La desidia estatal, la concentración de poder privado y la clara alineación entre la ley y los intereses del sector inmobiliario conforman la tríada que da luz verde a las demoliciones de miles de edificios históricos en Buenos Aires. En el medio, arquitectos, artistas, vecinos y organizaciones sociales resisten y denuncian: «El mercado especulativo modela la ciudad».
En la ciudad de Buenos Aires existen más de 140.000 edificios históricos anteriores a 1941, de los cuales sólo 5.800 están catalogados como protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Pero en más de una oportunidad fueron quitados de esa lista por pedidos particulares. Además, este número resulta ínfimo frente a la cantidad de construcciones con valor patrimonial que tiene la ciudad.
La metodología de trabajo del CAAP consiste en realizar reuniones en las que se decide el futuro de edificios cuyas características son evaluadas a partir de fotos y a cada uno se le puede dedicar unos pocos minutos. En este proceso, el 90% de los casos son descartados. Con el resto, considerado “de valor”, se inicia un largo trámite por el Ejecutivo y la Legislatura hasta alcanzar su incorporación al catálogo. La desidia estatal deja en un limbo legal a miles de viviendas que terminan en posterior demolición, violenta y sistemática.
“Tiene que ver con una clara intención de no sostener esa arquitectura porque evidentemente no sólo hay una desvalorización y una desestimación por parte del CAAP, sino también un empecinamiento en destruir lo que tuvo que ver con la conformación del tejido de Buenos Aires, esa ciudad que albergaba multiculturalidad. Cada vez hay más carteles de venta del terreno, se vende el lote como si no hubiera existido arquitectura previa. Es muy grave destruir algo tan representativo de tu ciudad, que te define, que es hilo de memoria y en buen estado” señala Natalia Karbabian, arquitecta y artista, creadora de Ilustro para no Olvidar, un proyecto cultural de registro de memoria demolida.
A partir de sus ilustraciones, no sólo busca generar conciencia sino también manifestarla “solastalgia”(nota de la r: término que alude al dolor que se siente cuando el lugar donde uno vive está amenazado) que produce la destrucción de la “casa grande”, como ella misma la define. “En cada ilustración mucha gente se ve a ella misma, porque recuerda su barrio, se reencuentra en su casa, es una forma de poder volver a la memoria”, explica.
En la misma línea, en diálogo con ANCCOM, Marcelo Magadán, arquitecto especializado en la restauración de edificios históricos y en la gestión de conservación del patrimonio cultural, remarca que “de la misma manera que muchos tenemos una cajita donde guardamos recuerdos, la ciudad guarda los recuerdos colectivos de una comunidad, de los vecinos que nos reconocemos en esos ámbitos”. Y agrega: “Estamos hablando de destrucción de edificios, pero también de paisajes urbanos históricos, de memoria, de identidad, de relaciones sociales, de calidad ambiental. Se trata de lugares que facilitan la trasmisión de ciertos mensajes a través del tiempo, la explicación y comprensión de hechos del pasado”.
Al igual que Karbabian, observa una clara desidia y falta de criterio por parte de la autoridad de aplicación. El CAAP trabaja en sintonía con el proyecto político del Gobierno de la Ciudad, en el que no tiene lugar el ‘populismo para mantener un edificio de patrimonio si no tiene valor’ en las propias palabras de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, en una nota con La Nación a fines de agosto pasado. “Está claro que se ha ignorado a los vecinos cuando la participación de la comunidad en la definición de lo que es su patrimonio es esencial, al punto que es un requisito fundamental para la incorporación de nuevos sitios a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad va a contramano de la normativa internacional en la materia”, señala.
Esta situación también se replica en otros puntos del país, como es el caso de Purmamarca y Tilcara (Jujuy), el centro histórico de Salta y Pueblo Liebig y Colón (Entre Ríos). “Se observa la falta de identificación de las carácterísticas arquitectónicas y los valores patrimoniales y paisajísticos de cada lugar, pero también la falta de una adecuada legislación de protección, mecanismos de gestión y órganos de control conformados por personal capacitado” explica Magadán. En estos casos el turismo juega un papel clave. Si bien es motor de promoción económica, cuando no se desarrolla dentro de ciertos parámetros se convierte en un factor de deterioro que destruye el recurso.
En este contexto, la aprobación de la última modificación del Código Urbanístico en septiembre pasado no es casual. En una clara alineación entre la ley y el sector privado, plantea alturas homogéneas por áreas sin tener en cuenta las particularidades de los barrios. Resulta llamativo que la altura más baja establecida por el Código es superior a la del promedio de muchos barrios de la ciudad. Por ejemplo, en la comuna 3, el 60 % de las construcciones tienen uno o dos pisos de altura (entre 5 y 7 m), mientras que el Código habilita la construcción de 12 o 14,60 m.
“El mercado, de la mano de la especulación, modela la ciudad. El grueso de lo que se construye se hace con fines especulativos donde el objetivo es maximizar la ganancia sin importar la calidad del diseño, de los materiales, la mano de obra o el resultado estético”, explica Magadán. La sustitución de la arquitectura existente por edificios en altura se convierte en la salida más fácil y barata, en lugar de la rehabilitación y adaptación del parque edificado para diferentes usos.
Karbabian analiza que se trata de una homogeneización de espacios que se resuelve rápidamente y se propone como arquitectura de “no lugar”. “Son modelos que se repiten como una serialización de formas que garantizan un esquema de negociadoy que nos desconectan a nosotros de las peculiaridades, de la materia con sentido y emoción”, remarca.
En esta línea, Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de la ONG Basta de Demoler señala que “nunca hubo un mercado de casas o bienes patrimoniales porque nunca les interesó incentivar ese mercado”. Por su parte, Magadán agrega: “Estamos hablando de un proceso de rehabilitación que requiere de inversores, de empresas constructoras, de materiales, en definitiva de otra forma de hacer negocio”.
Esta arquitectura del “no lugar”deja al descubierto una clara desconexión con las necesidades reales de la ciudanía, que no puede acceder a una vivienda digna. En pocas palabras, representa una pérdida de foco de lo que implica el ejercicio de una arquitectura puesta al servicio de la gente y no al oportunismo de unos pocos. “No hay créditos disponibles, hay muchísima vivienda ociosa, inaccesible y de mala calidad a nivel asoleamiento y ventilación, que son cosas básicas, acompañado además de talas de árboles de forma indiscriminada e innecesaria, lo que genera una gran densificación constructiva y la pérdida de suelo absorbente”, remarca Karbabian. A esto hay que sumarle los graves problemas de provisión de agua potable, de alimentación eléctrica y saturación de desagües cloacales que ya enfrentan los barrios.
El patrimonio no es una palabra anquilosada en el tiempo, es memoria viva y proyección de la propia identidad. “Sin patrimonio no hay futuro. En las calles de Buenos Aires está escrito el pasado y sin pasado no se construye sociedad. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos?”, señala Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler.
El próximo miércoles 27 se llevará a cabo una audiencia pública sobre los 4.271 edificios en proceso de catalogación, en la sede de la Legislatura porteña, Perú 160, desde las 14. “Hay que sostener la participación, no hay que entender a esta concentración de poderes como un imposible, somos muchos más. No hay que entregar más nuestro propio poder, hay que recuperarlo”, concluye Karbabian.
