Todo el poder a la policía

Todo el poder a la policía

Jun 19, 2025 | DDHH, Destacado 3

Un decreto del Poder Ejecutivo modificó el estatuto de la Policía Federal. Bajo el pretexto de modernizarla y convertirla en un cuerpo de investigación, se le permiten detenciones arbitrarias, ciberpatrullaje y mayor laxitud en la represión.

El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal Argentina (PFA) con nuevas atribuciones que amplían, aún más, el margen de discrecionalidad policial e incrementa gravemente los niveles represivos.

El martes 17 de junio mediante el Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se dio a conocer la nueva medida del gobierno de Javier Milei que impacta en las garantías ciudadanas, los derechos humanos y los principios democráticos. 

La nueva normativa fue firmada por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y modifica el Estatuto de la Policía Federal Argentina. Se trata de un estatuto que casi todo el arco político coincidía en que debía ser cambiado ya que nació del Decreto 333 de 1958. Pero muy lejos de buscar un nuevo marco policial en favor de los ciudadanos, en su afán de crear un “FBI argentino”, el gobierno de Javier Milei otorga atribuciones a los policías federales que tienden a sostener un tinte represivo. 

Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), coincidió en que la PFA necesita una transformación, aunque claramente en sentido opuesto a la iniciativa oficial. “Identificamos que la Policía Federal necesita una reestructuración hace muchos años. El decreto ley que regía es del 58. En el medio, la policía participó tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras. Es una policía que sostiene una estructura de inteligencia que, incluso en democracia, generó infiltraciones en organizaciones políticas, como el caso reconocido del agente infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh”, dijo Pomares refiriéndose al espía Américo Balbuena.

Antes de este decreto, la Policía Federal tenía funciones mixtas tales como las judiciales, las preventivas, y las de seguridad ciudadana. A partir del nuevo Artículo 3, su misión principal pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, y la protección del Estado nacional. “El objetivo principal ya no es cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires, ahora es una Policía Federal de investigación” dijo Bullrich, ministra de Seguridad, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. La funcionaria aseguró que buscan estructurar una Policía «moderna y orientada a la investigación».

Este cambio de perspectiva es fundamental: deja de priorizarse el vínculo con la ciudadanía para asumir una lógica de inteligencia y control estatal. La supuesta modernización hacia una fuerza orientada a la investigación no cuenta con un plan claro, “en el texto del decreto no hay claras nociones sobre cómo se va a establecer esa reforma”, advirtió Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“No estaría mal crear una policía de investigación en función judicial, que investigue cuando lo necesite y habilite la justicia —señaló Pomares—, pero le dieron facultades que no tienen nada que ver con una policía de investigación”. Por eso el Estatuto está lleno de contradicciones. 

Sin orden judicial

Uno de los artículos más controversiales del decreto es el Artículo 6, que amplía de forma significativa el poder de acción de la Policía Federal. Autoriza detenciones sin orden judicial por simple sospecha o falta de documentación, cacheos sin autorización previa, vigilancia de redes sociales abiertas y confección de registros sobre personas vinculadas a actividades “reprimibles”. También habilita el acceso a bases de datos públicas para investigar a los ciudadanos. 

“Con estas facultades extraordinarias nos referimos a inteligencia sin orden judicial y sin salvaguardas. Nos referimos también al espionaje en el ciberespacio, esto es, páginas de internet, redes sociales, con la sola mención de la prevención de un delito, que es una expresión muy poco clara, que le da amplios márgenes de discrecionalidad a la intervención policial. Por otra parte, en el decreto se establece que la policía puede hacer detenciones sin orden judicial cuando no hay una situación de flagrancia”, explicó Darraidou a ANCCOM. Organismos y especialistas coinciden en que este artículo no solo abre la puerta al espionaje sin control, sino que establece condiciones legales para prácticas violatorias de derechos que ya se encuentran en curso.

Por otra parte, esta reforma no está sola: forma parte de un entramado más amplio de políticas regresivas que afectan derechos civiles básicos. “Se agrega a una sumatoria de leyes que se vienen debatiendo y aprobando, como la reforma del Código Penal, el Artículo 34, que legaliza los protocolos para que la policía pueda disparar en cualquier momento, es decir, la legalización del gatillo fácil. Además están intentando bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Hay un cuerpo de legislación muy nocivo para las libertades democráticas”, advirtió Valeria Mustoni, integrante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional),

¿Contenido o forma?

La preocupación no se limita al contenido del decreto, sino también a su forma. El nuevo estatuto fue aprobado mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) sin debate parlamentario. “El Poder Ejecutivo modifica una ley mediante un decreto. Además de arbitrariedad, hay violación al principio constitucional de división de poderes”, denunció Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Darraidou coincide en este punto: “Vemos como problemático la forma en la que se toma esta decisión, mediante un decreto”, lo que obstaculiza la construcción de una fuerza policial democrática. 

El anexo del decreto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, se basa en un enfoque de “seguridad del Estado” que habilita la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, y el ciberpatrullaje masivo sin control judicial. En la misma línea, Pomares alertó que “esto puede derivar en represión directa a los sectores opositores”.

Torremare advirtió que “todas esas son situaciones que pueden llevar al avasallamiento de los derechos y garantías que hoy contamos los ciudadanos por imperio de la Constitución Nacional”. A su vez hizo hincapié en que varias de estas acciones ya están siendo ejercidas por el gobierno, pero ahora podrá hacerlo libremente en un marco de presunta legalidad. “No se trata de que habrá más casos de abuso policial; esos ya existen -aclaró Pomares desde la CPM-. Lo preocupante es que ahora esas prácticas se legalicen y se consoliden sin criterios objetivos, habilitando detenciones por motivos políticos, sociales o ideológicos”.

Mustoni agregó que “hay un apuro con este decreto y ampliar las facultades para intervenir en todo el territorio nacional que tiene que ver con que se vencen las facultades extraordinarias delegadas que se le habían otorgado al presidente. Intentar hacer todo lo más rápido posible para tener en control las calles”.

Estas prácticas no surgen de manera aislada, sino que encuentran antecedentes claros en la gestión de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad al igual que ahora. Durante ese período se consolidó la llamada «doctrina Chocobar», que legitimó el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad incluso en situaciones sin riesgo inminente. Se aprobaron protocolos que ampliaban el uso de armas de fuego, reduciendo los controles institucionales sobre la actuación policial. A su vez, se profundizó la criminalización de la protesta y de las organizaciones sociales, tratándolas como amenazas a la seguridad pública más que como actores políticos y sociales. 

Costo político internacional 

Argentina ha asumido compromisos a través de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la obligan a respetar límites claros ya establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esta situación implica un incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado argentino”, explicó Darraidou, citando fallos clave de la Corte como Bulacio y Fernández Tumbeiro, que establecen límites estrictos a las detenciones arbitrarias y la necesidad de proteger a grupos vulnerables. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno anterior modificó la legislación interna para evitar las detenciones arbitrarias, tal como planteó la Corte Interamericana en el caso Bulacio.

Los organismos desde la asunción del nuevo gobierno conformaron la Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia. A su vez están a la espera de respuestas por parte de la CIDH mientras reclaman visibilidad e intentan advertir a los ciudadanos sobre las nuevas leyes que rigen en nuestro país. “Ya desde varias organizaciones venimos haciendo presentaciones en organismos internacionales, sobre las situaciones de represión, en las movilizaciones y el uso de todo este armamento nuevo como los  gases químicos que se están utilizando mediante el protocolo de Patricia Bullrich” comentó Mustoni. 

El decreto en la práctica

Las consecuencias del nuevo marco legal para la Policía Federal –que se llamará DFI (Departamento Federal de Investigaciones)– ya comenzaron a quedar expuestas. “El martes, en Rosario, varias personas fueron detenidas por colgar un pasacalle con críticas hacia el Gobierno nacional”, contó Mustoni. En la ciudad de Buenos Aires, durante la masiva movilización a favor de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner, un transeúnte fue demorado por expresar en voz alta su opinión sobre el presidente. Además, diversos colectivos que se dirigían a la manifestación fueron detenidos en la ruta y requisados sin orden judicial, en operativos donde las fuerzas de seguridad registraron mochilas, celulares y documentación de los pasajeros, únicamente por su intención de participar de la protesta. 

 

“En definitiva, el decreto no es serio ni está encaminado a resolver lo que hoy está operativamente pendiente, que es la necesaria inversión pública en investigación criminal y la mejora de los recursos para auxiliar eficientemente a la justicia”, concluyó Torremare. Así, lo que se presenta como un avance hacia una policía moderna puede terminar siendo, en los hechos, un retroceso institucional que normaliza la excepción, amplía la discrecionalidad policial y limita las libertades en nombre del orden, en abierta violación a las leyes que desde el inicio de la democracia prohibieron la participación de uniformados en tareas de vigilancia y persecución de la población.

 

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

May 29, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Como todos los miércoles, el gobierno reprimió con gas pimienta y palazos a los jubilados que reclaman frente al Congreso por mayores haberes, la restitución de la gratuidad en los medicamentos y la reposición de la moratoria.

La tarde caía helada sobre la Plaza del Congreso, pero los pasos de los jubilados no titubeaban. Llegaban de a poco, en grupos, con carteles bajo el brazo y la rutina bien aprendida: cada miércoles, el mismo reclamo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a manifestarse, el operativo de seguridad ya estaba en marcha. Gendarmes, prefectos y policías rodearon la zona con una velocidad que dejó poco margen para la sorpresa. En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron arrinconados, incluso en las veredas. Hubo empujones, gases y tensión. Pero también hubo voces que, una vez más, eligieron no callarse.

Cerca de las 16, cuando los grupos de jubilados autoconvocados, acompañados de miembros de la UTEP, ATE y diferentes organizaciones sociales se disponían a marchar alrededor de la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad activaron el “protocolo antipiquete” desde la calle Montevideo para empujar a los manifestantes hacia el cordón de la plaza, e impedir que se acerquen por Avenida Rivadavia hacia el Palacio del Poder Legislativo. El ya habitual operativo, que estuvo compuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centró en dispersar y aislar a los manifestante en pequeños grupos, lo que logró que algunas organizaciones como ATE desistieran y abandonen el lugar pasadas las 17.

En diciembre del 2023, cuando se anunció la oficialización del “protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich declaró: «El que quiera marchar, que marche por la vereda». En la actualidad, la Policía Prefectura Naval Argentina (PNA) le lanzó gas lacrimógeno a Jaime Valdez, un jubilado que se encontraba sobre la vereda de la Plaza Mariano Moreno junto a sus compañeros de todos los miércoles: “Estábamos en la vereda y de repente vinieron a empujarnos sin mediar palabra y nos gasearon. Les agradezco a todos los chicos de la posta de salud que me vinieron a auxiliar en seguida”, cuenta Jaime en diálogo con ANCCOM, aún con los ojos llorosos mientras se termina de recuperar recostado sobre un banco. Además, asegura que “a Bullrich le diría que nosotros los jubilados ya no le tenemos miedo, lo perdimos de tantos miércoles de venir y que nos repriman”.

Sin embargo, a pesar del frío y la represión, no fueron pocos los jubilados que se quedaron hasta entrado el atardecer con carteles y cánticos dedicados a Javier Milei, Patricia Bullrich y los propios efectivos. “Estamos acá, porque más allá de que es real que las jubilaciones son indignas y que están usando el dinero que es para los jubilados para reprimir y para vaya a saber cuántas otras cosas más, estamos acá porque están entregando la patria. Es más que los jubilados, es la patria lo que está en peligro. Mientras nosotros estamos pidiendo jubilaciones, ellos venden el país, es lamentable”, expresó María Emilia que, al igual que lo hace todas las semanas, se expresaba frente al cordón policial, protegida del frío con bufanda y campera en el cordón de la esquina de Rivadavia y Callao.

La misma vereda que hacía minutos había sido ocupada por los efectivos de seguridad que, con sonrisas en sus rostros, arrinconaron a los manifestantes impidiendo que circulen libremente, generando la indignación de los participantes de la marcha y produciendo muchísima tensión al no poder escapar para ningún lado. Finalmente, el cordón policial se trasladó nuevamente a la calle y posibilitó la libre circulación. “A mí me inquieta mucho ver el goce en esta gente cuando reprime. Es lamentable, pero cuando llegan a la casa le deben decir a los hijos ´hoy bajé a 10, tiré 5 granadas´, es muy triste”. Mientras que, a junio de 2025, la jubilación mínima seguirá en $374.723,94 (con bono incluido), el costo de aplicación de los protocolos de seguridad destinados a estas manifestaciones variaron entre los 60 y 600 millones de pesos cada uno.

Este miércoles, la posta de salud atendió a 18 heridos, entre ellos el fotógrafo de Tiempo Argentino, Nicolás Becerra, el mismo que había retratado en el debate de candidatos a legisladores porteño al asesor presidencial Santiago Caputo y que éste lo había intimidado tomándole la credencia para conocer su identidad. Poco después, con el cinismo que la caracteriza, la diputada libertaria Lilia Leomoine posteó en X que el reportero gráfico se había «interceptado con su cara al gas pimienta». 

Como en todas las movilizaciones de los miércoles, los jubilados contaron con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes organizaciones que los auxilian y protegen. Desde la Posta de Salud, pasando por la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo Pomares, coordinador del Programa de Monitoreo Territorial de Violencia Policial, de esa comisión, describió: “Lo que observamos hoy tiene puntos en común con otras manifestaciones recientes. Lo más notable es el enorme despliegue de fuerzas policiales. También vemos que las restricciones son cada vez más intensas, ya no se trata solo de impedir el corte de calles, sino que incluso se acorrala a los manifestantes en las veredas. Se usa gas pimienta casi de forma automática, no como respuesta a situaciones violentas, sino como método de dispersión”.

Esta vez gasearon a los curas

Esta vez gasearon a los curas

May 15, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Una procesión de religiosos de distintos credos acompañaron este miércoles a los jubilados que reclaman aumento de haberes y la gratuidad de los medicamentos. Las fuerzas de seguridad no le tuvieron piedad y también los reprimieron. El padre Paco Olveira termino en el piso, apaleado y con gas pimienta.

Otro miércoles con un nuevo hito en la represión a las marchas de jubilados: Francisco Olveira, el Padre Paco, fue golpeado y rociado con gas pimienta por segunda vez en el lapso de una semana. El hecho se dio en el marco de una convocatoria a organizaciones religiosas y culturales que, siguiendo el comunicado de la Mesa Ecuménica, acudieron con vestimentas y símbolos religiosos a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los jubilados se concentran periódicamente desde fines del 2024. En agitado diálogo con ANCCOM, todavía afectado por los gases, el sacerdote declaró: “Pasó lo que pasa todas las semanas: una represión absolutamente indiscriminada a los jubilados. Este miércoles era el campito de la fe: musulmanes, judíos, católicos, evangélicos y cristianos en general, acompañando el reclamo de los jubilados. Tienen miedo a los curas: vallaron todo el Congreso; la Bullrich violando su propio protocolo. Eso es lo que pasó, ni más ni menos”.

La marcha se fue gestando a la sombra de un fuerte operativo de seguridad, que implicó el cierre total de las avenidas Rivadavia y Callao por efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Los jubilados fueron los primeros en enfrentarse al Congreso vallado, todos con lienzos de la organización respectiva. La comitiva de los curas entró por la calle lateral: con estolas sacerdotales, un hábito franciscano e imaginería de la Virgen de Luján. De ahí en más se desencadenó la represión, chorros de gas pimienta desde la fila de escudos, hasta que el Padre Paco, tras verse rodeado por la policía, terminó recibiendo asistencia contra la cortina metálica de un kiosco, golpeado y rociado tres veces en la cara. Al levantarse, sin embargo, se lo veía sereno: “Acá estamos, por eso nos tienen miedo —afirmaba—. Tienen miedo al Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.

Y es que la marcha mezclaba un tono a la vez combativo y eclesiástico: en una vereda, un anciano que recibía primeros auxilios no se quería acostar, “tirado como un muerto”; en la vereda contraria, el Padre Rodolfo de Merlo, gaseado en sus hábitos franciscanos, daba un sermón ante los escudos de la PNA: “¡Éste trabajo los bestializa a ustedes! ¡Se están portando como bestias, gracias a la bestia que los está mandando!” Se mezclaban sotanas con camisetas de Chacarita, cacerolas y cantos gregorianos, mientras Gendarmería barría la calle hacia un lado, la Federal iba al trote hacia el otro, y los voluntarios de primeros auxilios atendían a ancianos que se descompensaban. Siguió el padre Paco: “Tenemos que decir que todos deberíamos tener dignidad para vivir, y sobre todo los jubilados y las jubiladas. El Papa Francisco repetía: ‘En ellos está la sabiduría de nuestro pueblo. Piden justicia y les dan gas pimienta’. Hoy nos volvieron a dar gas pimienta”.

Ya cerrando la tarde, tras una foto grupal, los sacerdotes, feligreses y manifestantes corearon el Himno Nacional, al que siguió un Padre Nuestro. El policía encargado del rifle se estaba fumando un cigarrillo, y el padre Paco, vistiendo una remera de El Eternauta, saludaba y atendía a los medios en el camino de vuelta al Instituto Patria, que sirvió como centro de asistencia a los afectados. La misma Cristina Fernández de Kirchner bajó a comprobar el estado de Nicolás Capresi, dirigente del Frente de Trabajadores Excluidos que fue herido en la cabeza al defender a Paco de la policía. El Padre que apenas de recuperarse arengara: “¡Francisco está feliz: jubilados haciendo lío!”

Esta marcha se suma a las de todos los miércoles para demandar, entre otras cosas, un aumento en los haberes jubilatorios, la cobertura del PAMI a medicamentos esenciales y la prórroga de la moratoria previsional. Las concentraciones se repiten todas las semanas desde septiembre del 2024 a partir del veto a la reforma jubilatoria por el presidente Javier Milei, y tuvieron como hito repudiable el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo que, tras pasar por terapia intensiva, aún se recupera del impacto de un cartucho de gas en la cabeza. Francisco Olveira ya había sido golpeado en la marcha del pasado miércoles 7 de mayo, resultando herido en la ceja, y encabezaba la convocatoria a organizaciones religiosas que emprendiera la Mesa Episcopal.

Otro miércoles de gases y palos

Otro miércoles de gases y palos

Abr 24, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Parece naturalizado que cada marcha de los jubilados que reclaman aumento de haberes y el retorno de los medicamentos gratuitos termine con represión de las fuerzas de seguridad y detenidos. Esta vez, arrestaron a dos personas.

El 11 de septiembre de 2024, los jubilados se concentraron por primera vez frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei a la ley de movilidad, que vinculaba los haberes al índice de inflación o al RIPTE, el que resultara más alto. A partir de ese día las “rondas de los miércoles” se convirtieron en un ritual de resistencia contra el ajuste. Cada semana, ese puñado inicial de manifestantes fue creciendo. El punto de inflexión fue el 12 de marzo de este año, cuando simpatizantes de distintos clubes convocaron a una masiva marcha que, desafortunadamente, concluyó en una represión de las fuerzas de seguridad que hirió gravemente a Pablo Grillo, foto-periodista, con una granada de gas lacrimógeno.

Este miércoles no fue distinto: los jubilados, respaldados por organizaciones de todo tipo, clubes sociales, partidos políticos, gremios, docentes universitarios y un importante grupo de autoconvocados volvieron a marchar. Esta vez, el trayecto partió de Plaza de Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo. La jornada empezó tranquila, sin enfrentamientos mayores. Hasta el final resultó  imposible prever que, más tarde, se desataría otra vez un operativo policial que, como cada miércoles, fue desmedido.

Un comienzo en paz

De camino a Plaza de Mayo, como parte de las organizaciones que asisten a los manifestantes ante cualquier hecho de represión, ANCCOM habló con Marcelo, presidente de la filial La Plata del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, quien declaró que pese a que la movilización parecía tranquila, igualmente él y su equipo estaban siempre alerta a cualquier tentativa de represión: “Vemos que nuestros chicos estén con la cobertura necesaria de elementos de protección personal: un overol, que tengan un traje que los pueda cubrir, un casco. Ahora estamos utilizando las máscaras No porque sepamos que vayan a reprimir pero tenemos que estar preparados: poder cubrir a nuestra gente que es la única forma de poder asistir a un tercero”.

ANCCOM también intercambió unas palabras con Marita, representante de la rama de jubilados de ATE e  integrante de la “verde y blanca”: “Notamos que a medida que pasan las semanas, se suman jubilados autoconvocados…. La cantidad de efectivos en la calle es hasta ridícula. A esta altura hay más policías que jubilados”.

En el medio de la Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, se encontraba un pequeño escenario rudimentario de madera que se alzaba como el corazón de la concentración. A sus lados, dos parlantes amplificaban las voces de distintos dirigentes sociales y partidarios que reclamaban por la recomposición salarial de los jubilados y el restablecimiento de los medicamentos gratuitos, entre otras consignas. Frente a ellos, una multitud se desplegaba de cara al escenario, ocupando la mitad de la Plaza: banderas de algunos clubes, carteles escritos a mano, y “trapos” partidarios, de la izquierda sobre todo.

 

A unos pasos del grupo más nutrido estaba Luis Zamora, histórico dirigente de la izquierda argentina que se encontraba como todos los miércoles en la movilización: “Las marchas de fines del año pasado eran con un grupo de 100 jubilados; ellos empezaron a construir esa agenda. Después empezó, cada vez más en el verano, a acercarse más gente. Y el punto más alto fue cuando los hinchas de fútbol hicieron un puente al pueblo, a sectores populares. No es fácil esperar que todos los miércoles pase lo que pasó el Día de los Hinchas. No se sabe muy bien cómo sigue esto. Pero esa es la gran tarea. Puede ser la lucha de jubilados u otras luchas. Pero lo importante es que acá están empezando a confluir sectores que se están movilizando. Y vienen sectores despedidos de una fábrica o trabajadores que están en lucha por salario. De alguna manera los reclamos se retroalimentan y encuentran en la plaza los miércoles una referencia. Mucha gente lo sigue por los medios con atención”.

Al ser consultado sobre cómo este tipo de movilizaciones podría influir electoralmente, Zamora amplió: “Están todos los dirigentes ahora pensando en las elecciones, en los votos. De alguna forma están diciendo: ‘Está bien, marchen, pero ¿a quién votan?’ La clave es esto. Porque a Milei no se lo va a derrotar votando más o votando menos.”

Aunque sin el volumen de la marcha del 12 de marzo, sigue habiendo actividad de distintos clubes. Luis, que es parte del Club Social “La Cultura del Barrio”, a medida que aumentaba la presencia policial, contaba: “Nosotros venimos siempre que podemos, a bancar a los jubilados… A veces la marcha tiene más adhesión, a veces menos como hoy; la constante es que siempre hay una desmedida presencia policial. Totalmente injustificado. Están subiendo la apuesta y eso, tarde o temprano, creo que sale caro”.

Por el contrario, Celeste Fierro, exdiputada por el MST, cree que esta marcha fue importante: “Estuvimos trabajando con distintas organizaciones sociales para que adhieran a la movilización. La mayoría acompañamos las rondas desde el principio”. La candidata a legisladora por CABA aprovechó para acusar al sindicalismo de ser concesivo con el Gobierno: “Como la burocracia sindical no convoca, son las organizaciones combativas las que aparecemos en defensa de los jubilados”.

«Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”, dice Solano.

Final de palos

Cerca del final de la marcha, a las 18, la situación que todos temían y que parecía que no iba a suceder se terminó dando: mientras los jubilados y las distintas organizaciones desconcentraban, la policía reprimió con gas lacrimógeno y detuvo a manifestantes. Al menos dos fueron arrestados.

Si la movilización no fue masiva ni intensa como en otras ocasiones y los manifestantes, que son en su mayoría jubilados, marchan de manera pacífica, ¿cómo se justifica el nivel de exagerada presencia y represión policial? Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, comentó a ANCCOM: “Cuando vos ves el operativo policial, nunca hay relación con la cantidad de manifestantes. Yo creo que cumple una función intimidatoria, que la gente que está viendo por televisión que quiere venir a la marcha y está a favor de los jubilados no venga porque quizá los muelen a palos. Ver a los periodistas es muy impresionante: están con casco, con máscaras; parece que son cronistas de guerra.Y esto no es una guerra, es una marcha legal en la Ciudad de Buenos Aires”.

Pasan las semanas y las marchas sin represión son la excepción. Los jubilados y las organizaciones sociales no parecen dispuestos a abandonar la plaza ¿Cederá el Gobierno o seguiremos viendo las mismas imágenes miércoles a miércoles? Mientras tanto los jubilados siguen marchando.

La represión a los jubilados se hizo costumbre

La represión a los jubilados se hizo costumbre

Abr 3, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Este miércoles, mientras los adultos mayores reclamaban en Congreso por el aumento de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria, un policía motorizado atropelló a un reportero. Además, hubo siete heridos y tres personas hospitalizadas.

La marcha de jubilados y jubiladas de los miércoles al Congreso contó  una vez más con un fuerte operativo policial que comenzó a reprimir y a hostigar a las personas concentradas en cuanto se comenzó a dar la característica vuelta por el Congreso. En este contexto, una unidad de la policía motorizada le pasó por encima a un reportero en la calle Callao.

Según Aldo Oscar, testigo del hecho: “Nos empezó a cerrar la policía  y este chico estaba filmando, vino la moto y lo levantó en el aire, le pegó con un palo también”. Los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA)  rápidamente formaron un cordón humano para revisarlo, la policía avanzó igualmente, en ese momento los manifestantes intentaron impedirlo advirtiendo a gritos que había un herido en el piso; sin embargo, el avance no se detuvo y uno de los miembros del CEPA lo alzó al hombro y lo resguardo en una esquina.

En medio de este avance, algunos manifestantes terminaron gaseados. “Les pedíamos que pararan, porque estaban atendiendo a una persona, y en ese momento me tiraron gas pimienta por la espalda, cuando me di vuelta me tiraron en el ojo”, relata uno de los heridos.

Las distintas organizaciones de jubilados se congregaron  en el anexo del Congreso para reclamar por un aumento de los haberes que perciben, además de reclamar por aquellos que no podrán jubilarse este año, estimados en 241.984 personas.

Acá estamos hace muchísimo tiempo, ahora todo el mundo se enteró porque nos cagaron a palos y nos tiraron gases, pero es una movida que viene de muchos años atrás, el reclamo empezó siendo en nuestro haberes, ahora excede el tema jubilados, no hay trabajo, no hay seguridad social, si esto sigue así -lo dijo Toto Caputo- nos vamos a parecer a Perú, donde no existe la jubilación. El privilegio con que contamos los jubilados es que no tenemos nada por perder, sino todo para ganar, vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario, es un atentado contra nuestra patria, declaró  Noemi Fernánez, “La negra”, presidenta del Centro de jubilados de ATE Capital Federal.

Por otro lado, Liliana Kunis, quien forma parte del plenario de trabajadores jubilados, comentó que actualmente se está llevando a cabo un genocidio silencioso, los jubilados no pueden sostenerse con 350 mil pesos, sumado al retiro de la cobertura del 100% del costo de los medicamentos de PAMI, y a la falta de pago de la sentencia a aquellos jubilados que ganaron el juicio por la mala liquidación de sus haberes. Para la pensionada, el gobierno sostiene su proyecto económico con plata de los jubilados. Sólo es posible este plan con el despliegue de operativos policiales como los de éste miércoles, que en este caso, dejó un saldo de siete heridos y tres hospitalizados.