Desde hace un mes, distintas entidades y organizaciones de derechos humanos marplatenses repudian el intento de transformar el Faro de Mar del Plata en un bar destilería. Sobre ello, denunciaron una serie de irregularidades que continúan vigentes. 

El Faro Punta Mogotes, ubicado en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, fue inaugurado el 5 de agosto de 1891 y desde su fundación está bajo la órbita del Servicio de Hidrografía Naval dependiente de la Armada Argentina (ARA). Allí comenzó a funcionar la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) desde enero de 1969. Sin embargo, durante la última dictadura cívico-militar, el espacio funcionó como un centro clandestino de detención y, a su vez, en las instalaciones de la ESIM se adoctrinaba a los infantes de marina para combatir en la “lucha contra la subversión”, según especifica la página web del Faro de la Memoria.

Con el retorno de la democracia se iniciaron proyectos tendientes a trasladar la ESIM, con la intención de desocupar las instalaciones que funcionaron como centro clandestino de detención, algo que sucedió en 1994 con el traslado de la escuela a la Base Naval de Puerto Belgrano. A pesar de la desocupación del predio, la Armada continuó controlando ese espacio con fines lucrativos. No obstante, desde 2001 se presentaron distintos proyectos con el objetivo de declarar al faro como “Sitio de Interés Patrimonial”, la colocación de una placa y señalización. 

El 15 de febrero de 2013 fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualmente, el tradicional Faro marplatense funciona como un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. 

Sin embargo, la posesión del terreno está en un “limbo” y que quedó una parte del espacio sin adjudicar, que le pertenece a la Municipalidad. En ese lugar, durante el 2022 empezó a diseñarse La Restinga London Dry Gin, un bar y destilería de Gin propuesto por Matías Iriarte, empresario y dueño de otros negocios vinculados al ocio y a la diversión nocturna en La Feliz. Dicho plan se pensó sobre calles internas que dan cuenta que ese lugar era parte de la ex ESIM y que no pueden desentenderse de lo que fue el Centro Clandestino de Detención.

El sur marplatense se caracterizó en el último tiempo por ser escenario de diferentes proyectos de inauguraciones empresariales en terrenos lindantes al mar. Esto último no podría haberse llevado a cabo sin el accionar del intendente Guillermo Montenegro –ex fiscal federal y ex Ministro de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, conocido por sus acciones privatizadoras y negacionistas–, que empezó un proceso en la ciudad para convertir espacios públicos en emprendimientos privados.

Ana Pecoraro, militante de Derechos Humanos y coordinadora del Faro de la Memoria, explicó a ANCCOM que “el intendente está poniendo a la venta prácticamente la mitad de la ciudad. Ahora quiere quedarse con Punta Mogotes y parece que quiere hacerlo tipo Puerto Madero. Acaba de entregar tierras públicas a un country por un precio irrisorio y está queriendo privatizar el Estadio Mundialista porque se está venido abajo”. Sobre la seguridad y cuidado en la zona costera, Pecoraro reflexionó: “La zona sur de Mar del Plata está saturada en el verano. En las playas y boliches nadie controla ni regula, el año pasado murieron dos pibas. No hay control municipal, el ambiente natural de las playas también está realmente destrozado. En menos de un kilómetro hay más de diez boliches en verano. Necesitamos otra cosa también, algo que equilibre a nivel cultural e histórico”.

Frente a la decisión de Montenegro de favorecer a la empresa Burbarrel S.A., propiedad de Iriarte, se estuvieron llevando a cabo de parte de distintas entidades marplatenses diferentes actos para detener el proyecto, en el entendimiento de que la instalación de un bar es un ataque a la memoria histórica y colectiva que tanto tardó en lograrse. Sin embargo, no pudieron impedir que la iniciativa fuera aprobada en el Consejo Deliberante, con 15 votos a favor del PRO, la UCR, la CC y la LLA; y en contra de UP, FR y Acción Marplatense.

Memoria y ambiente

Frente a esto, distintos integrantes de organismos de derechos humanos gestionaron una acción preventiva de daño ante la justicia, para que dicte un amparo en resguardo de la integridad del predio. En principio, la acción fracasó porque el juez Simón Issach resolvió que la demanda resultó “abstracta” tras la aprobación de la Ordenanza 26400 que habilita la instalación del bar de gin de la marca Restinga.

El as en la manga para repelerlo fue un amparo ambiental iniciado por dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Felipe Oliveri y Jerónimo Santos, con la intención de demostrar la cantidad de irregularidades que contenía el expediente. “Junto con mi compañero fuimos a las sesiones del Concejo Deliberante en las cuales estaba para aprobar el proyecto de ordenanza, y observamos que a pesar de las irregularidades presentadas y expuestas, el proyecto se aprobó de todas maneras” expresó Oliveri a ANCCOM.

El estudiante de Derecho dijo que gracias a una materia que aprobó junto a su otro compañero en el anterior cuatrimestre, pudo dar cuenta de las irregularidades vistas y llevar su conocimiento a la práctica: “Habíamos aprobado la materia Derecho Ambiental enseñada por nuestro profesor Iván Luchessi y a partir de ello seleccionamos los fundamentos y el cuerpo de un amparo de ciencia colectiva por haberse violado ciertas normas en el procedimiento ambiental y administrativo que se tiene que cumplir siempre que uno otorga un permiso de construcción en un lugar”, describió.

En su investigación, logró dar cuenta de la violación del principio de estudio del impacto ambiental. “No solo es un lugar donde hubo torturas y desapariciones sino que es una reserva forestal y turística que requiere de un tratamiento especial agravado, es decir, más solemne, lo cual en la cuestión administrativa no se dio”, expuso sobre un relevamiento de estudio ambiental sobre el terreno en el que se desea colocar el bar que no se hizo.

Junto a los estudiantes están los abogados Bautista Penna e Iván Luchessi, quienes los orientaron y les brindaron el visto bueno en el amparo a realizar. “Luchessi es un abogado militante en materia ambiental, nos ayudó a esquematizar todo el proceso dándole una validez técnica para posteriormente poder presentarlo. También es quien nos concede la firma”, comentó Oliveri.

El amparo fue acompañado por más de 100 firmas, que serán presentadas como prueba documental y política. La junta de firmas fue realizada el pasado sábado 24 de agosto, durante una movilización organizada bajo el nombre Mateada por la memoria con la intención de defender la presencia del Faro y en repudio de la instalación del bar. “Es urgente, cuidemos la reserva, cuidemos la memoria. Restinga: nunca más es nunca más”, fue el llamado que contenía el flyer. En esa jornada cada persona que tiene algún familiar, amigo o conocido que esté detenido o desaparecido llevó una imagen para colgarla en los alambrados y en la puerta donde se instalaría el bar.

Mónica Scatizxi es docente de Recursos Naturales de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue estudiante de la misma universidad y cuenta que durante su trayectoria estudiantil tuvo compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por el Faro de la Memoria. “Así fue como yo me acerqué al lugar y trabajé con ellos. Acompaño algunas actividades desde lo que es la educación y los derechos humanos, hace poco hicimos una jornada sobre los océanos donde estuvieron estudiantes de turismo haciendo las prácticas comunitarias”, comentaba Scatizxi. Además, expresó que el sábado “se juntó mucha gente y que fue bueno para el ánimo y para el corazón”.

Ana Pecoraro fue quien se encargó de brindar todos los detalles sobre la situación del faro y acompañar en el recorrido. “El predio siempre estuvo atravesado en una serie de disputas permanentes y de contextos de distintos gobiernos complejos”, contó. Sin embargo, la coordinadora del espacio explicó que nunca se perdió el compromiso para resguardarlo, y que hace años se vienen llevando a cabo distintos proyectos que vinculan al Faro de la Memoria con actividades educativas y ambientales: “Le pedimos a la Universidad que presenten algún proyecto para ese predio, porque sabíamos que a la Secretaría de Derechos Humanos o a los Derechos Humanos, Montenegro no lo iba a entregar”.

Pecoraro explicó que la iniciativa se centraba en transformar ese establecimiento en un espacio público, de promoción de derechos, “que también se rescaten las características del predio que eran los inicios de una reserva forestal, que en los 80 la dictadura se la entregó al municipio”. Se buscó realizar un proyecto para inaugurar un parque de las infancias como iniciativa ambiental y de derechos humanos entendiendo también al cuidado del ambiente como un derecho humano. Pero ese proyecto nunca fue tratado.

La coordinadora agregó que fue partícipe de las comisiones que se realizaron por el tratamiento del expediente: “Nos presentamos en la Comisión de Obras donde habló un sobreviviente y tres testimonios más, volviendo a explicar, porque ya lo habíamos hecho dos años atrás, por qué no se debería estar gestionando todo esto. Luego nos presentamos en la Comisión de Legislación, ahí se presentó la Universidad Nacional de Mar del Plata, una ONG ambientalista que se llama Surfrider y la expresidenta de la Sociedad de Fomento, quien repudió el proyecto y dijo que en él había un montón de irregularidades por las que el oficialismo no estaba haciendo nada, una de ellas, que no había habido Asamblea Extraordinaria”. A pesar de los conflictos, Pecoraro destacó que el interés de los organismos, sus compañeros y otras entidades no faltó: “El Concejo Deliberante ha estado lleno, la gente se mostró muy preocupada. Yo tengo el teléfono estallado con gente preguntándome “Ana ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos?”, por eso sabemos que esto se trata de seguir protestando y de salir a la calle”.

La palabra ahora la tiene una vez más el juez Issach, ante quien se presentaron nuevos amparos y apelaciones.