Doce personas que hace 15 años residían en el lugar fueron expulsadas de su vivienda en la calle Olavarría. Hay 260 causas de desalojo en el barrio, producto de la gentrificación. La ausencia de políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad.

Un tumulto de gente en calle Olavarría al 1107 anuncia que, una vez más, vecinos y vecinas del barrio de La Boca resisten un desalojo. Policías e integrantes de la Defensoría del Pueblo negocian con las familias, amontonadas en las veredas. Sostienen un cartel con la leyenda: “Basta de desalojo arbitrario”.

Son las 11 de la mañana del jueves 19 de mayo. Un grupo de jóvenes se arrima a curiosear. Una puerta alta de cedro, deteriorada y antigua y cubierta por una desgastada mano de pintura azul, hace juego con el mural de Gardel y Evita que custodia las veredas desde las paredes de la antigua y modesta casita de la esquina. En su planta baja hoy funciona un comedor donde se lee “un lugar azul y oro”. Por la entrada lateral, la de la puerta azul, se ingresa a una escalera de mármol hacia el segundo piso.

La puerta está cerrada y custodiada por un grupo de mujeres que se autoconvocaron para evitar el desalojo forzado. Unas muchachas relatan su padecimiento diario. Dicen que, a cuentagotas, día tras día en La Boca se lleva adelante una campaña de desalojos que despoja de un techo húmedo de una habitación desordenada a cientos de familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin gas natural, agua potable y con hambre. Un techo que protege de la lluvia y las frías heladas de invierno. Donde se puede guardar un poco de ropa usada que se compra en una feria del barrio para que los niños y niñas se abriguen. Un techo donde esos mismos niños cansados de jugar con sus amigos en la calle, llegan y se tiren a sentir el olor al guisado que sus madres cocinan en otra habitación que funciona también como cocina. Un techo con peligro de derrumbe, pero un techo al fin.

Una de esas mujeres es Natalia Quinto, quien desde la organización barrial “La Boca Resiste y Propone” acompaña actualmente más de 260 causas por desalojo. Quinto está sorprendida por la velocidad con que actúa la justicia en estos casos, y es que, según ella “el proceso civil, que es el que corresponde a este tipo de situaciones, es un proceso mucho más largo donde todos tienen otro tipo de derecho a la defensa, con más instancias y garantías que tienen que ver con el derecho a la familia y el cumplimiento de las leyes civiles. En este caso nada de eso pasó”. 

Quinto explica que esta situación es producto de un proceso de gentrificación enmarcado a su vez por el proyecto de desarrollo del “Distrito de las Artes”, que busca atraer inversiones inmobiliarias en la zona de San Telmo, La Boca y Barracas.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 35 de CABA está bajo la dirección de Celsa Ramírez. Esta última desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor de las familias, Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de los niños que allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, también incluyen cinco testigos a los que la fiscal jamás llamó a indagatoria.

El inmueble

Las familias pedían 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir. El resultado fue el desalojo.

A Norberto Godoy le costó 70.000 dólares comprar la vivienda en estado de usurpación en una de las mejores zonas del barrio de La Boca. Es decir, poco más de ocho millones de pesos argentinos. Considerando que viven 12 personas en ese segundo piso de mala muerte, compuesto por una galería abierta, paredes manchadas de humedad, dos habitaciones y un baño, en total sería alrededor de 670.000 ARS por cada persona que se deja por tiempo indeterminado en situación de calle, exponiéndolas al frío, al hambre, a la inseguridad y sacrificando su futuro. 

El resultado de las negociaciones de ayer entre el Defensor del Pueblo Gastón Juan Santos, quien medió entre vecinos, el Gobierno de la Ciudad y las familias que piden 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir fue el desalojo en el día, y el pago de algunas cuotas acumuladas de alrededor de 8.000 pesos a cada jefe de familia para que puedan pagar otro alquiler, y el resguardo de sus “pertenencias” en un depósito ubicado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, un grupo de jóvenes con chalecos de la UOCRA comenzó a bajar las pertenencias de las familias que no eran más que algunas camas con las maderas rotas, un rack de melamina deteriorado, un televisor viejo, colchones de espuma manchados, muchas bolsas negras con ropa; una mesa de algarrobo redonda, sillas de plástico percudido, un inodoro, una cocina destartalada, una pequeña heladera, un equipo de música, algunas ollas de aluminio y pocas cosas más que, de no ir al depósito, irían a parar al basural. Los resultados de la negociación fueron devastadores.

Francisca Villorda, rodeada por un grupo ocho jóvenes que la ayudaban a vaciar el espacio, contó entre lágrimas a ANCCOM: “Nací en Paraguay y hace 34 años estoy acá. Tenía 18 años cuando vine. Sin experiencia, sin conocer, pero me fui haciendo yo sola. Siempre con honestidad. Siempre trabajé y luché para sacar adelante a mis hijos. Mis hijos son buenos, educados, estudian. Entonces que esta gente me trate de delincuente, que nos acusen de vender droga, eso me duele, porque no somos esa gente. Tengo trabajo y lo hago honestamente para ganarme el pan día a día”. Francisca es madre soltera de dos adolescentes, y con 51 años vive de limpiar casas, cuidar a niños y ancianos. Sobre las personas a quienes alquila la propiedad contó: “Los conocíamos. Eran amigos de una de una de las familias que vivía acá, que son primos míos. Al principio no nos cobraba alquiler porque cuidábamos el lugar, y después empezamos a pagar un poco de alquiler, no mucho porque hacíamos arreglos, posteriormente pagamos por banco porque ellos se fueron a vivir al sur. Un día desaparecieron y vendieron la propiedad. Dijeron que de acá se iba a hacer cargo una inmobiliaria, pero nunca sucedió, por lo tanto, no pudimos pagar más. Cuando se comunicaron con nosotros lo hicieron desde un teléfono privado, que no pudimos rastrear y perdimos contacto con ellos hasta el día de hoy”.

Sin mediación y con un acuerdo completamente desfavorable, en tan solo dos meses y en pleno invierno, estas doce personas, entre las cuales hay niños que cursan sus estudios en las escuelas del barrio, y un hombre en tratamiento oncológico, deben retirar sus pertenencias del domicilio donde vivieron los últimos quince años y buscar otro lugar donde vivir, con una mínima ayuda estatal. Empresa difícil si no imposible, considerando que ninguno cuenta con un trabajo en blanco, sino que viven de trabajos informales y changas.

“En algún momento estoy al borde de descomponerme, pero tengo que estar firme por mis hijos, porque yo los tengo que contener, porque soy la madre y estoy sola con ellos entonces yo soy su sostén. Soy jefa de mi hogar y tengo que estar fuerte, pero realmente estoy partida al medio”, remata Francisca Villorda.