«No van a callarnos»

«No van a callarnos»

Los reporteros gráficos realizaron un camarazo frente al Congreso de la Nación para protestar por la represión sufrida mientras realizaban su trabajo periodístico durante el debate de la Ley ómnibus.

Con la consigna “¡Basta de balas de goma! ¡Basta de gas pimienta! Nuestro ojos miran”, un grupo numeroso de reporteros gráficos organizados en aRGa, FATPREN Y SiPreBA se manifestó frente al Congreso de la Nación contra la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad a cargo de la Ministra Patricia Bullrich durante el debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus.

Los trabajadores gráficos se concentraron por la tarde del 6 de febrero en la Plaza del Congreso. Llevaban sus credenciales y sus chalecos de prensa y levantaron sus cámaras al canto de “¡Unidad de los trabajadores!”.

Mediante un comunicado, SiPreBA informó que fueron más de 30 los trabajadores de prensa heridos con impactos de bala de goma y gases lacrimógenos. Desde el sindicato, se llamó a un cese del accionar represivo y se exigió que los trabajadores de prensa “puedan realizar su tarea periodística en paz, sin agresiones ni impedimentos”.

“Hay una agresión marcada a los reporteros y reporteras gráficos y a los periodistas en general. Los gases que están utilizando son más fuertes y te inhabilitan para seguir trabajando, dejas de ver -afirmó Mariana Nedelcu, reportera gráfica-. En este contexto, el periodismo gráfico tiene un rol fundamental: tenemos la responsabilidad social de documentar las atrocidades que se están cometiendo”.

Rodrigo Ruiz es reportero gráfico para Revista Cítrica, un medio gráfico cooperativo. En diálogo con ANCCOM relató cómo fue el accionar represivo de las fuerzas de seguridad el jueves pasado, cuando aún en el Congreso se debatía la Ley Ómnibus. “En un momento sorpresivo, la policía motorizada enciende los motores de sus vehículos y dispara. Sentí un impacto en la pierna izquierda. Levanté la mirada y alrededor mío solo había colegas, fácilmente identificables, que hacían su trabajo”, afirmó. En su pierna quedó incrustado un perdigón.

Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, otra víctima de la represión policial durante la tarde del jueves, también brindó su testimonio: “A eso de las 19:30 llegaron unos camiones de gendarmería con muchos efectivos, que comenzaron a avanzar sobre los manifestantes que estaban en la Plaza del Congreso y en la Avenida Rivadavia. El gas que tiraron me impactó directamente en la cara y quedé enceguecido. Me costó recuperarme. Cuando lo logré, vi que las motos de la policía pasaban y disparaban sobre la gente”.

En relación a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y del vocero presidencial Manuel Adorni, Luna afirma que es otra forma de violencia por parte de las instituciones. Bullrich había afirmado que los trabajadores no se encontraban debidamente identificados mientras que, por su parte, Adorni subió memes en sus redes sociales que aluden a la pregunta que le realizó un periodista respecto del accionar represivo de las fuerzas de seguridad hacia los trabajadores de prensa.

“Los gases que tiraron mientras hacíamos la cobertura nos dejaron quemaduras, que duraron por horas. Eso nos saca del juego y nos imposibilita seguir con nuestro trabajo. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión, la sociedad tiene derecho a informarse. Vamos a seguir reunidos, no van a callarnos”, afirmó Leandro Teysseire, reportero gráfico de Página/12 y editor de ANCCOM, quien fue reprimido durante el debate de la Ley Ómnibus.

Desde SipreBA, afirman que la libertad de prensa es “un pilar fundamental de la democracia que debe ser defendido, garantizado y respetado por todos los poderes del Estado y por todos los sectores políticos y económicos que forman parte de nuestra sociedad”.

Mientras cae el sol pasando el mediodía, siguen los reclamos de los reporteros gráficos y una pareja de jubilados se sienta en uno de los bancos de la plaza: venden pañuelos celestes. Los pañuelos llevan impresa una consigna: “la patria no se vende”. Detrás, las vallas que resguardan al Congreso fueron intervenidas: “Traidores, la casta no anda en tren y bondi. No a la Ley Ómnibus”.

Represión a la vigilia: día 2

Represión a la vigilia: día 2

Una nueva manifestación pacífica de asambleas barriales, partidos de izquierda y movimientos sociales que rechazan la Ley Omnibus -que ni los diputados que la van a votar conocen- fue provocada y reprimida por la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura comandadas por Patricia Bullrich. Una decena de periodistas recibieron balazos de goma en sus cuerpos. Un asesor legislativo corre riesgo de perder un ojo. Mirá las fotos de ANCCOM.

El precio de protestar

El precio de protestar

El Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, intimó vía cartas documento a distintas organizaciones sociales y sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la movilización a Plaza Lavalle del 27 de diciembre. Se trata de un grave atropello al derecho a la protesta y es claramente anticonstitucional.

El derecho a protestar se encuentra consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Argentina adhiere con fuerza de ley. En un intento de limitar las manifestaciones contra las medidas que se están intentando aplicar por parte del gobierno, desde el Ministerio de Seguridad redactaron un “protocolo antipiquetes” que avasalla la libertad de expresar disconformidad con las medidas impopulares que se llevan adelante.

El artículo 11 de la controversial resolución dice: “EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8°, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a las jurisdicciones pertinentes, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes”.

En este contexto, de claro atropello a las libertades democráticas, diversos movimientos sociales y sindicatos recibieron intimaciones por 40.419.227,56 pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad desplegado en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para presentar un amparo contra el DNU 70/2023 el 27 de diciembre del 2023, en Plaza Lavalle.

Condicionados

Por su parte, Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPresBA), indicó en diálogo con ANCCOM que junto a todos los gremios víctimas de la persecución que busca criminalizar la protesta van a realizar una “propuesta colectiva de carácter legal” porque la intimidación es un hecho que no tienen antecedentes en los cuarenta años de democracia y aclaró: “También es parte de un show de Bullrich. Esa movilización fue frente a tribunales y no se cortó ninguna calle, no fue un piquete. Pero aún si así lo fuera, estamos amparados”. Para Lecchi la respuesta tiene que ser el 24 de enero, el día del paro nacional y movilización, con millones en el Congreso exigiendo a los diputados que levanten la mano en favor del pueblo y en contra de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional: “una ley donde Milei pretende obtener la suma del poder público y que además tiene un contenido que entrega la soberanía de la patria”, concluyó.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, expresó en una gacetilla difundida por su organización que “el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social antes que resolver los problemas de la gente” y que la única respuesta es una sanción económica aún sin haber cortado calles, lo que constituye “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.

El diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, en diálogo con ANCCOM, se preguntó qué pasaría si se da la paradoja de que las propias víctimas del ajuste del presidente y la ministra de seguridad tuvieran que pagar las balas y gases que “gasta” la policía contra los que luchan; es la línea de “cárcel o bala” de Jose Luis Espert. “Esto llevó a que haya varios asesinados en la rebelión popular del Argentinazo en 2001 bajo el gobierno de De La Rúa que Bullrich también integró”, concluyó.

Lo cierto es que hay una intención manifiesta de criminalizar la protesta social porque el ajuste que prometieron sobre “la casta” y que están llevando contra el pueblo trabajador, no cierra si no hay represión. Con el devenir del tiempo, estas maniobras e intentos de provocación, serán una constante de un gobierno que paradójicamente se adjudica defender las ideas de la “libertad”.

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

La peor herencia de la dictadura | Estuve ahí

María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), describe la construcción de la lucha contra el gatillo fácil y las muertes bajo custodia del Estado. Recuerda los primeros tiempos en que los organismos de Derechos humanos les daban la espalda y cuenta cómo finalmente comprendieron que era la continuidad de la represión militar. Walter Bulacio, Miguel Bru, el soldado Carrasco, José Luis Cabezas, Petete Almirón, Mariano Ferreyra, Jorge Julio López, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro entre una infinidad de casos que dan cuenta de una de las deudas más horrorosas de la democracia.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

En la primera jornada, los representantes legales de la familia de Nahuel y distintas organizaciones que ejercen la acusación, plantearon la posibilidad de cambiar la sede del debate a Bariloche y que los imputados “den la cara”. La querella de la familia está acompañada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel sufrió una violenta muerte durante un operativo de represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Después de seis años de espera, comenzó el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, donde cinco prefectos enfrentan acusaciones por el asesinato de Rafael Nahuel. Los imputados son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

La primera jornada del juicio incluyó la lectura de la elevación a juicio de la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz, en la que se solicitó que Cavia sea imputado como «autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado», y que Pintos, Obregón, Sosa y García sean imputados como «partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado», ya que postuló que “no hubo un enfrentamiento sino una cacería”. Esto fue apoyado por la querella de la familia Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

El juicio, que se espera dure entre un mes y medio a dos meses, ha sido marcado por tensiones y decisiones cruciales. En la primera audiencia el fiscal solicitó detener a los imputados debido a un «riesgo procesal» que significa su permanencia en libertad, pero  el Tribunal que preside el juez Alejandro Silva rechazó esta demanda.

Por su parte, el abogado Marigo pidió la presencia física de los imputados y del abogado defensor en la sala de audiencias porque estaban participando vía Zoom y con la cámara apagada. Además, cuestionó que la sede del proceso sea Roca y no Bariloche, donde ocurrieron los hechos. “Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó. 

Finalizada la primera parte de la jornada, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes –pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos–, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una «legítima defensa», sino una actuación que desbordó «todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida». En este sentido, el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski, dijo: «La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados».

Recuperar la tierra y la identidad

Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel. 

A principios de noviembre de 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu, había anunciado la «recuperación» de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. El 23 de ese mes, por la denuncia de Parques Nacionales, se produjo el desalojo, que terminó con varios integrantes de la comunidad detenidos, y el 25 tuvo lugar la incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.