Colón y Payasandú resisten contra la refinería HIF

Colón y Payasandú resisten contra la refinería HIF

Continúa la preocupación de los vecinos a ambos lados del río Uruguay por la construcción de una planta de hidrógeno verde. Denuncian que afectará el turismo, la biodiversidad y salud de ambas poblaciones.

Continúa la lucha a ambos lados del río Uruguay contra la empresa HIF global que planea desarrollar un megaproyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a las costas entrerrianas.

Estas semanas son cruciales para el desarrollo de los planes que tiene la empresa en el país vecino ya que ayer se reunieron en Argentina Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con Mario Lubetkin, su homólogo uruguayo. Este es el segundo encuentro entre ambos funcionarios en lo que va del mes y según trascendió Lubetkin espera la visita de Quirno en las próximas semanas para seguir tratando temas bilaterales.

En julio, HIF realizó algunos cambios en su proyecto que implicó la reducción de un 35% de la superficie total de la planta, una disminución en un 70% de la intervención que realizaron sobre el monte nativo y una ampliación de 260 hectáreas del área de reserva de la biodiversidad, pese a estos cambios en noviembre la empresa debió ser multada por el Ministerio de Ambiente debido a la tala ilegal del monte nativo.

Estas modificaciones no lograron apaciguar a las distintas organizaciones y vecinos tanto de Paysandú (Uruguay) como de Colón (Argentina) que ven que sus reclamos caen en oídos sordos. Carlos Serrati, integrante de la organización Somos Ambiente, explicó: “Lo que la empresa hizo fue realizar modificaciones menores dentro de la planta, pero dejó las instalaciones en el mismo lugar, encima para ganar un poco de espacio aumentaron las alturas, la llama la establecieron a 7,50 metros aproximadamente, y el producto de la incineración de estos combustibles viene todo para este lado, para nosotros no cambio absolutamente nada”.

Los miembros de Paysandú soberano concuerdan, ya que su reclamo implica la reubicación en su totalidad de la planta por fuera de su localidad. Leonardo Belassi, integrante de esta organización, comenta: “Por eso estamos juntando las firmas para una iniciativa popular, quisiéramos que no se instale en ningún lugar del Uruguay”. El colectivo ya tiene recolectadas 13.000 firmas, y le faltarían 2000 para poder convocar un plebiscito de iniciativa popular para decidir sobre el tema en cuestión.

La empresa aseguró en diversos medios que se concretaron con los vecinos de Paysandú y Colón jornadas de diálogo. Sin embargo, Serrati desmiente esta instancia, “se dijo que tenían conversaciones con organizaciones de la zona de Colón, yo estaba presente en el lugar, no fue así, no las hubo”.

El entrerriano explica que el movimiento en contra de la instalación de la planta lejos está de querer invalidar las decisiones que implican los proyecto de desarrollo de Uruguay, sin embargo resalta: “Lo que decimos es que no se puede hacer en ese lugar, porque afecta directamente a un sistema económico de una población transfronteriza, es incluso una pérdida de soberanía de nuestro lado, porque los condicionamientos de la empresa modifican sustancialmente nuestro estado de vida”.

En las últimas movilizaciones de protesta se contó con el apoyo del intendente de Colón José Luis Walser, quien se sumó al reclamo y a las últimas manifestaciones exigiendo el cambio de locación de la plata, asimismo pidió la intervención de las autoridades nacionales correspondientes para mediar en el conflicto.

Serrati resalta, además, la imprevisibilidad de las empresas que manejan químicos tóxicos, “la prueba de esto es el accidente de Ezeiza hace unos pocos días, puede ser un producto del azar, o un accidente, pero el riesgo de accidentes está siempre presente”, agrega. “Necesitamos una base epidemiológica para saber cuál es el estado general de la salud de la población para poder contrastarlo o compararlo el día de mañana si llegan a aparecer algún tipo de patologías diferentes, como ya ha sucedido en Gualeguaychú”, dice y enumera además otras consecuencias derivada de la posible instalación de la plata tales como pérdida del valor patrimonial de la cuidad, emigración por falta de empleo y  baja de la recaudación tributaria.

El sábado 6 de diciembre habrá una marcha en Paysandú contra la instalación de la planta frente a las oficinas de HIF Global, más tarde habrá también un festival donde se presentarán distintos artistas y se realizarán actividades de visibilización del conflicto.

Los presos que abrigan a las personas en situación de calle

Los presos que abrigan a las personas en situación de calle

«El otro frío» es una campaña solidaria mediante la cual personas en contexto de encierro elaboran mantas para quienes viven en la vía pública. Las confeccionan con sachets de leche, una manera de cuidar también el medio ambiente.

El Otro Frío es una campaña impulsada por el Consejo Publicitario Argentino (CPA) en articulación con distintas organizaciones sociales con el objetivo de ayudar a quienes no cuentan con los recursos para protegerse de las bajas temperaturas y se encuentran en situación de calle. El 1 de julio comenzó la sexta edición de este proyecto colectivo que busca recolectar sachets de leche y yogur vacíos para que personas privadas de su libertad elaboren aislantes para entregar a personas sin techo y que puedan resguardarse de climas hostiles.

“Existen muchos fríos, pero ninguno se compara con el de dormir en la calle” reza el lema de la acción iniciada en 2020 y en la que confluyen el cuidado del ambiente, la inclusión y la asistencia concreta para quienes más la necesitan. Las mantas plásticas pueden funcionar como aislantes para colocar en el piso y evitar que el frío o la humedad lleguen al cuerpo, para cubrir las pertenencias de la lluvia, para conservar el calor y para reforzar techos contra filtraciones de agua y humedad. Para que esto sea posible, el CPA colabora con Fundación Espartanos, Justicia Restaurativa, Vikingos Rugby UP43, Red Activos, Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentina. Las últimas dos se encargan de repartir los protectores aislantes a las personas en situación de calle, mientras que las demás son las responsables de su confección.

La campaña se divide en tres etapas: recolección, producción y distribución. Desde el 1 de julio hasta el 22 de agosto, las personas pueden depositar sus sachets vacíos y limpios en las urnas de #ElOtroFrío ubicadas en distintos comercios, establecimientos educativos y otros espacios en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Una vez finalizada la colecta, estos son enviados a diversas Unidades Penales donde hombres y mujeres los unen con la técnica de termosellado para crear las mantas, de cinco sachets de ancho y diez de largo. Luego, las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle se aseguran de hacérselas llegar no solo durante el invierno, sino en las noches frías y lluviosas de todo el año.

Actualmente, según el último censo popular realizado en junio de este año, en CABA viven 11.892 personas en situación de calle. “Lamentablemente, ellos son los que nadie quiere ver, a los que nadie quiere escuchar”, dijo Mónica De Russis, directora de Amigos en el Camino. La organización hace recorridas por la ciudad todas las noches, excepto los sábados, en las que reparte comida, bebida, abrigo y artículos de higiene y brinda asistencia para que quienes duermen en la calle no tengan que hacerlo más. “Nosotros visitamos 1.200 personas por semana. Esto no quiere decir que, si damos la vuelta a la esquina, no vamos a encontrar a otra. La gente se comunica con nosotros y nos dice: en tal calle hay una familia que antes no estaba. Es muy angustiante porque no somos el Estado, no podemos abarcar todo. Vemos que el número aumenta y las cifras lo indican así”, agregó.

Una misión, múltiples objetivos

La campaña promueve la inclusión de población privada de su libertad y de personas con discapacidad. La producción principal se realiza en distintos penales de la Provincia de Buenos Aires, dándole la oportunidad de ayudar a otros a los hombres y mujeres que se encuentran cumpliendo sus condenas allí. “Esas manos que antes dañaban, ahora construyen”, aseguró Andrés López, director de Justicia Restaurativa. Bajo el lema “reparar para no repetir”, esta organización trabaja con mujeres en contexto de encierro y realiza talleres de carpintería, costura, huerta y otras actividades para darles una vida digna, alejada de la violencia y el delito. “Queremos que cumplan su condena de forma digna, y una forma digna también es pensar en otros y otras”, añadió. 

López destacó la importancia de la participación de estas mujeres no solo para quienes recibirán las mantas, sino para ellas mismas, ya que las involucra en algo mayor que, además, las entusiasma. En una de las últimas tandas que confeccionaron, añadieron frases alentadoras como “estoy pensando en vos” y “esto lo hago con mucho cariño”. “Fue muy emocionante porque nosotros no estábamos enterados al principio, nos enteramos por gente en situación de calle. Esto no solamente aísla del frío y de las inclemencias de vivir en un contexto tan adverso como la calle, sino que abraza”, comentó. Tanto Justicia Restaurativa como Fundación Espartanos y Vikingos producen aislantes durante todo el año. De esta manera, los sachets conseguidos en la edición actual probablemente sean repartidos durante el próximo verano y el invierno de 2026.

Otro de los propósitos que hacen a El Otro frío es la concientización sobre el cuidado del ambiente y la reutilización de materiales contaminantes. “Ese sachet de leche que vos en tu casa lo tirabas a la basura y se convertía en algo que contamina al planeta es un pedacito de esa manta que va a abrazar, va a abrigar a alguien en situación de calle”, expresó De Russis. Por eso, también se alienta la transformación de los sachets de forma doméstica para crear elementos de todo tipo, como macetas, bolsas, cartucheras y otras manualidades.

La iniciativa retoma el trabajo de la ONG La Sachetera, que desde 2012 convierte sachets en objetos sustentables y que provee el material de capacitación para la fabricación de las mantas, así como tutoriales para seguir en casa y darle una nueva utilidad a lo que de otra forma sería un desecho.

Quiénes participan

El Consejo Publicitario Argentino está compuesto por diversas empresas anunciantes, medios, agencias, organizaciones e instituciones que, en conjunto, realizan campañas de bien público con tres ejes principales: salud, sociedad y educación. Colaboran no solo con la difusión de la campaña, sino con necesidades específicas como la logística y el transporte de los sachets y la provisión de las termoselladoras para la fabricación de los aislantes.

Red Activos es una ONG sin fines de lucro que reúne a distintos emprendimientos y genera trabajo para personas con discapacidad. Fundación Espartanos y Vikingos trabajan desde el deporte y otras actividades para transformar la vida de personas privadas de su libertad y reducir la reincidencia. Caminos Solidarios, al igual que Amigos en el Camino, asiste a personas en situación de calle y reparte comida y bebida en distintos puntos de CABA.

El Otro Frío no tendría éxito de no ser por el trabajo conjunto de todos estos actores sociales. “Cada eslabón es importante: vos en tu casa tomando conciencia de que tenemos que dejar de contaminar nuestro planeta, CPA con todas sus empresas, las tres ONG y la población privada de libertad que trabajan durante todo el año para armar estas mantas, para que luego Caminos Solidarios y Amigos en el Camino las estén repartiendo a personas en situación de calle. Así, lo que antes podía ser basura se convirtió en algo valioso”, afirmó De Russis. López lo resumió en una frase: “Lo que le hace bien a uno, nos hace bien a todos”.

Los puntos adheridos en CABA y GBA y la forma de preparar los sachets se encuentran detallados en las redes sociales y la web de la campaña, www.elotrofrio.org.ar. Allí también se pueden consultar otras formas de colaborar para quienes viven en otras partes del país.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

Un encuentro entre arte y ciencia para cuestionar la megaminería

Un encuentro entre arte y ciencia para cuestionar la megaminería

Se exhibe en el espacio cheLA Convertirse en Piedra, instalaciones artísticas de los canadienses Marilou Lemmens y Richard Ibghy que alertan sobre cómo las explotaciones mineras en el noroeste argentino destruyen naturaleza y medio ambiente. Investigadores de la UNSAM y el Conicet destacan la importancia de las políticas de visualización de la temática.

Convertirse en Piedra es el nombre de la exposición que surge de la investigación llevada a cabo en el otoño del 2023 por los artistas canadienses Richard Ibghy y Marilou Lemmens en las provincias argentinas de La Rioja y Jujuy. Co-curada por Sylvie Fortin y Solana Molina Viamonte, la muestra que por estos días puede verse en el espacio cheLA está conformada por dos instalaciones y un epílogo que invitan a sus espectadores a sumergirse en una crítica hacia el arrase de la biodiversidad y el cambio climático causado por la creciente rentabilidad del capital natural que se traduce, en este caso, en la megaminería.

Una de las dos instalaciones de esta exhibición tiene como nombre Una asamblea animada. Integrada por tres pantallas que mezclan imágenes de paisajes reales y caricaturas animadas al estilo de un videojuego, cada una de ellas cuenta dos historias diferentes: la de una garita y una vicuña; la de un político y el arroyo; y la de un CEO y los dueños de un híbrido. Moviéndose entre el humor, la parodia y la realidad, los personajes dialogan e interpelan directamente al público invitando a una reflexión acerca de los estragos que genera la explotación indiscriminada de recursos en las comunidades locales y en la flora y fauna del lugar, al mismo tiempo que se mofan de quienes la defienden. “Cada entidad se presenta con una voz única y juntas crean una polifonía disonante. La pieza apunta a representar la complejidad de un paisaje contemporáneo que todavía está emergiendo, donde lo chico y lo grande están constantemente en tensión”, explicó la canadiense Lemmens al respecto durante uno de los paneles sobre la muestra organizados en conjunto por la productora artística Móvil y la Universidad de San Martín (UNSAM).

La segunda instalación, llamada Relatos desde lo subterráneo, muestra una amplia serie de gráficos creados con materiales sencillos tales como hilo, varillas y acetatos de colores. Cada uno de ellos posee un nombre escrito a mano, que corresponde con el nombre real del gráfico que funcionó como fuente. Presentada sobre una base blanca de rectángulos ensamblados que, visto desde arriba, asemeja a un gráfico de barras, este montaje invita al espectador a moverse por el espacio e interactuar con las obras en un recorrido propio, casi lúdico, como una danza. “Las esculturas materializan las imágenes técnicas utilizadas para hacer visibles, entendibles e inmediatas las interacciones entre las actividades extractivas, la economía, la sociedad y el medio ambiente”, se explayó Lemmens sobre la obra. Y agregó: “Estas formas sirven a un pensamiento, pero también son un pensamiento en formas”.

Y es que la muestra, además, incentiva a reflexionar sobre dos campos que a primera vista parecen opuestos: el arte y la ciencia. Para explorar el nexo entre ambos se llevó a cabo Por lo que vale: Arte y política visual de la sustentabilidad, un evento interdisciplinario que contó con la presencia de especialistas del arte y la investigación en Ciencias Sociales. Molina Viamonte refirió a la importancia de generar estos espacios de debate: “Al haber tantos representantes de ciencias sociales, en esa arena se generan y se piensan cosas que individualmente cada una de las disciplinas no aborda, pero que en el cruce sí surgen”.

Molina Viamonte es, además, directora de Móvil, organización sin fines de lucro dedicada a la producción y exhibición de obras contemporáneas. “El año pasado se cumplieron 10 años de Móvil y yo tenía la intención de trabajar en un ida y vuelta con proyectos internacionales –contó a ANCCOM–. En ese contexto, nos conocimos con los artistas y con Sylvie Fortin. Ellos propusieron que hagamos un proyecto juntos ya que les había gustado mucho el espíritu y la dinámica del lugar”. Previamente, Ibghy, Lemmens y Fortin habían estado tres meses en La Rioja y Jujuy y “venían con la investigación en territorio únicamente. Luego, comenzaron a trabajar con el material y empezó un diálogo curatorial”, continuó Molina Viamonte.

El evento fue co-organizado tanto por los artistas y las curadoras, como por el investigador ecuatoriano William Sacher y el Área de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y las temáticas fueron pensadas en conjunto. Tal como su nombre lo indica, la política visual fue uno de los temas centrales tratados el jueves pasado en el panel conformado por Marcelo Saguier, Julieta Godfrid y Guillermo Peinado, entre otros; ellos, junto con Sol Mora y a Ana Sendon, participan del Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) financiado por CONICET titulado “La política visual de la sustentabilidad”, cuyo objetivo es comprender la visualidad como dimensión política del ambiente partiendo de las imágenes como dispositivos intervinientes en la producción de imaginarios sobre las transiciones a la sustentabilidad.

Saguier, quien también ejerce como docente universitario, definió a la política visual como “un ámbito específico que se encuentra dentro de las Relaciones Internacionales que se interesa por entender los fenómenos políticos globales, los procesos o los conflictos, como fenómenos visuales. No existe hoy nada de la política que no tenga una vinculación con lo visual”. De acá surge una pregunta: ¿cómo operan las artes visuales en áreas cómo la sustentabilidad, el capital natural y la transición energética?

“Cuando pensamos en política visual nos referimos al rol político que tienen las imágenes. En particular nos interesa la visualidad que refiere a la cuestión ambiental y a la noción de sustentabilidad”, comentó al respecto Julieta Godfrid. Dedicada a la investigación sobre temas de la gobernanza minera en América Latina y las iniciativas de sustentabilidad vinculadas a la minería, entre otros, su trabajo tiene un especial interés sobre la política visual y la noción de “imaginarios de sustentabilidad”. “Entendemos que los imaginarios de sustentabilidad son construcciones sociales en las que intervienen tanto la ciencia, las artes, como otras esferas como pueden ser las empresas, las comunidades y las fundaciones”, explicó la investigadora en diálogo con ANCCOM.

Asimismo, opinó respecto a la importancia de trabajos como el de Ibghy y Lemmens para generar un debate sobre éstas problemáticas: “Nos ofrece preguntas más que certezas sobre qué es lo vemos o qué es lo que deberíamos entender sobre la transición energética. Y es interesante porque genera curiosidad sobre aquello que muestra, las imágenes nos dan ganas de conocer más, son movilizadoras de inquietudes”. 

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Convertirse en Piedra estará abierta al público todos los sábados de 16 a 20 hasta el 24 de mayo de 2025 en Iguazú 451, Parque Patricios, en el espacio de cheLA.