40 años diciendo Nunca Más

40 años diciendo Nunca Más

El 20 de septiembre de 1984, el entonces presidente Raúl Alfonsín recibía el informe final de la CONADEP, un documento clave para establecer las miles de violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura. El recuerdo de quienes lo elaboraron.

El Nunca Más en alto en la última marcha por la defensa de la educación gratuita el 23 de abril. 

“Tenían dos hijos, uno muerto y uno desaparecido”, relató María Eugenia Lanfranco, voluntaria en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), socióloga y actriz, en relación a un caso terrible que le tocó registrar en el que un padre había perdido a sus dos hijos, uno de ellos por leucemia y otro en manos de la dictadura. ‘Señorita no sabe cuánto más pesa el cuerpo del desaparecido que el que yo enterré –recordó Lanfranco las palabras del padre en aquel momento–. Yo llevé el cajón de mi hijo que murió con leucemia, pero no sabe cuánto más pesado es no haber podido llevar el otro”.

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como el nuevo presidente electo de la Argentina, iniciando así el periodo democrático más largo del país hasta el momento y dando fin a la dictadura cívico-militar más salvaje que vivió el país. Cinco días más tarde el Ejecutivo creó la CONADEP, una comisión descentralizada que tenía como fin investigar las violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada de personas que se dieron en el territorio argentino desde 1976 hasta 1983. Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y estuvo integrada por doce personalidades reconocidas en todo el país y que provenían de diversas áreas, entre ellas: el médico René Favaloro; los exrectores de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres e Hilario Fernández Long; el rabino Marshall T. Meyer; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Además, contó con seis secretarios: Daniel Salvador; Graciela Fernández Meijide; Raúl Peneón; Alberto Mansur; Leopoldo Silgueira; y Agunstín Altamiranda. Por otro lado, se valió de casi 100 trabajadores que se abocaron en la tarea de la recepción y luego recopilación de denuncias y testimonios.

«Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, describe María Eugenia Lanfranco

Este viernes 20 de septiembre se cumplen 40 años de la entrega del informe de la Comisión a Raúl Alfonsín en Casa Rosada, un documento de más de 50 mil páginas que condensa el arduo trabajo de la CONADEP y que, dos meses más tarde, se sintetizaría en uno de los libros más importantes de la historia argentina: Nunca Más. “El Nunca Más era una expresión de deseo, de que todo lo que se estaba haciendo sirviera y pudiera dar sustento para lograr que la sociedad se convierta en defensora de la democracia”, sentenció al respecto Daniel Salvador, abogado, radical y uno de los seis secretarios elegidos personalmente por el presidente para participar de la Comisión.

“Nuestra tarea era poder desentrañar qué es lo que había pasado en Argentina durante la dictadura cívico-militar: qué pasó con los desaparecidos; qué pasó con los niños que habían desaparecido de sus familias; todos esos hechos de violencia”, describió el abogado. En la misma línea, agregó: «También era muy importante que se vaya conociendo por la sociedad para que esto no quedara encapsulado y elevar todo a la justicia a medida que se iba conociendo y constatando”.

En este sentido, Salvador conceptualizó los logros de la CONADEP en tres ejes diferentes. El primero fue desentrañar que los crímenes de la dictadura no constituyeron hechos aislados, sino un plan siniestro, premeditado para sembrar el terror: “Secuestro de personas, interrogatorios, torturas, desaparición, robos de bebés, cambios de identidad”, enumeró el abogado y completó: “Nosotros pudimos comprobar en nueve meses que ocurrió eso”. El segundo, continuó el exsecretario, fue lograr un seguimiento detallado en la investigación en una sociedad que primero tuvo que perder el temor para hacerse parte de este proceso: “Veníamos de años de miedo en Argentina y animarse a saber lo que había ocurrido y acompañar toda la investigación terminó siendo una gran gesta del pueblo argentino”, situó Salvador. Por último, el tercer logro que alcanzó la Comisión fue elevar las pruebas a la justicia que, con la consagración del informe, constituyó la base para la ejecución del juicio a las Juntas en el año 1985.

«Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, todas las noches teníamos pesadillas», recuerda Lanfranco.

La Comisión fue pensada como un proyecto que duraría seis meses, pero, a pedido de sus integrantes, se extendió a nueve. La primera instancia se basó en recibir y recopilar testimonios de sobrevivientes liberados, de familiares de desaparecidos y hasta de vecinos de los centros clandestinos de detención. “Los primeros días fueron difíciles porque había mucho temor. Argentina seguía rodeada de países que tenían gobiernos dictatoriales; además veníamos con antecedentes de golpes de estado que no habían tenido consecuencias”, expresó Salvador y detalló: “También porque aquellos que habían dado el golpe militar, que eran a los que nosotros estábamos investigando y juzgando, se mantenían en plena vigencia, al frente de sus cuarteles y en distintos estamentos del poder en Argentina”.

 

El trabajo en primera persona

“Nuestra labor era muy artesanal. Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, Lanfranco, una de los casi 100 trabajadores de la CONADEP que se encargó de la toma de testimonios. Siempre que se le pregunta cómo llegó a la Comisión, Lanfranco responde que llegó en el tren Sarmiento. Desde Ituzaingó y con tan solo 20 años, se presentó en las oficinas de la Comisión con la decisión de querer colaborar. Así, empezó a trabajar ad honorem y luego de un mes le ofrecieron un contrato. “Fue un impulso de época. Yo fui una paracaidista, sabía que ahí tenía que estar y no me arrepiento”, expresó la voluntaria.

Lanfranco divide a los trabajadores de la Comisión en dos grupos. Por un lado, los que ella llama “notables”, es decir aquel grupo de personas elegidas por el Presidente. Por el otro, «estábamos nosotros, los ‘no notables’, que éramos casi 100. Cada uno tenía un origen diferente. Había gente que venía del exilio, personas que habían estado detenidas y desaparecidas, compañeros que venían de organismos de derechos humanos que ya tenían alguna experiencia –amplió la socióloga­. Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, seguíamos todas las noches teniendo pesadillas, no nos podíamos separar entre nosotros”.

Fotografía de Enrique Shore en la muestra «Evidencias».

Tanto ella como Salvador destacaron la labor y la presencia indispensable de los trabajadores provenientes de organizaciones de derechos humanos. Ellos contaban con la experiencia y la preparación para la toma de denuncias que necesitaba la CONADEP. “En la primera etapa, los testimonios los tomaban empleados de la administración pública que enviaban los ministerios y era una carga gigantesca. Con la llegada de Graciela Fernández Meijide tuvimos la posibilidad de acceder a los legajos de los organismos y de que vengan los empleados. Ahí empezó a tomar otro volumen y la gente empezó a tomar confianza”, destacó el abogado.

Los testimonios empezaron a ser cientos, miles. Salvador explicó que, en un primer momento, se intentó llevar adelante una investigación caso por caso, pero que, después de notar que había características similares en los relatos, lo más conveniente fue agrupar los casos según estas similitudes. “Si tomábamos una denuncia en la cual una persona relataba que se escuchaba pasar trenes, que había una gotera sistemática de un caño y que había ladridos de perros, y había otro testimonio que hablaba de un tren, de ladridos de perros y de una gotera, probablemente eran dos personas habían estado en el mismo centro clandestino y eso aumentaba la información”, añadió Lanfranco al respecto. Esas declaraciones ayudaron, entre otras cosas, a la reconstrucción espacial de los centros clandestinos de detención.

“El informe fue un paso inicial súper importante que sentó las bases del Juicio a las Juntas. No fue el fin, fue el comienzo”, puntualizó Enrique Shore, fotógrafo oficial de la CONADEP, cuya labor de registro visual continúa teniendo repercusión hasta la fecha. “Nunca tuve dudas de hacer ese trabajo, pero desde luego ni de casualidad tenía conciencia de la importancia que tenía y la repercusión que iba a tener a través del tiempo, es increíble”, reflexionó Shore.

El fotógrafo relató el proceso de visitas a los centros clandestinos de detención, que se realizaban también con abogados, arquitectos, testigos y sobrevivientes, precisamente para constatar que los testimonios coincidieran con la realidad espacial. “¿¡Cómo alguien va a saber describir exactamente las características de una habitación, donde está la ventana, qué escalera hay!?”, se preguntó Shore y agregó: “Justamente constituía una prueba documental porque es imposible que conozcas en detalle un lugar donde teóricamente nunca podrías haber estado”.

“Hubo muchas imágenes que inicialmente no les di mayor significado y resulta que fueron muy importantes y que siguen teniendo vigencia”, continuó el fotógrafo, quien narró varios episodios que lo han atravesado personalmente y que hasta hoy lo hacen emocionar. Uno de ellos se trataba de una fotografía en la que se veía a un señor que estaba señalando una mancha en el piso dentro de una habitación en uno de los centros de las afueras de Buenos Aires. En ese momento, la foto no significaba nada especial: “Este año, muchas décadas después, una de las señoras que trabaja en ese centro de memoria, me contó que gracias a esa foto se había identificado a una persona desaparecida porque habían visto que lo que estaba señalando el señor era una mancha de sangre. Mandaron a hacer un análisis de ADN y lograron identificar exactamente a la persona que habían matado ahí. Eso fue muy sorprendente para mí”, expuso Shore.

“Aunque habían pintado por encima todavía se distinguía esa inscripción, a través de los años”, relató el fotógrafo, en referencia a otro episodio de reconocimiento que sucedió en el conocido Pozo de Quilmes: un hombre sobreviviente encontró en la pared del centro de detención una inscripción que reconoció como propia, escrita hace añares en el momento de su secuestro: “Dios mío, ayúdame” se leía en aquella pared. Retrato que para Shore constituye una de las fotos más tremendas que ha hecho a lo largo de su vida.

El informe en el interior del país

“Señorita, ¿usted me los va a encontrar?”, le preguntaron a Lanfranco en uno de los momentos más duros de uno de sus viajes a Tucumán con el equipo de investigación de la Comisión. La voluntaria contó la historia de quince jóvenes desaparecidos de un mismo ingenio a las afueras de San Miguel: “Los trabajadores habían pedido reducción de la carga horaria de 14 a 12 horas por día. Los desaparecieron”, relató Lanfranco. Y parafraseó el pedido de aquel padre por su hijo: “Vine porque la patrona no para de llorar desde el día que se llevaron a los changos”. También, analizó que este caso se trató de uno de tantos ejemplos de la complicidad empresarial con el poder militar, que se movían entrelazados.

La socióloga hizo hincapié en la disparidad existente entre Buenos Aires y el interior del país en torno a la consciencia de lo que había ocurrido durante la dictadura y, especialmente, en torno a la conceptualización de la figura del desaparecido: “Ahí el mundo era otro. No existía una interpretación política de lo qué había pasado”, apuntó Lanfranco. Más allá de la despolitización que existía, según la voluntaria, había un gran nivel de analfabetismo social, que repercutió de forma negativa en la falta de información para reunir la documentación necesaria para denunciar las desapariciones o demandar el habeas corpus. “La mayoría de las personas que se acercaban era la primera vez que hacían la denuncia por la desaparición de un familiar”, señaló. Asimismo, analizó que muchas familias se pudieron animar a denunciar por la existencia de un organismo público que se encargó del registro de las desapariciones, como lo fue la CONADEP.

Si hay algo que une a los integrantes y trabajadores de la Comisión, es que todos destacan es la excepcionalidad de este proyecto. “La CONADEP fue la comisión de la verdad, única en el mundo. Inauguró algo importantísimo porque superó todas las estructuras políticas. El logro es, definitivamente, de todos los argentinos”, expresó Salvador. Por otro lado, Shore afirmó: “Es fundamental para un pueblo conocer el pasado e ir sacando a la luz todas las cosas que estuvieron tapadas por tantos años. La única manera de que todo esto se supere en el futuro es con Memoria, Verdad y Justicia”. Concluyó Lanfranco: “Hay un común denominador de todos los trabajadores de la CONADEP porque todos decimos lo mismo: ‘Fue el trabajo más importante que hice en mi vida’. Todos decimos lo mismo porque nos marcó a fuego”.

Fotos y relatos

El viernes 20 de septiembre, en el 40° aniversario de la entrega del informe que constituiría el Nunca Más, habrá diversas actividades para conmemorar la labor de estos trabajadores en la búsqueda de Verdad y Justicia para el pueblo argentino. A las 12, se inaugurará la muestra Evidencias. Fotografías, de Enrique Shore, en la Legislatura porteña. Esa misma tarde, a las 16, se realizará en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA la charla Memorias de los trabajos de la CONADEP en la que participarán María Eugenia Lanfranco, Enrique Shore, Eduardo Schiel y Laura Reboratti. Ambas jornadas serán libres y gratuitas.

«Tenemos que trabajar del presente hacia atrás»

«Tenemos que trabajar del presente hacia atrás»

En el marco de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, Emilce Moler, secuestrada en el operativo en que la dictadura desapareció a diez estudiantes secundarios en La Plata, participó del ciclo de entrevistas públicas“¿Qué significa ser sobreviviente?”, organizado por ANCCOM

“El tiempo todo lo cura” reza el popular refrán, y quien la ve a llegar a Emilce Moler -una de las cuatro sobrevivientes de La Noche de los Lápices-  al Foyer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires puede tomarlo como una verdad absoluta. Café en mano, sonriente y amable, charlando con autoridades y profesores de la carrera de Comunicación Social, es la imagen de una mujer entera que hoy se dedica -de acuerdo a sus propias palabras- a tejer, mirar series, hacer gimnasia y a pensar. Profesora en Matemática por la Universidad Nacional de Mar del Plata y con un doctorado de Bioingeniería por la Universidad Nacional de Tucumán en la mochila. También es madre y abuela de tres nietas para las cuales escribió un libro contando sus memorias. Sin embargo, Moler se conmueve al instante al escuchar a Juan Ressel, su entrevistador, hacer un repaso sobre los diferentes episodios que afrontó en sus más de 60 años; mira hacia arriba, contrae su rostro para atajar las lágrimas, contempla a los más de 40 jóvenes que se reunieron a escucharla y se le quiebra la voz en varios pasajes de la conversación.

Para ella, el tiempo nada lo curó, su memoria sigue estando intacta, recuerda cada detalle, aun 48 años después, de ese día en el que un grupo de tareas del Ejército Nacional la secuestró junto a 9 compañeros -de entre 16 y 18 años-  que junto a ella reclamaban por la implementación del boleto estudiantil en La Plata y luchaban “para que no haya más pobres en mi país”, como subraya. Hasta el día de hoy, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Claudio de Acha, Horacio Ungaro y María Clara Ciocchini continúan desaparecidos.

Criada en el seno de una familia antiperonista, hija de un comisario y habiendo transitado su escolaridad primaria como alumna ejemplar de un colegio de monjas, Emilce conoce un nuevo mundo cuando entra a la Escuela de Bellas Artes  -repleta de “comunistas” y “drogadictos”, según le espetaba su madre- y comienza su recorrido en la militancia a espaldas de sus progenitores. Ante la pregunta de Ressel acerca de qué significaba la militancia en esos años, recuerda: “Era todo. Yo estaba dispuesta a entregar la vida. Hoy me canso de decir que a la vida no hay que entregarla, pero nosotros estábamos convencidos, sabíamos que íbamos a morir o que nos iban a meter presos. No sabíamos lo de desaparecer, eso no, la del desaparecido era una terrible nueva figura que nosotros no conocíamos y que instaló la nueva dictadura. Yo durante mucho tiempo esperé que los chicos que desaparecieron me vengan a visitar”.

Sobre el disparador del ciclo “¿Qué significa ser sobreviviente?”, organizado por ANCCOM al que fue invitada Moler, reflexiona: “Yo siempre me pregunto por qué soy sobreviviente y no desaparecida, ¿Por qué algunos somos sobrevivientes y otros exdetenidos desaparecidos? Yo no tengo la respuesta. Durante un tiempo decía que estuve presa, ni siquiera era presa política. De eso a sobreviviente de La Noche de los Lápices hubo un montón de construcciones entre medio. El ser sobreviviente no necesariamente es el hecho fáctico, es una construcción teórica de narraciones”. Luego de haber sido liberada tuvo que mudarse a Mar del Plata con su familia, que a pesar de no coincidir con su posicionamiento político siempre la protegió, en condición de libertad vigilada. “Me tocó mirar desde el balcón el Mundial de Fútbol en el 78, con toda la alegría que se vivía en esos momentos. Yo había salido hace unos días y escuchaba a todos gritando  ´los argentinos somos derechos humanos´ y yo lloraba en el balcón y me decía: ´Nunca me van a creer lo que acabo de vivir´. Y pensaba que nunca me iban a creer”.

Sobre la película La Noche de los Lápices, considera que impone una versión edulcorada de la historia, con algunos diálogos de su personaje que nunca existieron, pero que “me tenía que correr yo de mi propia historia porque era la única damnificada en este relato. Entonces sabía que si salía a hacer una ruptura de esa narración haría un daño político muy grande. Todavía estábamos en plena disputa de si habían pasado o no los secuestros, las torturas y los centros clandestinos. Por eso yo no me iba a sumar a la voz del enemigo, eso lo tenía muy claro. Y bueno, me costó años de terapia pero lo hice”. Hasta que un suceso le hizo cambiar de parecer: “Una vez vino una de mis hijas, que estaba en la escuela y dijo, ´hablaron de La Noche de los Lápices y no te nombraron´, le pregunté qué hizo y me contestó; ´nada, era un lío explicar eso´, me dijo. Ahí pensé que no podía sery tomé un poco más la historia, me la fui poniendo al hombro un poco más porque sentí, además de lo personal, que en ese relato no se entendía la militancia ni por qué había ocurrido la dictadura. Eso de que unos hombres malos vinieron y agarraron a unos chicos buenos, básicamente no sirve. Éramos militantes políticos”.

En su recorrido como sobreviviente y su lucha por los derechos humanos, Moler marca un cambio de paradigma a partir del año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación: “Le estoy agradecida porque nos sacó a las víctimas directas de ser solo una figura en blanco y negro, que hablábamos de los desaparecidos, de los centros clandestinos y de todo el horror y la tortura. Le dio la envergadura política, nos puso en colores. Y cuando hablo de colores, no es metafórica, es real. La primera marcha a la que fui, los pibes habían vuelto a la política y empecé a ver murgas, glitter, colores. Fue muy fuerte, me chocó bastante ver todo ese colorido y demás, pero nos dieron la identidad”.

Más tarde, hace un balance sobre todos sus años de lucha: “La verdad que fue un camino muy difícil y seguramente alguien que mire la foto del hoy puede tener gusto a poco. Pero para nosotros que lo recorrimos, es un montón. Porque al principio no había siquiera las listas, los nombres, las fotos de los compañeros desaparecidos, no estaba ninguna de las categorías conocidas hoy; no existían las siluetas para identificar al desaparecido, los pañuelos blancos, las consignas Nunca Más; Memoria, Verdad y Justicia; los lápices siguen escribiendo. Todas esas consignas fueron construcciones simbólicas, que hoy están, en crisis, pero están. Hay más de mil represores condenados”.

Sin embargo, no se queda con lo conquistado y trata de comprender esta nueva era: “Había todo un sustrato de silencio que no vimos, que fue cocinándose y es lo que estamos recogiendo. Por un lado, por cómo transmitimos la cuestión de memoria, verdad, justicia y la dictadura, hubo un amesetamiento. Y ya las palabras y esos simbolismos dejaron de representar lo que nos representan. Por lo tanto, un pibe que por ahí borra el Nunca Más o tacha un pañuelo no es un negacionista. Es alguien que no aprendió el valor de esos simbolismos. No les dice lo mismo. Tenemos que trabajar con eso, del presente para atrás. Hay que repensarlo todo. Es comunicacional, lo que hay que encontrar son nuevas piezas comunicacionales, nuevas estrategias”, interpela a los y las estudiantes.

 

En el final de la entrevista, ante la inquietud de una joven estudiante, Moler se permite ser optimista en cuanto al futuro, porque así su recorrido lo marca: “Yo estoy convencida que va a surgir algo nuevo, porque forma parte del proceso histórico. Estamos en el peor de los momentos porque estamos en la bisagra de algo que se va acabando y aún no está naciendo lo nuevo. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. No sé si lo llego a ver, pero acuérdense que va a pasar”.

 

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

Condenaron a tres policías de la Ciudad por gatillo fácil

El oficial Ramón Pérez fue sentenciado a prisión perpetua mientras que las agentes Beatriz Manzanelli y Daniela López purgarán seis años de cárcel por haber asesinado al remisero Claudio Romano. La Policía porteña es la más letal del país.

De izquierda a derecha, Darí­o Ramón Pérez, Claudia Beatriz Manzanelli y Daniela López.

Luego de casi cinco años desde que la vida de Claudio Romano fue arrebatada a manos de tres agentes de la Policía de la Ciudad, este miércoles 18 de septiembre tuvo lugar la última audiencia del juicio oral y público que culminó con una condena a prisión perpetua y dos a seis años de cárcel. Sin embargo, los implicados quedarán libres hasta que se conozca el resultado de su apelación.             

Desde el mediodía, sentados en la sala del Tribunal Oral Criminal Nº 12, los allegados de Romano y de los tres policías acusados estaban expectantes por el veredicto. La querella de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y los familiares y amigos de Romano, también.

El juicio a los oficiales Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López contó con cuatro audiencias y 24 testimonios, entre testigos visuales, peritos y profesionales en calidad de consultores. El tribunal compuesto por Luis Oscar Márquez, Darío Martín Medina y José Pérez Arias, dio a conocer la sentencia que determinó cadena perpetua para Pérez -quien disparó la bala que terminó con la vida de Claudio Romano- por el delito de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. En tanto, sus compañeras López y Manzanelli recibieron la pena de seis años por el delito de lesiones graves. Luego, el juez José Pérez Arias dio la palabra a los imputados. Tanto Manzanelli como López y Pérez coincidieron en decir: “No tengo nada más para agregar. Agradezco al tribunal por haberme escuchado”.

Lucía Sánchez, pareja de la víctima, junto a la abogada y referente de Correpi Marí­a del Carmen Verdú.

Por unanimidad, los jueces resolvieron condenar al oficial Pérez por considerarlo el autor material y responsable de la muerte de Romano, a través de un abuso de su autoridad y el uso de arma de fuego. Por otro lado, coincidieron en que a las oficiales Daniela López y Beatriz Manzanelli, les corresponde una sentencia menor como autoras materiales penalmente responsables por agresiones agravadas por arma de fuego y abuso de sus funciones.

 Además, acordaron tomar medidas que endurecen sus condiciones de libertad hasta ser encarcelados, entre las que se incluyeron una intimación a que cada uno de los oficiales deba concurrir personalmente una vez por mes al tribunal para dar presencia y se estableció una captura inmediata ante el intento de salida del país, entre otras disposiciones. 

En el silencio que siguió a la lectura del veredicto, la doctora María Carmen Verdú y el padre de Claudio, Ramón Romano, compartieron un abrazo antes de abandonar la sala, donde el bloque defensor permaneció hasta unos minutos después.

Ramón Romano, padre del remisero asesinado.

“Me siento satisfecha con el resultado de Pérez pero también tengo una sensación amarga respecto de López y Manzanelli, que tienen seis años de condena, nada más. Dentro de todo, estoy bastante conforme”, comentó a ANCCOM Lucía Sánchez Cáceres, la novia de Claudio. Para ella, la hipótesis de la defensa, que alegó un intento de suicidio por parte de Romano, “fue decadente”.

Sandra Berthe, miembro de la querella y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto a Verdú, compartieron los pasos a seguir en el proceso.“Este resultado no significa que no vayamos a apelar y buscar más años para las otras dos policías, que solo obtuvieron seis años por lesiones agravadas”, afirmó Berthe. “Supongo que desde la Fiscalía también se va a apelar. Nosotros consideramos que López y Manzanelli fueron coautoras, indispensables en el homicidio agravado”, agregó.

En consonancia con esto, Verdú afirmó: “Indudablemente, haber logrado la condena a prisión perpetua contra uno de los tres policías que fusilaron a Romano es un triunfo de la lucha organizada, de la persistencia de la familia, de la militancia de todo CORREPI, pero por el otro lado tiene la contracara de la leve condena para las dos mujeres, Manzanelli y Lopez, que en nuestra teoría del caso, al igual que en el caso de la fiscalía, consideramos coautoras y no simples ejecutoras de unas lesiones graves”. En ese sentido, anticipó: “Este será el contenido de nuestro recurso a la Cámara de Casación Penal, dentro de cinco días vamos a conocer los fundamentos del fallo. A partir de ahí, hay veinte días para presentar los recursos de Casación”.

Correpi cosecha condenas

El caso Romano constituye otro capítulo en los enfrentamientos y búsquedas de justicia contra representantes de la Policía de la Ciudad, la cual es definida desde la organización como “la fuerza más represora letal del país que supera, en proporción a la cantidad de efectivos, el índice de letalidad de la Policía bonaerense o santafesina”. Entre otros casos seguidos por Correpi, se destacan la condena a prisión perpetua del policía Adrían Otero por el asesinato de Cristian “Paragüita” Toledo en Barracas, la condena a la oficial Melina Luján San Roque a tres años y ocho meses de prisión domiciliaria por el homicidio de Dylan Santucho en San Martín, y la reciente condena a 18 años de prisión del también policía de la Ciudad Camilo Andrés Farías por el fusilamiento de Yair Ayala en Monte Grande.

“Los efectivos de las fuerzas de seguridad deben actuar según la ley, no pueden tener una conducta excesiva por el hecho de ser policías. Las vidas de la familia y afectos de Romano quedaron en pausa desde entonces. Los oficiales Manzanelli, López y Pérez, hasta hoy continúan con su vida habitual”, dijo la fiscal María Ángeles Ramos en su alegato de cierre.

Pidieron prisión perpetua para los tres policías acusados de gatillo fácil

Pidieron prisión perpetua para los tres policías acusados de gatillo fácil

En los alegatos en el juicio oral que investiga la muerte del remisero Claudio Romano, tanto la Fiscalía como la querella exigieron la máxima pena para los acusados.

Ramón Pérez, Beatriz Manzanelli y Daniela López en la primera audiencia del Juicio.

En las últimas dos audiencias previas a la sentencia por el crimen del remisero Claudio Romano, que se dará a conocer el miércoles 18, declararon 14 testigos, y se escucharon las palabras finales de los acusados y los alegatos de cierre de las tres partes: la querella, la fiscalía y la defensa, que pidió la absolución. En cambio, tanto la querella como la Fiscalía pidieron pena de prisión perpetua para los acusados tras argumentar que la víctima fue asesinada por las balas de tres agentes de la Policía de la Ciudad, en 2019, en Villa Crespo.

El primero de los testigos fue Sergio Núñez, un policía que se encontraba en Malabia al 900, lugar donde ocurrieron los hechos. Núñez encontró dificultades para responder con claridad, actitud reiterada en varias de las otras declaraciones testimoniales. “No recuerdo”, “no llegué a ver” y “me fui porque con mi presencia entorpecía el procedimiento”, repitió el personal policial durante el interrogatorio.

Las imprecisiones sobre las modulaciones realizadas por los oficiales, la ausencia o presencia de las voces de alto, los pedidos de asistencia del SAME, si los oficiales tenían o no armas, la posición en la que se encontraban respecto a Romano, se reiteraron en aquellos que atestiguan los hechos, en mayor o menor medida. 

Por otro lado, los testimonios de los expertos traídos al Tribunal como consultores o para relatar su punto de vista como partícipes en los peritajes de la causa, fueron llamativos. “El arma blanca es más peligrosa que la de fuego”, aseveró Javier Rodriguez, un testigo traído por la defensa, comisario de la fuerza a punto de retirarse, con 15 años de experiencia en criminalística y estudio de imágenes, especialmente en enfrentamientos armados.

Rodríguez fue convocado por la defensa para analizar el peritaje inicialmente realizado por la Policía Federal y dar sus propias conclusiones. Entre ellas, destacó que este informe había sido mal hecho, ya que no tomó en cuenta la perspectiva de las cámaras de seguridad y sus ángulos, que pueden resultar engañosos. “Según la ubicación del oficial Pérez respecto al cuerpo, este no fue autor de la muerte, porque la autopsia dice que la bala le dio de una forma que no corresponde con la ubicación del oficial en el video”. 

El origen del análisis de la pericia realizado por el oficial Rodríguez fue confuso, ya que por momentos parecía querer instalarse como un peritaje oficial. “Acá lo que se quiso fraguar fue un informe oficial”, subrayó Maria Carmen Verdú, desde la querella. Y continuó: “Se quiso pasar la consultoría particular pagada de manera estatal con nuestros impuestos como un reporte oficial para ayudar a la causa de la defensa”, afirmó mientras los tres hombres que constituyen la defensa reían.

“Intentaron meter a partir de la declaración de este comisario retirado, Rodríguez, un informe que presentó la policía de la ciudad efectuado por la Policía de la Ciudad. Es decir, la misma fuerza de los imputados  introdujo el tema que la pericia hecha por la Policía Federal estaba mal y que la bala que mató a Claudio nunca podría haber salido del arma de Perez”, dijo Sandra Berthe, abogada de la querella, a ANCCOM. Y agregó: “La querella le preguntó quién había dado la orden de realizar este informe, no dejaron que se conteste la pregunta, la propia Policía de la Ciudad fue la que le pidió y pagó para que lo realice. Es decir, ellos mismos quisieron introducir como si fuera una pericia formal un informe que ellos mismos produjeron para favorecerse”.

Según explicó Berthe, este informe no fue tenido en cuenta por la jueza que instruyó la causa específicamente por ese motivo. “Querían hacerlo pasar por una pericia. No hubo orden en el juzgado para que se realice ese informe ni intervención de las demás partes. Esto le quita un valor probatorio”, amplió la abogada.

También fueron llamados a declarar Alejandro Corna y Roxana Badaro. Corna fue el encargado de realizar la autopsia y afirmó que si bien Romano poseía nueve heridas de bala y varias heridas lacerantes superficiales, fue el último impacto por arma de fuego el letal el que lo mató; las demás heridas, de haber sido atendidas en el momento, no hubieran resultado letales. Por su parte, Badaro, médica especialista en psiquiatría y medicina legal, fue convocada por la defensa para peritar el comportamiento de los cuatro involucrados en el hecho en los videos que registraron las cámaras de seguridad. La experta afirmó desde el estrado: “Pude ver que uno de los imputados, el masculino, fue abordado de forma inesperada. No estaba preparado en ese momento para que algo así aconteciera, por eso él y sus compañeros pudieron sufrir una reacción debida al estrés violento por sufrir un ataque”. 

Tanto la querella como la fiscalía y los jueces puntualizaron que Badaro estaba incurriendo en potencialidades y análisis subjetivos, sin perspectiva profesional ni objetiva, por lo que se le advirtió que se limitase a relatar los hechos correspondientes al marco a analizar. La médica habló de la posibilidad de una conducta suicida en Romano quien, al no poder quitarse la vida, pudiera haber provocado a los policías para que estos finalmente le propiciaran su tan deseada muerte. Estas afirmaciones fueron realizadas a partir del análisis de un video de 42 segundos y algunos documentos oficiales de la causa, pero sin ningún tipo de entrevista personal con los involucrados ni con sus allegados. 

“Se vieron con claridad las cartas que intentó jugar la defensa. Intentaron presentar a Romano como una persona gigante y robusta, un policía testigo de la defensa que intentó decir que practicaba artes marciales o que alguna vez le recomendó algo para tomar y ganar masa muscular”, sumado al argumento de que Claudio poseía ideaciones suicidas, comentó Verdú.

Ramón Romano, padre de la víctima.

Las últimas palabras

Los tres acusados dieron sus palabras de cierre y aceptaron preguntas de todas las partes. Tanto Manzanelli, Lopez y Pérez insistieron en que ese día fue una mañana normal de trabajo, interrumpida sorpresivamente por el ataque de Romano, quien estacionó su auto detrás del patrullero, se acercó e hirió en el brazo a un agente con un arma blanca. Ante las preguntas de la querella, debieron responder con qué armamento policial contaban al momento del hecho, incluyendo chaleco antibalas, esposas y tonfas. Además, al preguntarles por el accionar de sus compañeros, cada uno de los oficiales afirmó no recordar qué dijeron o hacían los otros, solo mencionaron su propio accionar al momento de rodear a Romano. Hicieron énfasis en el miedo que sintieron al momento de los hechos, y la angustia al ser detenidos.

“A mí, principalmente, me quiso matar”, afirmó Perez, el policía que le propinó a Romano la patada en la cabeza y el balazo mortal. “Directamente vino a matarme, a agredirme. Otra cosa no me dio a pensar. Terminé detenido, todo por defenderme”.

“Claudio no era un perro, era un hijo, un amigo, un marido”

El viernes 13 fue la última jornada antes de la sentencia, donde se escucharon los alegatos de cierre de las tres partes:las representantes de la querella las doctora Maria Carmen Verdú y Sandra Berthe, Miguel Ángel Ramos por parte de la Fiscalía, y los abogados defensores Rodolfo Barrios, Hernán Pablo Vega y Manuel Ramallo.

“No sabemos por qué Claudio estaba lastimado esa mañana ni sabemos por qué se acercó a los policías. Todos los testimonios, incluyendo el policía Nuñez que lo conocía, dieron cuenta que se trataba de un hombre de trato normal, trabajador serio, nunca recibió quejas en el trabajo, era cuidadoso al trabajar. Algo motivó su conducta, pero no sabemos qué. Queda descartada una intoxicación como demostró el informe toxicológico. No hay motivo en su historia de vida para confirmar un conflicto depresivo, ni antecedentes psiquiátricos. Lo cierto es que algo pasó, pero nunca lo vamos a saber porque lo mataron antes de que pudiera recuperarse y contarlo. Lo que hay que analizar es la conducta del personal policial, que le disparó cuando ya estaba neutralizado”, inició la abogada Verdú.

La querella, además, resaltó que la testigo Beatriz Iceta, que se encontraba en Mar del Plata al momento del juicio y fue incorporada vía zoom, afirmó recordar claramente que las voces de alto no fueron dadas hasta luego de que Romano había recibido la primera tanda de tiros.

“Estos son los hechos, una persona alterada, y alrededor suyo, tres oficiales de la policía, que solo hablaron del estrés y omitieron detalles. Estamos hablando de profesionales con más de diez años en el servicio, capacitados, en circunstancias que no pueden resultar sorprendentes”, continuó Verdú. “Tres oficiales que recibieron entrenamiento, cursos de actualización. Saben cómo y cuándo utilizar sus armas. Sus declaraciones nos hacen pensar que no supieron qué hacer y que de repente entraron en estrés físico, ¿es creíble esto cuando es gente que fue seleccionada para protegernos? El estrés y el llanto no puede ser entendido de otra forma que una estrategia”, argumentó.

También puntualizó que los efectivos policiales en ningún momento tomaron otra medida para reducir a Romano, lo cual también se contradice con la Ley 5688, según la cual la violencia debe ser siempre el último recurso. “Violaron todos los principios que como policías les eran exigibles. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero Claudio no era un perro: era un hijo, un marido, un amigo”, agregó Verdú al momento de pedir la pena de prisión perpetua para los tres oficiales en co-participación, por homicidio agravado por abuso de su función y uso de arma de fuego.

Por su parte, Ágeles Ramos, en representación de la Fiscalía, hizo un detallado análisis técnico de los sucesos a través de los videos tomados por las cámaras de seguridad, con permiso de la familia. “Era un día laboral normal para Romano, al igual que para Manzanelli, Lopez y Perez”, comenzó Ramos, y a través de una minuciosa lectura, diferenció las situaciones que se encontraban acreditadas a través de las pruebas y los peritajes, de aquellas que se intentaron imponer desde la defensa a lo largo del juicio, como la posibilidad de que Romano, debido a tendencias suicidas, hubiera intentado morir a manos de los policías.

Ramos resaltó que las heridas que había recibido el oficial Perez habían sido superficiales, en comparación a las heridas de bala y a la herida mortal que había recibido Romano. Sin embargo, a través de la lectura de las modulaciones de radio realizadas por los policías, en ningún momento se pidió asistencia para Romano, solo para Pérez por una herida superficial en el brazo. “Romano en ningún momento recibió asistencia. En las modulaciones solo piden apoyo para sí, nunca para Claudio. Se alejan, nunca lo revisan. Luego de un tiempo se acerca Manzanelli y lo mueve con el pie” dijo Ramos. “Las lesiones que recibió Pérez fueron leves, sin embargo acá se quiso plantear que era más peligrosa el arma blanca que el arma de fuego, que efectivamente hirió y mató a Romano. Ellos sabían cómo tenían que proceder, y eligieron no hacerlo”.

Luego de un cuarto intermedio, llegó el momento de la defensa. El abogado Ramallo comenzó afirmando que los policías “no se negaron a expresar los hechos en el más puro acto de su defensa, en dos situaciones, a sí y a terceros, por un accionar no provocado, esperable o siquiera visible. Esto a cualquier persona, por más entrenamiento que tenga tiene dos cosas en contra: es un humano, no una máquina. Y tiene cosas que siente”. Además, insistió en el argumento dado por Rodriguez sobre la peligrosidad comparativa entre un arma blanca y un arma de fuego: “No podemos minimizar que Romano estaba armado, no con una manoplita, sino un kerambit, un arma letal diseñada para provocar serias lesiones. El personal policial cuenta con un arma con un plomito que no para a nadie”. También declaró que ni la tonfa ni el chaleco antibalas eran de utilidad contra un cuchillo.

“El señor Romano no fue fusilado en el suelo. Se lo intentó detener con el resultado no buscado de su fallecimiento. Lamentablemente ocurrido, pero no buscado”, y, siguiendo su teoría sobre las tendencias suicidas de la víctima, agregó: “Romano buscó a alguien que tuviera la capacidad de terminar lo que él no pudo hacer”

Cuando fue el momento del abogado Vero, abrió pidiendo la absolución de sus tres representados. Además, detalló los motivos por los que no cabía una prisión perpetua ni se trataba de una co-participación entre ellos. “Tiene que haber dolo directo para una perpetua. Tiene que haber conocimiento, intencionalidad y la voluntad de ir a matar, y esto no está demostrado. Trataron de pararlo , dieron la voz de alto, y solo ocho disparos hacia la zona baja”. Vero también insistió en que los informes balísticos están mal hechos, y que una co-participación hubiera implicado que los oficiales acordaran previamente asesinar a Romano, lo cual negaron. Finalmente la defensa, luego de afirmar que el tribunal se encuentra en condiciones de absolver a los imputados, dijo que en todo caso cabría un exceso de la fuerza en caso de que se verifique a quien le pertenecía la bala que provocó la muerte del remisero.

“El alegato de la defensa fue mucho más flojo de lo que esperábamos”, comentó Verdú a esta agencia al finalizar la audiencia. “Teníamos la expectativa de más precisión y profundidad en los temas. Lo que hicieron fue sostenerse en la tesis de que Claudio se quería matar, no aportaron nada novedoso, y sus objeciones están salvadas tanto en el alegato de la fiscalía como en el nuestro”, apuntó.

En el cierre, el tribunal aceptó la petición de la querella de tomar medidas para asegurarse de que los oficiales concurran a la audiencia, por medio de la firma de un acta de compromiso y una restricción de salida del país para evitar que los acusados se den a la fuga. 

Los lápices siguen reclamando

Los lápices siguen reclamando

Una nueva marcha de los centros secundarios conmemoró La Noche de los Lápices y recordó a los estudiantes desaparecidos por la dictadura. Hoy, como hace 38 años, los jóvenes exigieron el boleto estudiantil, denunciaron el trabajo encubierto que realizan en el programa de pasantías porteño y se solidarizaron con los jubilados vetados y reprimidos.

Este lunes 16 de septiembre se realizó la marcha en conmemoración de La Noche de los Lápices, organizada por la Coordinadora de Estudiantes de Base, CEB, que nuclea a todos los centros de estudiantes de CABA, en una movilización que se desplazó desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, donde realizaron su acto de cierre junto a la Pirámide. Este año, además de reunirse bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, se pusieron en juego diversos reclamos que incluyeron el rechazo al veto presidencial de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoría, la oposición a las medidas de ajuste y un reclamo por la revisión de los programas de Actividades de Aproximación (ACAP) al mundo laboral, más conocidas cómo pasantías. 

La columna avanzó por Yrigoyen manteniendo su forma gracias a los cordones de seguridad armados de estudiantes dándose las manos y cuidados por padres, docentes y coordinadores. 

“Tomala vos, damela a mi, por el boleto estudiantil”, es un cántico que toma fuerza y no pierde vigencia. Los estudiantes detenidos ilegalmente pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios y habían sido actores en los reclamos de 1976 por el boleto estudiantil. En total fueron diez menores de edad secuestrados de sus casas en la noche del 16 de septiembre de 1976 por represores de la última dictadura cívico militar. Todos fueron víctimas de torturas. Seis de ellos continúan desaparecidos. 

“Se reivindican pibes que entendieron cuáles eran las demandas de su generación, que entendían que ese boleto le cambiaba la cursada a sus compañeros. Reivindicarlos no es quedarnos en el pasado, es pensar qué mundo queremos para nosotros, un mundo que le sirva a nuestra generación”, lee Violeta Presta, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, del documento redactado desde la coordinación del CEB. 

Más tarde, en conversación con ANCCOM, Violeta sostendrá que los jóvenes “no se comen la curva” en referencia a los dichos y actitudes de los actuales presidente y vicepresidenta de la nación en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar ni en relación a las políticas de ajuste actualmente ejercidas sobre el sistema educativo. Afirmará que los pibes quieren cambiar el mundo, pero que es muy difícil movilizarlos cuando la ministra de Seguridad reprime a menores de edad en las movilizaciones. “La estrategia es expandir el miedo, pero nosotros siempre nos movilizamos en paz y no lo hacemos violentamente, tenemos nuestras medidas de seguridad y la prioridad siempre es cuidar a nuestros pibes.”

«Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia”, dice Iván, del CENBA. 

Iván, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, pone el foco en la importancia de buscar formas de movilizar a la juventud que, sostiene, está pasando por una crisis de representatividad a la que las formas clásicas de hacer política ya no los seducen. «Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia.” 

La manifestación por la memoria se entrelaza con los pedidos por una educación de calidad en un momento clave de la tarde. En la pirámide de la plaza y cerca a la conclusión del encuentro, dos estudiantes de la Escuela de Teatro Niní Marshall toman la palabra. Comienzan contándole a los presentes sobre el fallecimiento de Mir, una compañera del colegio y militante estudiantil que murió atropellada en un cruce mal señalizado del tren Sarmiento, yendo a trabajar bajo el régimen de las ACAPS. “La muerte de Miranda era completamente evitable, si ella hubiese estado en su aula estudiando en vez de yendo a trabajar por obligación del Gobierno de la Ciudad no hubiese pasado”. Remarcan lo injusto de las capacitaciones laborales a las que están sometidos, las cuales no tienen coherencia con las especializaciones estudiadas y donde quedan a completa merced de los empleadores, sin espacio para que los docentes, directivos o alumnos puedan emitir opinión o ser parte de la organización del proceso. Cuando las chicas terminan de hablar se abrazan, luego se pide el presente por Miranda, al igual que por los compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. 

“Presentes, ahora y siempre” grita la multitud, pero la jornada cierra entre saltos y cantos al ritmo de “Ji Ji Ji”, la plaza se mueve bajo el peso de cientos de estudiantes cantando “no lo soñé”, mientras rompen el ritmo habitual de las personas que terminan su jornada laboral. 

“Necesito poder contarles a mis hijos que en este país se hizo justicia”

“Necesito poder contarles a mis hijos que en este país se hizo justicia”

El martes 10 de septiembre se llevó adelante la segunda sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II, donde prestó testimonio Mariana Eva Perez, víctima y querellante. También amplió su declaración Julio Cesar Leston, imputado en la megacausa.

Mariana Eva Perez en la primera audiencia de Juicio.

“Necesito que la justicia me contemple. Que me incluya a mí en el lugar que corresponde. En esa casa en donde me llevaron no sé si en brazos de mi mamá”, declaró Mariana Eva Perez, víctima y querellante por la desaparición de sus padres Patricia Roisimblit y José Manuel Perez Rojo. “Este es el agujero negro por el que se me va la vida”, agregó con la voz ahogada, en referencia a aquello que no puede reponer de su historia en aquellas horas en que la secuestraron cuando era apenas una bebé. Pidió que se contemple su secuestro, no solo la desaparición de sus padres y la apropiación de su hermano, alegando que ella también fue víctima de aquel crimen: “Yo no era la estufa. Soy una persona. Yo estaba ahí. A mí me llevaron”.

Alrededor de las 9 de la mañana varias personas comenzaron a aglomerarse en la puerta del Tribunal Oral Federal N°5 de la localidad de San Martín. En esta segunda instancia se dio inicio a la audiencia por el juicio de la causa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestó testimonio Mariana Eva Perez. En su testimonio a lo largo de la jornada, la testigo focalizó en cómo se llevó a cabo el procedimiento del secuestro de su padre y su madre embarazada, por parte de la fuerza aérea, crimen por el que tiene que responder en este juicio Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

La testigo intentó reconstruir lo que sabe a partir del relato de sus familiares: los secuestraron por separado, a su madre junto a ella siendo apenas una bebé de su domicilio, mientras que a su padre se lo llevaron junto con Gabriel Pontnau del comercio familiar. A Mariana Eva Perez la devolvieron a su familia. Pero desde aquel momento no se supo más de sus padres, más allá de algunas llamadas que recibieron los familiares: en una única oportunidad Rosa Tarlovsky de Roisinblit, abuela de Mariana, logró comunicarse con su hija Patricia. Nunca más tuvieron noticias, hasta que Julio Cesar Leston, imputado en este juicio, admitió saber que a la mamá de Mariana la tiraron al mar. De su hermano, Guillermo Perez Roisinblit, no supo nada por más de veinte años hasta que, por una denuncia registrada en Abuelas de Plaza de Mayo, logró dar con su paradero.

Juan Carlos Vazquez Sarmiento. Foto: 27/8/2024  

Ambas esquinas del juzgado estaban cortadas por una patrulla y decenas de policías desperdigados por la cuadra. Muy de a poquito, de a una, de a dos, de a tres, el lugar se fue llenando de personas pidiendo justicia: las familias, las querellas, las organizaciones, los medios comunitarios de comunicación, comenzaron a superarlos enormemente en número: la frase “somos más pueblo que milicos” resuena en el aire. 

“Moreno por la memoria”, “Asociación Seré por la memoria y la vida”, son las inscripciones que cuelgan de las banderas que penden entre dos árboles, rodeados por canteras que profesan la palabra Justicia construida entre pedacitos de cerámica celeste y pañuelos blancos pintados. Así el día haya estado gris, la garúa que cayó no les movió un pelo a quienes estaban esperando para entrar.

Las personas hablan de las novedades de la causa, de cómo llegaron, cómo viajaron, si es necesaria la acreditación, si acaso podrán entrar: hubo involucrados que se encontraron con que no podían asistir a la sesión por ser testigos futuros, sin estar aún notificados al respecto. El clima es de espera paciente hasta que hacen pasar a todos y  ya se palpita el inicio.

Una vez adentro, la sala se llenó de prisa. Del lado derecho los acusados y sus defensas. Del lado izquierdo, las querellas y el público. Julio Cesar Leston, excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), tiene que responder por los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en el circuito de inteligencia de zona oeste de Buenos Aires. Se mantiene serio e indemne, totalmente inexpresivo, casi desentendido de la realidad, mirando ajeno hacia adelante. Atrás de él se encuentra otro acusado, José Juan Zyska, quien se negó a declarar. Lo mismo decidieron hacer Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quienes se encontraban presentes a través de la plataforma zoom.

Tras varios inconvenientes técnicos se inició la audiencia. El abogado de Mariana Eva Perez, Pablo Llonto, realizó una petición para que ella pueda estar presente en la sesión, situación que le estaba siendo negada por ser testigo en la causa y tener que declarar en la jornada. Llonto se amparó en la Ley de víctimas que avala el derecho a la participación de los testigos damnificados en la causa. La moción es secundada por todas las querellas y defensas exceptuando al doctor Gonzalo Miño -abogado defensor de militares, policías y agentes del Estado acusados de ser autores en casos de lesa humanidad- que, en defensa del debido proceso, se posicionó en contra. La jueza María Claudia Morgese Martin definió conceder el pedido de Llonto y Mariana Eva Perez ingresó a la sala. 

Los imputados fueron los primeros en declarar. Zyska, Herrera y Lynch no vacilaron en su respuesta, no tenían intención de ampliar su testimonio, oportunidad que pueden utilizar en cualquier instancia del juicio. Vázquez Sarmiento, entre divagues y titubeos también se negó, alegando estar muy enfermo para siquiera recordar su fecha de nacimiento, mucho menos tener conocimiento de haber cometido algún tipo de crimen por los cuales se lo está enjuiciando. Como bien recordó Mariana Eva Perez en su testimonio un rato más tarde a todos los presentes, Vázquez Sarmiento fue parte de la tan repudiada visita de los diputados libertarios a los genocidas que tuvo lugar el pasado 11 de julio: “Lo reconocí. Cuando nadie más lo había reconocido, yo lo reconocí”, destacó en referencia a la foto que se divulgó de la visita.

José Juan Zyska y Julio Cesar Leston. Foto: 27/8/2024  

Leston sí declaró. Entre un cinismo desentendido y una jocosidad ensayada confirmó que estaba dispuesto incluso a contestar preguntas: “Resulta que ahora me encuentro con que me llueven denuncias”. Relató que como excabo primero de la RIBA su principal tarea era realizar informes religiosos y que para ello su fuente principal eran los diarios de papel. Niega haber torturado a alguien: “No sería capaz de disparar ni a un gato”, expresó. De la misma manera niega haber participado en conflictos o enfrentamientos armados a lo largo de su carrera. Para contrastar su afirmación, la fiscalía presentó un informe escrito por Leston hacia sus superiores en el año 1990, en el que realizaba una declaración de sus tareas y de su compromiso como militar, para conseguir un beneficio previsional. En aquel informe admite no sólo haber participado en enfrentamientos, sino que detalla que eran parte de su desempeño casi diario y que estaba inmiscuido en la lucha contra las organizaciones “clandestinas”. Ante la pregunta sobre esta nota por parte de la fiscalía, él respondió que era una exageración y amplió: “Esperaba que me sirviera para que me den una manito”. Minutos después vuelven a preguntarle por su tarea en la RIBA y el “factor religioso” que él registraba. Leston repite que su fuente eran los periódicos y los medios. Ante el interrogante acerca de la utilización de informantes, el imputado alegó que para ello requeriría dinero y eso es algo que no tenía a la hora de realizar su tarea. La incredulidad del público solo aumentaba tras pasar el tiempo y llegó a un pico máximo cuando declaró que “solo quise ser un oficinista” en relación a las tareas que desempeñaba. Definitivamente la elección de frases de Leston causaron una indignación inusitada a lo largo de la jornada, como ocurrió momentos después cuando dijo que “el espacio no daba” para tener detenidos, mujeres embarazadas y bebés en la RIBA. En todo caso sostenía que, de realizarse, constituiría un evento “reservado”.

Mariana Eva Pérez

“Querían que yo tenga un hermano”, expresó Mariana Eva Perez, cuando finalmente llegó su turno para hablar como testigo. Relató la historia de su familia, de su madre Patricia Roisinblit y de su padre José Manuel Perez Rojo. Mencionó su vocación de militancia, su compromiso, su lucha colectiva. La testigo afirmó que se hallaba emocionada por todo este proceso de memoria y que encontraba un paralelismo entre la construcción y acompañamiento colectivo de los juicios y las convicciones de sus padres.

En torno al tópico del apoyo social a los juicios, Perez afirmó al terminar la sesión y en diálogo con ANCCOM: “Llegar a esta instancia colectivamente es algo muy distinto, diferente al juicio de 2016, que era muy chiquito, por nuestro caso solo. Entonces, no había más público que el que podíamos movilizar nosotros”. Luego enfatizó: “Me hace sentir bien llegar ahora a este juicio siendo una más entre otros”, haciendo referencia a la cantidad de víctimas que registra esta megacausa y que comprende aquellos crímenes perpetrados en un circuito represivo comandado por la Fuerza Aérea en toda la zona oeste. Su testimonio sigue: “En este juicio,  por fin, se le está imputando a Vázquez Sarmiento su desaparición” declaró la testigo y víctima, haciendo referencia al secuestro de su familia. En varios puntos del relato volvió hacia la responsabilidad de la Fuerza Aérea en este crimen. Mariana relató cómo ha podido reconstruir el momento del secuestro de sus padres, su periodo en cautiverio y finalmente, cómo desde su trabajo en Abuelas, logró dar con la identidad de su hermano secuestrado y apropiado, Guillermo Perez Roisinblit, quien pudo recuperar su identidad.

En torno a las tareas que desempeñó aquel circuito represivo, Perez apuntó: “La RIBA se creó para eliminar a la ‘subversión’. Del primero al último estaban empleados en eliminar a la disidencia política de la zona oeste”. La testigo demandó que dentro de aquel circuito represivo existía todo un engranaje que se encargaba de tareas de inteligencia: “Acá tendría que estar toda la RIBA”, puntualizó.

El público escuchó atento y conmovido el relato de la testigo, lleno de detalles, de emoción, que intentó reponer discursivamente toda su historia de vida en una declaración. Un relato desordenado, en el que ella admite perderse, atravesada entre los recuerdos y las emociones encontradas.

Unas oraciones fueron dichas hacia Leston, que se encontraba a unos metros de ella: “Quiero pedirle a Leston que rompa el pacto de silencio, que no le va a afectar en nada, pero que nos va a aportar a nosotros un poco de verdad” -expresó la testigo y agregó- “Es un derecho que nos vienen negando desde aquel momento”.

Las palabras finales de Mariana merecen todo el reconocimiento: “Estoy detenida en este punto. Necesito que esto deje de ser tan personal entre la RIBA y yo. Necesito poder contarle a mis hijos que en este país se hizo justicia”.