Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

El expolicía Jorge Alfredo González volvió a ser detenido a 33 años del secuestro y posterior asesinato del futbolista platense, uno de los primeros casos en democracia.

A 33 años de la desaparición forzada del futbolista Andrés Núñez en La Plata, el expolicía Jorge Alfredo González, involucrado en su tortura, volvió a ser detenido luego de una libertad condicional que duró casi un año. ANCCOM conversó con el autor del libro sobre la historia de Núñez y respecto a las desapariciones en democracia.

En la noche del 27 de septiembre de 1990 se lo vio por última vez a Andrés Alberto Núñez, quien fue detenido ilegalmente por cuatro policías vestidos de civil con el pretexto de estar buscando al ladrón de una bicicleta. Jorge Alfredo González, Pablo Martín Gérez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos, a bordo de un Fiat 147, buscaron a Andrés en su casa de Villa Elvira. Lo golpearon y lo metieron en el interior del auto para llevarlo, esposado, a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí, ya en la madrugada del 28, lo torturaron hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, los oficiales de la Policía Bonaerense incineraron su cadáver en una estancia ubicada en la localidad de General Belgrano. Fue recién en agosto de 1995 cuando, a partir de las declaraciones del policía José Daniel Ramos que revelaron información acerca de dónde estaba el cuerpo de Andrés -para beneficiarse en la causa judicial-, se encontraron los restos del desaparecido.

Pablo Morosi, periodista que escribió Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la Bonaerense en la democracia recuperada, cuenta que “fue un caso que repercutió muy fuerte porque todos los ciudadanos estaban viendo una ventana que se volvía a abrir luego de la dictadura. Era encontrarse, ya en democracia, con las instituciones funcionando en el caso de una desaparición.” Indica, además, que “se dio un cambio cultural a partir de este tipo de casos de abuso y de brutalidad institucional”

En el año 2010 se probó que el sargento González, a instancias del subcomisario Ponce, le puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez, aplicándole la tortura del “submarino seco”. Por lo tanto, en un juicio llevado a cabo en ese mismo año la justicia platense condenó a prisión perpetua a Jorge Alfredo González junto a Víctor Dos Santos, quien ya falleció. Dos años más tarde detuvieron y condenaron, también a perpetua, a Luis Raúl Ponce. Sin embargo, la condena impuesta al primero había sido anulada el 28 de noviembre de 2022.

El último viernes 8 de septiembre la jueza de ejecución penal de La Plata, Laura Lasaga, debió dar marcha atrás sobre sus pasos y revocar la libertad condicional que le había concedido al expolicía bonaerense, González. El sargento había sido detenido en 2010 por “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” para luego ser liberado el año pasado por «buena conducta».

Se logra una instancia de justicia, pero no es completa. Hasta la fecha se han realizado muchos actos y marchas en búsqueda de la justicia por la desaparición de Núñez. Pasaron 33 años de aquella noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre y, más allá de la reciente detención del ex policía González, aún resta la sentencia para Pablo Martín Gérez, que sigue prófugo y no hay noticias sobre su posible paradero. “El Estado hace 33 años no lo puede ubicar, aun conociendo su nombre y donde viven sus familiares”, afirma Morosi.

La desaparición forzada de Andrés Núñez cuenta, además, con otros responsables acusados de encubrimiento: Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga, de quienes se espera que se lleve a cabo un juicio oral, y los fallecidos Oscar Silva y Pedro Costilla. Al margen de lo que habría sido una posible sentencia quedaron Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Juan Kaldlugowsky y Eduardo Fraga. Varios de ellos quedaron libres de cargo a partir del accionar de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que decidieron desprocesarlos en 1997. “Se pudo señalar a un grupo, aunque todos sabemos que no es el conjunto completo. Las maniobras de encubrimiento funcionan así. En un principio se procesó a 180 miembros de la Brigada pero ese número fue reduciéndose”, señala Morosi.

La compañera de Andrés, Mirna Gómez, lucha desde el día del asesinato de su pareja contra la violencia institucional, denunciando la continuidad de las desapariciones en democracia y las encubiertas del Estado cuando un hecho de represión policial vuelve a tener lugar. Fue la misma Gómez quien, representada por el abogado Manuel Bouchoux, presionó a la jueza Lasaga a darle cese a la libertad condicional que González gozó del lunes 28 de noviembre de 2022 al último 8 de septiembre.

El tiempo y las prácticas clandestinas del Estado a través de su policía fueron dando cuenta de otros casos similares al de Andrés, ya sea previos o posteriores. A raíz de las investigaciones realizadas sobre otros acontecimientos de violencia institucional se pudo comprobar que hubo aún más asesinatos de esta índole. “Recién en el año 1992 aparece la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para reunir a familiares y denunciar situaciones de gatillo fácil o desapariciones en las que la policía había participado. Ese registro lo empiezan a hacer estas organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy no tenemos uno oficial hecho por el Estado”, reclama Morosi. 

El caso de Núñez es el primero desde el retorno a la democracia del que haya constancia de una efectiva detención ilegal por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, pero no es el primero ocurrido desde 1983. El 24 de diciembre de ese año, el joven José Luis Franco fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Según publicó la periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, “apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos”.

Para Morosi, “en ningún momento el Estado asumió que tenía un problema. Decía que ‘eran casos aislados’. Con el paso del tiempo se demostró que lo tenía y lo tiene por no haberlo asumido en tiempo y forma y no haberlo revertido desde el punto de vista formativo”.

 

«En los pueblos, la policía sigue con prácticas de la dictadura»

«En los pueblos, la policía sigue con prácticas de la dictadura»

A tres años de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en medio del ASPO, su mamá brindó una conferencia de prensa donde también denunció la inacción del Poder Judicial.

«La causa está llena de pruebas, los fiscales hace meses evalúan las indagatorias a los policías; al Estado no le pedimos nada, exigimos justicia para poder seguir con nuestras vidas y que mi hijo descanse en paz». Con estas palabras habló ayer Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, a tres años de la aparición de su cuerpo sin vida en un cangrejal cercano a Bahía Blanca, tras haber sido detenido por agentes de la Policía Bonaerense y haber estado 107 días desaparecido. Fue durante un desayuno con la prensa organizado por Amnistía Internacional Argentina, del que participaron sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, y la querellante por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Margarita Jarque. Dieron a conocer la situación actual de la causa que, a pesar de contar con sobradas pruebas –como peritajes de teléfonos, ubicaciones de los patrulleros en GPS, numerosos testimonios, y peritajes sobre ropa y elementos de la víctima–, se encuentra virtualmente paralizada. Los querellantes aseguraron que piensan avanzar en las imputaciones si los fiscales no lo hacen, pero dejaron expuesta la necesidad de que el Estado avance al denunciar un “abandono persistente» de su parte.

El nombre de Facundo Castro fue noticia allá por el 2020 cuando, por la pandemia de Covid y por decisión del gobierno, el país se encontraba inmerso en una cuarentena estricta que limitaba la movilidad ―y la vida― de las personas. Su madre, Cristina Castro, daba a conocer la desaparición de “Kufa” de entonces 22 años y pedía ante periodistas su “aparición con vida ya”. El 30 de abril Facundo salió de su casa en Pedro de Luro y nunca regresó.

Era el momento del llamado ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) donde los controles eran intensos para los ciudadanos (pero no tanto para ciertos sectores privilegiados). Facundo había decidió dirigirse a dedo a Bahía Blanca, a 125 kilómetros de su localidad, con la intención de encontrarse con su expareja. En la Ruta 3 fue detenido por la policía, a la altura de Mayor Buratovich, cuando le faltaban solo 30 kilómetros para su destino. Allí comenzó el calvario: una llamada le anunció a Cristina que se le había labrado un acta a su hijo. Más tarde una nueva llamada, esta vez de Facundo, quien le decía “no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver”. 

Tres años más tarde de estos sucesos, marcados por irregularidades en la investigación judicial, contradicciones en los relatos de los agentes y la falta de justicia para Facundo y su familia, la causa iniciada en 2020 sigue en pie pero sin procesados. En ese tiempo, la jueza María Gabriela Marrón fue apartada del expediente por la Cámara Federal de Casación Penal, acusada de favorecer a la Policía Bonaerense queriendo instalar la versión de que el joven se había ahogado.

La versión oficial, es decir la de los uniformados, era que el joven había continuado su camino. Ciento siete días más tarde el cuerpo de Facundo fue encontrado en un cangrejal en el Canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo. No fue el Estado quien lo encontró sino un pescador de la zona que vio un cadáver semienterrado y dio aviso a la policía.  La descabellada hipótesis por parte de la anterior jueza de que el joven se había ahogado no tiene sustento dado que el nivel del agua nunca supera los pocos centímetros: “Tenés que avanzar 30 o 40 metros hacia adentro para empantanarse y, aún así, podés salir porque no te va a llegar más arriba de las rodillas. Es ilógico enterrarte y quedarte atrapado”, dijo ante los fiscales Iara Silvestre y Horacio Azzolín, uno de los pescadores que encontró el cuerpo y que conoce la zona desde hace treinta años. 

Cristina asegura que el juez Walter López Da Silva, encargado de reemplazar a Marrón, ha sido amable con ella y que le ha asegurado que está a su disposición. Mientras tanto el pedido de los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, para realizar el entrecruzamiento del contenido de más de 60 teléfonos policiales (medida rechazada por Marrón por considerarla “invasiva de la intimidad de los policías”) fue ordenado pero aún no están los resultados, y esto invocan los fiscales antes de avanzar en imputaciones. Con la idea de que ya hay elementos suficientes, la querella de la Comisión Provincial de la Memoria con la abogada Jarque, señaló que su rol es el de “visibilizar, condenar y tratar de cambiar estas conductas de violencia institucional”.  

 

El peritaje está a cargo de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes ya han realizado el peritaje de los teléfonos de los policías bonaerenses Jana Curuhinca, Mario Sosa, Alberto González y Siomara Flores, y que arrojó evidencias para que, al menos, se encuentren detenidos. Sin embargo, como señaló Cristina, “continúan gozando de su sueldo y de su libertad”. 

Por su parte, tras denunciar «sucesivas maniobras mediáticas con el objetivo de encubrir la responsabilidad policial», el abogado Leandro Aparicio anticipó: “Ahora van a decir que los testigos clave se equivocaron de día, no es cierto, sus dichos coinciden con peritajes de la DATIP, hay pruebas en calidad y cantidad que demuestran que Facundo fue desaparecido por la Policía Bonaerense”. Y su socio, Peretto, aseguró que “la causa está paralizada, en pausa para desgastarnos. Facundo estuvo desaparecido 107 días y no sufrió un accidente, el análisis de su ropa que apareció en la mochila demostró que las roturas y quemaduras que había en las prendas fueron hechas cuando las tenía en su cuerpo, es decir que fue torturado».

El 23 de agosto Facundo hubiese cumplido 26 años. Cristina atravesó nuevamente esta fecha no sólo sintiendo la ausencia de su hijo, sino también con el dolor y la necesidad de justicia. Como si no fuera suficiente, la madre señala la falta de protección y lo insegura que se siente constantemente: “A nosotros no nos cuida nadie, nos cuidamos entre nosotros. Sé que estoy vigilada por la policía. Es terrible lo que se vive en los pueblos. Los policías están mal educados, mal preparados. Continúan con las prácticas de la dictadura”. El episodio más grave fue hace algunos meses, cuando en un baño de la estación de servicio donde ella trabaja, le dejaron un dedo, similar al que le faltaba al cuerpo de su hijo cuando fue encontrado sin vida.

Hacia el final del encuentro se sumó Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado en la Masacre de Avellaneda en el 2002 también por la Policía Bonaerense. Luego de darle un abrazo a Cristina se sentó a su lado: “Nosotros que hemos perdido hijos, familiares, compañeros, siempre estamos delante de la ley. Pero cuándo los funcionarios responsables nunca lo estuvieron. Mi otro hijo se tuvo que ir del pueblo, todo lo que nos pasa se debe a la inacción de los fiscales”, sentenció Cristina. Al grito de “Facundo, presente. Darío, presente. Hoy y siempre”, terminó la reunión con periodistas de diferentes medios, con lágrimas en los ojos de una madre que continúa la lucha para que su hijo pueda descansar en paz. 

Escena armada

Escena armada

Este jueves se estrena “El largo viaje de Alejandro Bordón”, un docuficción argentino que cuenta el derrotero de un hombre acusado y preso por una causa armada entre la Policía Bonaerense y funcionarios judiciales.

En la madrugada del 5 de octubre de 2010, Alejandro Bordón, trabajador aeronáutico residente de Monte Chingolo, fue arrestado por el homicidio de Juan Alberto Núñez, chofer de colectivo de la línea 524. Ese día comenzó un calvario para Bordón y, a la par, su lucha por recuperar la libertad. El 4 de junio del 2012, un año y ocho meses más tarde, fue absuelto, tras comprobarse que se trató de una «causa armada» por policías y funcionarios judiciales bonaerenses, en la que incluso se alteraron pruebas y testimonios.

A través de entrevistas, material de archivo y actuaciones, El largo viaje de Alejandro Bordón cuenta la historia de un hombre que debe demostrar su inocencia por un crimen que no cometió. Las imágenes de La Divina Comedia entre el infierno y el purgatorio como hilo conductor, retratan y refuerzan la oscuridad de esos días de injusticia que debieron atravesar Bordón y su familia.

En diálogo con ANCCOM, el director del filme, Marcelo Goyeneche, también integrante del colectivo de Documentalistas de Argentina (DOCA), subraya el daño que puede ocasionar el mal uso del monopolio de la violencia por uno de los poderes del Estado –la Bonaerense– en el caso concreto de Bordón.

En un reportaje reciente afirmaste que todos los días hay causas armadas, ¿qué te llamó la atención de la historia de Alejandro Bordón?

Fue un hecho de solidaridad entre trabajadores. Conocí a Susana, su mujer, en un corte que hizo en el Aeroparque Jorge Newbery. Yo era delegado en Aerolíneas Argentinas y la CTA. El primer contacto con la historia fue al enterarme lo que le estaba pasando a un compañero. Él se desempeñaba en una empresa de catering para aviones y, a partir de ahí, empezó a surgir la idea de contar la historia que se termina de consolidar cuando Alejandro recupera su libertad y le propongo hacer la película. Mientras tanto, yo iba registrando algunas marchas, pero la génesis del proyecto fue una cuestión de solidaridad de clase.

En la película aparecen imágenes de La Divina Comedia, ¿de dónde surgió la idea?

Soy un fanático de La Divina Comedia, es uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura, así que la idea de incluirla estuvo presente desde el comienzo del proyecto. Era también hacerle un homenaje, por eso es Virgilio quien acompaña a Alejandro Bordón por ese tránsito desde el infierno bonaerense hasta ese paraíso que es recuperar la libertad. Hacer una alegoría de La Divina Comedia venía bien porque el viaje que hace Alejandro es similar al que hace Dante desde el Infierno, pasando por el Purgatorio y hasta llegar al Paraíso. A su vez, tiene esto de la representación de la realidad que está presente todo el tiempo en la película. Decidimos hacer un documental que no fuera al lugar en el que sucedieron los hechos, sino representar ese lugar con esta simbología teniendo en cuenta que todo fue una puesta en escena. Sólo dos hechos fueron reales: que Juan Alberto Núñez fuera asesinado y que Alejandro Bordón estuviera preso. El resto, todo lo que pasa en esta historia, es una escena armada. Así que la idea de la representación está siempre dando vueltas y tiene conexión con la obra de Dante Alighieri.

El largo viaje de Alejandro Bordón se puede ver desde este jueves 21 de abril en el cine Gaumont.

Como documentalista y realizador, ¿qué opinás sobre la situación actual del INCAA?

Hace unos días estuvimos en las puertas del INCAA y fuimos brutalmente reprimidos por la Policía de la Ciudad. Pedíamos la renuncia de Luis Puenzo porque hace dos años que ocupaba el cargo de presidente del organismo y no tuvo diálogo con los sectores más independientes del cine, con las pequeñas y medianas productoras, con los que realizamos cine de autor, con los que hacemos la cultura de este país. Es una situación crítica también porque si el fondo de fomento se cae, la producción de cine, las bibliotecas populares, los medios de comunicación comunitarios quedarían sujetos a la predisposición que tenga el gobierno de turno a prestarle atención a la cultura. Por eso estamos en una situación de movilización constante. Es fundamental un proyecto nacional que contenga un proyecto cultural y diverso en el que nosotros mismos podamos contar nuestras propias historias, con nuestras formas y no con modelos estereotipados impuestos. Es una contrahegemonía que viene, a su vez, en sintonía con lo que hablábamos de la película.

¿Dónde está Facundo?

¿Dónde está Facundo?

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“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.

La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.

“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.

El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.

Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.

Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.

Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.

El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.

La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.

En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.

Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.

«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.

La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.

“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.

Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.