Abr 21, 2021 | slider
Como ya se mencionó en una nota de este mismo medio, la salud menstrual es una problemática que urge sea parte de la agenda política dadas las consecuencias que conlleva su inaccesibilidad. Ahora bien, ¿cómo es la situación de mujeres y disidencias que atraviesan, mes a mes, su menstruación en contextos de encierro? ¿Cómo son las condiciones carcelarias en esta materia?
En Argentina, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas de detención para las personas privadas de su libertad, lo cual contempla, por supuesto, el acceso al derecho a la salud. Sin embargo, se trata justamente del derecho que más violaciones sufre y lo que respecta a mujeres y disidencias no escapa a estas lógicas. “En el penal, como en el afuera, los insumos te los debes garantizar vos. Cada vez hay menos frecuencia en la entrega de elementos de higiene por parte de los Servicios Penitenciarios del país, cuando es un derecho que te los den, ya que te encontrás bajo la guarda del Estado. Cuando los entregan son en muy poca cantidad y de muy mala calidad: un jabón por mes, por ejemplo”, relató Liliana Cabrera, integrante de la organización Yo No Fui.
A su vez, Ludmila Azcué, abogada penal e investigadora que lleva adelante distintos talleres en la Unidad Penal 50 de Batán, en el marco de una Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, expresó que le consta que en esta Unidad se distribuye sólo un paquete de ocho toallitas por mes en cada celda. “Las celdas están compuestas por cuatro o cinco personas, es decir, se dan dos toallitas por persona menstruante, cuando en verdad necesitamos 16 por mes. El Estado tiene que proveer su totalidad por ley y no lo está haciendo porque no lo considera un producto social”, afirmó Azcué.
Las opciones para acceder a los productos de gestión menstrual estando presa son comprando estos elementos en proveeduría, donde los precios suelen ser exorbitantes y para lo cual deben contar con dinero depositado o con trabajo. Si este no es el caso, dependen de que las familias puedan proveer estos elementos y de que se los dejen entrar. Pierina Garofalo, referente de la organización Atrapamuros, aseguró que esto último tiene numerosas complejidades, “no sólo por el costo altísimo que tienen los insumos y el viaje a las unidades penales -que, al existir menos unidades de mujeres que de varones, la mayoría de ellas se encuentra alejada de los lugares de origen de las mujeres, lo cual da cuenta del impacto que la prisionización tiene sobre sus redes familiares y comunitarias- sino también porque las mujeres históricamente reciben menos visitas que los varones”.
Por supuesto, la salud menstrual es más abarcativa que el acceso a productos menstruales e incluye cuestiones edilicias que son necesarias para una menstruación digna. En este sentido, “es importante poner sobre la mesa que las cárceles y las unidades penitenciarias han sido construidas por y para varones. De la misma manera que la experiencia de las mujeres, lesbianas, travestis y trans es invisibilizada una y otra vez en los procesos judiciales, también está la invisibilidad de sus problemáticas en la arquitectura penitenciaria y las reglamentaciones vigentes, con la violencia institucional que eso implica”, afirmó Garofalo.
“Las peores instalaciones para ir al baño, por la falta de asepsia, privacidad y faltos de mantenimiento, son los baños de las alcaldías, que dependiendo del cupo dentro de las cárceles podes pasar días o meses compartiendo un solo baño con 30 personas”, narró Liliana Cabrera y agregó: “Dentro de los penales cuesta mucho también que realicen los arreglos correspondientes cuando no funcionan los baños. También cuesta poder limpiarlos adecuadamente, porque solo contábamos con los elementos de limpieza que nos daban desde el Servicio Penitenciario Federal, la mayoría muy diluidos en agua. Si alguna no tenía la posibilidad de comprar estaba expuesta a un montón de infecciones porque era muy difícil que tus compañeras te pudieran prestar siempre lo que se considera un bien escaso y muy valioso”.
Sin dudas, estos datos críticos exponen la imperativa necesidad de redistribuir el presupuesto penitenciario en clave feminista y entendiendo que, en definitiva, lo que está en juego son derechos fundamentales como la integridad y la dignidad de las personas. “El presupuesto penitenciario, como el de otras tantas instituciones, está pensado desde lógicas androcéntricas -expresó Ludmila Azcué y añadió-, no se piensa en que hay un grupo cuyas características fisiológicas y necesidades son diferentes”.
La necesidad de adecuar las instituciones carcelarias apunta también a la transversalización de la perspectiva de géneros y de derechos en la formación del personal penitenciario para desterrar cualquier tipo de preconcepto que atente contra la dignidad de las personas. “Acceder a un control ginecológico ha sido una de las peores experiencias que hemos atravesado muchas de nosotras, por la falta de empatía de profesionales que termina derivando en violencia simbólica, entre otros vehículos para la crueldad”, relató Cabrera.
Contextualizar la problemática
En los últimos años Argentina ha presenciado un aumento exponencial de las mujeres y disidencias detenidas, lo cual no responde a un aumento en los delitos cometidos, sino a una visión y decisión política que fomenta la prisionización. Esto se inscribe, a su vez, en un aumento del hacinamiento e inadecuación de las instalaciones, la irregularidad en las provisiones y la inaccesibilidad a servicios básicos de salud.
En este contexto, es necesario que los proyectos legislativos de gestión menstrual contemplen la complejidad y particularidad de las personas menstruantes privadas de su libertad. Si bien algunos de los proyectos presentados en Argentina mencionan expresamente a los espacios de encierro como puntos de provisión, es necesario que se piensen desde un acercamiento más concreto con esta realidad.
Ludmila Azcué, junto a sus pares de la Extensión Universitaria, propusieron -a mediados del 2020- el programa “La copa menstrual: una alternativa para gestionar la menstruación en cárceles bonaerenses”. Si bien dado el contexto de pandemia no cuenta aún con grandes avances en unidades penitenciarias, sí han llevado adelante procesos exitosos en distintos barrios populares marplatenses. A su vez, se pensó -siempre en función del contexto- en una variante de toallas ecológicas que apunta “que las propias mujeres puedan producir y eventualmente después poder hacerlas circular, no solamente al interior de la unidad sino hacerlas circular afuera, para que eso les permita de alguna manera quizás no a dinero, porque es complejo por las lógicas del sistema penitenciario, pero sí acceder -a través del sistema de trueque- a otros productos de difícil acceso en contexto de encierro”, narró la investigadora.
Por otro lado, Azcué remarcó que “es importante que desde el Estado se empiece a producir información sobre la menstruación, ya que tradicionalmente los estudios existentes fueron llevados adelante por la propia industria de la mal llamada ‘higiene menstrual’, es decir, estudios financiados por las empresas que venden esos mismos productos. Tenemos que repensar esa información desde una mirada que abandone lógicas mercantilistas y que avancen en una mirada de construcción y consolidación de los derechos humanos de las personas”.
Sin perder de vista las fallas sistémicas y las pésimas condiciones antes, durante y después de la vida en las cárceles, es importante resaltar la dimensión de la resistencia de las personas privadas de su libertad. “Me interesa recuperar el tejido de redes cotidianas entre compañeras detenidas y la dimensión colectiva de esta pelea por el acceso a derechos que es fundamental para efectivamente garantizar ese acceso. Recuperar cómo cuando una compañera sufre una dolencia en términos de salud, es imprescindible este contar con otras que puedan acompañarla en hacer ruido y acceder a la sanidad”, expresó Pierina Garofalo y concluyó: “Esto no lo digo con ánimo de romantizar nada sino para poner sobre la mesa que los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, así como son depositarias de violencias múltiples en contextos de encierro, también son territorio de batalla, de resistencia. Lo colectivo, la construcción grupal, el tejido de redes son fundamentales en todo esto”.
Oct 13, 2020 | Novedades, Vidas políticas
Marcha de la comunidad boliviana de la Argentina en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
El domingo 18 de octubre será un día clave para Bolivia: las elecciones, largamente esperadas y postergadas, finalmente llegarán y marcarán un momento bisagra en su historia. Mucha agua -también sangre- corrió debajo del puente desde el día en que Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia y exiliarse.
El voto de los residentes en Argentina es de suma importancia, siendo el país del exterior con más ciudadanos bolivianos (del 4,7 por ciento del padrón que corresponde a bolivianos que residen en el extranjero, casi la mitad vive en nuestro país). Tal es así que en las últimas semanas se generaron una serie de cruces, desde el discurso de Jeanine Áñez en la ONU acusando al gobierno argentino de “acoso sistemático”, hasta el tweet del candidato Luis Arce agradeciendo “al gobierno y pueblo argentino por garantizar el derecho al voto de la comunidad boliviana”. Entre tanto tironeo, en un clima de altísima tensión -como no puede ser de otra manera cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la democracia- la comunidad boliviana en Argentina tiene mucho para decir.
De este lado de la frontera, la colectividad boliviana siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en su país desde el golpe. “No hay palabras siquiera para hablar de lo que pasó porque nosotros sabemos que se ganó limpiamente y luego nos han sacado a la fuerza. Nuestros parientes que están en Bolivia la han pasado bastante mal, han sido bastante maltratados. Les han cerrado la boca a golpes. Nosotros tratamos de confiar en que en esta vuelta se pueda volver a ganar pero hasta ahora todavía siguen lastimando y eso genera miedo”, relata Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy de General Rodríguez.
“El pueblo estaba convulsionado, nadie entendía por qué (Evo Morales) había renunciado. Nos marcó muy fuerte ese momento. Es algo que va a dejar una marca muy profunda en la historia, no se va a olvidar nunca”, cuenta Oscar Caiguara, presidente de la Cooperativa para Hortifruticultores 2 de Septiembre de Pilar -visitada por Morales en enero- y también de las Instituciones Unidas de la Zona Norte, Este y Oeste, y agrega: “Este gobierno de facto ha demostrado que no puede gobernar, que no tienen un sentimiento patriótico ni democrático, no aman a Bolivia”.
Se espera un clima de mucha tensión para el día de los comicios.
La fórmula del MAS encabezada por Luis Arce lidera ampliamente la intención de voto. La apuesta de quienes apoyan al ex ministro de Economía de Evo Morales es ganar en primera vuelta y evitar el ballotage con Carlos Mesa, donde el escenario podría complicarse para los sectores populares e indígenas. “Venimos siguiendo las declaraciones del gobierno de facto, como las del ministro (Arturo) Murillo, que vienen operando para desestimar que gane el MAS; advierten que si ganara no van a aceptarlo porque sería fraude. No pueden decir de antemano que va a haber fraude en una elección que no se ha hecho, salvo que piensen en desconocer la voluntad del pueblo”, apunta Luis Fernando Hinojosa, presidente de la colectividad boliviana de Baradero “Juana Azurduy de Padilla”.
En este sentido, desde la Agrupación Cultural Sangre Minera, Mario Chambilla afirma que “en las elecciones sí o sí va a haber tensión. Se viene una pelea larga, nadie va a querer dejar el mando. La verdad es que duele -agrega-. Desde lejos, además, no podemos defender, salir a la calle a repudiar. Nosotros estamos lejos, pero igual lo sentimos mucho. Siempre al país lo manejan los imperialistas, los terratenientes, las empresas grandes que Evo sacó. No les gustó e hicieron lo que hicieron: el golpe”.
Como desde un principio sentenció Evo Morales, la disputa por los recursos naturales, específicamente el litio, es un factor clave detrás del golpe. “El gobierno de facto implementó políticas impulsadas desde el exterior, básicamente desde Estados Unidos, por el deseo de la obtención de los recursos naturales de Bolivia. En el último gobierno de Morales, se nacionalizaron los recursos naturales, como litio y petróleo, en beneficio del pueblo. Bolivia tiene la mayor reserva del mundo de litio, que es una energía limpia que está en toda la tecnología que utilizamos, como computadoras y teléfonos. Hay quienes quieren ese mineral para intereses particulares, y para eso quieren manejar Bolivia”, analiza Hinojosa, docente de informática en Baradero. “Creemos que esto es algo que en este momento se está llevando a cabo en Bolivia pero que las potencias lo tienen pensado para toda Sudamérica”, concluye.
Esta disputa no es nueva, sino que la historia de Bolivia siempre ha estado marcada por el saqueo de sus riquezas con base en la explotación de los trabajadores. Al respecto, el presidente de la Agrupación Sangre Minera relata que “años atrás, los mineros luchábamos por el pago, ya que siempre había dos o tres empresarios que eran los que dominaban toda la minería y la riqueza se la llevaban para ellos. La lucha siempre fue minera, si no se levantaban los mineros íbamos a seguir siendo dominados. Fueron más de 500 años de robo y explotación. Ahora hay que defender lo que queda que es el litio: y ellos están en busca de eso. Siempre fuimos esclavos -concluye- y con el gobierno de Evo Morales eso cambió, por eso queremos que vuelva”.
En agosto pasado, la Central Obrera Boliviana reclamó la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
Caiguara, oriundo de Potosí, resalta que “Bolivia ha pasado muchos atropellos y humillaciones. Por muchas generaciones se ha luchado por el gas, por el agua, Bolivia ha sido muy golpeada. El golpe de Estado militar, cívico y policial está marcando a toda una generación. Y el pueblo no va a permitir ser sumiso y machacado nuevamente. Mucho tiempo nos han humillado. Ahora es el momento de recuperar la democracia, la dignidad y la soberanía de nuestro país. Lo único que han demostrado es querer saquear a Bolivia, sus recursos naturales, ultrajar y discriminar a nuestros hermanos bolivianos”.
Los 14 años de gobierno del MAS fueron un punto de inflexión en ese aspecto. Afirma Lucía Pari, también nacida en cercanías a Potosí, que “Evo Morales defendió los derechos de la gente campesina fundamentalmente, la gente pobre, las mujeres de pollera que antes no teníamos derecho ni de hablar. Años atrás han explotado mucho a Bolivia y el hermano Evo frenó eso, adelantó mucho al país, eso nadie lo puede negar”.
En este sentido, Hinojosa, que llegó a este país desde Cochabamba en 1993, agrega que “la mayoría de quienes estamos en Argentina hemos venido a buscar una mejor situación económica. Cuando me vine, mi país tenía una situación muy difícil, no había perspectivas de mejora, pero el presidente Morales cambió esto, generó un desarrollo económico y eso empezó a alentar la integración. Las empresas estaban progresando, Bolivia estaba creciendo, pudo pagar su deuda con el FMI, logró tener reservas muy grandes y estaba apuntando inclusive a un desarrollo tecnológico. También se logró salir del analfabetismo, se crearon universidades, se estaba apuntando a una salud integral y gratuita como tiene la Argentina. Cuando me vine de Bolivia no existía todo eso.” Y en relación a lo que se decide este domingo, destacó: “Lo que está en juego son dos modelos de país: uno con perspectiva de crecimiento, con inclusión social, sin racismo; o un país endeudado, que vuelve a la pobreza, a la discriminación y la segregación. Pese a que hay muchos candidatos (cada vez menos, para intentar fortalecer la posición de Mesa), los modelos son dos”.
Cientos de bolivianos residentes en la Argentina acudieron al consulado de su país en Buenos Aires para empadronarse.
En este escenario tan complejo, señala Caiguara, “los hermanos y hermanas que antes pensaban que no querían que siguiera el proceso de cambio de Evo, ahora se han dado cuenta de que estos señores (por el gobierno de Áñez) no gobiernan para todos sino solamente para su sector. Eso ha despertado a la comunidad boliviana aquí en Argentina”. La organización del pueblo boliviano, sea en tierra natal o en territorio argentino, siempre ha sido fundamental en el devenir histórico. “Años atrás uno trabajaba por separado como un peón, pero a partir de que hubo mucha discriminación y explotación por parte de los patrones, cada uno de nosotros nos independizamos pero siempre con una organización, tratando de agruparnos, siempre intentando reunir a la colectividad boliviana”, afirma Lucía Pari, quien será fiscal de mesa el domingo. Entendiendo la importancia que tienen estas elecciones, desde distintos espacios de organización popular incentivan a que quienes residen en Argentina hagan ejercicio del derecho al voto, Pari agregó: “Las hermanas y los hermanos bolivianos tienen que ir el 18 de octubre a sufragar y elegir democráticamente quién va a ser presidente”.
Las elecciones en Bolivia son un llamado de atención a velar por la democracia en la región. Frente a un gobierno que accedió mediante un golpe de Estado y en medio de un panorama harto complejo, las distintas instituciones y organismos internacionales competentes deberán garantizar la transparencia de estas elecciones para que se respete, sin vacilaciones, la voluntad del pueblo.
Antes de la pandemia, Evo Morales, exiliado en la Argentina, marchó en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
Ago 6, 2020 | Culturas, Novedades
Espero tu (re)vuelta, el documental de Eliza Capai, estará disponible a partir del jueves 6 de agosto en la sala virtual de Puentes de Cine. Ganadora de 21 premios y menciones, y seleccionada en más de 70 festivales, la producción de esta documentalista independiente recupera los momentos más vigorosos del movimiento estudiantil brasileño desde la dictadura militar. “En la toma de las escuelas en 2015 se nota de forma muy clara la osadía juvenil y cómo la unión de estos jóvenes lograron un cambio fuerte y benéfico para toda la sociedad -cuenta la realizadora paulista- . Dejaron un recado muy fuerte y una inspiración muy grande para todos los sectores progresistas del país. Lograron que la popularidad del gobernador se fuera abajo porque la sociedad se vio muy molesta al ver el accionar de la policía militar yendo en contra esos cuerpos jóvenes con tanta violencia”.
El documental está narrado por tres estudiantes que representan puntos centrales -y diversos- de la lucha, recuperando así la complejidad del movimiento y el contexto que lo atraviesa. A un ritmo frenético, jadeante y festivo, esta voz colectiva entrelaza escenas de las tomas de colegios entre 2015 y 2017 en San Pablo, recuperando a su vez acontecimientos previos que fueron fuente de inspiración para la juventud brasileña.
En estas oportunidades, los jóvenes secundarios se apropiaron de las calles paulistas al clamor de “¡ocupar y resistir!”, gestando un sujeto político y social con una fuerza avasalladora. “Así es como se ve la revolución, ocupar las calles es político”, asegura una de las protagonistas, Nayara Souza, en ese entonces presidenta de la Unión Estudiantil de San Pablo. A la lucha por una educación pública de calidad y justa para todos se adherían reclamos históricos enraizados en la identidad de cada uno de éstos jóvenes: la batalla contra el machismo, la homofobia y, principalmente, contra el racismo.
Siempre imbuida en producciones interesadas por temáticas sociales, Eliza Capai logra captar en este documental la ambigüedad de estas batallas marcadas por una violencia física y psicológica estremecedora sobre los cuerpos jóvenes que, a su vez, se resistían desde la unión, el orgullo de ser y estar y la consciencia del despertar.
¿Qué te acercó al movimiento estudiantil y sus luchas?
Eliza Capai, directora del documental Espero tu (re)vuelta.
Esto es algo que sólo me he dado cuenta después del documental, pero el movimiento estudiantil siempre ha estado de alguna forma en mi vida: mis padres fueron del movimiento estudiantil durante la dictadura militar y yo crecí con sus historias. Cuando he visto, en 2015, cómo los chicos, siendo tan jóvenes, lograban luchar y llamar la atención de la sociedad en la lucha por una educación pública de calidad me quedé muy enamorada. Me dio mucha esperanza esa primera generación de brasileños nacidos en democracia, que en su niñez han visto al primer gobierno de centro-izquierda de Brasil enfrentando los problemas históricos del país: el machismo estructural y el racismo estructural -Brasil fue el último país del mundo occidental en terminar con la esclavitud y eso se nota en la sociedad hoy-. Estos jóvenes crecieron viendo cómo la escuela pública baja la calidad cuando, en la década del ‘60, deja de ser la escuela de la clase media o alta y empieza a ser universal. Me pareció genial la forma que lograban forzar la sociedad y discutir esto. Luego, en 2016, estuve en la ocupación de la Asamblea Legislativa de San Pablo y, desde ahí, me quedé muy curiosa de cómo esos jóvenes lograban organizarse así y, sobre todo, que sus luchas políticas fueran también luchas de estéticas: sus cuerpos hablaban de los temas por los que estaban luchando. El cabello afro de los y las chicas negras, las chicas feministas que se sacaban sus ropas y la lucha LGBTI que ponía ahí sus cuerpos, cuerpos no binarios.
¿Qué significado tuvieron, para la sociedad brasileña, estas revueltas?
La del 2013 -revuelta previa a la ocupación de colegios- empieza como un debate sobre el derecho a que la población pueda circular de forma gratuita por la ciudad, a raíz de la intención del gobierno de seguir aumentando el boleto. Luego se convierte en algo mucho más grande, que tiene múltiples lecturas posibles: por un lado, fue la inspiración de estos jóvenes -que tomaron sus escuelas dos años después- al ver la multitud en la calle, luchando juntos y logrando victorias (el pasaje no subió en ese momento); pero también significó un montón de gente que salió a la calle a pedir el retorno de la dictadura militar, quemando banderas, en contra de los partidos políticos y del gobierno de Dilma Rousseff. Es un movimiento muy complejo: si bien por un lado hubo victorias muy progresistas, por otro lado se empieza también un movimiento que vemos después reflejado en la destitución de Rousseff y la llegada de Jair Bolsonaro.
Los principales reclamos estudiantiles estaban atravesados también por la lucha contra el racismo, ¿qué significó que se aunaran estos reclamos históricos en un movimiento protagonizado por una generación tan jóven?
Los estudiantes de escuela pública en Brasil son en su mayoría negros y si bien algunos ya venían con un debate fuerte sobre cuestiones raciales, muchos todavía no. Durante las tomas en la escuela, se discutieron estos temas y se elegían clases de, por ejemplo, cómo hacer un turbante en el pelo. Marcela Jesús -una de las tres protagonistas del documental- se alisaba el pelo desde los 9 años y al estar y participar de esas discusiones sobre raza se dio cuenta de cómo ella negaba el pasado de sus ancestros de África. El proceso qué pasó Marcela lo escuché de muchas niñas: ese fue un proceso muy común. Era un debate que ganaba y sigue ganando mucha fuerza en Brasil. Los jóvenes lograron comprender de forma muy profunda los debates de la sociedad y los llevaron de una forma compleja a sus cuerpos, sus vivencias, sus propias rutinas, las relaciones con otros y con uno mismo. Las niñas que llevaban el pelo alisado, salieron de ahí y se raparon la cabeza, empezando a asumir ser mujeres negras y todo lo que eso significa.
¿Creés que la Primavera Feminista de Brasil influenció en esta generación que tomó las escuelas?
Estoy segura que la Primavera Feminista los influenció muchísimo y les propició diversos debates. Fue algunos meses antes y muchas de estas chicas que estaban en las escuelas en octubre, estaban en las marchas en los primeros meses de 2015, donde tuvieron la experiencia de la calle, de estar juntas, de la unión y, por un lado, de cómo eso es transformador para el colectivo y para cada una y, a la vez, tuvieron la posibilidad de observar críticamente lo que pasaba en la sociedad. Como resultado, creo que hay una generación de chicos mucho más sensibles, hay una generación de chicas que se defienden mucho más y que se aceptan mucho más en todo. Se evidenció que las mujeres necesitaban ocupar espacios de poder, por lo que había mucha representatividad femenina en este movimiento. Cuando tenían que elegir alguien para hablar con el público o la prensa, era muy normal que eligieran a una mujer y, encima, negra, para que estuviera claro que la representatividad importa y que los sitios de poder deben ser ocupados por mujeres y aún más mujeres negras.
¿Qué pasa con el movimiento y los derechos estudiantiles durante el gobierno de Jair Bolsonaro?
El gobierno de Bolsonaro es una anomalía para la democracia, una anomalía para los temas más arduos que la sociedad brasileña debería estar discutiendo. Lo es también en todo lo que refiere a la educación: ya pasaron cuatro secretarios de educación, el último de ellos defiende el castigo físico en contra de los estudiantes. Parece que volvimos décadas atrás. Faltaba mucho todavía para llegar a una educación pública de calidad y justa, pero ahora parece que estamos yendo muy rápido para lo peor de nuestra historia. Hay una gran campaña en contra de todo lo que es público y eso incluye la educación a través de una política de su desmonte. Y en cuanto a los activismos, hay varias formas de persecución desde el principio del gobierno: el miedo es un sentimiento que crece en el país. Me parece que Bolsonaro es un enemigo de Brasil, de la educación de Brasil, de la cultura de Brasil, del pueblo y de lo que la sociedad necesita para estar sana y unida: Bolsonaro es una enfermedad.
Ago 4, 2020 | Novedades, Trabajo
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) celebra, este martes 4 de agosto, su 30° aniversario: tres décadas de organización, de resistencia por las tierras que les pertenecen y de recuperación cultural e histórica, cosechando en el camino los derechos desde siempre negados. “El MoCaSE nació a raíz de los problemas de tierras, las detenciones, las represiones que eran cada vez más alevosas, en las que la misma policía actuaba de esa forma para favorecer al empresariado. Ante la impunidad que había, nos organizamos”, afirma Deolinda Carrizo, autoproclamada campesina e indígena, que para aquel entonces era tan sólo una niña. Con evidentes logros a celebrar, reclamos históricos aún sin saldar y amenazas que, aún con el mundo paralizado, acechan a las familias, este aniversario encuentra a campesinos y campesinas, pueblos indígenas y pescadores artesanales aunando sus fuerzas para que la salida de la crisis sea apostando por la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral y popular.
Santiago del Estero es una de las tres provincias con los índices de pobreza más altos del territorio argentino. De los casi 912 mil habitantes, la población campesina es cercana al 40 por ciento y son numerosas las poblaciones originarias que habitan en la provincia: Tonocoté, Vilela, Lule-vilela, Guaycurú, Sanavirón y Quechua. Los paisajes que se pintan en cada punto del territorio distan enormemente unos de otros. En la profundidad del monte adentro, los árboles centenarios, altísimos, son las huellas de una cultura gestada desde las raíces mismas de la historia americana, talada y vuelta a crecer, una y otra vez.
Las vistas de los viejos gauchos criollos hoy en día son sólo accesibles, como tantas otras verdades y saberes, a través del relato. Si bien la flora, la fauna y el desarrollo de la vida humana en todas sus dimensiones ha sido desdibujada durante largos siglos, en los últimos 35 años los desmontes, talas y deforestaciones, especialmente para el cultivo industrial de soja transgénica, ha cambiado dramáticamente la biodiversidad y el ecosistema rural, provocando una incipiente desertificación, el empobrecimiento de la vegetación, y produciendo el vertiginoso despoblamiento de los montes.
La aplicación de políticas neoliberales durante la década del noventa y el rol cada vez más influyente del agronegocio en la economía nacional, sumado a las fuertes crisis vivenciadas en aquellos años, tuvieron consecuencias críticas en las condiciones de vida del campesinado santiagueño. Las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la agroindustria fueron haciendo posibles los avances de las empresas transnacionales sobre las tierras nacionales que día a día aumentaban su valor y cuyas ganancias eran usurpadas todas por las empresas.
Aquellos caminos ásperos que penetraban los montes -algunos, de hecho, imposibles de transitar- empezaron a ver llegar las inversiones en mejoramiento que durante años el campesinado supo reclamar: lejos de ser en su beneficio, las pasarelas eran montadas para que un sinfín de topadoras desfilaran por los caminos de los territorios con la orden de desmontar para luego plantar soja. Es en los lazos que se entretejieron resistiendo a tales embates es que surge el MoCaSE.
Hoy Deolinda Carrizo es una de las referentes del Movimiento. “El objetivo era ser la voz del campesino y las campesinas, ser el instrumento o la herramienta con la cual presentarse ante las autoridades de la provincia o de lo que fuera para dialogar sobre la cuestión en conflicto –recuerda-. Cuando nos empezamos a organizar vimos que había otros procesos tanto a nivel nacional como en Latinoamérica. En 1997 nos incorporamos a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que es el rostro de la Vía Campesina en América Latina y el Caribe”. Desde allí, dan fuerza a sus históricas banderas de lucha: la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, mamadas desde los inicios y construidas día a día en un proceso consciente de recuperación identitaria.
“Cuando hablamos de Reforma Agraria no nos referimos a la clásica, sino a una integral y popular, concebida desde la práctica misma de los pueblos campesinos, indígenas y pescadores artesanales, que ha ido tomando cada vez más fuerza” asegura la referente y agrega: “Hablamos de una vuelta al campo, de ese proceso político de retorno a la tierra para generar una matriz productiva de alimentos variados, sanos y accesibles para los pueblos y cuidando la madre tierra. La vuelta al campo es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria: su corazón late con las semillas nativas, criollas, en mano de los pueblos”.
“Venimos trabajando en la propuesta de Soberanía Alimentaria, en respuesta a las políticas neoliberales que los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y transnacionales, y a su término de seguridad alimentaria que promovían con la revolución verde, imponiendo la explotación de la tierra, a través de monocultivos y agrotóxicos en manos de transnacionales como Syngenta, Bayer-Monsanto, Dupont y otras. La Soberanía Alimentaria es hoy una estrategia reconocida en la FAO para terminar con el hambre en el mundo”, redactan desde el Movimiento en una carta recientemente publicada a partir de lo acontecido con la cerealera Vicentin. Deolinda Carrizo afirma que esto último “ha abonado más la discusión que ya se viene dando desde diferentes espacios. Ha habido una madurez social en cuanto a la discusión de la soberanía alimentaria”.
Red de radios
Además de la ardua lucha por sus tierras, su identidad y su memoria, como fruto de su proyecto político y su militancia han concretado enormes proyectos -que también suponen la conquista de derechos arrancados- como una universidad propia, una escuela agroecológica, la gestión de seis radios, congresos multitudinarios y pasantías con estudiantes de distintas universidades.
Ernesto Lamas, comunicador, docente y uno de los fundadores de FM La Tribu, dialoga con ANCCOM acerca de la experiencia que supuso la creación de la red de radios del MoCaSE, de la cual fueron parte desde el colectivo de la radio porteña. “Ellos se habían planteado como un desafío el tema de la comunicación: contar con medios propios. Las pocas veces que aparecían en medios siempre era o con una nota que los estigmatizaba o con temas de violencia en los que los hacían aparecer como usurpadores de tierra. Tenían muy poco espacio en medios de comunicación provincial, ni que hablar en los nacionales”.
Guiados por el deseo y la necesidad de alzar sus voces históricamente silenciadas, empezaron a trabajar en conjunto para FM del Monte, la primera radio del movimiento, situada en Quimilí. La primera emisión fue en 2003; durante los años subsiguientes se pusieron al aire cinco radios más. “La red de radios es un gran ejemplo de cómo el ejercicio del derecho humano a la comunicación se pone en práctica –afirma Lamas-. Esa idea de que todos pueden recibir, buscar y difundir información en este caso se llevó a la práctica, incluso antes de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Sin dudas exclamar y denunciar al aire lo que muchos prefieren mantener en los márgenes y pelear un lugar dentro de un ecosistema de medios fuertemente concentrado requiere una enorme persistencia y valentía. En este sentido, el comunicador entiende que “el hecho de que las radios comunitarias hayan sobrevivido a estos cuatro años de vaciamiento del Estado y de políticas públicas de desguace de la ley, demuestra la capacidad, la resistencia y la legitimidad que tienen como medios. Yo creo que son una expresión clara de la necesidad y el derecho que tienen las comunidades a tener una voz propia que visibilice otras agendas y también son una demostración de por qué es importante que el Estado garantice en parte su funcionamiento, porque está demostrado que la concentración de medios es achicar la democracia”.
Educación popular y formación política
En consonancia con esta necesidad de reivindicar las raíces campesinas e indígenas surgen los espacios formativos del MoCaSE, desde los cuales se busca recuperar desde la educación la experiencia y la memoria ancestral que se va perdiendo por el desarraigo producido en el bombardeo cultural actual. Inspirados en las enseñanzas de los viejos sabios del monte, como Raymundo Gómez y Tito Ravelo -dos íconos de las comunidades santiagueñas-, desde el Movimiento entienden que el pensamiento y el saber es un arma peligrosa para los intereses capitalistas.
En agosto de 2007 se inició en Quimilí la Escuela de Agroecología, donde se promueve la construcción de saberes horizontales, en un constante intercambio entre el campo y la ciudad, pero revalorizando los conocimientos propios, desde antaño deslegitimados. “Es una escuela con sistema de alternancia: una semana estamos en la escuela, las otras tres semanas en las comunidades campesinas, desde donde se debe acompañar el proceso escolar de los y las estudiantes”, cuenta Carrizo. Rompiendo con las bases y condiciones de la educación bancaria, en la escuela de Quimilí se aprende y lleva a la práctica la apicultura, la producción animal, carpintería, huerta, hilados y tejidos, energías renovables, entre otros saberes.
“Además, hicimos un relevamiento y nos encontramos con que muchos jóvenes tenían ganas de estudiar si tuvieran la oportunidad. Muchos de los chicos que terminaban la escuela no se iban a estudiar porque era inaccesible para la mayoría”. Se inauguró en agosto de 2013 la Universidad Campesina “Suri” (Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos), espacio de constitución y fortalecimiento del campesinado como sujeto político, económico y cultural. Entre otras tecnicaturas ya en ejercicio, en julio del corriente año dieron inicio, junto al Instituto de Estudios Psicosociales de Córdoba «Dr. Enrique Pichón Riviere», a la Escuela de Psicología Social y Popular de la Universidad Campesina Suri.
En esta búsqueda de posicionamiento y legitimación como Movimiento de Campesinos y Campesinas, la referente afirma que “nosotras nos definimos feministas, entendiendo que no se trata de un solo feminismo: consideramos que así como hay una diversidad de pueblos y culturas, también hay de feminismos. En la lucha por la tierra siempre hemos estado presentes, desde las más viejas a las más jóvenes. Y presentes no de sólo de escucha, sino haciendo las carpas, las ollas, lo que se tenga que hacer en el marco de la resistencia y la lucha campesina. Somos feministas campesinas, populares y comunitarias porque nos encontramos junto con otras mujeres en una lucha común contra el patriarcado, contra el capitalismo y el agronegocio”.
En un contexto en el que el medio ambiente y la salud intiman a la sociedad entera a aplicar cambios drásticos y urgentes, las premisas históricamente anunciadas -mucho antes de que la “onda verde” se ponga de moda- retumban con fuerza desde monte adentro. Se trata de “volver al campo. Volver al reencuentro con semillas y sistemas productivos comunitarios, agroecológicos que garanticen la salud de la población, el intercambio de conocimientos, saberes, genética, descomprimir las grandes ciudades, terminar con el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales y de género, construir un país más justo. Ojalá -concluye Carrizo- se de una política de vuelta al campo, para fortalecer el arraigo y caminar hacia el horizonte de la soberanía alimentaria”.
En los recuerdos de Don Tito, el brujo del monte, se recupera siempre a un ser mítico de la cultura gauchesca: Sacháyoj, “el Señor del Bosque”, quien cuida y vela por cada uno de los elementos de la Madre Tierra. Es una representación de la naturaleza del Gran Chaco: quien lo respeta obtiene beneficios, quien no lo hace luego sufre las consecuencias. Inspirados en el Sacháyoj, durante estos últimos 30 años las y los campesinos organizados en el MoCaSE han sido –y son- los guardianes terrenales de lo más sagrado frente a las amenazas constantes de las topadoras inanimadas. El devenir de los acontecimientos devela, una vez más, la importancia radical de su resistencia.
Jul 15, 2020 | Comunidad, Novedades
Las premisas que Arturo Jauretche denominaba ‘zonceras argentinas’, históricamente avaladas y convertidas en irrefutables, han posibilitado que extraños intereses conduzcan el destino del país, sus recursos y riquezas. El contexto que se configura a partir de la pandemia deja al desnudo las más dramáticas y paradójicas consecuencias que de allí derivan. El paso del coronavirus por los barrios populares evidenció las condiciones de extrema criticidad en la que viven casi un millón de familias en un país altamente rico en tierras, recursos y mano de obra. Ana Pastor, trabajadora social, vicepresidenta de la organización social Madre Tierra y representante de América Latina en la Coalición Internacional del Hábitat y Jaime Sorín, Decano de Arquitectura en la Universidad de Avellaneda, arquitecto, docente e investigador analizan la situación habitacional de la Argentina, una deuda histórica en materia de derechos.
“La pandemia devela la enorme desigualdad socio-territorial que tenemos en nuestras sociedades –afirma Pastor-. Hay dos recomendaciones fundamentales que se dan en este tiempo: quédate en casa y lávate las manos. Es evidente que estas cuestiones mínimas son condiciones que muchas personas de las villas y asentamientos no pueden cumplir”. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina hay un total de 4.461 villas y asentamientos, donde viven aproximadamente cuatro millones de personas. Los datos respecto a los servicios básicos e infraestructura son allí desalentadores: el 93,8% no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal. En el país, el déficit habitacional afecta a 3,8 millones de hogares, de los cuales 1,6 millones necesitan una nueva vivienda y 2,2 millones precisan refacciones para poder alcanzar el umbral mínimo de la casa digna.
En este escenario, el programa Argentina Construye, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se propone como una respuesta inicial a estos déficits. Se planificaron viviendas nuevas, refacciones y microcréditos y se prevé la generación de miles de puestos de trabajo. Es incipiente y los resultados se verán sobre la marcha. Vivir con los derechos de acceso al hábitat digno vulnerados trae aparejado un sinfín de problemas ligados en gran medida a la salud, por lo que, para gran parte de los barrios más postergados, la emergencia sanitaria que hoy atraviesa al país entero es una problemática constante. Lo acontecido en Villa Azul, Buenos Aires, grafica esta desigualdad: “Han sido más las víctimas en la parte no urbanizada (Quilmes) que en la urbanizada (Avellaneda) –destaca Pastor-. De ahí sacamos dos saldos: la importancia de entender cuánto más saludable es un barrio que está urbanizado y la importancia de un Estado presente”.
Al respecto, Sorín agrega que “el Estado -y no así el mercado- es fundamental si se quiere tener una política de vivienda que abarque a todos los sectores y, si no actúa, de alguna manera lo que está haciendo es posibilitar esa desigualdad estructural”. En este sentido, Pastor sostiene que “el neoliberalismo lo que ha instaurado es que el apoyo del Estado se riega por arriba, es decir, se riega a las grandes empresas que son las que supuestamente van a desparramar trabajo: ya estamos viendo que mucho no derraman. Si los patrones logran segundas y terceras viviendas, ociosas, y sus empleados no tienen ni lo mínimo para lograr un techo seguro donde vivir, evidentemente algo se está haciendo mal”.
El 93,8% de las personas que viven en villas y asentamientos no cuenta con acceso al agua, el 98,8% no accede a la red cloacal, el 98,4% no está conectado a la red formal de gas, y el 70,6% no tiene energía eléctrica formal.
Trabajo y vivienda
El déficit habitacional ha sido y es el correlato directo de la desigualdad social y estructural de nuestro país y de la región. En Argentina, los barrios de emergencia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y, a lo largo de los últimos 40 años, han crecido y empeorado a la par de las sucesivas crisis económicas. Tras una década de una fuerte -aunque insuficiente- iniciativa en materia de hábitat, enmarcada en un contexto económico más favorable para los sectores populares; el aumento de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo su duro impacto en la situación habitacional.
“Detrás de esto está la cuestión de por qué en un país tan grande y con tan poca población para el territorio no hemos podido garantizar nunca que toda persona que pise suelo argentino tenga un lugar mínimo pero adecuado donde vivir –sostiene Pastor-. Y esto tiene que ver con el tipo de normativa que nos hemos dado para vivir en sociedad, en la que prima el derecho a la propiedad absoluta por sobre la función social de la propiedad”. Cavando más profundo, no se trata sólo de un problema de acceso a la vivienda sino también de acceso al suelo urbano. “Si nosotros entendemos que el suelo es un bien de cambio y aceptamos eso con naturalidad, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa y una muy minoría con mucho territorio”, agrega.
En este sentido, Sorín entiende que a esta problemática se la empieza a atacar equilibrando con políticas fiscales que sean equitativas: “Esto no significa de ninguna manera que hay que sacarle al que tenga más, sino que, una vez establecido un piso de propiedad privada, hay que empezar a cobrar impuestos para aquel que utiliza la vivienda o el suelo como si fuera una caja de seguridad”.
Por otro lado, otra de las razones tiene que ver con la falta de comprensión cabal de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan los barrios. La cuestión habitacional no refiere únicamente al aspecto material o de infraestructura de las viviendas, sino que apunta al acceso a todos los derechos, empezando por el trabajo. De allí la necesidad de pensar la acción pública de manera tal que incorpore componentes de vivienda y trabajo y no reducirla sólo a construcción de viviendas o regulación dominial. “No podemos pensar -expresa Sorín- que solamente con dar una vivienda vamos a resolver el problema: nadie tiene sólo un problema de vivienda, este aparece porque no hay trabajo primero”.
“Si el suelo es un bien de cambio, siempre va a quedar una mayoría cayéndose del mapa», anuncia Pastor.
Organización y participación
En este contexto, el programa Argentina Construye supone una iniciativa de enorme importancia. El proyecto busca brindar soluciones al déficit habitacional financiando, en distintos puntos del país, más de 40 mil refacciones, 5.500 viviendas nuevas, equipamiento público -especialmente sanitario y de higiene- y 200 mil microcréditos para materiales de construcción. El programa es entendido, en este contexto, no sólo como una respuesta necesaria en materia de hábitat, sino también y en igual medida como un aporte para la reactivación económica ya que las obras pensadas estiman un total de 750 mil puestos de trabajo.
Además, cabe resaltar el espíritu federal y participativo, tan necesario para la prosperidad de los programas o las normativas que se establezcan en materia de hábitat y territorio. A la luz de la extensa lista de obras que concluyeron en soluciones temporales o incluso derivaron en nuevas problemáticas relacionadas a la salud, la seguridad o el medio ambiente, se torna necesario que “las normas tengan como objetivo final llegar a un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Esos son los siete puntos a los que apunta una ley de hábitat integralmente aplicada”, explica Ana Pastor.
Al respecto, Sorín sostiene que sin la intervención del Estado es absolutamente imposible resolver el tema, pero que también se tiene que permitir la acción de aquellas organizaciones de pueblos que tienen sus propias políticas “ya que la vivienda no es un tema sólo económico, es un tema cultural también. Nuestro país es multicultural y con una diversidad regional enorme, por ende las distintas comunidades tienen sus distintas maneras de vivir y de encarar el problema. El Estado debe tener políticas abarcadoras y diferenciadas y permitir que cada sector, de algún modo, intervenga en la definición de cómo quiere resolver su problema”. En este sentido, la vicepresidenta de Madre Tierra afirma que “participación no es juntar a los vecinos y decirles qué es lo que se va a hacer en su barrio: es generar la información y las condiciones necesarias para tomar decisiones en conjunto”.
“Producción social del hábitat es ir logrando de manera auatogestiva un barrio con todas las infraestructuras, los equipamientos, las centralidades, los accesos y las viviendas seguras que deben tener”, cuenta Pastor. En este sentido, la organización social Madre Tierra ha realizado durante 30 años, y a base de trabajo comunitario, 17 barrios con servicios y un gran número de mejoras en viviendas y soluciones cloacales y de agua potable en el conurbano bonaerense, generando en el camino experiencias de organización y participación más que interesantes. Desde ya, esto requiere mucho del apoyo estatal. “Acá la combinación entre acción estatal y organización social es fundamental ya que el Estado solo no puede y, fundamentalmente, no debe. Creo que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación”, concluye Sorín.
Estos tiempos deberían ser el puntapié a una reflexión -y acción- profunda tanto para los decisores políticos como para la sociedad toda. Los primeros deberán abocarse a la planificación de políticas públicas que, de manera integral, busquen corregir la diferencia socioeconómica existente. Pero además, y considerando que toda desigualdad se sostiene sobre las decisiones de pocos y la indiferencia de muchos, el pueblo argentino en general deberá pensar cuánto más tolerará esta inequidad. “Espero que esta pandemia nos deje ver la importancia de que si pierde uno pierden todos y que nuestros sectores medios abran los ojos y se den cuenta que nunca los sectores concentrados van a intentar beneficiarlos –concluye Pastor-. En Argentina, lo popular ha tenido grandes pérdidas y siempre ante los intereses de unos pocos”. Intereses de aquella ínfima minoría que, decía Jauretche, son dueños de la tierra (o de lo que fuere), “pero su mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media que, sin tener más tierra que la de los canteros del patio, se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece”. Descubrir y truncar las zonceras que se llevan dentro es, al decir del escritor, un acto de liberación.
