Boca está feliz

Boca está feliz

Dic 18, 2023 | Deportes, Destacado 4

Tras semanas de incertidumbre, finalmente se celebraron las elecciones en el club de la Ribera y el oficialismo, encabezado por Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, extendió su mandato hasta 2027. La voz del pueblo xeneize en una jornada histórica para la institución.

Juan Román Riquelme fue electo nuevo presidente del Club Atlético Boca Juniors al imponerse a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri por más de 14.000 votos de diferencia en los comicios de este domingo, en los que participaron 46.402 socios, cifra récord para el fútbol argentino. El temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aires desde la madrugada no fue una traba para que los hinchas se acercaran a ejercer su derecho a voto.

“Tengo amigos que por la lluvia y el viento se les han volado los techos de sus casas, pero primero van a venir a votar y luego se ocuparán de eso. Porque el club es de los socios y no queremos perderlo”, dice Mariano, quien no pudo dormir la noche anterior por la expectativa de pisar el césped de La Bombonera por primera vez. Zulma, a pesar de su edad y su dificultad para caminar, recorrió más de 1.200 kilómetros desde Formosa hasta la calle Brandsen 805 y lloró de la emoción al entrar a la cancha. “Coincido con Román en que este es el partido más importante de la historia del club. Yo lo jugué y metí un golazo”, afirma en diálogo con ANCCOM.

El verdadero impedimento para que las elecciones se llevaran a cabo había sido la medida cautelar presentada por la jueza Alejandra Abrevaya a pedido de la oposición, que suspendía las elecciones debido a la inclusión de 13.000 socios en el padrón –de los cuales votaron 6.800–, supuestamente de manera irregular. La medida fue revocada por la Sala E de la Cámara Civil el pasado lunes. “Esto es democracia y nosotros tenemos que decidir lo que queremos para el club. No la justicia, una jueza, una gerencia, un qatarí, ni nadie”, asegura Lucas, que vive un domingo soñado junto a su esposa y su hijo de dos años. “Fue una lástima ensuciar tanto la situación. Si hubiésemos votado en primera instancia, los resultados serían los mismos, porque la gente sabe lo que quiere”, agrega Ana, quien también se acercó a votar con su familia.

“Yo quería votar antes, pero la gente que hoy va perder no quería. La experiencia de hacerlo en la cancha fue bárbara, salvo cuando apareció un señor que se tiene que ocupar del país y hoy vino porque lo mandó su jefe”, expresa Arnaldo, socio del club desde el año 1966. Alrededor de las 10, el presidente de la Nación, Javier Milei, socio activo N° 76.296, accedió a la carpa A, donde sufragó en la mesa 19. El mandatario fue insultado por decenas de hinchas, tanto al ingresar como al salir, un hecho que fue repudiado por Mauricio Macri, que no participó del acto eleccionario porque viajó a Arabia Saudita por el Mundial de Clubes, en su carácter de presidente de la Fundación FIFA.

Entre las figuras de la oposición que sí se hicieron presentes estuvieron Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca, ovacionado al momento de ingresar al estadio; Rolando Schiavi, ganador de nueve títulos con la camiseta azul y amarilla; Daniel Angelici, exmandamás de la institución entre 2011 y 2019, y el candidato Andrés Ibarra, cuya llegada despertó el canto “el club es de los socios” entre los hinchas.

Del oficialismo se los pudo ver a Raul Cascini y Marcelo “Chelo” Delgado, ex jugadores e integrantes del Consejo de Fútbol, y a Ángel Clemente Rojas, gloria xeneize de la década del 60. Rafael Di Zeo, jefe de La 12, también se acercó a emitir su voto.

Todo se descontroló cuando Juan Román Riquelme apareció en La Bombonera. Al ídolo se lo vio rodeado de una multitud de hinchas y todos cantando al ritmo de “soy bostero / es un sentimiento / no puedo parar”. “Venimos por Román, solo por él”, sintetiza María, quien sintió la necesidad de votar por primera vez, a pesar de que es socia desde 1997. El suyo fue uno de los 30.318 votos que convirtieron a Riquelme en el presidente más votado de la historia del fútbol argentino.

En estas elecciones, no solo estaba en juego quién conduciría al equipo más popular del país, sino también la disputa entre club de fútbol, tan arraigado en la idiosincrasia argentina, y el modelo de sociedades anónimas. “Son dos modelos muy distintos. Quiero que Boca siga siendo Boca, que no se convierta en el PSG. No podemos perder nuestra identidad”, subraya Florencia. Un poco más allá está Carlos, que llegó desde Berazategui en su bicicleta, la misma con la que pedaleó más de 2.600 kilómetros hasta Río de Janeiro para alentar a Boca en la final de la Copa Libertadores de este año. “Boca fue, es y será popular –sostiene–, no algo para que vengan a hacer negocios”.

Cae el sol en el barrio de La Boca y los hinchas se reúnen en la puerta del búnker de Riquelme, ubicado en la terminal de la línea 53, sobre las calles Irala y Aristóbulo del Valle, justo frente al estadio. Se vive un clima festivo, a pesar de no conocer aún números oficiales. Las elecciones pasan a un segundo plano y solo se canta por el sentimiento a los colores.

“El socio viene a votar por amor al club. Nosotros nos debemos a esto, no importa el poder político que esté enfrente. Queremos mucho a Boca y siempre vamos a acompañar. El hincha es lo más sagrado que tenemos. El club vive por y para ellos”, resume Matías, socio activo desde 2007, el mismo año en el que el Xeneize ganó su última Libertadores con Riquelme como jefe futbolístico del equipo.

“Venimos porque Boca es el movimiento popular más grande del país. A nosotros nos gustan los colores, del resto que se encarguen los de arriba”, dice Diego, integrante de la peña Corazón Boquense de la localidad de Ucacha, provincia de Córdoba. Mientras van apareciendo los bombos, las trompetas, se encienden las primeras bengalas y comienzan los festejos que se extenderán hasta la madrugada, Diego confirma lo que cualquiera puede notar sólo con ver las caras: “El hincha de Boca está feliz”.

La Bombonera late pero no vota

La Bombonera late pero no vota

Dic 4, 2023 | Deportes, Destacado 3

Las elecciones, por ahora suspendidas, tienen en vilo al pueblo xeneize y también al resto del país. La punta del lanza de las Sociedades Anónimas Deportivas y la utilización del fútbol para hacer política nacional.

Las elecciones en Boca no se realizaron este domingo y sobre el campo de juego de La Bombonera, donde estaba todo preparado para que los socios asistieran a votar, reina la incertidumbre. Después de acusaciones cruzadas, denuncias, artilugios legales y una audiencia que de negociación tuvo poco, no hubo bandera blanca entre el oficialismo, encabezado por el máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, y la oposición, liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, expresidente de la institución. El domingo hubo una multitudinaria marcha de hinchas, encabezada por el ídolo y actual vicepresidente, para exigir la realización de los comicios y el lunes, la jueza Alejandra Abrevaya, que las había suspendido la semana pasada, decidió apartarse de la causa.

Todo comenzó en la madrugada del martes, cuando la jueza a cargo del Juzgado Nacional N°11, Alejandra Abrevaya –curiosamente hermana del legislador del Pro Sergio Abrevaya-, decidió suspender la votación a causa de “irregularidades y anomalías en el padrón”. El fallo, firmado a la 1:14 AM, hace lugar a la denuncia presentada previamente por el propio Ibarra, en la cual acusa a la actual conducción de haber pasado 13.364 socios adherentes a la categoría de activos, es decir con derecho a votar, entre agosto y noviembre de 2021. Este viernes, la comisión directiva apeló la medida cautelar impuesta por la magistrada. Si se respetan todos los plazos judiciales, no sólo no se votará el domingo, sino que parece imposible que los comicios se lleven adelante el 17, último día disponible para hacerlo.

La carrera por presidir al club más popular del país parece estar lejos de su línea de meta. Ambos aspirantes representan dos idiosincrasias completamente diferentes: de un lado administrar a la institución como si fuese una empresa, del otro conducirla como un club social y deportivo de primer nivel mundial.

Es la política, estúpido

“Boca está metido en la política nacional y hace mucho más ruido que los demás equipos”, dice el periodista Ezequiel Fernandez Moore y explica que esto se ve reflejado en que, gracias a una muy buena gestión al frente de la institución, Macri logró posicionarse políticamente hasta convertirse en Presidente de la Nación. En cambio, Rodolfo D’Onofrio, exmandamás de River, a pesar de sus aspiraciones, ni siquiera llegó a ser diputado.

Sería ingenuo pensar que el triunfo de Javier Milei en las elecciones nacionales, no impactará en los comicios xeneizes. El libertario, quien confesó que ya no era hincha del club después del regreso de Riquelme como jugador, una decisión populista desde su punto de vista, es el principal aliado del creador del Pro. Además, afirmó que si Martín Palermo asume como director técnico del club –tal como propone la oposición- volvería identificarse con la azul y amarillo. Mientras tanto, Riquelme es cercano a Sergio Massa, hoy desaparecido de la escena política luego de su derrota electoral.

“Durante el Macrismo, Boca fue colonizado por un partido político que es el Pro”, asegura Fernandez Moore. Entre los integrantes de la actual lista opositora, se repiten varios nombres de la facción que gobernó la institución entre 1995 y 2019. También se destaca la presencia de Mario Pergolini, ex vice de Jorge Ameal. Para Fernandez Moore no es lo mismo si el presidente es un ídolo popular o un candidato político: “Sin Macri, pasa a ser un club sin tanto discurso político”, comenta.

Es la económica, estúpido

“Quieren que Boca sea el primer club privado de la Argentina y que no se vote nunca más”, advirtió Riquelme en los últimos días en referencia a los objetivos de la oposición. Es conocida la postura de Macri a favor del sistema de Clubes Sociedades Anónimas, similar al modelo inglés. “Cada club debe poder elegir cómo quiere organizarse. Si creen que lo mejor es convertirse en SAD hay que dejarlos”, declaró recientemente en la presentación de su fórmula. Macri no pudo imponer la discusión de las SAD cuando Julio Grondona conducía la AFA en 1999. Perdió la elección 39 a 1. Tampoco cuando ocupó la Casa Rosada entre 2015 y 2019.

“Los históricos equipos británicos han cedido sus potestades a favor de los núcleos económicos dueños del mundo. Allí hay concentración de capital y recursos, lo que da más posibilidades dentro del campo de juego”, plantea el periodista y escritor Ariel Scher.

La Premier League es uno de los mejores espectáculos del deporte mundial. Incomparable a la Liga Argentina, en la que 28 equipos juegan en cualquier día, a cualquier horario y, muchas veces, en estadios semivacíos. Si sumamos los cambios de reglamento sobre la marcha, los ascensos sospechados y los arbitrajes bajo la lupa, pareciera que estuviésemos hablando de dos deportes completamente diferentes. Ahora bien, ¿la única solución es entregar a estas instituciones sociales con patrimonios centenarios y un capital simbólico imposible de monetizar, a la voracidad del mercado?

“La Argentina tiene una tradición de resistencia a ese modelo, que va en sentido contrario a lo que plantea Macri, quien en caso de lograr un lugar preponderante en la institucionalidad de Boca, representaría un respaldo para el modelo de organización de los clubes bajo la lógica del mercado”, explica Scher.

Ante la consulta de ANCCOM, Diego Lajst, quien ocupará el cargo de protesorero en caso de producirse un triunfo opositor, afirma que: “Boca es y será una asociación civil sin fines de lucro por siempre. No creo que este el contexto dado en el fútbol argentino para la implementación de las SAD. Se necesitaría una ley nacional y la AFA rechazó la moción para modificar el estatuto”. El exsecretario general de la Asamblea de Representantes cree que Ibarra representa el cambio que necesita el club, el cual se encuentra bajo “el relato riquelmeano”.

Trabajo social

“Creemos que los socios quieren seguir siendo un club de fútbol, social y deportivo, sin fines de lucro, como fue creado. Estamos ante gente que viene por otra cosa. Algo que no es ilegal ni monstruoso, pero que simplemente no nos representa. No tiene que ver con nuestra identidad”, expresa Alejandro Veiga, integrante de la lista oficialista. “Volvimos a tener deportes amateurs, a la gente dentro del club, a más de 200 chicos becados en la colonia de vacaciones. Estos son objetivos que las SAD no se pueden permitir porque solo buscan ganar plata. En Boca se hace un gran trabajo social, el cual se deberá profundizar en los próximos cuatro años”, cuenta el candidato a vocal a ANCCOM.

“Es sabido que Riquelme y Macri se odiaron toda la vida, pero Román realmente piensa que el club estaba siendo utilizado antes de su llegada, no es un relato”, dice Marcos Bonocore, cronista de Boca en TNT Sports. A eso se refiere el 10 cuando declaró que en estas elecciones, el socio debe elegir entre ser un club de fútbol o que lo usen para hacer política. “Las SAD tienen cosas positivas en cuanto a desarrollo, pero lo más importante es que el club sea auténticamente de los socios y que no se convierta en un trampolín para otras cuestiones”, sostiene Bonocore.

 Si bien es apresurado catalogar estas elecciones como claves para el futuro del deporte madre nacional, si ponen en escena un juego de opuestos al que la sociedad deberá acostumbrarse. Riquelme expresa una relación de cariño y preocupación para con el club. Su victoria sería un guiño al modelo que sostiene a los clubes como espacios de pertenencia y a los socios como sus verdaderos dueños. Si Macri pusiera un pie en el fútbol argentino de nuevo, significaría dejar sin llave la puerta de ingreso para jeques árabes, estadios ultramodernos y capitales extranjeros. El partido que mantiene en pie de guerra al Mundo Boca aún no tiene fecha y todo parecería indicar que se realizaría bien entrado el 2024. Mientras tanto, La Bombonera no va a latir y, por ahora, tampoco va a votar

Una campaña electoral sin propuestas para los medios

Una campaña electoral sin propuestas para los medios

Oct 30, 2023 | Destacado 4, Vidas políticas

A 14 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ninguno de los candidatos a presidente tiene propuestas concretas referidas a los medios de comunicación.

En octubre de este año se cumplieron 14 años de sancionada la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Su formulación fue producto de un intenso debate entre múltiples sectores: organizaciones de radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de medios, investigadores y estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y distintos movimientos sociales.

Todos se habían vinculado en 2004 en la Coalición por una Radiodifusión Democrática para la creación de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, donde denunciaban la necesidad de reemplazar el Decreto–Ley 22285 de 1980 de la última dictadura y también de acabar con la serie de políticas posteriores desarrolladas en democracia que tendieron a acrecentar los mecanismos de concentración y extranjerización del sistema mediático argentino. La nueva LSCA compartió los mismos objetivos.

ANCCOM dialogó con docentes e investigadores en comunicación y con trabajadores de medios comunitarios para entender cuál es el escenario actual en materia de legislación y también de cara a los (no) proyectos de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán en el balotaje.

Los inicios

El derrotero del proyecto sancionado en 2009 quedaría marcado por una rápida judicialización impulsada por el Grupo Clarín, que denunció la supuesta inconstitucionalidad de la LSCA. Luego vendría una modificación veloz de los artículos judicializados con el  Decreto 267/15, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quién, además, modificó la Ley 27078 Argentina Digital, creando un único organismo de aplicación para ambas leyes: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Los objetivos consensuados por las organizaciones quedaron en el olvido al habilitarse nuevamente la concentración y entorpecerse los mecanismos de aplicación de las leyes en manos de un único ente regulador que concentra los mundos audiovisuales y los de las telecomunicaciones.

Al respecto, Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la  Comunicación (UBA) y asesor legislativo del Frente de Todos sostiene que las modificaciones “subsumen lo audiovisual a la lógica más comercial”. A esto se le suma que, gracias al mismo decreto que lo crea, de los siete miembros del directorio del ENACOM hay cuatro que son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, cuando antes eran solo dos. La tradición presidencialista en Argentina no escapa a las comunicaciones.

 

El panorama cambió cuando, apenas iniciada la pandemia de COVID-19, el DNU 690/20 de Alberto Fernández declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los servicios TIC, incorporando a la telefonía móvil y a la televisión, y suspendió los aumentos de precios durante seis meses. Sin embargo, «su aplicación no fue total», como destaca Mariela Baladrón, docente e investigadora en comunicación de la UBA.

A pesar de ese DNU, Rossi comparte que la gestión del actual gobierno tuvo “algunos claroscuros”, ya que “a través del ENACOM no controló cuotas de pantalla o la preeminencia de producciones nacionales. Hay mecanismos virtuosos que no fueron aplicados. Hay otros, como el giro de fondos a organismos públicos o la aplicación del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que sí». En sus términos, quedó a mitad de camino “la cuestión de asumir el rol de la política pública en materia de comunicación».

Con la pandemia de por medio, las brechas digitales se vieron acrecentadas: “El escenario audiovisual y digital ha tenido transformaciones muy profundas en los últimos años y nuevos desafíos que en muchos casos aún no están resueltos desde el punto de vista regulatorio en todos los países del mundo”, como explica Baladrón. Entre los desafíos, se encuentra “la responsabilidad de los intermediarios de Internet por la generación de contenido de terceros, la autorregulación, co-regulación y/o regulación de las redes sociales, la protección de derechos y la promoción de la industria audiovisual por parte de plataformas de servicios audiovisuales globales, la protección de datos personales ante estos nuevos actores de la comunicación, y los nuevos usos de la Inteligencia Artificial”. Para la especialista, hay proyectos de ley circulando que aún no alcanzaron el estado parlamentario como para ser debatidos por amplias porciones de la sociedad.

Medios y propiedad cruzada

Uno de los proyectos de ley en los que Rossi es asesor propone “reencuadrar a la TV de pago como servicio audiovisual ya que el DNU 267/15 lo pasó a la Ley Argentina Digital generando conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en la grilla; precisar el cumplimiento de normativas antidiscriminación y de tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes; disponer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales; establecer beneficios tributarios en el caso de que las plataformas de streaming produzcan crecientemente en la Argentina, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de nuestros territorios; explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago”.

A pesar del alcance que propone el proyecto, la dificultad de que trascienda tanto este como otros posibles puede advertirse en varios factores. Primero, que el tema audiovisual es una cuestión sensible en Argentina ya que la expresión “Ley de Medios” resultó sinónimo de control sobre la propiedad cruzada y la multiplicidad de licencias en el sector. Cabe aclarar que esa misma ley judicializada en algunos artículos que afectaban los negocios de los grandes medios, fue también el marco que permitió mejorar la “accesibilidad de derechos, de financiamiento y de acompañamiento”, como sostiene Ivana Cruz, comunicadora comunitaria e integrante del colectivo de Radio Sudaca, en Trelew.

Por otro lado, en las plataformas electorales presentadas antes de las PASO, la “cuestión audiovisual” aparece ínfimamente mencionada. En la de Unión por la Patria (UxP), refieren a la calidad institucional y a la responsabilidad de las empresas periodísticas (ante el contexto político producto del atentado contra la vicepresidenta) y mencionan la necesidad de regulación del “ecosistema mediático digital”; en la de La Libertad Avanza (LLA), mencionan el desarrollo de las comunicaciones por 5G y el “incentivo de inversiones en comunicación”. Por último, y vinculado al contexto político de cara al balotaje presidencial, es poco probable que los candidatos arriesguen su trayectoria electoral de los últimos meses dando luz a propuestas hasta ahora desconocidas por la sociedad. Como marca Rossi, “el tema es incómodo” incluso hacia adentro de las coaliciones electorales.

 

¿Todo depende del 19 de noviembre?

«Con el avance de las plataformas hay un periodo de ventana de no regulación hasta que viene la regulación que entiende de qué se trata», sostiene Rossi. Sobre todo en los últimos años, las transformaciones digitales han escapado a muchas regulaciones -como sucedió siempre: ante la novedad, se ven los vacíos legales-, y por eso hay gigantes como Netflix o Youtube de Google que «aprovechan esos espacios de regulación opaca o de no aplicación de la ley para ellos, tomando ventaja comparativa con otro sector». El profesor y asesor legislativo sostiene también que «en LLA no van a hacer propuestas de reglamentación. En todo caso su discurso es eliminar trabas, quitar trámites, todo eso”. Por otro lado, para el especialista “el discurso de Unión por la Patria es de tutelar derechos, adaptar marcos normativos para entender los nuevos procesos».

Consultada acerca de la posibilidad de que se genere un nuevo proceso político y social que desemboque en nuevas regulaciones sobre el sector, Baladrón sostiene que la “agenda de temas que cruzan los derechos comunicacionales incluye la soberanía tecnológica y otras múltiples cuestiones en las que muchas organizaciones sociales y actores pueden coincidir, pero cuyas agendas de trabajo difícilmente abarquen todas ellas. En este aspecto, la dinámica política de los próximos años es difícil de prever e incluye a grandes empresas globales a diferencia de otros momentos históricos”.

 

¿Y los medios comunitarios?

Ivana Cruz sostiene que “la comunicación es no solo un derecho humano fundamental sino una lucha política”. Reconoce que, a partir de la sanción de la LSCA, se les abrieron opciones que antes no eran posibles por vías legales. Cuenta que participaron de uno de los concursos FOMECA y les fueron otorgados fondos que les permitieron ampliar sus capacidades técnicas de transmisión. Sin embargo, así como accedieron a un FOMECA, tardaron años y dos gestiones del ENACOM en adquirir la categoría de “emisora”.

La vigencia de la ley también se juega en eso: sin el marco regulatorio y sin la correcta aplicación, hay muchos proyectos que, sin fines comerciales, verían su capacidad de ejercer un derecho básico con poco margen de maniobra. Cruz cuenta que “en el imaginario colectivo de Trelew está Radio Sudaca como herramienta de comunicación” para personas que llegan de distintos espacios de militancia: de los movimientos antiextractivistas, de los géneros y de las diversidades sexuales, de los docentes. Resulta poco probable que medios comerciales den espacio a este tipo de luchas, algo que aumenta la desigualdad en las posibilidades de expresarse de la sociedad.

Al igual que Rossi y Baladrón, Romina Bravo, también comunicadora social de Radio Sudaca, cree que los mecanismos de aplicación de la ley se burocratizaron a tal punto que es agotador para los proyectos comunitarios familiarizarse con los trámites a resolver. Esto impide que la comunicación comunitaria se profesionalice dentro de su ámbito, ya que se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo, desgastando al voluntariado que sostiene la radio. Considera que, desde la intervención de la gestión macrista sobre la Defensoría del Público en 2018, los mecanismos se han entorpecido aún más, sin cambios durante los últimos cuatro años.

Desde la sanción de la ley, se sucedieron distintos eventos que pusieron en jaque su constitucionalidad, que la modificaron para beneficiar a algunas empresas periodísticas en detrimento de otros sectores comunicacionales y que burocratizaron sus mecanismos de aplicación. Además muchas de las circunstancias previstas por la ley se vieron superadas por el veloz cambio tecnológico. Sin embargo, también se crearon canales de televisión públicos, se realizaron concursos de fomento y, a duras penas, se otorgaron licencias a medios comunitarios. La regulación existente está en su mayoría vigente, pero no de manera completa. Lo conseguido es resultado de una ardua lucha social y política, y lo que queda por conseguir también lo será.

Criminalizan a estudiantes universitarios de Córdoba

Criminalizan a estudiantes universitarios de Córdoba

Oct 27, 2023 | Destacado 3, Vidas políticas

La Justicia Federal mantiene activa la causa “usurpación por despojo” contra 27 estudiantes procesados tras una toma de 30 días realizada durante el gobierno de Macri en 2018.

Córdoba no sólo es sinónimo de fernet, cuarteto y sierras, es también la cuna de un hito en la educación superior: la Reforma Universitaria de 1918. Este movimiento, liderado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, aseguró la autonomía universitaria, la gratuidad y la participación estudiantil en la gestión académica. Un centenar de años después, durante el período de recortes presupuestarios del gobierno de Mauricio Macri en 2018, más de 20 universidades a nivel nacional se vieron obligadas a declarar la emergencia económica financiera debido a la crisis que enfrentaban. Esta situación implicó una revuelta estudiantil en defensa de una educación libre, gratuita y de calidad, durante la cual fueron tomadas 57 universidades a lo largo del país, producto de asambleas multitudinarias y grandes movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad. Es así que en la misma universidad en la que se impulsó la reforma de 1918, los estudiantes decidieron sostener una ocupación de 30 días, en uno de los edificios estratégicos de la UNC donde se encuentra el rectorado, el Pabellón Argentina. La toma de las instalaciones llegó a su fin cuando los delegados estudiantiles se reunieron con el vicerrector de la universidad, Pedro Yanzi Ferreira. Sin embargo, más que un intento de llegar a un acuerdo, fue una jugada del funcionario, quien utilizó el acta de la reunión para señalar como actores involucrados a 27 estudiantes e imputarlos judicialmente. Paradójicamente, quien criminaliza la protesta estudiantil, Yanzi Ferreira, es también autor de “La Reforma Universitaria de 1918”, libro que homenajea la toma realizada por los universitarios en esa época.

El 26 de junio de 2019, el Juzgado Federal 3 de Hugo Vaca Narvaja, con la acusación de la fiscal Graciela López de Filoñuk, procesó a los 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo”. A lo largo de los años la justicia avanzó en la causa con una ofensiva durante la pandemia, al aprovechar la virtualidad que desarticula el movimiento estudiantil. Una movilización en diciembre de 2021 detuvo el intento de la justicia federal de realizar el juicio en enero de forma virtual, en plena feria judicial y con las universidades cerradas por vacaciones. Blanca Fabiola Barreiro pertenece a la Gremial de Abogados es parte del equipo de seis letrados que, dirigidos por Carlos Orzaocoa, defienden a 15 de los 27 estudiantes imputados. En diálogo con ANCCOM afirma que es una causa “puramente política”, debido a que nunca se fijó el hecho del proceso. “Cuando el fiscal dice que una persona comete un hecho, lo tiene que fijar, describir minuciosamente, presentar pruebas, testigos y circunstancias. Dice que en determinado día y hora estudiantes entran a romper el pabellón, los acusan de manera generalizada como usurpación. No se fija el hecho, entonces no sabemos que defender”, expresa.

La justicia reactivó la causa el mes de septiembre de este año, cuando convocó para el viernes 29 de ese mes, a las 9 horas, una audiencia preliminar para dar inicio al juicio. El Consejo Directivo de la FFyH -Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC- convocó una movilización el día de la audiencia a las 8 de la mañana, con el fin de repudiar la imputación de los estudiantes, y acompañar el reclamo de suspensión del juicio y la absolución de los universitarios que participaron de la toma. Sin embargo, el miércoles 27 de septiembre, el Poder Judicial decidió suspenderlo “por razones de organización del Tribunal” sin dar mayores aclaraciones. Barreiro sostiene que la causa no tiene otra finalidad que “criminalizar la protesta, para asustar a las nuevas generaciones”. Describe que elevan la causa a juicio en 2020 y la mantienen para que no prescriba -marzo de 2024-: “Lo hacen en momentos políticos, como en las PASO. En Río Negro había una causa más grave y quedaron absueltos”. 

En coincidencia con la abogada Barreiro, una de los 27 estudiantes imputados, Lucia Heber, afirma que el juicio tiene razones políticas: “El Poder Judicial, en complicidad con el vicerrector, Yanzi Ferreira, decidió avanzar sobre quienes en ese momento estábamos de delegados, atentando al legítimo derecho de una educación de calidad, al derecho a la protesta, y al principio de autonomía universitaria”. Lucía cree que el juicio es una forma de criminalizar a quienes luchan por una educación de calidad, la cual considera que hoy en día es “un privilegio”.

Lucía, quien en 2018 estudiaba Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata que la toma surgió debido a la falta de respuestas a las demandas estudiantiles y al crítico momento por el cual atravesaba la universidad. Aunque recibió el apoyo y solidaridad de sus compañeros y docentes, describe la situación judicial como «un estado de mucha tristeza y decepción». Fue un «golpe muy duro» darse cuenta de que la causa por la que luchaba estaba sometida al poder de la justicia. Si bien durante los años siguientes, motivada por su entorno, siguió su carrera universitaria, afirma que lo que vivieron por aquel entonces no se “traducía” dentro de la institución, por lo que en 2021 dejó la carrera. No obstante, aclara que nunca dejó de formarse y en la actualidad cursa una nueva carrera, en otra universidad pública.

Los estudiantes y sus abogados ahora se encuentran a la espera de que el juzgado disponga de la nueva fecha para la audiencia preliminar al juicio, suspendida dos días antes de realizarse. Lucía Heber agrega: “La audiencia preliminar es una instancia previa al comienzo del juicio, donde las partes disponen de los detalles para el debate, donde se llama a declarar a los testigos y se presentan las pruebas”.

 

«Sabíamos que iban a fallar a favor de Macri»

«Sabíamos que iban a fallar a favor de Macri»

Jul 21, 2022 | Destacado 5, Vidas políticas

Si bien los familiares del submarino ARA San Juan no están sorprendidos con la absolución de Macri en la causa por el espionaje ilegal contra ellos, tampoco ocultan la bronca y la indignación. Mientras tanto, siguen reclamando saber la verdad sobre el hundimiento.

La indignación se apoderó de las familias de los tripulantes fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan tras conocer el veredicto de la Cámara Federal porteña conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los magistrados sobreseyeron al exmandatario y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Claudio Ariel Rodríguez, hermano del suboficial principal y jefe de máquinas Hernán Ramón Rodríguez, afirma: “La Justicia en vez de calificar las pruebas, las cuales son reales y no las pueden obviar, como espionaje hacia los familiares del ARA San juan, en el año más doloroso que tuvimos, declaró que a nosotros nos había mandado a investigar el presidente Mauricio Macri porque calificábamos o podíamos ser un posible riesgo para la seguridad presidencial”.

Entre las acusaciones de espionaje ilegal a los familiares está la desaparición de chats de WhatsApp y escuchas de llamadas de los tripulantes con sus familiares, tomarles fotos e investigar sus redes sociales. “Conclusión, se descubre todo lo de la AFI de Mar del Plata, sobre escuchas, testimonios, videos, fotos, seguimiento en un CPU”, sostiene Rodríguez y traduce el fallo: “Hoy la Justicia dice ‘sí, está bien, existieron los seguimientos, las fotos, las pruebas son reales, pero lo que pasa es que los familiares tramaban derrocar o matar al presidente de la Nación”.

Semejante justificación, agrega, “además de ser una locura, es mentira, ya que quien se encarga de la seguridad del Presidente es una unidad de la Casa Militar en la Casa Rosada. No es la AFI, que es la que nos investigó a nosotros –remarca–. Estábamos en Mar del Plata, desesperados, esperando a que vinieran nuestros familiares y se supiera algo de ellos”.

Según Rodríguez, el fallo de “los jueces que juegan al pádel con Macri, y que son amigos, deja sentado el precedente de que el presidente puede espiar a cualquier argentino, haga lo que haga, por una cuestión de seguridad”. A los familiares del ARA San Juan, asegura, los acusaron de hacer “un invento político”. “No tenemos ganas de inventar nada, lo único que queremos es que encuentren a nuestros hijos. Un año buscándolos y, durante ese tiempo, nos espiaron desde noviembre, que desaparecieron, y mediados de diciembre, hasta julio del 2018”, detalla.

En base al resultado del juicio, Jorge Suárez, padre del cabo principal Germán Oscar Suárez, quien se desempeñaba como sonarista de la nave, expresa: “Ya sabíamos que iban a fallar a favor de Macri porque todo Comodoro Py está a su favor. Lo esperábamos, tienen que salvarlo sí o sí para que quiera volver en 2023. Son unos corruptos. Son capaces de hacer cualquier cosa, conjuntamente con los exjefes navales, es una mafia. Ahora la justicia es otra mafia”.

Con respecto a las acciones que llevarán adelante a partir del fallo, Suárez manifiesta: “Se va a apelar y también vamos a poner en conocimiento de la gente que la jueza corrupta de Caleta Olivia no hizo nada con la causa verdadera del ARA San Juan. Lleva dos años desobedeciendo la orden que le dio el Superior Tribunal de la provincia que es citar a Macri a declarar. No lo quiere citar ni tampoco recabar las pruebas sobre el ARA San Juan que le ordenaron que haga”.

Suárez anticipa que pedirán el juicio político para la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez y para el juez federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal De Ibarra, magistrados, estos últimos, que “hasta ahora han tapado la causa principal del ARA San Juan”, y para los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens que “taparon a Macri y tapan a la jueza”.

“Estamos enfurecidos y vamos a seguir todas las instancias que haya que seguir –dice Rodríguez–: una apelación cuando se vuelva de la feria judicial, la instancia siguiente es el tribunal superior, la Corte Suprema y denuncias ante organismos internacionales. Lo que han hecho los jueces es una burrada jurídica, por todo lo que puede venir después”.

“Sin embargo –añade Rodríguez–, siempre insistimos con los familiares que esta causa no es la más importante”. Y sí lo es la causa principal relacionada al hundimiento. Lo más importante es saber qué pasó: “¿Por qué se hundió? ¿Por qué mi hermano está a 900 metros en el fondo del Mar Argentino? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué lo mandó sabiendo que estaba limitado el submarino y habiendo sido firmado por los mismos jefes de la Armada que no podía navegar con 80 metros de profundidad? Y lo encontramos a 900 metros. ¿Qué estaban investigando? ¿Por qué fueron allá? ¿Por qué les dieron la orden después de un principio de incendio de batería de venirse solos? ¿Por qué no los fueron a buscar? ¿Por qué no les dijeron que se queden a flote? Fue una orden asesina decirles ‘vénganse no más, pongan rumbo a Mar del Plata’. Eso quiero saber yo, que se mueva la jueza Yáñez, que también parece que la llamaron por teléfono y le dijeron ‘callate, hasta acá llegás’. Todo eso queremos saber como familiares”, concluye.