“Hay que actuar como actor y también como sujeto social”

“Hay que actuar como actor y también como sujeto social”

La obra teatral Seré se presenta como un instructivo de fuga del excentro clandestino de detención homónimo. Encarnado en el cuerpo de Lautaro Delgado, el testimonio de Guillermo Fernández en el Juicio a las Juntas se despliega como un truco de magia, un acto de posesión y una construcción dramatúrgica total. Un acto de ventriloquía inverso.

Si bien el público que concurre al Teatro del Pueblo sabe que a continuación verá una obra teatral, su confirmación se pondrá en duda rápidamente: “Lo que verán es real y no”, dice alguien que aparece y se presenta como Lautaro Delgado Tymruk, actor y mago. “Abracadabra: iré creando conforme hable. Mucha atención a este truco. Nada por aquí, nada por allá. Puede que ocurra un milagro”. Y comienza la obra, si ya no lo había hecho. Se produce, entonces, la posesión del cuerpo de Delgado por la voz del sobreviviente del excentro clandestino de detención Mansión Seré, Guillermo Fernández. “El milagro ocurre, efectivamente. Soy poseído por esa voz. Puedo tomar esa voz y esa voz puede ser yo”, explicará luego Delgado Tymruk en una entrevista con ANCCOM.

En el centro del escenario hay una mesa y sobre ella distintos objetos que tendrán protagonismo a medida que avance la grabación del testimonio de Guillermo Fernández. Así, por momentos, el teatro oscuro y frío se convierte en Atila -nombre interno que los represores le daban al centro de detención y tortura-, y por otros, en el tribunal del Juicio a las Juntas. Algo parecido ocurre con el actor que pone el cuerpo; la mímica exacta que hace de todo: gestos, sonidos, pausas, muletillas y fallos de Fernández posibilita el acto mágico de posesión, la sensación de ver y oír a un único sujeto, una síntesis total de voz y cuerpo que hace olvidar la división material de ambos. “Sucede la magia, un acto de espiritísmo tecnológico porque hablo a través de una voz grabada”, dirá Delgado Tymruk. Un cuerpo sentado dando la espalda al público de la misma imagen que en 1985 era transmitida de Fernández. Luego, el mismo cuerpo, en el centro de tortura materializa el horror, y remueve al observador del asiento al simular el sonido de la picana eléctrica o “pequeña Lulu”. “Una de las tesis de Seré es: ¿quién actúa? Es una de las preguntas que me hice al pensar la obra. Porque la actuación es voz y cuerpo, pensamiento y espíritu. Si yo tomo la voz de Guillermo y pongo el cuerpo, ¿quién es el que está actuando? En su voz está impresa su alma y pensamiento, y en mi cuerpo también está mi alma y pensamiento. Para mí es una pregunta sin respuesta. O con muchas. Guillermo Fernández alguna vez me mencionó que cuando veía Seré se abría otra dimensión, donde no era ni él ni yo, era un otro”. La sensación de traspaso de un espacio a otro y de representado a representante se amplifica por la utilización de sonidos y silencios, de pequeñas luces o de oscuridad total.

La obra no utiliza el testimonio original y lineal sino que “se le impregnó un sentido poético y estético, hay un trabajo de estructura dramática. Se intervino la declaración con sonidos, música, ruidos, y otros textos, pero principalmente con la acción, que puede hacer circuito o a veces cortocircuito con el relato. No siempre van unidas y eso crea otra posibilidad de sentido”. Hay cosas que el cuerpo de un actor puede representar, otras que solo pueden ser dichas por quien lo vivió. Y la obra respeta, además, una solicitud: que no sea “lacrimógena», que tenga algo de vital. “Ellos algunas veces se han reído en medio del cautiverio, y en eso había una forma de supervivencia también”. El testimonio de Fernández, por sus respuestas irónicas e inteligentes a las defensas genera risas y murmullos entre la tribuna del juzgado que se replican en la del teatro. “Haber escapado un 24 de marzo tiene algo de disparate también, de chiste, y de ironía”. Porque esa fecha también es el natalicio del reconocido mago Harry Houdini. “Bien, Houdini”, le dijó Claudio Tamburrini a Fernández cuando, con un clavo flojo de la cama logró abrir la ventana para iniciar la fuga de los cuatro compañeros de pieza en 1978, a dos años del golpe militar. Pocos días después de su huida el campo de tortura fue incendiado y quienes todavía permanecían detenidos fueron “legalizados” por el Poder Ejecutivo Nacional.

¿Por qué el nombre Seré?

Seré es por el centro clandestino pero también seré, que es el futuro simple del verbo ser. Ser en el futuro. Y justamente un centro clandestino de detención es la imposibilidad de ser. Te arranca de lo humano, te inhabilita la posibilidad de ser, ya no solo en un futuro, sino en el momento. Una persona torturada, secuestrada, que está maniatada, en un lugar de inhumanidad como eran los centros de exterminio. Entonces, seré es una suerte de palabra mágica. Una proyección de cuatro personas que vislumbran un futuro, yo seré, a pesar de este contexto, tanto Fernández y sus compañeros en ese momento, como en el contexto actual que vivimos. Es la posibilidad de crear futuro, más allá de todo. A partir de la ocurrencia, de la imaginación, del amor por la vida, de los lazos que se pueden crear con otra persona, y con uno mismo.

¿Qué es Seré?

Mi Seré es un estudio sobre el sonido, la voz y la palabra, sobre el lenguaje y el discurso. No solo es la fuga de cuatro sobrevivientes, sino la fuga del discurso: al inicio de la obra lo decimos, nuestro sentido común es moldeado, somos dichos. Y Seré busca desautomatizar eso, es un procedimiento para generar pensamiento crítico. Se realiza un acto de ventriloquía inverso, que busca dar cuenta que uno es hablado: muchas veces las cosas que uno dice, no las piensa realmente sino porque las escucha, hay un discurso que se instala en el sujeto que habla. Tik Tok es un ejemplo de ventriloquía inversa, gente que toma la voz de otra, pero que se utiliza como mero entretenimiento, humor vacío. Esta obra, en cambio, quiere hacer consciente el proceso de construcción de sentido común que se da en el ser social, en los sujetos, desencriptar ese proceso. Es una forma de decir, “cuidado con lo que escuchás, sé crítico”. Por eso creo que Seré es un despertador, tiene la función de generar un movimiento sísmico en el punto de vista del que mira. Porque hay que actuar, no solo como actor, sino actuar como sujeto social. Me han dicho varias veces, “hay muchas historias sobre la dictadura, sobre los desaparecidos y las desaparecidas, ya lo vi muchas veces”, pero luego de ver la obra cambian de parecer “esto no lo vi nunca en mi vida”. Claro, el procedimiento, el hecho artístico, más allá de la temática, teatralmente es poderoso. Es eso lo que busca Seré, desautomatizar la historia, volver a mirarla y con asombro. La etimología de asombro viene de la no sombra, de sacar a la luz. Lo mismo sucede con el objeto que se entrega al final. Es un símbolo, tiene una función semántica desautomatizada de su utilidad inicial, lo podes usar como quieras, se transforma. Me gusta que la gente imagine y creo en la potencia del símbolo y en el encuentro del espectador con la obra, no quiero cercenar una mirada o una posibilidad de lectura.

¿Cómo surgió este proyecto? Previamente habías interpretado a Carlos García en Crónica de una Fuga:¿son proyectos que se relacionan?

Mientras filmaba Crónica de una Fuga yo ya estudiaba magia, pero nunca pensé que haría una obra sobre Seré. Nunca en mi vida. Y finalmente, la magia atraviesa Seré. Es algo que a mí me asombra, esa casualidad. Para llegar a este proyecto, sin embargo, hubo un suceso crucial, que fue la invitación de Carlos García que en el año 2014 dio su testimonio en el Tribunal Federal Oral de San Martín. Estaba a pocos metros de distancia, y mientras escuchaba su declaración tuve una suerte de ataque de pánico. Empecé a temblar, a llorar, algo similar a cuando uno se sueña afuera del cuerpo. Lo veía testimoniar y sentía que era yo, como sí sus palabras salieran de mi boca y todo lo que relataba era algo que ya había vivido mi cuerpo. Tiempo después, cuando pude pensarlo y reflexionar: ¿qué pasaría en el público si puedo transmitirle esto que yo viví de tomar su voz y poner mi cuerpo? Comencé a escribir el proyecto en 2020, en el comienzo de la pandemia y convoqué a los actores y actrices en el 2023. Yo como director tenía pensado una puesta similar a la que tenemos hoy, pero amplificada y con el cuerpo de cinco actores y actrices. Finalmente, con el arribo de este nuevo gobierno, se tomó otra decisión por el cuidado de la compañía, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y decidí poner solo mí cuerpo.

La obra participó en el Festival Internacional de Teatro: “Un gesto político del jurado y del director del festival, que agradezco porque, además de valorar la obra, es un posicionamiento político importantísimo en estos tiempos” finaliza Delgado Tymruk.

Al finalizar el acto de posesión, de magia, de síntesis entre cuerpo y voz, el público que sale de la sala recibe de Sofía Brito, codirectora de la obra, un clavo, similar al que accionó Guillermo Fernández para dar inicio a la fuga y, sin saberlo, poner punto final a Mansión Seré como un lugar de no ser. El público es provocado: tiene en sus manos un llamado a la acción.

La obra Seré termina el año con dos últimas funciones los sábados 23 y 30 de noviembre a las 17en Teatro del Pueblo, Lavalle 3636.

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de género en Argentina, el Estado se negó a responder y señaló que la violencia “no tiene género”.

Este jueves 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de género en Argentina, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que describen como una gran regresión en los derechos de género en el país. Durante la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, ELA, CELS, FUNDEPS y Mujeres X Mujeres, se enfrentaron a los representantes del Estado argentino en un encuentro que desnudó las profundas fisuras de una nación que parece abandonar sus responsabilidades hacia quienes más necesitan su protección. Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el país atraviesa “un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país”.

Un país que retrocede

La audiencia, que duró una hora y media, comenzó con la exposición de las organizaciones de la Sociedad Civil. Uno de los puntos más destacados fue la denuncia por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificada por el Estado con el argumento de que “la violencia no tiene género”. Según Mayca Balaguer, Directora Ejecutiva de FUNDEPS, esta decisión significa «un retroceso institucional de casi 40 años”, ya que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de una protección esencial. Balaguer también alertó sobre los recortes presupuestarios en servicios clave para la atención a situaciones de violencia de género, como la línea de emergencia 144, que sufrió una reducción presupuestaria del 28% y una reducción de personal del 42% en junio de este año.
La situación en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos también implicó fuertes denuncias. Lucila Galkin, Directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, denunció la paralización total en la distribución de insumos médicos como el Misoprostol, esencial para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros métodos anticonceptivos, lo cual, según expresó, “pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”. Galkin destacó que este desabastecimiento está generando un contexto de absoluta desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina, con consecuencias que afectan particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La justificación del Estado: Crisis y ajuste

En defensa de estas políticas y en representación del Estado argentino, Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, argumentó que el país atraviesa “una crisis económica y social sin precedentes” y que la reestructuración y los recortes son medidas necesarias. “El ajuste fiscal en el sector público nacional fue necesario para corregir la crisis terminal que enfrentaba la economía argentina”, explicó Baños.

Además, explicó que en esta reestructuración las competencias en políticas de género fueron absorbidas por el recién creado Ministerio de Capital Humano, encargado de centralizar las funciones de varios organismos. También, defendió que la línea de emergencia 144 seguirá activa y operativa, aunque se convertirá en un servicio de atención a situaciones de violencia en general, sin la especificidad de género que tenía anteriormente. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por las organizaciones civiles, quienes advirtieron que “se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres”.

En este sentido, Patricia Sotile, integrante del área Jurídica de ELA, agregó en diálogo con ANCCOM: “La encuesta sobre prevalencia de las violencias en CABA muestra que la línea 144 es la más conocida entre las mujeres a la que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de violencia de género en busca de ayuda. Esta forma extendida de conocimiento es la que permite que cada vez, más mujeres en situaciones de violencia puedan recurrir a las instituciones y mecanismos en busca de ayuda”.

Interrogantes sin respuestas

Los comisionados de la CIDH interpelaron al Estado sobre el futuro de programas de acción contra la violencia de género, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de intervención. En su intervención, uno de los comisionados resumió la frustración y urgencia de las organizaciones civiles: “Lo que no se nombra no existe; si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe”. Sin embargo, Alberto Baños adelantó que el Estado Nacional no respondería preguntas durante la audiencia, sino que lo haría por escrito el lapso que la comisión disponga.
“El Estado, por su parte, continúa sin dar respuestas. Pese a que las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno que den respuestas en la audiencia sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifique cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género, dichos interrogantes no fueron abordados ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos”, expresó Patricia Sotile en diálogo con ANCCOM.

Una lucha que continúa

En medio de un contexto internacional en que el mundo observa con atención, Argentina parece alejarse de su propio pasado de liderazgo en derechos humanos. Su voto este mismo jueves contra la iniciativa global de Naciones Unidas para combatir la violencia digital hacia mujeres y niñas, así como el retroceso en políticas de género, no son solo decisiones políticas, sino también señales preocupantes que parecen dar la espalda a los logros de décadas de lucha por la igualdad.

A cada recorte presupuestario, a cada ajuste, se suma el dolor de aquellos que ven, poco a poco, cómo se desmoronan las estructuras de apoyo que tantas veces fueron salvavidas en tiempos de violencia y desamparo. Las organizaciones civiles dejaron claro que el debilitamiento de los derechos humanos en un país como Argentina es una advertencia que resuena en toda la región, donde la igualdad y la protección aún son conquistas frágiles.

La audiencia en la CIDH se cierra, pero los reclamos y denuncias permanecen abiertas, expuestas a la atención de una comunidad internacional que observa y de la sociedad argentina que espera que la protección y la justicia no se conviertan en recuerdos de un pasado más esperanzador.

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

Mientras que el Gobierno de Milei anunció que le quita el estatus de refugiada a las integrantes de la familia que viven en Argentina, se agravaron las condiciones de detención de las detenidas en Paraguay.

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”, afirmó Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Esta agrupación denunció que se agravaron las condiciones de detención de las presas Carmen y Laura Villalba por su traslado a la cárcel de máxima seguridad Minga Guazú y que allí padecieron torturas. En tanto, la Campaña Internacional en Solidaridad con la familia Villalba acusó a Paraguay de haberlas llevado a una prisión similar a Guantánamo. Esto sucedió porque la Sala Penal de la Corte rechazó el habeas corpus presentado por su defensa. A eso se suma la intención del gobierno de Javier Milei de quitarles su estatus de refugiados políticos a la parte de la familia que vive en Argentina.

La persecución a la familia Villalba, cuyos miembros militaban en el desaparecido partido de la izquierda paraguaya “Patría Libre”, comenzó por su participación en la lucha campesina en Paraguay y por acusaciones de estar relacionadas con la resistencia armada. En el caso de Carmen, Liliana y Osvaldo, fueron militantes también del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), considerado como un grupo criminal por parte de ese país. En este contexto, la familia Villalba sufrió el asesinato y la desaparición forzada. Durante el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) del 30 de noviembre de 2020 fueron asesinadas Lilia y María, y fue secuestrada y desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una adolescente de 14 años conocida como “Lichita”. Además Laura, la madre y tía de las niñas y Carmen, se encuentran encarceladas por causas que su defensa denuncia como inventadas y violatorias de los derechos humanos. 

Desde la detención de Carmen, el resto de la familia, compuesta por adultos y menores, comenzó a sufrir persecuciones, hostigamientos y ataques por parte de las fuerzas del Estado, como también de parapoliciales por lo que buscó refugio en Argentina para su protección. Después de intensas gestiones y gracias a los reclamos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lograron que la administración de Alberto Fernández les otorgara el asilo, siendo reconocidos como refugiados por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Derechos a los refugiados, ¡AFUERA!

El gobierno de Javier Milei, por su parte, decidió quitarles el refugio a las mujeres y niñas paraguayas acusando a las mujeres de “ocultar información al momento de pedir el refugio”, lo cual sus abogados dicen que es falso. Por este motivo, la CONARE revocó su estatus de refugio, lo que coloca a la familia Villalba en una situación de grave riesgo.

Desde la Gremial de Abogades expresaron a ANCCOM que “la decisión de la CONARE no está firme, es una decisión administrativa dado que nosotros presentamos el recurso ante la Cámara de Apelaciones. En este sentido, el juez federal Daniel Rafecas volvió a prohibir su salida del país y exigió que les devuelvan las pertenencias secuestradas durante los allanamientos”. Se refieren a los procedimientos de abril de este año, el primer intento del gobierno de Milei de expulsarlos. El abogado Gustavo Franquet recordó que en esos operativos “la policía entró violentamente a las casas durante la madrugada, apuntando a los niños con armas, teniéndolos retenidos durante horas hasta que les permitieron salir, siendo derivadas a una dependencia de la Policía Federal”. 

Esto fue posible por un reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que cambió la Ley de Refugiados, estableciendo una serie de medidas inconstitucionales y un proceso judicial que salta varías etapas, lo cual también es inconstitucional ya que no permite la doble revisión completa de la causa. «Más allá de su justificación plenamente falsa, está lo que el Gobierno dice en sus redes sociales, esa forma de comunicación donde no se privó de violar el principio de confidencialidad hablando de ellas, que la ministra de Seguridad de un país acuse a alguien de ser terrorista es algo que genera terror” concluyó Franquet.

“En enero hubo una resolución de Naciones Unidas sobre la investigación que el Comité de Derechos del Niño realizó sobre el asesinato de Lilian y María Villalba. Dicha resolución que está en estado de confidencialidad se va a hacer pública pronto, por lo que no nos es ajeno que toda esta persecución desatada fundamentalmente este año, tiene mucho que ver con esto”, afirmó Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados. Desde los organismos de derechos humanos y sociales que integran la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba denuncian que en Paraguay persiste la persecución, con abusos y trato inhumano hacia las presas políticas Carmen y Laura. A pesar de haber cumplido en 2021 su condena de 18 años, Carmen Villalba continúa encarcelada con una nueva acusación armada, mientras que Laura Villalba enfrenta una condena de 25 años únicamente por ser la madre de una de las niñas asesinadas por el ejército paraguayo: la acusan de faltar a su deber de cuidado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en una audiencia de la CIDH el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno se justificó con la crisis económica y volvió a hablar de «memoria completa».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias este jueves 14 de noviembre para analizar la situación en la que se encuentra el país a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno está poniendo un freno a las políticas de memoria, verdad y justicia, a políticas sociales y de género.

A partir de las 13, expusieron referentes de distintas organizaciones vinculadas a la economía popular bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Luego se llevó a cabo la segunda audiencia, “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. La última fue sobre “Impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina”. Es un hecho inédito que la CIDH haya concedido tres audiencias para un mismo día a un mismo país. En el caso de la última, el encuentro ante la comisión fue híbrido, por lo que los organismos peticionantes Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y Memoria Abierta, invitaron a la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires a presenciar la audiencia de manera remota: “Es un gran honor estar nuevamente frente a esta Comisión pero también una gran tristeza”, inició Estela de Carlotto ante la Comisión.

Con una cámara apuntando hacia un auditorio lleno desde la Casa por la Identidad en la ex ESMA, Estela y Taty Almeida participaron de la tercera audiencia conectadas por videollamada a Washington. Del otro lado, estaban representando a la sociedad civil Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la misma organización, Verónica Torras, miembro de Memoria Abierta, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Martín Kohan, escritor y docente universitario. Desde Buenos Aires también acompañaron como expositores Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los primeros veinte minutos de la audiencia fueron dedicados a la exposición de la sociedad civil. Estela continuó: “Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”.

“Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, declaró Carlotto.

Claudia Poblete, desde Washington continuó: “Desde marzo, la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria” Y denunció: “En agosto se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en casos por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias y en septiembre la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados”.

Luego de la exposición de los peticionarios por parte de la sociedad civil, le correspondió defenderse durante otros veinte minutos al Estado Argentino, encabezado por la embajadora ante la OEA Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía. Le siguió Juan Battaleme, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación que comentó: “La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país, impulsó la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Nuestro presidente, Javier Milei, lidera una política de reestructuración y modernización del Estado, no se trata de una decisión meramente administrativa”. También tomó la palabra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación quien manifestó que los organismos de derechos humanos “se consideran dueños del relato, pero la memoria es para todas las víctimas sin excusas ni banderas. Con las señoras que hoy participaron de la audiencia por video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido, pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual”.

Siete minutos fueron dados también al representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Jan Jarab, que expuso: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”. Jarab trajo a colación el Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad por estos delitos. Además, resaltó la preocupación por la reciente derogación del decreto 715/2004 que creó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. La misma fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).

Seguido a esto, Baños interrumpió al presidente de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, para manifestar su “sorpresa y estupor por la participación de este señor de las Naciones Unidas, no avisada ni informada y como si tuviera una verdad que le ha sido transmitida. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina?”. Se le comentó al secretario que en la carta de convocatoria enviada el 30 de septiembre se le solicitaba al Estado argentino que entrara al sitio web de la CIDH donde figuraba la información sobre posibles intervenciones de otros organismos internacionales. Así mismo, desde mediados de octubre, habían actualizado los datos que referían a la representación de la ONU en la exposición.

“La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”, subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La audiencia continuó con tensión, por el tiempo de interrupción utilizado por el Secretario de Derechos Humanos argentino. Luego fue el turno de la propia CIDH donde en 20 minutos realizó una serie de preguntas tanto a la sociedad civil como al Estado argentino que fueron respondidas en los tiempos asignados para cada una de las partes. Durante el cierre de la sociedad civil, Taty Almeida declaró: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los derechos humanos. Por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es pura y exclusivamente la verdad”.

El Estado argentino cerró con las declaraciones de Juan Battaleme y Alberto Baños pidiendo por “memoria completa” y solicitando a la Comisión Interamericana que esté a la altura de sus precedentes.

Después de una hora y 45 minutos de audiencia, pasados 15 minutos debido a las interrupciones de Baños en la sesión, se otorgó a Estela de Carlotto la posibilidad de un cierre: “Por todo esto, le pedimos al Gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva, de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo”. Al final de la transmisión, los aplausos contenidos durante toda la audiencia estallaron en la Casa por la Identidad. Los referentes de las diferentes organizaciones sociales reunidas en la Casa por la Identidad se acercaron a Taty y Estela para saludarlas y abrazarlas. Luego salieron todos y todas a la puerta a hacer una foto final.

Entre las organizaciones presentes estaban los organismos peticionantes, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Nietes. También acompañaron los rectores de la Universidad Nacional de Lanús, Moreno y Quilmes junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Se contó con la participación de los centros de estudiantes de la facultades de Exactas, Sociales, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y diversos centros secundarios. Además, acompañaron diferentes sindicatos, artistas vinculados con Abuelas y sectores vulnerados como trabajadores del Hospital Garrahan y Laura Bonaparte.

“Nos encontramos con una situación vergonzosa por parte del Ejecutivo haciendo mucho hincapié en una versión de contar una historia que vuelve a poner el foco en la Teoría de los Dos Demonios, dejando de lado el enorme trabajo que se ha hecho desde distintos organismos de derechos humanos y organizaciones populares”, manifestó en diálogo con ANCCOM Nazarena Sciola, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

También se acercaron a la Casa por la Identidad estudiantes secundarios, como es el caso de León Rodríguez Gueito de 17 años, presidente del Centro del Colegio Nacional Buenos Aires que comentó a ANCCOM: “Nosotros buscamos representar a los estudiantes y entendemos que uno de sus reclamos es la reparación histórica por el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, por todos los desaparecidos que tiene el colegio”.

En la misma línea, Candela Fernández, militante de Nietes opinó sobre lo ocurrido en la audiencia: “Una vergüenza, nunca vimos algo así pero me pone muy contenta el apoyo que recibimos para las Abuelas. Nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, para demostrarles que estamos acá y que vamos a seguir luchando siempre por lo mismo. Muy contenta por el resultado pero una vergüenza el Estado Nacional”.

Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales Y Sociales (CELS) cerró la noche: “Salimos de alguna manera fortalecidos porque, a pesar de que la audiencia tuvo momentos agresivos y muy intensos, creemos que nuestra perspectiva se escuchó muy sólida, muy documentada, fuimos muy acompañados y superó muchísimo lo que habíamos imaginado”.

Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Una resolución de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto la condena del represor por el asesinato de Domingo García, desaparecido durante la última dictadura. La hija de la víctima asegura que apelarán en la Corte.

En tiempos donde la historia es relativizada desde las huestes oficialistas, y vuelven a tener voz discursos de reivindicación de la dictadura cívico militar de 1976, la Sala II de la Cámara de Casación Penal falló a favor del exmilitar Eduardo Alfonso, dejándolo impune por el asesinato de Domingo Antonio García. El jefe de operaciones estuvo prófugo cuatro años en Paraguay antes de ser condenado en primera instancia por su participación en el allanamiento ilegal a la casa de los García-Recchia. Sin embargo, ahora, podrá salir en libertad nuevamente pese a las pruebas que lo involucran en el homicidio.

“Esta decisión es política, no tiene ningún anclaje jurídico”, asevera Juliana García en conversación con ANCCOM, hija de Domingo García y Beatriz Rechchia, que con tres años fue privada de su libertad junto a su madre embarazada de cinco meses. “Esto tiene que ver con el clima de época, y las políticas de Estado respecto a las cuestiones de memoria, verdad y justicia”, concluye. En el juicio por el operative ilegal hecho en el domicilio de Villa Adelina, se demostró el asesinato de Domingo Antonio tras un enfrentamiento armado, así como el posterior secuestro de Beatriz Recchia que estaba embarazada y tuvo que dar a luz meses más tarde bajo condiciones inhumanas en el centro clandestine de detención, tortura y exterminio ubicado en Campo de Mayo.

La abogada Carolina Villella, que lleva adelante causas judiciales de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que “este fallo desconoce los hechos juzgados anteriormente, y lo que se está buscando es evitar la cadena perpetua para Alfonso”. También señala que “hay una explícita contradicción entre lo que la Sala II sentenció hace 4 años, y lo que resuelve ahora”. Cuando el exmilitar se entrega en el año 2017, la justicia en primera instancia lo absuelve por el asesinato a García, pero frente a los recursos interpuestos por la querella de Juliana García, el 3 de diciembre de 2020, Alfonso fue condenado a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín, siguiendo los lineamientos establecidos por la CFCP.

En su búsqueda incansable de justicia, Juliana García afirma que presentará un recurso ante la Corte para que revise este nuevo fallo de Casación y se vuelva a dictar la sentencia. “Alfonso es una persona que tiene poder real en el Ejército, y evidentemente no le soltaron la mano. No es casual que haya podido aguantar cuatro años prófugo sin problemas, y con ayuda de la Interpol”. Por su parte, Villella expresó que “acá se están violando las obligaciones internacionales en relación al deber de investigar, de juzgar y sancionar adecuadamente estos crímenes, por lo que presentaremos un recurso extraordinario con el que volveremos sobre el pedido de perpetua para el represor”.

A veinte años de la Masacre de Quilmes

A veinte años de la Masacre de Quilmes

Hace dos décadas, cuatro adolescentes murieron tras un incendio en la Comisaría 1ª ante la mirada pasiva de los policías que los habían golpeado y torturado. Desde entonces, se prohibió el alojamiento de menores en esas dependencias bonaerenses.

El 20 de octubre de 2004 cuatro adolescentes perdieron la vida en un incendio en la Comisaría 1ª de Quilmes ante las miradas de los policías que los habían golpeado y torturado, y que de forma deliberada tardaron mucho tiempo en socorrerlos, los sacaron de sus celdas y los siguieron golpeando. Veinte años después, este caso se ha convertido en un hecho emblemático en la lucha contra la violencia institucional y los beneficios judiciales que siguen teniendo las fuerzas de seguridad que actúan de forma violenta.

Aquel día Diego Maldonado, de tan sólo 16 años, recibió la noticia de la muerte de su hermana menor mientras se encontraba privado de su libertad, por lo que solicitó poder asistir a su velatorio. Los policías le negaron esta petición y le cortaron la comunicación con su familia. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso para los 17 jóvenes, todos menores de 18 años, que se encontraban en el lugar de forma transitoria esperando sus traslados a algún centro de detención juvenil o a centros de rehabilitación por consumo problemático.

A modo de protesta y cansados de las vejaciones que sufrían por parte de los policías, incendiaron un colchón para que los dejasen salir, pero el fuego se salió de control y los agentes que se encontraban en el lugar tardaron demasiado en reaccionar. Cuatro chicos murieron a causa de este hecho.

Elías Giménez tenía 15 años y estaba allí porque la policía lo confundió con un homónimo que estaba prófugo, un hombre de 30 años, y lo detuvieron por averiguación de antecedentes.

Diego Maldonado, de 16 años, y Manuel Figueroa, de 17, tenían problemas con el consumo de drogas. Diego murió en un móvil policial, esposado a otro compañero, mientras eran trasladados al Hospital de Quilmes.

A Miguel Aranda lo golpearon antes y después del incendio, él estaba preso preventivamente desde hacía ocho meses. Estuvo en coma durante 17 días y falleció cuatro días después de despertar y pedirle a su madre que “no diga nada de la policía”, por miedo a las represalias.

Los adolescentes que estaban en aquella comisaría se encontraban repartidos en dos calabozos ciegos de tres por cuatro metros, y a diario eran sometidos a violentas requisas, siendo constantemente humillados por los policías que los hacían desnudarse frente a sus compañeros, los golpeaban e insultaban, no tenían tiempo de esparcimiento ni los dejaban salir al patio.

Elvia González, conocida por todos como Telvi, quien falleció en julio de este año, era la madre de Diego Maldonado. A ella fue a quien algunos sobrevivientes le contaron que los policías organizaban peleas entre los adolescentes, uno de ellos se le acercó luego de los hechos para pedirle disculpas porque lo habían obligado a luchar contra su hijo.

“Estamos hablando de una mecánica sostenida que pasaba dentro de la comisaría de violencia contra los pibes, de denigración y desnudos, les pateaban las pertenencias”, dijo a ANCCOM el exsacerdote Tobías Corró Molas. Todo esto, según sus palabras, se trataba de “quebrar psicológicamente al detenido y aniquilar cualquier tipo de resistencia”.

Tobías estuvo acompañando a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes en todo el proceso posterior al hecho. “Mi rol lo fui aprendiendo, al principio fue acompañar y facilitar muchas audiencias para que las personas que los podían ayudar pudiesen conocer a las víctimas”, explicó. Luego de un largo proceso para lograr que la noticia trascendiera y llegase a personas clave, él se encargó de “ser parte de la causa y estar en contacto con los abogados”.

No más pibes en comisarías

Hoy Tobías trabaja en un Centro de Formación Profesional en Quilmes, junto a la parroquia y a un hogar de día. Ese fue siempre el lugar de reunión con las familias, en donde se fue comunicando los avances de la causa y deliberando los pasos a seguir. “Es un proceso que desde que lo empezamos lo empujamos para adelante, cuando mirás para atrás ves que pasaron 20 años, pero para nosotros siempre fue ver qué sigue, qué logramos y para dónde vamos”, agregó.

“Las familias siempre fueron protagonistas de sus propias causas, por eso no nos permitíamos hacer audiencias sin ellas”, comentaba Tobías. La ya mencionada Telvi, junto con Isabel Figueroa, madre de Manuel, que falleció en diciembre del año pasado, fueron las más activas luchadoras por la justicia de sus hijos.

Su estrategia fue siempre acompañar en otras causas para mostrar también la suya de esa forma. “La idea es trascender el propio reclamo y construir algo más transversal y colectivo”, comentó Tobías. Y agregó que “la realidad es que la lucha nunca termina porque siempre hay otras causas y otras vinculaciones, los que han sido víctimas de violencia institucional saben que la vida va a cambiar para siempre”.

En 2015, once años después de los hechos, se realizó el juicio. Allí fueron condenados diez policías por el Tribunal en lo Criminal N° 3 a condenas de entre 3 y 16 años, aunque la mayoría de ellos recibió penas leves o fueron beneficiados con libertad condicional. El entonces comisario Juan Pedro Soria recibió 10 años por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas. “Él no pegó, pero lo que se le atribuye es que en su comisaría y con él presente hubo reiteradas torturas y no hizo nada para evitarlas”, comentó Tobías.

Entre los testimonios más importantes estuvieron los de los sobrevivientes, a quienes el tribunal les creyó porque se limitaron a señalar sólo lo que habían presenciado. Un oficial, el imaginario a cargo de la custodia de los chicos, declaró que fue el único que intentó hacer algo a tiempo pero no tenía las llaves de las celdas en su poder, y que para cuando liberaron a los adolescentes “llovieron algunos palos”, dando a entender que fueron golpeados aún después del incendio.

Hugo D´Elía fue condenado a diez años por apremios ilegales en concurso real con torturas, Juan Carlos Guzmán a nueve años por los mismos hechos, y hubo penas de entre tres y cuatro años para Basilio Vujovic, Elizabeth Grosso, Franco Góngora, Daniel Altamirano, Jorge Gómez y Gustavo Ávila.

El exoficial inspector Carlos Pedreira Catalonga fue quien recibió la pena más alta, de 16 años. En 2022 fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, y es el único ex agente que cumple su condena en cárcel común. En diciembre del mismo año también fue condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación la exagente Elida Marina Guaquingchay Bogado, quien se constató que estuvo en el lugar de los hechos pero que, según ella, no participó porque se encontraba embarazada y con contracciones.

Pocos meses después de la masacre, el por entonces Ministro de Seguridad León Arslanian prohibió por resolución el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales. En 2004, al momento de los hechos, había más de 300 chicos menores de edad detenidos en comisarías. En la actualidad, el cumplimiento de esta resolución sigue siendo un motivo de reclamo.

Creerle a los pobres

Según Tobías, los procesos judiciales en casos de violencia policial son siempre complejos y requieren de una labor más dedicada que lo normal: “Los pibes cuando son acusados ni se dan cuenta y tienen el juicio y la condena encima, cuando uno se mete con las fuerzas de seguridad se da cuenta que hay un verdadero trabajo dispuesto a sacar inocentes o minimizar las penas de los efectivos”. Además comentó que “el fiscal sabe que su primer aliado es la policía porque trabajan codo a codo en las detenciones y allanamientos, pero cuando un tribunal le cree a los pibes pobres, se muestra que no son impunes”.

Finalmente reflexionó sobre todos los años de lucha que siguieron a la masacre, y que a pesar de que se hizo justicia “no hay nada que pueda restituir la vida de los pibes, y las mamás sabían eso”, cuando ellas se enteraron de las condenas, “no hubo en sus rostros una sonrisa, sino una triste calma”.

Los sobrevivientes de la masacre hoy siguen intentando retomar sus vidas, sabiendo que hay un deber de verdad para con Diego, Elías, Manuel y Miguel, y que se animaron a declarar por ellos, para que pudiesen descansar en paz y con dignidad, que siempre fue lo único que sus familiares querían conseguir.