El Ferrocarril Mitre y las obras de nunca acabar

El Ferrocarril Mitre y las obras de nunca acabar

Jun 4, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Desde hace más de dos años se realizan obras parciales en distintos ramales que generan continuos trastornos para los usuarios: tramos inaccesibles, cortes de servicio, severos retrasos. Según fuentes oficiales, quedan al menos dos años más de obras “caóticos para los pasajeros”.

Desde la obra de renovación de la estación cabecera Retiro de la Línea Mitre, comenzada el 16 de enero de 2023, se han realizado intervenciones en la línea de forma casi ininterrumpida. En la actualidad, el tren no llega a la cabecera los fines de semana por la continuidad de los trabajos. Y en uno de sus tres ramales, el que lleva hasta Tigre, el recorrido finaliza en la estación Victoria por renovación de vías. Dicha situación genera protestas en los usuarios habituales por los constantes cortes del servicio, y los prolongados retrasos e imprevistos, que les generan consecuencias en términos laborales, como pérdidas de presentismo y posibilidades de hacer horas extra.

Estas intervenciones en los ramales no tienen una fecha de finalización concreta. En diálogo con ANCCOM, una fuente oficial de la empresa Trenes Argentinos que prefirió resguardar su identidad, explica: “La obra de Retiro ya está construida en un 80 por ciento. Falta el 20 por ciento, que es lo que están haciendo los fines de semana. Hay bastante laburo para hacer, hasta un lugar llamado Empalme Maldonado, que es donde las vías se separan para ir a Tigre y la localidad de José León Suárez. Es un problemón para la gente, pero es la única forma de poder acelerar esto. Y después la renovación de vías en el Tigre, que es otra obra muy grande. Va a tardar dos años, aproximadamente. Dos años caóticos”.

También, menciona que los constantes cortes son consecuencia de un desfinanciamiento histórico: “Las inversiones están, digamos, con cuentagotas. No es particularmente de ahora, sino que hace tiempo que no tenemos inversiones grandes. El ferrocarril necesita mucha inversión para moverse. Por eso tenemos tanto déficit. En todos los países del mundo ocurre. Y la verdad es que no hay plata que alcance para hacer todo lo que deberíamos hacer. No tenemos forma”.

“Es una odisea para llegar a trabajar”, declaró a ANCCOM Laura, quien toma la línea por la mañana habitualmente para llegar a su trabajo en microcentro. También, explicó la ruta que debe realizar por consecuencia de los cortes y expresó su preocupación por la extensión de la obra: “Tuve que tomarme un colectivo más hasta Victoria. Y parece que va para rato. No creo que vuelva en junio”. El testimonio de Laura está en sintonía con las quejas de los usuarios que desbordan el Instagram oficial de Trenes Argentinos en relación a los arreglos del Mitre.

Por otra parte, Osmar Dibiasi, supervisor especializado de transporte e instructor del personal que pertenece a la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la importancia y urgencia de realización de estas obras para garantizar la seguridad operacional: “Primero se renovó todo lo que se llama la parrilla de la estación Retiro ¿Por qué? Porque eso no se renovaba desde 1949. Y era parche sobre parche. Hubo una decisión política de renovar (por parte de la gestión de Unión por la Patria). Todas las vías de ingreso a los andenes, son nuevas. Los cambios son nuevos, la señalización, los semáforos que ves, es todo nuevo. Y ahora comenzó una renovación de vías desde Tigre a San Isidro”.

A su vez, mencionó la falta de inversión bajo la gestión privada: “TBA (la empresa privada que explotó la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento entre 1995 y 2021) lo único que hizo fue pintar los trenes de colores. Modernizó algunas partes, pero la vía no la modernizó. El sistema de frenos no lo modernizó”.  

Muchos cambios en la seguridad operacional se comenzaron a implementar luego de la tragedia de Once, siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que dejó 51 personas fallecidas (una de ellas, embarazada) y 789 heridos: “Ahora tienen un sistema que se llama ATS, Automatic Train Stop. En el que cuando vos entrás a una velocidad que no es la adecuada, se hace una aplicación de freno. También [luego de la tragedia de Once] se sacó una resolución, la 404-2013, que dice que todos los trenes cuando ingresan a cabecera no tienen que hacerlo a una velocidad mayor de 5 kilómetros por hora. Y tiene que ir el conductor y el guarda de tren en la cabina. Si cualquier cosa le pasa al conductor, el guarda está capacitado para usar los frenos de emergencia. De hecho, se le enseña. Todo eso fue un cambio de estructura ferroviaria”.

Las obras en curso no afectan en gran medida las tareas de los trabajadores del ferrocarril, dado que muchos trabajos se hacen de noche. Sin embargo, sí generan situaciones incómodas con los pasajeros, como explica Nicolás Galeano, referente de los trabajadores de la Línea Mitre en el gremio La Fraternidad: “Cuando no se llega a entregar la vía a tiempo, empiezan los atrasos y la gente obviamente quiere llegar a horario. Y bueno, con el primero que se va y se le agarra es con el conductor y con el guarda. El personal que está ahí cara a cara con la gente”.

Además, aclaró que las obras en curso no tienen relación con la declaración de Emergencia Ferroviaria del 13 de junio de 2024, formulada por parte del gobierno nacional sino que era un plan anterior: “No está dentro de la emergencia ferroviaria. Esto ya venía de antes y se logró hacerlo.”

El tren Mitre es un medio de transporte clave para quienes viven en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En sus tres ramales, moviliza a 120.000 personas por día y es la tercera línea con más pasajeros por detrás del Roca (400.000) y el Sarmiento (250.000). Quienes provienen de las cabeceras José León Suárez, Mitre o Tigre, llegan a Capital Federal en un promedio de una hora y cuarto o menos, con funcionamiento óptimo. Si optan por el único otro medio disponible, el colectivo, los tiempos varían entre una hora y media y dos horas y media, dependiendo de la zona en la que se resida. La urgencia de las obras y la extensión de las mismas por el desfinanciamiento sistemático no deja otra opción a los usuarios: esperar, o duplicar sus tiempos de viaje.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

Jun 4, 2025 | Comunidad, Destacado 3, Trabajo

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

“La defensa de los humedales queda en manos de los pobladores de las islas”

“La defensa de los humedales queda en manos de los pobladores de las islas”

Jun 3, 2025 | Comunidad, Destacado 4

Vecinos y vecinas del Delta del Paraná denuncian la construcción de un emprendimiento inmobiliario de más de 400 lotes ubicados en la segunda sección de las islas del Delta del partido de San Fernando y exigen que se detenga el proyecto que impactará en el ecosistema local, regional y global.

El Delta del Paraná es una región extensa que contiene diversas realidades. El extractivismo avanza sobre gran parte de las islas y asume distintas formas. En ese sentido, la especulación inmobiliaria no es algo novedoso, sino que viene de larga data: “A partir de los años noventa, coincidentemente con políticas económicas de apertura y desregulación, se impulsó en la zona de Tigre, entre otras localidades, la construcción de barrios cerrados, también llamadas urbanizaciones neoliberales”, comenta Diego Domínguez, sociólogo rural y habitante de las islas. Se trata de murallas altas que encierran compartimentos estancos y tierras bajas que fueron rellenadas para convertirse en segundas o terceras viviendas de poblaciones de altos ingresos. Nordelta, responsabilidad del inversor y desarrollador inmobiliario Eduardo Constantini, es quizás el ejemplo más emblemático de la conducta depredadora contra los humedales que asumen estas iniciativas económicas de grandes capitales.

“En esa década no existía aún la tecnología necesaria para avanzar sobre las islas, pero ya estaba la idea de trasladar el mismo modelo de barrio cerrado que se propagaba en las zonas ribereñas hacia la zona del Delta, que era vista como una frontera de expansión inmobiliaria jugosa para los intereses económicos”, advierte Domínguez, quien agrega que los primeros emprendimientos que lograron avanzar sobre las islas fueron el Barrio Santa Mónica y el Islas del Este a principios de este siglo. “Esta ocupación territorial se encuadra dentro de una lógica general que no solo prevalece, sino que lamentablemente se expande”, suma Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y militante socioambiental. “A veces –agrega- se da en formas de viviendas, y en algunos otros casos, como lo recientemente denunciado en San Fernando, como ciudades náuticas que abarcan una gran cantidad de tierras”.

Imágenes satelitales de la zona afectada por el emprendimiento «Vistas al Paraná» en 2024 y 2025. Las obras de canalización avanzaron pese a la clausura de la obra.

 

“Si bien existen varios barrios privados en la zona, ahora lo que se está planteando son ciudades náuticas que abarcan superficies mucho más amplias de territorio. Hay varios proyectos de estas características en marcha, que lo único que hacen es alterar completamente el funcionamiento natural de los humedales”, manifiestan miembros de la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta. Ellos se organizaron para denunciar el avance de Vistas al Paraná – Ciudad Náutica, un emprendimiento inmobiliario de más de cuatrocientos lotes ubicados en la segunda sección de las islas del Delta del partido de San Fernando. Con respecto a este proyecto, los vecinos alertan sobre la gravedad de la situación: “La modificación del terreno genera un impacto negativo para la flora y fauna. En sí, el daño ya está hecho porque transformaron el lugar: elevaron y rellenaron las tierras, construyeron canales, diques y terraplenes. Incluso ya iniciaron la preventa de los lotes”.

“La pérdida de humedales redunda en un montón de perjuicio”, indica Folguera y destaca que las consecuencias ecosistémicas tienen que ser entendidas a escala local, regional y global. Como habitante de las islas, Domínguez expresa: “Cuando se inician desarrollos inmobiliarios de tamaña magnitud, advertimos diversas modificaciones en el entorno. Por ejemplo, hay cambios en el color, forma y velocidad en la que circula el agua en los arroyos”. Por su parte, la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta agrega: “Al ser proyectos tan grandes, llevan una densidad de población que no es la habitual para las islas. Esto produce mayores movimientos de yates, lanchas y grandes embarcaciones que provocan accidentes náuticos y la erosión de las costas”. Además del plano local, Folguera hace hincapié: “En un contexto de tanto negacionismo, no hay que minimizar las consecuencias a nivel regional y global. Resulta importante entender que toda situación de deforestación, de desmonte, de pérdida de humedales lo que hace es bajar la cantidad de captadores potenciales de carbono. Por eso, todos estos negocios aceleran y empeoran la situación de crisis climática global”.

“Como agravante, el espacio donde se pretende construir Vistas al Paraná – Ciudad Náutica fue declarado reserva de biosfera por la UNESCO y como tal, tiene sus normas. Aquí se contempla la interacción del ser humano con la naturaleza a través de una vía sustentable”, denuncian Vecinos y Vecinas del Delta, quienes solicitan su imperiosa detención. En el año 2000, según lo establece dicho organismo internacional, se incluyó a las islas del Delta dentro del área de reserva: el documento especifica que en este lugar no se deberían realizar grandes obras de infraestructura ni dragados que alteren las condiciones naturales de los diferentes cursos de agua. “Cuando tomamos conocimiento de la situación, desde la Municipalidad de San Fernando nos dijeron que la obra estaba clausurada y que de ninguna manera iban a permitir que esto sucediera. Sin embargo, días posteriores a este anuncio las máquinas retroexcavadoras siguieron trabajando con la faja de clausura puesta en el lugar”.

“Hoy, en definitiva, la defensa de los humedales queda en manos de los vecinos pobladores de las islas. La sociedad civil puede ejercer presión a través del reclamo y la demanda, pero si desde los organismos del Estado no hay voluntad política de acompañar, todo se torna cuesta arriba”, señala Domínguez. En esta línea, la Agrupación de Vecinos y Vecinas del Delta apunta: “Realizamos un pedido de informe de impacto ambiental y habilitaciones que se supone que las empresas deben presentar para poder intervenir en estos espacios. No recibimos respuesta ni del municipio, ni de provincia ni de nación”. A su vez, los vecinos expresan que su lucha no se reduce a un simple reclamo, sino que se enmarca dentro de acciones colectivas que involucran a otras organizaciones que también se oponen a estas expresiones económicas que empezaron a avanzar sobre el Paraná.

Acerca de la importancia de la acción en red, Folguera menciona que recientemente tomó contacto con la Agrupación Vecinos y Vecinas del Delta, con una organización de Brandsen y otra en Venado Tuerto: “Las tres con proyectos diferentes, vínculos y algunas cuestiones comunes; empiezan a escucharse, a pensarse y entenderse en términos colectivos. Empiezan a comprometerse con los espacios que habitan, el agua que toman y el aire que respiran. Al decir “esto no”, están diciendo en muchos sentidos y de muchas maneras en qué mundo sí quieren vivir”. Independientemente del éxito o fracaso de estas iniciativas, es la organización comunitaria, con avances y retrocesos, la que queda establecida.

“Las agrupaciones de vecinos nos oponemos a que estos emprendimientos violentos y depredadores ingresen a las islas, buscamos generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y trabajamos por construir una alternativa económica de desarrollo sustentable para la población isleña sin hacerle el juego a los negocios inmobiliarios que operan como un extractivismo más de ocupación territorial”, concluye Dominguez.

Sin ley y sin prestadores

Sin ley y sin prestadores

May 30, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Los prestadores de servicios a personas con discapacidad pararon durante cinco días. Una marcha de los trabajadores y los familiares exigió la aprobación de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad.

Los prestadores de servicios en discapacidad resolvieron marchar y llevar adelante un paro de cinco días desde el lunes pasado para visibilizar la situación que están atravesando. Denuncian el congelamiento del salario porque no actualizan el nomenclador, una baja en las prestaciones, el atraso en los pagos que va desde los 60 a 90 días, incluso hasta un año de deuda y la desregulación que implica que las obras sociales paguen lo que quieran.

Para visibilizar la emergencia del sector este jueves se realizó una jornada federal donde se movilizaron prestadores, personas con discapacidad y familias en todo el territorio nacional. El epicentro fue el Congreso nacional, a dónde llegaron más de cinco mil personas que luego marcharon al Ministerio de Salud, pasando por la sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el Ministerio, confluyeron con los trabajadores y usuarios de Hospitales Nacionales y de CABA. La jornada contó con una alta adhesión de personas con discapacidad, prestadores, centros y familias a nivel nacional.

Ailín Kupferberg es estudiante de psicología de la UBA, trabaja como acompañante terapéutica y como maestra de apoyo a la inclusión. Contó a ANCCOM que son dos trabajos que se cobran distinto porque el acompañamiento terapéutico no está nomenclado y el trabajo en colegio sí, aunque ambos son bajo monotributo: “Estar nomenclado significa cobrar a través de un tarifario que está congelado desde el año pasado. Los aumentos del 2024 fueron insignificantes, del 0,5% o 0,1%”. Actualmente, el nomenclador está en casi 310.000 pesos por trabajar de lunes a viernes un módulo, que son 4 horas. A su vez, Elizabeth Foschi, presidenta de C.A.S.A.I.E (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa) e integrante del centro Andalican, manifestó que “la situación es muy compleja, venimos cobrando un 73 por ciento abajo de la inflación que se viene acumulando”.

Kupferberg consideró que tienen “muchísimo trabajo invisibilizado”, en referencia a reuniones finalizado el horario laboral, preparación de materiales, adecuaciones curriculares, reuniones con familias e informes. Además “pretenden sacar el monotributo y que pasemos a ser responsables inscriptos, lo que implica pagar muchísimo más de impuesto”, enfatizó la profesional y sentenció: “Si trabajamos ocho horas diarias no llegamos a una canasta básica”.

Por su parte, Foschi contó que “los centros no pueden sostener los alquileres, impuestos, materiales y lo necesario para funcionar”. Además, destacó que nunca hicieron paro: “Es la primera vez en tantos años que hacemos un cese de actividades. El cuello de botella es tan fino que no damos más”.

Sin reunión

Los prestadores denuncian que es una mesa de directorio la que marca el nomenclador nacional donde se encuentran la Superintendencia de Salud, PAMI, ANDIS y representantes de los prestadores. Hace nueve meses que no se actualiza el nomenclador y como no van a dar aumento, no hay reunión.

Otra de las variables de la situación es que el acompañamiento terapéutico no está regulado, durante la gestión anterior la ley obtuvo media sanción pero ya perdió estado parlamentario por lo que cada centro y obra social paga lo que quiere, entonces cada acompañante va a trabajar a donde mejor pagan.

La figura del acompañante cobró relevancia y visibilidad a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657, promulgada en el año 2010. Ésta prohíbe la creación de nuevos manicomios y resalta el derecho de las personas que estuvieron encerradas muchos años en ellos a vivir en comunidad. Al respecto, Kupferberg remarcó que “la función del acompañante tiene que ver con restituir la ciudadanía”.

“No hay una contención en los tratamientos en ningún sentido –lamentó Kupferberg-. Quizás estás trabajando con alguna niñez para fortalecer el vínculo y si no te pagan tenés que dejar de trabajar”. La terapueta también habló sobre la importancia de ese vínculo: “No es fácil conseguir acompañante, para algunos es su único lazo social porque hay gente que no tiene familia ni comunidad”, destacó.

El gobierno también avanza contra los migrantes

El gobierno también avanza contra los migrantes

May 29, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El Gobierno nacional publicó un decreto que endurece el régimen migratorio: mayores requisitos para radicarse en el país y aranceles a la salud y educación, entre otras modificaciones.

El 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 366/2025, que modifica el régimen migratorio vigente desde la aprobación de la Ley 25.871 en 2004. La reforma no resultó del todo sorpresiva ya que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso el pasado 1° de marzo. Luego, había sido ratificada el 14 de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena campaña electoral como candidato a legislador porteño.

Ana Mallimaci, socióloga especialista en migraciones, compartió su postura sobre cómo la migración se ha convertido en eje de campaña: ‘’Plantear una reforma migratoria más dura en ese momento es leído como algo que da votos. La mayoría de la población debe estar a favor de este tipo de medidas. Es parte de la batalla cultural, es parte de una manera de insertarse en el discurso de las derechas autoritarias del mundo, en donde el tema de la  migración está en el centro. Adorni, empiezan diciendo: ´este país que fue construido con el aporte migrante, los buenos migrantes´. Efectivamente establece una diferencia moral entre los migrantes del bien y los migrantes del mal. También porque tienen mucho apoyo de la población venezolana, entonces tienen que hacer estas sutilezas. Con Milei se corre el límite de lo decible y lo no decible. En Argentina hay dos cosas: una xenofobia típicamente argentina, sobre todo hacia los cuerpos marrones, sobre todo hacia los pueblos originarios; y una xenofobia de las derechas globales, donde tienen un discurso mucho más de esta idea del enemigo interno, que el migrante viene a socavar la identidad nacional”.

Los cambios más importantes que introduce esta nueva legislación son imponer mayores requisitos en el ingreso al país y para obtener la nacionalización, modificaciones en los procesos de deportación y el arancelamiento de las prestaciones de salud y educación pública superior para aquellos migrantes que no cuenten con residencia permanente. El DNU argumenta estas medidas como una solución que ‘’permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes’’.

El gobierno argumenta que la nueva legislación es el medio para solventar los problemas de financiamiento que atraviesan las universidades y los centros de salud, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir que responsabiliza a los migrantes de ser los causantes del deterioro de los servicios públicos, a pesar de que los grandes reclamos que se realizan desde educación y salud son por el desfinanciamiento de los sectores mediante la pérdida del salario real y el congelamiento o recortes presupuestarios.

Mallimaci observa que el decreto se basa en supuestos erróneos: ‘’El DNU dice que la ley vigente fomenta la migración pero la migración bajó en los últimos años. Y después son todas ideas que tienen que ver con prevenir algo que tampoco pasa, que ellos creen que puede pasar, que son nuevos riesgos que existen por la política migratoria de Estados Unidos. Entonces suponen que pueden venir personas deportadas a la Argentina y miembros de organizaciones terroristas’’. Además agrega que el DNU, ‘’construye un migrante eternamente sospechoso, alguien que viene a abusar y es responsable de las crisis del sistema de salud y educación, justamente en un momento donde hay una profunda desfinanciación. Cuando se cuenta la cantidad de estudiantes extranjeros, se incluye toda persona nacida en el extranjero. O sea, que personas que residen hace 20, 25, 30 años acá, que hicieron toda su educación en Argentina, también es contada en este número’’.

Por su parte, ANCCOM, dialogó con Natividad Obeso, miembro de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA: ‘’Lo que esta haciendo este gobierno es de terror. Es un gobierno fascista, xenofóbico, racista. Nosotras y nosotros luchamos mucho por la Ley 25.871 a principios de los 2000 y seguiremos luchando para defenderla. Yo hace muchísimos años que vivo en este país, y amo esta tierra, esta nación, me forme y formé toda mi familia acá. Argentina es una tierra de migrantes. Lo que hay es una discriminación hacia el peruano, al boliviano, al paraguayo que los tratan de delincuentes. Es una situación muy fuerte, muy terrorífica para nuestros hermanos y hermanas. El decreto dice que hubo un aumento de la migración irregular pero no dice que desde hace meses que no imprimen DNI, que no avanzan con los trámites. En las elecciones, a muchos que hace más de diez años que vivimos acá, todavía no nos permiten votar porque no aparecemos en los padrones, por más que contamos con todos los papeles. Tampoco dice que un DNI solía costar tres mil pesos y hoy sale sesenta mil. Hay muchas trabas’’.

Esta no es la primera modificación a la ley migratoria: durante el gobierno de Mauricio Macri, en el 2017, fue modificada también mediante el DNU 70, el cual se derogó por el expresidente Alberto Fernandez, aunque ya había sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial por no ser considerada una causa de necesidad y urgencia y vulnerar los derechos de las personas migrantes. Frente a la nueva reforma, Obeso anticipa que ‘’vamos a buscar declarar, como en el 2017, la inconstitucionalidad del DNU, porque lo es. Estamos hablando con diputados, senadores, abogados migrantes que nos ayuden y asesoren. Pero hay mucho miedo, tenemos miedo de exponer a compañeros; sabemos que si salimos a marchar tenemos que ser muchos porque si a los propios argentinos reprimen, a nosotros que no les importamos directamente, nos van a matar. Nuestra comunidad está muy dividida pero yo creo que podemos unirnos, que podemos salir adelante y luchar por nuestros derechos. Lo que yo digo es que no necesitamos cabezas, necesitamos brazos, necesitamos que nos acompañen, que los medios nos escuchen’’.

La reforma migratoria se suma a los múltiples reclamos que atraviesan hoy a la Argentina. La cuestión no parece impactar en ninguno de los problemas de agenda del país: según el Censo 2022 la población migrante del país apenas representa el 4,5 por ciento de la población. ¿Será una nueva nube de humo para desviar la discussion sobre el desfinanciamiento de la salud y la educación, entre otras areas ajustadas?

Segunda condena a los mapuches de Villa Mascardi

Segunda condena a los mapuches de Villa Mascardi

May 29, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Los seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de General Roca, acusados de usurpación de varios predios ubicados en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a los seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu acusados de usurpación de varios predios ubicados en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Las penas, en su mayoría a dos años de prisión, fueron dictadas “en suspenso”. Varias de estas personas habían sido condenadas en octubre de 2024, entre ellas la machi (sanadora) Betiana Colhuan, por la usurpación de dos lotes de la Administración de Parques Nacionales. Su defensa anticipó que apelará el fallo, pero en caso de quedar firme implicará que vayan presas quienes, como la machi, suman dos condenas.

El juicio se originó a raíz de la presunta ocupación de terrenos pertenecientes al Estado y a dos privados entre julio de 2018 y octubre de 2022. En aquel momento, la entonces jueza Silvina Domínguez autorizó el violento desalojo del terreno donde se encuentra el exhotel de Parques Nacionales y las estancias La Escondida y Los Radales. Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), fue el debut del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad, que irrumpió con violencia en las casas, en presencia de menores, y fueron detenidas estas mujeres que el lunes 26 resultaron condenadas. Una de ellas, Romina Rosas, dio a luz mientras estaba presa.

Para el Tribunal Oral Federal de la ciudad patagónica -llamativamente, compuesto por un solo integrante- no fueron suficientes los testimonios de las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, responsables de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche; o de la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la exdefensora del Público, Miriam Lewin, o la abogada del Serpaj, Mariana Katz, en defensa de la comunidad de pueblos originarios.

El magistrado Alejandro Silva tampoco valoró la estrategia de la defensa, a cargo del equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, representado por los abogados Laura Taffetani, Gustavo Franquet, Luis Sánchez, Álvaro Árias Camacho y Eduardo Soares, entre otros, quienes durante más de cuatro horas expusieron las inconsistencias de los argumentos acusatorios de los querellantes -Parques Nacionales y los presuntos vecinos afectados por la presencia de la comunidad mapuche- y del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. “La causa trucha y armada contra la comunidad Winkul siempre fue un juicio político”, expresaron los abogados de la defensa.

“La justicia siempre acompaña el modelo económico-social al que pertenece. No creemos que sea independiente. En un sistema capitalista, la justicia está armada para sostener lo que está, no para modificarlo”, había anticipado Taffetani recientemente en declaraciones a ANCCOM. Y el tiempo, finalmente, le dio la razón.

Tras escuchar las últimas palabras de los acusados, el juez Silva anunció que a las 13 daría a conocer el veredicto del juicio. Y con una puntualidad digna de un reloj suizo, el magistrado retomó la audiencia virtual a esa hora exacta para dar a conocer su resolución, en la que condenó a todos los acusados. Matías Santana -quien recibió el veredicto cumpliendo arresto domiciliario- recibió una pena de 2 años y seis meses de prisión en suspenso, que se unificó con una condena anterior de un año de prisión para finalmente recibir una pena de tres años. También se determinó el cese de la prisión domiciliaria.

Del mismo modo, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso Jessica Bonnefoi, mientras que las penas fueron ligeramente menores para el resto de los acusados: Romina Rosas, dos años y cuatro meses de prisión; Martha Luciana Jaramillo, dos años y cuatro meses; Colhuan, dos años y dos meses de prisión y María Celeste Ardaiz Guenumil. Además, todos deberán cumplir con los requisitos de fijar una residencia e informar a las autoridades en caso de viajar a algún lugar. En su fallo, el juez Silva agregó la imposibilidad de acercarse al predio conocido como “La Escondida” y al territorio de Villa Mascardi del que fueron expulsados, además de no poder interactuar con sus presuntos propietarios y/o con trabajadores de Parques Nacionales. A su vez, el magistrado desistió de ordenar la remoción del rewe -objeto ceremonial de madera que representa un lugar sagrado, espiritual y medicinal para los mapuches- ubicado en el predio en disputa. Sin embargo, esto responde a una cuestión más técnica que de respeto a la cultura mapuche, ya que hay una causa en la justicia federal de Bariloche que deberá definir eso.

“Esta lucha no va a terminar con nosotros”

Durante la última audiencia del juicio, en los momentos previos al anuncio de la sentencia, cinco de los seis integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu utilizaron su derecho a decir unas palabras, tanto en su idioma ancestral mapudungun como en castellano.

La primera fue Jaramillo, quien argumentó que durante el juicio se demostraron “de sobra” argumentos que sostienen las razones por las cuáles se hacen las recuperaciones y reivindicaciones territoriales. «No solo dicho por nosotros, los que hoy estamos acusados de usurpar nuestra propia tierra, sino también de otras autoridades tradicionales de nuestro pueblo mapuche, como así también peritos científicos como las antropólogas, a quienes agradecemos, dejaron desde su conocimiento los fundamentos por los cuáles nosotros estamos retornando a ese territorio», sostuvo. “Es un error histórico seguir negando la existencia de nuestro pueblo, los reclamos y las reivindicaciones que tenemos. Entiendo que todo esto es producto del colonialismo, somos un pueblo invadido y oprimido. Como ha ocurrido en la antigüedad, hoy nos persiguen, nos judicializan, nos encarcelan. Han matado a nuestra gente también, es como si nos quisieran obligar a dejar de ser quienes somos, como si estuviera mal ser mapuche”, enfatizó. Para Jaramillo, así como otra gente luchó antes, “vendrán otras generaciones que seguirán luchando, estamos sosteniendo esta resistencia para seguir existiendo como pueblo originario. Lejos de victimizarnos, hemos venido a contar nuestra verdad”, agregó.

A su turno, Romina Rosas aseguró sentirse “indignada” por un proceso judicial al que consideró un “atropello” y aseguró que ser mapuche es “vivir en la naturaleza, defenderla y ser uno solo con ella”. En uso de sus últimas palabras en la audiencia que se realizó por Zoom, la mujer aseguró que no fueron respetadas en ninguna instancia de este proceso. “Cuando fueron a allanar, cuando fueron a atropellar a nuestra comunidad, nos arrastraron, nos pegaron, nos gasearon. Los niños se tuvieron que replegar en el monte y también fueron perseguidos y les dispararon”, cuestionó, en relación al violento operativo de desalojo en Villa Mascardi.

“El Estado Argentino tiene una gran deuda con nuestro pueblo: de la Campaña del Desierto hasta ahora, solamente ha habido pura imbecilidad y salvajismo de parte del Estado. Terrorismo, invisibilización, criminalización, asesinatos. Y todo por un gran interés, el territorio mapuche”, remarcó. Además, cargó contra la Fiscalía, a la que acusó de no tener argumentos, ni testigos en su contra. “¿De qué estamos hablando? ¿Qué montaje es este?”, se preguntó.

“Este juicio fue una barbarie para nosotros y es el mensaje que le están dando a todo el pueblo mapuche: el desalojo, el despojo. No importa nada. La solución ya estaba marcada antes de que empiece, no quisieron recibir testigos, solamente tuvieron más de parte de la querella. Eso no es igualitario, no hay respeto”, arremetió Rosas.

Por su parte, Santana también arremetió contra el desarrollo del juicio que lo tuvo como uno de los acusados. “Tanto la Fiscalía como los querellantes, en tanto tiempo de proceso investigativo no han podido encontrar ni una prueba concreta de lo que son los cargos y las acusaciones. Nos volvemos a encontrar en un proceso donde se da la vulneración de nuestros derechos”, cuestionó. El joven mapuche, testigo clave en el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, expresó que el juicio es parte de una decisión política. “Esas decisiones políticas hablan hoy de que nosotros tenemos que perder la libertad, dejar de lado todos nuestros derechos que deberíamos tener garantizados. Volvemos a hablar de un Estado ausente”, afirmó.

Justicia amañada

“Hoy hay prefectos asesinos que andan caminando por la calle en libertad y, sin embargo, nosotros tenemos que cumplir cárcel para que ustedes nos escuchen. Eso es un proceso injusto”, remarcó, en alusión al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel de un tiro por la espalda por parte de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura, precisamente en la comunidad que ahora está en el banquillo. “Nosotros ya fuimos condenados, porque fuimos condenados a vivir en la miseria, a ser una mano de obra barata”, aseguró Santana. “Volver a un territorio no es delito, volver a ocupar lo que alguna vez nos ocuparon a sangre y fuego no es delito e, independientemente de la decisión que tome la justicia, vamos a seguir en esta lucha y levantando la voz, porque el nuestro es un pueblo que está más vivo que nunca”, sentenció.

Luego tomó la palabra Güenumil y repudió las “metodologías genocidas” que condenan a la comunidad mapuche. “Es injusto que nos sigan condenando, que nos sigan hostigando, que sigan violando nuestros cuerpos, a nuestros hijos y nuestros territorios”, dijo. Y se dirigió al juez Silva: “Está en sus manos tener una decisión política histórica y que realmente haya un respeto a nuestra autoridad, a nuestra machi Betiana y a su rewe, que es un espacio ceremonial y de salud”, manifestó. “Nos están condenando a nosotros, que defendemos la vida. Siempre hemos sido los más discriminados, tirados, en las periferias, a la pobreza y jamás han querido que nosotros tengamos un pensamiento político, social, donde nosotros planteemos nuestra filosofía de vida y que podamos existir con nuestra cosmovisión. Siempre se ha demostrado la violencia y el racismo”, remarcó.

En el orden solicitado por la defensa, por último habló Colhuan, quien insistió en el rol sagrado del rewe para su comunidad y en la inexistencia de delito. “Soy hija de la naturaleza, de mi territorio, la montaña, los lagos, y mi deber, la razón de mi existencia, es defender nuestros territorios”, expresó. “Soy descendiente de todas las machis que asesinaron, que quemaron como brujas. También soy descendiente de los valientes luchadores que defendieron nuestros territorios para que hoy nosotros estemos acá. Por eso no me considero usurpadora de ningún territorio. Somos la continuidad de la resistencia de un pueblo al que intentaron exterminar y no lo pudieron hacer”, enfatizó. “Para nosotros es muy injusto acusarnos de usurpación de un territorio que sí fue usurpado por el Estado cuando llevó a cabo una campaña genocida y que no pudo ser porque este pueblo, digno, ha resistido tanto avance y atropellos”, agregó.

“Ese territorio para nosotros es un espacio sagrado, por eso no voy a retroceder ni un paso, porque ese espacio es el que vio nacer a mis hijos y es el que hoy guarda la vida de Rafael Nahuel. A él lo asesinaron por la espalda por ese espacio”, insistió.

“Tal vez quieran encerrarnos, desalojarnos y despojarnos de nuestro territorio, pero esta historia y esta lucha no va a terminar con nosotros. A nuestros cuerpos los van a poder encarcelar, pero nuestro espíritu va a seguir siendo libre. Aunque nos tiren con gas, nos asesinen, somos parte de la naturaleza y la vamos a respetar y vamos a seguir existiendo en nuestro territorio para proteger la vida”, concluyó.

“Hablaron de ideología porque no tienen ninguna prueba”

En las jornadas previas, el equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina expuso en su alegato durante poco más de cuatro horas los motivos por los que consideraban que los miembros de la comunidad mapuche debían ser absueltos.

En primer lugar, el abogado Luis Sánchez cuestionó que los integrantes de la comunidad estuvieran siendo juzgados dos veces por el mismo hecho, algo que en el Derecho se conoce como “non bis in idem”. Además, resaltó que ninguno de los acusados pudo ser identificado como autores de los delitos que se le endilgaron. “En ningún momento identifican o aportan prueba alguna para distinguir quién, cuándo o cómo se produce el supuesto despojo, que es el hecho objetivo que nosotros estamos investigando en este caso. No hay datos concretos, es todo conjetural y obviamente pretenden sostener esta acusación en base al hallazgo de pertenencias en las rucas (casas) de nuestros defendidos como si eso demostrara algo”, sostuvo.

En tanto, Gustavo Franquet, expresó: “Es tan político este caso que, si la audiencia de conciliación se hubiese llevado a cabo como requirió la defensa en su momento, habría un Gobierno que había firmado el acuerdo conciliatorio y hubiese venido a refrendar lo que había firmado. Cuando, finalmente, se realizó a instancias de la Cámara de Casación, había cambiado el Gobierno y el argumento central con el que se rechazó la homologación del acuerdo fue que la víctima que tenía que comprometerse ya no estaba de acuerdo”. De hecho, durante el gobierno anterior se había llegado a un acuerdo político.

Franquet recordó que el eje de este conflicto “es el levantamiento de una machi y de su rewe, algo que tiene una enorme trascendencia para la historia del pueblo mapuche”.

En tanto que el doctor Siro Soto puso énfasis en la “indignación” que genera el “juego criminalizador” de la Fiscalía y la querella queriendo aplicar el derecho penal para resolver un conflicto territorial. Por su parte, el abogado Álvaro Arias Camacho citó jurisprudencia que destaca que la ocupación de un inmueble -sea legítima o no- no puede configurar por sí misma el delito de usurpación y cuestionó a la Fiscalía y la querella por “tropezar con la falta de perspectiva de interculturalidad” al no entender el rol del rewe para la comunidad.

“Justamente, al no entender esta realidad que tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento de la vida espiritual, de la cosmovisión del pueblo mapuche, es que se llega a interpretar su accionar como un medio comisivo cuando, efectivamente, no hay forma de poder engarzar estas acciones en una figura penal”, argumentó.

Mapuches torturadas

Asimismo, Blanca Barreiro puso énfasis en la violencia institucional del Estado sobre la comunidad acusada de usurpación, puntualizando sobre las mujeres que forman parte de la misma. “Estas mujeres fueron golpeadas desde el primer momento en que se las detuvo, arrastradas, llevadas de los pelos, subidas a los móviles. En los móviles le seguían pegando, incluso a Romina Rosas, que estaba embarazada ya casi a término. Quedo corta si digo que son tratos crueles, inhumanos, vejaciones, porque es tortura. No tiene otro nombre”, remarcó.

En tanto, Laura Taffetani resaltó la “irregularidad” del proceso judicial desde su inicio en primera instancia al mencionar su inicio por el incendio de una casilla de Gendarmería instalada en un predio privado. “Nadie comprende cómo puede haber un puesto de una fuerza pública en una propiedad privada”, ironizó. “Esto habilitó a que la fiscal María Cándida Etchepare solicite un allanamiento y desalojo al lugar que supuestamente había sido tomado”, protestó.

Además, Taffetani consideró que se “violó el derecho de defensa” de los acusados al no permitir que estuvieran sus defensores presentes durante el allanamiento e, incluso, invocar la Ley de Seguridad Interior para que la causa tuviera secreto de sumario.

“Entraron sabiendo que había niños, y se sabe que por el protocolo tendría que haber sido notificada la Oficina de Niñez para que vaya e intente una mediación. Y le puedo asegurar que si hay alguien que tiene cuidado por los niños y por las niñas esa es la comunidad mapuche”, cuestionó.

Por último, Eduardo Soares denunció que el juicio se trataba de una “causa trucha” creada por el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en complicidad con la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad. “Desde la instrucción venimos viendo racismo y desprecio. Y todo esto lo hicieron ustedes: la Fiscalía, Parques Nacionales y los sectores racistas y supremacistas”, arremetió. “Esta gente no habló de derecho, ni siquiera de su propia prueba. Hablaron de ideología, no tienen nada, no tienen ninguna prueba”, remarcó.