“Mendoza es hija del agua”

“Mendoza es hija del agua”

Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.

Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.

A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.

Historial criminalizador

Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.

“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.

Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).

En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.

Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.

Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.

“Los rotos” dan batalla contra los despidos

“Los rotos” dan batalla contra los despidos

Trabajadores de la fábrica del neumático Fate se encuentran en plan de lucha, luego del despido de 30 trabajadores, tras una consulta compulsiva sobre nuevas condiciones laborales.

La gerencia de la empresa Fate irrumpió en la fábrica durante la noche del viernes 28 de marzo, con una planilla, preguntando a cada trabajador si querían aceptar o no un cambio en las condiciones y el sistema de trabajo. “En teoría, si decías que no, no te iban a despedir, pero ‘iban a ver si contaban con vos’, prácticamente te están diciendo que te van a despedir”, afirma Hernán Minguez, activista sindical que fue delegado de base años atrás. Al día siguiente, sábado, la empresa comenzó con los despidos.

Cinco trabajadores del turno mañana fueron informados en la puerta de la fábrica sobre su desvinculación. Inmediatamente, se votó en la asamblea un paro de 24 horas. El domingo, los trabajadores recibieron mediante la aplicación de la empresa Humand una comunicación reafirmando su voluntad unilateral de avanzar con los cambios en el sistema de trabajo. Ante esa situación, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) llamó a extender el paro y convocó a una asamblea para el lunes. En la asamblea, se votó la continuidad del paro de actividades hasta el martes 1 de abril y luego desde el jueves 3 de abril hasta el viernes 4. Ese lunes, los trabajadores se movilizaron hacia Márquez y Panamericana exigiendo la reincorporación de los despedidos.

“El despido mío fue el martes a las 10 de la noche, en el momento en que estaba por entrar a trabajar. En el interín del sábado al martes me dijeron que se había filtrado la lista y que yo estaba ahí, pero hasta que no llegué esa noche a la puerta de la fábrica no me entregaron el telegrama”, relata Minguez. Al momento, ya son más de treinta los despedidos durante la última semana, que se suman a los 97 desvinculados en mayo de 2024.

Más trabajo, menos trabajadores
Los trabajadores de Fate se desempeñan en tres turnos (mañana, tarde y noche) que son rotativos y funcionan de acuerdo al sistema americano: siete días de trabajo por dos días de franco. Desde principios del 2024, Javier Madanes Quintanilla, dueño de la empresa, busca imponer un cambio del sistema de trabajo y una reducción de los puestos. “En principio quieren cambiar el sistema de horarios. En vez de 7 x 2 , quieren implementar un sistema de 6 días de trabajo por 1 de franco. O sea, menos días de descanso por la misma plata”, afirma Minguez. Este sistema, también eliminaría el turno de los domingos. Además, los trabajadores afirman que estos cambios buscan afectar mejoras de las condiciones laborales que son parte del convenio, como los premios por producción, los horarios del comedor, los descansos y los trabajos definidos por sector.

“La cuestión central que vemos todos en este cambio de sistema es que implica por un lado eliminar un turno y por el otro menos días de descanso, son 15 días de descanso que se pierden. Que trabajemos 15 días más al año por el mismo salario es un negocio bastante grande para Madanes”, afirma Victor Ottoboni, trabajador de Fate. “Desde el año pasado Madanes quiere reducir la cantidad de trabajadores y empezó en mayo con 97 despidos, al mismo tiempo, presentó un Proceso Preventivo de Crisis a la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde además de estas modificaciones en el sistema, detalla que quiere despedir 280 trabajadores más”, relata Ottoboni.

El Proceso Preventivo de Crisis permite a las empresas que demuestren tres o más balances anuales negativos, indemnizar a sus trabajadores por el 50% del monto que les corresponde por ley. A mediados del 2024 Fate presentó el pedido del Preventivo de Crisis pero no obtuvo el aval de la Secretaria de Trabajo, ni tampoco del Sindicato y los trabajadores. “La supuesta crisis que dice que tiene Madanes no la pudo comprobar”, afirma Ruben Alegre, uno de los trabajadores despedidos en mayo del 2024. “Incluso con un Gobierno pro patronal no ha podido aprobar el preventivo de crisis, por una sencilla razón: no abren los libros de contabilidad. Presentan alguna fotocopia diciendo que bajó la rentabilidad pero no tienen forma de demostrar que perdieron ganancias”.

En octubre del año pasado, SUTNA convocó a una asamblea para votar por un nuevo acuerdo al que la dirección del sindicato había llegado con la empresa, donde se modificaban algunos aspectos del plan de cambios del sistema de trabajo que Fate había presentado en el Preventivo de Crisis. Tanto en octubre como en noviembre, la votación fue negativa. “A partir de ahí la patronal siguió con la política de ‘arreglos’ que consiste en generar un clima de incertidumbre dentro de la fábrica, hacer correr rumores de que la fábrica va a cerrar, bajar los niveles de producción más de lo que se necesita, generar un clima de temor y al mismo tiempo ofrecerle a muchos compañeros una indemnización para que se vayan”, afirma Ottoboni. Y aclara que “llamaban a los compañeros que supuestamente estaban en una lista de despidos y les decían que si no aceptaban un arreglo iban a ser despedidos e iban a recibir el 50% de la indemnización porque la empresa estaba en crisis”.

Por su parte, Alegre afirma que “esos arreglos voluntarios de voluntarios no tienen nada, porque son bajo apriete. Se amenazó a compañeros con que iban a recibir la mitad de la indemnización y lamentablemente eso caló hondo. Hubo más de 300 acuerdos”. En tanto, Minguez dice que están “resistiendo a un sistema flexibilizador que Fate busca imponer”. A su criterio, “estos últimos despidos fueron un golpe claro para romper la moral de los compañeros que están adentro para que acepten los cambios que quiere la empresa”. El trabajador despedido el pasado martes ilustra su argumento relatando lo ocurrido el día 28 en las inmediaciones de la empresa: “El viernes, el último día que trabajé, la gerencia se fue a las dos de la mañana, porque estuvo pasando con la planilla viendo quien firmaba y quien no. Inclusive hubo compañeros que los llevaron a la oficina y les dijeron: “¿vos tenés hijos? Bueno, firmá tranquilo que no va a pasar nada”, si eso no es una amenaza, yo no sé”, cuenta Minguez.

En el mismo sentido se expresa Ottoboni: “Estos nuevos despidos son una forma de extorsionar a los compañeros e imponer que si no aceptan el cambio van a haber más. Es la táctica que están usando porque no logran que la gran mayoría firme y para poder hacer el cambio de sistema la patronal necesita la firma de cada uno de los compañeros”, sostiene. Alegre, por su parte, afirma: “Muchos de los trabajadores despedidos hace casi un año teníamos un trabajo sindical dentro de la fábrica. Entonces, la tendencia parece que es siempre atacar a la organización”.

La picadora de carne
A los trabajadores del neumático los llaman “los rotos”. A la industria del neumático la llaman “la picadora de carne”. Esta característica se agrava por la desinversión de las empresas en nueva maquinaria y la falta de presupuesto en cuestiones de seguridad de los trabajadores. “La industria del neumático se caracteriza por ser bastante manufacturera, produce con esfuerzo físico”, sostiene Ottoboni. “Esas condiciones en algunos sectores son peores, en Fate en el sector de la Miniplanta de diagonal, la maquinaria más nueva que hay es del año 70. Los trabajadores del sector en dos o tres años terminan con hernias de disco, lumbares, cervicales, se rompen las rodillas, la tendinitis también es muy común. Y después hay accidentes que tienen que ver con la falta de medidas de seguridad, compañeros que han perdido la mano, el brazo, o la vida”, describe.

“Para la empresa un neumático vale más que un obrero. Ellos van a cuidar más un neumático que un trabajador, invierten miles de millones en computadoras y máquinas para que el neumático salga con las modificaciones que le quieren hacer, pero en evitar accidentes no invierten”, remarca Ottoboni. “Hay compañeros que no pueden levantar a sus hijos. Es una industria que exprime la salud de los trabajadores lo más que puede”, sentencia Alegre. El daño que la propia actividad le causa al cuerpo de los trabajadores toma especial relevancia en un contexto de despidos. “Para buscar trabajo con esas condiciones de salud es complicado, más en este contexto donde vemos que hay despidos por todos lados”, afirma Alegre. “No te toman de ningún lado si tenes la espalda rota, no pasas el psicofísico nunca”, remarca Minguez.

Panorama próximo
Los trabajadores de Bridgestone y Pirelli, las otras dos grandes empresas del sector, también se encuentran en estado de alerta por despidos y empantanamiento de las paritarias. Según el SUTNA, del depósito donde Bridgestone almacena 800.000 neumáticos, 600.000 son importados, no fabricados en el país. La crisis del sector se da en un contexto donde el gobierno nacional eliminó los precios de referencia para importaciones y comenzó un proceso que disminuirá los aranceles de importación del 35 al 16%. De enero a enero, la importación de neumáticos para camiones, autobuses y autos aumentó un 103% interanual.

Asimismo, los trabajadores de Fate continúan en plan de lucha, el viernes 4 se movilizaron al Ministerio de Trabajo de Tigre, la próxima semana se marcharan al Congreso para acompañar el paro nacional de la CGT y el reclamo de los jubilados, y el jueves continuarán con el paro de actividades. “Estamos alentando a profundizar esta lucha, es el camino que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos, para exigir la reincorporación de nuestros compañeros”, enfatiza Ottoboni. “La unión, dar un golpe unido, es fundamental, el día que me despidieron fueron también estudiantes y docentes a darnos apoyo, y para nosotros los despedidos fue muy moralizante”, apunta Minguez.

Un avance contra la violencia institucional

Un avance contra la violencia institucional

Tres policías de la Bonaerense, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica, en una comisaría de Ensenada, fueron detenidos.

Comisaria Ensenada 2da de Punta Lara.

El Juzgado de Garantías número 2 de La Plata ordenó la detención de tres policías de la Bonaerense imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica, por un hecho que sucedió en octubre del año pasado.

Esta resolución significa un importante precedente para la lucha contra la violencia institucional y las torturas que ocurren dentro de los destacamentos policiales de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 28 de marzo, se ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, quienes participaron en un hecho de tortura con abuso sexual que ocurrió en octubre en la Comisaría 2° de Ensenada.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), afirmaron que “estos hechos se reiteran en otras comisarías bonaerenses donde se continúan alojando regularmente personas de manera ilegal y muestran las graves violaciones de derechos humanos que la policía despliega cotidianamente en los territorios”.

En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un grupo de personas que estaban privadas de su libertad realizaron un reclamo a las autoridades de esta comisaría en Ensenada. El conflicto, que inició como un altercado verbal fue escalando y la reacción de los efectivos de esta dependencia fue ingresar al sector de calabozos con escopetas cargadas con postas de goma y arremeter violentamente contra los reclusos.

En diálogo con ANCCOM, Rodrigo Pomares, abogado de la CPM que interviene en la causa, narró los hechos. “A nosotros nos van llegando noticias de una situación que ocurrió en la dependencia de la comisaría número 2 de Ensenada, y recibimos una denuncia proveniente del sector de Derechos Humanos del municipio, que había tomado conocimiento de los hechos a través de las personas detenidas que denunciaron haber sufrido torturas”.

Una de terror
Pomares es Coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, que se encarga, entre otras cosas, de monitorear las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires para prevenir los hechos de tortura y mal uso de la fuerza, y acompañar en las denuncias de estos hechos. Este equipo fue contactado por familiares de las víctimas y por autoridades del municipio que fueron alertados de la situación apenas ocurrieron los hechos.

Un pequeño foco de incendio producido durante el altercado provocó la participación de un grupo de bomberos que apaciguó la situación y dejó una manguera a presión en el lugar de forma preventiva. “Con esa manguera, el personal policial, bajo las órdenes de la titular de la dependencia, la señora Adriana Ponce, comenzó a agredir a los detenidos con chorros de agua fría muy fuertes, mojando toda la celda”, comentó Pomares. En esas condiciones, es que el personal policial se dispuso a tirar gas lacrimógeno y a cortar el suministro de electricidad.

A oscuras, mojados, y expuestos a las balas de goma y el gas lacrimógeno, los reclusos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunos de ellos incluso se desmayaron por esos actos violentos del personal policial.

Más tarde, y con el respaldo de un grupo de apoyo que se había presentado en el lugar, dieron la orden a las víctimas de salir del sector de calabozos para ser llevados a otro lugar, supuestamente para dialogar y resolver el conflicto.

“Cuando las personas empezaron a salir, los hicieron pasar entre hileras de policías ubicados a ambos lados y comenzaron a ser agredidos con bastones, patadas y trompadas”, declaró Pomares. Ese fue el primer hecho de agresiones físicas directas. Esta es una práctica de tortura conocida como «puente chino».

Los reclusos fueron trasladados a dos oficinas en el calabozo de contraventores y un lugar anexo. Allí recibieron una nueva secuencia de torturas, que incluyó amenazas verbales, psicológicas y de índole sexual. Fueron obligados a desnudarse, les sujetaron las manos por detrás de la espalda con precintos y los colocaron boca abajo, encimados unos sobre otros. Algunos fueron forzados a besar las partes íntimas de otros detenidos e incluso les acercaron tonfas policiales a sus zonas íntimas mientras los amenazaban con accederlos sexualmente con las mismas. Alrededor de las seis de la mañana, los hicieron regresar a los calabozos, desnudos y con sus pertenencias mojadas.

“Estos hechos tuvieron la participación directa de la titular Adriana Ponce; Ángel Barrientos, segundo jefe de la dependencia policial; y una gran cantidad de policías”, contó Pomares. Hasta el momento, la causa tiene tres imputados detenidos, el tercero es Leandro Altamiranda, quien era el imaginaria encargado del calabozo.

Tras tomar conocimiento de los hechos los equipos de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se hicieron presentes en la comisaría, entrevistaron a los detenidos, y realizaron un primer informe técnico que acompañó la denuncia penal por torturas.

La Comisión hizo la denuncia penal y comenzaron las investigaciones, en las que se recibieron los testimonios de todas las personas privadas de su libertad. Los relatos fueron muy precisos, describiendo tanto las agresiones sufridas, como a quienes las ejercieron, y también detallando la afectación psicológica y emocional sufrida. Esto motivó la realización de pericias psicológicas, que confirmaron la existencia de estrés postraumático en los afectados. También se realizaron pericias médicas, que constataron múltiples lesiones, algunas de ellas muy graves; en algunos casos, fracturas de costillas que requirieron intervención médica.
Otras pruebas recolectadas, como los registros de la dependencia, aportaron evidencias de los perdigones de goma utilizados por el personal policial. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio confirmaron el ingreso y egreso tanto de Ponce como de Barrientos y Altamiranda en el lugar.

Posteriormente, se avanzó en las imputaciones y en el pedido de detención, que finalmente se realizó el pasado 28 de marzo bajo los cargos de tortura y falsedad ideológica. Este último tiene que ver con que, una vez concluidos los hechos narrados, el personal policial quiso obligar a los detenidos a firmar un acta en la que se afirmaba falsamente que se había tratado de un conflicto entre ellos mismos y que eso había provocado la intervención policial.

Un patrón de violencia 
Uno de los efectivos policiales imputados, Ángel Daniel Barrientos, quien se encontraba en el momento de los hechos ejerciendo como segundo al mando en la comisaría, ya se encontraba detenido desde diciembre por un hecho similar en el que participó en marzo de 2018 en la Comisaría 4ta de Berisso.

Este hecho muestra a las claras la inacción de las entidades administrativas para tomar medidas cautelares cuando este tipo de hechos ocurren, ya que se trata de funcionarios públicos que desempeñan un rol con una elevada responsabilidad porque manipulan armas y tienen la facultad de detener personas. Sobre esto, Pomares contó que desde la CPM, “consideramos que el temperamento tiene que ser mucho menos sensible a la hora de tomar estas medidas cautelares para que un policía que está siendo denunciado salga de sus funciones hasta tanto se resuelva su situación”.

Barrientos fue condenado por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, por graves abusos y humillaciones cometidos durante una requisa en una seccional de Berisso. Esta persona ya tenía una causa pendiente al momento de los hechos y sin embargo seguía ejerciendo su rol de funcionario y, bajo su tutela, ocurrió este nuevo hecho de gravedad.

“Por eso también denunciamos la inacción de algunos organismos que debieron haber tomado medidas, ya que Barrientos tendría que haber sido separado de sus funciones hasta la resolución del juicio”, declaró Pomares.

No es un hecho aislado
Lamentablemente, las torturas dentro de dependencias policiales son una práctica habitual. La CPM, como ente de prevención y monitoreo, se ha encargado en los últimos años de acercarse y denunciar este tipo de hechos que ocurren de forma mucho más recurrente de lo que se desearía.

Existen casos que la CPM se ha encargado de seguir, como el de la Comisaría 3° de La Tablada donde, después de varios años de trámite judicial, catorce policías fueron condenados por hechos de abusos y torturas hacia mujeres y personas trans. Otro caso, cuyo juicio fue aplazado en las últimas semanas, fue el de la Comisaría de Domselaar, donde se dieron hechos de tortura y vejaciones físicas que ocurrieron entre 2015 y 2016. O el de la Comisaría 3° de Pergamino, donde la CPM denunció hechos de torturas mediante el pasaje de corriente eléctrica.

Existen muchos otros hechos que no llegan a juicio o ni siquiera son denunciados por las víctimas por temor a posibles represalias. “La tortura es una práctica regular y sistemática, y existen numerosas causas que se archivan o desestiman por la responsabilidad de la investigación judicial y fiscal”, declaró Pomares.

Las comisarías debieran ser un lugar transitorio para personas con causas pendientes, sin embargo, debido a la sobrepoblación del sistema penal, muchas de ellas se han convertido en lugares de alojamiento. Esto muchas veces propicia dinámicas dentro de estas dependencias que no debieran ocurrir, situaciones de maltratos por parte del personal policial y lugares que no están correctamente acondicionados para el alojamiento permanente: no tienen patios, sectores de esparcimiento o sitios para recibir visitas. Son lugares muy deteriorados y esa es una denuncia que se viene haciendo hace muchos años. “El gran problema del sistema penal de la provincia es que ingresan muchas más personas de las que pueden albergar”, comentó Pomares.

«El poder y la estrategia tienen que estar en la gente»

«El poder y la estrategia tienen que estar en la gente»

A casi un mes de la represión que dejó hospitalizado y gravemente herido a Pablo Grillo, Mario Santucho describe el funcionamiento del colectivo Mapa de la policía, cuenta cómo identificaron al autor del disparo que lo lastimó al fotógrafo; y se aventura a pensar otros modos de organización para la transformación social.

Mario Santucho es periodista, escritor y editor de la Revista Crisis. Es, además, integrante de la red antirrepresiva conocida como el Mapa de la policía con el que se reconstruyó como el agente policial cabo primero de Gendarmería Nacional de apellido Guerrero, disparó de forma ilegal una granada de gas lacrimógeno contra la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, durante la marcha que convocaban los hinchas de fútbol y jubilados. Militante social y de derechos humanos, hijo de Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo ( PRT-ERP) y de Liliana Marta Delfino, ambos desaparecidos por la última dictadura cívico militar. Todavía busca a su hermano o hermana nacida en cautiverio durante los años 1976 o 1977.

¿Cómo hicieron la reconstrucción del disparo que permitió saber quién fue el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo?

Este es un trabajo que venimos haciendo desde el Mapa de la Policía que es una especie de red antirrepresiva, de cuidados colectivos, de la cual participan varias organizaciones y personas sueltas, que surgió hace 3-4 años. Sobre todo, para generar una especie de plataforma de control social de las fuerzas de seguridad, particularmente, de la Policía de la Ciudad. A partir de diciembre del año 2023, cuando asume el gobierno de ultraderecha y empieza a haber una represión de la protesta muy fuerte que no se veía de una manera tan sistemática y tan agresiva desde hace mucho tiempo, el Mapa de la Policía decide crear un grupo específico que empezó a hacer esta reconstrucción con una técnica y una forma de trabajo que se llama arquitectura forense. Es una especie de práctica periodística de vanguardia que se hace en otras partes del mundo y que nosotros empezamos a hacerla acá. 

Consiste en organizarse para recolectar muchas imágenes sobre un evento y después con la herramientas informáticas reconstruir lo mejor posible lo sucedido en ese lugar. Eso lo venimos haciendo desde enero de 2024 y venimos perfeccionando el mecanismo cada vez que hay un evento importante como el del 12 de marzo. 

Nosotros hacemos coberturas colaborativas. Nos juntamos en un lugar cerca del congreso que nos prestan los compañeros y compañeras. Ahí convocamos a fotorreporteros, fotorreporteras y a gente que quiera participar de esa cobertura para registrar imágenes, organizarnos y dividirnos los lugares de la plaza. La idea es registrar cómo son los operativos policiales, no tanto como hacen los fotorreporteros habitualmente que es registrar la marcha, los compañeros y compañeras luchando gritando, bailando, sino más bien cubrir y registrar cómo se mueve la policía, cuántos son, dónde están, cómo se organizan, qué armas tienen, quiénes son los jefes y obviamente en los momentos en que hay represión, registrar lo mejor posible. 

Esto lo hicimos ese día, por eso ya cuando terminó la marcha y vimos lo que había pasado, rápidamente empezamos a recibir imágenes, a sistematizar, clasificar. Encontramos un vídeo, que en realidad nos manda un compañero que estaba cubriendo, en donde se ve el momento en el que le pegan el disparo. Ese fue el primer video que hicimos. Ahí trabajamos con un físico que se llama Rodolfo “Willy” Pregliasco, que se ha dedicado a ser perito en causas judiciales, específicamente con esta técnica de reconstrucción de acontecimientos en base a imágenes y que ya ha trabajado en varias causas como el 19 y 20 de diciembre del 2001 y la del 26 de junio del 2002 del Puente Pueyrredón.

Cada foto del video se descompone en 25 fotogramas. Él va fotograma por fotograma analizando y detectó en el siete u ocho fotograma diferentes momentos en que se veía el proyectil y la trayectoria. Fue el primer descubrimiento importante porque demostramos que habían tirado el proyectil de manera irregular, en vez de tirarlo para arriba en un ángulo de 45 grados. Después nos propusimos detectar quién había sido el que había disparado, sabiendo de dónde había salido el disparo por un humito que se veía en el video. Entonces buscamos otras imágenes, videos, fotos y ahí pudimos ver una imagen en la que se veía a la persona que disparó. Se sincronizan las fotografías, con los videos y el archivo de la imagen y de la metadata (que dice qué cámara lo sacó, en qué fecha y hora, y en qué lugar). En un video veíamos que quien había disparado tenía una ropa distinta a la del grupo. Obviamente buscamos cientos de imágenes de ese grupo del cual había salido el disparo. 

Con otras fotos detectamos quién era y en una de las fotos de alta resolución (nosotros trabajamos todo en alta) se veía la identificación. Hicimos zoom y ahí vimos el apellido y demás. Ese fue el segundo video que hicimos el fin de semana y lo publicamos el lunes.

¿Cómo participó la ciudadanía en esta reconstrucción?

Sobre todo, con el primer vídeo para mucha gente fue muy impactante y nosotros tratamos de transmitir que es un trabajo colectivo y ciudadano, que no era el trabajo de una persona o un grupo. Sino que era eso que nosotros llamamos inteligencia colectiva, comprometida, cooperando con muchos saberes, multidisciplinario. Eso para mí funcionó como una invitación. Incluso hubo gente que había estado ahí y se puso a hacer reconstrucciones ellos mismos y a buscar. 

Nosotros tenemos muchos insumos para hacer el trabajo. Unas son las fotos que sacan nuestros reporteros y reporteras que es importantísimo y es lo que nosotros más intentamos organizar porque ellos son los que están en primera línea. Ese es el insumo principal pero después es muy importante también las coberturas en vivo de los canales de televisión. El video que nos permitió ver quién era el gendarme que disparó a Pablo Grillo, era uno de un dron de Todo Noticias. Eso lo puede hacer cualquiera desde su casa agarrando las coberturas mirando y viendo en el momento y el lugar. Después están las imágenes que saca la gente con sus celulares y que mandan. Nosotros motivamos eso también. Hay toda una campaña pedagógica en el que cualquiera puede ser un productor de evidencia.  

Patricia Bullrich, después de la marcha del 12 de marzo, dijo que iba a prohibir el uso de drones. ¿Qué medidas tomaron a partir de esta declaración, desde el Mapa de la Policía para poder seguir registrando los episodios represivos? 

Para nosotros fue muy interesante porque te das cuenta en qué sentido estos contrapoderes desde abajo y de la sociedad ponen nerviosos a los poderes que intentan torpemente impedir nuestra construcción de verdad colectiva. Porque fue una clara reacción. Pero finalmente ellos no inhibieron los drones, no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero en la marcha del 19 no lo hicieron, y nosotros sacamos una consigna que fue “Si no hay drones hay balcones”, y luego organizamos en diferentes balcones que dan a la plaza congreso para desde ahí filmar nosotros. Nos pusimos en distintos lugares y logramos cubrir incluso mejor que con los drones. La organización colectiva y sobre todo la capacidad de responder creativamente a las medidas represivas del poder, para mí es infinita. Creo que lo más importante de esto que hicimos fue crear esa capacidad colectiva y el desafío ahora es que sea irreversible. Nuestro desafío ahora es que cada hecho represivo nosotros lo vamos a reconstruir y lo vamos a denunciar y vamos a mostrar quién es y esto para mi va a impactar. De hecho, esta semana salió la indagatoria al policía que gaseó a la nena en una movilización de jubilados.

En este sentido ¿Qué resultados obtuvieron en la justicia con toda la información y evidencia que recabaron?

Este es el primer hecho que se indaga. Eso ya es interesante porque además es el agente que había sido ascendido por Patricia Bullrich. Entonces ahora la justicia lo va a indagar, es posible que lo impute y después habrá que ver. 

Eso es bien interesante porque hoy, más allá de que en la conducción de las fuerzas de seguridad haya básicamente personas que son neofascistas que van a estimular y a premiar la violencia estatal, la disputa es más a mediano plazo y a largo plazo y no solo a corto plazo. Creo que los efectivos y los agentes, ya no los mandos políticos, van a empezar a tener como cierto cálculo sobre el tema y de eso se trata en general para mí la lucha antirrepresiva. Se trata de demostrar que hay un poder social, que no permite cruzar ciertos umbrales de violencia estatal. 

Y concretamente la justicia, nosotros ahora a partir del 12 de marzo están habiendo más casos además del de Pablo Grillo como el de Jonathan, un pibe que le sacaron un ojo con una bala de goma. En cada uno de esos lugares, nosotros estamos aportando evidencias. Específicamente este trabajo de reconstrucción que nosotros pusimos AHORA y es el Archivo Histórico de la Represión Argentina, estamos reuniendo las imágenes y almacenándolas de una manera que sirva como evidencia para causas judiciales.

Y en líneas generales, ¿Cómo puede colaborar la ciudadanía al Mapa de la Policía? 

Hay muchas formas. Por un lado, el Mapa de la Policía tiene una parte fundamental que es la denuncia de casos de violencia policial. Es una página web que tiene un formulario de denuncia. El Mapa de la Policía promovió la figura del testigo o la testigo. Normalmente la violencia policial la denuncia la víctima, pero ese es un proceso complejo porque no es fácil que una víctima denuncie por todo lo que ya sabemos de la revictimización que implica la denuncia institucional. Entonces, cuando surgió el mapa y empezamos a decir que podés denunciarlo, mucha gente que por ahí pasaba y veía un caso de violencia policial, lo empezó a registrar y a ver que podía hacer algo. Cualquiera puede registrar con sus celulares lo que ve, ya sea un caso de violencia policial que nosotros le llamamos más de los habituales, de los que tienen que ver con la gente que ocupa la calle de una manera cotidiana, ya sea para trabajar, divertirse, para lo que sea y es reprimida. Vendedoras ambulantes, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes. Cualquier caso de violencia policial que pasa en un barrio puede ser filmado y denunciado. Eso se visibiliza y ya visibilizarlo es una manera de denunciarlo.

El mapa es una red abierta ciudadana con lo cual es muy importante que participen. También hay muchas tareas para hacer, muchísimas. 

A su vez, esto nosotros lo estamos haciendo en Buenos Aires y nuestra idea es que se haga en todo el país. Ya hay un Mapa de la Policía en La Plata, está por salir el mapa de la policía en Córdoba y esto se tiene que hacer en todos lados. 

¿Crees que los mecanismo represivos de la policía están teniendo efecto sobre la población o se está perdiendo el miedo?

 Creo que estamos en un momento en el que hay tendencias contradictorias y que se está un poco definiendo qué va a pasar. Ha sido muy eficaz esta estrategia represiva para disciplinar a los de sectores más organizados. Por ejemplo, la CGT, los gremios en general, los estatales que salieron a defender a la gente que estaba despedida, los movimientos sociales que eran básicamente los organismos colectivos con más capacidad de movilización durante todo el siglo. Creo que a esos sujetos sí los han logrado, por ahora, disciplinar. En base al miedo y en base a que les han cortado la capacidad de movilización, porque son sujetos que históricamente estaban muy acostumbrados a movilizarse y lograr conquistas. Ahora no logran conquistas y además son reprimidos y no están acostumbradas a un nivel de violencia represiva como la que estamos viviendo. Durante todo este siglo no se había visto en Argentina. Sí en otros países de la región. Pero acá no. Entonces una, dos, tres marchas en donde van, nos reprimen salvajemente y encima no lográs cosas. Entonces la gente ya no moviliza, empieza el miedo. Creo que el año pasado hubo mucho eso. Pero este año es como si la gente aprendiera y empezara a haber formas de reacción frente a eso. Por ejemplo, la marcha LGBT Antifascista del primero de febrero que fue una reacción muy fuerte, eficaz, rápida y muy masiva, y que no hubo capacidad represiva. Hay algunos tipos de movilizaciones que descolocan a las fuerzas represivas, que las desbordan desde el inicio como la marcha universitaria.

Después el otro elemento clave fue el de los jubilados que no se atemorizan, que les dan y siguen, que tienen mucha valentía y que además es un ejemplo para los demás. La aparición de los hinchas ese 12 de marzo, fue también la aparición de un sujeto que no estaba en los planes y que tuvo mucha fuerza de resistencia y de capacidad de enfrentamiento. Te das cuenta que ahí hay capacidad de enfrentamiento, no tanto en las organizaciones. Es gente que se enfrenta a la policía en la cancha en los barrios que tienen una potencia mayor y se notó muchísimo. 

¿Es un quiebre en la democracia?

Sí, creo que hay un riesgo grande. Creo que ellos quisieran hacerlo, de hecho, están tratando de hacerlo con esto de la calle, es un ejemplo claro. 

Es posible que las elecciones de este año le vaya bien, pero cuando eso empieza a variar, no tengo dudas de que ellos pueden intentar una ruptura del orden constitucional como intentaron en Brasil la ultraderecha y no lograron. Pero yo creo que hay un elemento nuevo que es muy potente y es la aparición de un gobierno de ultraderecha también en Estados Unidos, el gobierno de Trump. Creo que eso puede ser un factor que anima tendencias autoritarias de parte de la ultraderecha. 

No creo que la ultraderecha tenga convicción democrática. Por lo tanto, sí pueden hacerlo lo van a hacer y esa es mi hipótesis.

Por supuesto que están los resortes democráticos de las sociedades, pero también hay factores como Estados Unidos que no es menor si está a favor o en contra de un golpe de Estado. En Bolivia sí lo apoyó cuando estaba Evo Morales. En Perú también lo apoyaron. En Brasil no. Hoy, yo creo que un golpe de estado en Argentina dado por Milei, Estados Unidos lo apoyaría muy probablemente. Entonces creo que es un aval también para ellos. Creo que tenemos que pensar en esa posibilidad y ante un desafío como este, que es lo que podríamos hacer y no reaccionar de manera, inmediata o escandalizados o sorprendidos.

¿Cómo viste las movilizaciones del 24 de marzo?

Hay dos cosas para destacar. Una es que, en muchos lugares, por ejemplo, Buenos Aires y Tucumán, se logró hacer una sola marcha que no me parece menor. Hacía 18-19 años que no se hacía y es un elemento de madurez en cierto modo. Lo otro que me pareció muy impactante fue la cantidad de gente que hubo. Más gente que el año pasado. Nosotros hicimos un cálculo y debe haber habido cerca de medio millón de personas acá en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país más de un millón de personas. 

Me parece que contribuye también a desarmar el miedo. Se puede salir y cuando somos muchos no hay represión. Yo diría, como déficit o espinita que me quedó clavada, es que eso fue un lunes y el miércoles 26 hubo una nueva marcha de jubilados que tuvo muy poca gente, después de lo que había pasado. Entonces creo que queda como desafío para esas grandes movilizaciones democráticas que tienen que ver con la memoria, cómo se ponen a disposición y pueden ser un insumo, una conciencia y una reserva democrática para los conflictos actuales. Eso me parece que es un gran desafío.

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para la militancia?

A diferencia de otros momentos yo creo que hay una necesidad de recrear el pensamiento político emancipador y para eso una de las cosas fundamentales es romper con la idea de que la construcción de una estrategia política transformadora la tienen los partidos de vanguardia y los dirigentes. Eso para mí no va más. El poder y la estrategia tienen que estar en la gente, en la sociedad, en las organizaciones libres del pueblo, en los movimientos sociales. El motor es este. Tenemos que construir la capacidad social de crear comunidad, imaginación política múltiple en todo el país y en todos los ámbitos. Yo creo que, si hoy ganáramos el gobierno, no sabríamos qué hacer. Las formas fáciles como estatizar o el control obrero de la producción son todas consignas. Necesitamos un poder social, gente que conozca realmente cómo funciona, con imaginación, que genere ideas y fuerzas concretas.

También hay que reconstruir la capacidad utópica, el deseo de cambiar las cosas en serio. No podemos ser tan positivistas, tan conservadores. Lo que falta no es cambiar una coma o un cargo. No, lo que tiene que cambiar es enserio.

Yo creo que el desafío es ese: construir un sujeto colectivo popular, múltiple y fuerte, priorizando siempre lo estratégico y no lo táctico. A su vez, para mí hay que recuperar una radicalidad y una rebeldía mayor. 

Después el proceso va a ser muy interesante si lo logramos hacer, muy lindo y sino lo otro va a ser un garrón, seguir como estamos, defendiendo lo indefendible, teniendo los candidatos que tenemos. No solo es ineficaz, sino que es aburrido, triste.

La salud pública en terapia intensiva

La salud pública en terapia intensiva

En el Día Mundial de la Salud organizaciones gremiales y sociales, trabajadores y pacientes se movilizaron al ministerio de Salud de la Nación en defensa de la salud gratuita y de calidad.

Foto: Archivo ANCCOM.

Hoy, como todos los 7 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Salud y organizaciones gremiales, trabajadores y pacientes se movilizaron al mediodía frente al Ministerio de Salud de la Nación, que tiene su sede en Avenida 9 de Julio 1925, para protestar ante los recortes en el área. ANCCOM dialogó con distintos asistentes a la marcha y detallaron con precisión sus reclamos.

La lluvia de este lunes no impidió que se llevara a cabo una marcha federal en defensa de la salud pública gratuita y de calidad, en donde se reclamó por los despidos y el vaciamiento en el sistema público sanitario. El epicentro fue el centro porteño. Allí, carteles, unión y compañerismo fueron los principales elementos que hicieron la fuerza para que esta movilización estableciera la potencia con la que los trabajadores de la salud luchan contra el ajuste.

De manera pacífica y solo utilizando la vereda, compartieron sus reclamos a través de un micrófono que logró captar la atención de los vecinos que pasaban por el lugar. La jornada de lucha comenzó cerca de las 13 y 15 y finalizó pasadas las 14. Aunque fue breve, logró establecer de forma contundente el deseo de que la situación por la que atraviesa la salud pública se modifique.

Raúl Laguna Bosch es médico generalista y trabaja en el Hospital Eva Perón y es miembro de la comisión directiva provincial de CICOP, el gremio de profesionales y técnicos de la salud en la provincia. “Hoy es el Día Mundial de la Salud, entonces nos nuclea la fecha porque la salud pública está en terapia intensiva, venimos siendo uno de los blancos de ataque del gobierno nacional de Javier Milei. Con más de 130 despidos en el Hospital Posadas, 200 despidos en el en el Hospital Bonaparte y desfinanciamiento de programas que abastecen medicamentos, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación. Queremos una salud pública gratuita e integral, enmarcada en un sistema único donde las (clínicas) privadas se nacionalicen, se estaticen”, afirmó.

Candela Ramírez es abogada y trabaja con el equipo de legales del gremio de CICOP. “Estamos en un plan de lucha, son diferentes actividades que se vienen haciendo por el ataque a la salud pública de este gobierno. Hay muchísimos despidos a nivel estatal, como se ve a nivel nacional, en la provincia, en todos lados y claramente una baja de la calidad de la atención hacia todas las personas”, indicó.

Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, habló sobre la destrucción del sistema de salud, la falta de medicamentos y cómo eso genera un impacto que puede llegar al aumento de la mortalidad, en personas con enfermedades crónicas. “No hay acceso a medicamentos, a reactivos que antes garantizaban el programa de VIH, lo mismo que el programa de hepatitis, donde tenés la detección, tratamiento y seguimiento de quienes sufren una enfermedad que es contagiosa y que está controlada gracias a que existía un programa. A la larga, esto va a traer más gasto en la salud pública, ya que lo que prevenís es menor gasto”, dijo.

Por otra parte, Paola Miño, de la Asociación de Obstétricas Municipales (ADOM), estableció cómo la baja de profesionales impacta en la calidad de atención de los pacientes. “Estoy en contra de las políticas del recorte que está generando el gobierno nacional. Y en el Hospital Ramos Mejía pasaron de tener 14 obstétricas a 7, lo que significa que hay una sola obstétrica de guardia que está 24 horas y tiene que estar despierta y ningún ser humano puede trabajar así. Si bien lo hace, baja la calidad de asistencia”, afirmó.

Además, expuso por qué se piensa erróneamente que se necesiten menos profesionales de la salud, cuando debería aumentar ese número. “Las mujeres no son una fábrica y sus cuerpos no son un producto. Pero cuentan así, números de parto y no importa la calidad de asistencia. Bajó la natalidad un 40% a nivel nacional, pero hay que acompañar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hacemos ese acompañamiento, no queremos que las mujeres mueran de dolor y solas. Somos las obstetras las que les tendemos la mano”, aseguró.

Como si fuera poco, Laguna Bosch indicó cuál es el sueldo de los médicos y la situación a la que se enfrentan todos los días. “En la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene su planta municipal y se ven sueldos básicos por debajo de 300.000 pesos”, denunció.

Además, los profesionales se van de un lugar a otro buscando trabajos mejores, tienen múltiples empleos, los sueldos muy bajos, las condiciones malas y como hubo incremento de la crisis social y económica, lo que termina pasando es que muchas personas que tenían obras sociales la perdieron y van al hospital público. La demanda y la carga de trabajo aumentó cerca del 30%, y no hay planta, siguen siendo los mismos profesionales”, agregó-

Lezana concluyó hablando sobre un “despertar” del pueblo argentino: “Hay cada vez más gente en la calle reclamando con toda la fuerza que tiene a las autoridades, porque el gobierno está violando los derechos humanos elementales”.