¿Existe la vida después de X?

¿Existe la vida después de X?

Dic 4, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Numerosos escritores, intelectuales y medios de noticias decidieron dejar la red sociodigital X preocupados por la reproducción masiva de desinformación y discursos de odio que circula en ella. ¿Hay redes alternativas?

Tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en octubre de 2022, se han multiplicado las preguntas acerca de a qué intereses responde la red social y si potencialmente esta puede ser un amplificador de desinformación y discursos  de odio. Los problemas con la red social, rebautizada por su nuevo dueño como X.com, se profundizaron desde la compra. Por esta razón varios medios europeos de gran renombre abandonaron la plataforma, como es el caso del diario britanico, The Guardian y La Vanguardia, uno de los principales diarios de España. Ambos medios argumentaron su preocupación por la fuerte proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas que existe en la red social como la principal razón de su abandono.

Por otro lado, el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el consiguiente nombramiento de Musk para dirigir un hipotético nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno, han potenciado el rechazo al personaje y el éxodo de usuarios que deciden no continuar en la plataforma. A los diarios mencionados se sumaron algunas celebridades como, por ejemplo, el escritor estadounidense Stephen King y la actriz Jamie Lee Curtis. Luego, miles de usuarios más anónimos siguieron su camino. En el ámbito local, la periodista María O’Donnell es una de las que anunció que está considerando abandonar X. Pero una pregunta sigue sin ser respondida: ¿Existe una alternativa a la plataforma de Musk?

BlueSky

BlueSky parece ser la red social que más se ha beneficiado del éxodo de usuarios que abandonan X, siendo la principal alternativa a la plataforma de Musk. Fue creada por el antiguo dueño de X, Jack Dorsey y tiene un diseño similar al Twitter original. Además, permite a sus usuarios organizar su timeline y clasificarlo, eludiendo contenidos o cuentas que prefieren evitar y seleccionando temas y usuarios de mayor interés. Debido a su diseño y su protocolo relativamente descentralizado, BlueSky dificulta la acción coordinada de bots y la proliferación de discursos de odio, lo cual explica porque es la opción favorita de aquellos que dejan X preocupados por este problema.

En diálogo con ANCCOM, Martin Becerra explica: “En Bluesky hay y habrá discursos de odio al igual que en toda red social. El tema es que esos discursos no están estimulados por diseño algorítmico, lo que sí ocurre especialmente con X. La organización cronológica del timeline, la posibilidad de desactivar respuestas violentas con las que los trolls suelen citar contenido ajeno y de que los bloqueados no puedan ver el contenido de quienes los bloquearon, atenúan la instalación de los ataques como ADN en esta plataforma”.

Mastodon

Desde el otro lado del ring, en un rincón que recuerda a los tiempos de inicio de la web y sus protocolos abiertos, está Mastodon, una red social creada en 2016 que permite al usuario tener más autonomía en su interacción con la plataforma. Al ser una red social descentralizada, basada en software libre, el usuario no debe conectarse a un único servidor central, sino que puede elegir entre varios que se comunican entre sí mediante un protocolo llamado ActivityPub. Cualquier agrupación, institución o empresa puede instalar su propia instancia en servidores propios y ofrecer a los usuarios que se sumen. Justamente esa falta de interoperabilidad es la que hace tan costoso irse de X: todo el trabajo previo, los seguidores, la trayectoria se pierden. Con Mastodon eso no podría pasar

“Mastodon promueve una relación más personalizada entre los usuarios de ese servidor y la persona que lo mantiene”, cuenta Uctumi, uno de los activistas de la organización Cybercirujas que prefiere utilizar su seudónimo de las redes.  “El problema con las redes que están centralizadas y tienen un dueño, es que pueden ser vendidas y manipuladas por cualquiera. En las redes descentralizadas ese poder central se elimina como posibilidad y el poder pasa a la comunidad”, agrega.

Entre las ventajas que ofrece Mastodon a la experiencia del usuario está que por diseño no tiene publicidad y es posible editar las publicaciones de manera gratuita. Además, la plataforma no cuenta con un algoritmo invasivo sino que el usuario ve cronológicamente el contenido de aquellos a los que decidió seguir. Las redes sociales comerciales, en cambio, en su afán de ganar dinero buscan mantener a los usuarios el mayor tiempo posible utilizando sus aplicaciones para mostrarles publicidad. Para esto utilizan algoritmos que entregan contenidos seleccionados y editorializan la experiencia, justamente uno de los mayores problemas de X.

En Mastodon, el usuario tiene más poder de elección que en otras redes, sobre qué contenidos ver. Uctumi explica: “Tenés varias líneas de tiempo, la más restringida que te permite ver sólo a los usuarios a los que seguís, una más amplia con la que tenés posibilidad de mirar todo lo que transcurre en el servidor al que estás logueado, o ver una línea de tiempo de todos los servidores que federan con ese servidor”. Una red de redes, como en los orígenes de internet, pero no como en la actualidad que cada empresa y plataforma busca generar jardines cerrados en los que mantener a sus usuarios.

 

¿Es sostenible este modelo?

Al ser un fenómeno reciente, siendo ambas plataformas aún muy jóvenes, todavía existen dudas acerca de si este modelo más descentralizado es sostenible en el tiempo. En el caso de BlueSky, al ser una empresa privada, su sustentabilidad depende de varios factores: “El financiamiento de Bluesky es tan opaco como el de otras redes y plataformas digitales, y el riesgo de que sea finalmente comprada por capitales que alteren su actual configuración existe y es real”, opina Becerra. Es importante recordar que BlueSky es una red “poco madura”, surgida en 2022, por lo tanto se requiere tiempo para ver en qué decanta. Como advierte Uctumi de Cybercirujas: “No sabemos si el día de mañana los dueños de BlueSky decidirán abandonar la idea de descentralización y vender su servidor central con todos sus usuarios a algún magnate”.

Por otro lado, el activista de Cybercirujas aseguró que es más seguro que Mastodon pueda mantener su carácter descentralizado que BlueSky: “Al ser una plataforma verdaderamente descentralizada, da muchas más garantías de que ninguna corporación se la apropie”. Habrá que esperar para saber si el fenómeno de la descentralización es algo sostenible en el tiempo. De momento, BlueSky y Mastodon son las opciones más viables para este éxodo de usuarios que abandonan la plataforma de Musk, pero solo el tiempo dirá si estamos ante un cambio de paradigma en el mundo de las redes sociales o la lógica de mercado se termina imponiendo sobre ellas.

Libertad de expresión en la era digital

Libertad de expresión en la era digital

Dic 4, 2024 | Comunidad, Destacado 5

La polémica sobre los bloqueos de redes virtuales privadas en diversos países pone en discusión cuándo se trata de un cercenamiento de la libertad de expresión y cuándo en un resguardo de la seguridad de los Estados.

El ecosistema de los medios de comunicación hoy se encuentra predominado por las plataformas digitales y la moderación de la circulación y acceso a la información está cada vez más regulada por el mercado. Frente a ella, los Estados intervienen con mecanismos de bloqueos, que muchas veces traen aparejada la limitación, cuando no, la prohibición de la libertad de expresión. Existen distintas maneras de regulación a través del bloqueo de redes sociales o sitios de internet como viene sucediendo en algunos países.
Quienes buscan sortear la prohibición pueden hacerlo a través de Redes Privadas Virtuales (VPNs, por sus siglas en inglés), que permite acceder de igual forma a los sitios, aunque se corre el riesgo de dejarles datos a terceros. Otra forma es con The Onion Router (TOR) cuyo significado de su nombre en español sería “el enrutador cebolla”, debido a que funciona en forma de capas.

Esta anonimización del usuario puede conllevar también a usos delictivos penados por los Estados, principalmente ejecutados en lo que se conoce como Dark Web, esto es el conjunto de sitios de internet que no son registrados por los buscadores como Google o Bing.

Cómo sortear los bloqueos

Una red privada virtual (VPN) funciona conectando tu dispositivo a un servidor ubicado en otro lugar, cifrando todos los datos que viajan entre ambos. De esta forma, el servidor actúa como intermediario entre el usuario e internet, ocultando la información entrante y saliente. Es como un carril exclusivo de una avenida, aislando al usuario del tráfico general de internet, con el plus de que no se puede ver desde afuera.

The Onion Router (TOR) divide la conexión en varias capas de cifrado y la envía por diferentes computadoras («nodos»). Cada nodo elimina una capa de cifrado, pero solo sabe a qué nodo enviar después, manteniendo camuflado el origen. TOR también declama “condenamos el mal uso y la explotación de nuestra tecnología para actividades criminales” a la vez que señala que su objetivo “es promover los derechos humanos con tecnología libre y de código abierto, capacitando a los usuarios para defenderse de la vigilancia masiva y la censura en Internet”.

Algunos casos

Recientemente, sitios de noticias y redes sociales (como X) han sido bloqueadas en diferentes naciones, en algunos casos llegando a restricciones totales de internet. En Venezuela, luego de las elecciones cuestionadas por organismos internacionales que dieron por triunfador a Maduro, se bloquearon redes sociales, servicios de streaming y e-commerces como Mercado Libre. En Bangladesh, el apagón de internet se dio a partir de las protestas estudiantiles que terminaron con el gobierno de Hasina, posteriormente detuvieron el apagón pero limitando la conexión con ciertas páginas.

En Colombia, se reportaron bloqueos de internet en manifestaciones ocurridas en 2021. Al respecto, “han habido juicios por acceso a la información pública para ver qué medidas tomó el Estado cuando fueron las movilizaciones respecto de si se dieron algunas órdenes por razones de seguridad para establecer bloqueos a personas que estaban cubriendo la situación en esos momentos”, mencionó Damián Loreti, abogado, titular de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

En Brasil, a partir de que Elon Musk se negó a eliminar perfiles partidarios de Bolsonaro y cerró las oficinas de X, el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal ordenó impedir el acceso a esa red social. En este caso, Loreti resaltó que “es diferente porque no son bloqueos preventivos, sino por incumplimientos a órdenes firmes y se aplican como sanciones procesales. Cuando X no paga la multa, De Moraes les dice que repongan la representación legal y, por no haber cumplido, suspendieron el funcionamiento”.

El especialista en derecho a la información suma: “En eso agrega dos cosas más, una es la prohibición, a cumplir en no más de 5 días, a las tiendas de aplicaciones que no podrían facilitar VPNs ni otras cosas que posibilitaran bypassear la orden. Eso lo suspende al rato, las razones las podemos imaginar, que Google y Apple protestaron. Hay otro punto que se mantuvo, una multa de 50 mil reales (ocho mil dólares aproximadamente) a las personas que, vía VPN, se saltearen la restricción. Esto fue cuestionado, de hecho, se presentó un escrito por la orden de abogados de Brasil, tanto por temas de libertad de expresión como por razones de defensa en juicio, porque le estaban aplicando una decisión judicial a personas que no habían formado parte del juicio, entonces les estaban poniendo una prohibición como resultado del incumplimiento de otro”.

NetBlocks es un sitio que se considera un observador de internet y da cuenta de más casos como en Gabón, el día de las elecciones, o de redes sociales en Senegal, entre tantos otros. Esto ha llevado a los usuarios a tratar de evadir las restricciones, principalmente vía el uso de VPNs, que crea una conexión aparte de la del proveedor de servicios de internet (ISP, su sigla en inglés) permitiendo acceder a contenido disponible que este deniega.

Vancis Roda es técnico superior en Seguridad Informática y estudiante de la carrera de Abogacía, se denomina liberal, aunque ya no milita en La Libertad Avanza. Al respecto, opinó que “estas restricciones y bloqueos a sitios de internet, cuando no responden a razones legales justificadas y adecuadas a los principios internacionales en materia de derechos humanos sino que obedecen a motivos estrictamente de pretensión de control e influencia gubernamental sobre medios de comunicación son un atentado directo contra los derechos fundamentales en el ciberespacio, especialmente respecto a la privacidad”.
Continuó destacando que “no sólo limitan el acceso a la información, sino que también buscan controlar el flujo de ideas, lo cual es sumamente peligroso para cualquier sociedad que valore la libertad. Pese a ello, tampoco es cierto que sea sano para una sociedad que ciertos medios de comunicación dominantes (como lo es X) que operan y permiten el acceso, registro y toda otra actividad de ciudadanos argentinos, permitan un libre albedrío carente de contralor e inclusive desprovista de sistemas de censura y respuesta a órdenes judiciales cuando se advierte la lesión de bienes jurídicos especialmente protegidos, como el derecho al honor, a la intimidad, el cese de acciones de grooming, actos discriminatorios, la glorificación de delitos, el aliento a cometerlos y otros supuestos de excepción”.

Por su lado, Loreti opinó: “Lo que pone en juego esto es de qué modo los Estados hacen que se cumplan sus principios soberanos de estado de derecho y de cumplimiento de sus decisiones judiciales contra empresas que, en muchos casos, son varias veces más grandes que los propios Estados”. A lo que el especialista en derecho a la comunicación y a la información agregó: “Dicho esto, para los relatores especiales de libertad de expresión, los bloqueos per se no son ilegales. Lo que pasa es que tienen que estar fundados en ley, cumplir con un fin legítimo específico y ser la medida menos gravosa, de modo tal de cumplir con ese fin legítimo y no afectar la libertad de expresión de modo innecesario, esto se llama principio de necesidad social imperiosa. La discusión es si en Brasil había alguna medida menos gravosa una vez que el tipo no pagó la multa”.

 

Quién confía en las VPNs

Damián Loreti se expande sobre la tensión que generan los sorteadores. El integrante del CELS agregó que “los mecanismos de anonimización, como la red TOR, están recomendados por David Kaye en un informe del relator de libertad de expresión de Naciones Unidas de 2015 por situaciones de investigación periodística o de libertad de expresión en contextos complejos”. El documento al que hace mención Loreti puede encontrarse en internet y, allí Kaye afirma que “TOR, cuenta con más de 6.000 servidores descentralizados en todo el mundo que reciben y transmiten datos varias veces para ocultar la información de identidad sobre los puntos extremos, creando así un anonimato sólido para sus usuarios”.

A su vez, analiza que “los Estados han tratado de combatir las herramientas de anonimato, como TOR, los servidores proxy y las VPN, denegando el acceso a estas herramientas. China ha bloqueado el acceso a TOR desde hace tiempo y, según informaciones recibidas, funcionarios del Gobierno de Rusia ofrecieron más de 100 mil dólares por las técnicas que permiten identificar a los usuarios anónimos de TOR. Además, Etiopía, Irán y Kazajstán han intentado, al parecer, bloquear el tráfico de TOR. Dado que dichas herramientas pueden ser los únicos mecanismos de que disponen los usuarios para ejercer su libertad de opinión y de expresión de forma segura, se debería proteger y promover el acceso a las mismas”.

Roda, por su lado, enfatizó en que “necesitamos un equilibrio que permita combatir los delitos en línea sin caer en prácticas autoritarias que coarten nuestras libertades esenciales, y para ello necesitamos una sociedad que conozca sus derechos, entienda las herramientas técnicas que se encuentran a su alcance, y pueda tomar mejores decisiones sobre cómo administrar y regular su actividad en línea y la gran huella de la misma”.

Al respecto del uso de la tecnología, consideró que “en este contexto, las VPNs juegan un papel crucial. Son herramientas que permiten a los usuarios proteger su privacidad y acceder a contenidos sin restricciones geográficas o políticas. Las VPNs ofrecen una capa adicional de seguridad frente a prácticas invasivas y monitoreo no deseado. Pero su rol va más allá; también son un medio para sortear censuras y mantener el acceso a información típicamente no disponible por actos de restricción, sean legítimos o no”.

Zack Whittaker es editor en temas de seguridad de TechCrunch y hace poco escribió un artículo en el que recomienda no confiar tanto en las VPNs debido a que “simplemente desvían todo tu tráfico de Internet de los sistemas de tu proveedor de Internet a los sistemas del proveedor de VPN. ¿Por qué deberías confiar más en una VPN que promete proteger tu privacidad que en tu proveedor de Internet? La respuesta es sencilla: no puedes y no debes”.

“Algunos de los peores infractores son los proveedores de VPN gratuitas, que ofrecen sus servicios sin coste alguno a cambio de monetizar tus datos. Esto significa que toman tu tráfico de Internet y lo venden al mejor postor para ofrecerte anuncios específicos mientras estás conectado a la VPN. Las de pago tampoco resuelven el problema de canalizar todo tu tráfico de Internet a una empresa potencialmente poco fiable. También es razonable desconfiar de las ofertas de algunas de las mayores empresas tecnológicas, algunas de las cuales ganan dinero vendiendo anuncios”, explica.

Allí también enfatiza en que “varios proveedores de VPN también afirman que protegen tu privacidad al no almacenar ningún registro ni rastrear qué sitios web visitas ni cuándo lo haces. Aunque esto puede ser cierto, no hay forma de estar completamente seguro. Las políticas de privacidad hacen promesas, pero sólo tenemos la palabra del proveedor. Algunos han afirmado que no almacenan ningún registro, pero se ha demostrado falso tras la filtración de grandes cantidades de datos de usuarios de VPN o al responder a peticiones legales que proporcionan a la policía el tipo de datos que los proveedores afirmaban que ni siquiera almacenaban para empezar”.

Donde hay una necesidad, nace una deuda

Donde hay una necesidad, nace una deuda

Nov 30, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Investigadores e investigadoras de universidades nacionales y de Latinoamérica junto a algunas organizaciones sociales se reunieron para pensar un proyecto de ley para el desendeudamiento de las familias. Según los especialistas los sectores más afectados son las mujeres y personas con responsabilidades de cuidado. El impacto del costo de los medicamentos y alquileres.

Con la idea de diseñar un proyecto de ley integral que tenga como objeto principal el desendeudamiento de las familias, el diputado nacional Daniel Arroyo inició un seminario junto a especialistas y académicos de Argentina, Brasil y Chile. Participaron del intercambio representantes de la Universidad de Estado de Río de Janeiro y de la Universidad Central de Chile e investigadores de la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA),  de San Martín y General Sarmiento, entre otros. Durante su intervención Ariel Wilkis, autor del libro Una historia de cómo nos endeudamos sintetizó la problemática: “Cuando hay una necesidad ya no hay un derecho, hay una deuda”.

Costos fijos altos, créditos bajos y tasas usurarias

“Alguien que saca un crédito de 200 mil, no puede devolver más del doble”, denuncia el diputado nacional Daniel Arroyo durante su exposición.

Entre el tintineo de las tazas de café, las jarras de agua sirviendo, las lapiceras escribiendo y las páginas de los cuadernos dando vueltas, comenzó el seminario con la idea presentada por Wilkis: “La hipótesis que estamos trabajando y pensando hace tiempo es que múltiples malestares sociales, políticos y subjetivos, tienen conexiones con dinámicas de endeudamiento, sin necesidad -y esto es importante- de que el endeudamiento sea el desencadenante”.

El trabajo realizado por el autor y decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, se complementa con las estadísticas realizadas por el CELS en conjunto con el Ministerio de Economía de la Argentina sobre el endeudamiento, en particular, del crédito informal. Soledad Villafañe, investigadora de la CEPAL en diálogo con ANCCOM explica que esta nueva estadística “complementa la del Banco Central porque la del Banco Central solo mide el atraso del pago de las deudas de las personas que se endeudaron en el sector formal”.

 

Arroyo entiende que el endeudamiento generalizado es un fenómeno de varios años en la Argentina que se agravó con el aumento de los costos fijos como luz, gas, agua, alimentos y transporte. En referencia al gobierno actual de Javier Milei expresa: «El gobierno, para mí, es nada de Estado y todo el mercado, a lo bestia. Eso en términos prácticos generó tres efectos que aumentaron el endeudamiento”. Entre los efectos que nombra, en primer lugar, está el aumento de las tarifas y los servicios básicos. En segundo lugar, la caída del ingreso de las Pymes, del trabajador formal y del que hace “changas”. Por último, menciona el decreto 70/2023 que desregula, entre otras cosas, la tasa de interés de las tarjetas de crédito. “Eso alteró todo el sistema porque ahora el banco te cobra la tasa de interés que quiere. La financiera de la esquina, lo mismo. Ese decreto es brutal y absurdo. No hay país en el mundo que no fije una tasa de interés”, explica el diputado Arroyo.

“Muchas personas –agregó Villafañe- desconocen el historial crediticio. No saben porqué de pronto se encuentran en el veraz. La situación de encontrarse en el veraz te excluye automáticamente de todo el sistema formal y de todo el endeudamiento que tiene menores costos”.

El 70% de los hogares de menores ingresos donde la mujer es el principal sostén y no hay otro cónyuge, recurrió a financiamiento en el último mes. Además, el 54 % de los hogares recurre a crédito mientras que el porcentaje aumenta al 60% cuando son de menores ingresos.

Cuestión de género

El endeudamiento de las familias es mayor en el caso de los hogares monomarentales y está directamente relacionado con los trabajos de cuidado. Según el Primer Informe del Equipo de trabajo de la CEPAL y el Ministerio de Economía de la Argentina sobre endeudamientos, géneros y cuidados, el 70% de los hogares de menores ingresos donde la mujer es el principal sostén y no hay otro cónyuge, recurrió a financiamiento en el último mes. Además, el 54 % de los hogares recurre a crédito mientras que el porcentaje aumenta al 60% cuando son de menores ingresos.

La investigadora del Conicet, Sol Prieto, profundiza: “Estos hogares monomarentales, son deudores en todos los sentidos financieros, especialmente informales pero son acreedores en términos alimentarios: el 68 % de los hogares monomarentales no recibe la cuota alimentaria en tiempo y forma y eso se distribuye en un 12% que recibe de manera esporádica lo que le parece al progenitor y un 56% que no recibió nada en los últimos seis meses”. Además, según la investigadora del Conicet el 58% se endeuda con las familias, lo que puede desembocar en un costo social muy alto que en casos de violencia de género deja a la víctima en un mayor aislamiento.

Durante el seminario se nombraron otros sectores sociales e intersecciones que generan un mayor índice de la vulnerabilidad financiera. En particular, aquellas personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado y que están a cargo de adultos mayores, personas con discapacidad o con algún problema de salud mental. El ajuste a las jubilaciones, el retiro de los medicamentos gratuitos para personas mayores y las bajas en las pensiones por discapacidad, fomentan la espiral de endeudamiento que asumen las personas a cargo del cuidado. Esto repercute directamente en su salud mental y física, conlleva costos emocionales y síntomas psicosomáticos.

En el caso de las fintech o las fuentes de crédito digitales, el perfil de los deudores suele ser mujeres, jóvenes y/o trabajadores informales.

Perelman aporta sumando otro actor de gran vulnerabilidad financiera que son los inquilinos por su situación de mayor precariedad en el derecho al acceso a la vivienda: “Nuestra investigación apuntó a mostrar que ese no atraso en el pago del alquiler en realidad estaba encubierto por una deuda que tenía origen de ser una deuda habitacional pero que se había transformado en una deuda financiarizada de diferentes formas”.

Hacia un proyecto de desendeudamiento de las familias argentinas, Arroyo en diálogo con ANCCOM, afirma que el proyecto debe contar con tres elementos clave: un tope a la devolución y la tasa de interés, un mecanismo para que distintos sectores puedan reducir o bajar el nivel de endeudamiento y un sistema de crédito productivo viable para pequeños emprendedores.

La arquitectura porteña del «no lugar»

La arquitectura porteña del «no lugar»

Nov 26, 2024 | Comunidad, Destacado 5

La desidia estatal, la concentración de poder privado y la clara alineación entre la ley y los intereses del sector inmobiliario conforman la tríada que da luz verde a las demoliciones de miles de edificios históricos en Buenos Aires. En el medio, arquitectos, artistas, vecinos y organizaciones sociales resisten y denuncian: «El mercado especulativo modela la ciudad».

En la ciudad de Buenos Aires existen más de 140.000 edificios históricos anteriores a 1941, de los cuales sólo 5.800 están catalogados como protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Pero en más de una oportunidad fueron quitados de esa  lista por pedidos particulares. Además, este número resulta ínfimo frente a la cantidad de construcciones con valor patrimonial que tiene la ciudad.

La metodología de trabajo del CAAP consiste en realizar reuniones en las que se decide el futuro de edificios cuyas características son evaluadas a partir de fotos y a cada uno se le puede dedicar unos pocos minutos. En este proceso, el 90% de los casos son descartados. Con el resto, considerado “de valor”, se inicia un largo trámite por el Ejecutivo y la Legislatura hasta alcanzar su incorporación al catálogo. La desidia estatal deja en un limbo legal a miles de viviendas que terminan en posterior demolición, violenta y sistemática.

“Tiene que ver con una clara intención de no sostener esa arquitectura porque evidentemente no sólo hay una desvalorización y una desestimación por parte del CAAP, sino también un empecinamiento en destruir lo que tuvo que ver con la conformación del tejido de Buenos Aires, esa ciudad que albergaba multiculturalidad. Cada vez hay más carteles de venta del terreno, se vende el lote como si no hubiera existido arquitectura previa. Es muy grave destruir algo tan representativo de tu ciudad, que te define, que es hilo de memoria y en buen estado” señala Natalia Karbabian, arquitecta y artista, creadora de Ilustro para no Olvidar, un proyecto cultural de registro de memoria demolida.

A partir de sus ilustraciones, no sólo busca generar conciencia sino también manifestarla “solastalgia”(nota de la r: término que alude al dolor que se siente cuando el lugar donde uno vive está amenazado) que produce la destrucción de la “casa grande”, como ella misma la define. “En cada ilustración mucha gente se ve a ella misma, porque recuerda su barrio, se reencuentra en su casa, es una forma de poder volver a la memoria”, explica.

En la misma línea, en diálogo con ANCCOM, Marcelo Magadán, arquitecto especializado en la restauración de edificios históricos y en la gestión de conservación del patrimonio cultural, remarca que “de la misma manera que muchos tenemos una cajita donde guardamos recuerdos, la ciudad guarda los recuerdos colectivos de una comunidad, de los vecinos que nos reconocemos en esos ámbitos”. Y agrega: “Estamos hablando de destrucción de edificios, pero también de paisajes urbanos históricos, de memoria, de identidad, de relaciones sociales, de calidad ambiental. Se trata de lugares que facilitan la trasmisión de ciertos mensajes a través del tiempo, la explicación y comprensión de hechos del pasado”.

Al igual que Karbabian, observa una clara desidia y falta de criterio por parte de la autoridad de aplicación. El CAAP trabaja en sintonía con el proyecto político del Gobierno de la Ciudad, en el que no tiene lugar el ‘populismo para mantener un edificio de patrimonio si no tiene valor’ en las propias palabras de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, en una nota con La Nación a fines de agosto pasado. “Está claro que se ha ignorado a los vecinos cuando la participación de la comunidad en la definición de lo que es su patrimonio es esencial, al punto que es un requisito fundamental para la incorporación de nuevos sitios a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad va a contramano de la normativa internacional en la materia”, señala.

Esta situación también se replica en otros puntos del país, como es el caso de Purmamarca y Tilcara (Jujuy), el centro histórico de Salta y Pueblo Liebig y Colón (Entre Ríos). “Se observa la falta de identificación de las carácterísticas arquitectónicas y los valores patrimoniales y paisajísticos de cada lugar, pero también la falta de una adecuada legislación de protección, mecanismos de gestión y órganos de control conformados por personal capacitado” explica Magadán. En estos casos el turismo juega un papel clave. Si bien es motor de promoción económica, cuando no se desarrolla dentro de ciertos parámetros se convierte en un factor de deterioro que destruye el recurso.

En este contexto, la aprobación de la última modificación del Código Urbanístico en septiembre pasado no es casual. En una clara alineación entre la ley y el sector privado, plantea alturas homogéneas por áreas sin tener en cuenta las particularidades de los barrios. Resulta llamativo que la altura más baja establecida por el Código es superior a la del promedio de muchos barrios de la ciudad. Por ejemplo, en la comuna 3, el 60 % de las construcciones tienen uno o dos pisos de altura (entre 5 y 7 m), mientras que el Código habilita la construcción de 12 o 14,60 m.

“El mercado, de la mano de la especulación, modela la ciudad. El grueso de lo que se construye se hace con fines especulativos donde el objetivo es maximizar la ganancia sin importar la calidad del diseño, de los materiales, la mano de obra o el resultado estético”, explica Magadán. La sustitución de la arquitectura existente por edificios en altura se convierte en la salida más fácil y barata, en lugar de la rehabilitación y adaptación del parque edificado para diferentes usos.

Karbabian analiza que se trata de una homogeneización de espacios que se resuelve rápidamente y se propone como arquitectura de “no lugar”. “Son modelos que se repiten como una serialización de formas que garantizan un esquema de negociadoy que nos desconectan a nosotros de las peculiaridades, de la materia con sentido y emoción”, remarca.

En esta línea, Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de la ONG Basta de Demoler señala que “nunca hubo un mercado de casas o bienes patrimoniales porque nunca les interesó incentivar ese mercado”. Por su parte, Magadán agrega: “Estamos hablando de un proceso de rehabilitación que requiere de inversores, de empresas constructoras, de materiales, en definitiva de otra forma de hacer negocio”.

Esta arquitectura del “no lugar”deja al descubierto una clara desconexión con las necesidades reales de la ciudanía, que no puede acceder a una vivienda digna. En pocas palabras, representa una pérdida de foco de lo que implica el ejercicio de una arquitectura puesta al servicio de la gente y no al oportunismo de unos pocos. “No hay créditos disponibles, hay muchísima vivienda ociosa, inaccesible y de mala calidad a nivel asoleamiento y ventilación, que son cosas básicas, acompañado además de talas de árboles de forma indiscriminada e innecesaria, lo que genera una gran densificación constructiva y la pérdida de suelo absorbente”, remarca Karbabian. A esto hay que sumarle los graves problemas de provisión de agua potable, de alimentación eléctrica y saturación de desagües cloacales que ya enfrentan los barrios.

El patrimonio no es una palabra anquilosada en el tiempo, es memoria viva y proyección de la propia identidad. “Sin patrimonio no hay futuro. En las calles de Buenos Aires está escrito el pasado y sin pasado no se construye sociedad. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos?”, señala Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler.

El próximo miércoles 27 se llevará a cabo una audiencia pública sobre los 4.271 edificios en proceso de catalogación, en la sede de la Legislatura porteña, Perú 160, desde las 14. “Hay que sostener la participación, no hay que entender a esta concentración de poderes como un imposible, somos muchos más. No hay que entregar más nuestro propio poder, hay que recuperarlo”, concluye Karbabian.

El derecho a reparar

El derecho a reparar

Nov 22, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El Club de Reparadores junto a la biblioteca del Instituto Goethe de Buenos Aires, realizaron una jornada de restauración electro-textil para promover la sustentabilidad de los objetos y promover el consumo responsable. Una biblioteca de cosas.

El Club de Reparadores tomó prestada la biblioteca del Goethe-Institut Buenos Aires para una jornada de restauración electro-textil, el jueves último. Ubicada en plena avenida Corrientes del microcentro porteño, dentro de ella desplegaron largas mesas en las que se reunían los asistentes. “Invitamos a personas que tengan saberes de reparación o que tengan objetos rotos, en este caso en particular de los rubros de electrónica o pequeños electrodomésticos y ropa para reparar en conjunto”, comentó Melina Scioli, organizadora del evento y fundadora del Club.

Al respecto del encuentro entre las dos organizaciones, Nicole Narbebury del Goethe-Institut, mencionó que “nació por el mes de sustentabilidad que realizamos en octubre junto al Club y con Amigos de la Patagonia, funcionó muy bien y lo quisimos repetir. Parte de las propuestas del instituto de este año era fomentar más la sensibilización en estas temáticas y nos interesaba el trabajo con gente local y conocer gente nueva, para que también conozcan nuestra biblioteca y armar un puente con personas desconocidas”.

Como parte de las convergencia, Narbebury aprovechó para destacar: “Tenemos una parte de objetos que se pueden prestar, como carpas y máquinas de coser. Se llama biblioteca de las cosas y la idea es darles un uso más comunitario a algunos objetos que quizá las personas no puedan acceder a tener en una casa”.

Sobre la historia del Club de Reparadores, Melina Scioli relató que “comenzó en 2015, hace casi diez años, un poco enfrentado a la sensación de que las cosas duraban cada vez menos y que teníamos que hacer algo para promover la reparación de lo que estaba cayendo en desuso. El espíritu fue tratar de que la reparación sea algo posible, deseable, accesible y divertido, eso se da en los eventos”.

Asimismo, aclaró que “la reparación enfrenta muchas barreras para poder ser exitosa. Una tiene que ver con la disponibilidad de partes o de herramientas muy específicas. En el caso de la electrónica, uno tiene que tener manuales que te indiquen cómo desarmar un objeto, como rearmarlo y dónde están sus componentes. Por eso es tan relevante la idea del derecho a reparar, esto es que tanto consumidores como personas que se dedican a la reparación puedan acceder a partes, manuales y repuestos competitivos que no hagan que comprar uno sea más caro que reponer todo el objeto. Todo esto es importante a la hora de pensar qué tipo de relación queremos tener con los productos que consumimos”.

Lucas De Gaspe es voluntario del club desde este año, “me invitó mi compañero Santiago que venía laburando con ellos hace rato”, declaró mientras hacía una pausa de una licuadora bastante antigua y el mencionado hacía lo propio con unos auriculares blancos bluetooth de vincha. “Yo empecé a reparar cosas porque me gustaba prolongar la vida útil y me parece que la movida que se está haciendo acá de brindar el espacio para que algunas cosas que no son redituable reparar en un servicio, o que las empresas empujan y avalan que sean descartadas, puedan ser rescatadas y salvarlas de la basura para seguir usándolas”, narró.

En el aspecto personal, subrayó que es “técnico electrónico, vivo de reparar cosas como plaquetas, circuitos, microsoldaduras, entre otras. Pero también máquinas mediante Linux, apuntando a devolverle el control del hardware al usuario y no que el usuario sea esclavo de su software y que por eso se vea obligado a cambiar de máquina. Hay muchas distribuciones de Linux que ayudan a levantar computadoras viejas, esa es una de las promesas fundamentales del software libre, que mediante el control de las herramientas uno puede ser dueño de su propio hardware, y no usado por la empresa fabricante del software para fines espurios”.

Lisi González fue profesora de la Universidad de Palermo y también es voluntaria del club “de todo lo que sea textil, ya sea desde una prenda hasta una pelota o un muñeco. Arreglamos todo manera gratuita, con los materiales incluidos y, si la persona tiene ganas, si tiene tiempo, le mostramos alguna técnica de costura o como funcionan las máquinas”. Detalló que “en general, traen ropa. La verdad es que la gente se acerca para todos los elementos que se puedan reparar; viene y pregunta. Y cuando les decimos que sí se puede, se ponen muy contentos. Por ahí encontramos impedimento, si hay una prenda que tiene una máquina muy específica, porque nosotros estamos trabajando con máquinas básicas y no todas las prendas se arreglan con máquinas básicas. Pero suelen traer cosas no muy complejas, de uso cotidiano. Aunque nos han traído vestido de fiesta, vestido de novia, todo lo que te imagines. Y lo reparamos”.

Consultada al respecto de cómo se unió, respondió que “por las redes. Siendo docente ya es una tendencia que esto viene hace un montón. Además, soy vestuarista de teatro y a veces iba a las ferias de intercambio. Vine a arreglar y después me enganché y, cuando puedo, vengo de voluntaria”.

“Ya se está haciendo ropa de ropa, ya se está haciendo hilados de ropa reciclada que con eso se hace ropa nueva. Y los negocios de marcas, percheros con ropa usada, como en H&M. Por ahí lo hacen como de caripela, pero es una tendencia”, argumentó. De igual modo, contó que “acá hay una galería especial para eso, La Quinta Avenida, en Talcahuano y Av. Santa Fe. Tiene tres pisos y se dedica hace 20 años a eso y están especializados, tenés el negocio de los años 70, de los 60, el negocio de zapatillas, etc. Otro lugar que hace mucho que está con eso, pero recién ahora está resurgiendo, es La Casa del Teatro. Es un lugar donde las actrices y los actores conocidos donan ropa para que la gente vaya y lo compre, con el plus de que cuando uno lo compra, ese dinero va hacia esa Casa del Teatro que es donde viven actores que no tienen donde vivir, es como súper circular”.

De Gaspe sostuvo, con respecto a las empresas, que “Microsoft y Apple son las peores. Ellos necesitan venderte, lo que pasa es que Microsoft vende nada más que software, entonces tiene que justificar su oferta impulsando la demanda. Las tecnologías crecen y crecen en un sentido que no siempre está ligado a las necesidades de la sociedad”.

“El crecimiento del ancho de banda, que lleva aparejado la posibilidad de poder transmitir más cosas, tiene la contraparte de que le puede pedir más cosas a tu hardware. El hecho de que una máquina que hace seis años funcionaba perfecto para internet y ahora te dicen no, le falta RAM, vos decís ¿por qué me falta RAM? Y bueno, porque te estoy ejecutando un programa que me hizo un pibe que no le dejaron tiempo para hacerlo mejor, y es una cuestión meramente de método, de cómo funciona la industria”, agregó.

Por su lado, González opinó que “hay muy pocas que tienen buena calidad. No tiene nada que ver la calidad con la marca. Podemos ir a Flores y conseguir algo de mucha calidad, venir acá y comprar en un shopping y no. Los costureros son los mismos, la tela es la misma, no cuesta nada. Lo demás es marketing e impuestos, acá el 60% del costo de la ropa, si no más, son los impuestos que se les pone, la modelo, la campaña, el alquiler… El shopping es pérdida, además del alquiler les piden el 8% de las ventas, pero tienen que estar para que la gente no se olvide”.

Julieta Morosoli es cofundadora del Club de Reparadores y recalcó: “tenemos algunos criterios más éticos de no trabajar con determinadas empresas extractivistas o cosas así. Eso no lo hacemos. Las empresas muchas veces hacen actividades de puertas para adentro. Está buenísimo, porque quieren promover algunos valores, pero nosotros con determinado tipo de empresas decidimos no trabajar. Porque es una ética que tiene que ver con lo que buscamos, que es proteger el ambiente. Entonces, sino hay como una doble moral en algunas cosas”.

Por la veta legal, Melina Scioli adelantó tener “intención de, el año que viene, impulsar algo. Sentimos que muchas de esas discusiones están teniendo lugar en Europa, donde hay una decisión respecto de cómo se fabrican las cosas que es mucho más influyente que la que podemos llegar a tener en nuestro país en términos del ecodiseño y de cómo se conciben los aparatos para ser más durables. Nos parece importante resaltar el trabajo de las personas que se dedican a la reparación, por ello creemos que sería valioso tener proyectos de ley que impulsen, favorezcan o generen mejores condiciones para este sector”.

En este sentido, Narbebury agregó que, en Alemania, país con el que el instituto está muy relacionado, “tienen una postura muy fuerte con respecto al reciclaje, tienen variedad de tachos para tirar las diferentes cosas y está todo más legislado. Tachos de ropa, plásticos, vidrio verde, vidrio amarillo y otros tipos de vidrio, lo orgánico de lo no orgánico… Tienen todo muy segmentado”.

González, que vive medio año en Chile, precisó “en Atacama se encuentra el desierto de la ropa, se tira ahí, se abandona y va mucha gente a buscar ahí, sobre todo los inmigrantes para vender. Gran contaminación”, a la vez que estimó “creo que no están trabajando sobre eso”.

Consultada sobre las tendencias, Melina Scioli dijo que “hay un sesgo en términos de que en los encuentros se traen cosas que uno puede cargar. De esas cosas portables, hay unos clásicos: las minipimer, que todas tienden a tener la misma falla que es una parte que se desgasta con el uso y la fuerza del motor, y muchos auriculares, creo que es algo que uno tiene capaz en la cartera o la mochila y cuando uno deja escuchar de un lado, llegan al club”.

Morosoli, coincidió e incluyó pavas eléctricas, cafeteras y celulares: “la mayoría de las reparaciones son bastante simples, a lo mejor es el pin de carga o la pantalla, que eso sí, requiere traer por ahí el repuesto”. Al respecto de las minipimer, añadió que “cuando se rompe ese engranaje adentro, es una pieza que no se consigue fácilmente y muchas veces ya no existe como repuesto”. Si bien con impresión 3D hacen muchas piezas faltantes como manijas o teclas, aclaró que “sirve para generar partes que ya no se consiguen, pero justo esto de las minipimer, no”.

Por el lado textil, González recalcó que “en cuanto a los hombres, vienen con ropa destrozadísima y que aman, pantalones que tienen 20 años, y, por el lado de las mujeres, por ahí algún ajuste de prendas que tienen o que se compraron. A mí me da la sensación de que los hombres tienen un amor así como indefinido, sin nombre, hacia alguna prenda que le queda recontra bien, que le calza muy bien y no la quieren tirar hasta el último momento. Pantalones que están transparentes. En general son hombres que por ahí no son tan fashion, esos o más jóvenes por ahí traen alguna prenda así como para ajuste y demás”.

Para seguir restaurando, Narbebury aprovechó para comentar que el sábado 23 de noviembre por la tarde realizan “un taller de profundización en impresión 3D” mientras que Morosoli mencionó “vamos a estar en una feria de Navidad del Gobierno de la Ciudad en la que vamos a estar reparando juguetes y textiles. Todavía no está confirmada la fecha, pero será alrededor del 17 o 18 de diciembre”.

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Nov 16, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.

«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.

En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.

Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.

Energía para reclamar y atropellos policiales

E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.

Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.

Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».

«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.

Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.

 

El Estado tiene que dar respuestas

“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.

Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».

El REPROCANN: ¿qué cambió?

El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.

La resolución 3132/24

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.

Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.