Los seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de General Roca, acusados de usurpación de varios predios ubicados en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro.

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a los seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu acusados de usurpación de varios predios ubicados en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Las penas, en su mayoría a dos años de prisión, fueron dictadas “en suspenso”. Varias de estas personas habían sido condenadas en octubre de 2024, entre ellas la machi (sanadora) Betiana Colhuan, por la usurpación de dos lotes de la Administración de Parques Nacionales. Su defensa anticipó que apelará el fallo, pero en caso de quedar firme implicará que vayan presas quienes, como la machi, suman dos condenas.

El juicio se originó a raíz de la presunta ocupación de terrenos pertenecientes al Estado y a dos privados entre julio de 2018 y octubre de 2022. En aquel momento, la entonces jueza Silvina Domínguez autorizó el violento desalojo del terreno donde se encuentra el exhotel de Parques Nacionales y las estancias La Escondida y Los Radales. Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), fue el debut del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad, que irrumpió con violencia en las casas, en presencia de menores, y fueron detenidas estas mujeres que el lunes 26 resultaron condenadas. Una de ellas, Romina Rosas, dio a luz mientras estaba presa.

Para el Tribunal Oral Federal de la ciudad patagónica -llamativamente, compuesto por un solo integrante- no fueron suficientes los testimonios de las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, responsables de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche; o de la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la exdefensora del Público, Miriam Lewin, o la abogada del Serpaj, Mariana Katz, en defensa de la comunidad de pueblos originarios.

El magistrado Alejandro Silva tampoco valoró la estrategia de la defensa, a cargo del equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, representado por los abogados Laura Taffetani, Gustavo Franquet, Luis Sánchez, Álvaro Árias Camacho y Eduardo Soares, entre otros, quienes durante más de cuatro horas expusieron las inconsistencias de los argumentos acusatorios de los querellantes -Parques Nacionales y los presuntos vecinos afectados por la presencia de la comunidad mapuche- y del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. “La causa trucha y armada contra la comunidad Winkul siempre fue un juicio político”, expresaron los abogados de la defensa.

“La justicia siempre acompaña el modelo económico-social al que pertenece. No creemos que sea independiente. En un sistema capitalista, la justicia está armada para sostener lo que está, no para modificarlo”, había anticipado Taffetani recientemente en declaraciones a ANCCOM. Y el tiempo, finalmente, le dio la razón.

Tras escuchar las últimas palabras de los acusados, el juez Silva anunció que a las 13 daría a conocer el veredicto del juicio. Y con una puntualidad digna de un reloj suizo, el magistrado retomó la audiencia virtual a esa hora exacta para dar a conocer su resolución, en la que condenó a todos los acusados. Matías Santana -quien recibió el veredicto cumpliendo arresto domiciliario- recibió una pena de 2 años y seis meses de prisión en suspenso, que se unificó con una condena anterior de un año de prisión para finalmente recibir una pena de tres años. También se determinó el cese de la prisión domiciliaria.

Del mismo modo, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso Jessica Bonnefoi, mientras que las penas fueron ligeramente menores para el resto de los acusados: Romina Rosas, dos años y cuatro meses de prisión; Martha Luciana Jaramillo, dos años y cuatro meses; Colhuan, dos años y dos meses de prisión y María Celeste Ardaiz Guenumil. Además, todos deberán cumplir con los requisitos de fijar una residencia e informar a las autoridades en caso de viajar a algún lugar. En su fallo, el juez Silva agregó la imposibilidad de acercarse al predio conocido como “La Escondida” y al territorio de Villa Mascardi del que fueron expulsados, además de no poder interactuar con sus presuntos propietarios y/o con trabajadores de Parques Nacionales. A su vez, el magistrado desistió de ordenar la remoción del rewe -objeto ceremonial de madera que representa un lugar sagrado, espiritual y medicinal para los mapuches- ubicado en el predio en disputa. Sin embargo, esto responde a una cuestión más técnica que de respeto a la cultura mapuche, ya que hay una causa en la justicia federal de Bariloche que deberá definir eso.

“Esta lucha no va a terminar con nosotros”

Durante la última audiencia del juicio, en los momentos previos al anuncio de la sentencia, cinco de los seis integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu utilizaron su derecho a decir unas palabras, tanto en su idioma ancestral mapudungun como en castellano.

La primera fue Jaramillo, quien argumentó que durante el juicio se demostraron “de sobra” argumentos que sostienen las razones por las cuáles se hacen las recuperaciones y reivindicaciones territoriales. «No solo dicho por nosotros, los que hoy estamos acusados de usurpar nuestra propia tierra, sino también de otras autoridades tradicionales de nuestro pueblo mapuche, como así también peritos científicos como las antropólogas, a quienes agradecemos, dejaron desde su conocimiento los fundamentos por los cuáles nosotros estamos retornando a ese territorio», sostuvo. “Es un error histórico seguir negando la existencia de nuestro pueblo, los reclamos y las reivindicaciones que tenemos. Entiendo que todo esto es producto del colonialismo, somos un pueblo invadido y oprimido. Como ha ocurrido en la antigüedad, hoy nos persiguen, nos judicializan, nos encarcelan. Han matado a nuestra gente también, es como si nos quisieran obligar a dejar de ser quienes somos, como si estuviera mal ser mapuche”, enfatizó. Para Jaramillo, así como otra gente luchó antes, “vendrán otras generaciones que seguirán luchando, estamos sosteniendo esta resistencia para seguir existiendo como pueblo originario. Lejos de victimizarnos, hemos venido a contar nuestra verdad”, agregó.

A su turno, Romina Rosas aseguró sentirse “indignada” por un proceso judicial al que consideró un “atropello” y aseguró que ser mapuche es “vivir en la naturaleza, defenderla y ser uno solo con ella”. En uso de sus últimas palabras en la audiencia que se realizó por Zoom, la mujer aseguró que no fueron respetadas en ninguna instancia de este proceso. “Cuando fueron a allanar, cuando fueron a atropellar a nuestra comunidad, nos arrastraron, nos pegaron, nos gasearon. Los niños se tuvieron que replegar en el monte y también fueron perseguidos y les dispararon”, cuestionó, en relación al violento operativo de desalojo en Villa Mascardi.

“El Estado Argentino tiene una gran deuda con nuestro pueblo: de la Campaña del Desierto hasta ahora, solamente ha habido pura imbecilidad y salvajismo de parte del Estado. Terrorismo, invisibilización, criminalización, asesinatos. Y todo por un gran interés, el territorio mapuche”, remarcó. Además, cargó contra la Fiscalía, a la que acusó de no tener argumentos, ni testigos en su contra. “¿De qué estamos hablando? ¿Qué montaje es este?”, se preguntó.

“Este juicio fue una barbarie para nosotros y es el mensaje que le están dando a todo el pueblo mapuche: el desalojo, el despojo. No importa nada. La solución ya estaba marcada antes de que empiece, no quisieron recibir testigos, solamente tuvieron más de parte de la querella. Eso no es igualitario, no hay respeto”, arremetió Rosas.

Por su parte, Santana también arremetió contra el desarrollo del juicio que lo tuvo como uno de los acusados. “Tanto la Fiscalía como los querellantes, en tanto tiempo de proceso investigativo no han podido encontrar ni una prueba concreta de lo que son los cargos y las acusaciones. Nos volvemos a encontrar en un proceso donde se da la vulneración de nuestros derechos”, cuestionó. El joven mapuche, testigo clave en el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, expresó que el juicio es parte de una decisión política. “Esas decisiones políticas hablan hoy de que nosotros tenemos que perder la libertad, dejar de lado todos nuestros derechos que deberíamos tener garantizados. Volvemos a hablar de un Estado ausente”, afirmó.

Justicia amañada

“Hoy hay prefectos asesinos que andan caminando por la calle en libertad y, sin embargo, nosotros tenemos que cumplir cárcel para que ustedes nos escuchen. Eso es un proceso injusto”, remarcó, en alusión al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel de un tiro por la espalda por parte de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura, precisamente en la comunidad que ahora está en el banquillo. “Nosotros ya fuimos condenados, porque fuimos condenados a vivir en la miseria, a ser una mano de obra barata”, aseguró Santana. “Volver a un territorio no es delito, volver a ocupar lo que alguna vez nos ocuparon a sangre y fuego no es delito e, independientemente de la decisión que tome la justicia, vamos a seguir en esta lucha y levantando la voz, porque el nuestro es un pueblo que está más vivo que nunca”, sentenció.

Luego tomó la palabra Güenumil y repudió las “metodologías genocidas” que condenan a la comunidad mapuche. “Es injusto que nos sigan condenando, que nos sigan hostigando, que sigan violando nuestros cuerpos, a nuestros hijos y nuestros territorios”, dijo. Y se dirigió al juez Silva: “Está en sus manos tener una decisión política histórica y que realmente haya un respeto a nuestra autoridad, a nuestra machi Betiana y a su rewe, que es un espacio ceremonial y de salud”, manifestó. “Nos están condenando a nosotros, que defendemos la vida. Siempre hemos sido los más discriminados, tirados, en las periferias, a la pobreza y jamás han querido que nosotros tengamos un pensamiento político, social, donde nosotros planteemos nuestra filosofía de vida y que podamos existir con nuestra cosmovisión. Siempre se ha demostrado la violencia y el racismo”, remarcó.

En el orden solicitado por la defensa, por último habló Colhuan, quien insistió en el rol sagrado del rewe para su comunidad y en la inexistencia de delito. “Soy hija de la naturaleza, de mi territorio, la montaña, los lagos, y mi deber, la razón de mi existencia, es defender nuestros territorios”, expresó. “Soy descendiente de todas las machis que asesinaron, que quemaron como brujas. También soy descendiente de los valientes luchadores que defendieron nuestros territorios para que hoy nosotros estemos acá. Por eso no me considero usurpadora de ningún territorio. Somos la continuidad de la resistencia de un pueblo al que intentaron exterminar y no lo pudieron hacer”, enfatizó. “Para nosotros es muy injusto acusarnos de usurpación de un territorio que sí fue usurpado por el Estado cuando llevó a cabo una campaña genocida y que no pudo ser porque este pueblo, digno, ha resistido tanto avance y atropellos”, agregó.

“Ese territorio para nosotros es un espacio sagrado, por eso no voy a retroceder ni un paso, porque ese espacio es el que vio nacer a mis hijos y es el que hoy guarda la vida de Rafael Nahuel. A él lo asesinaron por la espalda por ese espacio”, insistió.

“Tal vez quieran encerrarnos, desalojarnos y despojarnos de nuestro territorio, pero esta historia y esta lucha no va a terminar con nosotros. A nuestros cuerpos los van a poder encarcelar, pero nuestro espíritu va a seguir siendo libre. Aunque nos tiren con gas, nos asesinen, somos parte de la naturaleza y la vamos a respetar y vamos a seguir existiendo en nuestro territorio para proteger la vida”, concluyó.

“Hablaron de ideología porque no tienen ninguna prueba”

En las jornadas previas, el equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina expuso en su alegato durante poco más de cuatro horas los motivos por los que consideraban que los miembros de la comunidad mapuche debían ser absueltos.

En primer lugar, el abogado Luis Sánchez cuestionó que los integrantes de la comunidad estuvieran siendo juzgados dos veces por el mismo hecho, algo que en el Derecho se conoce como “non bis in idem”. Además, resaltó que ninguno de los acusados pudo ser identificado como autores de los delitos que se le endilgaron. “En ningún momento identifican o aportan prueba alguna para distinguir quién, cuándo o cómo se produce el supuesto despojo, que es el hecho objetivo que nosotros estamos investigando en este caso. No hay datos concretos, es todo conjetural y obviamente pretenden sostener esta acusación en base al hallazgo de pertenencias en las rucas (casas) de nuestros defendidos como si eso demostrara algo”, sostuvo.

En tanto, Gustavo Franquet, expresó: “Es tan político este caso que, si la audiencia de conciliación se hubiese llevado a cabo como requirió la defensa en su momento, habría un Gobierno que había firmado el acuerdo conciliatorio y hubiese venido a refrendar lo que había firmado. Cuando, finalmente, se realizó a instancias de la Cámara de Casación, había cambiado el Gobierno y el argumento central con el que se rechazó la homologación del acuerdo fue que la víctima que tenía que comprometerse ya no estaba de acuerdo”. De hecho, durante el gobierno anterior se había llegado a un acuerdo político.

Franquet recordó que el eje de este conflicto “es el levantamiento de una machi y de su rewe, algo que tiene una enorme trascendencia para la historia del pueblo mapuche”.

En tanto que el doctor Siro Soto puso énfasis en la “indignación” que genera el “juego criminalizador” de la Fiscalía y la querella queriendo aplicar el derecho penal para resolver un conflicto territorial. Por su parte, el abogado Álvaro Arias Camacho citó jurisprudencia que destaca que la ocupación de un inmueble -sea legítima o no- no puede configurar por sí misma el delito de usurpación y cuestionó a la Fiscalía y la querella por “tropezar con la falta de perspectiva de interculturalidad” al no entender el rol del rewe para la comunidad.

“Justamente, al no entender esta realidad que tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento de la vida espiritual, de la cosmovisión del pueblo mapuche, es que se llega a interpretar su accionar como un medio comisivo cuando, efectivamente, no hay forma de poder engarzar estas acciones en una figura penal”, argumentó.

Mapuches torturadas

Asimismo, Blanca Barreiro puso énfasis en la violencia institucional del Estado sobre la comunidad acusada de usurpación, puntualizando sobre las mujeres que forman parte de la misma. “Estas mujeres fueron golpeadas desde el primer momento en que se las detuvo, arrastradas, llevadas de los pelos, subidas a los móviles. En los móviles le seguían pegando, incluso a Romina Rosas, que estaba embarazada ya casi a término. Quedo corta si digo que son tratos crueles, inhumanos, vejaciones, porque es tortura. No tiene otro nombre”, remarcó.

En tanto, Laura Taffetani resaltó la “irregularidad” del proceso judicial desde su inicio en primera instancia al mencionar su inicio por el incendio de una casilla de Gendarmería instalada en un predio privado. “Nadie comprende cómo puede haber un puesto de una fuerza pública en una propiedad privada”, ironizó. “Esto habilitó a que la fiscal María Cándida Etchepare solicite un allanamiento y desalojo al lugar que supuestamente había sido tomado”, protestó.

Además, Taffetani consideró que se “violó el derecho de defensa” de los acusados al no permitir que estuvieran sus defensores presentes durante el allanamiento e, incluso, invocar la Ley de Seguridad Interior para que la causa tuviera secreto de sumario.

“Entraron sabiendo que había niños, y se sabe que por el protocolo tendría que haber sido notificada la Oficina de Niñez para que vaya e intente una mediación. Y le puedo asegurar que si hay alguien que tiene cuidado por los niños y por las niñas esa es la comunidad mapuche”, cuestionó.

Por último, Eduardo Soares denunció que el juicio se trataba de una “causa trucha” creada por el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en complicidad con la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad. “Desde la instrucción venimos viendo racismo y desprecio. Y todo esto lo hicieron ustedes: la Fiscalía, Parques Nacionales y los sectores racistas y supremacistas”, arremetió. “Esta gente no habló de derecho, ni siquiera de su propia prueba. Hablaron de ideología, no tienen nada, no tienen ninguna prueba”, remarcó.