Sep 21, 2021 | Novedades, Trabajo
Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».
Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.
«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».
Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.
La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.
Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.
“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.
Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.
El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.
“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.
Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.
En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.
Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.
La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.
Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.
En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.
Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.
Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.
Jul 1, 2021 | Novedades, Trabajo
La situación de los manteros en la ciudad de Buenos Aires está complicada, aunque en verdad siempre lo estuvo. En el contexto de pandemia todo se intensifica y problematiza. Después de un año y tres meses del anuncio de la cuarentena, las dificultades que tienen para vender son las mismas y hasta han aumentado. Sin ánimos ni esperanzas de recibir una solución, cientos de personas se ven obligadas diariamente a tender su manta sobre las veredas de barrios como Once para recaudar lo necesario para cubrir gastos diarios y mantener a sus familias.
Los manteros debieron cancelar su actividad durante buena parte del año pasado al quedarse en sus casas, situación que se repitió en abril y mayo pasado. “Hubo nueve días que no pudimos trabajar, no pudimos venir directamente. Volvimos con miedo de que la policía nos saque todo. Por eso vinimos con poca mercadería”, cuenta resignada Mariana Belozo de 25 años, vendedora de zapatillas en Once. Su testimonio desnuda gran parte de las problemáticas que deben afrontar, además de un esfuerzo constante por trabajar y un contexto que no ayuda.
La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.
En estado de desesperación por perder su fuente de trabajo y toda oportunidad que tenía, Malick insultó a los oficiales y estos además de secuestrarle todas sus pertenencias lo llevaron a la comisaría. “Vienen y te empiezan a levantar las cosas como si fueran los dueños, se quedaron con toda mi inversión, ese era mi trabajo. Les pregunté dónde tenía que ir a buscarlo y me dijeron que no me lo van a devolver. Estaba enojado, los insulté y no me arrepiento. Me costó mucho tiempo volver a recuperarme”, cuenta.
Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.
Otra disputa e inconveniente frecuente es con los comerciantes locatarios, que en muchas ocasiones amenazan a los vendedores con denunciarlos y echarlos de lo que ellos consideran “su parte de vereda”. Hasta suelen cobrar “renta”, “alquiler” o “cuidado” del metro cuadrado de vereda para que el mantero coloque sus productos.
Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.
Rosa, vendedora de ropa infantil hace más de 10 años en la zona, cuenta que en 2017 hubo una única propuesta a manteros por parte del Gobierno de la Ciudad para moverse al predio sobre Juan Domingo Perón y Bolougne Sur Mer. El mismo funcionaría como feria. La propuesta consistía sólo en brindar un lugar, sin puestos armados, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin baños, sin ningún tipo de infraestructura para el comercio. Además, el predio era demasiado pequeño para la cantidad de manteros que tiene la ciudad de Buenos Aires, por lo que era imposible mudar a todos los vendedores.
Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien, no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.
Jul 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La cuarentena llegó para resguardarse del coronavirus y quedarse por un buen tiempo. Por eso, la medida provocó también que el bolsillo de los ciudadanos se vea afectado, golpeando a los más vulnerables, aquellos que necesitan trabajar día a día y no pueden relajarse. Entre ese grupo están los vendedores ambulantes: ¿qué sucede estos días de aislamiento con ellos y su trabajo?
A raíz de la pandemia que tiene al mundo alerta, la cuarentena obligó a que muchísimos argentinos desistieran de concurrir a sus trabajos para evitar un posible contagio. Como consecuencia de la falta de circulación en los cascos urbanos, muchos comerciantes están sufriendo de gran manera, y uno de los sectores más invisibilizados son los vendedores ambulantes, principales exponentes del empleo informal.
La situación de este sector es crítica, ya que vivir con el dinero que ganan en el día, su situación se tornó gris, al menos en el AMBA. Antes de la cuarentena, el sector seguía creciendo a gran velocidad: ya a principios del año 2019 el Sindicato de Vendedores Libres calculaba más de 10.000 personas viviendo de las ventas ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que aumentaba de manera constante.
“La situación está difícil, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar y parece que va a seguir para largo, me tiene preocupado” expresa Omar Gutiérrez, vendedor ambulante de Berazategui. Gutiérrez, quien ofrecer indumentaria deportiva, comenta que la solución temporal encontrada para darle una vuelta a su trabajo es la venta online: “Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y contactarse con el comprador, y yo voy a llevar la mercadería, siempre cumpliendo el distanciamiento social y con uso de barbijo”.
Ante la consulta sobre si hay diferencia sobre los ingresos de antes de la cuarentena comparados con los de ahora, Gutiérrez sostiene: “Tengo más llegada por Facebook, pero no es lo mismo, muchos preguntan para averiguar precios, pero muy pocos compran. Tengo la suerte que junto con mi esposa podemos mantener el hogar, pero tengo muchos compañeros que la están pasando mal”. La situación de los vendedores ambulantes es muy diferente a la de los comerciantes en Buenos Aires. “Ojalá se pueda conseguir un permiso, así como están haciendo con los comercios, para que por lo menos podamos salir en ciertas horas, manteniendo el protocolo y la distancia social, porque así es muy difícil seguir”, comenta.
La situación de Gutiérrez es similar en gran parte del territorio argentino. “Mechita” Suarez (como así prefiere que la llamen) es vendedora de indumentaria de temporada, como guantes, soquetes, medias. Expresa que no pudo aguantar más la situación en Santa Fe, después de estar tantos días sin trabajar y volvió a salir a las calles para ganarse su dinero: “El gobierno no nos ayudó, yo vivo con mi hija, ella cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero yo no, y así le pasó a muchos compañeros”, dice Suarez. “Mechita” no ve el panorama con buenos ojos: “La venta está muy fea, la gente está con miedo. En la calle no se te acercan y sobrevivimos a esto como podemos”.
“Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y yo voy a llevar la mercadería», dice Gutiérrez.
La razón de la falta de ventas es también causada por la falta de demanda. Hugo Delgado, comerciante de la ciudad de Marcos Paz, cuenta que solía comprar mercadería a los vendedores ambulantes, pero que ya no lo hace, ya que el momento económico no es el mejor: “Hoy no tengo dinero extra que me sobre para comprar cosas. Solo compro lo básico, como comida y limpieza personal”. Delgado considera que las ventas ambulantes son exitosas por su simplicidad: “Uno los cruza en la calle y simplemente ahí, en el momento, ocurre la compra. No soy de usar redes sociales ni de ir buscando productos. Antes quizás veía algo que me gustaba, consultaba el precio y si me parecía razonable, compraba en el acto”. Además de estas complicaciones, hay algo que no se debe pasar por alto: la gente también tiene miedo de contagiarse del virus. “Tampoco creo que sea indispensable en este momento comprar mercadería, no quiero comprometer a mi familia saliendo a buscar cosas que no sean indispensables, uno tiene miedo de contagiarse, el virus está por todos lados”, manifiesta Delgado.
Por otro lado, en un panorama completamente distinto, Roberto Quiroga cuenta que en Tucumán los vendedores ya tienen los permisos para poder circular y trabajar: “El gremio hizo una presentación en el COE (Comité Operativo de Emergencia) para que nos habiliten”. Roberto, que es secretario general del sindicato SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) de Tucumán,dice con orgullo: “Hicimos un protocolo, siempre respetando las normas del Ministerio de Salud, así los compañeros van trabajando”.
Además de su rol como autoridad, Quiroga es quien maneja las redes sociales del sindicato, subiendo imágenes de las actividades que hacen para ayudar a los vendedores: cocinan, recolectan alimentos no perecederos y entregan barbijos junto con alcohol en gel a los vendedores para que siempre respeten el protocolo. Comenta que como autoridad de la organización que representa a los vendedores ambulantes de dicha provincia, organizaron diferentes actividades para poder ayudar a los vendedores en este momento difícil: “Estuvimos conteniendo a los compañeros, dándoles viandas y bolsones de mercadería en estos tiempos de pandemia, en la cual estuvieron parados 80 días sin poder trabajar”. También repite una frase, un mensaje, que suele compartir también en las redes sociales del sindicato: “De esta salimos todos unidos”.
