Un juicio de lesa humanidad víctima del ajuste

Un juicio de lesa humanidad víctima del ajuste

En la audiencia de Mansión Seré IV y RIBA II no estuvo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a causa de los despidos y el recorte del gobierno libertario. Testimonios sobre el antisemitismo de los represores y el desarraigo del exilio.

Los recortes en materia de derechos humanos del actual gobierno llegó a la megacausa  Mansión Seré IV y RIBA II. La vigésima primera audiencia de este juicio comenzó con el una solicitud presentada por Daniel Dinuchi, último abogado que representó la querella oficial hacia el tribunal para que intime a la Secretaría de Derechos Humanos a dar respuestas por la ausencia de letrados representantes.

Durante el desarrollo del juicio se perdieron ya la querella de Mariana Eva Pérez y de Abuelas de Plaza de Mayor por el caso del nieto apropiado Guillermo Pérez Roisinblit tras el fallecimiento del imputado Juan Carlos Vazquez Sarmiento. Si la querella nacional deja de estar presente solo quedarían la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. La abogada Clarisa Góngora representante de la Asociación aseguró que: “Es preocupante la constante desvinculación de letrados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que exterioriza un modus operandi por parte del Estado, un abandono intencional. La política de desfinanciamiento en materia forma parte de un plan sistemático de negacionismo y vaciamiento de la memoria en nuestro pueblo. Y obviamente afecta en la tramitación de los juicios de lesa humanidad, los tiempos y las dinámicas del proceso. Nos preocupa pero también nos ocupan las políticas de memoria, verdad y justicia”.

El primer testigo en declarar fue Osvaldo Antonio López, postergado desde audiencias anteriores. Prestó servicio en la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno, donde trabajaba como cabo de fuerza en mecánica, y conoció al exteniente Ernesto Rafael Lynch, imputado en la causa. Hasta diciembre de 2024 se desempeñó como coordinador en el “Espacio de Memoria excentro Clandestino Virrey Cevallos” -del que es sobreviviente- hasta que fue dado de baja también por las políticas de recorte del actual gobierno nacional.

Durante su declaración, detalló el período de cambio en que la Brigada dejó de ser una Base Aérea Civil y se transformó en la 8° Brigada Aérea. “Se empezaba a estructurar la seguridad y el perímetro alrededor de la base. Era un reacomodo lento, se construyeron grandes estructuras, entre ellas, la torre de control”, relató López. También aclaró que comenzaba a formarse la estructura de personal, con sus jerarquías y mandos, y recordó los nombres de la mayoría de los que conoció en sus años de servicio entre 1972 y 1977.

Abocado a la Base Aérea desde años previos al Golpe de Estado, el testigo detalló que en el año 1977 comenzó el armado de un grupo paramilitar que operaba por fuera de la Brigada y dependía de la División de Inteligencia: “Se habían incorporado dos autos civiles de un secuestro, con los que operaban junto a las tres camionetas azules, que hasta entonces utilizaban los soldados de la compañía militar para hacer rondines, pero luego se hizo una compañía aparte que tenían tareas específicas. En ese momento creo que se hizo cargo el Teniente Lynch con dos suboficiales. El recorrido incluía varias comisarías, la Comisaría 1° de Moreno, la Comisaría de Paso del Rey y otra que en ese momento todavía era una dependencia policial” con las que relató que solía haber conflictos porque los aeronáuticos tenían preponderancia sobre el personal policial. Relató que el trabajo que realizaba la División de Inteligencia fue en aumento y que todas dependían del Grupo de Tareas 100.

Al igual que testigos de audiencias anteriores, el exconscripto recordó situaciones de violencia vividas, desde el secuestro y despidos arbitrarios de compañeros mecánicos, hasta los “corrillos” que se generaban entre el personal y que hacían conocer al personal el accionar ilegal: “Dos cabos llevados a hacer guardia a Mansión Seré volvieron espantados y comentaron que allí había personal de la Brigada del Palomar y que operaba el Grupo de Tareas 100. También, me encontré con un cabo que estaba preparando un auto para, según me dijo, llevar a “Panchito” – Mario Valerio Sánchez- a Entre Ríos y luego se comentó que en una de las recorridas habían visto a la mujer -María Margarita “Coca” Miguens- en la Comisaria 1° de Moreno” -dijo López y agregó que- “Otro comentario de los soldados era que un oficial había traído a la Brigada a una mujer joven para violarla”, aludiendo a este hecho también detallado en la audiencia anterior por otro exconscripto.

Cuando la Aeronáutica conoció la militancia que tenía López, desde 1974 en PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), fue secuestrado: “Me esperaron en San Miguel, me interceptaron y pude ver al mayor López -jefe de Inteligencia-  a unos 20 metros, viendo todo. Ahí no tuve dudas de que era la Fuerza Aérea la que me llevaba. Me trasladaron a una zona de Morón que no logré identificar, ahí me torturaron toda la noche y a la madrugada me trasladaron a lo que después conocí que era la casona de Virrey Cevallos”. Allí estuvo detenido una semana hasta que logró escapar pero tras las amenazas que recibió su familia decidió volver y entregarse: “Me hicieron un Consejo de Guerra en Morón, y me condenaron a 24 años de prisión. Estuve hasta 1987, que logré salir porque apelé la sentencia a la Corte Interamericana y anularon la causa por falta de sostén jurídico”, sostuvo López.

Fue por las investigaciones que se realizaron desde el espacio Virrey Cevallos, que identificó a Juan Manuel Taboada, que tenía responsabilidad en RIBA -Regional de Inteligencia de Buenos Aires- como quien dirigió su secuestro. Según López, “RIBA era el órgano mayor de inteligencia, inmediatamente después de la jefatura de Inteligencia. Centralizaba toda la información de las unidades militares y operaba con la Policía Federal, que estaba a cargo de Virrey Cevallos. Físicamente la RIBA estaba en Morón, en las calles Buenos Aires y San Martín, en dos casas que compraron y unieron. Yo siempre tuve la duda, de si el primer lugar al que me llevaron no fue ahí”.

La revictimización como estrategia de la defensa

Una sobreviviente y un testigo, se tuvieron que volver a presentar a declarar en el marco de este juicio, por la negativa de la defensa de incorporar las declaraciones previas por regla práctica. Esta estrategia, la aplicaron a lo largo de todo el  juicio, no sin provocar roces con las otras partes.

Mauricio Castro, defensor particular de los imputados José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, argumentó que “solo nos hemos opuesto a la incorporación por escrito de los testimonios que fueron invocados por las distintas partes acusatorias para sostener lo que ellos entienden como elementos de pruebas de las acusaciones. Y dado que esas declaraciones fueron prestadas sin la intervención de estos defensores, creemos que tenemos derecho a escuchar y contrarrestar la prueba”. Criticó a la fiscalía por endilgarles que solicitan los testimonios pero luego no les hacen preguntas: “Si el testigo no aclara o no se acuerda de algo durante su relato, será cuestión de la fiscalía decidir si introduce o no declaraciones previas para retomar esa información. No nos puede obligar a nosotros como defensa a indagar e incentivar al testigo sin que haya declarado o al menos sin que antes haya mencionado a los imputados”.

Luis Alejandro Etchenique, declaró como testigo del secuestro de su hermana mayor Nora, y de su padre, Horacio Alejandro, el 1º de abril de 1977 en Ramos Mejía. Relató lo vivido con muchas dificultades y muy consternado, por rememorar los recuerdos y por la pérdida prematura de su familia, que “fueron los más perjudicados”. El testigo tuvo un cruce con los abogados defensores que argumentaron estar buscando “las pruebas objetivas que surgen del debate”, y a quienes reclamó: “El imputado tiene el derecho a la defensa que mi hermana y mi padre no tuvieron”.

En relación al momento del secuestro, Etchenique relató que “entraron uniformados y dijeron que venían a buscar a mi hermana. A ella le dijeron que se la iban a llevar. Y ella le pedía a los gritos a mi papá que no la deje sola”. Nora Etchenique era estudiante de Medicina y militante de la Federación Juvenil Comunista, y su padre, dirigente del Partido Comunista. “En mi casa había literatura marxista, y la ideología era censurada en esa época por estas personas que ostentaban el poder y que desconocían lo que es un estado de derecho y la libertad de opinión”. Sobre los padecimientos que le relató su hermana explicó: “Además de ser violada y padecido un aborto cuando fue liberada, tuvo fuertes secuelas psicológicas y sufrió constante amedrentamiento y acoso posterior. Recuerdo que tocaban el timbre o llamaban y preguntaban por Norita, que era el nombre que los secuestradores le habían puesto en Mansión Seré”.

Además, el testigo volvió a mencionar el antiseminitsmo de los aeronáuticos, que secuestraron a Eduardo Salem, amigo suyo, quien en el momento del allanamiento ilegal estaba llegando a la casa de los Etchenique: “Llevaba puesta una campera de un viaje de intercambio que había hecho a Israel, y cuando dijo que venía a la casa de mi familia, se lo llevaron. Luego de ser liberado, se comunicó a mi casa y avisó que mi hermana estaba viva”. A pesar de la congoja el testigo terminó su declaración diciendo que “en memoria de mi familia, muchas gracias”.

Alejandra Tadei, sobreviviente que declaró por cuarta vez su secuestro y privación de la libertad en Mansión Seré, lo hizo ordenadamente y sin quebrarse, “40 años después seguimos declarando”, explicando que su primera declaración la hizo en el Juicio a las Juntas.

Tadei fue secuestrada el 13 de octubre de 1977 con 17 años, desde el domicilio en Barrio Norte, Capital Federal: “La patota me esperó en el palier del edificio, pero ya habían entrado abruptamente a mi casa, a los gritos, buscándome y habían encerrado a mi mamá y mi hermana. Cuando llegué, me enfrentaron con un muchacho y me preguntaron si lo conocía. Yo no lo reconocí, estaba muy demacrado, pero él sí dijo conocerme. Me sacaron del departamento y me metieron en un Falcon. Me empezaron a manosear. Al llegar a un lugar, bajamos del auto, noté pasto. Nos metieron en una casa. Con los días identifiqué que era Mansión Seré porque me sacaba la venda para hacer tareas domésticas que yo les pedía porque estar todo el día esposada era un martirio”. Allí sufrió interrogatorios, torturas y simulacros de fusilamiento: “Era muy marcado el odio contra los judíos en los interrogatorios, siempre empezaban preguntándome si era judíao o católica”.

Relató la sobreviviente que a la semana “me dijeron que si comprobaban que yo no tenía nada que ver me iban a largar. Esos eran los términos que ellos utilizaban. Me liberaron un viernes, junto a otra chica que estaba detenida conmigo, Patricia Dorrego, y un hombre. Me dejaron a una cuadra y media de mi casa, vendada. Con el tiempo supe quién era el hombre que me señaló. Era Carlos García. Yo lo conocía pero en ese momento estaba desfigurado”.

La última declaración programada para la audiencia era la de Horacio Silvio Fleischman, sobreviviente que declaró por primera vez, desde Estados Unidos, donde se refugió. Por pedido de la fiscalía se escuchó luego el testimonio de su esposa, Ana Maria Charving de Flischman, que completó los agujeros negros del relato de su esposo.

El sobreviviente, secuestrado el 23 de mayo de 1977 cuando se desplazaba en su automóvil en Moreno, relató: “Me detuvo un operativo masivo de patrulleros de la Fuerza Aérea. Me esposaron, encapucharon y en mi auto me llevaron a la comisaría de Moreno. Varios vecinos vieron la situación. Allí había una habitación enorme con muchísima gente detenida, algunos en muy malas condiciones”. Fue trasladado simultáneamente a otros centros clandestinos, pero siempre regresaba a la Comisaría 1° de Moreno.

En la Comisaría de Francisco Alvarez lo reconocieron, era médico y durante un tiempo había sido director del hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. “Uno de los policías me ofreció contactar a mi familia, tenía que darle una notita. Se ve que fue descubierta porque como reprimenda me dieron una golpiza y me llevaron a otro lugar, donde no me dieron ni agua ni comida por días. Era desesperante”. Finalmente fue legalizado y trasladado al penal de La Plata como preso político. Su esposa relató que “recién a los tres meses lo vi de vuelta, exactamente con la misma ropa con la que se había ido a trabajar aquel día, pero era otra persona. Estaba delgado y afeitado del día anterior, que para él era estar en buenas condiciones. Pero estaba irreconocible. Dos años, un mes y 18 días lo fui a ver todas las semanas al penal. Iba con el bebé y a mi otra hija le decía que su papá estaba en un trabajo del que no podía salir”.

Durante su declaración, la mujer hizo hincapié en las múltiples dependencias que visitó y las peripecias realizadas para intentar conocer el paradero de su esposo, a pesar de las advertencias recibidas: “Me decían que me quede quieta y cuide a mis hijos. Mi familia tenía miedo de que me desaparecieran a mí también. Fui a hacer un habeas corpus, el abogado me hizo firmar papeles y me dijo que volviera a retirarlos en dos días. Cuando volví lo habían desaparecido. No sé quién era. No lo volví a ver nunca más”.

Fue un familiar desde Estados Unidos quien logró que la Embajada de ese país diera a la familia asilo político. Charving explicó que fue por la utilidad de sus profesiones y luego de comprobar que no pertenecían a ninguna “institución o comunidad política”. Viajaron a Brasil en un colectivo de turistas, y el sobreviviente relató las minuciosas indicaciones que recibió de la Embajada para llegar con éxito a destino, desde cómo cruzar el control policial fronterizo hasta en qué asiento sentarse durante el viaje. En Río de Janeiro fue recibido por la ONU donde fue entrevistado sobre lo que había visto y vivido en los centros clandestinos. “Me dieron un documento de refugiado de las Naciones Unidas. Había perdido mi nacionalidad, mi trabajo, mi profesión, estaba en el aire”, expresó Fleischman. Luego de dos meses pudieron llegar a Estados Unidos. Su esposa, se refirió al mismo sentimiento: “Me desarraigué de todo, pero estábamos vivos y muchos otros no. Yo quiero transmitir lo que madres y esposas que perdieron a los suyos no pueden hacer”.

“No sé si las cosas horribles que sucedieron en argentina podrán ser descifradas completamente -relató el sobreviviente en su primera declaración 48 años después de lo vivido y comparó lo sucedido en el país con el Holocausto, cuya verdad y sobrevivientes comenzaron a hablar muchos años después-.No es simple hablar”. Y recordó que en el penal de La Plata alguien le dijo que lo suyo había sido un caso de antisemitismo.

 En relación a las próximas audiencias, Clarisa Góngora, mencionó a ANCCOM que de los testigos propuestos por Moreno por la Memoria quedan aún cuatro declaraciones. Sin embargo resaltó la posibilidad de que vuelva a ocurrir una situación similar a la audiencia de la fecha, que por “la dinámica del juicio se incorporen nuevas declaraciones». Estimamos que se va a seguir en esta etapa de declaraciones y presentaciones durante el año en curso”.

 

La próxima audiencia está programada para el 27 de mayo de manera presencial en el 5° Tribunal Federal de San Martín, Pueyrredón 3510, Buenos Aires.

“Los trabajadores que sostienen el Espacio para la Memoria son fundamentales”

“Los trabajadores que sostienen el Espacio para la Memoria son fundamentales”

Frente a la demora en el pago de salarios del mes de marzo a los trabajadores del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex-ESMA, el Directorio de Organismos de Derechos Humanos publicó un comunicado advirtiendo sobre la política oficial de desfinanciamiento y ajuste en el área.

En vísperas del 1º de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, el Directorio de Organismos de Derechos Humanos, conformado por organizaciones sociales, publicó un comunicado para expresar su preocupación por la demora en el pago de salarios del personal del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex ESMA.

En dicho documento, se explica que recién el 15 de abril el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación transfirió fondos para cubrir sólo el 60% del salario del personal y apenas el miércoles 30 de abril se completó la transferencia total. Esta situación genera preocupación, a su vez, frente al pago de haberes del mes de abril, que debería concretarse antes del 8 de mayo.

“Nosotros estuvimos de paro todo este mes por incumplimiento del pago del salario. Esto se debe a que demoraron las partidas presupuestarias en una decisión totalmente ilegal. La situación está en estos días normalizada y esperamos que los próximos salarios lleguen en tiempo y forma. Confiamos también en la representación del Directorio de Organismos de Derechos Humanos que al formar parte de la gestión están haciendo todo lo necesario para que la situación se normalice”, señala Gabriel Armenio, delegado de ATE.

Si bien se habían realizado los reclamos a través de los medios correspondientes, la respuesta no había sido satisfactoria, como explica a ANCCOM Ana María Soffiantini, quien forma parte del Consejo Asesor de Sobrevivientes, organización que acompaña el reclamo: “No es la primera vez que hay demoras. Esta vez además de demoras sólo se pudo pagar el 60% de los sueldos. Recién el 30 de abril pasado se completó el saldo correspondiente. Nunca contestaron nuestros reclamos, sólo intentaron desacreditarnos. Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación,  siempre intenta ningunear nuestros pedidos.” A su vez, aporta su visión sobre las consecuencias de estos atrasos de los pagos salariales: “La intención, además de desfinanciar, es quebrar moralmente a nuestros trabajadores que, sin recursos, no tienen forma de trasladarse al trabajo. En esta situación es inevitable el desfinanciamiento para sostener contenidos pedagógicos y construcción de espacios de reflexión crítica, memoria y desarrollo de políticas de promoción de Derechos Humanos. La gravedad de dejar sin recursos presupuestarios conlleva consecuencias respecto al mantenimiento y la conservación del lugar, así como también retrasos en los pagos a proveedores.”

Graciela Lois, perteneciente a la asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas que también acompaña el reclamo, dijo: “El espacio lo vamos a seguir sosteniendo como sea. Nosotros no vamos a aflojar así nomás. Y por supuesto, esto descansa en el compromiso y sacrificio de todos los trabajadores. Porque en este momento es un sacrificio ir por lo que reporta económicamente en este contexto donde todo te aumenta menos los sueldos. Y encima, no te lo pagan”.

Frente a la pregunta sobre cuáles serían los pasos a seguir en caso de que esta situación se repita con los haberes de abril, Graciela respondió: “Hemos preparado varias cosas para presentar. Lo que pasa es que, como esto es un tira y afloja permanente, muchas veces te pasa que pensás ¿Y si lo presento y se arma más lío? ¿Y si en lugar de esperar 30 días más te la hacen más larga? No es temor, pero es cuidado. Más que nada por la responsabilidad que nos cabe a nosotros de no perjudicar más la situación de los trabajadores. Repito: para nosotros las personas, los trabajadores que sostienen el espacio son fundamentales.”

Las voces del Olimpo

Las voces del Olimpo

A veinte años de la reconversión del excentro clandestino de detención El Olimpo en un sitio de memoria, dos sobrevivientes que pasaron por allí inauguraron un ciclo de homenaje a los 40 años del juicio a las juntas militares.

En una tarde de sábado llena de emociones, vecinos y vecinas de Floresta se acercaron al Olimpo. Antes de que se proyectara la película El juicio, Isabel Cerruti y Elsa Lombardo, sobrevivientes que pasaron por este centro clandestino de detención,  tortura y exterminio, compartieron sus experiencias como testigos en la causa contra los represores que actuaron allí durante la dictadura, sus victimarios. Con el nombre de Atlético, Banco y Olimpo (ABO) se conoce al proceso judicial iniciado en noviembre de 2009 que ya juzgó a 15 exmilitares por los delitos de lesa humanidad cometidos en estos tres centros clandestinos de detención dependientes del Ejército. En 2022 comenzó el quinto tramo del juicio.

“La Conadep fue el primer paso en la preparación del juicio. Fue sanador porque pudimos vencer el anonimato”. Así abrió la conversación Elsa Lombardo, militante detenida ilegalmente en 1978. Sentada a su lado, su antigua compañera de celda en el Olimpo y actual coordinadora del Espacio para la Memoria, Isabel Cerruti, la escuchaba con atención. “Había una conciencia de que esto debía hacerse sí o sí como un acto de justicia porque la sociedad estaba herida y buscaba respuestas. Toda la sociedad fue herida por esta tremenda ola de terror y miedo que sacudió a nuestro país. Por eso estamos acá, para continuar con la sanación”, siguió Lombardo.

El encuentro se llevó a cabo en el predio ubicado sobre la calle Ramón Falcón, en una sala equipada con pantalla, proyector y sillas, y cuyas paredes exhiben los rostros de desaparecidos que pasaron por ese sitio del horror, hoy de Memoria. “Éramos militantes y sabíamos que todos los días caían y desaparecían compañeros y compañeras. Eso era terrible. Había que escapar, estábamos en la clandestinidad. Este juicio nos dio la posibilidad de salir a la luz”, dijo Cerruti. 

“Habíamos regresado del infierno. La tortura no es solo que te den una cachetada, una paliza o aquellas cosas que se les ocurrían y que se dieron permiso para hacerlas todas. Es lo que tuviste que ver, vivir, compartir”, contó Elsa, haciendo referencia al dolor y al miedo que aún sentía a la hora de declarar, pero que no le impidió presentarse con el fin de sanar a la sociedad. Y para despertarla. “Hay algo que decía Mario Villani (otro sobreviviente) que me quedó grabado: si hay algo que este juicio dejó, más allá de que se condenara a los genocidas, es que la sociedad ya no podía decir que no sabía”, afirmó Isabel. “No había forma de escaparse de las noticias. Ya todos sabían. Sabían la metodología y porqué lo hacían”, agregó.

Entre desvíos y reflexiones de mucha actualidad y ante la mirada expectante de los presentes, las oradoras dieron detalles del antes, el durante y el después de sus testimonios en el proceso judicial. “Hubo diálogos fáciles, diálogos difíciles. Estaban quienes te preguntaban ‘por qué vos sí (volviste) y mi familiar no’. No es fácil esa respuesta, quizás la tienen que dar los genocidas”, comentó Lombardo. En la misma línea, Cerruti recordó una de las preguntas hechas por los jueces: “Por qué creía yo que me habían liberado. Yo les dije que le pregunten a ellos”, sentenció. 

 

Dueños de la vida y la muerte

“A mí me lo dijeron. Fue por el voto”, interrumpió Elsa. “Después de salir en libertad nos controlaron mucho tiempo. Uno de los jefes del Olimpo me dijo: `Vos estás viva porque yo voté´. Eran dueños de la vida y de la muerte”, continuó. A pesar de lo que sufrieron y de que, en palabras de Lombardo, “la herida sigue abierta”, ambas coincidieron en que nunca se buscó venganza, sino justicia, y en que es importante mantener viva la conversación sobre el terrorismo de Estado, especialmente en este contexto. “Aquello fue una dictadura, no estamos hablando de eso hoy. Pero hay cosas que están pasando que nos remiten a algunas que nos pasaron a nosotras y son injustas”, sostuvo Isabel y luego añadió: “Los juicios siguen abiertos, así que tengamos atención. Se lo debemos a aquella Conadep, a aquel juicio que nos dio un montón a todos”.

En la hora que duró la charla, el silencio atento de los oyentes, de todas las edades, sólo se rompió para aplaudirlas y para dar paso a un descanso antes de la proyección de la película. 

Algunas personas aprovecharon para salir de la sala y ver la caída de la noche sobre los galpones vacíos, los murales en las paredes, sobre el parque en el centro, y los carteles que indican que ese fue uno de los escenarios donde ocurrió el horror. En este CCD estuvieron secuestradas entre agosto de 1978 y enero de 1979 alrededor de 500 personas, la mayoría de las cuales permanece desaparecida. Es por esto que, de acuerdo con el relato de las sobrevivientes, la jornada del juicio destinada a las declaraciones en torno a “Olimpo” fue uno de los más extensos. En junio se cumplen 20 años de la recuperación del espacio y su apertura al público.

 

El juicio

El documental de Ulises de la Orden está compuesto exclusivamente por el archivo registrado en 1985, que por muchos años fue inaccesible. Resume meses de audiencias en un metraje de tres horas, divididas en 18 capítulos, cada uno enfocado en un eje de los múltiples testimonios que resultaron en la condena de cinco de los nueve integrantes de las Juntas acusados, en diciembre de ese año. Fue estrenado en 2023 e incluye todas las aristas de aquel histórico proceso judicial, desde el relato de los hechos en las voces de las víctimas, hasta el despliegue de la defensa de los represores.

Tanto Elsa como Isabel se quedaron a ver el documental y compartir algunas reflexiones finales. “Cuando uno iba a declarar, no veía el conjunto de lo que estaba pasando. Ver esto es tremendo”, señaló Cerruti. “Durante mucho tiempo no contamos lo que habíamos pasado porque pensábamos que hacíamos sufrir al otro. Pero los chicos, las familias, los vecinos tienen que saber. Si estamos acá es para transmitir lo mucho o poco que sabemos. Porque los compañeros se lo merecen”, añadió, en referencia a los desaparecidos y el “deber” de que la sociedad sepa qué pasó con ellos.

Los trabajadores del sitio de memoria destacaron la importancia de mantenerse en contacto no solo con la narrativa de lo ocurrido durante la dictadura, sino con los documentos. Ese espíritu inspiró esta primera actividad, que originalmente incluía un recorrido guiado por la arquitectura del predio y la proyección del documental en su totalidad, pero que tuvo que acortarse debido a las restricciones horarias que imperan desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Otro de los problemas que están enfrentando este y otros espacios de memoria es el desfinanciamiento, reflejado en los despidos masivos que tuvieron lugar entre 2024 y 2025. En las rejas que rodean la entrada se ven banderas que denuncian el desmantelamiento y el peligro de cierre como consecuencia de los recortes. A su vez, los empleados hicieron hincapié en el estado de fragilidad en que se encuentra el Archivo Nacional de la Memoria. “No hay garantías”, dijo Cerruti, “a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hicimos desde los sitios de memoria, que son muchos en la Argentina. Se hizo y se hace un trabajo magnífico y esperemos que se pueda seguir haciendo”.

Actualmente, en “Olimpo” se realizan diversos talleres abiertos a los vecinos y vecinas del barrio, así como visitas guiadas y muestras que resultan de las investigaciones llevadas adelante por el propio espacio. Incluso en un momento adverso y de fuerte ataque a estas instituciones, el reclamo por memoria, verdad y justicia no se desvanece. En palabras de Elsa Lombardo: “La militancia es como un hormigueo que está por debajo de la piel. Cuando sale un rayo de sol, salimos todos. No nos van a detener”.

Sobrevivir en el país de los desaparecidos

Sobrevivir en el país de los desaparecidos

“Historias Rotas”, el libro de Claudia Rafael y Silvina Melo que cuenta con testimonios de víctimas de la última dictadura militar en las cárceles argentinas, se presentó este fin de semana en la Feria del Libro.

Fin de semana en la Feria del Libro, multitudes recorren los diferentes stands, las bolsitas de tela adornan los brazos de muchos, de fondo se escuchan múltiples charlas, algunas de autores, editores, o figuras relevantes, también se oye el bullicio de los visitantes que caminan de aquí para allá ojeando libros. Pero en la sala Ernesto Sábato el aire cambia, se densifica, hay una tensión propia del respeto, del recuerdo, y de las lágrimas contenidas. La emoción se percibe en la máxima atención de los presentes en lo que plantea la psicóloga Diana Kordon y en lo que cuenta el expreso político Hernán Invernizzi desde su propio sufrimiento y el sus compañeros, desde la reflexión que plantea este encuentro entre el recuerdo y la literatura como un modo de reivindicar el pasado y la memoria, como un modo de volver desde el olvido para algunos y para otros como un episodio desconocido de las épocas más oscuras de nuestro país.

En esta sala del Pabellón Azul se presenta el libro Historias Rotas de Claudia Rafael y Silvina Melo, que cuenta con testimonios de diferentes víctimas de la última dictadura militar en las cárceles del país. El total de presos dentro de este sistema eran 10.000 aproximadamente, en sus historias se retrata la maquinaria de enloquecimiento que se llevó a cabo durante el gobierno de facto por parte no solo de oficiales, sino de un equipo intelectual integrado por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, médicos, antropólogos, nutricionistas y sacerdotes.

Para Kordon, este libro es necesario, “es un libro muy duro, es un libro que nos conmueve profundamente, y que, hablando del horror de la crueldad, sin embargo, nos acerca a lo profundo y reparador de la condición humana”. A la vez, resalta que la sociedad tiene una deuda con este colectivo.

Hablamos muy poquito de los que se suicidaron y de lo mal que quedaron muchos compañeros que tuvieron que entrar en tratamiento cuando salieron en libertad, que siguen en tratamiento, y que siguen padeciendo en la Argentina y en países que los recogieron un deterioro psicofísico -llámenlo como quieran- que es el resultado de esta rigurosa racionalidad con la que se aplicó una estrategia durante la dictadura sobre los presos”, señala Invernizzi.

Ivenrnizzi, quien fue detenido en 1973 y pasó doce años, siete meses y diez días encerrado, señala que el problema es que el sufrimiento no terminó: Hablamos de los que se suicidaron y muy poquito se habla de lo mal que quedaron muchos compañeros que tuvieron que entrar en tratamiento cuando salieron en libertad, que siguen en tratamiento, y que siguen padeciendo hoy en la Argentina y en países que los recogieron un deterioro psicológico, psicofísico -llámenlo como quieran- que es el resultado de esta actividad, de esta intervención y al mismo tiempo de esta rigurosa racionalidad con la que se aplicó una estrategia durante la dictadura sobre los presos”.

La tortura en presos durante la última dictadura militar es un tema poco conocido, según comentan la mayor parte de los testigos reunidos en el libro, esto se debe al estigma de que argentina es el país de los desaparecidos, lo cual constituye una figura simbólica de peso, que muchas veces los echó atrás a la hora de contar su historia, ya que ellos sobrevivieron.

La idea de hacer este libro surgió a partir de la historia de Eduardo José Schiavoni y Jorge Miguel Toledo, dos militantes torturados y asesinados en una de estas cárceles. A partir de la investigación que realizaron las autoras conocieron muchas más historias de sufrimiento de los presos y decidieron ampliar el libro incorporando a varias de ellas.

Rafael y Melo en diálogo con ANCCOM, comentan, el “eje central es entender que la maquinaria de enloquecer que se armó y que no fue muy abordada”, sobre los debates que plantea el libro, opinan que principalmente el debate acerca del rol de la intelectualidad y la universidad pública en la formación de estos profesionales que estaban detrás de esta maquinaria. 

El libro es muy duro, difícil de leer según los presentes, moviliza muchas emociones. “Yo estoy ahora hablando con vos y estoy con taquicardia. Porque fueron muchos años los que pasamos presos, pero además pasaron muchos años desde entonces hasta hoy. Entonces volver sobre aquello desde este punto de vista es muy complicado”, explica Invernizzi y agrega: “Eso uno nunca se lo saca de encima. El estrés que te provoca la cárcel es algo que no desaparece nunca. Uno puede superarlo, trabajarlo, sobreponerse, pero es algo con lo que uno pelea todo el tiempo. Lo bueno que tienen estas circunstancias es que también funcionan de una manera catártica. Es decir, ayudan a procesar la experiencia. Y nuestra esperanza es que eso que nos ayuda a nosotros a procesar la experiencia quizá ayude a algunos compatriotas a entender mejor lo que nos pasó, para que se convierta en un buen aprendizaje del presente y del futuro”.

En la presentación, las autoras comentan que buscan reivindicar a las víctimas utilizando como concepto central el des-olvido y la exigencia de justicia por estos delitos de lesa humanidad que siguen impunes, su libro será utilizado como evidencia en la causa que se está desarrollando actualmente de Schiavoni, Pablo Llonto incluirá el material recopilado por ambas autoras como documento probatorio.

La violencia de la Fuerza Aérea contra los internos y los civiles

La violencia de la Fuerza Aérea contra los internos y los civiles

Un ex conscripto identificó a Ernesto Rafael Lynch en la 8° Brigada Aérea y un sobreviviente fugitivo de Mansión Seré volvió a dar testimonio. Las hijas de un detenido luchan contra las consecuencias materiales del secuestro.

En la vigésima audiencia de la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon tres testigos y un sobreviviente que fue partícipe de la fuga de Mansión Seré. El primero fue un exconscripto de la 8° Brigada Aérea “Mariano Moreno” donde el imputado Ernesto Rafael Lynch fue capitán. Las otras dos testigos hicieron hincapié en las consecuencias materiales y emocionales del secuestro de su padre.

 “En una Base de tantos kilómetros, con la impunidad del campo, debe haber sido imparable lo que hicieron. Eran tan salvajes que 40 años después me sigue doliendo de la misma manera lo vivido. Altos jefes, como el Brigadier Orlando Agosti, estuvieron en la base. Esas personas creían y estaban de acuerdo con lo que hacían. Astiz hay en todos lados”, argumentó Walter Enrique Fey, ex conscripto asignado a la 8° Brigada Aérea entre 1977 y 1978, que durante su testimonio detalló escenas que recrearon la brutalidad y la violencia que se vivía en el predio aéreo entre los soldados rasos y con los civiles detenidos ilegalmente.

 La situación más fuerte que vivió, la relató cómo uno de los motivos para estar sentado ante el tribunal. “Estaba preparada una tortura especial en esa oficina y todos lo sabían. Eran muchas personas que escuchaban los gritos y no ayudaban. Yo creo que por esa mujer estoy acá” y sobre el recuerdo explicó: “Un suboficial me dijo que no podía salir de mi oficina y al rato comienzo a oír gritos desgarradores y terribles de una mujer, nunca escuché algo tan doloroso. De golpe, entraron dos soldados horrorizados a mi escritorio, dejaron la puerta entreabierta y desde mi silla se veía el escuadrón de tropa haciendo un cordón de seguridad alrededor al chalet del grupo de tareas. Uno de los soldados dijo: ‘La están haciendo mierda, le meten la pistola en el útero, la amenazan con matarla y que le van a pegar un tiro al bebé’. Dicen que la habían atado arriba de un escritorio y que allí la estaban violando. Habló en plural. Lo peor para mí, es que esos gritos de dolor que habrán durado cerca de una hora, cesaron de golpe y no se escuchó nada más. Una persona herida no para de gritar de golpe”.

 También vio otras situaciones de brutal violencia contra civiles detenidos dentro de la brigada. “En una oportunidad me dejaron al cuidado de un hombre arrodillado y maniatado, bajo la orden de que si intentaba escapar le diera un tiro. En más de una oportunidad ví jóvenes esposados y tabicados a los que subían en camionetas y llevaban al fondo de la Base. Pero nunca los ví salir”, explicó Fey.

 Fey se desempeñaba como “dragoneante” [soldado raso que se destaca por su desempeño] afectado a la compañía de servicios, “una oficina administrativa que se encargaba del control del movimiento de los soldados. Yo tenía trato directo con todos los escuadrones porque me encargaba de coordinar con varias secciones, de controlar los días francos o de anotar los jefes de unidad nocturnos”, describe el testigo sobre su cargo. Su trabajo le permitió conocer a la mayoría de los integrantes de la fuerza, poder dar nombres, apellidos, cargos y un vasto relato de cómo era en su interior la distribución territorial del predio, con sus dependencias, caminos y hangares.

 Desde el inicio de su testimonio afirmó conocer a Ernesto Rafael Lynch por haber sido capitán de la 8° Brigada en la que el testigo estaba afectado. “Los mayores o tenientes, de noche quedaban como jefes de la base. Algunas veces estaba Lynch, era uno de los oficiales de servicio que yo registraba, él tenía mando y responsabilidades. De Lynch se decían cosas, al igual que de todos los superiores, por los tratos y castigos que aplicaban. El ambiente era salvaje y brutal, ningún soldado quería enfrentarse con los superiores y muchos tenían pavor de salir de su oficina” explicó el ex conscripto.

 Ante el pedido de la fiscalía, explicó algunos de los castigos que Lynch y el resto de los superiores perpetraron contra los soldados. “Lograban tener a los soldados aterrorizados y subordinados por miedo al castigo. La golpiza era la norma en la Brigada, pasabas por algún rincón y siempre estaban masacrando a alguien, eran violentos y soberbios. Les decían que no se quejaran porque ‘vamos a estar acá al menos 10 años’, en referencia al golpe de Videla. De noche solían sorprender a los soldados de guardia y les disparaban. Había intercambio de tiros, luego se asomaba el atacante y era Lynch. Estos oficiales de servicio trataban de probar a los soldados de guardia”.

 Además de la presencia de Lynch, el testigo pudo identificar durante su declaración dos lugares de detención que funcionaron dentro de la Base. Un calabozo, que estaba debajo de la torre de vuelo y un hangar abandonado cercano a su oficina que se convirtió en el centro de operación del Grupo de Tareas N° 12, “que ya operaba desde antes, pero que se independizó y amplió su radio de acción. Se asignaron oficiales de la compañía militar, un suboficial de semana y habilitaron armamento especial y el hangar. Usaban tres camionetas de color azul aeronáutico, apodadas Las Tres Marías, que tenían una estructura de hierro cerrada por una lona verde y filas de asientos enfrentados en los laterales” y luego ahondó en el tipo de operativos que realizaba el grupo que estaba contiguo a su oficina. “Había mucho revuelo cuando estaban por salir, en esos momentos yo no salía de mi oficina. En algunas ocasiones mi jefe de compañía solía decirme ‘hoy vamos a salir a cazar unos pajaritos’. Todo el plantel de suboficiales salía, era una actividad rotativa y afectaban a todo el plantel del escuadrón de tropas. En la mañana también tenían actividades, de espionaje e inteligencia, militares vestidos de civiles que salían en autos comunes”, y explicó que a partir de lo que había oído podía suponer que tenían otras dependencias.

 En entrevista con ANCCOM, Walter Fey expresó que declarar “es mi forma de poder dar luz a lo ocurrido en la 8° Brigada Aérea de Moreno, situaciones que quizás la sociedad no conoce porque no lo vivió desde dentro y no puede imaginar el calvario y el sadismo que tuvo esta gente. Puedo recordar muy bien lugares, nombres y movimientos, memorias que atesoré pensando en algún día hacer justicia. Mi vocación es aclarar lo ocurrido para que se puedan atribuir las responsabilidades a las personas que se comportaron como salvajes. Fue un grupo cegado por el odio que se creían invencibles y hoy están siendo juzgados”.

 El abogado Sergio Gómez, representante en esta audiencia de la Asociación Civil querellante, Moreno por la Memoria, se expresó sobre la importancia de los testimonios de quienes pudieron ver los hechos en primera persona. “Además de ser impactantes por lo descarnado del relato, testimonios como el de Walter Fey resultan de vital importancia puesto que provienen de personas que vivenciaron el proceder del personal militar desde un lugar privilegiado que les permitió conocer a los protagonistas de los hechos, distinguir rangos y roles, y presenciar situaciones de violencia cotidiana que generaban una atmósfera gobernada por el terror. Algo muy propio del aparato militar que buscaba la deshumanización, como condición previa y necesaria para la destrucción y aniquilamiento del otro, y así responder eficazmente al esquema de desaparición, tortura y muerte. Además, se describen muy bien los modus operandi de la misión genocida, que cuando se cotejan, se condicen con los fundamentos de la acusación y el resto de la prueba producida hasta ahora, construyendo así, junto con el resto de los testimonios, la verdad de lo sucedido en la última dictadura cívico militar”.

 

Las siguientes declaraciones fueron las de las hijas de Jose Lizardo Reynoso, testigos y sobrevivientes del secuestro de su padre ocurrido cuando ellas eran niñas. Reynoso era militante radical y estuvo detenido en la Comisaría 1° de Moreno. La menor de ellas, María del Valle Reynoso relata que estaban en su domicilio en Moreno, cuando alguien golpeó la puerta y la tiró abajo. “A mi papá se lo llevaron en un vehículo con las manos esposadas y algo similar a una bolsa en la cabeza, tengo esa imagen muy grabada. También se llevaron un baúl donde guardaba documentos”.

 Recién cuando su padre falleció se enteraron de lo que había vivido: “Fue un shock. Éramos grandes cuando supimos que él trabajaba en una sociedad de fomento y que hacía trabajos de ayuda barrial”, explica María del Valle. Fueron recomponiendo lo poco que saben de su historia a partir de los tíos y tías. María del Valle debió cuidar a su padre anciano y “fui testigo de las quemaduras y cicatrices de su cuerpo. Pero jamás hablé de eso con él. Fue mi tío quien nos contó de las torturas que había sufrido”. La hermana mayor, María Eva de Jesús Reynoso, relató durante su declaración: “Nos enteramos de su historia porque nos llamaron de una organización de Derechos Humanos. Yo hasta entonces pensaba mal de él, que no nos quería, y enterarme a los 40 años que en realidad nos estaba protegiendo de algo que no conocíamos de su historia, fue muy doloroso”.

 Ambas hermanas relataron lo protector que era su padre y el miedo que tenía de que algo les pasara. Estos relatos fueron los que quebraron a ambas testigos, que escasos de detalles vinculados a la detención ilegal de su padre, viraron rápidamente hacía las secuelas y las dificultades de ser sobrevivientes a pesar de no haber estado en un centro clandestino. “Tuvimos una niñez muy fea. Éramos una familia normal, podíamos correr y sonreír en nuestra propia casa, hasta que esta gente irrumpió y se llevó todo. Arrasaron con toda una vida” explicó María del Valle. Por su parte, María Eva, durante su declaración expresó: “Nos quitaron la infancia, nuestra casa, a la que nunca más volvimos y a mi papá, que si bien volvió, no fue igual. Queremos justicia porque nos robaron lo más precioso”.

 

La última declaración fue la de Carlos Alberto García Muñoz, uno de los cuatros ideólogos de la fuga de Mansión Seré, junto a Claudio Tamburrini, Guillermo Fernández y Daniel Russomano el 24 de marzo de 1978, en el segundo aniversario del golpe de Estado. La huida de los cuatro provocó que los militares incendiaran la casa y pusieran fin al accionar de ese centro clandestino, y que quienes estaban en cautiverio pudiesen legalizar su situación.

 La defensa se opuso a la incorporación por regla práctica de las declaraciones anteriores de García Muñoz, ante el juez Daniel Rafecas, que fueron ratificadas durante esta audiencia y sobre ellas aclaró: “En aquella ocasión viajamos desde España con Guillermo Fernández, estuvimos cuatro días declarando y viendo fotografías para reconocer personas”, en dichas imágenes logró asociar, sin certeza completa, su recuerdo de los represores de Mansión Seré con rasgos de las personas de las fotografías entre las que se encontraban José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera. Sí logró identificar con completa seguridad a Daniel Alfredo Scali, el más violento de los represores y el responsable de la desaparición de dos compañeros de celda, Jorge Infantino y Eduardo “El Vasco” Alejandro Astiz. Infantino, había identificado a Scali, un conocido de la infancia e iba contarselo al resto de los detenidos, “por eso se los llevaron y nunca más los volvimos a ver”, a partir de eso, el resto de los detenidos recibió un ultimátum que fue el motivo último que desató la fuga y por ende el fin del centro clandestino, que García prefiere llamar “centros de concentración y exterminio”.

 El testigo volvió a relatar una vez más ante el tribunal, el momento de su secuestro y el período de detención que duró cinco meses y medio. “Fui secuestrado en mi domicilio en Capital Federal, golpearon la puerta y aunque dijeron que era la policía, entraron diez personas vestidas de civil con armas cortas y largas. A mi padre le dijeron que me llevaban para averiguación de antecedentes y que en 48 horas estaría libre. Me sacaron en plena avenida Santa Fé esposado. Luego me dijeron que intervino la seccional liberando la zona. Después de hora de viaje en vehículo, me bajaron y sentí en mis pies tierra y pasto. Me introducen en una casa por unas escaleras, supe que era Mansión Seré con el pasar del tiempo allí”, expresó García.

 Sobre sus días de cautiverio, relata las condiciones en las que vivían y las sesiones de torturas perpetradas por La Patota: “Cada vez que venían éramos apaleados y picaneados. No había condiciones de higiene, incluso alguna vez, nos pasaron un lampazo con acaroina porque decían que estábamos sucios y empiojados. Alguna guardia nos hacía quitar el vendaje y hacer tareas domésticas, en realidad nos humillaban, pero eso nos ayudó con la fuga”. Relató que por aquellos escasos momentos en que tenían visión, pudieron distinguir señales que indicaban la pertenencia a la Fuerza Aérea.

 

Por miedo, este año no habrá marcha por Facundo Astudillo Castro

Por miedo, este año no habrá marcha por Facundo Astudillo Castro

Se cumplen cinco años de la desaparición del adolescente, tras haber sido detenido por la policía en pandemia. El hallazgo de su cuerpo y las irregularidades en la causa desataron un intenso pedido de justicia que su madre, Cristina, sostiene hasta hoy.

Facundo Astudillo Castro tenía 22 años, conseguía trabajos ocasionales, amaba tocar en la batucada y militaba en el programa Jóvenes y Memoria, de la CPM. El 30 de abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, salió temprano desde Pedro Luro, un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, donde vivía con su familia. Quería llegar a Bahía Blanca para ver a su exnovia, pero como no tenía dinero se fue a pie, haciendo dedo por la Ruta 3. En el país regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el COVID-19, y en su camino Facundo fue detenido al menos dos veces por policías. No tenía permiso para circular, por lo cual estaba violando la cuarentena. Nunca llegó a su destino. 

La última imagen que se conserva de él lo muestra al lado del patrullero que manejaba Mario Sosa. Desde entonces, no se supo nada más de su paradero hasta que el 15 de agosto de 2020 los restos incompletos de su cuerpo esqueletizado fueron hallados en un cangrejal de Villarino Viejo. La autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión, una muerte violenta no natural. Sin embargo, aún no se estableció si fue un accidente o un homicidio. Su mochila con su ropa rota y signos de haber sido quemada apareció días después en la misma zona.

El voluminoso expediente judicial que investiga los hechos sigue caratulado como el primer día: desaparición forzada seguida de muerte. La hipótesis apunta directamente a la Policía Bonaerense, la misma fuerza que lo detuvo aquel día. Durante la investigación se hallaron pertenencias de Facundo en dependencias policiales, hubo contradicciones en los testimonios de los agentes y se detectaron indicios de encubrimiento. Pese a todo esto, los policías sospechados que fueron llamados a indagatoria por el fiscal Ulpiano Martínez jamás declararon, lo que no quita la hiperactividad que desarrollan sus abogados en una causa, que ya pasó por cambios de fiscales y jueces, pericias demoradas, testimonios truchos, dilaciones sistemáticas e incluso denuncias cruzadas y amenazas a testigos y a la familia, que teme la imposición de la impunidad. Antes de la aparición del cuerpo, habían sido recibidos junto a sus abogados por el expresidente Alberto Fernández y en ese encuentro le pidieron a la ministra de Seguridad Sabina Frederic que apartara a la Policía Federal del caso, porque esa fuerza “estaba ejerciendo las mismas maniobras e interferencias que la Bonaerense”, tal como lo expresaron. 

La madre de Facundo frente a la fiscalía de Bahía Blanca días después de su desaparición.

En estos cinco años, la voz de Cristina Castro no dejó de exigir justicia y se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia institucional. ANCCOM habló con ella y comenzó relatando cómo vivió este tiempo sin respuestas.

“Es durísimo. La salud me lo está cobrando”, dijo y agregó: “No poder hacer el duelo, no poder llorar tranquila. Estar todo el tiempo defendiéndonos de los ataques. Me van a hacer una ecografía de la tiroides porque tengo algo en la garganta, y el médico me dice que es psicológico.”

Ella trabaja en la estación de servicio Shell de Pedro Luro, y hasta allí fueron a intimidarla. “Los ataques nunca cesaron”, subraya. La policía local la hostiga incluso en trámites cotidianos. “Cuando cambié la moto y me dieron la tarjeta con todo en regla, igual me cerraban el paso. Sabían que era mía, pero me buscaban igual. Dos veces casi me hacen caer”, contó.

En un pueblo chico las versiones oficiales pesan. “Luro se involucró en nuestro apoyo, pero algunos, como el intendente Carlos Bevilacqua, primero dijeron que nos iban a meter presos y después se sentaron a tomar café en mi lugar de trabajo. Hoy sigo trabajando ahí, aunque me pusieron a una testigo hostigando a mis compañeras. Ella pidió mi cabeza, pero no lo logró porque mis jefes me defendieron”, recordó.

53 policías 

La causa judicial está estancada a la espera de los resultados de la Datip (Dirección de Asistencia Técnica a la Investigación Penal) de los cruces telefónicos de los celulares de los policías, para determinar quién hizo qué cosa en qué momento. Esa dependencia también aportó un estudio de 213.420 Geolocalizaciones que mostraron 53 abonados de interés, entre ellos los oficiales Sosa, Siomara Flores, Jana Curruhinca y Alberto González, además de algunos de sus jefes. “Seguimos esperando las pericias. A principio de año, la fiscal, Iara Silvestre, me dijo que habían desbloqueado unos teléfonos y me iba a mandar la información. Todavía la estoy esperando. Los policías se niegan a entregar su clave. ¿Por qué será?”, planteó la mamá de Facundo. “La justicia actúa según el poder político de turno. Desde que se fue el fiscal que estaba por la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), cambió todo”. Cristina se refiere al paso de Andrés Heim por la causa, ahora designado juez en Pehuajó.

“Los celulares que entregaron no eran los que los policías tenían”, dijo Leandro Aparicio, abogado del caso. “El teléfono desde el que se sacó la última foto de Facundo, que era de Jana Curuhinca, nunca fue hallado”, agregó para tomar apenas un botón de muestra sobre las irregularidades.

En abril de 2025, Marcos Herrero, el instructor de perros que había trabajado en la causa, fue condenado a siete años de prisión en una causa iniciada por los mismos policías sospechados de la desaparición de Castro. Ayer salieron los fundamentos de su sentencia. Ernesto Sebastián, magistrado del Tribunal Oral Federal, afirmó que el acusado: «sabía perfectamente que sus canes no detectaban los hallazgos que él refería» y que su actuación fue «una cadena de falacias constitutiva de una gran farsa». Para Castro, “lo que le hicieron a Marcos fue terrible. Es una manera de ensuciar para que quede la parte como el todo, pero aún sin esos hallazgos la causa sigue en pie porque hay mucha otra prueba sustancial”. Cabe destacar que tanto los fiscales como las instancias superiores tomaron por válidas las pruebas ahora cuestionadas –el amuleto y las piedras turmalinas– al momento de expedirse en el caso. Y resta en pie el hallazgo de un cabello en un móvil policial, que contiene el ADN mitocondrial de Cristina Castro.

Facundo en un encuentro del Programa Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. 

Temor y desasosiego

“Este año es más triste todavía, la gente de Facu está asustada. No vamos a hacer nada el 30 de abril por miedo. Solo queda un mural suyo, los otros fueron tapados. Y encima dicen que si la justicia no actúa, por algo será. Pero no es así”, advirtió.

Cristina no baja los brazos: “Quiero que Facundo tenga justicia. Que los chicos puedan salir sabiendo que no hay asesinos sueltos. Yo no lo voy a ver ni escuchar más. Cada ataque lo vuelve a matar un poco más”.

Sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo, Cristina contó una certeza visceral. “Sentía que esos huesos me decían ‘llévame a casa’. Cuando vi la zapatilla, que encima estaba intacta, supe que era de Facu. La buscaba como una señal. Estaba a 30 metros de donde habían marcado. Ellos ya sabían que estaba ahí”.

En estos cinco años, las respuestas tampoco llegaron del Ejecutivo. “De este gobierno no recibimos comunicación. Las que siempre estuvieron fueron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y las familias a las que les pasó lo mismo, que la policía les mató un chico. Con Sergio Maldonado habló seguido. Nos contenemos entre nosotros. Somos los que sabemos lo que se siente”, relató.

Facundo militaba y participaba en marchas en defensa de los derechos humanos, entre ellas las que reclamaban justicia por Santiago Maldonado. “Yo no quería que mis hijos se metieran en política, pero él estaba muy conmovido. Me explicaba cosas del sistema y después me tocó vivirlo en carne propia”, señaló Cristina. Y a su memoria vienen las imágenes de los policías de Luro y Villarino hostigando a Facu y los demás pibes que acudían al Semillero Cultural –una actividad de La Cámpora local– que les rompían la huerta orgánica y los ponían contra la pared como delincuentes cuando salían de un taller de literatura o de batucada.

Este 30 de abril no habrá acto. Hay miedo. Pero la lucha continúa. “Voy a seguir hasta donde la salud y la vida me den. Facu no se merece esto. No puedo dejar que me borren la alegría de haberlo tenido 22 años. A mi hijo lo crié sola, me costó mucho. Y a pesar de todo, no me quiero ir de este pueblo. Es el lugar donde crecieron mis hijos y murió mi madre. La gente es buena, es el poder político y judicial el que está mal”.

Leandro Aparicio, uno de sus abogados, ha trabajado en causas como la de Daniel Solano, peón rural desaparecido en 2011 y cuyos policías responsables tienen condena firme, y la de Sergio Avalos, desaparecido en 2003. “Entiendo que esta causa puede llegar a durar 20 años”, confiesa y agrega: “pero ante este panorama desolador, las pruebas duras de la DATIP me dan esperanzas”. Entre esas “pruebas duras” también está la confirmación de que un patrullero de Bahía Blanca estuvo diez días antes de la aparición del cuerpo a pocos metros del hallazgo, en el cangrejal de Villarino Viejo.

Cristina encontró algo de paz en sus nietas. “Con ellas tengo momentos de armonía. Tati es buena, tranquila, y Milenita, un torbellino. Veo mucho de Facu en ellas. A veces besan su foto y le dicen ‘el tío Pacu’, lo reconocen. Y eso me parte el alma porque sé que él las habría adorado”.

El caso de Facundo Astudillo Castro es, cinco años después, una herida abierta. La justicia tiene elementos pero no avanza. Cristina aún no puede llorar a su hijo en paz. “Sé que el día que pueda soltar a mi hijo él descansar, yo voy a poder hacer el duelo. Mientras tanto, estoy en el ojo del torbellino”.