“Me lo habían matado y nadie dijo nada”

“Me lo habían matado y nadie dijo nada”

Ya son 106 las víctimas confirmadas por el fentanilo en mal estado. Sus familiares fueron recibidos por la Cámara de Diputados, donde impulsan una comisión investigadora sobre la intoxicación masiva. Las historias de vida que un remedio contaminado se llevó.

Ramón Álvarez tenía 69 años. Era vital, no fumaba, no bebía y no padecía enfermedades crónicas. El 6 de febrero ingresó al Hospital Italiano de La Plata acompañado por su hija Clarisa. Llegó caminando, lúcido, con apenas una molestia estomacal. A los pocos días ya parecía recobrado, comía, se reía, pedía ropa de internación común. Clarisa, hija única, se permitió un respiro: su padre estaba en franca recuperación.

El 10 de febrero todo cambió. Una recaída llevó a que le colocaran más stents y, desde entonces, su salud no volvió a ser la misma. Primero fue la neumonía bilateral “sorpresiva”, después la terapia intensiva, los sedantes, los catéteres, la fiebre constante. “Vi a mi papá hincharse, los catéteres abrirse, la sangre, las intubaciones”, recuerda Clarisa, quien presenció cómo su padre, un hombre fuerte, se convirtió en un cuerpo atado a una cama, suplicando con sus últimas fuerzas, “llévenme, sáquenme de acá”, decía.

El 12 de abril a las 15:30, Ramón murió. Exactamente diez minutos antes, en el mismo hospital, había fallecido Leonel Ayala. Clarisa creyó que la historia terminaba allí, pero un mes más tarde, al escuchar por primera vez a Sol Francese, madre de Renato Nicolini, un joven de 18 años, víctima del fentanilo adulterado, entendió que no. Se trataba del primer caso que llegaba a los medios –también ocurrido en el Hospital Italiano de La Plata-. Clarisa Álvarez comenzó a unir las piezas y a preguntar en todos lados por la verdad. Leyó las 600 páginas de la historia clínica de su padre y lo vio escrito: “Fentanilo HBL Pharma, lote 31202, contaminado”.

“Ahí el mundo se me cae otra vez”, rememora. Las preguntas que la habían atormentado –por qué su padre había sufrido de esa manera, por qué si estaba mejorando de golpe se había descompensado–, encontraron una respuesta brutal: “Volví a llorar porque entendí que me lo habían matado y nadie dijo nada”.

El 28 de agosto, Clarisa recibió la confirmación oficial. El hospital informó a la Defensoría Pública de las Víctimas que su padre había recibido “fentanilo marca HLB Pharma, lote 31202, contaminado con Klebsiella pneumoniae MBL”. Pero no sólo eso: admitió que había perdido las muestras de los cultivos. “Si yo quisiera saber con certeza si mi papá murió por esa bacteria, ya no se puede. Las muestras no están, las perdieron”, resume Clarisa, para quien lo peor, perder a su padre, ya sucedió. Hoy lo único que busca es la verdad, aunque duela, y acompañar a las familias con su historia. “Las muertes no tienen partido. Nosotros somos apartidarios. Lo único que queremos es justicia”, repite.  

“Queremos justicia”

Leonel Ayala tenía 32 años y un futuro por delante. Era docente de enseñanza artística y soñaba con ser ministro de Educación. El 5 de marzo entró a la Clínica Ranelagh, en Berazategui, por un dolor abdominal. Lo internaron y a los cinco días empezó a mejorar. Tenía una cirugía programada, una endoscopía con un método particular que solamente lo hace una especialista, y que estaba programada. El 12 de marzo lo intervinieron y, aunque la operación fue exitosa, quedó en terapia intensiva para recuperarse.

El 15 de marzo Leonel tuvo que ser internado nuevamente de carácter de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Italiano. El rumbo había cambiado en pocos días. “A los tres o cuatro días, recibiendo un tratamiento de fentanilo como analgésico por el cuadro que tenía, empezó su desmejoramiento”, evoca su madre, Liliana Peralta. 

El deterioro fue abrupto: fiebre, shock séptico, delirios. Los médicos hablaban de complicaciones de su pancreatitis, pero nada cuadraba con lo que veían: Leonel se apagaba a pasos acelerados. “En ningún momento nos habían podido explicar que él, en su misma terapia intensiva, estaba aislado por una bacteria. Nunca nos dijeron nada”, agrega Liliana.

 El 12 de abril, mismo día y casi a la misma hora que Ramón Álvarez, Leonel falleció por falla multiorgánica. En el acta de defunción se mencionó la pancreatitis y un cuadro cardiorrespiratorio. Recién semanas después, Alejandro Ayala, hermano de Leonel, se puso en contacto con Sol Francese y pudo encontrar la respuesta en las historias clínicas: había recibido el fentanilo contaminado del lote 31202. Alejandro lo dice con crudeza: “Leonel entró sano y terminó muerto”. Y su madre, Liliana, asegura: “No vamos a dejar de pelear, para que su muerte no sea en vano”. 

“Un dolor enorme”

La crisis del fentanilo adulterado, la más grave de la historia farmacéutica argentina, no da respiro. El número de casos fatales aumentó a 106. Las familias de Ramón Álvarez y Leonel Ayala llevaron su reclamo al Congreso. En una carta presentada a diputados del bloque de la UCR, reclamaron «compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la provisión de fentanilo adulterado».

El pasado martes 26 de agosto, en el Anexo A de la Cámara Baja, estuvieron Clarisa Álvarez y Liliana Peralta, acompañada por su hijo Alejandro. En la sala 523, donde se reunieron con los legisladores radicales, en medio de un silencio que inundó la habitación, Clarisa tomó el micrófono: “Ese día fuimos al lugar incorrecto en el momento incorrecto, pero confiamos en que era lo necesario y nos encontramos con una bacteria letal –dijo–. La carta que leerá una madre que perdió a su hijo es también mi historia: mi papá falleció el 12 de abril, a las tres y media de la tarde, y Leonel, a las tres y cuarenta, en la misma clínica”.

A continuación, Liliana Peralta agradeció la escucha y solicitó una respuesta urgente por las situaciones que atraviesan las familias y las posibles víctimas: asistencia médica, psicológica y social; acceso inmediato a las historias clínicas; informes públicos sobre las instituciones que recibieron el fentanilo adulterado, y un plan urgente de control posbrote en hospitales.

“No hubo comunicación de ningún organismo de salud. Hay una ley de garantía de derechos de víctimas de delitos, y no se está cumpliendo. Personas que están solicitando las historias clínicas, marca con lote, y no se las están entregando”, afirmó Alejandro Ayala, en diálogo con ANCCOM, en las afueras del Congreso. “Me parece importante que esto interpele a todos los diputados, no solamente de un bloque. Que dejen de lado sus diferencias al menos una vez. Esto es histórico para la justicia, para la salud pública y puede pasar con otro medicamento o nos podría pasar a nosotros”.

Allí mismo, Liliana Peralta expresó: “Empezamos a sentirnos un poco contenidos, porque venimos de un dolor enorme. Un dolor que no va a cesar nunca”. Su hijo Leonel es una de las víctimas del fentanilo contaminado, con ambas bacterias que se repiten en todas las historias clínicas, producto de la omisión y las malas prácticas de los organismos de control del Estado. Está esperanzada con el proyecto para que se forme una comisión investigadora y “atienda las necesidades de las familias”. Mientras tanto, comparten un grupo de Whatsapp en el que intercambian información y se brindan apoyo mutuo.

A los cartoneros también les llegó el ajuste

A los cartoneros también les llegó el ajuste

Las cooperativas porteñas de recicladores urbanos protestaron toda la semana en el Parque Lezama porque el Gobierno de Jorge Macri les quitó el subsidio al transporte que permitía a los trabajadores llegar al centro de la ciudad. Encima, la apertura indiscriminada de exportaciones que decretó Javier Milei, hizo que baje el precio del cartón.

Referentes de cooperativas de trabajadores cartoneros, carreros y recicladores se encuentran encadenados en Parque Lezama haciendo una huelga de hambre frente al Ministerio de Espacio Público de la Ciudad. Las cooperativas de cartoneros, agrupadas en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) –una de las organizaciones que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)– reclaman que el Gobierno de la Ciudad suspendió el financiamiento del traslado diario de los recolectores que viajaban desde el conurbano. Dejaron de contar con esta ayuda el 23 de julio, cuando el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que “están desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”. 

El gobierno porteño dejó de financiar el transporte diario a 3.500 familias de recuperadores urbanos -de las 6.000 que existen en el sistema- pertenecientes a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. Dejó a esas organizaciones sin ese beneficio con el argumento de que el dinero que ahorrarán –serían 6.000 millones de pesos al año-  será destinado a realizar mejoras en el sistema de reciclado porteño.

“La Policía nos saca la mercadería, nos secuestra los carros, nos reprime, nos pone multa, cuando saben que vivimos del cartón y del reciclado”, dijo Paula

Además del reclamo por su traslado diario hacia el centro, los trabajadores exigen la continuidad del transporte de sus hijos hasta las guarderías. Más de 600 chicos asisten a tres espacios de cuidado infantil en Fiorito, Constitución y Barracas. Carlos Suárez, cartonero perteneciente a la cooperativa MTE, manifestó que no quieren que los niños pierdan sus infancias por tener que estar en la calle acompañando a sus padres. También denunciaron la discriminación, la persecución y el maltrato de la Policía de la Ciudad y sus autoridades, quienes les quitan sus elementos de trabajo, no les permiten que lleven sus carros y sus bolsones, e incluso que los llevan detenidos y les cobran multas. 

“Nos sacan la mercadería, nos secuestran los carros, nos reprimen, nos ponen multa, cuando saben que vivimos del cartón y del reciclado”, dijo Paula, que carretea de toda la vida y se encuentra agrupada en la cooperativa Amanecer de los Cartoneros desde hace 6 años. Como ella, muchas de sus compañeras y compañeros mantienen a su familia con su trabajo, que cada día está siendo más perseguido. “Si vas a revisar un tacho vestida de cartonero, te hacen una multa que no llegamos a poder pagar”, agregó su compañera Olga. Gracias a su propia organización en cooperativas, reciben un sueldo por el trabajo que muchos realizaron durante toda su vida. 

Además de ser una fuente de subsistencia, el trabajo de recolección y reciclado de residuos que realizan los trabajadores cartoneros cumple un rol ciudadano importante, de limpieza y cuidado del medioambiente. Lejos de resguardar esta labor, la gestión de Jorge Macri les impone cada vez más dificultades. Al no contar con los micros que los trasladaban, su sueldo de apenas 390.000 pesos no les permite costear los viáticos. Sumado a esto, en el contexto nacional, Milei liberó las importaciones de materiales reciclados, lo que empeora aún más la situación. El kilo de cartón vale un 70% menos de lo que valía en 2024.

Luego de una semana de protesta en Parque Lezama, el viernes 29 encararon una marcha convocando a todos los sectores de la economía popular a reclamar con el movimiento cartonero, luego de no haber obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades a lo largo de estos días. Entre los carteles que sostienen se puede leer “Jorge Macri: sin los cartoneros, la ciudad estaría peor. Dejá de recortar el reciclado”, y “Lo que la ciudad desecha, nosotros los transformamos”. Insistirán en poder realizar su labor con dignidad y no seguir perdiendo los derechos que fueron adquiriendo a lo largo de los años mediante la organización popular. “La crueldad del gobierno de Macri no tiene límites, le declaró la guerra a los recicladores urbanos y los cartoneros que, con su trabajo, garantizan el sostenimiento de nuestra ciudad y la recuperación de residuos urbanos”, expresó en su apoyo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

 A través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, presidido por Ignacio Baistrocchi, quienes gestionan la ciudad afirman que buscan utilizar esos fondos para fortalecer la estructura y la capacidad del sistema de recolección y reciclado. Las medidas que llevaron adelante con este objetivo fueron: bancarizar a los recuperadores, hacer que comiencen a recibir su sueldo en cuentas del Banco Ciudad y no mediante las cooperativas a las que pertenecen, implementar un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos en los centros verdes y centros logisticos, y reforzar las rutas de recolección en zonas de alta generación.

 

“Aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo”

“Aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo”

La 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil fue esta vez una concentración para evitar la represión de los efectivos que comanda Patricia Bullrich. Familiares de decenas de jóvenes y adolescentes continúan exigiendo justicia para sus hijos, que fueron asesinados por la violencia estatal. Participó Fabián Grillo, el papá de Pablo, el fotorreportero gravemente herido en la marcha de los jubilados.

Once años ya llevan los familiares de víctimas del “gatillo fácil” manifestándose en contra del sistemático asesinato de jóvenes por parte de agentes policiales y de las fuerzas de seguridad del Estado. Ayer miércoles 27 de agosto la Plaza de Mayo fue el escenario de la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que desde el año pasado mutó a concentración para resguardarse de la represión policial con que terminan casi todas las movilizaciones desde la asunción de Patricia Bullrich frente al Ministerio de Seguridad. Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, asesinado en el año 2015 por un oficial policial y de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado el 3 de agosto del 2020 en una entradera, explicó: “Es el segundo año que concentramos en lugar de marchar, decidimos resguardarnos y cuidarnos entre nosotros por el gobierno represor que tenemos ahora. No queremos más violencia sobre la violencia que ya ejercieron sobre nosotros”. Alderete también detalló que la situación económica dificulta a quienes no viven en Buenos Aires viajar hasta aquí. “Se nos hace imposible traer a los familiares de las provincias y ellos tampoco se pueden pagar los pasajes, concentrar también es una forma de cuidarnos porque no somos tantos. Pero la marcha ya va a volver”, afirmó. 

El trovador Abelardo Martín inauguró la concentración con su música. Más tarde, las madres lo homenajearon y le agradecieron por acompañarlas hace una década. Emilia Vasallo, mamá de Pablo “Paly” Alcorta, asesinado por la policía bonaerense en el 2013, abrió la radio abierta preguntando: “¿Qué miedo vamos a tener si perdimos lo más importante que tiene una madre o un padre?” La activista y referente de la lucha antirrepresiva presentó con la voz quebrada a Fabián Grillo, papá de Pablo, el joven fotógrafo que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza por parte del gendarme Hector Guerrero en marzo y cuya vida aún se encuentra en peligro: “No se si voy a poder hablar mucho, estoy muy emocionado”, aclaró Grillo y manifestó: “Lamentablemente la tragedia es algo que nos une, no tendríamos que estar acá, ninguno de nosotros tendría que estar acá. Pablo tendría que estar sacando fotos con ellos”, expresó señalando a los fotorreporteros que se encontraban allí.  

Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano también dió su testimonio tras 16 años de lucha exigiendo justicia. Un 8 de julio del 2009, Ezequiel “Kiki” Lezcano de 17 años, salió de su casa en Lugano, le dijo a su mamá: “Mami, ahora vengo”, y nunca regresó. Lezcano venía sufriendo amenazas por parte de la Policía Federal, que “reclutaba” chicos del barrio para que roben para ellos. Lezcano y Ezequiel Blanco, otro joven de la zona, fueron asesinados ese 8 de julio por el efectivo policial Daniel Santiago Veyga, que no tuvo ninguna condena y aún continúa prestando servicio en la fuerza.  Lezcano fue enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. La familia pudo saber dónde estaba Kiki recién en septiembre, luego de meses de maltratos por parte de la policía de la Comisaría 52 de Lugano, donde se negaban a tomarles la denuncia y manipulaban los testimonios de los vecinos del barrio. Urquiza no pasa por alto que en cada marcha aparecen nuevas caras de  jóvenes asesinados y más familias se suman para contar sus casos. “Lamentablemente hay mucha gente que ha perdido a su ser querido y quizá no saben como hacer, no saben cómo levantarse. Y nosotras no somos superhéroes, pero sabemos levantarnos del dolor con amor”, sostuvo. 

Luego hablaron los familiares de Santiago Beltrán, un adolescente de quince años asesinado hace dos meses por una policía de civil, la abuela de Luciana Muñoz desaparecida en Neuquén hace más de un año, y el papá de Peca Rivero, asesinado por la policía de Rafael Castillo en 1989, a sus 18 años. También se expresó la hermana de Sofía Fernández, mujer trans asesinada en la comisaría 5ª de Derqui, los familiares de Darío Santillán y la mamá de Juan Encina, asesinado por el policía Jorge Montero, que le disparó por la espalda al “confundirlo con un delincuente”. 

Surgimiento

La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se realiza hace diez años y su antecedente directo fueron las actividades de lucha llevadas adelante en el 2014 por la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, en Córdoba. Allí mismo surgió la primera marcha el 27 de agosto del año 2015, tras el asesinato de Ismael Sosa por parte de la policia cordobesa, cuando el joven asistía a un recital de La Renga en Villa Rumipal. Vasallo resaltó la organización de las familias: “La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil es un precedente que sentamos los y las familiares. Decidimos que la marcha la hacíamos nosotros, las familias organizamos y decidimos y las organizaciones acompañan”, aclaró. Alderete recordó vívidamente su primera participación, en la segunda marcha. “Éramos 10, 15 familiares. No me puedo olvidar, era una lluvia torrencial y fuimos de Congreso a Plaza de Mayo. En la Plaza había un acto político así que la cerramos abajo del techito de un local”, repasó. “Yo participé por primera vez en esa segunda marcha, la primera se hizo el 27 de agosto del 2015 y a mi hijo me lo mataron el 28”, rememoró. 

El duelo permanente 

Marcos Sebastián Acuña fue asesinado el 28 de agosto del 2015 por el prefecto Juan José Silva. Esa mañana, Acuña salió de su casa en el barrio de La Cañada, en Quilmes, para encontrarse con dos amigos. En el camino se cruzó con Silva, que declaró haber tenido una discusión con el joven de 22 años. El policía disparó tres veces, una de esas balas impactó en la espalda de Marcos. El prefecto abandonó la escena inmediatamente.  Los amigos que estaban con Acuña declararon que solo dijo dos palabras: “Me quema, me quema”, y se desmayó. Los jóvenes pidieron ayuda a los vecinos y a la policía que pasaba por el lugar gritando que llamaran a una ambulancia, pero Acuña ya había muerto. Silva alegó haber actuado en legítima defensa, pero sus palabras no pudieron comprobarse: la policía halló al joven en el piso, con un tiro por la espalda, sin ningún arma, droga o alcohol en sangre. Con todo, Silva recibió una condena de un año y ocho meses. 

Alderete recordó el sinuoso inicio de su camino de lucha: “Cuando empecé yo no sabía qué hacer. Mandaba mensajes a todos lados, pedía ayuda por todos lados. Ese es el problema de las madres, que no hay un lugar donde vos vayas y sepas que te pueden ayudar.”  Oscar Escobar, papá de Camilo Caupolicán Escobar, asesinado en enero del 2019, destacó la contención que genera la red de solidaridad entre los familiares de las víctimas. “Nos contenemos en la angustia y el dolor de perder a un hijo. En mi caso, la experiencia de los compañeros que han sufrido esta tragedia antes que yo, me sirvió mucho para saber qué camino tomar”. 

Durante la concentración fueron recordadas varias veces Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, las emblemáticas Madres de Plaza de Mayo que se dedicaron a luchar contra las violaciones a los derechos humanos. Alderte inscribe a las madres de víctimas del gatillo fácil en la misma lucha que las Madres y trae una escena. “No me olvido más una vez que estábamos en Plaza de Mayo y yo lloraba. Norita me pasó la manos por la cara  y me dijo ‘eso no, que nunca te vean llorar. Siempre con la voz en alto, siempre con la cabeza arriba. Secate las lágrimas y hablá por tu hijo y por el resto de los chicos. Cuando una madre no pueda, hablá por ella’, y eso fue lo que nosotras hicimos ”, recordó. 

Con sus palabras, Vasallo pone en evidencia lo que queda después para muchas madres y padres: “Me han invitado a participar de actividades en todas partes: Italia, Francia, Brasil, pero yo no puedo viajar. Me quedé con ese miedo de que le pase algo a mis hijos, a mis nietos o a mis bisnietos. Es algo que no puedo superar, entonces no viajo. No puedo viajar”, confesó. La militante también destacó la necesidad de contención profesional, que muchas veces es inaccesible:  “La mayoría de las madres no tiene donde atenderse o no puede pagar un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Pero es necesario, la nuestra lamentablemente es una vida de lucha constante y el duelo de un hijo es permanente”.

Un gran cómplice: el sistema judicial 

La mayoría de las familias de las víctimas coincide en que el accionar judicial en las investigaciones sobre los asesinatos de sus hijos es insuficiente y muchas veces encubre el abuso policial, asegurando la impunidad de los responsables. Vasallo recordó lo sucedido tras el asesinato de su hijo, Pablo Paly Alcorta y afirmó: “Para mí la justicia no existe”. 

El 18 de mayo del 2013, Pablo Alcorta de 17 años intentó junto a un conocido robar una moto en el peaje de Morón. Mientras el joven huía, el oficial de la bonaerense Daniel Ariel Tolaba, le disparó en la cabeza. La bala le atravesó la sien y el nervio óptico, dejándolo instantanemante ciego. Alcorta estuvo internado hasta su fallecimiento, siete meses más tarde. Tolaba dijo haber actuado en legítima defensa, aunque las pruebas no están. La mamá de la víctima enumera los hechos: “Plantaron un arma a 600 metros del lugar, que ni siquiera estaba apta para el disparo, para decir que había habido un enfrentamiento. Tolaba dice que Pablo levantó la mano derecha y le apuntó, mi hijo era zurdo y con la mano derecha es con la que se acelera la moto, ¿en qué momento pudo haber sacado un arma?”, desglosa Vasallo, que también recuerda el testimonio de una testigo del hecho, que declaró que Alcorta no poseía arma alguna. Tolaba fue absuelto por la justicia, que no investigó ninguna de las pruebas que la familia exigió y pidió el traslado a la Policía de la Ciudad donde siguió prestando servicio en el Área de Delitos contra la Integridad Física y la Salud de las Personas durante años. 

El caso de Camilo Caupolicán Escobar también es una muestra de la impericia del sistema judicial y el encubrimiento policial. El 10 de enero de 2019, Camilo acudió a un departamento del barrio de Caballito a comprar marihuana para uso personal. Ya en el lugar, un hombre que había llegado para realizar una compra grande, mostró su chapa de la policía y ordenó que se tiren al piso. Escobar intentó escapar y lo golpeó. El policía Juan Manuel Guellin respondió al golpe con un tiro en el tórax,  que dejó sin vida al joven de 23 años. Luego de los hechos, Guellín huyó, pero volvió minutos más tarde con otra ropa, cuando la escena ya estaba llena de patrulleros, a recuperar su moto. Otro chico que se encontraba en el departamento al momento de los hechos e intentó hacerle RCP a Escobar, lo vió y lo señaló al grito de: «Es ese, es ese el que mató a mi amigo”. Pero la policía se mantuvo inmutable ante el aviso. El joven que identificó al asesino escapó a Perú por temor, pero volvió cuando Oscar, papá de la víctima, le pagó el pasaje para que venga a declarar: “Pero la fiscalía no siguió la línea del testigo. De hecho, cuando declaró la fiscal le dijo que estaba mintiendo porque en los videos nunca se ve la moto. Ocurre que misteriosamente en el expediente hubieron cámaras de la calle que no estuvieron, nunca se ve ni una ambulancia, ni un patrullero, nada de lo que hubo”, sugirió el padre. Meses después, Escobar logró la autorización por parte del Ministerio de Seguridad de pegar en las comisarías y las calles un cartel con la foto del asesino, ofreciendo recompensa a quien aporte información. Un día, recibieron el llamado de alguien que había ido a la escuela con él, que los ayudó sin cobrar la recompensa. “Así descubrimos que era policía de la Federal y muy amigo del tipo que lo mandó a hacer la movida” , explicó Escobar. Lo que Guellín buscaba esa noche era hacerle una “mexicaneada” a los jóvenes que estaban allí: “El tipo fue a hacer un negocio porque se iban a la costa en enero y querían vender marihuana ahí. Quería robarles”, afirmó. Ahora, Guellín y sus dos cómplices se encuentran detenidos, a la espera del juicio.

Desde el dolor, lucha con amor y alegría

 En un espacio entre los testimonios y la música, Delia Fucci, mamá de Pablo Fucci muerto en Cromañón, se acercó al micrófono: “La alegría es nuestra. Una mujer muy chiquitita pero muy inmensa, Norita Cortiñas, me enseñó a luchar con alegre rebeldía”, intervino. La tarde continuó con música, a cargo de Maleza Ruda, Pica para Todxs mis Compas, que cantó junto a Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, otra víctima de Cromañón. Aún con dolor, los y las familiares se abrazaron, se encontraron y continuaron construyendo la red de solidaridad que los contiene frente al desamparo y la violencia estatal. La tarde cerró con la banda punk “Sublimando Mierda” y un tema dedicado a las madres: “Vieja, te amo y vos lo sabés”, cantó la banda mientras los manifestantes bailaban en el medio de la plaza. 

El Senado desenchufó la motosierra

El Senado desenchufó la motosierra

La Cámara Alta aprobló la las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También rechazó cinco decretos desregulatorios de Milei referidos al INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y diferentes organismos culturales.

En una sesión maratónica de más de trece horas, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, además de derogar cinco decretos de desregulación impulsados por el oficialismo. La oposición logró mayorías amplias y dejó en evidencia la pérdida de apoyos del gobierno de Javier Milei.

La sesión ocurrió apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara, por primera vez en el gobierno de la motosierra, un veto presidencial, al insistir con la Emergencia en Discapacidad. Desde el oficialismo se intentó frenar el golpe enviando a negociar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, pero la estrategia no tuvo éxito.

 

Financiamiento universitario: una mayoría que desafía el veto

El proyecto de Financiamiento Universitario fue aprobado por 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Según lo expresado por el presidente Javier Milei, la norma será vetada porque “rompe con el equilibrio fiscal” que defiende su administración. Sin embargo, la contundente mayoría alcanzada en el Senado anticipa que, de concretarse el veto, podría ser revertido en el Senado. Habrá que ver, después, qué pasa en Diputados.

La sanción contó con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso votaron a favor senadores que hasta hace poco acompañaban al Gobierno, como Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes). En contra se expresaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres del PRO: Martín Goerling, Alfredo De Angeli y Carmen Álvarez Rivero. Carolina Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa, mientras que Juan Carlos Romero (peronista salteño) y dos senadoras del PRO se abstuvieron.

El proyecto aprobado por el Senado busca garantizar tanto el financiamiento del sistema universitario como la actualización de los salarios de sus trabajadores. En lo que respecta al funcionamiento de las universidades públicas, la norma dispone que las partidas presupuestarias deberán actualizarse tomando como referencia la inflación. A partir del 1º de enero de 2025, el monto destinado se ajustará en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medida por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Además, durante todo el año se aplicarán subas bimestrales, con el fin de que los fondos no queden desfasados frente al aumento de precios.

Por otra parte, la ley establece la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales. El Ejecutivo deberá actualizar los sueldos tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en agosto de 2025. Esa recomposición no podrá ser menor al porcentaje de inflación informado por el INDEC y, a diferencia de otras sumas otorgadas en años anteriores, deberá ser remunerativa y bonificable, es decir, que se integrará al salario básico y tendrá impacto en aguinaldos, antigüedad, aportes jubilatorios y otros adicionales.

Esta medida responde a que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso desde comienzos de 2023.

En el inicio del debate, el senador Fernando Salino (San Luis, Frente de Todos) destacó la “buena técnica legislativa” del texto y subrayó que el objetivo es asegurar la protección y sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el país. Martín Lousteau (UCR) agregó: “No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo del resto de los empleados públicos”.

 Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) por su parte atacó: “El 4% de los egresados se está llevando el 55% de salarios que se producen en el 30% de las universidades, entonces de lo que hablamos es sobre la ineficiencia, ineficacia y malos manejos de los fondos públicos. (…) La educación pública es una prioridad para este Gobierno e importante para los argentinos y para este bloque político”. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?”.

En comunicación con ANCCOM, Javier Palma, secretario general de AGD Sociales, señaló: “La aprobación por parte del Senado de esta ley es un capítulo más de la larga lucha que venimos dando en defensa de la universidad pública frente a las políticas de destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei. Desde la AGD lo vemos como un paso adelante, aunque no definitivo, y por eso llamamos a toda la comunidad educativa —trabajadores, docentes, no docentes y estudiantes— a redoblar esfuerzos, a ganar las calles y a seguir construyendo un gran movimiento de lucha. Esto no es una victoria definitiva, sino apenas un capítulo más en una larga pelea. Seguramente Milei vetará esta ley y será la Cámara de Diputados la que deba confirmar o no ese veto. Para esa instancia debemos estar movilizados y en la calle, incluso ese mismo día, para lograr la victoria definitiva”.

Golpe al plan de desregulación

La Cámara alta ayer también votó en contra de cinco decretos redactados por Federico Sturzenegger, pieza central del plan de achicamiento del Estado. Todos fueron rechazados con amplias mayorías:

  • Decreto 462/25: reorganizaba al INTI y al INTA, reduciendo funciones y recursos. Fue rechazado por 60 votos. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció que, pese al rechazo legislativo, el Gobierno ya había despedido a 367 trabajadores del INTA.
  • Decreto 461/25: disponía la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. También rechazado por 60 votos.
  • Decreto 351/25: modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue derogado con 58 votos. Eduardo “Wado” de Pedro advirtió que la medida “entorpecía la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar” y significaba “complicidad plena con la dictadura militar”.
  • Decreto 345/25: facultaba al Ejecutivo a intervenir organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y varios institutos históricos. Rechazado por 57 votos.
  • DNU 340/25: desregulaba la marina mercante nacional, recortando derechos laborales. Fue rechazado por 55 votos.

 

En diálogo con ANCCOM, Fernando Yapur, licenciado en Física y trabajador del laboratorio de Óptica y Dimensional del INTI, explicó:“A lo largo de estos meses de lucha nos fuimos organizando en la Asamblea Multisectorial, que se conformó con los distintos sectores que integran el INTI. El objetivo inicial fue frenar la fusión que el Gobierno impulsaba a principios de año entre el INTI, el INTA y la CONAE. Esa fusión era en realidad un proceso de destrucción de los organismos: pretendían reducir tres instituciones a una sola, lo que implicaba recortar personal y, sobre todo, limitar las capacidades técnicas y científicas de cada uno”.

Yapur describió la estrategia: “En ese marco, hablamos con 146 diputados, tuvimos reuniones con cada uno, realizamos tres intervenciones en la Comisión de Ciencia y Tecnología y finalmente, el 13 de agosto, se logró la media derogación del decreto 462/25. Fue una victoria enorme. Restaba el Senado, y allí conseguimos 60 votos a favor y solo 10 en contra. El resultado fue aplastante. Los argumentos que llevaron los legisladores en defensa del INTI son los que pudimos transmitir a través de toda esta lucha, que fue impresionante a nivel legislativo, territorial, comunicacional, judicial y gremial”.

Pero el trabajador asegura que la lucha continúa: “Esto no termina acá. Tenemos que seguir organizados porque todavía restan dos años de este gobierno, que no va a cesar con sus políticas de destrucción de la industria nacional. De aquí a las próximas elecciones debemos convencer a la sociedad de que queremos un proyecto de país inclusivo, industrializado, con oportunidades y con trabajo de calidad. Porque sin industria nacional no hay trabajo de calidad, y sin trabajo de calidad no hay oportunidades”.

Yapur asegura que el rechazo al veto implica dar vuelta el modelo de país que promueve el gobierno: “Un modelo primarizado, con un 90 % de la población por debajo de la línea de pobreza y un 10 % acumulando toda la riqueza. No queremos solamente exportar materia prima y tener una economía neocolonial. Queremos una patria libre, soberana y con industria nacional”.

Emergencia en pediatría: el Garrahan en el centro

Pasada la medianoche, el Senado aprobó la Emergencia en Pediatría con 62 votos a favor y 8 en contra. La norma declara la emergencia sanitaria por un año, habilita la compra directa de insumos, mejora salarios del personal de salud y exime del pago de Ganancias a guardias y horas extra. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y deroga la reforma al régimen de residencias médicas impulsada por el Ministerio de Salud.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (UC) denunció la “doble vara” del Gobierno: “No hay recursos para la emergencia pediátrica, pero sí para los sectores más ricos”. El cordobés Luis Juez se mostró conmovido: “Cuando un padre se desespera, la primera respuesta que escucha es ‘vayan al Garrahan’. La esperanza de los padres con hijos enfermos está en el Garrahan. No puedo callarme en este tema”.
En contraposición, Carmen Álvarez Rivero (PRO) reiteró su rechazo. Tras haberse disculpado por sus declaraciones anteriores —“no todos los niños argentinos tienen derecho a venir al Garrahan”— sostuvo que antes de reforzar ese hospital deberían construirse centros de alta complejidad en todas las provincias.

Con estas votaciones, el Senado no solo dio por tierra con los decretos de desregulación de Milei y sancionó dos leyes claves para la sociedad, sino que también dejó en evidencia la fragilidad política del oficialismo y la capacidad de articulación de una oposición que, por primera vez en mucho tiempo, actuó en bloque.

Lo que suceda en Diputados frente al eventual veto presidencial marcará el próximo capítulo de esta disputa. Pero por ahora, la fotografía es clara: el Congreso se plantó frente al plan de ajuste y la motosierra ya no corta tan fácil como en los primeros meses de gestión.

 

Una plaza con dos caras

Una plaza con dos caras

Mientras que las personas con discapacidad festejeban frente al Congreso el rechazo de los diputados al veto de la Ley de Emergencia que realizó Milei, los jubilados mantenían sus protestas por la caída de la ley que aumentaba sus haberes.

Guardapolvos de personal de la salud y educativo, familia y ciudadanos de a pie comienzan a agolparse alrededor de un parlante frente al Congreso de la Nación. Se acercan madres con sus hijos en sillas de ruedas. De repente los jubilados interrumpen su habitual radio abierta. Nadie se quiere perder el resultado de la votación de la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hasta el sol sale en ese momento, tras dos días seguidos de lluvia y cielo nublado. Cuando la tensión llega a un punto inaguantable, finalmente se escucha “172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo”.

La emoción se desata, los gritos llaman la atención del resto de los presentes que se suman al festejo. Por fuera de esa ronda espontánea de personas que ahora se funden abrazadas, Maria Chiribao abraza a su madre al tiempo que comienza a sonar el Himno Nacional. Lloran, no se sueltan, le dan besos al cartel con la foto de su hija Mía de 5 años: “Tiene parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Ella sufre más de 40 crisis por día. Nuestra obra social que es UTA, del transporte de colectivos, nos está negando lo que para ella sería una mejora en la calidad de vida con una terapia cetogénica y una internación domiciliaria con enfermería las 24 horas. Nosotros estamos luchando por eso, ya nos la rechazaron dos veces. Mi hija tiene riesgo de muerte súbita porque tiene más de 40 crisis por día y es farmacorresistente, toma siete medicaciones a la mañana y siete a la noche”, cuenta Maria, aún recuperándose de la emoción.

La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza mensualmente aranceles y eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo, compatibles con empleos formales de hasta dos salarios mínimos. Además, incluye la regularización de pagos a prestadores condonando intereses y deudas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras de gestión, un mecanismo de transparencia que obliga al Ejecutivo a informar sobre ejecución y políticas, y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El Poder Ejecutivo Nacional la vetó, alegando que atenta contra el equilibrio fiscal. Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto, restando aún la decisión de los Senadores. La ley, en el caso de ser aprobada, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Hace un mes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la disminución de retenciones al sector agropecuario, lo que representa el 0,20% del PBI nacional.

La situación para prestadores, docentes y personas con discapacidad llegó a un punto crítico. El último aumento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en octubre de 2024, sumado a que los pagos de la obras sociales llegan con hasta 6 meses o un año de atraso. Todo esto repercute en la calidad del servicio brindado e impacta directamente en el nivel de vida de las personas con discapacidad. “Venimos acompañando a las familias con un esfuerzo enorme que muchas veces es a pulmón, sin recursos. Sabemos que faltan acompañamientos e inversión. Vemos cómo a los chicos se les caen las prestaciones y cómo impacta eso en sus trayectorias en las escuelas y en sus familias. Son recorridos que cuesta mucho sostener y llevar adelante y que, de golpe, por la falta de inversión, se cae un prestador. Nuestros chicos quedan en banda por más esfuerzo que realicemos los docentes desde las escuelas. No alcanza si no hay presupuesto, no alcanza si no hay inversión en discapacidad”, señala Mariana Scayola, una docente que conoce desde adentro la importancia de las maestras integradoras.

El contraste con lo que ocurre dentro del Congreso es inevitable: mientras en los pasillos se discute el impacto fiscal de entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, afuera se mide en terapias que no llegan, medicamentos que se atrasan o chicos que se quedan sin acompañamiento escolar. Según el último censo, más de 3 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en la Argentina, y son ellas quienes están en el centro de esta pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Luego de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, en la Cámara de Diputados llegó el turno de debatir el aumento a jubilados, que establecía un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Con esa fórmula, la jubilación mínima pasaría de 309.295 a 331.000 pesos, y sumando el bono alcanzaría los $441.000 mensuales.

Afuera, en la Plaza del Congreso, los jubilados desplegaron su tradicional manifestación de los miércoles, esta vez con el objetivo explícito de hacerse escuchar por los legisladores. Entre cánticos, risas y aplausos, se organizaban en la ronda que da la vuelta a la plaza. Liliana Carci, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, se ríe con sus compañeros, todos con chalecos naranjas, mientras inventan rimas que desembocan en el definitivo: “Traigan a la Bullrich y a Milei para que vean que estos viejos no cambian de idea. Pelean, pelean, son la rebelión”. “Les diría a los diputados que prueben vivir con 300 mil pesos por mes a ver hasta qué día llegan”, sostiene Liliana. “Ellos están ahí porque alguien los eligió; su tarea no es hacer negociados con el gobierno. Si ya se votó la ley, deberían respetar ese resultado. Pero, ¿qué pasa? El gobierno los está comprando para que modifiquen el voto original y no nos den el aumento que, aunque no soluciona todas nuestras necesidades, ayuda un poco. Hay que acordarse que también nos quitaron los medicamentos que tenían el 100% de cobertura. Entonces, encima de que no nos aumenten el haber jubilatorio, nosotros tenemos que pagar nuestros medicamentos y las personas de 70 años o más tenemos enfermedades crónicas que son producto de la edad”.

Por la noche, con la Plaza ya desértica y tras largas horas de debate, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y el veto se mantuvo, haciendo oídos sordos, una vez más, a los reclamos y necesidades de un colectivo que seguirá luchando todos los miércoles.

 

Remedios que matan

Remedios que matan

En Argentina se está viviendo la mayor crisis farmacéutica en la historia. Ya hubo 96 muertes confirmadas por fentanilo contaminado, más que en el atentado a la AMIA o en la tragedia de Once. Una carta de advertencia que no llegó a tiempo. Una investigación sobre la negligencia médica. Y el silencio de las autoridades. Se esetima que hay más de 150 mil ampollas infectadas.

Allanamiento de la Policía Federal Argentina en el Hospital Italiano de La Plata en Mayo de 2025. Foto: Ministerio de Seguridad

Para entender la secuencia hay que retrotraerse casi nueve meses de que el término “fentanilo” saltara a los titulares. Antes de que el Ministerio de Salud declarara la emergencia. Antes incluso de que en la Argentina se lo pensara como un asunto lejano.

Entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, inspectores de la ANMAT revisaron la planta de Laboratorios Ramallo S.A., parte del grupo HLB Pharma, en la provincia de Buenos Aires. Detectaron deficiencias clasificadas como “críticas y mayores” en controles de calidad, validación de procesos, documentación y depósitos. Según documentos internos revelados por La Nación, el lote 31201 se produjo el 18 de diciembre de 2024, y el lote 31202 el 3 de enero de 2025.

El 10 de febrero de 2025, la autoridad regulatoria envió una Carta de Advertencia: suspendía la producción hasta que la empresa presentara un plan de acción correctivo. Pero el 3 de enero, antes de que la carta saliera, el lote 31202 de citrato de fentanilo ya había sido fabricado.

¿Cuánto tiempo circularon las ampollas contaminadas antes de que se emitiera la alerta pública? ¿Qué controles fallaron y quiénes son responsables de esas omisiones?

A fines de abril de este año, en el Hospital Italiano de La Plata, pacientes internados desarrollaron infecciones graves: sepsis, neumonía, shock. Todos habían recibido pequeñas dosis de fentanilo del mismo lote. Las bacterias halladas, Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, confirmaron la contaminación.

Pero no fue hasta el 8 de mayo, tras las denuncias de instituciones médicas, que la ANMAT emitió una alerta pública ordenando no usar el producto. Cinco días después se prohibió formalmente el lote 31202 y se ordenó su retiro. Para entonces, según estimaciones, el lote rondaría en más de 300.000 ampollas, de las que se habrían aplicado unas 45.000.

El recuento de víctimas creció con las semanas: 34 a fines de mayo; 76 el 12 de agosto; entre 87 y 96 confirmadas hasta el jueves 14 de agosto, además de otros casos en investigación.

“Aún no se conoce la magnitud de la situación. Todavía no hay certeza de la cantidad de ampollas aplicadas en el país. Hay 6 lotes en investigación y uno solo protagonista, el 31202.

Eso no significa que no haya más lotes esparcidos. Hay que activar una emergencia sanitaria”, reclamó Alejandro Ayala, familiar de una víctima, en declaraciones a los medios. 

La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. La Justicia investiga a 24 posibles responsables, entre ellos al empresario Ariel García Furfaro, bajo acusaciones que van de homicidio culposo a adulteración de productos médicos.

“Fueron dos lotes, uno de los cuales tuvo alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no se llegó a administrar ninguna dosis”, precisó Ernesto Kreplak en Radio con Vos

En paralelo, ante el silencio de las autoridades de los ministros a las preguntas y los reclamos, más de 80 familiares de víctimas se reúnen en un chat de whatsapp: “Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal”. Allí comparten el duelo mientras exigen justicia por la negligencia médica y alertan por la emergencia sanitaria.

“La incertidumbre es enorme, hay más de 150.000 ampollas infectadas. La mayoría no se sabe ni dónde están ni cómo fueron utilizadas por la falta de registro”, expresa Sandra Altamirano, madre de Daniel Oviedo. Daniel tenía 42 años, murió después de ser tratado con fentanilo infectado en el Hospital Italiano de la Plata. 

La tensión entre las familias y el principal imputado se profundizó la noche del jueves 14 de agosto, cuando Ariel García Furfaro dio su versión de los hechos en el canal TN, donde afirmó haber leído “todas las historias clínicas” de las víctimas. La declaración, realizada mientras en el estudio se encontraban familiares de varios de los fallecidos, provocó un inmediato rechazo.

“Me gustaría saber, ¿cómo tiene acceso él a las historias clínicas? Cuando hay familias que están desesperadas pidiéndolas y nadie se las entrega”, se preguntaba Sandra viendo la televisión. En el chat que tiene con otros familiares ella los ayuda a buscar los historiales. “Es inexplicable lo que pasa y lo que provoca en nosotros”.

Anoche, en el lanzamiento de la campaña electoral bonaerense, el presidente Javier Milei responsabilizaó a Axel Kiciloff por tener como cliente al laboratorio HLB Pharma, sin embargo no se conoce aún pronunciamiento del ministro de Salud Mario Lugones, a pesar de que las víctimas del fentanilo tapizan todo el país. Solo se escuchó al ministro de Desregulación, Adolfo Sturzenegger, quien insistió en desarticular el ANMAT asegurando, en este trágico contexto, que es mejor que cada ciudadao se cuide solo.

Hoy la crisis sigue abierta: continúan los peritajes, los allanamientos y la búsqueda de responsabilidades. Lo que comenzó como un problema de control de calidad es ahora un expediente judicial y un episodio crítico de salud pública.