Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

Un encuentro entre arte y ciencia para cuestionar la megaminería

Un encuentro entre arte y ciencia para cuestionar la megaminería

Se exhibe en el espacio cheLA Convertirse en Piedra, instalaciones artísticas de los canadienses Marilou Lemmens y Richard Ibghy que alertan sobre cómo las explotaciones mineras en el noroeste argentino destruyen naturaleza y medio ambiente. Investigadores de la UNSAM y el Conicet destacan la importancia de las políticas de visualización de la temática.

Convertirse en Piedra es el nombre de la exposición que surge de la investigación llevada a cabo en el otoño del 2023 por los artistas canadienses Richard Ibghy y Marilou Lemmens en las provincias argentinas de La Rioja y Jujuy. Co-curada por Sylvie Fortin y Solana Molina Viamonte, la muestra que por estos días puede verse en el espacio cheLA está conformada por dos instalaciones y un epílogo que invitan a sus espectadores a sumergirse en una crítica hacia el arrase de la biodiversidad y el cambio climático causado por la creciente rentabilidad del capital natural que se traduce, en este caso, en la megaminería.

Una de las dos instalaciones de esta exhibición tiene como nombre Una asamblea animada. Integrada por tres pantallas que mezclan imágenes de paisajes reales y caricaturas animadas al estilo de un videojuego, cada una de ellas cuenta dos historias diferentes: la de una garita y una vicuña; la de un político y el arroyo; y la de un CEO y los dueños de un híbrido. Moviéndose entre el humor, la parodia y la realidad, los personajes dialogan e interpelan directamente al público invitando a una reflexión acerca de los estragos que genera la explotación indiscriminada de recursos en las comunidades locales y en la flora y fauna del lugar, al mismo tiempo que se mofan de quienes la defienden. “Cada entidad se presenta con una voz única y juntas crean una polifonía disonante. La pieza apunta a representar la complejidad de un paisaje contemporáneo que todavía está emergiendo, donde lo chico y lo grande están constantemente en tensión”, explicó la canadiense Lemmens al respecto durante uno de los paneles sobre la muestra organizados en conjunto por la productora artística Móvil y la Universidad de San Martín (UNSAM).

La segunda instalación, llamada Relatos desde lo subterráneo, muestra una amplia serie de gráficos creados con materiales sencillos tales como hilo, varillas y acetatos de colores. Cada uno de ellos posee un nombre escrito a mano, que corresponde con el nombre real del gráfico que funcionó como fuente. Presentada sobre una base blanca de rectángulos ensamblados que, visto desde arriba, asemeja a un gráfico de barras, este montaje invita al espectador a moverse por el espacio e interactuar con las obras en un recorrido propio, casi lúdico, como una danza. “Las esculturas materializan las imágenes técnicas utilizadas para hacer visibles, entendibles e inmediatas las interacciones entre las actividades extractivas, la economía, la sociedad y el medio ambiente”, se explayó Lemmens sobre la obra. Y agregó: “Estas formas sirven a un pensamiento, pero también son un pensamiento en formas”.

Y es que la muestra, además, incentiva a reflexionar sobre dos campos que a primera vista parecen opuestos: el arte y la ciencia. Para explorar el nexo entre ambos se llevó a cabo Por lo que vale: Arte y política visual de la sustentabilidad, un evento interdisciplinario que contó con la presencia de especialistas del arte y la investigación en Ciencias Sociales. Molina Viamonte refirió a la importancia de generar estos espacios de debate: “Al haber tantos representantes de ciencias sociales, en esa arena se generan y se piensan cosas que individualmente cada una de las disciplinas no aborda, pero que en el cruce sí surgen”.

Molina Viamonte es, además, directora de Móvil, organización sin fines de lucro dedicada a la producción y exhibición de obras contemporáneas. “El año pasado se cumplieron 10 años de Móvil y yo tenía la intención de trabajar en un ida y vuelta con proyectos internacionales –contó a ANCCOM–. En ese contexto, nos conocimos con los artistas y con Sylvie Fortin. Ellos propusieron que hagamos un proyecto juntos ya que les había gustado mucho el espíritu y la dinámica del lugar”. Previamente, Ibghy, Lemmens y Fortin habían estado tres meses en La Rioja y Jujuy y “venían con la investigación en territorio únicamente. Luego, comenzaron a trabajar con el material y empezó un diálogo curatorial”, continuó Molina Viamonte.

El evento fue co-organizado tanto por los artistas y las curadoras, como por el investigador ecuatoriano William Sacher y el Área de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y las temáticas fueron pensadas en conjunto. Tal como su nombre lo indica, la política visual fue uno de los temas centrales tratados el jueves pasado en el panel conformado por Marcelo Saguier, Julieta Godfrid y Guillermo Peinado, entre otros; ellos, junto con Sol Mora y a Ana Sendon, participan del Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) financiado por CONICET titulado “La política visual de la sustentabilidad”, cuyo objetivo es comprender la visualidad como dimensión política del ambiente partiendo de las imágenes como dispositivos intervinientes en la producción de imaginarios sobre las transiciones a la sustentabilidad.

Saguier, quien también ejerce como docente universitario, definió a la política visual como “un ámbito específico que se encuentra dentro de las Relaciones Internacionales que se interesa por entender los fenómenos políticos globales, los procesos o los conflictos, como fenómenos visuales. No existe hoy nada de la política que no tenga una vinculación con lo visual”. De acá surge una pregunta: ¿cómo operan las artes visuales en áreas cómo la sustentabilidad, el capital natural y la transición energética?

“Cuando pensamos en política visual nos referimos al rol político que tienen las imágenes. En particular nos interesa la visualidad que refiere a la cuestión ambiental y a la noción de sustentabilidad”, comentó al respecto Julieta Godfrid. Dedicada a la investigación sobre temas de la gobernanza minera en América Latina y las iniciativas de sustentabilidad vinculadas a la minería, entre otros, su trabajo tiene un especial interés sobre la política visual y la noción de “imaginarios de sustentabilidad”. “Entendemos que los imaginarios de sustentabilidad son construcciones sociales en las que intervienen tanto la ciencia, las artes, como otras esferas como pueden ser las empresas, las comunidades y las fundaciones”, explicó la investigadora en diálogo con ANCCOM.

Asimismo, opinó respecto a la importancia de trabajos como el de Ibghy y Lemmens para generar un debate sobre éstas problemáticas: “Nos ofrece preguntas más que certezas sobre qué es lo vemos o qué es lo que deberíamos entender sobre la transición energética. Y es interesante porque genera curiosidad sobre aquello que muestra, las imágenes nos dan ganas de conocer más, son movilizadoras de inquietudes”. 

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Convertirse en Piedra estará abierta al público todos los sábados de 16 a 20 hasta el 24 de mayo de 2025 en Iguazú 451, Parque Patricios, en el espacio de cheLA.

Algo huele mal en el Río Reconquista

Algo huele mal en el Río Reconquista

Frigoríficos y otras industrias que costean al Río Reconquista, el segundo cauce más contaminado de la Argentina, continúan volcando sus desperdicios tóxicos allí a pesar de las causas judiciales en su contra y los reclamos de los vecinos.

Repugnante. Penetra las fosas nasales. Nauseabundo. Expulsa lágrimas, contrae el rostro. Los
vecinos de Tigre y San Fernando se tapan la nariz y aguantan la respiración cada vez que
transitan los alrededores. El hedor emana de la sangre, grasa y bosta desechada sobre el curso del
río, que son los principales responsables de la contaminación hídrica y atmosférica de la zona.
El río baña 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Al menos 2 millones de personas
dependen de él para sus actividades. Aproximadamente 12 mil industrias se encuentran en sus
costas y muchas de ellas vierten residuos ilegalmente.
Una fuente del Conicet afirma que si bien los frigoríficos son los que más aportan a la
contaminación orgánica, las contribuciones a la cuenca son varios. Entre ellas encontramos
cloacales clandestinas que llevan a los cursos de agua.

Desde electrodomésticos hasta fauna del Delta flotan por las aguas. Daniel Márquez (60), vecino
del partido de Tigre, declara que toda su vida ha notado al río en pésimas condiciones. “La
contaminación comenzó en la década del 60 y cada vez fue peor. Hay muchas industrias a los
lados, no solo acá, sino también río arriba. Imaginate que el Reconquista nace en el partido de
Marcos Paz que está a unos 50 kilómetros. También está contaminado atmosféricamente, los
frigoríficos largan mucho olor en la zona de Bancalari, ‘baranda’ a bosta, un asco. Depende de
dónde viene el viento, se siente más o menos –refiere–. Además, el río está lleno de basura, si
tienen la posibilidad acérquense a una de las mangas que tiene y vean todo lo que hay. Hemos
encontrado plásticos, lavarropas, hasta caballos muertos”.
Debido a la multicausalidad de la contaminación, los procesos judiciales contra las empresas
contaminantes son lentos. Para los organismos públicos, recabar la información lleva tiempo.
Desde el Conicet, una fuente subraya que poder atribuirle esa contaminación a la empresa no es
una cuestión de cercanía, sino de poder probar quién causó el delito ambiental.
Si alguien visita el municipio de Tigre y pasa por el puente Larralde, por donde corre el
Reconquista, será inevitable que sienta el olor a putrefacción que emana del curso de agua y que
se pregunte cómo vive la gente allí, puesto que se observan muchas viviendas.
“A las empresas no les molesta cuánto contaminan, si no cuánta plata generan”, asegura la
vecina y militante medioambiental María Dulce Pérez, quien sostiene que cada vez son más las
personas que repudian y visibilizan este conflicto con tal de tener una vida digna. Sin embargo,
el control y monitoreo de los recursos naturales recae sobre la jurisdicción de cada provincia.

Los deportistas también son víctimas de la contaminación. Desde 1972, en Tigre se encuentra la
Pista Nacional del Remo, donde entrenan los federados y la selección nacional. Se ubica,
precisamente, en uno de los canales más contaminados del Río Reconquista. Muchos de los
atletas denunciaron haber sufrido vómitos, diarrea e incluso infecciones en la piel por bacterias
del agua. En declaraciones recientes a la prensa, el presidente del Club de Regatas La Marina de
Tigre, Patricio Louzao, lamentó el hecho de que la pista no tiene el mantenimiento
correspondiente desde unos diez años atrás.
Otra problemática que se superpone es la Sudestada, que afecta la zona múltiples veces al año,
principalmente entre julio y octubre, causando fuertes inundaciones. Cada vez que el agua sube,
las calles cercanas al río se llenan de basura y deshechos.
“A pesar de disfrutar de las embarcaciones que ofrecen en el catamarán, si uno se fija, por tan
solo unos segundos, puede ver la basura que se encuentra en él”, reflexiona Malena Maciel, residente de la zona. Según ella, es increíble que, a pesar del desarrollo turístico, la
contaminación persista.
María Dulce Pérez mira a través de su ventana. A lo lejos, se ve el dejo marrón del Río
Reconquista. Con tono de preocupación, habla sobre el abandono de la delegación argentina a la
Cumbre Ambiental COP29. Se mira las manos, las retuerce. El Estado, opina, debería recurrir a
un plan evaluativo ambiental para arreglar estos conflictos con las empresas. Y concluye: “Se
viola el derecho de un ambiente saludable y digno. No se hace nada para que los vecinos puedan
respirar aire puro y tener una vida sin contaminación”.

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de energía verde en la Argentina. La provincia de Río Negro preparó su terreno y legislación para la producción, en asociación con una empresa australiana. Qué demora el desarrollo de lo que algunos denominan energías limpias.

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció la mayor inversión de la historia Argentina en energías limpias. El ex jugador de rugby Agustín Pichot, representante de la firma australiana Fortescue Future Industries, aseguró por entonces que la idea era empezar a producir hidrógeno verde a finales del 2024. Las expectativas fueron enormes, pero ¿qué pasó con el hidrógeno verde?

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica. En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente la emisión de carbono en el mundo”, celebró el ex presidente Alberto Fernández en su discurso durante la cumbre contra el cambio climático realizada en Escocia en 2021. El desarrollo implicaba una inversión de 8.400 millones de dólares de la firma Fortescue Future Industries originaria de Australia, fuertemente fogoneada en los medios por el ex-capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como una oportunidad histórica para el país. Las expectativas generadas en ese momento fueron enormes: ¿pero qué se hizo en estos años?

La “energía del futuro”

El hidrógeno verde (H2v) es conocido popularmente como “la energía del futuro”, algo que paradójicamente, se repite desde hace décadas. Para extraer el hidrógeno se usa agua dulce limpia y energía proveniente de molinos de viento o solar: de allí que se lo considere “verde”. La energía se utiliza para producir la electrólisis, un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H) del oxígeno (O) que hay en las moléculas de agua (H2O). Para utilizarlo, el hidrógeno se combina nuevamente con oxígeno para que libere la energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para un motor.

El resultado de ese proceso es, claro, agua. La ventaja de esta energía es que no emite gases contaminantes durante la combustión y el proceso de producción, pero como indica Alejandro Machado, Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires “uno de los desafíos que se impone es su almacenaje y transporte dado que, es altamente explosivo”.

Otra cuestión preocupa a Machado: ¿qué tan verde es el hidrógeno verde? El Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA se refiere a que, en un primer análisis, puede ser considerado “verde” por la fuente de energía utilizada, pero yendo unos pasos más atrás vale preguntarse con qué fueron construidas las aspas del generador eólico, su parte mecánica, el generador, su torre de acero, su base. Lo mismo puede decirse sobre los paneles solares, sus componentes, su superficie de vidrio o policarbonato, como se obtuvo el cobre o aluminio de cables y componentes eléctricos.

Se suele escuchar que el mundo está comenzando a demandar un nuevo modo de portar energía para reemplazar el petróleo y el gas, por lo que el hidrógeno, como el elemento con la mayor densidad de energía, es un “motor natural” para esto. Si bien las tecnologías para aprovechar el hidrógeno son una promesa de larga data, en estos últimos años comenzaron a verse señales desde el mercado sobre que el hidrógeno tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Una oportunidad para Río Negro

La ex gobernadora de Río Negro Arabela Carreras comenta en el libro sobre hidrógeno verde publicado por la provincia que desde el año 2020 junto con Nación comenzaron un proceso proactivo de búsqueda de inversiones. Para ello recurrieron a científicos, tecnólogos y luego contrataron al instituto alemán Fraunhofer para un estudio de perfectibilidad que brindó una mirada externa de las ventajas del territorio patagónico y fue así que el ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas puso en contacto a las partes interesadas. Luego desde la legislatura provincial se sancionaron dos leyes fundamentales: la que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625.000 hectáreas para el estudio y el emplazamiento de un parque eólico y construcciones necesarias para la producción y, por otro lado, se aprobó la creación de un Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que se denominó “Corporación Punta Colorada”.

Desde la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro explicaron a ANCCOM que el plan estratégico de hidrógeno verde es el primero en el país y que se está aguardando para su desarrollo la aprobación de un marco regulatorio federal. Además, dentro de sus posibilidades, recientemente, se han impulsado algunos cambios normativos para alentar la concreción del proyecto, como la celebración de un contrato entre Eólic Rionegrina SA (sociedad estatal) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, que recibió sanción en la legislatura provincial: Ley 5672. El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti manifestó en diversas entrevistas que “esto generará mano de obra y trabajo genuino. Este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos”.

En Argentina, específicamente en Río Negro, se dan condiciones naturales únicas para convertir la provincia en un actor clave del hidrógeno verde. Para esto se creó la “Mesa de Hidrógeno Verde Rionegrina” mediante Decreto Provincial 342/21. Se trata de un órgano transversal e interdisciplinario, cuya función es “acordar y definir políticas públicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo de hidrógeno verde, como así también proyectos de inversión productiva”.

La mayor parte de lo producido se espera que sea exportado a los países en procesos de descarbonización (como el caso de Alemania). Esta forma de producción de combustible sin emisión de dióxido de carbono implica un nuevo nicho de negocios y nuestro país tiene un commodity aparentemente muy valorado por el resto del mundo.

La versión Fortescue

ANCCOM logró comunicarse con la firma australiana Fortescue Future Industries, desde donde alegan que el inicio de la construcción del parque eólico está estimado para el segundo semestre de 2025, cuando hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos. Según aclaran, las obras demandarán al menos dos años. Por otro lado, consideran necesaria la creación de un marco normativo regulatorio nacional para la industria del hidrógeno verde. Según aclaran, “si bien ya se envió un proyecto de ley al Congreso, es esencial llevar adelante un debate constructivo para la inclusión de puntos claves que aún no están expresados en ese proyecto como son el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria. Todo ello con el fin de que efectivamente la Argentina sea un país que atraiga inversiones para así poder posicionarse en la región como un país líder en materia de energías renovables”.

Desde Fortescue Future Industries esperan producir 350.000 toneladas anuales de hidrógeno verde en la primera fase del proyecto destinado tanto al mercado interno como externo, generando divisas para la Argentina. De hecho, para 2030 Europa estima que va a consumir 30 millones de toneladas de hidrógeno verde, de las cuáles espera importar 10 millones: una oportunidad para Sudamérica.

Para Fortescue “El país tiene potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no sólo por su extensión territorial sino también porque en regiones como la Patagonia, abundan condiciones geográficas y climáticas adecuadas para generar energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, fundamentales para la producción de este tipo de hidrógeno verde”.

Sigue verde

Lo cierto es que la inversión en hidrógeno verde fue anunciada con bombos y platillos ante el mundo, se esperaba generar muchos puestos de trabajo y generar divisas de plena estepa patagónica. Hasta el día de hoy esto no se cumplió. El proyecto está a la expectativa de que se apruebe la legislación que permita iniciar el trabajo, pero ya no hay la misma algarabía que hubo durante la presentación en la cumbre contra el cambio climático de Glasgow.

Es cierto que el mercado está en expansión aunque sus números aún no son tan impactantes. Por ejemplo, en el mundo del transporte, en el que genera las mayores expectativas, en 2023 se pusieron en marcha los primeros micros escolares a base de hidrógeno verde en EE.UU. Sin embargo, esa tecnología no llega aún a la Argentina y hoy un auto a base de hidrógeno verde en Europa resulta caro. También el combustible se puede utilizar en la industria pesada o en el campo aeroespacial.

De momento, resulta incierto si la Argentina será pionera en esta tecnología, si generará los volúmenes anunciados y si la clase política podrá evaluar el impacto de este proyecto para el país, para realizar en tiempo y forma una legislación que proteja los intereses nacionales y esté a la altura de los cambios necesario para la preservación del medioambiente en el mundo, como se prometió. De ser así, estamos ante una oportunidad única de estar a la vanguardia de una industria que en el futuro puede ser fundamental en la mejora del ecosistema.