como para tener chances de imponer nuestra voluntad y de generar efectos concretos sobre las Islas. Para mí, si hablamos de una desmalvinización, esta es un producto de esa debilidad que tiene la Argentina”.

En  materia de la agenda de política internacional relacionada al reclamo de soberanía, opina que “probablemente el reclamo por parte del gobierno actual es una materia que va a estar pendiente de la dirección geopolítica que tome el mundo. Evidentemente el gobierno actual, que está totalmente alineado con el bloque occidental, en momentos en que la geopolítica está muy caliente con los conflictos Israel-Hamas y Rusia-Ucrania, interpreta que la Argentina tendrá cada vez menos posibilidades de que su reclamo de soberanía sea atendido, porque las Islas son una gran fuente de recursos y un gran portaaviones que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, por lo que devolverle el control del territorio a la Argentina no debe ser una hipótesis plausible para la alianza.”

Druetta considera que el gobierno “está tratando de enviar señales al mundo occidental, al que está plegado completamente, de que nosotros no vamos a tratar de recuperar Malvinas con la ayuda de superpotencias contrahegemónicas a Estados Unidos y pertenecientes al bloque oriental, como puede ser China. Me parece que es un mensaje que puede afectar al sentimiento nacional de que las Malvinas son nuestras Islas, lo cual es cierto, pero lamentablemente en materia política están bajo el control del imperio británico hace casi doscientos años”.

Respecto al mejor método para lograr que la Argentina pueda de cara al futuro hacer valer efectivamente su reclamo sobre las Islas, ambos testimonios creen que es fundamental construir un país diferente al actual a través de políticas concretas. Debe ser un país que reduzca drásticamente los niveles de pobreza, que progrese a partir de la generación de empleo y a partir de la producción, que invierta en salud y educación pública y que invierta en obras de infraestructura, todas estrategias que, por visto en los primero tres meses de gestión, no parecen estar incluidas en el plan de acción del actual gobierno.

7.000 trabajadores del Estado despedidos y 45 millones de argentinos con menos servicios y derechos

7.000 trabajadores del Estado despedidos y 45 millones de argentinos con menos servicios y derechos

El 15 por ciento de la planta de muchos organismos de la administración pública fue cesanteado. Hay personas que llevan más de veinte años cumpliendo funciones en áreas estatales que brindan servicio a la población y garantizan derechos. La posición de los sindicatos.

Sobre el cierre del miércoles y con el comienzo de la Semana Santa, más de siete mil trabajadores y trabajadoras estatales de los más diversos organismos recibieron un mail que les anunciaba el despido de sus trabajos. En pocas horas pasó de todo: el presidente de la nación, Javier Milei, se mostró orgulloso de su plan “motosierra” en el Foro de Economistas Latinoamericanos: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos” dijo Milei. Casi en simultáneo su vocero aclaró que 70.000 fueron los contrato analizados, pero los despedidos serían unos 15.000. Con la noticia circulando, hubo medidas de fuerza en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Meteorológico Nacional, el Ministerio de Trabajo y otros organismos. Veinte mil escritores, investigadores y personalidades de la cultura firmaron una solicitada en defensa de la Biblioteca Nacional. Para sumar confusión, un guardaespaldas del secretario de Derechos Humanos casi saca el arma en medio de un ruidazo.

El ajuste indiscriminado se relaciona con el decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial a finales de diciembre, el cual estableció la finalización de los contratos laborales para el 31 de marzo. Lo cierto es que esos contratos, conocidos en el Estado como Artículo 9-Resolución 48- corresponde a empleados de planta transitoria que los sucesivos gobiernos de los últimos veinte años nunca efectivizaron y trasladaron a planta permanente, por lo que entre los despedidos se encuentran trabajadores que llevan veinte años cumpliendo funciones en la administración pública.

Durante altas horas de la noche aún seguían llegando, vía correos electrónicos, más bajas como en el caso de las 121 personas despedidas en la Biblioteca Nacional, 60 en el INAP, 517 en la Secretaría de Trabajo, 73 en el Servicio Meteorológico Nacional,184 de la Agencia Nacional de Discapacidad, 80 despidos en Parques Nacionales, 40 en AABE,. 150 en Vialidad, 1300 en ANSSEs, entre muchos otros. Se calcula que la medida afecta a un 15 por ciento de toda la plantilla estatal.

Los gremios en pie de lucha

Los dos sindicatos, si bien adoptaron posturas distintas, se mostraron alerta ante la situación que afecta directamente a sus afiliados. UPCN se niega a realizar un paro general y realizará acciones de fuerza puntuales por organismo. El titular de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, anticipó que van a implementar medidas de fuerza específicas según la situación de cada organismo: “Evaluaremos el alcance de estas acciones en función de las circunstancias», declaró en diálogo con Radio Con Vos, dónde también descartó la posibilidad de un paro general “No contemplamos un paro general en este momento. No entiendo por qué insisten tanto. ¿Acaso la verdadera lucha está en convocar a un paro general o en resolver los problemas?”

Por el lado de ATE durante estas horas resolvieron la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha para el 3 de abril con un ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos de la administración pública nacional y un plenario nacional de trabajadores de la Administración Nacional tal como le informaron a ANCCOM.

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, habló sobre la situación puntual del SENASA: “No vamos a tolerar ninguna cesantía injustificada e ilegal en un organismo de vital importancia como este. Si no se garantiza la plena estabilidad de todos los trabajadores, una vez concluido el fin de semana largo vamos a retomar el plan de acción”.

 

“No existe ningún justificativo para aplicar un achique o llevar adelante un recorte en este sector, que no solo se autofinancia, sino que además garantiza –con la labor de todos sus trabajadores- el permanente ingreso de divisas a nuestro país. Poner en riesgo los puestos de trabajo en el SENASA es poner en riesgo al comercio internacional de nuestro país y a la salud de toda la población”, específicó.

También el cuerpo de delegados ferroviarios de la línea Sarmiento, con Rubén Pollo Sobrero a la cabeza, declaró el estado de alerta, movilización y asamblea permanente y ante la llegada de telegramas de despidos se convocaron en Asamblea General. Además llaman al Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, a llevar adelante un plan de acción urgente en defensa de los puestos de trabajo y también le reclaman a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) un nuevo paro general “para unificar la pelea de todos los afectados”.